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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-00590-01

Fecha
29 de abril de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-00590-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-00590-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

29 de abril de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00590-01
Demandante: INVERSIONES CAMPOAMALIA SAS
Demandado: SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL AL FONDO DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. SE CONFIRMA LA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE EL AMPARO POR EL INCUMPLIMIENTO
DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.

Síntesis del caso: la parte demandante cuestionó la providencia que confirmó la decisión que
negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. La Sala advirtió
que su interés es emplear la acción de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario,
motivo por el cual se confirmará la improcedencia de la acción de tutela por carencia del requisito
de relevancia constitucional.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia del 5 de marzo de 2026 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado
en la que se decidió:

“PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela de la
referencia interpuesta contra el Consejo de Estado, Sección Cuarta, por no
superar el requisito de relevancia constitucional (...)”. (archivo disponible en
medio magnético a través del índice 00027 del aplicativo SAMAI - negrillas y
mayúsculas del original).

I. ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado el 29 de enero de 2026 (índice 00001 del aplicativo SAMAI),
la parte actora promovió proceso de acción de tutela en contra de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales del
debido proceso y acceso a la administración de justicia, consagrados en los artículos 29,

2
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Demandante: Sociedad Inversiones Campoamalia SAS
Acción de tutela – Impugnación fallo

y 229 de la Constitución Política, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
sentencia del 28 de agosto de 2025, mediante el cual dicha autoridad judicial confirmó la
decisión que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, en el proceso con radicación no. 05001-23-33-000-2021-00010-00/01.

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), mediante liquidación del 29 de octubre
de 2019, determinó a cargo de la sociedad Inversiones Campoamalia SAS (en adelante
Inversiones Campoamalia) el pago de la contribución parafiscal al Fondo de la Industria
de la Construcción (en adelante FIC), correspondiente a los periodos comprendidos entre
diciembre de 2013 y julio de 2018, por valor de $964.593.443.

2) Con fundamento en dicha liquidación, el SENA expidió la Resolución no. 012022 del 5
de diciembre de 2019 mediante la cual libró orden de pago a cargo de la sociedad por el
mismo monto, confirmada en Resolución no. 006761 del 24 de noviembre de 2020 que
resolvió el recurso de reposición presentado por la parte actora.

3) En desacuerdo con lo anterior, la sociedad promovió demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho para obtener la nulidad de los actos
administrativos y la declaratoria de no adeudar suma alguna por concepto del FIC, por
considerar que dichos actos carecían de sustento legal, en la medida en que se
fundamentaban en el Decreto-Ley 2375 de 1974, el cual, a su juicio, había perdido
vigencia con la expedición de la Constitución Política de 1991.

4) El conocimiento del proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia,
quien mediante sentencia del 16 de agosto de 2024 negó las pretensiones de la

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demanda1, la sociedad demandante apeló la decisión2 y la Sección Cuarta del Consejo
de Estado confirmó el fallo de primera instancia por considerar que la Constitución de
1991 no produjo la derogatoria automática del Decreto-Ley 2375 de 1974, que los actos
administrativos se encontraban debidamente motivados y que la liquidación de la
contribución se efectuó de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable.

5) La autoridad judicial demandada consideró que la actuación administrativa respetó el
debido proceso y que los actos demandados estaban debidamente motivados, en tanto
precisaban la base gravable y los elementos de la obligación, apoyados en la información
disponible y en la aplicación de la liquidación presuntiva prevista en la normativa del
SENA; de igual manera, consideró válida dicha metodología ante la insuficiencia de
información aportada por la contribuyente.

6) Por último, descartó la existencia de irregularidades como la alegada doble liquidación,
al diferenciar entre la liquidación como acto preparatorio y la resolución como acto
definitivo y concluyó que la determinación de la obligación se realizó dentro del término
aplicable, sin que operara la prescripción.

2. Fundamentos de la vulneración

La sociedad demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus
derechos fundamentales con ocasión de la sentencia del 28 de agosto de 2025, por

1
El tribunal consideró que los actos administrativos expedidos por el SENA se ajustaron al debido proceso,
en tanto la sociedad demandante participó en la actuación de fiscalización, conoció la metodología
empleada y contó con oportunidad para ejercer su derecho de defensa y contradicción. Asimismo, concluyó
que dichos actos se encontraban debidamente motivados, pues la determinación de la contribución se
sustentó en la información aportada por la propia demandante y en la normativa aplicable, incluida la
posibilidad de acudir a la liquidación presuntiva. De igual forma, descartó la existencia de prescripción de
la obligación y sostuvo que el Decreto-Ley 2375 de 1974 conservaba su vigencia por no evidenciarse una
incompatibilidad insuperable con la Constitución de 1991, razón por la cual consideró que la obligación por
concepto del FIC fue correctamente determinada.
2
Consideró que el tribunal erró porque dio por vigente el Decreto-Ley 2375 de 1974 sin realizar un análisis
material de compatibilidad con la Constitución de 1991. Sostuvo que dicho tributo carece de respaldo legal
en el nuevo orden constitucional en tanto no ha sido creado ni ratificado por el Congreso, y que, en
consecuencia, se configura una inconstitucionalidad sobreviniente.

Adicionalmente, alegó la vulneración del debido proceso por falta de motivación suficiente de los actos
administrativos y de la sentencia, la indebida determinación de la base gravable mediante el uso de la
liquidación presuntiva, la inexistencia de un procedimiento legal aplicable al FIC y el uso de mecanismos
internos del SENA sin sustento normativo, así como la irregularidad derivada de la supuesta doble
liquidación de la obligación.

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cuanto, a su juicio, incurrió en defecto sustantivo, violación directa de la Constitución,
desconocimiento del precedente judicial y defecto fáctico.

En relación con el defecto sustantivo y la violación directa de la Constitución, sostuvo que
la Sección Cuarta aplicó el Decreto-Ley 2375 de 1974, pese a que, en su criterio, dicha
norma es materialmente incompatible con la Constitución de 1991, en tanto desconoce
el principio de reserva de ley en materia tributaria por tratarse de una contribución creada
por el ejecutivo sin intervención del Congreso; en ese sentido, alegó que la providencia
omitió realizar un examen de compatibilidad material y aplicar la doctrina de la
inconstitucionalidad sobreviniente.

Frente al desconocimiento del precedente constitucional, afirmó que la autoridad judicial
no atendió los criterios fijados por la Corte Constitucional en las sentencias C-014 de
1993, C-040 de 1993 y C-560 de 2019, sobre la subsistencia de normas
preconstitucionales y se limitó a afirmar la vigencia del decreto sin confrontarlo con los
parámetros constitucionales aplicables.

En cuanto al defecto fáctico, señaló que la sentencia validó la determinación de la
obligación mediante el uso de la liquidación presuntiva sin soporte probatorio suficiente,
y que omitió valorar de manera adecuada las pruebas aportadas al proceso, tales como
contratos y documentos contables que, a su juicio, permitían establecer la base real de
la contribución.

En la sustentación de ese mismo defecto, la parte actora alegó que la providencia
cuestionada no desarrolló un análisis sustancial frente a los cargos planteados en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en particular aquellos relacionados
con la reserva legal tributaria, la inconstitucionalidad sobreviniente del Decreto-Ley 2375
de 1974, la determinación de la base gravable y la valoración probatoria.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte actora solicitó el amparo de las siguientes súplicas:

“(...) 7.2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia impugnada, por incurrir en
defectos sustantivo, fáctico, por desconocimiento del precedente constitucional,
violación directa de la Constitución y falta de motivación suficiente.

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Acción de tutela – Impugnación fallo

7.3. ORDENAR al Consejo de Estado que profiera una nueva decisión, en la
que:

➢ Realice un examen de compatibilidad material del Decreto-Ley 2375 de 1974
frente a la Constitución de 1991.

➢ Aplique de manera expresa la doctrina de la inconstitucionalidad
sobreviniente.

➢ Analice de fondo los cargos relativos a reserva legal, confianza legítima,
principio democrático, base gravable, liquidación presuntiva y valoración
probatoria.

7.4. DISPONER la inaplicación del Decreto-Ley 2375 de 1974 en el caso
concreto, por resultar incompatible con los artículos 4, 150-12 y 338 de la
Constitución Política.

7.5. ORDENAR las medidas necesarias para restablecer plenamente los
derechos fundamentales del accionante y evitar que se continúe exigiendo una
contribución carente de respaldo constitucional.”. (mayúsculas del original –
archivo disponible en medio magnético en el índice 00002 del aplicativo SAMAI)

4. Actuación de primer grado

La Sección Quinta del Consejo de Estado por auto del 9 de febrero de 2026 admitió la
acción de tutela, notificó a los magistrados de la Sección Cuarta del Consejo de Estado
y vinculó a los magistrados integrantes de la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia y el director general del SENA, con el fin de que presentaran
un informe sobre los hechos que dieron lugar a la presente acción. (índice 0005 del
aplicativo SAMAI)

5. Sentencia de primera instancia

El 5 de marzo de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia que
declaró improcedente el amparo solicitado por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional (índice 00027 del aplicativo SAMAI).

La controversia planteada por la parte actora se circunscribía a un asunto de naturaleza
legal, relacionado con la vigencia y aplicación del Decreto-Ley 2375 de 1974, la legalidad
de los actos administrativos expedidos por el SENA y la determinación de la contribución
al FIC, aspectos que fueron ampliamente debatidos y resueltos en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho por el Tribunal Administrativo de Antioquia y la Sección
Cuarta del Consejo de Estado.

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Acción de tutela – Impugnación fallo

La acción de tutela fue utilizada como un mecanismo para reabrir la discusión jurídica ya
decidida por el juez natural, en torno a la alegada inconstitucionalidad sobreviniente del
Decreto-Ley 2375 de 1974, la reserva legal tributaria y la determinación de la base
gravable, sin que se evidenciara la existencia de un problema constitucional autónomo ni
la configuración de un defecto de entidad suficiente que justificara la intervención del juez
de tutela.

Los reproches formulados por la parte demandante corresponden a una inconformidad
con la interpretación del ordenamiento jurídico realizada por la autoridad judicial
competente, lo cual resulta ajeno a la finalidad excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, que no está llamada a constituirse en una instancia adicional ni a
sustituir el criterio del juez ordinario.

6. Impugnación

La parte actora presentó impugnación (índice 00034 del aplicativo SAMAI) y le fue
concedida con auto del 17 de marzo de 2026 (índice 00036 del aplicativo SAMAI).

En términos generales, sostuvo que la decisión impugnada erró por concluir que el asunto
carecía de relevancia constitucional, pues, a su juicio, la controversia no se limita a un
debate meramente legal, sino que involucra la vulneración de derechos fundamentales y
principios constitucionales.

El problema central radica en la falta de motivación suficiente de la sentencia
cuestionada, en la medida en que, aunque hizo referencias generales a los argumentos
planteados, no desarrolló un análisis sustancial frente a los cargos estructurales del litigio,
particularmente los relacionados con la compatibilidad del Decreto-Ley 2375 de 1974 con
la Constitución de 1991, la inconstitucionalidad sobreviniente, la reserva legal tributaria y
la determinación de los elementos del tributo.

La acción de tutela no pretende reabrir el debate propio del proceso ordinario ni
constituirse en una tercera instancia, sino garantizar que las decisiones judiciales
cumplan con el estándar constitucional de motivación, razón por la cual solicitó revocar
la decisión de improcedencia y efectuar un pronunciamiento de fondo sobre los defectos
alegados.

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I. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Sección Cuarta
del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia del 28 de agosto de 2025,
mediante la cual se confirmó la decisión que negó las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho en el proceso con radicación no. 05001-23-33-
000-2021-00010-00/01.

En los términos en que fue planteada a la controversia, la Sala confirmará la decisión de
primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplirse con el
requisito de relevancia constitucional por las razones que pasan a exponerse:

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2.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales

Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.

En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos
los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia de
los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la
seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.

Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la
Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales se
destaca la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una
genuina, verdadera y marcada relevancia constitucional.

En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se
convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.

En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente , la Corte ha reiterado que
la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un medio
para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez natural
o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez constitucional sólo
puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el ámbito de la legalidad y
se proyecta como un problema genuinamente constitucional que afecte derechos
fundamentales de las partes involucradas.

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De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole
constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un
derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos legales
de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma
procesal3”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de
manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.

En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se había
planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca
una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la
intención de revivir los términos procesales”.

En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña una
exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con invocar,
en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste la carga de
explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada comporta una
restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado por el Consejo
de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la que se dispuso
que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales”, enfatizando
en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal entidad, so
pena de rechazo o improcedencia4”.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte Constitucional
fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola
invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho

3
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de
naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir
a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre el por qué estos
desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un
derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada” de tales derechos:

“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.5”.

En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o simples
desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de la
decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.

Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019, determinó
que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de las decisiones
de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta diáfano que la
intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único fin de cuestionar
la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente por encontrarse en
desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho mecanismo carece de
una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.

El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo del
actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con miras
a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura, específicamente,

5
Idem.

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con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la consecuencia lógica
es que el amparo así deprecado se torna a todas luces improcedente pues en esa
hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no compromete directamente
mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente a los jueces ordinarios,
quienes fueron investidos por el legislador de precisas facultades para ello.

El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios,
de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una genuina
y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales, en orden
a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de vaciar de
contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de tutela no
puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las providencias proferidas
por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento dirigido a reemplazar o
arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser contenido.

En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128
de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción de tutela
reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela debe
trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación, aplicación
o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia no puede
limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de proyección
constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación grave,
concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una decisión
judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una pretensión
dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el
proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción competente.

Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción
para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo establecido
por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta hipótesis
comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima facie, si la
decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción tanto

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de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones’ en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios6”.

En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio que
condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara y específica,
que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación razonable y
comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.

En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al
juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones probatorias
o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o privados; únicamente
cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de los defectos alegados
en el caso concreto.

2.2 El análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto

1) La parte actora sostuvo que la providencia judicial cuestionada incurrió en múltiples
defectos, en particular defecto sustantivo, violación directa de la Constitución, defecto
fáctico y desconocimiento del precedente constitucional por confirmar la negativa de las
pretensiones de su demanda, pese a que, en su criterio, la contribución al Fondo de la
Industria de la Construcción carece de sustento constitucional por cuanto se derivar del
Decreto-Ley 2375 de 1974, norma que consideró incompatible con la Constitución de
1991

2) En particular, cuestionó que la Sección Cuarta del Consejo de Estado hubiera dado
por vigente dicho decreto sin realizar un examen material de compatibilidad con la
Constitución, así como que hubiera validado la actuación administrativa del SENA,
incluyendo la utilización de la liquidación presuntiva, sin un soporte probatorio suficiente
y sin definir adecuadamente los elementos estructurales del tributo.

3) Sin embargo, al igual que el a quo, la Sala considera que los fundamentos que soportan
la interposición de la acción de tutela se dirigen, en lo esencial, a controvertir la

6
Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia Ángel
Cabo.

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interpretación jurídica adoptada por el juez natural, tanto en relación con la vigencia del
Decreto 2375 de 1974 como frente a la legalidad de los actos administrativos que
determinaron la obligación por concepto del FIC, aspectos que fueron objeto de análisis
en el trámite del proceso contencioso administrativo.

4) En efecto, la discusión sobre la inconstitucionalidad sobreviniente del Decreto-Ley
2375 de 1974, la reserva legal tributaria, la determinación de la base gravable y la validez
de la liquidación presuntiva, como se indicó en la sentencia de tutela de primera instancia,
fue ampliamente debatida en sede ordinaria, tanto en la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia como en el recurso de apelación
resuelto por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

5) Al respecto, el Tribunal Administrativo de Antioquia concluyó que el Decreto-Ley 2375
de 1974 conservaba su vigencia por no evidenciarse una incompatibilidad material con la
Constitución de 1991, que la actuación administrativa respetó el debido proceso y que la
determinación de la obligación se encontraba debidamente motivada, incluso mediante
el uso de la liquidación presuntiva cuando por no contar con información suficiente.

6) Esa decisión fue apelada por la parte demandante quien insistió en que el referido
decreto carece de validez en el nuevo orden constitucional por desconocer la reserva de
ley en materia tributaria, que no existe una ley posterior que lo respalde y que, en
consecuencia, se configura una inconstitucionalidad sobreviniente, además de cuestionar
la falta de motivación de los actos administrativos, la indebida determinación de la base
gravable, la inexistencia de un procedimiento legal aplicable al FIC y la utilización de
mecanismos reglamentarios del SENA sin sustento legal. En ese sentido, sostuvo:

“(...) Sea lo primero indicar que el a quo incurrió en una violación a una serie de
principios constitucionales en los que se funda la creación de los tributos en el
estado colombiano, toda vez que, omitió interpretar las fuentes jurídicas en línea
con la base filosófica sobre la cual se erigió la Constitución Política que rige en
el país actualmente. (...)

Resulta necesario recordarle al Despacho que la única disposición que se ha
proferido incluso después de 1991 corresponde a la Resolución 1449 de 2012,
expedida por el mismo SENA a través del cual reguló el funcionamiento del FIC.
Por lo que no existe ninguna norma posterior a la entrada en vigor de la
Constitución que establezca el FIC como una contribución parafiscal bajo los
preceptos de la Constitución, ni mucho menos existe legislación que le otorgue
el carácter permanente al Decreto 2375 de 1974. (...)

El A quo no tuvo en cuenta que los fundamentos esgrimidos no partieron de una
mera contradicción en el trámite del Decreto Ley, sino de las implicaciones que
tiene la ejecución de una norma creada en el marco de actuaciones

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Acción de tutela – Impugnación fallo

reprochables por parte del poder ejecutivo, en un contexto crítico en la historia
de Colombia, que, en definitiva, no comulgan con los principios que soportan el
régimen establecido mediante la Constitución Política de 1991 y que, además,
fungen como garantías para los ciudadanos, respecto de las arbitrariedades que
se pudieran cometer en ejercicio de un poder ilimitado, como el que se ejerció
en su momento a través de la declaratoria de estados de excepción.

De hecho, respecto a la materia objeto de análisis, este Despacho no realizó
ningún análisis de la norma que se impugna a la luz de la Constitución Política,
resultando más que vergonzoso la falta de motivación y congruencia de la
sentencia que se impugna. (...)

Significa lo anterior, que la contribución parafiscal a la que se ha hecho
referencia no fue creada por una ley en sentido formal emanada del Congreso
de la República, y contraviene todo el sistema normativo que el máximo poder
Constituyente estableció para la creación de los tributos, pues la creación de la
obligación tributaria en Colombia se encuentra reservada de forma privativa al
Congreso de la República como órgano colegiado y máximo representante de
la voluntad popular, conforme lo establece el numeral 12 del artículo 150 y el
artículo 338 de la Constitución Nacional (...)

Así las cosas, se tiene que las resoluciones aquí demandadas contienen una
obligación tributaria que NO nació a la vida jurídica de conformidad con lo
establecido en el numeral 12 del artículo 150 y el artículo 338 de la Carta
Política, pues el decreto 2375 de 1974 fue derogado tácitamente del
ordenamiento jurídico colombiano por la inconstitucionalidad sobreviniente
aludida; en tanto, a la luz de la Constitución Nacional vigente, ni el Presidente
de la República, ni ninguna entidad de la rama ejecutiva cuenta con facultades
constitucionales para establecer los sujetos, el hecho generador y la tarifa del
aporte parafiscal FIC administrado por el SENA, pues dichas facultades, como
bien ya lo hemos mencionado, son atribuidas al órgano legislativo, quien para
el efecto deberá proferir la respectiva ley. (...)

La decisión impugnada nada dice respecto de la violación del debido proceso y
la actuación administrativa por vía de hecho de la entidad demanda, pues como
bien los hechos lo ratifican, se reitera que existió irregularidad procesal al
determinar, liquidar y notificar dos veces la misma obligación tributaria, así como
una falta de motivación de la Resolución No. 012022 de 2019, pues el SENA no
logró demostrar cómo se obtiene la base gravable, ni siquiera cuando se
resuelve el recurso de reposición a través de la resolución 006761 de 2020.
(...)”. (archivo disponible en medio magnético en el índice 0002 del aplicativo
SAMAI)

7) En la providencia cuestionada, la Sección Cuarta del Consejo de Estado atendió los
fundamentos del recurso de apelación y concluyó, en ejercicio de su autonomía judicial,
que no se configuraban los vicios alegados por la sociedad demandante, al estimar que
la determinación de la contribución al FIC se realizó de conformidad con el ordenamiento
jurídico aplicable y que el Decreto-Ley 2375 de 1974 conservaba su vigencia por no
evidenciarse una incompatibilidad material con la Constitución de 1991, por lo cual no es
cierto como se asegura en la impugnación que la providencia adolezca de justificación y
motivación o mucho menos que se haya valido únicamente de argumentos generales.

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Acción de tutela – Impugnación fallo

8) Por el contrario, la autoridad judicial demandada analizó puntualmente los argumentos
de la apelación y sostuvo que los actos administrativos expedidos por el SENA se
encontraban debidamente motivados y que la liquidación de la obligación, incluso
mediante el uso del método presuntivo, era válida ante la insuficiencia de información
aportada por la contribuyente, además de descartar la existencia de irregularidades como
la alegada doble liquidación y la prescripción de la obligación. En ese sentido, concluyó
que no había lugar a acceder a las pretensiones de la demanda, como se recoge en el
siguiente aparte:

“Frente a la inconstitucionalidad del Decreto 2375 de 1974, la Sección, ha
indicado que en los términos de la Sentencia C-014 de 1993 de la Corte
Constitucional, la sola entrada en vigencia de la Carta Política de 1991 no
derogó en bloque la legislación anterior, por cuanto «opera el principio general
de la subsistencia de la legislación preexistente y, con fundamento en el artículo
9 de la Ley 153 de 1887, para que aquella desaparezca del ordenamiento
jurídico debe existir, frente a la nueva Carta, un grado de incompatibilidad y una
abierta contradicción entre el contenido material o el espíritu de ambas
normas».

En ese sentido, si bien la Constitución de 1991 prevé el principio de reserva de
ley en materia tributaria y limita al ejecutivo en ese aspecto, ello no implica que
las normas que no se ajustan a las nuevas condiciones formales sean
inconstitucionales, pues esa situación equivaldría a asignarle efectos
retroactivos al nuevo ordenamiento respecto de actos cuya emisión se produjo
al tenor de los requisitos exigidos en el ordenamiento anterior. Por lo tanto, «el
Decreto 2375 de 1974 no deviene en inconstitucional por el hecho de que
después de la entrada en vigor de la Constitución Política de 1991, el Congreso
no haya expedido una ley por medio de la cual se le otorgara el carácter de
permanente a la contribución al FIC, que fue creada en virtud de un estado de
emergencia económica, porque se insiste en que las normas
preconstitucionales mantienen su vigencia bajo la nueva Constitución salvo que
resulte notoriamente contraria a sus principios, circunstancia que no se
evidencia en este caso». (...)

[L]a Liquidación 0000005702427 del 29 de octubre de 2019 constituye un acto
previo a la Resolución 012022 de 5 de diciembre de 2019, toda vez que en la
liquidación se puso en conocimiento de la contribuyente la forma en la que se
estableció y cuantificó el tributo, otorgándole la oportunidad de realizar el pago
de manera previa a la expedición de los actos de determinación, por lo que su
expedición fue conforme al deber que tiene la administración de agotar el
procedimiento de fiscalización, sin que dicha actuación configure una violación
al debido proceso establecido en el artículo 29 del CP.

La Sala aclara que si bien en la Resolución 012022 de 5 de diciembre de 2019,
el SENA resolvió «Librar Orden de Pago a favor del (…) FIC – SENA, y a cargo
del empleador INVERSIONES CAMPOAMALIA S.A. (…) por la suma de (…)»,
esta resolución constituye un acto administrativo de determinación definitivo, el
cual señala, además, en la parte considerativa, que se determina la obligación
«conforme con la liquidación número 0000005702427 del 29-octubre- 2019, la
cual es soporte integral de la presente Resolución (…)». Es así como la referida
resolución determinó la contribución al FIC a cargo de la sociedad y advirtió que
contra la misma procedía el recurso de reposición, el cual fue interpuesto
oportunamente por la parte demandante y resuelto por la administración, en el
sentido de confirmar la decisión recurrida, finalizando con ello la actuación

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Acción de tutela – Impugnación fallo

administrativa. Finalmente, el ordinal cuarto de la citada resolución indicó que
prestaba mérito ejecutivo a partir de su firmeza.

Igualmente, se corrigieron errores formales de la Resolución 012022 de 5 de
diciembre de 2019 mediante la Resolución 007976 de 2020, en la que se indicó
en el artículo primero: «Determinar que la empresa INVERSIONES
CAMPOAMALIA S.A. (…), adeuda a favor del (…) - FIC - SENA, la suma de
(…)», razón por la cual la Sala reitera que la Liquidación 0000005702427 del 29
de octubre de 2019 no agotó la potestad de fiscalización y determinación del
SENA toda vez que constituyó un soporte de la Resolución 012022 de 5 de
diciembre de 2019, la cual es el acto definitivo que determinó la contribución
FIC a cargo de Inversiones Campoamalia S.A., y que junto con la resolución
que resolvió el recurso de reposición, puso fin al proceso de determinación y
produjo efectos jurídicos.

De igual forma, como lo ha señalado esta sección «cuando las resoluciones de
determinación oficial expedidas por la demandada expresamente incorporen
dentro de su texto el contenido de liquidaciones previas en los que calculan los
tributos a cargo de los administrados, estos últimos corresponden a actos que
no agotan la potestad de fiscalización y determinación ejercida por dicha
entidad, sino que constituyen soportes de las resoluciones oficiales de
determinación que pasan a ser parte íntegra de las mismas»16, Por tanto, esta
Corporación concluye que, teniendo en cuenta que los actos de determinación
demandados señalaron la liquidación previa como parte de su contenido, no se
trata de dos (2) liquidaciones expedidas por la misma obligación. En ese
sentido, no prospera el cargo de apelación. (...)

Para resolver el problema jurídico, la Sala advierte que, conforme a lo ya
indicado, no se configura la falta de motivación alegada por la sociedad
demandante, toda vez que, desde la liquidación se identificaron las sumas que
constituyen la base gravable para determinar la contribución al FIC a cargo de
la demandante respecto de cada periodo, pues se indicó que en relación con el
valor de los contratos a todo costo suscritos con terceros contratistas, el tributo
se fundamentó en el 0.25% y en el total de los contratos de mano de obra el
valor del FIC era del 1% sobre la totalidad de los costos. Así mismo, se restaron
los valores pagados extemporáneamente y se determinó el valor total a pagar
por cuantía de $964.593.443 sin que se evidencie que la actora haya realizado
alguna actuación encaminada a desvirtuar dichos valores. En ese sentido, se
encuentra acreditado que los actos demandados se fundamentaron en los
medios de convicción aportados al proceso, por lo que no prospera el cargo de
apelación.”. (índice 0002 del aplicativo SAMAI)

9) En ese contexto, se advierte que los argumentos que ahora se exponen en sede
constitucional reproducen, en lo sustancial, la controversia que fue planteada y resuelta
por el juez natural, relativa a la vigencia del Decreto-Ley 2375 de 1974, la alegada
inconstitucionalidad sobreviniente, la reserva legal tributaria, la determinación de la base
gravable y la validez de la liquidación presuntiva, aspectos que fueron objeto de análisis
tanto por el Tribunal Administrativo de Antioquia como por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado.

10) De esta manera, para la Sala resulta claro que el objeto de la acción constitucional
no es la discusión de un asunto con entidad estrictamente constitucional, sino la

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reapertura de un debate propio del proceso ordinario, dirigido a que el juez de tutela
reemplace la interpretación jurídica efectuada por las autoridades judiciales competentes
en relación con la legalidad de los actos administrativos y la vigencia del régimen jurídico
aplicable al FIC, lo cual desborda la finalidad excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales.

11) En consecuencia, se concluye que la acción de tutela de la referencia no reviste
relevancia constitucional, pues la controversia propuesta se enmarca en un asunto
relativo a la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico en materia tributaria,
específicamente en lo relacionado con la subsistencia normativa del Decreto 2375 de
1974, la determinación de la obligación parafiscal y la valoración probatoria efectuada por
el juez ordinario, y pretende utilizar el mecanismo constitucional como una instancia
adicional para reabrir un debate ya definido en sede ordinaria.

12) En ese orden de ideas, esta Sala confirmará la sentencia de primera instancia que
declaró improcedente el amparo por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, por las razones hasta aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1º) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de
tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.

4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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