Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00587-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00587-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00587-00
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
22 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Veintidós (22) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00587-00
Accionante: Nuvia de las Misericordias Restrepo Herrera
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Decisión
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala resuelve la demanda en ejercicio de la acción de tutela interpuesta por la señora
Nuvia de las Misericordias Restrepo Herrera contra la sentencia proferida el 15 de agosto
de 2025 por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.
SÍNTESIS1
La parte actora cuestiona la sentencia mediante la cual el Tribunal Administrativo de
Antioquia confirmó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho relacionadas con el reconocimiento de
la sustitución pensional. Se concede el amparo del derecho al debido proceso por
configurarse un defecto sustantivo derivado del desconocimiento del efecto de cosa
juzgada de una sentencia judicial.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 29 de enero de 2026, la señora Nuvia de las Misericordias Restrepo Herrera
interpuso, mediante apoderado judicial, una demanda en ejercicio de la acción de tutela
para obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad
social y acceso a la administración de justicia. Según la accionante, esas garantías
constitucionales fueron vulneradas por la sentencia proferida el 15 de agosto de 2025 por
la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 05001-
33-33-022-2018-00431-01, promovido contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, en adelante, UGPP.
2. La accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
• AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social y
acceso a la administración de justicia de la señora Nuvia de las Misericordias
Restrepo Herrera.
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Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del derecho / Sustitución pensional /
Declaración judicial de unión marital de hecho / Defecto sustantivo / Se concede el amparo
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00587-00
Accionante: Nuvia de las Misericordias Restrepo Herrera
Se concede el amparo
• DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia No. 290 del 15 de agosto de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Decisión.
• ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia que profiera una nueva decisión,
en la cual valore de manera integral y razonable la Sentencia Verbal No. 225 del 19
de septiembre de 2019 del Juzgado Quince de Familia de Oralidad de Medellín y el
restante acervo probatorio.
Como medida transitoria o definitiva, ordenar el reconocimiento y pago de la
sustitución pensional, o lo que el despacho considere procedente para la protección
efectiva de los derechos fundamentales vulnerados.
B. Hechos
3.Mediante Resolución No. 51906 del 20 de octubre de 2008, la Caja Nacional de
Previsión Social, en adelante, CAJANAL reconoció al señor Jorge Luis Soto Cortés una
pensión gracia, prestación que al momento de su fallecimiento era pagada por la UGPP.
4. La señora Nuvia de las Misericordias Restrepo Herrera afirmó que convivió en unión
marital de hecho con el señor Jorge Luis Soto Cortés desde el 8 de marzo de 2008 hasta
el 6 de enero de 2017, fecha en la cual el señor Soto Cortés falleció.
5.Con ocasión del fallecimiento del señor Jorge Luis Soto Cortés, la UGPP expidió la
Resolución No. RDP 023971 del 7 de junio de 2017, mediante la cual reconoció la
sustitución pensional a favor de la señora Nuvia de las Misericordias Restrepo Herrera,
en calidad de compañera permanente, ordenando el pago de las mesadas
correspondientes a partir del 7 de enero de 2017 hasta agosto del mismo año.
6. Posteriormente, mediante la Resolución No. RDP 032689 del 18 de agosto de 2017,
la UGPP suspendió el pago de la sustitución pensional previamente reconocida.
7.La señora Nuvia de las Misericordias Restrepo Herrera presentó demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP, con el fin
de obtener la nulidad de la Resolución No. RDP 032689 de 2017 y el restablecimiento del
derecho consistente en la reactivación del pago de la pensión de sobreviviente.
8. El 8 de febrero de 2018, la señora Nuvia de las Misericordias Restrepo Herrera
presentó demanda con el fin de obtener la declaración de existencia de la unión marital
de hecho entre ella y el señor Jorge Luis Soto Cortés, así como la consecuente disolución
y liquidación de la sociedad patrimonial. El proceso correspondió por reparto al Juzgado
Quince de Familia de Medellín, el cual admitió la demanda mediante auto del 7 de marzo
de 2018.
9. Mediante auto del 31 de octubre de 2018, el Juzgado Veintidós Administrativo del
Circuito de Medellín admitió la demanda y dispuso la vinculación de la señora Martina
Ofelia Cortés de Soto (Q.E.P.D), madre del causante, como litisconsorte necesaria.
10. Mediante sentencia del 26 de abril de 2019, el Juzgado Veintidós Administrativo del
Circuito de Medellín negó las pretensiones de la demanda, tras concluir que, si bien se
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Accionante: Nuvia de las Misericordias Restrepo Herrera
Se concede el amparo
acreditó una relación sentimental entre la demandante y el causante, no se probó una
convivencia permanente, singular y continua en los términos exigidos por la Ley 797 de
2003. Además, también concluyó que la señora Martina Ofelia Cortés de Soto tampoco
tenía derecho a la sustitución pensional, pues no se probó que dependiera
económicamente del señor Jorge Luis Soto Cortés.
11. El 20 de mayo de 2019, la señora Nuvia de las Misericordias Restrepo Herrera
interpuso recurso de apelación contra la sentencia del 26 de abril de 2019. Sostuvo que
el juez de primera instancia realizó una indebida valoración probatoria, pues, a su juicio,
el conjunto de testimonios demostraba que la relación era pública, estable y conocida,
que convivían en un inmueble de propiedad del causante, que existía dependencia
económica, que ella asumió las honras fúnebres y que incluso continuaba viviendo en el
inmueble, cuestionando además la credibilidad de los testigos que negaban la
convivencia por presentar contradicciones, imprecisiones o posibles intereses en el
resultado del proceso.
12. El 28 de mayo de 2019, la señora Martina Ofelia Cortés de Soto también interpuso
recurso de apelación, alegando que el juez de primera instancia erró al no reconocer su
derecho como madre del causante, pues, según indicó, los testimonios acreditaban que
su hijo convivía con ella y contribuía a su sostenimiento, cuestionando igualmente la
valoración probatoria realizada por el Juzgado y solicitando que se le reconociera la
sustitución pensional como única beneficiaria.
13. Mediante sentencia proferida en audiencia del 10 de septiembre de 2019, el Juzgado
Quince de Familia de Medellín declaró la existencia de unión marital de hecho entre la
señora Nuvia de las Misericordias Restrepo Herrera y el señor Jorge Luis Soto Cortés
desde el 8 de marzo de 2008 hasta el 6 de enero de 2017. En cumplimiento de esa
providencia, el 13 de septiembre de 2019, el Juzgado expidió el Oficio núm. 1303, por el
cual remitió copia de la sentencia a la Registraduría Nacional del Estado Civil con el fin
de que realizara la correspondiente inscripción en el registro civil de la señora Restrepo
Herrera.
14. Mediante sentencia del 15 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia
resolvió los recursos de apelación y, tras precisar que el análisis debía centrarse en el
cumplimiento del requisito de convivencia exigido por el régimen general de pensiones,
concluyó que no se encontraba acreditada una convivencia efectiva durante los cinco
años anteriores al fallecimiento del causante, por lo cual confirmó la decisión de negar
las pretensiones de la demanda respecto de la señora Nuvia de las Misericordias
Restrepo Herrera. Por otra parte, consideró que frente a la señora Martina Ofelia Cortés
de Soto no podía predicarse cosa juzgada, en la medida en que no había formulado
pretensiones propias dentro del proceso, razón por la cual revocó parcialmente la
decisión de primera instancia en ese aspecto.
C. Fundamentos de la vulneración
15. La accionante sostiene que la Sentencia 15 de agosto de 2025, proferida por la Sala
Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al acceso a la administración
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Se concede el amparo
de justicia, al incurrir en defectos fácticos que condujeron a la negativa injustificada de la
sustitución pensional reclamada.
15.1. En primer lugar, alega la configuración de un defecto fáctico en su dimensión
negativa, por cuanto el Tribunal omitió valorar, e incluso mencionar, la sentencia del 10
de septiembre de 20192, mediante la cual el Juzgado Quince de Familia de Oralidad de
Medellín declaró la existencia de la unión marital de hecho entre la accionante y el señor
Jorge Luis Soto Cortés. A juicio de la accionante, dicha providencia constituye una
“prueba judicial calificada y de fuerza demostrativa reforzada”, cuya exclusión
injustificada vicia la decisión impugnada.
15.2. En segundo lugar, aduce la configuración de un defecto fáctico en su dimensión
positiva, por valoración probatoria irrazonable, pues afirma que el Tribunal le dio
prevalencia absoluta a “testimonios indirectos” para negar la convivencia, sustituyendo la
decisión del juez de familia por una apreciación subjetiva. Sostiene que el Tribunal
desconoció los efectos jurídicos propios de la sentencia declarativa de familia, la cual no
crea la unión marital sino que reconoce una situación preexistente en la realidad.
15.3. Afirma que lo anterior se tradujo, adicionalmente, en un exceso ritual manifiesto, pues
el Tribunal exigió una prueba de convivencia “como si no existiera una declaratoria judicial
previa que ya la había establecido”, imponiéndole una carga probatoria “innecesaria,
desproporcionada y contraria al derecho sustancial”.
D. Trámite procesal
16. Mediante auto del 3 de febrero de 20263 se admitió la demanda de tutela y se ordenó
su notificación al Tribunal Administrativo de Antioquia, así como al Juzgado Veintidós
Administrativo del Circuito de Medellín, a Martina Ofelia Cortés de Soto y a la UGPP en
calidad de terceros con interés.
E. Oposiciones e intervenciones
17. El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Decisión4 (accionado) rindió
informe en el que señaló que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la
accionante, y remitió el enlace del expediente digital del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, indicando que puede ser consultado en SAMAI.
17.1. Precisó que mediante la sentencia del 15 de agosto de 2025 confirmó parcialmente
la Sentencia del 26 de abril de 2019 proferida por el Juzgado Veintidós Administrativo del
Circuito de Medellín, que había negado las pretensiones de la demanda relativas al
reconocimiento de la sustitución de la pensión de jubilación gracia del causante Jorge
Luis Soto Cortés respecto de la accionante. Sostuvo que la decisión fue motivada y se
basó en las pruebas oportunamente allegadas al proceso, y que, contrario a lo afirmado
2
Si bien la actora se refiere a la sentencia del 19 de septiembre de 2019, de la revisión del expediente la Sala advierte
que la sentencia del Juzgado Quince de Familia de Medellín fue proferida en audiencia del 10 de septiembre de 2019.
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Índice 4 del expediente digital en Samai.
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Índices 10 y 11del expediente digital en Samai.
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Accionante: Nuvia de las Misericordias Restrepo Herrera
Se concede el amparo
por la accionante, no se aportó al expediente una sentencia declarativa de la unión marital
de hecho, por lo que no hubo omisión probatoria.
17.2. Añadió que, en todo caso, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido reiterativa
en señalar que la declaración judicial de la unión marital de hecho no releva al solicitante
de la sustitución pensional de acreditar la convivencia efectiva durante los cinco años
inmediatamente anteriores al fallecimiento del causante, exigencia que no fue satisfecha
por la parte actora según el análisis del material probatorio efectuado en la providencia
cuestionada.
18. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social5, UGPP, (tercero con interés) se opuso a las
pretensiones de la demanda de tutela y solicitó declarar su improcedencia y negar el
amparo solicitado.
18.1. Argumentó que la tutela no cumple los requisitos generales de procedencia, en
particular los de subsidiariedad e inmediatez, y que la parte accionante no agotó el
recurso extraordinario de revisión como mecanismo idóneo para controvertir la decisión
judicial que pretende dejar sin efectos. Señaló también que no se acredita la existencia
de un perjuicio irremediable, por cuanto la accionante devenga mesada pensional sin
interrupción. Además, sostuvo que no se configura defecto fáctico ni defecto sustantivo,
por cuanto el Tribunal accionado valoró las pruebas legalmente aportadas al proceso,
acató el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, y
fundamentó su decisión en las normas aplicables al caso.
19. El Juzgado Veintidós Administrativo Oral del Circuito de Medellín6 (tercero con
interés) precisó que el 11 de octubre de 2018 fue radicada la demanda presentada por la
accionante contra la UGPP, que el 26 de abril de 2019 se dictó sentencia negando las
pretensiones, que dicha decisión fue apelada y posteriormente confirmada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia mediante providencia del 15 de agosto de 2025. Sostuvo que
examinó todos los elementos probatorios obrantes en el proceso, dio cumplimiento a la
normatividad aplicable y fundamentó su decisión en jurisprudencia del Consejo de Estado
y de la Corte Constitucional, por lo que no se configura vía de hecho alguna que requiera
la intervención del juez constitucional. Señaló que la simple disconformidad de la
accionante con lo decidido no es suficiente para habilitar la acción de tutela, y que si
desea controvertir la decisión, debe acudir a los mecanismos ordinarios y extraordinarios
previstos en el ordenamiento. Además, remitió copia digital del expediente del proceso
ordinario.
20. El apoderado que representó los intereses de la señora Martina Ofelia Cortés de Soto
(Q.E.P.D) durante el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, tras ser
requerido7 por la Secretaría General del Consejo de Estado para indicar su dirección de
notificación, informó8 que la señora Cortés de Soto falleció “hace aproximadamente 4
años”.
5
Índice 12 del expediente digital en Samai.
6
Índice 13 del expediente digital en Samai.
7
Índice 15 del expediente digital en Samai.
8
Índice 18 del expediente digital en Samai.
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Accionante: Nuvia de las Misericordias Restrepo Herrera
Se concede el amparo
II. CONSIDERACIONES
F. Competencia
21. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la demanda de acción de tutela interpuesta por la señora Nuvia de las
Misericordias Restrepo Herrera contra la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el Reglamento
del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).
G. Sentido de la decisión
22. La Sala concederá el amparo del derecho fundamental al debido proceso de la
accionante por encontrar que la sentencia proferida el 15 de agosto de 2025 por la Sala
Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en un defecto
sustantivo.
I. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda de tutela
23. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se
configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa
de la Constitución.
23.1. En el asunto sub iudice, la accionante cuestiona la sentencia proferida el 15 de
agosto de 2025 por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia,
pues considera que incurrió en un defecto fáctico y en un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto. Sin embargo, la Sala concederá el amparo porque advierte que
la providencia objeto de tutela incurrió en un defecto sustantivo. A continuación, la Sala
describirá las características y elementos del defecto alegado, con el propósito de
determinar el objeto de la litis y examinar a fondo la presunta vulneración de derechos
fundamentales.
24. El defecto fáctico se refiere al yerro en el decreto, práctica o valoración del material
probatorio que incide en el sentido de la decisión. Es decir que, en esencia, se configura
cuando la autoridad judicial “carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión”9. La jurisprudencia constitucional ha
precisado que este defecto se manifiesta en dos dimensiones.
24.1. Por un lado, la dimensión negativa describe una omisión determinante por parte de
la autoridad judicial en las etapas probatorias10. Ello ocurre, por ejemplo, cuando no se
tiene en cuenta una realidad probatoria, no se valoran todos los medios de convicción
9
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10
Corte Constitucional, sentencia SU-074 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
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o, habiendo lugar a ello, no se decreta oficiosamente una prueba.
24.2. Por el otro, la dimensión positiva describe un error ostensible, flagrante y manifiesto
en la apreciación del hecho o de la prueba11. Bajo ese esquema, el defecto se produce
en los eventos en que la decisión se fundamenta en pruebas ilícitas, pruebas que por
disposición legal no son demostrativas del hecho o, por lo general, en una valoración
abiertamente defectuosa de los medios de convicción12.
25. El defecto procedimental es una causal específica de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales y tiene su fundamento en los artículos 29 y 228 de
la Constitución Política, los cuales consagran el derecho al debido proceso, el acceso a
la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustantivo sobre el formalismo
procedimental. Para la Corte Constitucional, este defecto se configura cuando la
actuación judicial vulnera alguna de las garantías procesales esenciales de manera tal
que compromete la validez del procedimiento seguido y, por ende, el goce efectivo de
los derechos fundamentales del afectado.
25.1. La Corte Constitucional13 ha establecido que el defecto procedimental se manifiesta
de dos maneras: (i) el defecto procedimental absoluto, cuando el operador judicial
desconoce o se aparta del procedimiento legalmente establecido y (ii) el exceso ritual
manifiesto, que se presenta cuando «el goce efectivo de los derechos de los individuos
se obstaculiza por un extremo rigor en la aplicación de las normas procesales».
25.2. La procedencia de la acción de tutela por defecto procedimental, ya sea absoluto o
por exceso ritual manifiesto, exige (i) que no exista otro medio para corregir la
irregularidad, salvo la presencia de un perjuicio irremediable; (ii) que el defecto sea
manifiesto y tenga incidencia directa en la decisión cuestionada; (iii) que haya sido
alegado en el proceso ordinario, cuando ello fuera posible; (iv) que no sea atribuible al
afectado; y (v) que genere una vulneración de derechos fundamentales.14
26. El defecto sustantivo se configura cuando un operador judicial desconoce la
Constitución o la ley. La Corte Constitucional15 ha determinado que se está ante un
defecto sustantivo cuando el juez, en ejercicio de su autonomía e independencia,
desborda la Constitución o la ley en desconocimiento de los principios, derechos y
deberes superiores. En ese sentido, puede configurarse un defecto sustantivo por la
errónea interpretación o aplicación de la norma.
26.1. La jurisprudencia constitucional16 ha establecido que, para que se configure este
defecto, el error del juzgador debe ser ostensible, arbitrario y caprichoso, en
desconocimiento de lineamientos constitucionales y legales pertinentes, pues el juez
constitucional no puede inmiscuirse ni definir la forma en que el juez ordinario tiene que
decidir.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-424 de 2021, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
13
Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-418 de 2019. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2017. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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J. Requisitos generales de procedibilidad
27. La Sala observa que se encuentran satisfechos los requisitos que habilitan la
procedencia de la demanda de tutela contra providencias judiciales, por cuanto: (i) la
parte actora identificó los hechos y las razones en que se fundamenta la demanda, así
como los derechos fundamentales que considera vulnerados; (ii) la parte actora utilizó
los mecanismos judiciales a su alcance y contra la sentencia cuestionada no procede
ningún recurso ordinario; (iii) la demanda se presentó dentro de los seis (6) meses
siguientes a la notificación de la sentencia cuestionada17; (iv) el asunto es relevante
constitucionalmente porque se discute una vulneración a derechos fundamentales por
presuntos defectos en una providencia judicial, los cuales no pudieron ser propuestos en
el curso del proceso ordinario; y (v) no se trata de una decisión proferida en sede de
tutela.
K. El caso concreto
28. La Sala concederá el amparo del derecho fundamental al debido proceso, por
encontrar acreditada la configuración de un defecto sustantivo en la sentencia del 15 de
agosto de 2025 proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia. Lo anterior, en la medida que el Tribunal desconoció el efecto de cosa juzgada
de la sentencia proferida el 10 de septiembre de 2019 por el Juzgado Quince de Familia
de Medellín, mediante la cual se declaró la existencia de la unión marital de hecho entre
la accionante y el causante.
29. De manera preliminar, la Sala advierte que la sentencia del Juzgado Quince de
Familia de Medellín fue proferida el 10 de septiembre de 2019, esto es, con posterioridad
a la sentencia de primera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
que fue proferida el 26 de abril de 2019. Incluso, para el momento en que la accionante
presentó el recurso de apelación contra esa providencia, el 20 de mayo de 2019, no se
había proferido aún la sentencia del proceso de declaración de unión marital de hecho.
30. En ese sentido, resulta claro que la accionante, en el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de primera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, no podía invocar la providencia en que le fue reconocida la calidad de
compañera permanente de Jorge Luis Soto Cortés, por cuanto para ese momento no
existía.
31. Sin embargo, de acuerdo con los documentos disponibles en el expediente digital18
allegado al proceso de tutela, es claro para la Sala que el apoderado de la señora Nuvia
de las Misericordias Restrepo Herrera sí hizo referencia expresa a la sentencia proferida
el 10 de septiembre de 2019 por el Juzgado Quince de Familia de Medellín en los
alegatos de conclusión presentados durante el trámite de la segunda instancia del
proceso ordinario. En ese memorial, la accionante afirmó lo siguiente:
17
La providencia se notificó por correo electrónico el 19 de agosto de 2025 y la solicitud de amparo se presentó el 29
de enero de 2026.
18
Página 316 del archivo “01 Expediente físico digitalizado.pdf”, disponible a índice 13 del expediente digital de SAMAI.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00587-00
Accionante: Nuvia de las Misericordias Restrepo Herrera
Se concede el amparo
Lo primero que tengo para manifestar a este respetado Despacho, es que como hecho
sobreviniente, a la fecha se cuenta con sentencia judicial emanada del Juzgado 15 de Familia
del Circuito de Medellín, declarando la unión marital de hecho conformada por la señora
NUVIA DE LAS MISERICORDIAS con el causante, Señor JORGE LUIS SOTO CORTES,
decisión judicial emanada el pasado 10 de Septiembre del año 2019, proceso bajo radicado
único nacional 05 001 31 10 015 2018 00097 00.
En la providencia mencionada anteriormente se logra acabar de demostrar la existencia de
la convivencia entre mi representada y el pensionado fallecido, entre el 8 de Marzo del año
2008 hasta la fecha del deceso, acreditando con más exactitud los hechos y pretensiones
que hoy ocupan la atención de esta Honorable Corporación.
[…]
Me permito aportar copia del acta de la audiencia de instrucción y juzgamiento del Juzgado
15 de Familia del Circuito de Medellín, con copia del Registro de nacimiento de la Señora
NUVIA DE LAS MISERICORDIAS RESTREPO HERRERA, donde consta la anotación de
dicha decisión judicial que declaró la unión marital de hecho.
32. A pesar de lo anterior, en la sentencia del 15 de agosto de 2025, la Sala Cuarta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia no estudió, ni mencionó siquiera, la
sentencia proferida el 10 de septiembre de 2019 por el Juzgado Quince de Familia de
Medellín, que reconoció a la señora Restrepo Herrera como compañera permanente del
señor Soto Cortés.
33. Según doctrina probable19 de la Corte Suprema de Justicia20, la declaración judicial
de la existencia de una unión marital de hecho origina un “auténtico estado civil”, de
manera que trasciende el plano individual y se ubica en una dimensión colectiva, en
donde es objeto de protección del Estado21. En ese sentido, la Corte Constitucional22 ha
reconocido que los jueces de familia son los competentes para conocer sobre la
declaración de uniones maritales de hecho. Por esto, salvo que varíen los supuestos de
hecho que dieron lugar a la declaración de una unión marital de hecho por parte de los
jueces de familia, esa decisión hace tránsito a cosa juzgada y sus efectos precisan con
certeza la relación jurídica objeto de litigio23.
34. En razón de lo anterior, la sentencia de 10 de septiembre de 2019 proferida por el
Juzgado Quince de Familia de Medellín produce efectos de cosa juzgada, los cuales se
imponen y extienden ante terceros, pues con esa providencia se decidió sobre el estado
civil de la actora. Entonces, el desconocimiento de esta consecuencia jurídica por parte
del Tribunal accionado en la providencia objeto de tutela configura un defecto sustantivo.
19
Ley 153 de 1887. Artículo 10. Tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema, como tribunal de casación,
sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina probable, y los jueces podrán aplicarla en casos análogos, lo
cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores.
20
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Autos de 18 de junio de 2008, expediente 00205; de 11 de
noviembre de 2008, radicado 01484; y de 19 de diciembre de 2008, expediente 01200. Sentencias de 11 de marzo de
2009, expediente 00197; de 5 de junio de 2009, radicado 00025; de 19 de diciembre de 2012, expediente 00003; de 5
de febrero de 2016, radicado 00443; de 24 de octubre de 2016, expediente 00069; y de 18 de mayo de 2018, radicado
00274. Esto, en concordancia con los artículos 4 de la Ley 169 de 1886 y 7 del Código General del Proceso, y sentencia
C-836 de 2001 de la Corte Constitucional.
21
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 23 de junio de 2021. M.P. Luis Armando Tolosa
Villabona. Radicación: 05001-31-10-012-2014-01811-01.
22
Corte Constitucional, sentencia C-985 de 2005. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
23
Corte Constitucional, sentencia C-100 de 2009. M.P. Alberto Rojas Ríos.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00587-00
Accionante: Nuvia de las Misericordias Restrepo Herrera
Se concede el amparo
35. Esa interpretación ha sido sostenida por esta Subsección en dos casos similares24 y
por la Corte Constitucional en la sentencia T-466 de 202325, en la cual, en sede de
revisión, confirmó la decisión de amparo proferida por esta Subsección y determinó que
se configura un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial accionada desconoce el
artículo 4 de la Ley 54 de 199026, modificado por el artículo 2 de la Ley 979 de 2005, de
acuerdo con el cual “[l]a existencia de la unión marital de hecho entre compañeros
permanentes, se declarará”, entre otros, “[p]or sentencia judicial, mediante los medios
ordinarios de prueba consagrados en el [CGP], con conocimiento de los Jueces de
Familia de Primera Instancia”.
36. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional y la interpretación reiterada por esta
Subsección, incurre en defecto sustantivo la autoridad judicial que desconoce los efectos
jurídicos de una sentencia judicial en firme que define el estado civil de las personas, en
particular cuando se trata de la declaración de una unión marital de hecho proferida por
el juez de familia en aplicación de la Ley 54 de 1990. Dicha providencia, al declarar la
existencia de la unión marital de hecho conforme al régimen legal que la regula, hace
tránsito a cosa juzgada y produce efectos erga omnes, por lo que el juez contencioso no
podía prescindir de ella ni desconocer sus consecuencias jurídicas sin ofrecer una
justificación suficiente.
37. Por lo anterior, se concederá el amparo del derecho fundamental al debido proceso
de la señora Nuvia de las Misericordias Restrepo Herrera y, en consecuencia, se dejará
sin efectos la providencia cuestionada y se ordenará a la Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia proferir una nueva decisión en la que tenga en
cuenta los efectos jurídicos de la sentencia proferida el 10 de septiembre de 2019 por el
Juzgado Quince de Familia de Medellín.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
24
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencias del 27 de julio de 2022 (radicado 11001-03-15-000-
2022-03134-00, M.P. Martín Bermúdez Muñoz) y del 28 de enero de 2026 (radicado 11001-03-15-000-2025-06304-01,
M.P. Fredy Ibarra Martínez)
25
Dicha sentencia, además, estableció: “102. En segundo lugar, la Sala observa que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca de manera errada desconoció el contenido del artículo 4 de la Ley 54 de 1990, al valorar la Sentencia
del 25 de abril de 2016 proferida por el Juzgado 22 de Familia de Bogotá, como una prueba más para efectos de decidir
si existió o no la convivencia afectiva, permanente y pública entre la accionante y el causante. No obstante, conforme
al artículo 4 de la Ley 54 de 1990, la sentencia referida definió la relación jurídica determinada por la unión marital de
hecho existente entre Miguel Darío Jiménez Beltrán y Diana Paola Carmona Coronel, con efectos de cosa juzgada y
oponible a terceros por constituir una norma jurídica de carácter particular y concreto.
103. En consecuencia, el tribunal accionado, sin justificación alguna, desconoció los efectos de cosa juzgada de una
sentencia judicial en firme proferida por la autoridad competente de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 54 de 1990 y el
numeral 20 del artículo 22 del CGP, este último que dispone que los jueces de familia son competentes, en primera
instancia, de “los procesos sobre declaración de existencia de unión marital de hecho y de la sociedad patrimonial
entre compañeros permanentes, sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios”.
104. En tercer lugar, si bien es claro que el tribunal accionado debió valorar las pruebas obrantes en el proceso, entre
ellas las referidas al tiempo de convivencia, para efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos para acceder
a la sustitución pensional en cabeza de la accionante, en ejercicio de dicho deber debió partir del reconocimiento de la
unión marital de hecho entre la señora Carmona Coronel y el causante, pues dicho elemento fáctico ya había sido
declarado por un juez de familia en una sentencia judicial en firme. Contrario a ello, decidió obviar dicha declaración,
desconociendo así los efectos de cosa juzgada de la mencionada providencia judicial”.
26
Por la cual se definen las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00587-00
Accionante: Nuvia de las Misericordias Restrepo Herrera
Se concede el amparo
RESUELVE
PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la parte actora.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 15 de agosto de 2025 por
la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 05001-33-33-
022-2018-00431-01.
TERCERO: ORDENAR a la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia que, dentro de los diez (10) días siguientes contados a partir de la notificación
de la presente providencia, profiera una nueva sentencia conforme a lo expuesto en la
parte motiva.
CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
QUINTO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada, ENVÍESE el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
SEXTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
Con salvamento de voto
11
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