Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-00590-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-00590-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-00590-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00590-00
Demandante: SOCIEDAD INVERSIONES CAMPOAMALIA S.A.S.
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA
Tema: Tutela contra providencia judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Se decide en primera instancia, la acción de tutela de la referencia de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019, modificado y adicionado
por el Acuerdo 434 de 2024, de la Sala Plena de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
La Sociedad Inversiones Campoamalia S.A.S (en adelante Campoamalia), a
través de apoderada judicial1, instauró acción de tutela2 contra el Consejo de
Estado, Sección Cuarta, a efectos de que le sean amparados sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y los
principios de confianza legítima, seguridad jurídica y «reserva legal en materia
tributaria».
Las anteriores garantías las estimó trasgredidas con ocasión de la sentencia
proferida el 28 de agosto de 2025, que confirmó el fallo dictado el 16 de agosto
de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de
Decisión3, al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 05001-23-33-000 2021-00010-01 (29335), y en el que
se negaron las pretensiones de la demanda.
1 Poder otorgado a la abogada Verónica Jaramillo Jaramillo, para promover la presente acción,
y que fue conferido a través de mensaje de datos por la señora Alba Lucía Palacio Arango
(representante legal de Campoamalia según consta en certificado de existencia y
representación legal del 5 de enero de 2026) - índice 02 de Samai.
2 La cual fue radicada por ventanilla virtual, el 29 de enero de 2026, con solicitud No. 21528 –
índice 01 del aplicativo Samai.
3 La decisión acusada fue suscrita por los magistrados Susana Nelly Acosta Prada, John Jairo
Álzate López y Jorge León Arango Franco.
Demandante: Sociedades Inversiones Campoamalia S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00590-00
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y pidió:
7.2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia impugnada, por incurrir en
defectos sustantivo, fáctico, por desconocimiento del precedente
constitucional, violación directa de la Constitución y falta de motivación
suficiente.
7.3. ORDENAR al Consejo de Estado que profiera una nueva decisión, en
la que:
➢ Realice un examen de compatibilidad material del Decreto-Ley
2375 de 1974 frente a la Constitución de 1991.
➢ Aplique de manera expresa la doctrina de la inconstitucionalidad
sobreviniente.
➢ Analice de fondo los cargos relativos a reserva legal, confianza
legítima, principio democrático, base gravable, liquidación
presuntiva y valoración probatoria.
7.4. DISPONER la inaplicación del Decreto-Ley 2375 de 1974 en el caso
concreto, por resultar incompatible con los artículos 4, 150-12 y 338 de la
Constitución Política. 7.5. ORDENAR las medidas necesarias para
restablecer plenamente los derechos fundamentales del accionante y
evitar que se continúe exigiendo una contribución carente de respaldo
constitucional.4
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala destaca los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión
que se adoptará:
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), mediante liquidación
0000005702427 del 29 de octubre de 2019, determinó a cargo de la sociedad
Inversiones Campoamalia el pago de la contribución al Fondo Nacional de
Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC),
correspondiente a los periodos comprendidos entre diciembre de 2013 y julio
de 2018, por un valor total de $964.593.443.
Con fundamento en dicha liquidación, el director de la Regional Antioquia del
SENA expidió la Resolución 012022 del 5 de diciembre de 2019, mediante la
cual libró orden de pago a favor del FIC y a cargo de la referida sociedad, por
el monto antes señalado.
Contra la Resolución 012022 de 2019, la sociedad interpuso recurso de
reposición, el cual fue resuelto mediante Resolución 006761 del 24 de
4 Transcripción del texto original que puede contener errores.
2
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Demandante: Sociedades Inversiones Campoamalia S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00590-00
noviembre de 2020, en el sentido de confirmar integralmente la decisión
recurrida.
En vista de tales actuaciones, Campoamalia promovió demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el SENA,
con el propósito de obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones
012022 de 2019 y 006761 de 2020, las cuales, en su criterio, carecen de
sustento legal al haber sido expedida con base en el Decreto 2375 de 1974 5,
que, según explicó la demandante, había perdido vigencia con la expedición
de la Constitución Política de 1991.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, mediante
sentencia del 16 de agosto de 2024, negó las pretensiones de la demanda.
Consideró que la actuación administrativa se ajustó al debido proceso y
respetó las garantías de defensa y contradicción. Asimismo, sostuvo que los
actos acusados se encontraban debidamente motivados y sustentados en la
información aportada por la demandante y en la normativa aplicable.
En relación con el cuestionamiento formulado frente a la vigencia del Decreto
2375 de 1974, el tribunal estimó que la entrada en vigor de la Constitución
Política de 1991 no implicó su derogatoria automática, en la medida en que no
se evidenciaba incompatibilidad insuperable con el nuevo orden constitucional
y, además, dicha normativa había sido objeto de regulación posterior.
La demandante, formuló recurso de apelación en el que, entre otros reparos,
reiteró la ilegalidad del acto administrativo proferido por el SENA, dado que el
fundamento legal que le dio sustento desapareció con ocasión de la nueva
carta política y, en ese sentido, se viola el principio de legalidad en materia
tributaria.
La anterior decisión fue confirmada por el Consejo de Estado, Sección Cuarta,
mediante sentencia del 28 de agosto de 2025. En dicha providencia, la
corporación reiteró que la promulgación de la Constitución de 1991 no produjo
la derogatoria en bloque de la legislación preexistente, desestimando así el
cargo de inconstitucionalidad sobreviniente del Decreto 2375 de 1974.
De igual forma, la autoridad judicial accionada concluyó que los actos
administrativos demandados fueron expedidos con observancia del debido
proceso y que no adolecían de indebida motivación, pues en ellos se precisó
la base gravable correspondiente a cada periodo. Refirió que la determinación
de la contribución se efectuó dentro del término prescriptivo previsto en el
artículo 2536 del Código Civil y que la utilización de la liquidación presuntiva,
5
Por el cual se dictan medidas destinadas a combatir el desempleo.
3
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conforme a la Resolución 1449 de 2012, fue acertada de cara a las
particularidades del caso concreto.
La anterior providencia fue notificada por estado el 3 de septiembre de 20256.
1.4. Sustento de la vulneración
La sociedad accionante planteó que la sentencia del Consejo de Estado,
Sección Cuarta, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, así como principios constitucionales
como supremacía constitucional, reserva de ley tributaria, confianza legítima,
seguridad jurídica, soberanía popular, participación democrática y legalidad, al
mantener la exigibilidad del FIC y avalar su determinación en las condiciones
aplicadas por el SENA.
Afirmó que la Sección Cuarta incurrió en defecto sustantivo y en violación
directa de la Constitución, al aplicar el Decreto-Ley 2375 de 1974 para
sustentar la vigencia del FIC pese a que, en su criterio, dicha norma sería
materialmente incompatible con la Constitución de 1991 que consagra la
reserva de ley en materia tributaria. Adujo que, en el régimen constitucional
vigente, solo el Congreso está habilitado para crear tributos o contribuciones
parafiscales y definir sus elementos esenciales; por ello, mantener un
gravamen creado por el Ejecutivo implicaría desconocer una transgresión de
la Constitución Política.
En ese mismo orden, argumentó que la providencia cuestionada desconoció
el precedente constitucional sobre la subsistencia de normas
preconstitucionales, pues omitió aplicar las reglas fijadas en las sentencias C-
014 de 1993, C-040 de 1993 y C-560 de 2019, que exigen un examen de
compatibilidad material y, de ser el caso, la inaplicación de disposiciones
preconstitucionales incompatibles con la Carta de 1991. A su juicio, la
autoridad judicial accionada se limitó a afirmar la vigencia del Decreto 2375 de
1974 sin confrontarlo con tales pautas, lo cual afectaría, además, la igualdad
y la seguridad jurídica.
Por otro lado, la accionante cuestionó que el Consejo de Estado hubiera
avalado el uso de la Resolución 1449 de 20127 como soporte para fijar
procedimientos, parámetros y bases presuntivas de liquidación del FIC.
Explicó que el Decreto Ley de 1974 no habría regulado aspectos esenciales
del tributo y que, por tanto, el SENA habría precisado estos elementos por vía
reglamentaria, excediendo su competencia y sustituyendo al legislador en
materias sujetas a reserva de ley.
6 Se comunicó el estado por correo electrónico el 3 de septiembre de 2025. Índices 22 y 23 de
Samai. Radicado 05001-23-33-000-2021-00010-01.
7
Por la cual se regula el funcionamiento del Fondo Nacional de Formación Profesional de la
Industria de la Construcción del SENA FIC.
4
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Planteó que la sentencia incurrió en defecto fáctico, porque validó una
liquidación presuntiva del FIC sin soporte legal ni probatorio suficiente y sin
valorar adecuadamente la prueba aportada por la demandante. En particular,
comentó que al proceso contencioso se allegaron contratos, certificaciones y
documentos contables que permitían determinar de manera real la base de
cálculo y controvertir la obligación; no obstante, la providencia omitió un
análisis individualizado, no explicó su desestimación y tampoco confrontó
dichas pruebas con las presunciones usadas por la administración.
1.5. Admisión de la demanda
A través de auto del 9 de febrero de 20268, la Magistrada Ponente resolvió
admitir la solicitud de amparo y, en consecuencia: (i) notificar de la acción de
tutela al Consejo de Estado, Sección Cuarta; (ii) vincular en calidad de terceros
con interés a al Tribunal Administrativo de Antioquia y al SENA; (iii) requerir al
a quo y al ad quem del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho para
que remitieran el expediente identificado con el radicado 05001-23-33-000-
2021-00010-00/01; y (iv) reconocer personería para actuar a la abogada
Verónica Jaramillo Jaramillo en calidad de apoderada judicial de la parte
actora.
1.6. Contestación e intervenciones
La Secretaría General de la Corporación, en cumplimiento a lo ordenado en el
auto admisorio de la acción de tutela, libró los oficios dirigidos a los sujetos
procesales9, en virtud de los cuales se recibieron los siguientes:
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Cuarta
La autoridad judicial accionada peticionó que la acción de tutela sea declarada
improcedente o, en su defecto, negada, al considerar que no plantea un
verdadero debate de relevancia constitucional, sino que pretende reabrir una
discusión de naturaleza legal relacionada con la confirmación de la legalidad
de los actos administrativos mediante los cuales el SENA determinó la
contribución al FIC a cargo de la sociedad accionante.
8 Índice 5 del expediente de Samai.
9 Índice 8 del expediente de Samai. La notificación se surtió a los correos:
sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co, memorialestaant@cendoj.ramajudicial.gov.co,
des01taanq@cendoj.ramajudicial.gov.co, judicialdirecciong@sena.edu.co,
servicioalciudadano@sena.edu.co, vjaramiloja@hotmail.com, gerencia@construjuridica.com
lruizh@consejodeestado.gov.co, lopezr@consejodeestado.gov.co,
notiflrodriguez@consejodeestado.gov.co, yacevedoa@consejodeestado.gov.co,
sladinoc@consejodeestado.gov.co, notifwramos@consejodeestado.gov.co,
notifmgutierrez@consejodeestado.gov.co, mherrerat@consejodeestado.gov.co,
vbalcarcelg@consejodeestado.gov.co, nosorior@consejodeestado.gov.co, y
notifcrodriguez@consejodeestado.gov.co.
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Advirtió que el juez de tutela ejerce un juicio de validez y no de corrección, por
lo que la sola inconformidad con el sentido de una providencia judicial no
resulta suficiente para habilitar su control constitucional, máxime cuando la
decisión se encuentra amparada en la autonomía e independencia judicial.
Agregó que, incluso si se estimara superado el examen de procedencia, la
sentencia cuestionada fue adoptada con fundamento en el marco normativo y
jurisprudencial vigente y en los hechos probados en el proceso. Indicó que en
la providencia de segunda instancia se resolvieron todos los cargos
formulados por la parte actora y se expusieron las razones para confirmar la
sentencia de primera instancia.
1.6.2. Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
La entidad solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela y,
subsidiariamente, la negativa de las pretensiones. Manifestó que la sentencia
cuestionada resolvió de fondo todos los cargos formulados por la parte actora
y que no se advierte la existencia de algún defecto. A su juicio, la
inconformidad de la accionante obedece a una discrepancia interpretativa
sobre la vigencia y aplicación del Decreto Ley 2375 de 1974, asunto que fue
analizado y decidido de manera motivada por el juez natural.
En relación con la alegada incompatibilidad de este decreto con la Constitución
de 1991, indicó que el Consejo de Estado examinó expresamente ese
planteamiento y concluyó que no existía derogatoria tácita ni incompatibilidad
que implicara la pérdida de vigencia de la norma.
En cuanto al cuestionamiento sobre la liquidación presuntiva, expuso que en
el proceso ordinario se examinó la metodología empleada para la
determinación de la base gravable y se concluyó que esta se ajustó a lo
previsto en la Resolución 1449 de 2012 del SENA. Explicó que la utilización
del método presuntivo obedeció a la insuficiencia de la documentación
aportada por la sociedad, lo que habilitaba su aplicación conforme al marco
normativo vigente.
Finalmente, sostuvo que no se configura defecto fáctico, pues tanto el tribunal
como el Consejo de Estado realizaron una valoración integral del material
probatorio y motivaron su decisión con fundamento en las pruebas obrantes
en el expediente.
1.6.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia no se pronunció sobre el
fondo de la acción de tutela y se limitó a enviar el expediente digital del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho.
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido por el artículo 86 de la Constitución política, el
Decreto 2591 de 1991 y el numeral 7° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 201510, modificado por el Decreto 333 del 6 de abril de 2021 y el Acuerdo
080 de 2019, modificado y adicionado por el Acuerdo 434 de 2024, de la Sala
Plena del Consejo de Estado.
2.2. Problema jurídico
Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos que
subyacen al caso concreto son los siguientes:
• ¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?
De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:
• ¿El Consejo de Estado, Sección Cuarta, vulneró los derechos
fundamentales de la sociedad actora, con ocasión de la sentencia del
28 de agosto de 2025 que confirmó la negativa de las pretensiones al
interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 05001-23-33-000-2021-00010-00/01?
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se abordarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencia judicial, ii) los requisitos generales de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial y iii) el caso en concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
201211 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
10 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del
Derecho.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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Demandante: Sociedades Inversiones Campoamalia S.A.S.
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Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema12 y declaró su procedencia.13
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y, iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse
el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia
del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,
se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión
sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que
la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Es necesario manifestar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias
del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de
la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Relevancia constitucional
El criterio de relevancia constitucional establece la distinción que debe existir
entre el juez natural del caso y el juez constitucional, respetando la
competencia que cada uno tiene. Pues, como se ha sostenido en líneas
anteriores, la acción de tutela no se erige en una tercera instancia. Al respecto,
la Sala considera pertinente traer a colación lo expuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia SU 215 de 202214, la cual, desarrolló y explicó
los derroteros que deben observarse en aplicación de este requisito de
relevancia constitucional.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
13 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta
providencia.”
14 M.P. Natalia Ángel Cabo.
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En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo
de amparo constitucional contra una decisión judicial:
el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en
cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo
tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los
jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del
principio de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción
de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias
o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
Lo anterior como un eje fundamental para:
lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico,
pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son
de su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz
de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del
uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal15 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no
referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico16;
es decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible”
relevancia constitucional.”17
(…)
15 Sentencia SU-573 de 2019.
16 Sentencia SU-103 de 2022.
17 Sentencia SU-103 de 2022.
9
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En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal
y/o económica.
(…)
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela
se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter
legal.”18 En este orden, se reitera que el examen de relevancia
constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera
“inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales”19
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave
un derecho fundamental.
(…)
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela
dirigida contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto20, lo que
implica verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial
claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la
tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia
adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir
controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal21.
(Resaltado de la Sala)
2.5. Caso concreto
Al revisar el escrito introductorio, los memoriales de contestación al amparo
constitucional y las pruebas incorporadas al trámite, se anticipa que la acción
de tutela debe ser declarada improcedente por cuanto no supera el requisito
de relevancia constitucional expuesto en líneas anteriores.
Aclarado lo anterior, se tiene que, en apreciación de la parte actora, la
autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia mediante la sentencia que
confirmó la negativa de las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 05001-23-33-000-
2021-00010-00/01.
Esta Sala encuentra que, desde el ámbito argumentativo, los reparos
expuestos en el líbelo inicial, pese a hacer una enunciación de garantías
constitucionales, no exponen con suficiencia razones de peso que justifiquen
la intromisión del juez constitucional en un asunto asignado al juez ordinario.
Máxime por cuanto no se evidencia prima facie vulneración de los derechos
18 Sentencia SU-103 de 2022.
19 Sentencia SU-128 de 2021.
20 Sentencia SU-573 de 2019.
21 Ibid.
10
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fundamentales por parte de la autoridad judicial accionada y estamos en
presencia de una providencia dictada por una alta corte.
Por el contrario, lo formulado en el escrito de tutela en relación con los defectos
señalados constituye una reiteración de los argumentos impetrados al interior
del trámite ordinario. En tal sentido, la controversia propuesta por la tutelante
ya fue resuelta por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante la
providencia cuestionada en la presente acción constitucional.
Los reparos de la solicitud tutelar en cuanto al defecto sustantivo, la violación
directa de la Constitución y el desconocimiento del precedente giran en torno
a la aplicación del Decreto Ley 2375 de 1974, el cual, en sentir de
Campoamalia, fue derogado por la Constitución Política de 1991. Asimismo,
el cuestionamiento sobre la observancia de la Resolución 1449 de 2012 del
SENA en la determinación del tributo también se desprende de reproches que
recaen sobre la vigencia del Decreto Ley 2375 de 1974. Lo anterior, puesto
que, según los reparos del accionante, tal resolución fue aplicada comoquiera
que el decreto en mención no determinó los elementos esenciales de la
obligación tributaria, en contravía de los principios constitucionales.
Sobre lo anterior, la Sala advierte que fue un cargo planteado en la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho y reiterado en la apelación de la
sentencia. Así las cosas, tanto el a quo como el ad quem se pronunciaron
sobre este aspecto. En concreto, el primero de estos indicó:
Por último, en lo relacionado con la no vigencia del Decreto Ley 2375 de 1974,
por haber sido derogado tácitamente por la Constitución Nacional actual, se
advierte que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Código
Civil, dicha derogación solo se presenta cuando la nueva ley contiene
disposiciones que no pueden conciliarse con las de la anterior ley, situación
que no se configura en el presente caso, máxime que con fundamento en sus
disposiciones, se ha proferido, incluso después de 1991, normatividad que lo
ha regulado y que también tiene plena validez en el ordenamiento jurídico
colombiano, tal y como se señaló en el recuento normativo.
Por su parte, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, consideró:
Frente a la inconstitucionalidad del Decreto 2375 de 1974, la Sección, ha
indicado12 que en los términos de la Sentencia C-014 de 1993 de la Corte
Constitucional, la sola entrada en vigencia de la Carta Política de 1991 no
derogó en bloque la legislación anterior, por cuanto «opera el principio general
de la subsistencia de la legislación preexistente y, con fundamento en el
artículo 9 de la Ley 153 de 1887, para que aquella desaparezca del
ordenamiento jurídico debe existir, frente a la nueva Carta, un grado de
incompatibilidad y una abierta contradicción entre el contenido material o el
espíritu de ambas normas».
En ese sentido, si bien la Constitución de 1991 prevé el principio de reserva
de ley en materia tributaria y limita al ejecutivo en ese aspecto, ello no implica
que las normas que no se ajustan a las nuevas condiciones formales sean
inconstitucionales, pues esa situación equivaldría a asignarle efectos
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retroactivos al nuevo ordenamiento respecto de actos cuya emisión se produjo
al tenor de los requisitos exigidos en el ordenamiento anterior. Por lo tanto, «el
Decreto 2375 de 1974 no deviene en inconstitucional por el hecho de que
después de la entrada en vigor de la Constitución Política de 1991, el
Congreso no haya expedido una ley por medio de la cual se le otorgara el
carácter de permanente a la contribución al FIC, que fue creada en virtud de
un estado de emergencia económica, porque se insiste en que las normas
preconstitucionales mantienen su vigencia bajo la nueva Constitución salvo
que resulte notoriamente contraria a sus principios, circunstancia que no se
evidencia en este caso».
No se deja de lado que, en la providencia cuestionada, la Sección Cuarta
indicó que tal postura sobre la vigencia del Decreto 2375 de 1974 constituye
una reiteración de su propia jurisprudencia. En particular, de sus
consideraciones fijadas en la sentencia de 12 de agosto de 2021, exp. 24616,
C.P: Stella Jeannette Carvajal Basto.
En las consideraciones de esta última, tras observar los criterios fijados por la
Corte Constitucional en la sentencia C-014 de 1993, se explicó que el Decreto
2375 de 1974 fue expedido en ejercicio de facultades constitucionales válidas
bajo la Constitución de 1886 y posteriormente reglamentado conforme a ese
régimen. Por ello, se advirtió que su vigencia no depende de una ley posterior
que le otorgue carácter permanente, ya que las normas preconstitucionales
subsisten mientras no sean abiertamente contrarias a la Constitución de 1991,
lo cual no se advierte en este caso.
Del recuento anterior, se desprende que la cuestión acerca de la vigencia del
Decreto 2375 de 1974 fue ampliamente debatida al interior del proceso
ordinario. De tal forma, pese a que los argumentos del accionante se exponen
haciendo uso de un lenguaje constitucional, pretenden reabrir una discusión
zanjada por el juez natural de la causa y que, incluso, ya ha sido aclarada en
varias sentencias de la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Lo indicado,
deja en evidencia la falta de relevancia constitucional de los reparos de
Campoamalia.
Adicionalmente, si bien la accionante alega que la providencia objeto de
controversia incurrió en un defecto fáctico, no se superó la carga
argumentativa mínima que se requiere para proceder con un análisis de fondo
del asunto.
Pese a que la sociedad actora criticó que el fallador no surtió un análisis de
todas las pruebas obrantes en el expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo cierto es que no individualizó frente a las cuales se configura el
presunto yerro, de manera que no adecuó los reparos a los elementos que lo
constituyen y que ha precisado esta Sección en reiteradas oportunidades22.
22 Al respecto, ver: Consejo de Estado, sentencia del 11 de febrero de 2016, M.P. Rocío Araújo
Oñate, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-03442-01.
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Se resalta que las omisiones del actor en la argumentación de la solicitud de
amparo no pueden ser suplidas oficiosamente por el juez, pues tratándose de
tutela contra providencia judicial, la Corte Constitucional dejó en claro en la
sentencia SU-215 de 2022 que el fallador debe atenerse exclusivamente a los
reparos formulados por el demandante:
Adicionalmente, y dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa
juzgada, “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”23.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, además de verificar el
cumplimiento de los requisitos generales y específicos de procedencia. Si el
juez constata alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una
entidad tal que amerite la intervención urgente del juez de tutela24. Así, por
ejemplo, en las sentencias SU-072 de 2018, SU-424 de 2021 y SU-149 de
2021 la Corte hizo énfasis sobre la procedencia más restrictiva de la tutela
contra providencias de las altas cortes, en tanto sus decisiones, como órganos
de cierre de las distintas jurisdicciones, no solo tienen relevancia en términos
de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda
de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta
vía, en la materialización del principio de igualdad. (Resaltado de la Sala)
En suma, el asunto carece de relevancia constitucional tornando improcedente
la acción de tutela de la referencia, puesto que se identificó que las razones
contenidas en la solicitud de amparo pretenden perpetuar el debate que tuvo
lugar en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho; los defectos
propuestos por la parte actora no cumplen con la carga argumentativa mínima
que se requiere para su estudio; y, a priori, no se encuentra que la decisión de
la autoridad judicial accionada resulte arbitraria o caprichosa.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela de la
referencia interpuesta contra el Consejo de Estado, Sección Cuarta, por no
superar el requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
23 Sentencia SU-074 de 2022.
24 Sentencia SU-072 de 2018.
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TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los 3 días
siguientes a la notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31
del Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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