Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00589-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00589-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00589-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
19 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00589-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: LUIS FELIPE MOLINA MONTEALEGRE
TESIS: SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO. EN EL CURSO DE LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA LA
AUTORIDAD ACCIONADA A TRAVÉS DE UNA DE SUS DEPENDENCIAS
RESOLVIÓ LA PETICIÓN PRESENTADA POR EL ACTOR.
DERECHO FUNDAMENTAL: PETICIÓN.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra el
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor LUIS FELIPE MOLINA MONTEALEGRE, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su
derecho fundamental de petición, el cual, a su juicio, le fue vulnerado
por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA al no haberle
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Actor: LUIS FELIPE MOLINA MONTEALEGRE
dado respuesta de fondo, clara y concreta a la solicitud que le envió,
vía electrónica, el 10 de diciembre de 2025, en la que pidió “[…]
concepto respecto del ejercicio de la abogacía por parte de un ex
contratista de un Centro de Conciliación adscrito a una entidad
pública y las presuntas inhabilidades […]”.
I.2.- Hechos
Señaló que el 10 de diciembre de 2025, presentó un derecho de
petición ante el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA con el
fin de que se le diera respuesta a unos interrogantes, referentes al
ejercicio de la abogacía por parte de un ex contratista de un Centro
de Conciliación, adscrito a una entidad pública, y si ello podía
constituir alguna inhabilidad.
Sostuvo que al momento de la presentación de la acción de tutela no
ha recibido ninguna respuesta pese a que ha transcurrido el término
legal para ello.
I.3.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados
como vulnerados, en los siguientes términos:
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Actor: LUIS FELIPE MOLINA MONTEALEGRE
“[…] PRETENSIONES
PRIMERA.- TUTELAR, EL DERECHO FUNAMENTAL (sic) DE PETICIÓN
DE LUIS FELIPE MOLINA MONTEALEGRE vulnerado por EL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, entidad que no dio
respuesta material DE FONDO dentro de los términos de la ley
1755 de 2015, a la petición del 10 de diciembre de 2025.
SEGUNDA. ORDENAR al representante legal del CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA, dar respuesta material y de fondo
a la petición enviada el 10 de diciembre de 2025.
TERCERA - Las demás declaraciones que sean consecuencia de las
anteriores, y que usted señor Juez que usted (sic) estime pertinentes
[…]”.
I.4.- Defensa
I.4.1.- La UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y
AUXILIARES DE LA JUSTICIA (URNA) indicó que el 6 de febrero
de 2026 emitió respuesta de fondo, clara y congruente con la
solicitud del actor, en la que, entre otros, se precisó el alcance de sus
funciones y el régimen aplicable a los contratistas por prestación de
servicios.
Destacó que dicha respuesta fue remitida y notificada al actor a
través del correo electrónico suministrado para el efecto.
En ese orden de ideas, solicitó que se declare la carencia actual de
objeto por hecho superado.
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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger de forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19911. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
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"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso concreto
En el caso bajo examen, el actor pretende obtener el amparo de su
derecho fundamental de petición, el cual estima vulnerado por el
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA al no haberle dado
respuesta de fondo, clara y concreta a la solicitud que le envió, vía
electrónica, el 10 de diciembre de 2025, en la que solicitó la
respuesta a algunos interrogantes relacionados con el ejercicio de la
abogacía por parte de un ex contratista de un centro de conciliación
adscrito a una entidad pública, así como con las eventuales
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley 1123 de 22 de
enero de 2007.
Conforme a lo anterior, corresponde determinar si la autoridad
accionada vulneró el derecho fundamental invocado por el actor, al
presuntamente no dar respuesta de fondo, clara y concreta a la
solicitud formulada el 10 de diciembre de 2025, o si, por el contrario,
se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, de
conformidad con lo expuesto en la contestación presentada por la
URNA en el presente trámite constitucional.
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Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará mención
del marco legal del derecho fundamental de petición, para en seguida
abordar el estudio del fondo del asunto.
Del derecho de petición
El derecho de petición se encuentra establecido en el artículo 23 de
la Constitución Política, que textualmente indica:
“[…] Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales […]”.
Respecto del derecho de petición, la Jurisprudencia de la Corte
Constitucional, entre otras, en sentencia C-818 de 20112, estableció
que:
“[…] En relación con lo que debe entenderse como elementos
estructurales esenciales del derecho fundamental de
petición, reiteradamente, la Corporación ha señalado que estos
se constituyen en la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas.
Sobre el particular, la Sentencia T-490 de 2005, reiterada por
la Sentencia T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006 y
T-108 de 2006, señaló:
“En lo que concierne al derecho de petición, considera la Sala
que conforme a las reglas que en esa materia ha fijado esta
Corporación y que se encuentran contenidas, entre otras, en la
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M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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Actor: LUIS FELIPE MOLINA MONTEALEGRE
Sentencia T-466 de 2004, el núcleo esencial del derecho de
petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión,
el cual en el asunto de la referencia resulta lesionado puesto que
el Seguro Social, según se ha reseñado, no demostró haber dado
respuesta a la petición del actor formulada el 5 de noviembre de
2003. Esta sola circunstancia impedía al a-quo dar aplicación al
artículo 26 del Decreto 2591 de 1991”.
En igual sentido, en la Sentencia T- 147 de 2006, se dijo:
“La abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional en
materia de características esenciales del derecho de
petición, cuyo núcleo esencial reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, tiene como presupuesto esencial una
de dos circunstancias: (i) que al accionante no se le permita
presentar petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud
por parte del accionante. En este sentido, la vulneración del
derecho de petición se presentará o bien por la negativa de un
agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación
– circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado una
petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud
presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).”
De la misma manera, las Sentencias T-1160A de 2001, T-1889
de 2001, T-846 de 2003, T-306 de 2003, T-447 de 2003, T-855
de 2004, T-734 de 2004, T-915 de 2004, T-192 de 2007, T-243
de 2008, T-325 de 2010, entre muchas otras, han señalado que
el derecho de petición en su contenido comprende los siguientes
elementos: (i) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;
(ii) una respuesta que debe ser pronta y oportuna, es decir
otorgada dentro de los términos establecidos en el ordenamiento
jurídico, así como clara, precisa y de fondo o material, que
supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la
materia propia de la solicitud y de manera completa y
congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno
de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo
decidido al peticionario, independientemente de que la
respuesta sea favorable o no, pues no necesariamente se debe
acceder a lo pedido […]”.
El derecho de petición es considerado fundamental y determinante
para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.
Además, porque mediante él se garantizan otros derechos
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constitucionales, como el de información, participación política y
libertad de expresión.
Asimismo, que el núcleo esencial de dicho derecho reside en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la
posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva
para sí el sentido de lo decidido.
Que, por ello, la respuesta debe cumplir con estos requisitos: ser
oportuna; debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera
congruente con lo solicitado; ser puesta en conocimiento del
peticionario. Si la misma no cumple con estos parámetros se incurre
en una vulneración del derecho constitucional fundamental de
petición.
Por su parte, la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015 3 se
ocupó de regular el derecho fundamental de petición y sustituyó el
Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
En lo pertinente al objeto y modalidades del derecho de petición, se
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“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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refirió así la citada Ley:
“[…] Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de
petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los
términos señalados en este código, por motivos de interés
general o particular, y a obtener pronta resolución completa y
de fondo sobre la misma.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades
implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el
artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario
invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá
solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de
una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica,
la prestación de un servicio, requerir información, consultar,
examinar y requerir copias de documentos, formular consultas,
quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse
sin necesidad de representación a través de abogado, o de
persona mayor cuando se trate de menores en relación a las
entidades dedicadas a su protección o formación […]”.
En cuanto al término para resolver las distintas peticiones, la Ley
1755 estableció que es de quince (15) días siguientes a su recepción,
excepto cuando se trate de peticiones de documentos y de
información o consultas a las autoridades en relación con las
materias a su cargo, cuyo plazo es de diez (10) y treinta (30) días,
respectivamente. En todo caso, si no es posible resolver la petición
en los plazos señalados, la autoridad debe informar esa circunstancia
al interesado, antes del vencimiento del término señalado,
precisando los motivos de la demora y el plazo razonable en que se
dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
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previsto.
Descendiendo al caso concreto, visto el marco normativo y
jurisprudencial aplicable al caso bajo estudio, la Sala procede a
realizar el análisis del acervo probatorio allegado al expediente.
De las pruebas obrantes en el expediente se observa que el señor
LUIS FELIPE MOLINA MONTEALEGRE, a través de correo
electrónico, presentó la petición objeto de la solicitud de amparo de
la referencia el 10 de diciembre de 2025, a través de la cual solicitó
lo siguiente:
“[…] 1. ¿Un abogado contratista, es decir, vinculado por medio de un
contrato de prestación de servicios a una entidad pública, es un
servidor público?
2. Un abogado que fue vinculado por contrato de prestación de
servicios a un Centro de Conciliación, centro adscrito a una entidad
pública, ¿está inhabilitado para ejercer la abogacía en ese mismo
Centro de Conciliación una vez ha finalizado su contrato y no se
renueva? Con ejercer la abogacía, me refiero a asesorar de manera
particular a personas y posteriormente llevar trámites,
procedimientos y mandatos en ese Centro de Conciliación, haciendo
la aclaración que todos son trámites posteriores a la salida del
contratista de dicho lugar de trabajo.
3. ¿Se le vulnera el derecho fundamental al trabajo al abogado que
fue contratista de un centro de conciliación centro adscrito a una
entidad pública, y que con posterioridad a la finalización de su vínculo
contractual, decide ejercer la abogacía en ese centro de conciliación
asesorando clientes de manera externa, pero sus directivas
manifiestan que está inhabilitado con base en el numeral 5 del artículo
29 de la Ley 1123 de 2007? Haciendo la aclaración que el ejercicio
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como abogado corresponde a trámites posteriores a la salida del
contratista de dicho lugar de trabajo […]”.
Conforme a lo anterior, la Sala observa que la URNA allegó, con la
contestación de la solicitud de amparo de la referencia, el Oficio de 6
de febrero de 2026, a través de la cual dio respuesta de la siguiente
manera:
“[…] Al respecto, se indica que, las funciones de la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, como
dependencia adscrita el Consejo Superior de la Judicatura, son de
naturaleza eminentemente técnica y se relacionan, principalmente,
con:
• Organizar y llevar el Registro Nacional de Abogados, así como
expedir las tarjetas profesionales de abogado, duplicados y
cambios de tarjeta.
• Expedir el certificado que acredite el cumplimiento de la
judicatura, como requisito alternativo para optar al título de
abogado.
• Remitir a las Altas Cortes las listas de estudiantes para que
realicen sus prácticas académicas, dispuestas en los pensum de los
programas de derecho de las Instituciones de Educación Superior.
• Llevar el Registro Nacional de Jueces de Paz y Reconsideración
(expedición de la respectiva credencial).
• Organizar y llevar el Registro de Auxiliares de la Justicia, así como
resolver los recursos de apelación o queja en contra de las
decisiones que conforman la lista de Auxiliares de la Justicia.
• Llevar a cabo la convocatoria para la conformación de la lista de
peritos de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
• Expedir las licencias temporales para el ejercicio de la abogacía.
• Llevar el registro de sanciones disciplinarias y penas accesorias
impuestas a los abogados por faltas cometidas en el ejercicio de su
profesión (registrar sanción).
Como se observa, en relación con la abogacía, esta Unidad,
únicamente, tiene competencia para llevar su registro, expedir las
tarjetas profesionales y llevar el registro de sanciones disciplinarias
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y penas accesorias por faltas cometidas en el ejercicio de la
profesión. No obstante, lo anterior, con el propósito de orientar sus
cuestionamientos, se indica que, el artículo 123 de la Constitución
Política de Colombia dispone que son servidores públicos:
“Artículo 123: Son servidores públicos los miembros de las
corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y
de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.
Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la
comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la
Constitución, la ley y el reglamento.
La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que
temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su
ejercicio”.
De acuerdo con esta norma, los servidores públicos son los
miembros de corporaciones públicas, empleados públicos y
trabajadores oficiales. El contratista por prestación de servicios no
tiene vínculo legal ni reglamentario, ni relación laboral con la
entidad, por tanto, no ostenta la calidad de servidor público.
De otra parte, respecto a las incompatibilidades para el ejercicio de
la profesión de abogado, el artículo 29 de la Ley 1123 de 2007
dispone:
“Artículo 29. Incompatibilidades. No pueden ejercer la abogacía,
aunque se hallen inscritos:
(…) 5. Los abogados en relación con asuntos de que hubieren
conocido en desempeño de un cargo público o en los cuales
hubieren intervenido en ejercicio de funciones oficiales. Tampoco
podrán hacerlo ante la dependencia en la cual hayan trabajado,
dentro del año siguiente a la dejación de su cargo o función y
durante todo el tiempo que dure un proceso en el que hayan
intervenido (…)”.
De acuerdo con la norma citada, existe la prohibición de actuar
ante la dependencia que trabajó dentro del año siguiente al retiro
del cargo con el fin de evitar conflictos de intereses, uso de
información privilegiada o ventajas frente a las demás partes.
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Actor: LUIS FELIPE MOLINA MONTEALEGRE
En el análisis de dicha causal de incompatibilidad para los
contratistas, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial señaló:
“En atención a lo anterior, obsérvese que la colaboración a una
autoridad pública a través de la realización de actividades o
prestaciones que interesan a los fines públicos no implican per se
una transferencia de funciones públicas. Por consiguiente, debe
revisarse según la naturaleza y objeto del negocio jurídico
celebrado: (i) si se está en presencia de la obtención de
prerrogativas del Estado, y (ii) si las atribuciones del contratista no
se agotan con la ejecución material de las prestaciones (…)
En las decisiones referidas, la misma Corporación reiteró que para
identificar correctamente si a través de la vía contractual se
atribuyeron funciones públicas es imperativo verificar si las
obligaciones están relacionadas con el ejercicio de atribuciones
«que el Estado le permite [al contratista] excepcionalmente
desempeñar, lo cual lo coloca en una súper posición respecto de
los demás».
Esa posición privilegiada del contratista particular debe estar
necesariamente asociada al ejercicio de actos propios de una
autoridad estatal como podría ser, por ejemplo, la facultad para
tramitar actuaciones administrativas, ejercer la vigilancia de los
contratos de los contratos estatales —actividad típicamente estatal
— o de administrar o recaudar bienes o caudales públicos, cuando
precisó que «[l]a función pública se manifiesta, a través de otros
mecanismos que requieren de las potestades públicas y que
significan, en general, ejercicio de la autoridad inherente del
Estado».
Ahora bien, a partir de las normas constitucionales, legales y la
jurisprudencia referida, la doctrina reiteró que «sólo existen dos
instrumentos jurídicos para habilitar a un particular para
desarrollar tales funciones oficiales, esto es, o la ley o el convenio
en los términos de la Ley 489 de 1998. Por fuera de esos dos casos,
resulta imposible predicar el ejercicio de tales funciones en manos
de los particulares, pues se trata de una materia reservada a la ley.
En consecuencia, el legislador definió en el artículo 53 de la Ley
734 de 2002, ahora artículo 70 de la Ley 1952 de 2019, que los
únicos «particulares que pueden desempeñar funciones públicas en
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materia contractual, [son]: (i) los interventores, (ii) los contratistas
que participan como miembros de los comités de evaluación de
ofertas, (iii) los contratistas que ejercen funciones públicas en los
términos de la Ley 489 de 1998, y (iv) los contratistas que
administren recursos públicos”.
En virtud a la citada providencia, el mero vínculo contractual de un
particular con una entidad no implica el ejercicio de funciones
públicas, pues para que esto ocurra, es indispensable que, el
contratista sea investido de prerrogativas propias del Estado y, por
ende, pueda realizar actos de autoridad.
En este sentido y teniendo en cuenta los elementos fácticos y
jurídicos expuestos en la petición, si el centro de conciliación es de
naturaleza pública y las actividades desarrolladas en virtud al
contrato de prestación de servicios, correspondían a ejercicio de
función pública, el profesional del Derecho se encontraría incurso
en dicha causal.
El anterior concepto se emite en los términos del artículo 28 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. […]”.
Vale la pena destacar, que la citada respuesta fue notificada en la
misma fecha, al correo electrónico del actor dispuesto para el efecto, así:
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Por lo precedente, para la Sala es evidente que la URNA, en el curso
de la presente acción4, atendió y dio respuesta a la solicitud del actor,
razón por la cual se advierte que las circunstancias fácticas que
generaron la presunta vulneración desaparecieron y se entiende que
se ha configurado la carencia actual de objeto, por hecho superado.
Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia
actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la
sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han
sido encomendados»5. Y en la misma sentencia se precisó que el
fenómeno previamente descrito puede materializarse a través de las
siguientes figuras:
“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la
vulneración que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o
afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma
que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir
que se concrete el peligro, no es factible que el juez constitucional
dé una orden al respecto.
El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la
violación o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan solo
es procedente el resarcimiento del daño originado por la violación
del derecho. Cuando al momento de la interposición de la acción
de tutela el daño ya está consumado, por regla general, esta
resulta improcedente, puesto que dicha acción tiene una finalidad
preventiva y no indemnizatoria.
4
La Sala advierte que la acción de tutela de la referencia fue radicada el 29 de enero de 2026.
5
Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo.
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(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en el
que, entre el momento en que se interpone la demanda de
amparo y el fallo se evidencia que, como producto del obrar
de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a los
derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la
conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por
tanto, se superó la afectación y resulta inocua cualquier
intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr
la protección de unos derechos que, en la actualidad, no se
encuentran afectados ni amenazados (regulada en el artículo
26 del Decreto 2591 de 1991) .
(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta en
casos en que como producto del acaecimiento de una situación
sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la parte
demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya sea
porque el actor asumió la carga que no le correspondía, porque a
raíz de dicha situación perdió interés en el resultado de la litis, o
por cualquier otro hecho que haga inútil o innecesaria la
intervención del juez de tutela […]”6. (Negrilla fuera del texto).
En el mismo sentido, esta Sala, en relación con eventos en los cuales
se ha dado cumplimiento a lo perseguido por el actor, ha indicado lo
siguiente:
“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados o
vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite cesan
o desaparecen los motivos que generan la amenaza o la
vulneración, o su consumación impide el ejercicio del derecho, el
objeto o la pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde su
efecto necesario, al punto de no existir el motivo u objeto que
justifica la intervención preferente del juez constitucional. Se sigue
de lo dicho, que la carencia actual de objeto se presenta a través
de dos eventos, a saber: el hecho superado y el daño consumado.
El primero acaece cuando se supera la afectación de tal manera
que el pronunciamiento del juez pierde su finalidad constitucional
por cuanto la decisión que pudiere adoptar sería inocua y contraria
al objetivo de protección inmediata y efectiva constitucionalmente
previsto, o en el evento en que ya no hay lugar a ordenar lo
6
Ibidem.
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Actor: LUIS FELIPE MOLINA MONTEALEGRE
pretendido por cuanto con ello no se va a lograr el amparo
solicitado. La jurisprudencia constitucional lo explica así: La
carencia actual de objeto por hecho superado se da cuando entre
el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento
del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la
demanda de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en
tal sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido
antes de que el mismo diera orden alguna […]”7.
Consecuente con lo anterior, comoquiera que tal hecho ha sido
superado, la Sala declarará la carencia actual de objeto, pues la
petición presentada por el actor el 10 de diciembre de 2025, ya fue
resuelta de forma clara, completa y de fondo y, asimismo, se le
notificó al correo electrónico dispuesto para ello, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
HECHO SUPERADO, de conformidad con lo expuesto en la parte
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente:
Roberto Augusto Serrato Valdés. Bogotá, D.C., 14 abril de 2016. Radicación número: 54001-23-33-
000-2016-00061-01(AC). Actor: Yorman Mauricio Tobos Peñaranda. Demandado: Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional - Dirección de Sanidad.
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motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de febrero de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley.
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