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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-00569-00

Fecha
2 de marzo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-00569-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

2 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., dos (2) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00569-00 (857)
Accionantes: Altalene SAS, Recilene SA, Plastilene SAS y Esferad Andina
SAS
Accionado: Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en asuntos tributarios. Subtema 2: pago de lo no
debido. Subtema 3: prescripción. Subtema 4: situaciones consolidadas.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud interpuesta por Altalene SAS, Recilene SA, Plastilene SAS y Esferad
Andina SAS en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política.

1. Síntesis del caso

Altalene SAS, Recilene SA, Plastilene SAS y Esferad Andina SAS presentaron
escrito de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales a la
defensa, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que
consideraron vulnerados por la Subsección B de la Sección Cuarta B del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca con ocasión de la sentencia proferida el 24 de julio
de 2025, dentro del expediente identificado con el radicado núm. 25899-33-33-002-
2023-00181-01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00569-00 (857)
Accionantes: Altalene SAS y otros
Accionado: Subsección B de la Sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca

2. El Concejo Municipal de Tocancipá (Cundinamarca) autorizó mediante
Acuerdo núm. 14 del 7 de septiembre de 2009 el cobró de una contribución de
valorización por beneficio local para la construcción de plan de obras. En atención
a lo anterior, las sociedades Altalene SAS, Recilene SA, Plastilene SAS y Esferad
Andina SAS pagaron la suma total de 193.797.806 pesos en las siguientes fechas:

Fecha de pago Valor
21 de febrero de 2011 52.325.408
21 de febrero de 2011 52.325.408
28 de febrero de 2011 26.162.703
1 de marzo de 2011 26.162.703
4 de agosto de 2011 17.441.803
7 de octubre de 2011 19.379.781

3. Posteriormente, el Acuerdo núm. 14 del 7 de septiembre de 2009 fue
demandado a través de la acción de nulidad bajo radicado núm. 25000-23-24-000-
2012-00023-01. En primera instancia, la Subsección C en Descongestión de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia el
31 de julio de 2013 en la que negó las pretensiones de la demanda.

4. Apelada la anterior decisión, la Sección Primera del Consejo de Estado la
revocó en fallo del 15 de noviembre de 2019 y declaró la nulidad del Acuerdo núm.
14 del 7 de septiembre de 2009 «[p]or el cual se autoriza el cobro de una
Contribución de Valorización por Beneficio Local para la construcción de un Plan de
Obras».

5. En consecuencia, las sociedades Altalene SAS, Recilene SA, Plastilene SAS
y Esferad Andina SAS solicitaron de manera conjunta a la Secretaría de Hacienda
del municipio de Tocancipá la devolución de lo pagado por concepto de contribución
por valorización, dado que el Acuerdo núm. 14 de 2009 fue declarado nulo. Esta
petición fue negada en Resolución núm. 123 del 28 de marzo de 2022. El recurso
de reconsideración fue negado en Resolución 733 del 21 de noviembre de 2022.

6. Por último, las mencionadas sociedades presentaron demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de
Tocancipá, Secretaría de Hacienda, con las pretensiones de que se declarara la
nulidad de las resoluciones núms. 123 y 733 de 2022 y se ordenara el pago de la
suma de 193.797.806 pesos.

7. El asunto correspondió en primera instancia bajo el radicado núm. 25899-33-
33-002-2023-00181-00 al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Zipaquirá
que, en fallo del 30 de julio de 20241, anuló los actos demandados y ordenó el
reembolso de la suma pagada por concepto de contribución por valorización.

8. En relación con la prescripción, el despacho judicial consideró que, desde la
fecha del primer pago hasta la solicitud de devolución, sin tener en cuenta el periodo
comprendido entre la admisión de la demanda contra el Acuerdo núm. 14 de 2009

1 Samai, expediente núm. 25899-33-33-002-2023-00181-00, índice 22, certificado 511AFB7C10A6CBFD
4456FF711A976CA3 8FF56B97B3D13FBE C2A7CA05358FC707.

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Accionado: Subsección B de la Sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca

y la sentencia del 15 de noviembre de 2019 que lo anuló, no transcurrieron más de
5 años, término previsto en el artículo 2536 del Código Civil (CC), modificado por la
Ley 791 de 2002. Esta decisión fue apelada por el municipio de Tocancipá.

9. En segunda instancia, la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dictó fallo el 24 de julio de 20252 en el que revocó
la sentencia que anuló los actos demandados y ordenó el reembolso de la suma
pagada, y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

10. Frente a la prescripción, el Tribunal explicó que el pago de un tributo que fue
creado en un acto de carácter general que, posteriormente, es anulado
judicialmente, es considerado como «pago de lo no debido». Además, expuso que
solo se podrá reclamar la devolución de dicho pago luego de la sentencia que anuló
el mencionado acto, siempre y cuando la situación jurídica no esté consolidada, tal
y como lo indicó la Sección Cuarta del Consejo de Estado en fallo del 3 de marzo
de 2022 (expediente núm. 24658).

11. Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre
asuntos tributarios, se entiende que la situación jurídica de un contribuyente se
consolida y, por tanto, pierde el derecho al reembolso del pago de lo no debido,
cuando finaliza el plazo de 5 años previsto en el artículo 2536 del CC, modificado
por la Ley 791 de 2002, término el cual inicia desde la cancelación de la suma
porque es a partir de ese momento que nace la obligación de la administración de
reintegrar los recursos. Luego de citar sentencias de este alto tribunal, expuso lo
siguiente:

48. De acuerdo con la jurisprudencia expuesta, quien pretenda que se le apliquen los
efectos de una sentencia que dejó sin sustento el pago de un tributo, deberá tener en
cuenta que a la fecha de ejecutoria de esa decisión judicial no haya transcurrido 5
años a partir del pago, para los eventos en que no hay declaración privada, como en
este caso. Es decir, si para la fecha de ejecutoria del fallo de nulidad había
transcurrido más de 5 años a partir del día del pago, se entenderá que la situación del
reclamante se encuentra consolidada y, por lo tanto, no le asiste el derecho a solicitar
la devolución3.

12. En el caso concreto, el Tribunal encontró que desde las fechas del pago (la
última fue el 7 de octubre de 2011) hasta la ejecutoria de la sentencia del 15 de
noviembre de 2019 (3 de julio de 2020) transcurrieron más de 5 años, motivo por el
que no le eran aplicables los efectos de la referida sentencia. En ese orden,
concluyó que:

55. En ese contexto, la Sala no comparte el conteo efectuado por el a quo, que
consideró procedente la suspensión del término de 5 años por el tiempo que duró el
proceso judicial contra el acto general, pues no expresa ningún sustento legal ni
jurisprudencial, y tampoco los artículos 11 y 16 del Decreto 2277 de 2012 señalan

2 Samai, expediente núm. 25899-33-33-002-2023-00181-01, índice 9, certificado C8E8C3A548EF5FF8
5339FC4C72DEFB7C E7DA2425DA683F57 55BF406C3FE28754.
3 Se transcribe incluso con errores de texto.

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Tribunal Administrativo de Cundinamarca

algún evento de suspensión del término de la prescripción. En consecuencia, el
recurso de apelación prospera4.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

13. Altalene SAS, Recilene SA, Plastilene SAS y Esferad Andina SAS solicitaron
en el escrito de tutela al juez constitucional que amparara sus derechos
fundamentales a la defensa, al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia; que «revocara» la sentencia del 24 de julio de 2025 y, en consecuencia,
que ordenara a la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que «confirmara» el fallo de primera instancia dentro del proceso
ordinario que accedió a las pretensiones de nulidad y restablecimiento.

14. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora sintetizó las
actuaciones administrativas relacionadas con el pago de la contribución por
valorización, y judiciales sobre la nulidad del Acuerdo núm. 14 de 2009 y la nulidad
con restablecimiento del derecho de las resoluciones 123 y 733 de 2022.

15. Resaltó que para determinar si una situación jurídica está consolidada se debe
establecer si el contribuyente cuenta con medios administrativos o judiciales para
recuperar el tributo que pagó en exceso o no debido, pues de acuerdo con el
Consejo de Estado, solo en las situaciones no definidas tienen efectos la decisión
anulatoria, cuestión distinta a lo que ocurre con las situaciones consolidadas en
garantía de la seguridad jurídica y la cosa juzgada.

16. Citó la sentencia del 7 de mayo de 19845 de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado que sostuvo que las sentencias que declaran la nulidad de actos
administrativos de carácter general sobre obligaciones tributarias tienen efectos ex
nunc, pero que dicha postura fue reconsiderada por el alto tribunal para acudir a los
efectos ex tunc, de manera que ese tipo de decisiones judiciales tenían efectos
inmediatos para las situaciones jurídicas no consolidadas.

17. También refirió el fallo del 13 de agosto de 20216 y expuso que para la
devolución de los pagos en exceso o de lo no debido por conceptos tributarios, los
contribuyentes deben seguir el procedimiento del artículo 850 del Estatuto Tributario
(ET) en los términos previstos en los artículos 855 ibidem y 2313 del CC. Argumentó
con fundamento en la sentencia del 12 de noviembre de 20207 que «los actos
acusados perdieron fuerza ejecutoria por desaparición de sus fundamentos de
derecho», de cara a la tesis del decaimiento del acto.

18. Frente a la prescripción, adujo que de acuerdo con la sentencia del 16 de julio
de 2009 el término para solicitar la devolución del pago de lo no debido es de 5
años, el cual en el caso concreto no se superó, toda vez que fue suspendido desde
la admisión de la demanda contra el Acuerdo 14 de 2009 hasta la sentencia del 15
de noviembre de 2019. Por los motivos expuesto, afirmó lo siguiente:

4 Se transcribe incluso con errores de texto.
5 Expediente núm. 6665.
6 Expediente núm. 66001-33-33-001-2012-00141-01.
7 Expediente núm. 63001-23-33-000-2014-00244-01.

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Por todo lo anteriormente expuesto, se puede vislumbrar que la contabilización de
términos de prescripción contado a partir de la ejecutoria del fallo proferido el 15 de
noviembre de 2019 por la Sección Primera del H. Consejo de Estado, que declaró la
nulidad del Acuerdo N° 14 de 2009, hacia atrás y que se entiende vencido el 06 de
julio de 2015 por lo que, al haberse realizado el pago de la contribución por
valorización los días 21 de febrero, 28 de febrero, 1° de marzo, 4 de agosto y 7 de
octubre de 2011, esto es hace, casi 4 antes del fenecimiento del aludido plazo, para
determinar que la situación jurídica se ha consolidado; […].

[…]

[No se tuvo en cuenta] que el término para contar la prescripción debía contabilizarse
desde el momento desde que fue declarado nulo el acto general, es decir el Acuerdo
número 14 de 2009 de 7 de septiembre de 2009, emitido por el Concejo Municipal de
Tocancipá, que autorizó el cobro de una contribución de valorización por beneficio
local para la construcción del plan de obras8.

2.3. Trámite procesal

19. El despacho ponente, mediante auto del 4 de febrero de 20269, admitió la
solicitud de amparo; vinculó al municipio de Tocancipá y al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Zipaquirá; requirió el expediente ordinario; y ordenó
las notificaciones de rigor.

2.4. Intervenciones

20. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Zipaquirá10 resumió las
actuaciones surtidas en el proceso ordinario y afirmó que su decisión estuvo
sustentada en una debida valoración de las pruebas y aplicación normativa. Indicó
que los cargos de amparo están dirigidos contra la providencia del Tribunal y que
no se configuró alguna causal de procedencia de la tutela y solicitó que se declare
improcedente la acción o, en su defecto, que se nieguen las pretensiones de
amparo.

21. La Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca11 sostuvo que su decisión atendió el precedente vertical sobre la
materia, para lo cual citó las sentencias del 11 de agosto de 202212 y del 20 de
marzo de 202513 y reiteró el análisis del caso concreto de la sentencia objeto de
reparos. Solicitó que se declare la improcedencia de la acción porque la controversia
carecía de relevancia constitucional. De forma subsidiaria, pidió que se nieguen las
pretensiones de amparo toda vez que no incurrió en alguna causal de procedencia
de la tutela.

8 Se transcribe incluso con errores de texto.
9
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00569-00, índice 4, certificado 8A0BD648D997CF7D
179ED1E151B97259 9FAB32D0B407E6BB 4370485E248D9E52.
10 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00569-00, índice 13, certificado F1BAE0644B34CAF5

DC5BAA93FD5FF371 2BADE5900C99C25F FA03C3060F53ADC2.
11 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00569-00, índice 14, certificado F1BAE0644B34CAF5

DC5BAA93FD5FF371 2BADE5900C99C25F FA03C3060F53ADC2.
12 Expediente núm. 26362.
13 E Expediente núm. 28698.

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22. El municipio de Tocancipá, luego de referir las actuaciones del proceso
ordinario, contestó que los demandantes pretenden convertir la acción en una
tercera instancia. Citó los argumentos que expuso el Tribunal para negar las
pretensiones ordinarias de nulidad y restablecimiento del derecho. Formuló como
excepciones que no se cumplieron los requisitos generales y específicos de la tutela
contra providencia judicial, motivo por el que solicitó la improcedencia del
mecanismo de amparo.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

23. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por Altalene SAS, Recilene SA, Plastilene
SAS y Esferad Andina SAS contra la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

3.2. Legitimación en la causa

24. En el presente asunto, Altalene SAS, Recilene SA, Plastilene SAS y Esferad
Andina SAS están legitimados por activa para acudir a esta acción de tutela, en
tanto fueron demandantes dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado núm. 25899-33-33-002-2023-00181-01 en el que se profirió
la sentencia del 24 de julio de 2025 que, según afirmaron, vulneró sus derechos
fundamentales.

25. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Subsección
B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por cuanto fue
la autoridad que profirió la decisión acusada de vulnerar los derechos
fundamentales de la parte accionante.

3.3. Cuestión preliminar

26. En el escrito de tutela Altalene SAS, Recilene SA, Plastilene SAS y Esferad
Andina SAS no invocaron un defecto específico en la sentencia del 24 de julio de
2025, no obstante, dado que sus argumentos están sustentados en jurisprudencia
del Consejo de Estado, la Sala estudiará la posible configuración de la causal de
procedencia sustantiva por desconocimiento del precedente judicial.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

27. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado14 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura

14Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso indebido de este
mecanismo constitucional15.

28. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.

ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.

iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.

iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental.

v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.

vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

29. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del
recurso de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad,
hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales16 y,
por lo tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

30. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución17.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales en el caso concreto

31. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional 18
ha sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa y con claridad, sobre las razones por las cuales el
asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia19.

15 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
17 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
19 Ibidem.

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32. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, expuso razones por las cuales
consideró que la decisión cuestionada incurrió en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente.

33. Supera también la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.

34. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la sentencia
reprochada fue proferida el 24 de julio de 2025 por la Subsección B de la Sección
Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y notificada mediante mensaje
de datos enviado el 29 de julio siguiente, y la demanda de amparo se presentó el
29 de enero de 2026, esto es, dentro del plazo de seis (6) meses establecidos por
la jurisprudencia constitucional20 y del Consejo de Estado21 como razonable.

35. La parte actora, en el escrito de tutela, expuso de forma clara y concreta los
hechos y argumentos por los cuales consideró vulnerados sus derechos
fundamentales, y no adujo en el escrito de amparo alguna irregularidad
procedimental. Finalmente, la providencia reprochada no se emitió dentro de un
trámite de tutela.

36. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo
en los términos que planteó la parte actora.

3.5. Problema jurídico

37. A la Sala le corresponde determinar si ¿la Subsección B de la Sección Cuarta
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia de Altalene
SAS, Recilene SA, Plastilene SAS y Esferad Andina SAS?

38. Para ello, deberá establecer si ¿la sentencia del 24 de julio de 2025 incurrió
en el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial al declarar que

La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el
requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente
legal y/o económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea
exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se
discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un
aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que
la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las
cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.
20 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,

expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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la sentencia del 15 de noviembre de 2019 no tenía efectos sobre la situación de los
demandantes porque la situación de estos se encontraba consolidada?

3.5.1. Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial

39. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas22.

40. Al respecto, la Corte Constitucional23 ha considerado que el precedente se
define como la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con anterioridad a
un caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados y en los
problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por las
autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior24. Frente a la
obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:

90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto
de la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al
imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia
para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley.

Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la
Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el
legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las
sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de
constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo
principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el
ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un
principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la
aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales.

41. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo

22 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:

«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el
ordenamiento constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar”
la vigencia de un orden justo, lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento
en estos principios, una autoridad judicial tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la
misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”. El juez cuenta, desde luego, con autonomía para
valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y, en caso de que lo sea, de apartarse
de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo contrario desconoce el
precedente horizontal».
23 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
24 Se transcribe incluso con errores de texto.

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funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia25.

42. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano
que los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»26.

43. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela27.

44. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que
las decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de
un tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco
de la función judicial, pues se trata de una sola corporación28.

45. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela
ante la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora
de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de
criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarden las
exigencias de la autonomía judicial.

3.6. Caso concreto

46. En el asunto bajo estudio, Altalene SAS, Recilene SA, Plastilene SAS y
Esferad Andina SAS presentaron demanda con la pretensión de nulidad de las
resoluciones 123 y 733 de 2022 que negaron la devolución del valor pagado por
concepto de contribución por valorización previsto en el Acuerdo 14 de 2009, y, en
consecuencia, que se ordenara al municipio de Tocancipá a devolver la suma de
193.797.806 pesos.

25 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
26 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
27 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del
precedente horizontal o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y
suficiencia. El primero exige que el juez enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares
(es decir, que reconozca expresamente el precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un
precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo requiere exponer razones suficientes y válidas a
la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que justifiquen el cambio jurisprudencial
o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto o suficiente para
resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto el
derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores
judiciales».
28 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.

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47. En primera instancia, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Zipaquirá accedió a lo pedido en sentencia del 30 de julio de 2024. Apelada esta
decisión, la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca la revocó en fallo el 24 de julio de 2025 y negó las pretensiones de
la demanda.

48. En concreto, la decisión del Tribunal se sustentó en que, en el presente caso,
la sentencia del 15 de noviembre de 2019, que anuló el Acuerdo 14 de 2009, no
tenía efectos para resolver sobre la solicitud de reembolso del dinero pagado por
Altalene SAS, Recilene SA, Plastilene SAS y Esferad Andina SA por concepto de
contribución por valorización, toda vez que su situación se encontraba consolidada.

49. Lo anterior, en la medida en que entre la primera fecha de pago y la ejecutoria
del mencionada fallo transcurrió más de 5 años, término previsto en el artículo 2536
CC, modificado por la Ley 791 de 2002.

50. Ahora bien, la parte accionante citó jurisprudencia del Consejo de Estado y
argumentó que, en concreto, su situación no estaba consolidada porque desde el
primer pago que realizó por concepto de contribución por valorización hasta el
momento que solicitó el reembolso del dinero, no transcurrió más de 5 años al tener
en cuenta que dicho término se suspendió en el periodo comprendido entre la
admisión de la demanda interpuesta contra el Acuerdo 14 de 2009 y la sentencia
del 15 de noviembre de 2009 que lo anuló.

51. Antes de resolver de fondo el caso, es preciso advertir que tanto la
jurisprudencia que sustentó el fallo del 24 de julio de 202529 como el escrito de
amparo30, coinciden en que los efectos de las sentencias de nulidad de un acto de
carácter general en materia tributaria son ex tunc en cuanto afecta situaciones no
consolidadas, y ex nunc dado que no afecta situaciones consolidadas. En tal
sentido, no es un asunto que sea objeto de controversia.

52. Igual situación ocurre en cuanto a que el término para establecer si una
situación está consolidada o no es el de 5 años previsto en el artículo 2536 del CC,
modificado por la Ley 791 de 2002, y que inicia desde que se efectúa el respectivo
pago, aspecto frente al cual tampoco es necesario emitir un pronunciamiento.

53. En ese orden, la inconformidad en el caso concreto se reduce a que, según la
parte accionante, ese término de 5 años se suspende con el auto que admite la
demanda de nulidad del acto general que sustenta el tributo que fue pagado. Frente
a este punto, la Sala revisó el escrito de amparo y no encontró que los tutelantes
invocaron normas o citaron jurisprudencia que sostuvieran su tesis.

54. En particular, la sentencia del 13 de agosto de 2021 de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado abordó los efectos ex nunc y ex tunc de las sentencias que
declaran la nulidad de un acto general, sobre las situaciones consolidadas y no
consolidadas en materia tributaria y la necesidad de que los contribuyentes agoten

29 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 3 de marzo de 2022, expediente núm. 24658.
30 Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia del 13 de agosto de 2021, expediente núm.

66001-33-33-001-2012-00141-01 (AG)REV.

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las reclamaciones por los procedimientos administrativos y vía judicial, sin embargo,
no estableció, y menos como regla jurisprudencial, que el término de 5 años se
suspende cuando se admite la demanda de nulidad del acto.

55. En cuanto a la tesis del decaimiento del acto y de pérdida de ejecutoria por
desaparición de sus fundamentos, es preciso advertir que la parte accionante citó
la sentencia del 12 de noviembre de 202031 emitida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado atinente a una sustitución pensional de
compañera permanente, de manera que no es un precedente aplicable.

56. En todo caso, resulta oportuno destacar que la Subsección B de la Sección
Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sustentó su decisión en
sentencias de esta corporación que estudiaron la configuración de situaciones
consolidadas y no consolidadas en materia tributaria y la aplicación del término de
5 años previsto en el artículo 2536 del CC, modificado por la Ley 791 de 2002, en
esos eventos; estudio que no fue controvertido por los accionantes.

57. En consecuencia, la Sala advierte que el reparo de tutela se reduce a una
inconformidad que no está sustentada en normativa o jurisprudencia aplicable en el
asunto bajo estudio, que permita demostrar la configuración de un defecto en la
sentencia del 24 de julio de 2025 emitida por la autoridad accionada.

4. Conclusión

58. La Sala negará el amparo deprecado por Altalene SAS, Recilene SA,
Plastilene SAS y Esferad Andina SAS contra la sentencia proferida el 24 de julio de
2025 por la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
núm. 25899-33-33-002-2023-00181-01.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla

Primero: Negar la acción de tutela que presentaron Altalene SAS, Recilene SA,
Plastilene SAS y Esferad Andina SAS contra la Subsección B de la Sección Cuarta
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por los motivos contenidos en esta
sentencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

31 Expediente núm. 63001 23 33 000 2014 00244 01.

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Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

Notifíquese y cúmplase

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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