República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00574-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
2 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., dos (2) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00574-00 (862)
Accionantes: Jorge Enrique Jiménez Urrego y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de
reparación directa. Subtema 2: reconocimiento de lucro cesante. Subtema 3:
defectos sustantivo, fáctico, procedimental y desconocimiento del precedente.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por Jorge Enrique Jiménez Urrego y otros contra
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
1. Síntesis del caso
Los señores Jorge Enrique Jiménez Urrego, Gloria Inés Ramírez Bonilla, Camila
Andrea Jiménez Ramírez, Juan Sebastián Jiménez Ramírez y Carmen Elisa Urrego
de Jiménez, por intermedio de apoderado, presentaron acción de tutela con la
pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, que consideraron vulnerados con ocasión de la
sentencia del 17 de julio de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, dentro del expediente de reparación directa con radicado
núm. 25000-2336-000-2017-00751-01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1.
A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
1
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00574-00 (862)
Accionantes: Jorge Enrique Jiménez Urrego y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
2.
La Fiscalía General de la Nación, a partir de un informe presentado el 14 de
marzo de 2005 por el Grupo de Lavado de Activos del Departamento Administrativo
de Seguridad (DAS), inició una investigación penal por la supuesta comisión del
delito de lavado de activos y ordenó vincular mediante indagatoria, entre otras
personas, al señor Jorge Enrique Jiménez Urrego.
3.
El señor Jorge Enrique Jiménez Urrego, el 20 de mayo de 2008, fue capturado
con fines de indagatoria y, el 11 de junio de 2008, la Fiscalía Veintidós perteneciente
a la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado
de Activos le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en centro
carcelario.
4.
El 17 de mayo de 2009, el ente investigador profirió resolución de acusación, la
cual fue confirmada por la Fiscalía Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior de
Bogotá mediante resolución del 28 de enero de 2010.
5.
El 7 de septiembre de 2012, el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado
de Bogotá profirió sentencia absolutoria en favor de Jorge Enrique Jiménez Urrego.
Esta providencia que fue confirmada el 8 de octubre de 2014 por la Sala de Extinción
de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
6.
El señor Jorge Enrique Jiménez Urrego presentó demanda de reparación
directa contra la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se declarara la
responsabilidad administrativa de la entidad demandada y se ordenara el
reconocimiento y pago de los perjuicios morales y materiales causados por el tiempo
en que estuvo privado de la libertad durante el periodo comprendido entre el 20 de
mayo de 2008 y el 28 de junio de 2011.
7.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
mediante sentencia del 12 de agosto de 2022, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. Dicha decisión fue adicionada en providencia del 29
de septiembre de 2023, en el sentido de reconocer una indemnización por concepto
de daño al buen nombre a favor de Jorge Enrique Jiménez Urrego.
8.
Las dos partes inconformes con el fallo del a quo, presentaron recurso de
apelación.
9.
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, a través de sentencia
del 17 de julio de 2025, modificó la providencia de primera instancia, en el sentido
de disminuir el valor reconocido por concepto de lucro cesante, daño emergente y
los perjuicios morales, al considerar que los elementos probatorios no fueron
suficientes para acceder a la integridad de las pretensiones.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00574-00 (862)
Accionantes: Jorge Enrique Jiménez Urrego y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
10.
La parte actora solicitó en el escrito de tutela1 lo siguiente:
1. Que se deje sin efecto la sentencia del 17 de julio de 2025, proferida en el proceso
identificado con el radicado No. 25000233600020170075101.
2. Que se ordene a la Corporación accionada, dictar nueva sentencia en la cual tenga
en consideración el precedente judicial consolidado por el H. Consejo de Estado en
materia de indemnización de perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales por privación
injusta de la libertad imputable a la Nación, en apego a la correcta interpretación de las
normas sustanciales y la adecuada valoración de los medios probatorios practicados
en el proceso ordinario subyacente2.
11.
Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora expuso que la
providencia cuestionada incurrió en los defectos sustantivo, fáctico, procedimental
y desconocimiento del precedente. Para tal efecto, propuso un análisis
metodológico según las pretensiones de la demanda ordinaria en la que resultaron
afectados.
12.
En cuanto al perjuicio moral reclamado, los accionantes expresaron lo siguiente:
13.
La providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B incurrió
en un defecto sustantivo porque disminuyó el valor de la indemnización por
concepto de daño moral, a partir de una interpretación contraria del artículo 363 de
la Ley 600 de 2000, pues no tuvo en cuenta que la norma facultó a la Fiscalía
General de la Nación, en su condición de «funcionario judicial» para revocar la
medida de aseguramiento y para resolver la solicitud de los sujetos procesales, sin
necesidad de acudir al juez penal.
14.
Agregaron que la decisión cuestionada desconoció que la referida norma está
incluida en el Libro II, Título II, de la Ley 600 de 2000 cuyo trámite compete
exclusivamente a la actuación de la Fiscalía General de la Nación, sin que allí se
consigne la facultad del juez penal para revocar la medida de aseguramiento
promovida por aquella.
15.
Destacaron que lo anterior guarda relación con las atribuciones otorgadas al
ente investigador en el artículo 114 de la Ley 600 de 2000, en el cual se establece
lo siguiente: «Corresponde a la Fiscalía General de la Nación: […] 2. Asegurar la
comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas
de aseguramiento».
16.
Precisaron que la autoridad accionada efectuó una interpretación indebida del
artículo 363 de la Ley 600 de 2000 y, por ende, no realizó un análisis adecuado del
nexo de causalidad, pues omitió reconocer que la causa de la privación la libertad
del señor Jiménez Urrego fue la actuación de la Fiscalía, quien originó el daño
1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00574-00, índice 2, certificado núm. 19A3C4CC4C2716A1 2AEE89C18BB0BEE3
816F2B03B44D3FF4 C404C7722DF0B2FB.
2
Se transcribe incluso con errores
3
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00574-00 (862)
Accionantes: Jorge Enrique Jiménez Urrego y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
antijurídico que sufrieron los accionantes, y lo perpetuó al abstenerse de revocar tal
determinación mientras el proceso estuvo bajo su competencia (en la etapa
instructiva y la calificación).
17.
Por otro lado, indicaron que la providencia acusada incurrió en un
desconocimiento del precedente, pues redujo el monto de los daños morales
reconocidos a las víctimas, al considerar que la indemnización de dicho perjuicio se
encontraba limitado al tiempo en que la Fiscalía General de la Nación tuvo a su
cargo la medida de aseguramiento, lo cual constituye un argumento ajeno a los
criterios definidos en la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021
(expediente 46.681), proferida por el Consejo de Estado.
18.
Además, informaron que la corporación accionada desconoció otros
importantes precedentes3 acerca del contenido y alcance de la indemnización de
perjuicios por privación injusta de la libertad cuando la demandada es la persona
jurídica de la Nación, bien sea a través de la Fiscalía General o de la Rama Judicial,
en cuyos casos se toma el tiempo de la privación de la libertad como uno solo y no
según la entidad.
19.
En cuanto al daño emergente reclamado, los accionantes manifestaron lo que
sigue:
20.
La autoridad accionada desconoció el precedente porque omitió dar aplicación
a la sentencia del 13 de marzo de 2024 del Consejo de Estado4, en cuyo contenido
se amplió el concepto de «factura», por lo que, en el caso concreto, era procedente
tener acreditado el daño emergente a partir de las certificaciones que fueron
emitidas por los profesionales del derecho, en conjunto con la declaración
testimonial que rindieron al interior del proceso contencioso-administrativo, sin exigir
la formalidad que hoy tiene la noción de factura.
21.
Añadieron que en la decisión judicial cuestionada se configuró un defecto
sustantivo porque no dio aplicación al artículo 616-1 del Estatuto Tributario, que se
encontraba vigente para la fecha en que se surtió la actuación de los profesionales
del derecho en el proceso penal, en cuyo contenido se establecía un amplio alcance
al concepto de «factura o documento equivalente». Por el contrario, la accionada
aplicó la norma actual que tiene una noción restrictiva.
22.
En lo que respecta al lucro cesante reclamado, los accionantes argumentaron
que:
23.
En la providencia acusada se incurrió en un defecto procedimental «al no
respetar la regla de congruencia establecida por los artículos 320 y 328 del Código
General del Proceso», pues la competencia del Consejo de Estado para la
3
Al respecto, el actor citó: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de mayo de 2014, exp. 38669. Consejo de
Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de noviembre de 2016, exp. 44057.
4
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 13 de marzo de 2024, radicado núm.
50001233100020100057701.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00574-00 (862)
Accionantes: Jorge Enrique Jiménez Urrego y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
resolución del recurso de apelación se circunscribía a los reparos concretos de las
partes.
24.
En este sentido, explicaron que la Fiscalía General de la Nación impugnó el
lucro cesante que se reconoció en el fallo de primera instancia con ocasión de la
liquidación de las cuatro sociedades del señor Jorge Enrique Jiménez Urrego, pero
únicamente cuestionó el dictamen pericial sobre el cual se estimó el monto de la
indemnización, sin que haya expresado reparos acerca del nexo causal entre las
pérdidas económicas de las empresas y la falla del servicio que se le imputó. De
manera que no era dable a la autoridad accionada analizar la causalidad, toda vez
que este fue un elemento de la responsabilidad estatal reconocido por la sentencia
del Tribunal, que no fue controvertido por ninguna de las partes.
25.
Insistieron en que la corporación accionada desbordó la competencia del juez
superior, al exceder los verdaderos motivos de inconformidad que fueron expuestos
en la apelación, en detrimento de las pretensiones de reparación de los accionantes
y vulneró sus derechos fundamentales.
26.
Así pues, agregaron que la jurisprudencia del Consejo de Estado5 y de la Corte
Constitucional6 ha sido enfática en advertir que el juez de la segunda instancia, al
decidir la apelación, debe limitarse a los planteamientos expuestos en el recurso de
alzada sin que esté facultado para pronunciarse sobre aspectos o puntos de la
sentencia de primera instancia que no fueron objeto de impugnación.
27.
Finalmente, consideraron que en la decisión acusada se configuró un defecto
fáctico, por cuanto realizó una «valoración defectuosa o contraevidente de las
pruebas existentes», puesto que le atribuyó a la «decisión adoptada el 15 de julio
de 2008 por el Juzgado Séptimo del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial
de Panamá» un alcance que claramente no tenía.
28.
Expusieron los actores que la accionada le restó eficacia al testimonio de Luis
Fernando Román Fernández, quien, en su calidad de coordinador de la defensa
internacional, explicó con precisión que los procesos en Ecuador, Chile y Panamá,
así como la inclusión en la Lista OFAC, fueron consecuencia directa y unívoca de
la noticia criminal generada en Colombia.
29.
Además, a su juicio, el Tribunal accionado no valoró en su integridad la prueba
pericial que demostraba la desvalorización de las acciones de las sociedades C.I.
Prorgánicas S.A.S., C.I. Stones and By Products Trading S.A.S., Valintegrados Ltda.
y Promatol Ltda.
5
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 5 de agosto de 2021, radicado. 44001-23-40-000-2020-00215-01.
6
Corte Constitucional, sentencia SU-035 de 2018
5
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00574-00 (862)
Accionantes: Jorge Enrique Jiménez Urrego y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
2.3. Trámite procesal
30.
El despacho ponente, mediante auto del 4 de febrero de 20267, admitió la
demanda, ordenó la notificación a la autoridad accionada, es decir, al Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, y puso en conocimiento el escrito de tutela
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y a la
Fiscalía general de la Nación, en su condición de tercero con interés.
2.4. Intervenciones
31.
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B8 afirmó que la acción de
tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional, debido a que la parte
actora pretende crear, indebida e injustificadamente, una tercera instancia frente a
una sentencia en la que se hizo un correcto análisis fáctico, probatorio y jurídico, ya
que se encuentra sustentada en derecho y con base en los medios de prueba
valorados de manera razonada e integral.
32.
Explicó que la sentencia cuestionada expuso las razones por las cuales se limitó
la indemnización por perjuicios morales en favor de los demandantes, por el daño
causado, en proporción al tiempo que el afectado directo estuvo detenido a
disposición de la Fiscalía General de la Nación, pues la Rama Judicial no fue
demandada en este asunto. Razón por la cual se acogió el criterio adoptado por la
sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021, expediente 18001-23-31-
001-2006-00178-01 (46681), que decidió un caso similar.
33.
Además, expuso que la Subsección B se encontraba facultada para revocar la
indemnización reconocida por concepto de daño emergente en favor del señor
Jorge Enrique Jiménez Urrego, porque uno de los argumentos de apelación del ente
acusador cuestionó la valoración probatoria de acuerdo con la regla fijada por el
Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 18 de julio de 2019 (expediente
44.572). De modo que no se podía tener acreditada la erogación de honorarios
profesionales de los abogados, únicamente a través de recibos de pago y las
intervenciones de los profesionales en la actuación penal, como lo hizo el a quo.
34.
Añadió que la providencia acusada con base en los parámetros establecidos en
la sentencia del 18 de julio de 2019, que unificó los criterios en materia de
reconocimiento y liquidación de perjuicios materiales por daño emergente y lucro
cesante en los casos de privación injusta de la libertad, concluyó que la parte
demandante no acreditó en debida forma el perjuicio material reclamado.
35.
Adicionalmente, refirió que la apelante se opuso al reconocimiento de
indemnización por dicho concepto en consideración a las pruebas aportadas por la
parte demandante para demostrarlo, que según su afirmación no daban cuenta de
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00574-00, índice 4, certificado 4EC7385FE1F6C54F 827A10F1464BB814
FFB8D94941ABD96B 49B92094A7A6BD46.
8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00574-00 Incide 9, certificado 464546BD3715AD2F 8A8D7F7C012E4CCA
22B68BF2618B7125 99FC48D0D272104A.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00574-00 (862)
Accionantes: Jorge Enrique Jiménez Urrego y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
la real situación contable de las sociedades ni la composición accionaria para
determinar el reparto de utilidades.
36.
Manifestó que, contrario a lo expuesto por la parte accionante, los recursos de
apelación presentados tanto por la parte demandante como la entidad demandada
facultaban a la Sala para resolver frente a la responsabilidad extracontractual del
Estado por la privación injusta de la libertad y a la consecuente indemnización de
perjuicios reconocida en primera instancia.
37.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B9
solicitó que se declare improcedente la solicitud de amparo, porque carece de
relevancia constitucional, ya que lo pretendió por la parte actora es reabrir el debate
jurídico y probatorio que se surtió al interior proceso ordinario, sin proponer
argumentos claros y concretos de orden constitucional que exijan la intervención del
juez de tutela.
38.
La Fiscalía General de la Nación10 manifestó que carece de legitimación en la
causa por pasiva, toda vez que la acción de tutela está dirigida a cuestionar una
providencia judicial adoptada en un proceso de reparación directa, en cuya
expedición no tuvo injerencia alguna, por lo que no existe una relación de causalidad
con sus funciones que permita atribuirle una responsabilidad en los derechos
fundamentales invocados. En consecuencia, solicitó su desvinculación.
39.
Por otro lado, afirmó que la solicitud de amparo no sustentó adecuadamente las
causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. Además, los argumentos carecen de relevancia constitucional, toda vez que
se le limitaron a insistir en razones de naturaleza legal y económica que fueron
planteados y analizados dentro del proceso ordinario.
40.
Por lo anterior, consideró que no se observa una actuación arbitraria que
constituya una vulneración de los derechos fundamentales invocados por los
tutelantes.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
41.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por Jorge Enrique Jiménez Urrego y otros
en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
9
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00574-00 Incide 11, certificado 2D9FBF122ECD0492 F368E43FAB128592
4C55A7666AC4E590 45327CC11EBDA711.
10
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00574-00 Incide 12, certificado 13294F8E8BE14C74 0783AF2DE8C0CAF3
8437DF9DAB747EAA 6142850FC521C782
7
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00574-00 (862)
Accionantes: Jorge Enrique Jiménez Urrego y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
3.2. Legitimación en la causa
42.
La legitimación en la causa por activa de los señores Jorge Enrique Jiménez
Urrego, Gloria Inés Ramírez Bonilla, Camila Andrea Jiménez Ramírez, Juan
Sebastián Jiménez Ramírez y Carmen Elisa Urrego de Jiménez está acreditada
porque fueron los demandantes en el proceso de reparación directa en el que fue
expedida la providencia que, a su juicio, desconoció sus derechos fundamentales.
43.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, debido a que fue la autoridad que profirió la
providencia, objeto de tutela.
44.
Por otro lado, se advierte que la Fiscalía General de la Nación solicitó su
desvinculación, al considerar que no estaba llamada a responder por la vulneración
de los derechos fundamentales de la parte accionante.
45.
Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de tercero, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda vez
que dicha entidad participó como sujeto demandado dentro del proceso ordinario en
el que fue emitida la providencia objeto de reparos y, en consecuencia, la decisión
que resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por los motivos expuestos, se
negará su solicitud.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
46.
La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado11 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional12.
47.
En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00574-00 (862)
Accionantes: Jorge Enrique Jiménez Urrego y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
48.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales13 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
49.
De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución14.
3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
50.
Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional15 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
51.
Así pues, la Corte Constitucional16 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:
i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»17 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»18;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.
52.
En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
13
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
14
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
17
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
18
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00574-00 (862)
Accionantes: Jorge Enrique Jiménez Urrego y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada fue proferida con desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
53.
También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad, porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de reparación directa del derecho en el que se profirió
la decisión objeto de tutela.
54.
Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia proferida el 17 de julio de 2025 por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B fue notificada el 30 de julio siguiente19, y la demanda de
tutela se presentó el 29 de enero de 202620, esto es, dentro del plazo de seis meses
previsto por la jurisprudencia constitucional21 y del Consejo de Estado22 como
razonable.
55.
En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera expuesto la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.
56.
Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de reparación directa.
57.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos sustantivo, fáctico,
procedimental y desconocimiento del precedente y, en ese orden, continuará con el
análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.
3.4. Problema jurídico
58.
Corresponde a la Sala determinar si ¿el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia de los señores Jorge Enrique Jiménez Urrego, Gloria
Inés Ramírez Bonilla, Camila Andrea Jiménez Ramírez, Juan Sebastián Jiménez
Ramírez y Carmen Elisa Urrego de Jiménez?
59.
En particular, establecer ¿si la accionada incurrió en los defectos sustantivo,
fáctico, procedimental y desconocimiento del precedente, en la sentencia del 17 de
julio de 2025, al disminuir el valor de los perjuicios reconocidos a los demandantes?
19 Samai, exp. 25000-23-36-000-2017-00751-01, índice 14.
20 Samai, exp. 11001-15-000-2026-00574-00 índice 1.
21 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
22Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00574-00 (862)
Accionantes: Jorge Enrique Jiménez Urrego y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
60.
Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y
ii) el caso concreto.
3.4.1. El defecto sustantivo
61.
La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado23.
62.
De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.
63.
La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:
[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para
determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar
el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones
de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los
contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación
[…]24.
64.
En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.
65.
Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
23
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
24
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00574-00 (862)
Accionantes: Jorge Enrique Jiménez Urrego y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).25
3.4.2. El defecto fáctico
66.
De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»26. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión27» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.
67.
La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”»28. Por su parte, la dimensión negativa
se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran
los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución
del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes
que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en
aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»29.
68.
En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso30.
69.
Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial31, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»32.
25
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
26
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
27
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
28
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
29
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
30
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
31
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
32
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
12
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00574-00 (862)
Accionantes: Jorge Enrique Jiménez Urrego y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
70.
Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:
50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]
51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.
52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]33.
3.4.3 El desconocimiento del precedente judicial
71.
El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas34.
72.
Al respecto, la Corte Constitucional35 ha considerado que el precedente se
define como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con
anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos
analizados y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente
considerado por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior.
Frente a la obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:
90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de
la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio
de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para
fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley.
Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la
Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el
33
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
34 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el ordenamiento
constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la vigencia de un orden justo,
lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial
tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”.
El juez cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y,
en caso de que lo sea, de apartarse de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo
contrario desconoce el precedente horizontal».
35 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
13
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00574-00 (862)
Accionantes: Jorge Enrique Jiménez Urrego y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las
sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de
constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo principal
garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios de
seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento
constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un principio
relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la aplicación de
la ley y por otras prescripciones constitucionales36.
73.
Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia37.
74.
En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»38.
75.
Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela39.
76.
Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de
la función judicial, pues se trata de una sola corporación40.
77.
Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
36 Se transcribe incluso con errores.
37 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
38 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
39 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente horizontal
o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero exige que el juez
enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca expresamente el
precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo
requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que
justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto
o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto
el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores judiciales.»
40 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
14
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00574-00 (862)
Accionantes: Jorge Enrique Jiménez Urrego y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora
de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de
criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las
exigencias de la autonomía judicial.
3.4.4. El defecto procedimental
78.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política,
los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y el principio
de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal constituyen prerrogativas
de connotación ius fundamental para el adecuado funcionamiento de la actividad
judicial.
79.
En este sentido, las circunstancias que puedan perturbar el correcto desarrollo
de los procesos judiciales y que terminan afectando los derechos fundamentales de
las partes, constituyen una causal específica de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, que la jurisprudencia constitucional denominó defecto procedimental.
80.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en forma reiterada, que el
defecto procedimental puede ocurrir bajo dos modalidades: «(i) el absoluto, que se
presenta cuando la autoridad judicial desconoce o se aparta del procedimiento
legalmente establecido, y (ii) el exceso ritual manifiesto, el cual tiene lugar cuando
el goce efectivo de los derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo
rigor en la aplicación de las normas procesales» 41.
81.
Frente al defecto procedimental absoluto, la Corte ha dicho que se puede
configurar porque el funcionario judicial: «(i) sigue un trámite totalmente ajeno al
asunto sometido a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del
procedimiento establecido o (iii) no realiza el debate probatorio»42.
82.
De esta manera, le compete a quien acude en ejercicio de la acción de tutela
demostrar que el juez, ante quien tramitó el proceso ordinario de su interés, actuó
completamente por fuera del procedimiento establecido en la ley, y que ello, generó
una vulneración grave a su derecho al debido proceso, pues le impidió el ejercicio
adecuado y oportuno a la defensa y a la contradicción.
83.
En este contexto, la Corte ha considerado que la procedibilidad de la acción de
tutela en los asuntos en los que se discute la existencia de un defecto procedimental
exige verificar que la solicitud de amparo cumple con los siguientes
presupuestos:«(i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna
otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela, salvo que se
advierta la ocurrencia de un perjuicio irremediable; (ii) que el defecto procesal sea
manifiesto y tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulnerador
de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada en el
proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
41
Corte Constitucional, Sentencias T-388 de 2015, T-025 de 2018, T-367 de 2018 y T-008 de 2019.
42
Corte Constitucional, Sentencia T-166 de 2022.
15
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00574-00 (862)
Accionantes: Jorge Enrique Jiménez Urrego y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
especificidades del caso concreto; (iv) que la situación irregular no sea atribuible al
afectado; y (v) como consecuencia de lo anterior, se presente una vulneración a los
derechos fundamentales»43.
3.5. Caso concreto
84.
En el asunto bajo estudio, Jorge Enrique Jiménez Urrego y otros presentaron
demanda de reparación directa en contra de la Fiscalía General de la Nación, con
el fin de que se resarcieran los perjuicios causados por el tiempo en que estuvo
privado de la libertad con ocasión al proceso penal al que fue vinculado
85.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, mediante providencia del 12 de agosto de 2022, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda. Apelada la anterior decisión, por
las dos partes del litigio, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
emitió fallo el 17 de julio de 2025, en el que modificó la cuantía de los perjuicios
morales y materiales reconocidos.
86.
Ahora bien, los accionantes argumentaron en el escrito de tutela, en concreto,
que la autoridad judicial accionada, al proferir el fallo del 17 de julio de 2025, incurrió
en los defectos sustantivo, fáctico, procedimental y desconocimiento del
precedente, por las siguientes razones:
• Respecto al perjuicio moral
i) En defecto sustantivo porque disminuyó el valor de la indemnización por
concepto de perjuicio moral, sin examinar las competencias de la Fiscalía
General de la Nación para levantar la medida de aseguramiento, con fundamento
en el numeral segundo del artículo 114 y el artículo 363 de la Ley 600 de 2000.
ii) En desconocimiento del precedente, por cuanto redujo el monto reconocido a
las víctimas, al limitarlo al tiempo en que la Fiscalía General de la Nación tuvo a
su cargo la investigación, lo cual, en su criterio, constituye un argumento ajeno
a los criterios definidos en la sentencia de unificación del 29 de noviembre de
2021 (expediente 46.681), del Consejo de Estado.
• Respecto al daño emergente
iii) En desconocimiento del precedente porque negó la indemnización del daño
emergente pretendido, al no dar aplicación a la sentencia del 13 de marzo de
2024 del Consejo de Estado44, en cuyo contenido se amplió el concepto de
«factura» y se admitió la posibilidad de aportar certificaciones para acreditar los
gastos de honorarios de los abogados que atendieron el proceso penal.
43
Corte Constitucional, Sentencia SU-418 de 2019.
44 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 13 de marzo de 2024, radicado núm.
50001233100020100057701.
16
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00574-00 (862)
Accionantes: Jorge Enrique Jiménez Urrego y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
iv) En defecto sustantivo, debido a que no dio aplicación al artículo 616-1 del
Estatuto Tributario, que se encontraba vigente para la fecha en que se surtió la
actuación de los profesionales del derecho, en cuyo contenido se establecía un
concepto amplio de «factura o documento equivalente».
• Respecto al lucro cesante
v) En defecto procedimental, al desconocer el trámite previsto en los artículos
320 y 328 del Código General del Proceso, pues desbordó su competencia como
juez de segunda instancia, al estudiar argumentos que no fueron objeto de
inconformidad, como la causalidad del daño, al momento de resolver los
recursos de apelación.
vi) En defecto fáctico, por cuanto realizó una «valoración defectuosa o
contraevidente de las pruebas existentes», puesto que atribuyó a la «decisión
adoptada el 15 de julio de 2008 por el Juzgado Séptimo del Circuito de lo Penal
del Primer Circuito Judicial de Panamá» un alcance que claramente no tenía, lo
que condujo a desestimar el testimonio de Luis Fernando Román Fernández y
la prueba pericial aportada al proceso.
87.
Ahora bien, al examinar el contenido de la providencia objeto de tutela, se
observa que, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B examinó los
elementos probatorios aportados al proceso ordinario y encontró que en el caso bajo
estudio estaban acreditados los presupuestos requeridos para la declaración de
responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, en relación con la Fiscalía
General de la Nación por la privación injusta de la libertad a la que estuvo sometido
el señor Jorge Enrique Jiménez Urrego.
88.
Seguidamente, procedió a verificar si los perjuicios reclamados por la parte
demandante se encontraban debidamente demostrados en el plenario.
89.
Así pues, en cuanto a los perjuicios morales, la autoridad judicial accionada
explicó que la corporación, mediante sentencia de unificación del 29 de noviembre
de 202145, definió unos criterios para el cálculo de la indemnización según el tiempo
de privación del afectado directo y dispuso lo siguiente:
45.1.- Si la privación de la libertad tiene una duración igual o inferior a un mes, una
suma fija equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (5 SMLMV).
45.2.- Si la privación de la libertad tiene una duración superior a un mes:
a.- Por cada mes adicional transcurrido, sin importar el número de días que tenga el
mes, cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (5 SMLMV).
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación
jurisprudencial del 29 de noviembre de 2021, expediente 46.681, MP Martín Bermúdez Muñoz.
17
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00574-00 (862)
Accionantes: Jorge Enrique Jiménez Urrego y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
b.- Por cada día adicional al último mes transcurrido, una fracción equivalente a 0,166
salarios mínimos legales mensuales vigentes, la cual se obtiene de dividir cinco salarios
mínimos legales mensuales vigentes (5 SMLMV) por 30 días.
c.- La cuantía se incrementará hasta cien salarios mínimos legales mensuales vigentes
(100 SMLMV), indemnización que recibirá la víctima directa cuando esté detenida por
20 meses o más tiempo, con el objeto de mantener el tope máximo jurisprudencial, de
acuerdo con la jurisprudencia antes indicada.
90.
Con base en lo anterior, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado indicó que las referidas reglas de unificación son aplicables al caso del señor
Jorge Enrique Jiménez Urrego, con una salvedad en el porcentaje a reconocer, en
razón a que solo se demandó a la Fiscalía General de la Nación y por ello la
indemnización se debía limitar al tiempo en que permaneció detenido por esta. Al
respecto, expuso lo siguiente:
3) Las citadas reglas de la sentencia de unificación que se comenta que son de
aplicación inmediata, de manera que, por todo el periodo de privación de la libertad el
señor Jorge Enrique Jiménez Urrego tendría derecho, en principio, a percibir una
indemnización de cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cuanto
estuvo detenido durante el periodo comprendido entre el 20 de mayo de 2008 hasta
el 28 de junio de 2011, sin embargo, debido a que solo se atribuye responsabilidad
patrimonial de la Fiscalía General de la Nación, esta responde en proporción por el
periodo durante el cual el demandante estuvo a su cargo, es decir, desde el 20 de
mayo de 2008 hasta el 28 de enero de 2010; en consecuencia la indemnización del
actor asciende a cincuenta y cuatro punto treinta y tres (54.33) smlmv.
4) En cuanto concierne a los demandantes Gloria Inés Ramírez Bonilla, Camila
Andrea Jiménez Ramírez, Juan Sebastián Jiménez Ramírez y Carmen Elisa Urrego
de Jiménez se pone de presente que, además de demostrar el parentesco acreditaron
la intensidad del perjuicio moral, de modo que la Sala les reconocerá el 50% de lo
reconocido a la víctima directa equivalente a la suma de veintisiete punto dieciséis
(27.16) smlmv, para cada uno; por consiguiente, la Sala modificará la indemnización
reconocida en primera instancia por perjuicio moral.
91.
De acuerdo con lo anterior, se observa que la autoridad judicial accionada dio
aplicación al criterio jurisprudencial unificado de la corporación. No obstante, limitó
el porcentaje reconocido a los demandantes por concepto de perjuicios morales, en
atención a la responsabilidad que se le atribuía al sujeto demandado, esto es, la
Fiscalía General de la Nación.
92.
Lo anterior, guarda relación con el acápite de imputación del daño que
desarrolló la providencia cuestionada, en cuanto precisó lo siguiente:
A la Fiscalía General de la Nación le es imputable desde el momento de la captura
hasta la fecha de ejecutoria de la resolución de acusación, pues, de conformidad con
el artículo 400 ibidem es a partir de ese momento que asume competencia sobre el
asunto el juez encargado del juzgamiento y el procesado deja de estar a cargo de la
fiscalía. A la Nación - Rama Judicial le es atribuible desde el día siguiente de la
ejecutoria de la resolución de acusación, instante en el que adquiere competencia para
18
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00574-00 (862)
Accionantes: Jorge Enrique Jiménez Urrego y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
revocar la medida de aseguramiento si no se reúnen los requisitos de necesidad para
mantenerla vigente hasta el momento en que el actor recuperó su libertad.
En este caso concreto no se demandó a la Nación - Rama Judicial, de modo que el
daño antijurídico se imputará solamente a la Fiscalía General de la Nación, así: desde
el 20 de mayo de 2008 hasta el 28 de enero de 2010.
93.
En efecto, para la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
el estudio de la responsabilidad extracontractual del Estado se debía centrar en las
actuaciones de la Fiscalía General de la Nación, por el tiempo en que el señor
Jiménez permaneció detenido por determinación de esta.
94.
Esto se sustenta, en los límites procesales que estableció la parte actora en el
escrito de demanda, pues en dicho documento los demandantes convocaron como
entidad demandada a la Fiscalía General de la Nación y dirigieron sus pretensiones
en contra de esta, sin hacer alusión alguna a la Rama Judicial, por las posibles
acciones u omisiones en las que pudieron incurrir los despachos judiciales de la
jurisdicción ordinaria en lo penal, que tramitaron y tuvieron el conocimiento del caso
del señor Jorge Enrique Jiménez Urrego.
95.
En concreto, para la autoridad accionada no era dable atribuir una
responsabilidad abierta y general, y condenar a la Fiscalía General de la Nación por
un periodo de tiempo en el que otra autoridad tuvo injerencia en el desarrollo del
proceso penal del demandante.
96.
Conviene aclarar que la decisión de la autoridad judicial accionada, en lo que
respecta al reconocimiento de los perjuicios morales, obedeció a la garantía y
respeto por el principio de contradicción y defensa (artículo 29 de la Constitución),
que le correspondía a la Rama Judicial, lo cual impedía atribuirle una
responsabilidad patrimonial a una entidad pública, que no fue debidamente
vinculada al proceso de reparación directa.
97.
Bajo este contexto, no es posible advertir la existencia de un defecto sustantivo
y un desconocimiento del precedente, como pretende mostrarlo la parte tutelante,
pues resulta evidente que la limitación de los perjuicios morales otorgados a los
demandantes fue una consecuencia de la conformación del contradictorio en el
proceso de reparación directa.
98.
De esta manera, para la Sala la argumentación desarrollada por los
accionantes sobre la interpretación y alcance de los artículos 114 y 363 de la Ley
600 de 2000, relacionados con las funciones de la Fiscalía General de la Nación, de
ningún modo revela una irregularidad en la providencia judicial cuestionada. En
efecto, se observa que lo pretendido por los tutelantes era buscar elementos
normativos que le permitan extender la responsabilidad de la entidad demandada,
con el único propósito de obtener un mayor monto de reconocimiento de perjuicios
morales.
19
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00574-00 (862)
Accionantes: Jorge Enrique Jiménez Urrego y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
99.
Ahora bien, en cuanto al daño emergente reclamado en la demanda de
reparación directa, que consistía en el pago de los honorarios de los profesionales
del derecho que asumieron la defensa del señor Jorge Enrique Jiménez Urrego en
el proceso penal, la providencia judicial cuestionada expuso lo siguiente:
2) La entidad apelante se opuso al reconocimiento pecuniario por considerar que el a
quo desconoció las reglas fijadas por la Sección Tercera de esta Corporación en
sentencia de unificación del 18 de julio de 2019 (exp. 44.572), pues, tuvo acreditado el
perjuicio únicamente a partir de las certificaciones de pago expedidas por los
profesionales del derecho y las intervenciones de los abogados en la actuación penal.
3) Al respecto, la Sala advierte que el tribunal de primera instancia tuvo por demostrada
la erogación patrimonial sufrida por el demandante Jorge Enrique Jiménez Urrego con
base en las certificaciones expedidas por los abogados Fabio Fonseca Barbosa, Edith
Pilar Bello y Nidia H. González Acosta, además por las actuaciones que aquellos
desplegaron en su defensa técnica en el proceso penal; sin embargo, en consideración
a los parámetros establecidos en sentencia de unificación de la Sección Tercera, debe
concluirse en esta oportunidad que la parte demandante no acreditó en debida forma
el perjuicio material reclamado por concepto de daño emergente, por cuanto no aportó
la respectiva factura o documento equivalente en la cual se registre el valor de los
honorarios correspondientes a la gestión del abogado y la prueba de su pago, como
tampoco se probó el contrato de servicios profesionales celebrado para tal fin.
100.
En efecto, para la autoridad judicial accionada el señor Jorge Enrique Jiménez
Urrego, con el fin de demostrar el daño emergente, aportó certificaciones expedidas
por los profesionales del derecho, con las cuales acreditó las erogaciones en las
que incurrió en el trascurso del proceso penal.
101.
Sobre el alcance de dichos documentos, la providencia cuestionada advirtió que
la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 18 de
julio de 2019 (exp. 44.572), precisó que la factura es la prueba idónea para
demostrar el daño emergente en el que incurren las víctimas de privación injusta de
la libertad, con ocasión del pago de honorarios a los profesionales del derecho que
atendieron el proceso penal.
102.
De este modo, la accionada concluyó que, en atención a los parámetros
establecidos en sentencia de unificación, la parte demandante no acreditó en debida
forma el perjuicio material reclamado, por cuanto no aportó la respectiva factura o
documento equivalente en la cual se registre el valor de los honorarios
correspondientes a la gestión del abogado y la prueba de su pago, como tampoco
se probó el contrato de servicios profesionales celebrado para tal fin.
Al respecto, conviene recordar que la mencionada sentencia de unificación
103.
expresó lo que sigue:
1 Unificación jurisprudencial en materia de reconocimiento y liquidación de
perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente
20
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00574-00 (862)
Accionantes: Jorge Enrique Jiménez Urrego y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Tratándose del reconocimiento del daño emergente derivado del pago de honorarios
profesionales del abogado que intervino en defensa de quien fue privado injustamente
de la libertad, esta Sección ha admitido como prueba de ese perjuicio la documental
consistente en los recibos de pago que dan cuenta de la cancelación de los honorarios
profesionales46 y, en su defecto, las certificaciones emitidas por los profesionales del
derecho, acerca del pago de sus honorarios47.
Sin embargo, debe recordarse que el artículo 615 del Estatuto Tributario dispone que
las personas que ejercen profesionales liberales, es decir, profesiones en las cuales
“… predomina el ejercicio del intelecto, que han sido reconocidas por el Estado y
para cuyo ejercicio se requiere la habilitación a través de un título académico” 48, están
obligadas a “… expedir factura o documento equivalente, y conservar copia de la
misma por cada una de las operaciones que realicen, independientemente de su
calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la
Dirección General de Impuestos Nacionales”.
En virtud de lo anterior, debe entenderse que, como el derecho es una profesión
liberal, quienes lo ejercen están obligadas a expedir la respectiva factura o su
documento equivalente (el cual debe satisfacer los requisitos previstos en el artículo
617 del mismo estatuto49); por tanto, si los abogados están obligados a expedir una
factura por el valor de sus honorarios profesionales, es dable concluir que ésta es la
prueba idónea del pago. […]».
104.
En este orden, se observa que la decisión acusada se ajustó a los criterios
jurisprudenciales establecidos por esta corporación sobre la forma de acreditar los
pagos realizados a los profesionales del derecho, por lo que no es posible inferir
que la sentencia objeto de tutela se apartó de reglas normativas concretas o incurrió
en un desconocimiento del precedente.
105.
Si bien, la parte tutelante puso de presente la existencia de una sentencia de la
corporación en la que, en su criterio, se hizo una interpretación amplia del concepto
de factura, lo cierto es que dicha decisión no corresponde a una providencia de
unificación, que establezca una regla jurídica vinculante.
106.
Así pues, la interpretación y aplicación que realizó la autoridad accionada de la
citada sentencia de unificación es una expresión de la autonomía que le asiste al
juez para valorar y analizar los casos sometidos a su consideración, por lo que no
46 Entre otras, sentencia del 14 de marzo de 2018, expediente: 46.666
47 Entre otras, sentencia del 24 de octubre de 2016, expediente: 41.861
48 Tomado de www.ccb.org.co
49 “ARTICULO 617. REQUISITOS DE LA FACTURA DE VENTA: Para efectos tributarios, la expedición de
factura a que se refiere el artículo 615 consiste en entregar el original de la misma, con el lleno de los siguientes
requisitos:
“a. Estar denominada expresamente como factura de venta.
“b. Apellidos y nombre o razón (sic) y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.
“c. Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación
del IVA pagado.
“d. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.
“e. Fecha de su expedición.
“f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados.
“g. Valor total de la operación.
“h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.
“i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas”.
21
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00574-00 (862)
Accionantes: Jorge Enrique Jiménez Urrego y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
es dable deducir la existencia de un defecto sustantivo y un desconocimiento del
precedente como lo plantea la parte tutelante.
107.
Por otra parte, en cuanto a la reclamación del lucro cesante pretendido por los
demandantes, por los ingresos dejados de percibir por el señor Jorge Enrique
Jiménez Urrego por la liquidación de las sociedades en las que tenía injerencia, en
la providencia objeto de tutela, se manifestó lo siguiente:
3) La entidad demandada, en el recurso de apelación solicitó su revocatoria, porque el
perjuicio no está acreditado, pues, las pruebas aportadas no evidencian la real
situación de las empresas antes de la investigación ni durante la misma, así como
tampoco se estableció la composición accionaria requerida para establecer el reparto
de utilidades
4) En relación con este punto de la controversia, contrario a lo concluido por el a quo,
la Sala encuentra que no se demostró la relación de causalidad entre la privación de la
libertad del señor Jorge Enrique Jiménez Urrego y los ingresos que supuestamente
dejaron de percibir las sociedades; por el contrario, a partir de lo afirmado en la
demanda, se tiene que i) las empresas fueron incluidas en la lista OFAC o también
llamada “Lista Clinton”, la cual es elaborada por la Oficina de Control de Activos
Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para identificar personas
o empresas cuyas actividades económicas estuvieran relacionadas con el narcotráfico
o el terrorismo, ii) no se demostró que la inclusión en el referido listado tuvo origen
precisamente en la investigación penal adelantada por la Fiscalía General de la Nación
en contra del aquí demandante y, iii) las pruebas obrantes en el expediente evidencian
que para aquella época también se inició una investigación por el delito de blanqueo
de capitales por parte de la República de Panamá; en consecuencia no existe certeza
de que la inclusión de las sociedades en la lista OFAC haya obedecido concreta y
exclusivamente a la investigación iniciada por lavado de activos en Colombia.
5) Sobre esto último, aunque uno de los testigos que declararon en el presente proceso,
quien manifestó ser uno de los abogados que coordinó la defensa penal del aquí
demandante tanto en la República de Panamá como en Colombia, informó que todas
las investigaciones tuvieron origen en la investigación penal iniciada en Colombia,
aspecto que, su vez, dio lugar a la inclusión de las sociedades en la lista OFAC, esta
afirmación se desvirtúa con la consideración expuesta en la decisión adoptada el 15 de
julio de 2008 por el Juzgado Séptimo del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial
de Panamá, aportada al proceso, según la cual la investigación adelantada en ese país
en contra del señor Jorge Enrique Jiménez Urrego es autónoma e independiente de
otra investigación nacional o extranjera.
108.
De acuerdo con lo anterior, la autoridad accionada explicó que en el caso bajo
estudio no se demostró un nexo causal entre la privación de la libertad del señor
Jiménez Urrego y los ingresos que, posiblemente, dejaron de percibir las
sociedades en las que tiene participación.
109.
Al respecto, indicó que, si bien en la demanda se afirmó que las empresas
fueron incluidas en la lista OFAC (Lista Clinton), que identifica entidades
relacionadas con narcotráfico o terrorismo, no se probó que dicha inclusión en la
lista OFAC haya sido consecuencia directa de la investigación penal contra el
demandante en Colombia. Además, se acreditó que para esa época se inició una
investigación por blanqueo de capitales en Panamá, lo que generaba dudas sobre
el verdadero origen de la inclusión en la lista. Por consiguiente, concluyó que no
22
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00574-00 (862)
Accionantes: Jorge Enrique Jiménez Urrego y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
había certeza de que la investigación en Colombia hubiese sido la causa exclusiva
de los perjuicios económicos alegados.
110.
Adicionalmente, la providencia acusada mencionó que, aunque un testigo
(abogado defensor) afirmó que todas las investigaciones y la inclusión en la lista
OFAC tuvieron origen en el proceso penal colombiano, esta versión se desvirtuaba
con la decisión del Juzgado Séptimo del Circuito de lo Penal del Primer Circuito
Judicial de Panamá. Dicha providencia señalaba que la investigación en Panamá
era autónoma e independiente de la investigación en Colombia u otro país, lo que
desestimaba la tesis de una relación causal directa entre la actuación de la Fiscalía
General de la Nación y los efectos económicos sufridos por las empresas.
111.
En suma, para la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
no se logró acreditar de manera suficiente la relación de causalidad entre la
privación de la libertad del señor Jorge Enrique Jiménez Urrego y el perjuicio
económico de las sociedades. Asimismo, destacó la insuficiencia probatoria y la
existencia de investigaciones paralelas en otros países, lo que impedía atribuir el
daño exclusivamente a la actuación de las autoridades colombianas.
112.
En este orden de ideas, se observa que la sentencia del 17 de julio de 2025,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, realizó un
análisis razonable y adecuado de los documentos aportados al proceso, lo que le
permitió concluir que en el caso bajo estudio no se acreditó el daño emergente
reclamado, que implicara emitir una orden de reparación a favor de la parte
demandante.
113.
En efecto, se advierte que el análisis probatorio desarrollado por la autoridad
judicial accionada lejos de mostrar una situación indebida por acción u omisión, lo
que en realidad revela es que fue estricto, objetivo y apegado al contenido de los
documentos aportados a la actuación judicial, por lo que no es posible inferir que la
decisión objeto de tutela fue contraria a derecho. Distinto es que la autoridad
accionada no le haya otorgado el valor probatorio que los tutelantes pretendían que
se les atribuyera a los medios de prueba allegados al proceso.
114.
Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume
de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por
el que le resulte convincente»50.
115.
Adicionalmente, se advierte que la autoridad judicial accionada no incurrió en
un defecto procedimental, pues no se puede inferir que desbordó sus competencias
como juez de segunda instancia, al pronunciarse desfavorablemente sobre el
reconocimiento del lucro cesante pretendió por los demandantes.
50
Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
23
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00574-00 (862)
Accionantes: Jorge Enrique Jiménez Urrego y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
116.
En este punto, es importante precisar que el recurso de apelación contra la
sentencia del 12 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, fue interpuesto por las dos partes
del litigio, esto es, la Fiscalía General de la Nación y el señor Jorge Enrique Jiménez
Urrego. De manera que, esta situación le permitía a la autoridad judicial revisar el
fallo impugnado sin limitaciones, incluyendo aspectos favorables y desfavorables
para ambos, sin incurrir en reformatio in pejus.
117.
Lo anterior, tiene fundamento en el inciso segundo del artículo 328 del Código
General del Proceso, el cual establece que: «[…] cuando ambas partes hayan
apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones».
118.
En este sentido, resulta evidente que el argumento planteado en el escrito de
tutela, con respecto al defecto procedimental, se fundamentó en una interpretación
parcializada del artículo 328 del C.G.P., pues acudió a la parte inicial de la norma
referida para concluir que el juez de segunda instancia debía pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante (Fiscalía General de la
Nación), sin tener en cuenta las facultades que el inciso segundo del citado artículo
le otorgada a la autoridad judicial accionada para analizar de manera integral y sin
limitaciones el asunto.
119.
Por lo expuesto, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de los
principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de las normas y los criterios jurisprudenciales
aplicables al caso concreto, así como de las pruebas obrantes en el expediente de
reparación directa. Por estas razones, si bien la providencia objeto de tutela no
resultó favorable a los tutelantes en los términos pretendidos, esto no significa que
se hayan desconocido sus garantías constitucionales.
120.
De esta manera, no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de la
acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el
debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de reparación directa,
con el único propósito de obtener un pronunciamiento que se acomode a sus
intereses y pretensiones.
4. Conclusión
121.
La providencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B no vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte actora,
por cuanto el análisis efectuado no resultó arbitrario, o caprichoso, ajeno a
preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que constituya una vía de hecho
por los defectos sustantivo, fáctico, procedimental y desconocimiento del
precedente, que exija la intervención del juez de tutela. Por tal motivo, se negará la
solicitud de amparo.
24
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00574-00 (862)
Accionantes: Jorge Enrique Jiménez Urrego y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla
Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la Fiscalía General de
la Nación, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
Segundo: Negar el amparo de tutela solicitado por el señor Jorge Enrique Jiménez
Urrego y otros contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
25
Sigue leyendo
Lee la providencia completa en RuleX
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.