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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00573-00

Fecha
13 de marzo de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00573-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por el señor Fredy Alberto Lara Borja, de conformidad con lo razonado en la parte motiva. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00573-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

13 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., trece (13) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00573-00
Accionante: FREDY ALBERTO LARA BORJA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Improcedente, porque el actor no
interpuso los recursos procedentes contra la decisión que rechazó la demanda.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción de tutela instaurada por el señor Fredy Alberto Lara Borja
contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, de conformidad con lo consagrado en
los artículos 86 de la Constitución Política y 29 del Decreto 2591 de 19911.

ANTECEDENTES
La demanda

1. El 29 de enero de 2026, el señor Fredy Alberto Lara Borja presentó acción de
tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales de acceso
a la administración de justicia y al debido proceso, los cuales considera vulnerados
por el auto del 10 de diciembre de 2025, en virtud del cual la Sala de Decisión Oral,
Sección B, del Tribunal Administrativo del Atlántico rechazó la demanda promovida
por el accionante y otra persona, en ejercicio del medio de control de reparación de
los perjuicios causados a un grupo, contra la Nación – Ministerio de Justicia y del
Derecho y la Superintendencia de Notariado y Registro – Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Barranquilla – Notaría Séptima del Círculo de Medellín.
La demanda se tramitó bajo el radicado 08001-23-33-000-2025-00448-00.

Hechos relevantes

2. En ejercicio del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un
grupo, los señores Fredy Alberto Lara Borja y Luis Eduardo Serpa Rey demandaron
a la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y la Superintendencia de Notariado
y Registro – Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla – Notaría
Séptima del Círculo de Medellín, con el fin de que se les declarara administrativa y
patrimonialmente responsables por la falla en el servicio notarial en que incurrieron
por la indebida «expedición», inscripción y registro de la escritura pública 3537 en
el año 2008.

1 Que ingresó al despacho para fallo el 27 de febrero de 2026.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00573-00
Accionante: Fredy Alberto Lara Borja
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

3. Según se narró en la demanda, mediante dicha escritura pública, la sociedad
Aluminio Reynolds Santo Domingo S.A. transfirió a la sociedad Armarcas S.A. sus
bienes inmuebles, como forma de pago «en especie de unas acciones».

4. Lo anterior perjudicó a 165 personas, entre las que se encontraba el señor Luis
Eduardo Serpa Rey, quienes recibían una mesada pensional convencional, pagada
por la sociedad Aluminio Reynolds Santo Domingo S.A., en su calidad de
empleadora de los beneficiarios de la prestación; sin embargo, la referida sociedad
fue liquidada y, como consecuencia, en el año 2018, la prestación fue dejada de
pagar a todos los jubilados.

5. La falla en el servicio en la que los demandantes edificaron la solicitud de
declaratoria de responsabilidad administrativa y patrimonial de las demandadas
consistió en que, en su criterio, la Notaría Séptima de Medellín «expidió la escritura
pública (…) 3537 en el año 2008, sin tener competencia territorial para hacerlo»,
pues los bienes de la empresa empleadora se encontraban ubicados «por fuera de
su círculo notarial», y, por su parte, la Oficina de Instrumentos Públicos de
Barranquilla registró el mencionado documento, pese a que tenía pleno
conocimiento de que aquel estaba viciado de «nulidad formal».

6. Como indemnización, solicitaron el reconocimiento y pago de 14 mesadas
anuales, correspondientes al valor de un salario mínimo legal mensual vigente
indexado y actualizado, para el actor y las 165 «víctimas», desde 2018 y hasta la
fecha en que se cancelara efectivamente la obligación.

7. Al proceso se le asignó el radicado 08001-23-33-000-2025-00448-00 y
correspondió, por reparto, a la Sección B de la Sala de Decisión Oral del Tribunal
Administrativo del Atlántico, que, mediante auto del 10 de diciembre de 2025
rechazó la demanda. En su criterio, los hechos que la parte demandante identificó
como generadores del daño ocurrieron en el año 2008; no obstante, la demanda se
presentó más de 17 años después y, por tanto, para ese momento, la acción ya
había caducado.

8. Sobre la supuesta interrupción de la caducidad del medio de control, alegada por
los demandantes con fundamento en el artículo 72 de la Ley 1116 de 2006, sostuvo
que dicha norma no era aplicable para extender el término de caducidad del medio
de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, pues la aludida
normativa se refiere a la interrupción de la caducidad de acciones relacionadas con
créditos causados contra el deudor en procesos de reorganización o liquidación
judicial, pero, de ninguna manera, se refiere a asuntos en los que, como en el
analizado, se pretendía la declaratoria de responsabilidad del Estado por fallas en
el servicio.

9. Contra la anterior decisión no se interpuso recurso alguno.

Pretensiones

10. Solicita la parte accionante lo siguiente (transcripción literal con posibles errores
incluidos):

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00573-00
Accionante: Fredy Alberto Lara Borja
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

1) TUTELAR los derechos fundamentales al acceso a la justicia y al debido
proceso solicitados en la acción de grupo la cual fue rechazada en la
providencia accionada.
2) ORDENAR al tribunal administrativo del Atlántico que, dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo de la presente acción de tutela, deberá
expedir un auto revocando la providencia accionada.
3) En ejercicio del principio de economía procesal en Colombia está
principalmente consignado en el artículo 42 del Código General del Proceso
(Ley 1564 de 2012), el cual establece entre los deberes de los jueces procurar
la mayor economía procesal, velar por la rápida solución del proceso, impedir
su paralización y adoptar medidas conducentes, ordenar a las partes
demandadas en la acción de grupo acceder a todas las pretensiones
formuladas por los actores en la demanda rechazada y ahora accionada.

Fundamentos de la demanda de tutela

11. En criterio del accionante, el auto del 10 de diciembre de 2025 adolece de
defecto material o sustantivo, por error grave en la interpretación y aplicación del
artículo 47 de la Ley 472 de 1998, concurrente con una inobservancia del artículo
72 de la Ley 1116 de 2006; desconocimiento del precedente jurisprudencial sobre
la diferencia entre prescripción y caducidad; y violación directa de la Constitución,
por cuanto el Tribunal accionado acudió a «formalismos extremos» para impedirle
el goce del derecho reclamado.

12. Sobre el defecto material o sustantivo, precisó que, si bien es cierto la acción de
grupo debe promoverse dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se
causó el daño—de conformidad con el artículo 47 de la Ley 472 de 1998—, no lo es
menos que se desconoció el supuesto de hecho previsto en la «última parte» de la
aludida disposición normativa, que dispone que la caducidad opera cuando «cesó
la acción vulnerante» causante del daño.

13. En tal sentido, en el caso concreto, las causas que dieron origen al daño
reclamado subsisten, pues «sigue avalada por la escritura pública No. 3537 del año
2008» y, por consiguiente, la acción de grupo no ha caducado.

14. De otro lado, se mostró inconforme con la interpretación y aplicación del artículo
72 de la Ley 1116 de 2006 que efectuó la autoridad judicial accionada. Esto, por
cuanto, en la providencia cuestionada se le otorgó un sentido contrario a lo que se
desprende de su tenor literal, pues tal normativa prevé el régimen de insolvencia de
persona natural comerciante o de empresas, es decir, es una «ley sustantiva»
mientras que la Ley 472 de 1998 es «adjetiva o procesal».

15. A continuación, afirmó que, en virtud del principio de favorabilidad, debía
aplicarse preferentemente la ley más favorable sobre la restrictiva o desfavorable.

16. Adicionalmente, manifestó que la providencia cuestionada también incurrió en
desconocimiento del precedente jurisprudencial, al ignorar las decisiones
obligatorias de altas cortes que desarrollan asuntos como la diferencia entre
prescripción y caducidad —sentencias C-351 de 2017, C-574 de 1998—. De ese

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00573-00
Accionante: Fredy Alberto Lara Borja
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

modo, concluyó que «estamos frente a un caso en que la providencia accionada
decreta la caducidad de la acción de grupo, con un argumento bastante valido (sic),
el cual es, que los accionantes tenían un término de 2 años para ejercer dicha acción
de grupo, en ese sentido, entonces, al Tribunal le asiste la razón y bien pudo aplicar
la ley oficiosamente. Empero, nosotros estamos solicitando la aplicación del
derecho sustancial, establecido en el artículo 72 de la ley 1116 de 2006 el cual prevé
la no caducidad».

17. Lo anterior, insistió, reforzado con la idea de que, de conformidad con la última
parte del artículo 47 de la Ley 472 de 1998, la caducidad en el caso concreto no ha
operado, porque aún no ha cesado la acción vulnerante, la cual «está plasmada en
la escritura pública No. 3537 del año 2008 de la notaría séptima de Medellín».

18. Por último, indicó que la providencia cuestionada adolece de violación directa
de la Constitución, pues incurrió en un «exceso ritual manifiesto» y desconoció el
mandato superior de primacía del derecho sustancial sobre el derecho procesal.

Trámite en primera instancia

19. Mediante auto del 2 de febrero de 20262, el despacho sustanciador del proceso
admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Atlántico y vinculó,
en calidad de tercero con interés, al señor Luis Eduardo Serpa Rey. Asimismo,
ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

20. De igual forma, ordenó al Tribunal Administrativo del Atlántico que remitiera
copia digitalizada del expediente del medio de control de reparación de los perjuicios
causados a un grupo con radicado 08001-23-33-000-2025-00448-00.

Intervenciones

21. El Tribunal Administrativo del Atlántico, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado y el señor Luis Eduardo Serpa Rey no intervinieron, pese a que fueron
debidamente notificados del auto admisorio de la demanda3.

CONSIDERACIONES
Competencia

22. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del

2 SAMAI, índice 4.
3 Fueron notificados a las siguientes direcciones electrónicas:
sgtadminatl@cendoj.ramajudicial.gov.co, sgtadminatl@notificacionesrj.gov.co,
notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co, el 4 de febrero de 2026. Índice 7 de Samai. Dado
que no fue posible notificar personalmente al señor Luis Eduardo Serpa Rey, el 24 de febrero
anterior, la Secretaría General de esta Corporación fijó aviso a la comunidad en la página web.

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Accionante: Fredy Alberto Lara Borja
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
20194.

Problema jurídico y metodología de la decisión

23. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo satisface los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

24. Solo en el evento en que se cumplan tales exigencias, se analizará si se
encuentran configurados los defectos atribuidos a la providencia del 10 de diciembre
de 2025 y si, por consiguiente, la Sección B de la Sala de Decisión Oral del Tribunal
Administrativo del Atlántico vulneró los derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia del accionante, al haber incurrido en defecto sustantivo o
material, desconocimiento del precedente jurisprudencial y/o por violación directa
de la Constitución.

25. Con el fin de resolver los anteriores problemas jurídicos, de manera sucinta, la
Subsección reiterará el precedente constitucional sobre procedencia de tutela
contra providencias judiciales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

26. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20055, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.

27. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar6: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela7, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
Consejo de Estado; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que
la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara,
detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos
fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados
en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es

4 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos
entre las secciones”.
5 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
6 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la

SU-215 de 2022.
7 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el

principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00573-00
Accionante: Fredy Alberto Lara Borja
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su
alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 8 o
los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo;
(vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige
que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o
económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga
un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no
hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinta.

Análisis de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto

28. Legitimación en la causa. El señor Fredy Alberto Lara Borja se encuentra
legitimado para interponer la acción de tutela, toda vez que es el titular de los
derechos que considera vulnerados, en su condición de demandante en el proceso
de reparación de los perjuicios causados a un grupo con radicado 08001-23-33-000-
2025-00448-00, en el marco del cual se adoptaron las decisiones cuestionadas.

29. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
la Sección B de la Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico fue
la autoridad judicial que profirió la decisión del 10 de diciembre de 2025, a la que la
parte actora atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales.

30. Inmediatez. Se cumple este requisito, toda vez que el auto cuestionado fue
proferido el 10 de diciembre de 2025, mientras que la solicitud de amparo se
presentó el 29 de enero de 2026. Este término resulta razonable.

31. La providencia cuestionada no fue proferida en otro proceso de tutela.

32. Subsidiariedad9. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro
medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección
debe ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o
amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe
perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.

33. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un
campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de
protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer
que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales
igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

8 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
9 En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta
Corporación, expuestas, entre otras, en las siguientes providencias de tutela: (i) sentencia del 1º de
junio de 2016 (expediente 2015-03373-00), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y (ii) sentencia
del 1º de junio de 2017 (expediente 2017-00150-00), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (e).

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Accionante: Fredy Alberto Lara Borja
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

34. En el caso concreto, el señor Fredy Alberto Lara Borja presentó acción de tutela
a fin de que se amparen sus derechos fundamentales de acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, vulnerados, en su concepto, por el auto del 10 de
diciembre de 2025, en virtud del cual la Sección B de la Sala de Decisión Oral del
Tribunal Administrativo del Atlántico rechazó la demanda de reparación de los
perjuicios causados a un grupo promovida por el actor y el señor Luis Eduardo
Serpa Rey contra la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, Superintendencia
de Notariado y Registro – Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Barranquilla y la Notaría Séptima del Círculo de Medellín.

35. Según el demandante la decisión cuestionada adolece de defecto material o
sustantivo, desconocimiento del precedente jurisprudencial y violación directa de la
Constitución; no obstante, revisado el expediente contencioso de reparación de los
perjuicios causados a un grupo, se advierte una circunstancia que torna
improcedente la solicitud de amparo, porque no satisface el requisito de
subsidiariedad.

36. En efecto, en proveído del 10 de diciembre de 2025, la Sala de Decisión Oral,
Sección B, del Tribunal Administrativo del Atlántico rechazó la demanda de
reparación de los perjuicios causados a un grupo promovida por el actor y otra
persona contra varias autoridades, por considerar que operó el fenómeno de la
caducidad del medio de control.

37. Para sustentar su decisión, el Tribunal expuso que el hecho al que los
demandantes atribuyeron la causación del daño —la expedición y registro de la
escritura pública 3537— ocurrió en el año 2008, por lo que, para el momento de
interposición de la demanda, habían transcurrido más de 17 años y, en
consecuencia, el medio de control se encontraba caducado. Sobre la supuesta
interrupción del término de caducidad alegada por los demandantes, con
fundamento en el artículo 72 de la Ley 1116 de 2006, adujo que este no era aplicable
al caso concreto, dado que tal disposición normativa se refería a la inoperancia de
la caducidad de acciones relacionadas con créditos causados contra el deudor en
procesos de reorganización o liquidación judicial, pero, de ninguna manera, podía
entenderse que ello se extendiera a asuntos en los que, como en el analizado, se
pretendía la declaratoria de responsabilidad del Estado por una falla en el servicio.

38. La anterior decisión no fue objeto de recurso alguno, pese a ser adversa a los
intereses de los demandantes. En contraste, y desconociendo la existencia de
mecanismos judiciales ordinarios para cuestionar la decisión ante los jueces
naturales de la causa, el señor Lara Borja decidió, injustificadamente, acudir a la
acción de tutela, cuya naturaleza es subsidiaria y residual, es decir, solo procede en
los eventos en los que se demuestre que no existe otro mecanismo judicial que sea
idóneo y efectivo para proteger los derechos que se consideran vulnerados.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00573-00
Accionante: Fredy Alberto Lara Borja
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

39. Ciertamente, el Código General del Proceso, aplicable al asunto por expresa
remisión del artículo 68 de la Ley 472 de 199810, prevé la procedencia de recursos
contra el auto que rechaza la demanda, en los siguientes términos: (i) el artículo 318
establece que procede el recurso de reposición «contra los autos que dicte el juez,
contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica 11 y contra los de
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia»; (ii) por su parte, el
artículo 321 dispone que «[t]ambién son apelables los siguientes autos proferidos
en primera instancia: 1. El que rechace la demanda, su reforma o la contestación a
cualquiera de ellas».

40. En ese orden, resulta palmario que el auto del 10 de diciembre de 2025 era
susceptible de los recursos de reposición y/o apelación; no obstante, la parte
demandante en el proceso de reparación de los perjuicios causados a un grupo se
abstuvo injustificadamente —pues en la acción de tutela no se incluyó ni un solo
argumento tendiente a explicar su inoperancia— de presentar los recursos
procedentes contra la aludida providencia. Al contrario, lo que se evidencia es que
el señor Lara Borja, al percatarse del vencimiento del término para recurrir la
providencia censurada, acudió a este mecanismo de protección de derechos
fundamentales para presentar los argumentos que debió incluir oportunamente en
los recursos procedentes.

41. Es así como no puede admitirse que la parte accionante pretenda utilizar este
mecanismo excepcional y subsidiario de protección de derechos fundamentales
para subsanar su propio descuido, sin presentar siquiera una razón que justifique
razonablemente su falta de diligencia, y procurando que el juez del amparo se
pronuncie sobre la caducidad del medio de control, asunto de resorte exclusivo del
juez natural.

42. Ahora bien, es cierto que la Corte Constitucional ha sostenido que es posible la
flexibilización del requisito de subsidiariedad en los eventos en que el actor sea un
sujeto de especial protección constitucional, siempre que se demuestre que se
encuentra en una situación vulnerabilidad «que amenaza su derecho al mínimo
vital»12. Sin embargo, en el caso concreto el señor Lara Borja no manifestó que
existan circunstancias que permitan dar lugar a la flexibilización del requisito de
subsidiariedad.

43. En conclusión, la solicitud de amparo no satisface el requisito de subsidiariedad,
porque el abogado Fredy Alberto Lara Borja, sin justificación válida, omitió presentar
los recursos procedentes para impugnar el auto del 10 de diciembre de 2025. Por
tanto, se declarará improcedente la acción de tutela.

10ARTÍCULO 68.- Aspectos no Regulados. En lo que no contraríe lo dispuesto en las normas del

presente título, se aplicarán a las Acciones de Grupo las normas del Código de Procedimiento Civil
—hoy Código General del Proceso—.
11 De conformidad con el artículo 311 del mismo compendio normativo, el recurso de súplica procede

«contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el Magistrado sustanciador
en el curso de la segunda o única instancia, o durante el trámite de la apelación de un auto».
12 Corte Constitucional, sentencia T-318 de 2025.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00573-00
Accionante: Fredy Alberto Lara Borja
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
el señor Fredy Alberto Lara Borja, de conformidad con lo razonado en la parte
motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
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