Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00591-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00591-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00591-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
16 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-00591-001
Accionante : María Dolores Cataño Lopera
Accionado : Tribunal Administrativo de Antioquia
Vinculados Juzgado Sexto (6°) Civil del Circuito de Medellín, Nación -
Ministerio del Interior - Dirección Nacional de Derechos de Autor
(DNDA), Fernando Alejandro Velásquez Cataño, Milton
Fernando Velilla Cataño, Irma Isabel Lopera Madrid y Luis
Alfonso Cataño Hernández
Acción : Tutela
Tema : Mora judicial, derechos de autor, remisión de expediente por
falta de jurisdicción
Decisión : Sentencia de primera instancia
1. Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia, en la acción de tutela incoada
por María Dolores Cataño Lopera contra el Tribunal Administrativo de Antioquia por la
presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico
2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por
la accionante frente a la vulneración alegada. Luego, se revisará lo relativo a la
procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda en
torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela
3. La señora María Dolores Cataño Lopera interpuso el presente recurso de amparo, con
el fin de obtener la protección de su derecho fundamental al debido proceso,
presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
4. Por consiguiente, solicitó ordenar a la entidad accionada que, «[…] el Despacho el
JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLÍN y el Tribunal Administrativo de
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Expediente electrónico disponible en SAMAI.
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Accionante: María Dolores Cataño Lopera
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Antioquia, se sirvan […] enviar de inmediato como lo advierte la norma el proceso con Radicado
05001233300020250161900, por su competencia jurisdiccional en estos asuntos a los jueces de
especialidad Civil Circuito».
1.3 Hechos2
5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por la
accionante, se puede evidenciar que, el 12 de noviembre de 2025, instauró una demanda
por violación a derechos de autor contra el Departamento de Antioquia, el Municipio de
Medellín y la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia. El 14 de noviembre de
2025, el asunto correspondió por reparto al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Oralidad
de Medellín y el 26 del mismo mes y año dicho juzgado profirió un auto que rechazó la
demanda por falta de competencia y ordenó la remisión del expediente al Tribunal
Administrativo de Antioquia.
6. En vista de ello, el 27 de noviembre de 2025, la accionante radicó un memorial ante
el juez civil en el que solicitó al juzgado abstenerse de remitir el expediente basada en
una providencia del Consejo de Estado que asignó la competencia de estos procesos a
la jurisdicción ordinaria civil. A pesar de lo anterior, el 3 de diciembre de 2025, el Juzgado
Sexto Civil del Circuito de Oralidad de Medellín emitió un auto que incorporó la petición
y reiteró la orden de envío al tribunal administrativo.
7. Posteriormente, el 16 de diciembre de 2025, la actora allegó un memorial de solicitud
ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el proceso con número de radicado
05001-23-33-000-2025-01619-00, en el que solicitó la remisión del expediente a la
jurisdicción ordinaria. Para ello, referenció que ese mismo despacho reconoció la falta
de jurisdicción en casos similares mediante un auto del 8 de octubre de 2024, pero hasta
el momento en que radicó esta acción de tutela, no se había adelantado ningún trámite
por la autoridad judicial.
8. La accionante, a pesar de no haber indicado un defecto concreto, reprochó que el
Juzgado Sexto (6°) Civil del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia
omitieron la aplicación de la providencia del 10 de abril de 20243, proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado y desconocieron el numeral 1.° del artículo 19 y el
2
Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico, índice 2.
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Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P.: María Adriana Marín. Sentencia del 10 de abril del 2024, radicado 05001-
23-33-000-2017-01980-01.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
numeral 2.° del artículo 20 del Código General del Proceso, los cuales, en su entender,
orientan la competencia del proceso a los jueces de especialidad civil del circuito.
II. TRÁMITE PROCESAL
9. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del 2 de
febrero del 2026, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i) ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia, al Juzgado Sexto (6°) Civil del Circuito
de Medellín, a la Nación - Ministerio del Interior - Dirección Nacional de Derechos de
Autor (DNDA) y a los señores Fernando Alejandro Velásquez Cataño, Milton Fernando
Velilla Cataño, Irma Isabel Lopera Madrid y Luis Alfonso Cataño Hernández.
2.1 Contestación de la acción
2.1.1 El Tribunal Administrativo de Antioquia4 solicitó negar el amparo deprecado, al
considerar que no existe mora judicial. Para ello, señaló que «[…] dado que el expediente fue
remitido por el Juzgado Sexto (6°) Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, autoridad que igualmente
consideró carecer de competencia para conocer del asunto, esta Corporación en el referido auto del nueve
(9) de febrero de 2026, advirtió la existencia de un conflicto negativo de competencia pues se trata de un
conflicto de jurisdicciones que impide legalmente que el proceso sea devuelto inmediatamente al juzgado
6° Civil del Circuito de Medellín como lo pretende la accionante. […] En consecuencia, y en aplicación de
las previsiones legales que regulan esta figura de conflicto de jurisdicciones, este Despacho, procedió a
proponer dicho conflicto ante la Corte Constitucional».
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia
10. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud
de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333
de 2021.
3.2 Problema jurídico
11. Se contrae a determinar si la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia
quebrantó el derecho fundamental al debido proceso de la accionante al abstenerse de
remitir el expediente contentivo de la demanda instaurada contra el departamento de
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Visible a índice 13 de SAMAI.
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Antioquia por violación de derechos de autor a los jueces civiles del circuito.
3.3 La acción
12. La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por
los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como
mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales, permite
a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite
preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten
amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de
los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo
transitorio.
3.4 Tutela contra providencia judicial
13. La evolución jurisprudencial de la acción de tutela contra providencias judiciales tuvo
su génesis en la Sentencia C-543 de 1992, pronunciamiento en el cual, si bien se
estableció la inconstitucionalidad de su procedencia general, se admitió de manera
excepcional frente a actuaciones que vulneraran derechos fundamentales. En vista de
ello, la doctrina constitucional transitó desde la tesis de la «vía de hecho» hacia la
consolidación de causales genéricas de procedibilidad mediante la Sentencia C-590 de
2005, armonizando así el control constitucional con el respeto a la autonomía judicial y
la seguridad jurídica.
14. Así las cosas, esta figura se instituye como un mecanismo de carácter excepcional,
residual y subsidiario. Su finalidad no radica en suplantar al juez natural en su ejercicio
hermenéutico5, sino en garantizar que la función jurisdiccional materialice los derechos
fundamentales y resguarde la supremacía de la Constitución6. Por consiguiente, para
que el juez de amparo aborde el fondo del asunto, es imperativo que se superen
rigurosamente los siguientes requisitos generales de procedencia: (i) relevancia
constitucional de la controversia, (ii) subsidiariedad, que se manifiesta en el agotamiento
previo de todos los medios de defensa ordinarios y extraordinarios; (iii) inmediatez, al
interponerse en un término razonable; (iv) configuración de una irregularidad procesal
con efecto determinante en el fallo; (v) identificación razonable de los hechos y derechos
5
Corte Constitucional, sentencia SU 304 de 2024, M.P.: Vladimir Fernández Andrade.
6
Corte Constitucional, sentencia SU 169 de 2024, M.P.: Vladimir Fernández Andrade.
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vulnerados, alegados previamente en la instancia ordinaria; y (vi) que no se dirija contra
sentencias de tutela.
15. Una vez decantados dichos presupuestos, el examen exige demostrar la
configuración de, al menos, un defecto o causal especial de procedibilidad. Estos yerros
se materializan en7: (i) el defecto orgánico, por carencia absoluta de competencia del
funcionario que tomó la decisión; (ii) el defecto procedimental absoluto, al actuar al
margen del cauce procesal establecido o por un exceso ritual manifiesto; (iii) el defecto
fáctico, derivado de una valoración probatoria arbitraria, omisiva o irrazonable; (iv) el
defecto sustantivo, por la aplicación de normas inexistentes, inconstitucionales o una
interpretación manifiestamente errónea; (v) el error inducido, cuando la autoridad es
víctima de engaños que propician una decisión injusta; (vi) la decisión sin motivación,
ante la ausencia de fundamentos fácticos y jurídicos; (vii) el desconocimiento del
precedente horizontal o vertical sin justificación suficiente; y (viii) la violación directa de
la Constitución, por inobservancia de mandatos superiores expresos.
16. Finalmente, es menester destacar que el Consejo de Estado aceptó formalmente la
procedencia de la acción de tutela contra sus propias providencias y las de otras
corporaciones mediante la sentencia de unificación del 31 de julio de 2012 8. En dicha
oportunidad, la Corporación clarificó que el amparo resulta viable exclusivamente como
un control de constitucionalidad ante anomalías superlativas, proscribiendo su uso como
una tercera instancia para reabrir debates ordinarios fenecidos.
3.5 Caso concreto
17. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta
relevancia constitucional, en la medida en que, recae sobre la presunta vulneración del
derecho fundamental al debido proceso de la tutelante; (ii) contra la decisión objeto de
censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron el
supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez
se satisface, teniendo en cuenta que, la providencia atacada quedó ejecutoriada el 17
de febrero de 20269 y la solicitud de amparo se presentó el 30 de enero del 2026, es
decir, dentro de un término prudencial; y (v) el fallo acusado no obedece a uno de tutela.
7
Corte Constitucional, Sentencia T 466 de 2022, M.P.: Jorge Enrique Ibáñez Najar.
8
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
9
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue notificado el 10 de febrero del 2026, motivo por el
cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 12 de los mismos mes y año, conforme al artículo 205 (numeral
2) del CPACA.
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18. La Sala analizará los argumentos expuestos por la accionante bajo la causal
específica de procedibilidad por defecto procedimental, en tanto, el reproche consiste en
una presunta indebida aplicación de las normas sobre competencia para conocer del
proceso.
3.5.1 Defecto procedimental.
19. Se precisa que puede presentarse en dos modalidades: (i) absoluto, cuando el
funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido, y
(ii) por exceso ritual manifiesto, que ocurre cuando “hay una renuncia consciente de la
verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las
normas procesales”10, es decir, se privilegian aspectos formales sobre el derecho
sustancial, lo que afecta la garantía de acceso a la administración de justicia11.
20. La Corte Constitucional, en sentencias SU-195 de 2002, C-590 de 2005 y T-737 de
2007, ha dicho que en la causal por defecto procedimental deben concurrir los siguientes
elementos: (i) que no se pueda corregir la irregularidad por otra vía; (ii) que el defecto
procesal afecte directamente la decisión acusada de vulnerar derechos constitucionales
fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada, salvo que las propias
circunstancias del caso lo impidieran; (iv) que como consecuencia de lo anterior, se
vulneran garantías superiores12; y (v) que, no puede ser atribuible al afectado el
desconocimiento del procedimiento que se arguye13.
21. Resulta oportuno anotar que la aludida Corporación14 también ha indicado que el
defecto procedimental de carácter absoluto se configura cuando el juez no observa las
formas propias de cada juicio, bien sea porque sigue uno ajeno al autorizado (actúa por
fuera de sus competencias), lo que implica exigir trámites o requisitos que no
corresponden, u omite adelantar etapas procesales en desconocimiento del principio de
legalidad y, por ende, del derecho fundamental al debido proceso de las partes
intervinientes.
22. En el asunto sub examine, la actora manifestó que el precedente fijado en la
sentencia del 10 de abril de 2024, de radicado 05001-23-33-000-2017-01980-01,
establece que las controversias derivadas de disputas por la propiedad intelectual deben
10
Corte Constitucional, sentencia T-620 de 2013, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
11
Sentencia T-386 de 2010, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
12
Corte Constitucional, sentencia T-264 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
13
Al respecto, ver las sentencias T-538 de 1994, SU-478 de 1997, T-654 de 1998 y T-781 de 2011, entre otras.
14
Sentencias SU-159 de 2002, T-996 de 2003 y T-363 de 2013 de la Corte Constitucional, entre otras.
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ser estudiadas por los Jueces Civiles del Circuito, por lo que el Tribunal Administrativo
de Antioquia debió remitir el expediente a dichas autoridades judiciales.
23. Ahora bien, se observa que, el 9 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo de
Antioquia profirió un auto mediante el cual declaró la falta de jurisdicción para conocer el
proceso por violación de derechos de autor promovido por María Dolores Cataño Lopera.
Para fundamentar esta determinación, acudió a los pronunciamientos de las altas cortes
sobre la materia. Por un lado, invocó la providencia del 10 de abril de 2024 del Consejo
de Estado, la cual determinó que los jueces civiles conocen los procesos por infracciones
a derechos de autor contra entidades públicas. Por otro lado, citó el Auto 430 de 2022
de la Corte Constitucional, decisión que ratificó la existencia de un mandato legal expreso
que asigna estos conflictos a la especialidad civil.
24. Así lo señaló el Tribunal:
De tal manera, resulta pertinente traer a colación lo señalado por el Honorable Consejo de
Estado en un asunto de naturaleza similar, en el que se declaró la falta de jurisdicción para
conocer del litigio. En efecto, en la sentencia proferida por la Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, con ponencia de la consejera María Adriana
Marín, del 10 de abril de 2024, dentro del expediente radicado 05001-23-33-000-2017-01980-
01 (63.450), dicha Corporación precisó lo siguiente:
[…]
Conforme a las consideraciones expuestas, se observa que, si bien se han establecido que
las controversias y conflictos contra entidades públicas son competencia de la jurisdicción
contenciosa administrativa, el legislador determinó de manera especial, que en los procesos
como el de la referencia, en donde se debaten asuntos relacionados con los derechos de
autor existe una competencia a prevención entre la Dirección Nacional de Derechos de Autor
o en los jueces civiles del circuito.
Por su parte, mediante auto 430 de 2022, la Corte Constitucional, en un asunto similar, en el
que el objeto de la litis corresponde a determinar la responsabilidad patrimonial derivada de
la presunta vulneración de los derechos de autor, se indicó:
“ (…)
En cuanto a las vías judiciales para resolver los conflictos derivados de los derechos de autor,
se observa que el artículo 238 de la mencionada Ley 23 de 1982 determina que: “La acción
civil para el resarcimiento del daño o perjuicio causado por la infracción de esta Ley puede
ejercerse dentro del proceso penal, o por separado, ante la jurisdicción civil competente, a
elección del ofendido. En el segundo de estos casos, el juicio civil y el penal serán
independientes, y la sentencia definitiva que recaiga en uno de ellos no fundará excepción de
cosa juzgada en el otro”.
(…)
“23. Las referidas reglas de competencia se deben leer de forma sistemática con la Ley 1915
de 2018, la cual prevé dentro del capítulo atinente a la observancia del derecho de autor y los
derechos conexos lo siguiente: “Procedimiento ante la jurisdicción: Las cuestiones que se
susciten con motivo de la aplicación de esta ley serán resueltas por la jurisdicción ordinaria o
por las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales”
(…)
“27. De lo expuesto, la Corte advierte que las reglas de competencia para resolver los
conflictos derivados de la infracción a los derechos de autor se encuentran en las leyes 23 de
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1982 y 1915 de 2018 y se desarrollan en los artículos 19.1 y 20.2 del Código General del
Proceso. Mientras que la ley 1437 de 2011 (art. 152.16) regula lo atinente a la propiedad
industrial.”
Y finalmente concluyó que:
“46. Así las cosas, se expone diáfano la existencia de un expreso y preciso mandato legal en
torno a los derechos de autor que indica que los conflictos judiciales que se relacionen con la
referida materia deberán ser resueltos por los jueces civiles”.
En consecuencia, esta Corporación considera que carece de competencia para asumir el
conocimiento del asunto y, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 241 numeral 11° de
la Constitución Política de Colombia, propondrá el correspondiente conflicto negativo de
jurisdicción y remitirá el expediente a la Corte Constitucional para que sea dicha Corporación
quien dirima la colisión planteada.
25. En el caso concreto, el Tribunal decidió enviar el expediente a la Corte Constitucional
ante la imposibilidad procesal de devolver el expediente de forma directa a los jueces
civiles del circuito tal y como lo solicitó la accionante, argumentación que resulta
plenamente razonable y se acoge lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 241 de la
Constitución Política15 en relación con la función del Tribunal Constitucional para conocer
de los conflictos de competencia entre distintas jurisdicciones, para lo cual, solo basta la
manifestación de ambos despachos judiciales bien sea adjudicándose el conocimiento o
rechazándolo16.
26. Por tanto, la pretensión que formula la señora Cataño Lopera en la presente acción
constitucional, consistente en que se ordene remitir el expediente a los jueces civiles del
circuito, no tiene vocación de prosperidad, toda vez que, la autoridad llamada a dirimir la
colisión de jurisdicciones es la Corte Constitucional, Corporación a la que, vale decir, le
fue remitido el proceso.
27. Por consiguiente, la Sala concluye que la actuación del Tribunal Administrativo de
Antioquia no puede calificarse como constitutiva de error procedimental, en tanto, dicha
Colegiatura, al rehusar el conocimiento del asunto, procedió como lo indica la norma,
esto es, remitió el expediente a la autoridad judicial llamada a dirimir el conflicto, la cual,
determinará a quien corresponde tramitar la demanda formulada por la señora María
Dolores Cataño Lopera.
28. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que, el razonamiento que efectúa
el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía e
independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no observa
15
«ARTICULO 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos
y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […] 11. Dirimir los conflictos de competencia que
ocurran entre las distintas jurisdicciones. […]».
16
Corte Constitucional, auto 345 de 2018. Reiterado, entre otros, en los autos 041 de 2021, 233 de 2020 y 155 de 2019.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00591-00
Accionante: María Dolores Cataño Lopera
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vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su intervención.
IV. DECISIÓN
29. Por las razones expuestas, la Sala considera que la parte actora no logró demostrar
la afectación a sus derechos fundamentales. Por lo tanto, esta Sala procederá a negar
las pretensiones deprecadas.
30. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. NEGAR el amparo del derecho fundamental al debido proceso invocado por
la señora María Dolores Cataño Lopera, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
9
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