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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00587-01

Fecha
11 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00587-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 22 de abril de 2026, por medio de la cual Subsección B de la Sección Tercera del Consejo amparó los derechos fundamentales de la parte actora. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00587-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

11 de junio de 2026

Accionante: Nuvia de las Misericordias Restrepo Herrera
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de
Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00587-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00587-01
Demandante: NUVIA DE LAS MISERICORDIAS RESTREPO HERRERA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA CUARTA
DE DECISIÓN

TEMAS: Tutela contra providencia judicial

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de
22 de abril de 2026, por medio de la cual la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales de la actora.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Mediante escrito recibido el 29 de enero de 2026, la actora solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, presuntamente
vulnerados por parte de la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia.

Consideró que estas garantías fueron vulneradas con ocasión de la sentencia de 15
de agosto de 2025, mediante la cual la autoridad accionada confirmó la decisión de
26 de abril de 2019, en la que el Juzgado 22 Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín negó las pretensiones en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 05001-33-33-022-2018-00431-00/01.

1.2. Peticiones de amparo constitucional

En la demanda de tutela se manifestó:

• AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social y
acceso a la administración de justicia de la señora Nuvia de las Misericordias
Restrepo Herrera.

• DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia No. 290 del 15 de agosto de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Decisión.

• ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia que profiera una nueva
decisión, en la cual valore de manera integral y razonable la Sentencia Verbal
No. 225 del 19 de septiembre de 2019 del Juzgado Quince de Familia de
Oralidad de Medellín y el restante acervo probatorio.

1
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Accionante: Nuvia de las Misericordias Restrepo Herrera
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de
Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00587-01

Como medida transitoria o definitiva, ordenar el reconocimiento y pago de la sustitución
pensional, o lo que el despacho considere procedente para la protección efectiva de
los derechos fundamentales vulnerados.1

1.3. Hechos

De la narración realizada en el escrito inicial y lo evidenciado en el expediente, se
resaltan las siguientes premisas fácticas:

Afirmó la señora Nuvia de las Misericordias Restrepo Herrera que, desde el 8 de marzo
de 2008, convivió con el señor Jorge Luis Soto Cortés, hasta el fallecimiento de aquel,
ocurrido el 6 de enero de 2017.

De acuerdo con la resolución 51906 del 20 de octubre de 2008, el señor Soto Cortés
era beneficiario de una pensión de jubilación, motivo por el cual, la accionante solicitó
la sustitución pensional, petición fue accedida inicialmente por la Unidad de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP); no obstante,
la misma entidad suspendió el pago mediante la resolución RDP 32689 de 18 de
agosto de 2017.

Ante lo anterior, la actora acudió al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, que fue asignado en primera instancia al Juzgado 22 Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín con el radicado 05001-33-33-022-2018-00431-00.

A su vez, la ciudadana Restrepo Herrera inició un proceso ante el Juzgado 15 de
Familia del Circuito Judicial de Medellín, con la finalidad de lograr el reconocimiento
de la unión marital de hecho con el causante, dicho expediente se identifica con el
consecutivo 05001-31-10-015-2018-00097-00.

El 26 de abril de 2019, el Juzgado 22 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín
negó las pretensiones en el proceso 2018-00431, puesto que consideró que no se
demostró la condición de compañeros permanentes, que justificara el reconocimiento
pensional a favor de la actora.

El 10 de septiembre de 2019, el Juzgado 15 de Familia del Circuito Judicial de Medellín
declaró que entre Nuvia de las Misericordias Restrepo Herrera y Jorgue Luís Soto
Cortés, existió una unión marital de hecho desde el 8 de marzo de 2008 y hasta el 6
de enero de 2017.

El fallo proferido en la primera instancia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho fue objeto de recurso de apelación y, con providencia de
15 de agosto de 2025, la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia confirmó lo resuelto por su a quo, con base en el mismo sustento esgrimido
por la primera instancia.

1
Transcripción literal, incluyendo posibles errores.
2
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1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora consideró que la corporación accionada incurrió en un defecto fáctico
por omitir una prueba determinante, puntualmente, hace referencia a la sentencia
proferida dentro del expediente 2018-00097, en la que el Juzgado 15 de Familia del
Circuito Judicial de Medellín, reconoció la existencia de la unión marital de hecho entre
la accionante y el causante.

Aseguró que, a pesar de que dicha providencia constituye «una prueba judicial
calificada, con fuerza demostrativa reforzada, que establece como hecho jurídico cierto
la convivencia permanente y singular», el tribunal ni siquiera la mencionó en su
decisión.

A su vez, estimó que la valoración probatoria de los testimonios allegados al proceso
fue irracional, puesto que sustentó su decisión en versiones indirectas para negar la
convivencia y desconoció la verdad ya demostrada en el proceso de familia.

Resaltó que el fallo de la jurisdicción de familia fue de naturaleza declarativa, en ese
sentido, reconoció una situación previa y se constituye como un hecho jurídico que no
puede ser modificado por el juez de lo contencioso – administrativo.

Finalmente, acusó a la autoridad judicial de incurrir en una incongruencia por cuanto
afirmó que no se demostró la convivencia cuando existe una sentencia en la que se
demostró lo contrario.

1.5. Trámite de la acción

Mediante proveído de 3 de febrero de 2026, el magistrado ponente de la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado ordenó notificar como accionado al
Tribunal Administrativo de Antioquia y vinculó, como terceros interesados, al Juzgado
22 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, a Martina Ofelia Cortés de Soto 2 y
a la UGPP.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, se recibieron los siguientes informes:

1.6.1. Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia

El titular del despacho afirmó que la sentencia atacada fue proferida con base en
las pruebas allegadas debidamente al proceso, reconoció que la sentencia
proferida por la jurisdicción de familia tiene valor probatorio, pero esto no releva a
la parte actora de acreditar la convivencia durante los 5 años previos al fallecimiento
del causante.

2
Madre del causante, quien también reclamaba tener derecho a percibir la prestación. El apoderado
que la representó en el proceso declarativo explicó que la señora Cortés de Soto falleció hace 4 años.
3
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1.6.2. UGPP

La entidad demandada en el proceso declarativo manifestó que no se cumplen los
requisitos de inmediatez y subsidiariedad para proceder con el estudio de fondo.

Aseguró que la parte actora debió acudir al recurso extraordinario de revisión, aunque
no indicó en qué causal se fundaría dicho mecanismo. Igualmente, consideró que lo
pretendido es dejar sin efecto una decisión judicial que se adoptó de acuerdo con las
pruebas allegadas al proceso y con base en las normas que regulan la materia.

Abogó por la autonomía judicial y afirmó que en «el caso particular se puede evidenciar
que el acceder a lo solicitado por la parte accionante, decanta en una violación a la
normatividad aplicable y a la jurisprudencia establecida en precedencia, ya que la
acción de tutela no es el mecanismo pertinente para obtener un reconocimiento
pensional».

1.6.3. Juzgado 22 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín.

El despacho que conoció el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en la
primera instancia defendió lo resuelto con base en los siguientes argumentos:

• La parte demandante no logró acreditar los supuestos de hecho que legitiman el
derecho pretendido como compañera permanente del señor Jorge Luís Soto Cortés.

• Las pruebas practicadas en el plenario no ofrecen suficiente convicción para
establecer de manera inequívoca que, en efecto el señor Jorge Luís Soto Cortés y
la demandante sostenían una convivencia en los términos establecidos en el
artículo 13 de la Ley 797 de 2003, por cuanto quienes rindieron sus versiones no
tenían una relación suficientemente cercana con la pareja que permitan inferir el
presupuesto necesario para la prestación objeto de litigio.

• En consecuencia, se negaron las pretensiones de la demandante y se declaró la
nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución N° RDP 023971 del 7 de
junio de 2017 proferido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP.

1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia de 22 de abril de 2026, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado accedió al amparo de los derechos fundamentales de la
accionante.

Dicha determinación la fundó en que el tribunal accionado desconoció los efectos de
cosa juzgada de que goza la sentencia adoptada por el Juzgado 15 de Familia del
Circuito Judicial de Medellín, en la que reconoció la existencia de una unión marital de
hecho y una sociedad patrimonial de la actora con el señor Soto Cortés.

4
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Resaltó que dicha providencia fue proferida incluso después de que se radicara el
recurso de apelación contra el fallo de 26 de abril de 2019, por lo que no podía ser
esgrimida en ese momento.

En su lugar, encontró demostrado que en los alegatos de conclusión de la segunda
instancia, el apoderado de la actora sí hizo referencia a ese nuevo hecho, sin que el
tribunal lo estudiara o, siquiera, lo mencionara.

Partiendo de lo anterior, afirmó:

la declaración judicial de la existencia de una unión marital de hecho origina un
“auténtico estado civil”, de manera que trasciende el plano individual y se ubica en
una dimensión colectiva, en donde es objeto de protección del Estado. En ese
sentido, la Corte Constitucional ha reconocido que los jueces de familia son los
competentes para conocer sobre la declaración de uniones maritales de hecho. Por
esto, salvo que varíen los supuestos de hecho que dieron lugar a la declaración de
una unión marital de hecho por parte de los jueces de familia, esa decisión hace
tránsito a cosa juzgada y sus efectos precisan con certeza la relación jurídica objeto
de litigio

Así las cosas, encontró demostrado el defecto fáctico y ordenó que se profiriera una
nueva decisión en la que se tuvieran en cuenta los efectos de la sentencia emitida en
la jurisdicción de familia.

1.8. Impugnación3

Los magistrados que conforman la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo
de Antioquia cuestionaron lo resuelto por el a quo constitucional en el entendido que
las oportunidades probatorias para solicitar elementos de juicio en segunda instancia
no fueron respetadas por la parte actora.

Afirmaron que:

descendiendo al sub examine la Sala observa que por medio de auto del 12 de
septiembre de 2019 el [m]agistrado ponente admitió el recurso de apelación,
quedando ejecutoriado el 17 de septiembre de 2019. Para ese momento la parte
actora no mencionó la prueba que ahora aduce.

A continuación, se corrió traslado para alegar por medio de auto del 17 de octubre
de 2019, momento para el cual la parte actora aportó la mencionada prueba. Lo
anterior, da cuenta que la prueba no se aportó en el momento procesal oportuno,
la ejecutoria del auto admisorio, sino que se hizo en los alegatos, de ahí que el
citado medio probatorio ni siquiera haya sido objeto de contradicción por parte de
los demás intervinientes, ni mucho menos hubiese sido admitido, y valorado por
la Sala, como legalmente corresponde.

En consecuencia, estimaron que durante la ejecutoria del auto que admitió la
apelación, la parte actora pudo informar sobre lo resuelto en la jurisdicción de familia,

3
La sentencia se notificó mediante correo electrónico enviado el 6 de mayo de 2026 y el escrito de
impugnación fue radicado el 11 de mayo de 2026.
5
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lo cual no hizo y, por lo tanto, solicitaron que la decisión que concedió el amparo debe
ser revocada.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la accionante
contra la sentencia de 22 de abril de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 22 de abril de 2026, a través de la cual la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado accedió al amparo de los derechos
fundamentales de la actora.

Para el efecto, se abordará el estudio del caso así: (i) la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial; (ii) estudio de requisitos adjetivos y, de superarse,
(iii) caso concreto.

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20124 unificó
la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 5.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 6.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 7, la Sala
Plena de lo Contencioso - Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la

4 Sala Plena. Consejo de Estado. Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. acción de tutela - importancia
jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González.
5
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
6
Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
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Accionante: Nuvia de las Misericordias Restrepo Herrera
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de
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Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

Previo a abordar este estudio, se resalta que, si bien la parte actora, al referirse al
fundamento de la vulneración, hizo alusión a una presunta valoración irracional de los
testimonios e incluso una posible incongruencia, todos sus señalamientos van
destinados a cuestionar el desconocimiento de la sentencia proferida por el Juzgado
15 de Familia del Circuito Judicial de Medellín.

En consecuencia, se concentrarán todas las censuras en un defecto fáctico por la
omisión de valoración de dicho elemento probatorio.

2.4.1. Sobre la relevancia constitucional debe tenerse en cuenta que en la sentencia
SU – 215 de 2022, la Corte Constitucional refirió que las finalidades de este requisito
son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal8 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste
relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico9; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.” 10

(…)

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

(…)

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”11 En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales”12

8
Sentencia SU-573 de 2019.
9
Sentencia SU-103 de 2022.
10
Sentencia SU-103 de 2022.
11
Sentencia SU-103 de 2022.
12
Sentencia SU-128 de 2021.
7
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En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

(…)

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto13, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no
debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un
escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección
legal14. (Resaltado de la Sala)

Igualmente, como se señaló previamente, sobre esta suficiencia en la argumentación
de una tutela que se interpone contra una providencia judicial, el Consejo de Estado
ha prohijado los parámetros contenidos en la sentencia C – 590 de 2005, en la cual se
explica que los accionantes deben exponer los defectos 15 en los que incurrió la
decisión atacada.

Ahora bien, en el presente caso la Sala concuerda con la primera instancia en que sí
se acreditó la relevancia constitucional. Esto, por cuanto la parte actora logró acreditar
la posible confrontación entre lo concluido por el Tribunal Administrativo de Antioquia
y lo resuelto por la jurisdicción de familia.

Lo anterior, implica una posible afectación al debido proceso por el presunto
desconocimiento injustificado de lo decidido por el juez natural en lo relativo a la
definición del estado civil de las personas. En especial, porque de la lectura del fallo
de 15 de agosto de 2025, no se observa que la autoridad cuestionada haya realizado
mención alguna de dicho hecho.

2.4.2. La acción de tutela de la referencia no se dirige contra una sentencia de la
misma naturaleza, puesto que la providencia judicial que censura el accionante fue
proferida en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.4.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la sentencia
atacada data del 15 de agosto de 2025, por lo que, sin necesidad de contar la
ejecutoria, es claro que el mecanismo de amparo, radicado el 29 de enero de 2026, se
presentó de manera oportuna.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201416, en la que
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los
criterios fijados por la Corte Constitucional en el fallo C-590 de 200517, para determinar

13
Sentencia SU-573 de 2019.
14
Ibid.
15
Sustantivo, fáctico, violación directa de la constitución, procedimental absoluto, orgánico, error
inducido, decisión sin motivación o desconocimiento del precedente.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela, importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
17
«c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
8
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la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales y, reiteró que
seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de los derechos
fundamentales que se estimen vulnerados con estas.

2.4.4. Por otra parte, en consideración al requisito de agotamiento de los
mecanismos judiciales, en el caso concreto, se tiene que contra la sentencia de
segunda instancia no proceden recursos ordinarios ni extraordinarios, por lo que se
tiene cumplida esta exigencia.

En este punto, conviene precisar que, si bien la controversia gira en torno a una prueba
presuntamente sobreviniente, la causal 1 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 hace
referencia a documentos obtenidos luego de la sentencia, lo cual, no ocurrió en este
caso puesto que el fallo de la jurisdicción de familia se emitió antes de que se resolviera
definitivamente la controversia en la especialidad contencioso – administrativa.

2.5. Generalidades del defecto alegado

Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201518 precisó los alcances y requisitos
que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia del defecto fáctico en
una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente decisión así:

i) Omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii)
desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de
los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación
del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:

Evento Características

Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega,
solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver
Omisión de el problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue
decreto y práctica negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario de
de pruebas negar pruebas que no atiendan los requisitos de conducencia,
indispensables pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es importante considerar
para fallar el que no toda negativa a un decreto de pruebas abre la posibilidad
asunto a la configuración del defecto, ya que este procederá cuando se
rechace el decreto y práctica de la prueba que, solicitada
oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba señalados.

De esta manera, se requiere que:

a) Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
c) Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada
era conducente, pertinente o idónea.

judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos».
18
Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
9
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d) Señalar de manera razonada la razón por la cual, de haberse
decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido
otro.

Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el
expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que
se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el
Desconocimiento fallador ordinario. En este punto, se requiere que de forma
del acervo específica, se concrete en el escrito de amparo, cuáles pruebas,
probatorio aportadas oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el
determinante para juez.
identificar la
veracidad de los Así las cosas, se configura siempre:
hechos alegados
por las partes a) Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por
el juez.
b) Se demuestre que estos fueron aportados en forma legal
y oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes para la
decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos
para variar el sentido del fallo.

Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la
apreciación efectuada por el fallador, resulta
manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el peso
otorgado a la prueba se entiende alterado.

Valoración Requiere entonces que:
irracional o
arbitraria de las a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron
pruebas aportadas objeto de indebida valoración por el juez
b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las reglas
de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta de vital
importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en
relación con la conclusión a la cual arribó el juez de
instancia, de ninguna manera puede ser razón para
ordenar el amparo constitucional por este aspecto.
Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria
del juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado

Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el
Dictar sentencia asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos
con fundamento legales para su producción o introducción al proceso. Así las
en pruebas cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su
obtenidas con apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir
violación del el problema jurídico que le fue planteado, al ser esta una prueba
debido proceso que desconoce el debido proceso de las partes.

Para su configuración corresponde:

a) Señalar con claridad los elementos probatorios aportados
con violación al artículo 29 constitucional.

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b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron el
sustento de la decisión.

Como se observa de los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en
su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto,
sino también, su incidencia en la decisión judicial.

Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para lograr
la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una providencia
judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento jurídico, como lo son
la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad jurídica, la buena fe y los
derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución Política.

Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en que
los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal manera
que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como suele
ocurrir, pues es desacertado

2.6. Caso concreto

En la presente oportunidad se tiene que la parte actora cuestionó que el Tribunal
Administrativo de Antioquia hubiere negado la existencia de una unión marital de
hecho cuando existe un fallo de la jurisdicción de familia que así lo reconoce y que fue
informado antes de que se definiera la controversia ante lo contencioso –
administrativo.

De acuerdo con lo obrante en el plenario, se resalta que, en el expediente 2018 –
00431, se admitió el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia
mediante auto de 11 de septiembre de 2019, el cual fue notificado por estado del día
siguiente.

A su vez, se observa que, durante el traslado para alegar de conclusión, la parte
demandante adujo:

Lo primero que tengo para manifestar a este respetado Despacho, es que como
hecho sobreviniente, a la fecha se cuenta con sentencia judicial emanada del
Juzgado 15 de Familia del Circuito de Medellin, declarando la unión marital de hecho
conformada por la señora NUVIA DE LAS MISERICORDIAS con el causante, Señor
JORGE LUIS SOTO CORTES, decisión judicial emanada el pasado 10 de
Septiembre del año 2019, proceso bajo radicado único nacional 05 001 31 10 015
2018 00097 00.

En la providencia mencionada anteriormente se logra acabar de demostrar la
existencia de la convivencia entre mi representada y el pensionado fallecido, entre el
8 de Marzo del año 2008 hasta la fecha del deceso, acreditando con más exactitud
los hechos y pretensiones que hoy ocupan la atención de esta Honorable
Corporación

Junto con su escrito, allegó la correspondiente acta de la audiencia de 10 de
septiembre de 2019, en la que el Juzgado 15 de Familia del Circuito Judicial de
Medellín declaró la existencia de la unión marital y la sociedad patrimonial entre la
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actora y el señor Jorge Luís Soto Cortés desde el 8 de marzo de 2008 y 6 de enero de
2017, es decir, hasta la fecha de la muerte del segundo.

Igualmente, al verificar el fallo de 15 de agosto de 2025, no se encontró alusión alguna
a dicha circunstancia por parte de la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia.

En este punto, conviene recordar que la definición por vía judicial del estado civil
corresponde a una función de la jurisdicción de familia, como puede verse en los
artículos 4 de la Ley 54 de 199019 y 22 de la Ley 1564 de 201220, lo que convierte a
los funcionarios de esa especialidad en los jueces naturales de esa materia.

En efecto, esto no impide que, cuando se cuestiona el reconocimiento de una
prestación, como la sustitución pensional, el juez de lo contencioso - administrativo
pueda pronunciarse sobre si, en su criterio, se constituyó o no la unión marital de
hecho, puesto que se trata de un aspecto necesario para poder definir la controversia
traída a su conocimiento.

Mas esta facultad está limitada a que no exista una decisión de parte de algún juez de
la jurisdicción de familia, puesto que, de ser así, debe aceptar que es aquella la que
detenta la autoridad para definir el estado civil de las personas y, particularmente,
sobre la existencia de una unión marital de hecho.

Ahora bien, en el presente asunto, se tiene que, previo a que se profiriera la sentencia
de segunda instancia, el apoderado de la parte demandante informó de lo que calificó
como un «hecho sobreviniente» al Tribunal Administrativo de Antioquia y, a su vez,
allegó un elemento material probatorio que respaldaba su dicho; no obstante, la
autoridad judicial no emitió pronunciamiento alguno al respecto.

Debe recordarse que, si bien las especialidades de familia y contencioso –
administrativa son independientes, el servicio de administración de justicia es uno solo
y el estado civil de las personas produce efectos ante terceros, entidades públicas y
privados, es decir, tiene efectos erga omnes, como lo recordó la Corte Constitucional
en la sentencia T – 450 de 2013, así:

Así, el estado civil, como atributo de la personalidad jurídica, se ha definido como
un estatus o una situación jurídica que expresa la calidad de un individuo, frente a
su familia y a la sociedad, en otras palabras “el estado civil es la posición jurídica
de la persona vista su doble condición: individuo y elemento social”. Se trata de una
institución de orden público, universal, indivisible, inherente al ser humano,
indisponible, inalienable, irrenunciable, inembargable, imprescriptible, que no puede

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ARTÍCULO 4. La existencia de la unión marital de hecho se establecerá por los medios ordinarios de
prueba, consagrados en el Código de Procedimiento Civil y será de conocimiento de los jueces de
familia, en primera instancia. (Resaltado fuera de texto)
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ARTÍCULO 22. COMPETENCIA DE LOS JUECES DE FAMILIA EN PRIMERA INSTANCIA. Los
jueces de familia conocen, en primera instancia, de los siguientes asuntos:

[…]

2. De la investigación e impugnación de la paternidad y maternidad y de los demás asuntos referentes
al estado civil que lo modifiquen o alteren. (Resaltado fuera de texto)
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establecerse por confesión, otorga estabilidad, y tiene efectos erga omnes.

De esta forma, no es aceptable que la existencia de una unión marital tenga
reconocimiento pleno de parte de una autoridad judicial (juez de familia) y, de manera
simultánea, se niegue por parte de otra (juez administrativo) sin una justificación
suficiente, puesto que no solo contradice la naturaleza universal e indivisible del estado
civil, sino que genera una inseguridad jurídica respecto de los derechos de la señora
Nuvia de las Misericordias Restrepo Herrera, derivados de su eventual relación con el
señor Soto Cortés.

Es por lo anterior, que, ante la advertencia efectuada por el apoderado de la parte
demandante, consistente en la existencia de la sentencia de 10 de septiembre de
2019, resulta incorrecto que la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia haya guardado silencio y omitiera del todo el alcance determinante que ese
hecho puede tener en el proceso que llevaba a su cargo.

En cuanto a los argumentos entregados por parte de los magistrados que conforman
dicho juez colegiado en esta acción de tutela, estos serán desestimados de plano,
puesto que están dirigidos a tratar de justificar aspectos procesales sobre la falta de
oportunidad en la que incurrió la parte actora al no informar de la existencia de la
sentencia durante la ejecutoria del auto que aceptó la apelación.

Sobre el particular, debe recordarse que, así como la vía constitucional no es el
momento para que los particulares corrijan las actitudes negligentes en las que
incurrieron durante el proceso judicial, tampoco es el escenario para que las
autoridades judiciales incluyan consideraciones que omitieron efectuar al momento de
proferir sus providencias.

Nótese que lo que se reprocha en este punto es el silencio absoluto en que incurrió la
Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia respecto de un hecho
que incidía directamente en la controversia que estaba resolviendo y que fue puesto
en su conocimiento antes de que emitiera la sentencia que finalizaba la actuación
judicial.

Por lo anterior, se confirmará el amparo proferido por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado. Con todo, esto no implica que la autoridad accionada
deba acceder a las pretensiones del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, puesto que ello dependerá del análisis que aborde el tribunal una vez se
pronuncie sobre lo informado por la parte demandante en sus alegatos de conclusión
y dependerá del resultado que autónomamente efectúe ese juez colegiado sobre la
ponderación entre las exigencias procesales y lo que implica la sentencia emitida por
la jurisdicción de familia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

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FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 22 de abril de 2026, por medio de la cual
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo amparó los derechos fundamentales
de la parte actora.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

(con salvamento de voto)
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

“Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos jurídicos
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.”

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