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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00585-01

Fecha
26 de junio de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00585-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de abril de 2026 por la Sección Tercera, Subsección B, de esta Corporación, que declaró improcedente la acción de tutela. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00585-01

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

26 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00585-01
Accionante: WILLIAM ELOY CABEZAS HUILA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SALA ESPECIAL DE DECISIÓN 6, Y
OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA
ACCIÓN DE TUTELA - Falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

1. Se confirmará la sentencia proferida el 15 de abril de 2026 por la Sección Tercera,
Subsección B, de esta Corporación, que declaró improcedente la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

2. La parte actora pretende utilizar este mecanismo como instancia adicional del proceso
ordinario, para reabrir un debate netamente legal y económico resuelto por el juez
natural.

II. ANTECEDENTES

La demanda

3. El 29 de enero de 2026, William Eloy Cabezas Huila interpuso demanda de tutela para
proteger sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la
administración de justicia, «seguridad jurídica» y remuneración vital y móvil.

4. Atribuyó la vulneración a las sentencias dictadas el 9 de marzo de 2023 y el 25 de
enero de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, y por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
respectivamente, dentro del proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-00881-00/01.
Allí se negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho orientadas a obtener la reliquidación de su asignación de retiro.

5. También cuestionó la providencia proferida el 16 de julio de 20251 por el Consejo de
Estado, Sala Especial de Decisión 6, que declaró infundado el recurso extraordinario de
revisión interpuesto contra la decisión de segunda instancia.

Hechos relevantes

6. William Eloy Cabezas Huila, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, demandó a la Nación, Ministerio de Defensa, Fuerza

1 En el proceso con radicado 11001-03-15-000-2025-00594-00.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00585-01
Accionante: William Eloy Cabezas Huila

Aérea Colombiana2, y a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR)
ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de que se declararan nulos
los actos administrativos mediante los que la Policía Nacional negó la solicitud de
reliquidación y reajuste de la asignación de retiro con base en el IPC.

7. La Sección Segunda, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por sentencia del 9 de marzo de 2023, negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que los actos acusados se encontraban amparados de presunción de
legalidad.

8. El 25 de enero de 2024, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
confirmó la decisión de la primera instancia. El accionante interpuso recurso
extraordinario de revisión con fundamento en la causal prevista en el numeral 8 del
artículo 250 del CPACA, al estimar que la sentencia C-931 de 2004 y la certificación del
Departamento Nacional de Estadística (DANE) constituían “documentos decisivos” para
la resolución de la controversia de nulidad y restablecimiento del derecho por él
planteada.

9. El 16 de julio de 2025, la Sala Especial de Decisión 6 del Consejo de Estado declaró
infundado el recurso extraordinario de revisión, al considerar que la sentencia C-931 de
2004 no tiene naturaleza de documento, como para que prosperara dicho mecanismo.

Pretensiones

10. El accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y que se dejaran
sin efectos las providencias proferidas por la Sala Especial de Decisión 6 del Consejo
de Estado y por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado. Como
consecuencia, pidió que se ordenara proferir una nueva sentencia en la que aplique la
excepción de inconstitucionalidad y se reliquide de manera integral su asignación de
retiro.

Fundamentos de la tutela

11. Según la parte, actora, las cuestionadas desconocieron el mandato contenido en la
sentencia C-931 de 2004 de la Corte Constitucional, al validar la pérdida del poder
adquisitivo del salario bajo argumentos formalistas, sin aplicar la excepción de
inconstitucionalidad frente a los decretos salariales que, a su juicio, resultan contrarios a
la Constitución Política.

12. Frente a la procedencia del amparo constitucional, manifestó que la acción de tutela
es el único mecanismo idóneo para garantizar sus derechos fundamentales, en la medida
en que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho resultó ineficaz y la
decisión adoptada en el recurso extraordinario de revisión no admite recurso ordinario
alguno.

Trámite impartido

13. El 2 de febrero de 2026, el despacho sustanciador del proceso en primera instancia
admitió la tutela contra la Sala Especial de Decisión 6 del Consejo de Estado; la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la Subsección A de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En calidad de terceros

2 Hoy Fuerza Aeroespacial Colombiana.

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Accionante: William Eloy Cabezas Huila

con interés, ordenó notificar a la Nación, Ministerio de Defensa, Fuerza Aérea
Colombiana, y a CASUR.

Intervenciones

14. La Sala Especial de Decisión No. 6 de la Sala Plena del Consejo de Estado 3, a
través de uno de sus magistrados, explicó que el recurso extraordinario de revisión se
sustentó en una supuesta contradicción con una sentencia de la Corte Constitucional (C-
931 de 2004), sin embargo, la Sala concluyó que no se configuraba la causal invocada,
ya que no existía identidad de partes, objeto ni causa entre los procesos, ni se trataba
de decisiones comparables dentro de la misma jurisdicción.

15. Indicó que las decisiones judiciales se ajustaron a derecho, pues el reajuste solicitado
solo procede para quienes adquirieron la asignación de retiro dentro de un período
específico (1997-2004), condición que no cumplía el actor.

16. Dio a conocer que la Sala consideró que el recurso de revisión buscaba reabrir el
debate como una tercera instancia, lo cual es improcedente. En relación con la tutela,
sostuvo que no cumple el requisito de relevancia constitucional ni demuestra vulneración
de derechos fundamentales, sino una inconformidad con decisiones ya analizadas, por
lo que solicitó declararla improcedente o negar sus pretensiones.

17. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A4,
se opuso a las pretensiones al establecer que el derecho a mantener el poder adquisitivo
del salario no es absoluto, pues puede limitarse para servidores con ingresos superiores
a 2 salarios mínimos, como ocurre en el caso del actor, sin que ello implique vulneración
de derechos fundamentales.

18. Adujo que la interpretación del demandante sobre la sentencia C-931 de 2004 es
errónea y que las decisiones cuestionadas respetaron el principio de legalidad del gasto
público, por lo que al no evidenciar violación de derechos fundamentales ni defectos en
las providencias judiciales, solicitó negar la acción de tutela.

19. La Caja de Sueldos de Retiro de Policía Nacional5 señaló que no ha vulnerado
derecho fundamental alguno, ya que las decisiones cuestionadas fueron adoptadas por
autoridades judiciales y confirmadas en las instancias correspondientes, las cuales
negaron el reajuste solicitado por el actor.

20. Afirmó que la tutela pretende convertirse en una tercera instancia y modificar el
régimen especial por esta vía, lo cual es improcedente. Además, plantea falta de
legitimación en la causa por pasiva, pues las presuntas vulneraciones no son atribuibles
a la entidad, por lo que solicitó su desvinculación del proceso o en su defecto que se
declare improcedente la acción de tutela.

Sentencia de primera instancia6

21. El 15 de abril de 2026, la Sección Tercera del Consejo de Estado, Subsección B,
declaró improcedente la tutela por carecer de relevancia constitucional ya que el caso no

3 Samai, índice 14 del expediente de tutela de primera instancia.
4 Samai, índice 17 del expediente de tutela de primera instancia.
5 Samai, índice 19 del expediente de tutela de primera instancia.
6 Samai, índice 24 del expediente de tutela de primera instancia.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00585-01
Accionante: William Eloy Cabezas Huila

planteaba un problema real de vulneración de derechos fundamentales, sino una
controversia de carácter legal sobre la reliquidación de la asignación de retiro.

22. La Sala evidenció que los argumentos del actor ya habían sido analizados y resueltos
por los jueces en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y en el recurso
extraordinario de revisión, sin que se demostrara una afectación grave, concreta o
desproporcionada de derechos fundamentales, sino solo una inconformidad con las
decisiones judiciales adoptadas.

23. Asimismo, se concluyó que la tutela estaba siendo utilizada como una tercera
instancia para reabrir un debate jurídico ya decidido, lo cual desnaturaliza su carácter
subsidiario y excepcional. El actor no cumplió con la carga argumentativa de mostrar un
defecto constitucional en las providencias cuestionadas, sino que pretendió controvertir
la interpretación normativa y probatoria hecha por los jueces naturales.

Impugnación
24. El accionante impugnó7. Afirmó que el caso no se limita a una discusión legal sobre
la reliquidación de la asignación de retiro, sino que involucra la posible vulneración de la
supremacía constitucional, al desconocer la fuerza vinculante de la Sentencia C-931 de
2004, el derecho a la remuneración móvil y el deber de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad. En este sentido, sostuvo que el juez de tutela confundió el análisis
de procedibilidad con un examen de fondo, cerrando indebidamente el debate sin evaluar
los defectos sustantivo, fáctico y de desconocimiento del precedente alegados.

25. Alega que la tutela no pretende actuar como una tercera instancia, sino como un
mecanismo de control constitucional frente a providencias judiciales que habrían omitido
analizar de forma suficiente la actualización real del salario y su impacto en la base de
liquidación de la asignación de retiro.

26. Señaló que agotó todos los medios judiciales ordinarios y extraordinarios, que la
afectación es actual y continuada, y que las decisiones cuestionadas redujeron
indebidamente un problema constitucional a un debate meramente económico.

27. Solicitó revocar la improcedencia, reconocer la relevancia constitucional del caso y
proceder al estudio de fondo de los defectos denunciados.

Manifestación de impedimento

28. Por auto del 18 de junio de 2026, se declaró fundado el impedimento manifestado
por el consejero Fernando Alexei Pardo Flórez. Como consecuencia, quedó separado
del conocimiento de esta acción de tutela (Samai, índices 5 y 8 del expediente de tutela
de segunda instancia).

III. CONSIDERACIONES

Competencia

29. Esta Subsección es competente para resolver la impugnación, conforme a los
artículos 86 de la Constitución y 32 del Decreto 2591 de 1991, concordantes con el
Acuerdo 080 de 2019, por el cual se expidió el reglamento interno de esta corporación.

7 Samai, índice 28 del expediente de tutela de primera instancia.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00585-01
Accionante: William Eloy Cabezas Huila

Problema Jurídico y metodología de la decisión
30. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 15
de abril de 2026, proferida por la Subsección B, de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, que declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.

Análisis de la Sala8

31. Al igual que el juez de tutela de primera instancia, la Sala considera que el asunto
carece de relevancia constitucional por las razones que pasan a explicarse:

32. La acción de tutela no es una instancia adicional para discutir aspectos económicos,
de mera legalidad o la interpretación legítima de los jueces naturales. Este mecanismo
solo procede cuando afloran serias dudas sobre la arbitrariedad, capricho o irracionalidad
de una decisión judicial.

33. La Corte Constitucional ha establecido que un asunto carece de relevancia
constitucional en dos situaciones. Por una parte, cuando la discusión se limita a la simple
determinación de aspectos legales de un derecho (la correcta interpretación o aplicación
de una norma procesal, salvo que de esta se desprendan claramente violaciones de
derechos fundamentales). Por otra parte, cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico porque se trata de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas “que no representen un interés general”9.

34. En síntesis, la acción de tutela contra providencias judiciales no constituye un
escenario para evaluar la calidad o corrección legal de los razonamientos
expuestos. Esta no puede tener por objeto alegar que los argumentos en los que se
sostienen las decisiones cuestionadas no son adecuados, que existen otros mejores, o
que incluso tienen defectos argumentativos. Lo que corresponde plantear es que las
decisiones censuradas tienen la aptitud de desconocer derechos fundamentales o
implican una infracción evidente del debido proceso.

35. Este mecanismo de protección de derechos fundamentales tampoco es un
instrumento para volver a proponer una discusión en torno a la valoración probatoria del
fallo que se cuestiona.

Caso concreto

30. La inconformidad del accionante radica en que las decisiones proferidas por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Consejo de Estado y la Sala Especial de
Decisión 6 de esta Corporación, desconocieron la sentencia C-931 de 2004 de la Corte
Constitucional, al avalar la pérdida del poder adquisitivo del salario mediante argumentos
formalistas y sin aplicar la excepción de inconstitucionalidad frente a decretos salariales
que considera contrarios a la Constitución.

8 En este caso se constata la legitimación en la causa de las partes. La providencia atacada no es una

sentencia de tutela ni de control abstracto de constitucionalidad. También que se encuentra acreditado el
requisito de inmediatez, porque la acción de tutela se presentó el 29 de enero de 2026, plazo que resulta
razonable frente a la providencia que resolvió el recurso extraordinario de revisión (16 de julio de 2025),
se agotaron los medios judiciales ordinarios de defensa y, además, la discusión planteada no versa sobre
una irregularidad procesal.
9 Corte Constitucional, sentencias SU-128 de 2021 y T-610 de 2015.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00585-01
Accionante: William Eloy Cabezas Huila

31. Revisadas las providencias cuestionadas, se tiene que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca analizó el problema jurídico sobre el reajuste salarial, con base en la
inflación (1992–2004), y concluyó que la sentencia C-931 de 2004 no le resultaba
procedente, pues esta no ordenaba actualizar todos los salarios, ni consagraba un
derecho absoluto al mantenimiento del poder adquisitivo.

32. El Consejo de Estado, en segunda instancia, reiteró que el uso del IPC para
reajustes solo aplicó hasta 2004 y que, al haberse reconocido la asignación del
demandante en el año 2011, no era posible su reliquidación con ese criterio.

33. Finalmente, la Sala Especial de Decisión 6 declaró infundado el recurso
extraordinario de revisión, al determinar que la causal invocada fue mal planteada, pues
no existía una decisión previa con cosa juzgada incompatible con la providencia
cuestionada.

36. Entonces, lejos de realizar una interpretación arbitraria y caprichosa, lo que se
evidencia es que el juez natural efectuó un análisis integral y razonado de la situación
fáctica, con fundamento en los preceptos normativos que rigen la materia y la
jurisprudencia aplicable al caso, para concluir que al señor William Eloy Cabezas Huila
no le asiste el derecho reclamado. Por tanto, es claro que la inconformidad del actor se
reduce a una decisión que negó pretensiones económicas.

37. Con todo, la Sala advierte que la decisión que se cuestiona fue proferida por el órgano
de cierre de la jurisdicción contencioso-administrativa, especializado en asuntos de
derecho administrativo laboral.

38. En reiterada jurisprudencia10, la Corte Constitucional estableció que «tratándose de
acciones de tutela dirigidas contra decisiones del Consejo de Estado y la Corte Suprema
de Justicia, la procedencia es mucho más restrictiva, en razón a que son órganos
judiciales que definen y unifican la jurisprudencia en su respectiva jurisdicción».

39. La acción de tutela contra órganos de cierre solo procede cuando se verifique que
«la decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible
con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de
los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad»11.

40. En este caso, no se advierte que la decisión contradiga abiertamente la Constitución
o que sea incompatible con el alcance que la Corte haya asignado a determinado
derecho fundamental.

41. Bajo estas condiciones, la Sala concluye que la presente acción de tutela pretende
reabrir un debate de naturaleza eminentemente legal, ya definido en las instancias
ordinarias y extraordinarias previstas por el ordenamiento, lo que desborda la finalidad
del amparo constitucional y desconoce su carácter subsidiario y excepcional, al no
acreditarse un problema de relevancia constitucional. Por tanto, se confirmará el fallo
impugnado.

10 Sentencia T-261 de 2025.
11 Sentencia SU-050 de 2017.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00585-01
Accionante: William Eloy Cabezas Huila

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de abril de 2026 por la Sección
Tercera, Subsección B, de esta Corporación, que declaró improcedente la acción de
tutela.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

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