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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00597-00

Fecha
22 de junio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00597-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

22 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00597-00 (887)
Accionante: Ruth Marina Puerto Duque
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: sustitución asignación de retiro a
persona en condición de discapacidad. Subtema 3: defectos fáctico y
procedimental.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por Ruth Marina Puerto Duque en representación
de Gabriel Gómez Puerto contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A.

1. Síntesis del caso

La señora Ruth Marina Puerto Duque, quien actúa en representación de su hijo
Gabriel Gómez Puerto, en condición de curadora principal, presentó acción de tutela
con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
mínimo vital, al acceso a la administración de justicia y a la dignidad humana, que
consideró vulnerados con ocasión de la sentencia del 14 de agosto de 2025,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado núm. 25000 23 42 000 2018 02334 01.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00597-00 (887)
Accionante: Ruth Marina Puerto Duque
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2. El señor Alfonso Gómez García prestó sus servicios a la Policía Nacional y, una
vez cumplió los requisitos legales se le reconoció la asignación de retiro.
Posteriormente, con ocasión de su muerte, el 2 de abril de 1992, la prestación social
fue sustituida en un 100% a su esposa, la señora Aida Josefina Jiménez de Gómez.

3.
Los señores Alfonso Gómez García y Aida Josefina Jiménez de Gómez, como
consecuencia de su relación marital, procrearon hijos, entre ellos a Gabriel Alfonso
Gómez Jiménez.

4. El señor Gabriel Alfonso Gómez Jiménez contrajo matrimonio con Ruth Marina
Puerto Duque, y de dicha unión nació Gabriel Gómez Puerto, quien, desde su
nacimiento, el 5 de diciembre de 1986, fue diagnosticado con «epilepsia focal
sintomática y secuelas tardías de hipoxia perinatal, manifestadas en retraso mental
severo y parálisis cerebral con cuadriparesia espástica». Debido al incumplimiento
por parte del señor Gabriel Alfonso Gómez Jiménez de sus deberes como padre,
en particular de su obligación alimentaria, esta responsabilidad fue asumida por los
abuelos de Gabriel Gómez Puerto.

5. El Juzgado Séptimo de Familia de Bogotá, mediante providencia del 14 de
noviembre de 1996, declaró la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico
conformado por Gabriel Alfonso y Ruth Marina.

6. La Junta Regional de Calificación de Invalidez de Cundinamarca, a través de
dictamen del 26 de agosto de 2004, determinó que el joven Gabriel Gómez Puerto
padece de un 96% de disminución de la capacidad laboral.

7. El Juzgado Tercero de Familia de Bogotá, por medio de la sentencia del 28 de
abril de 2006, declaró la interdicción de Gabriel Gómez Puerto y designó como
guardadora a Ruth Marina Puerto Duque, en su condición de madre.

8. En razón al fallecimiento de la señora Aida Josefina Jiménez de Gómez, abuela
del menor, el 9 de octubre de 2015, Ruth Marina Puerto Duque presentó escrito ante
la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), en el que solicitó el
reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro a favor de su hijo Gabriel
Gómez Puerto, en su calidad de nieto del mayor general de la Policía Nacional
Alfonso Góméz García.

9.
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, a través de los oficios E-
00003-201702053 del 14 de febrero de 2017 y E-00003-201726040 del 21 de
noviembre siguiente, negó el requerimiento de la señora Puerto Duque, con el

1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00597-00, índice 2, certificado 0EE466BCC1C61FBB 6738B7BC6CD32992
4E81F8FB158F0614 380E538616188FC9.
2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00597-00 (887)
Accionante: Ruth Marina Puerto Duque
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

argumento de que los nietos no se encuentran expresamente incluidos en el orden
de beneficiarios y que no se acreditó una dependencia económica directa.

10. La señora Ruth Marina Puerto Duque presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra CASUR, con el fin de que se anularan los
referidos actos administrativos y, en su lugar, se ordenara el reconocimiento y pago
de la sustitución de la asignación de retiro a favor de Gabriel Gómez Puerto, así
como el pago de las sumas debidas con indexación e intereses y la protección
reforzada derivada de la condición de discapacidad de su hijo.

11. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia del 21 de mayo de 2020, accedió a las pretensiones de la
demanda, al considerar que, en el caso objeto de estudio, se cumplían los requisitos
establecidos por la jurisprudencia constitucional para garantizar la protección del
derecho a la seguridad social en materia pensional, en una situación en la que se
solicitó la aplicación de la figura del copadre de crianza por asunción solidaria de la
paternidad. Contra dicha decisión, la parte demandada interpuso recurso de
apelación.

12. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del
14 de agosto de 2025, revocó el fallo de primera instancia y, en consecuencia, negó
las peticiones de la parte demandante, al concluir que: «en el caso analizado no hay
pruebas que permitan establecer que se constituyó una familia ampliada ni que
Gabriel Gómez Puerto haya sido hijo de crianza de sus abuelos paternos o que
estos hubieran asumido el rol de copadres de crianza por asunción solidaria de la
paternidad».

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

13. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:

PRIMERA. Declarar que la entidad accionada CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN, vulneró
los Derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, MINIMO VITAL, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÒN DE JUSTICIA y DIGNIDAD HUMANA en la sentencia del 14 de
agosto de 2025 proferida dentro del proceso con número de radicado 25000 23 42 000
2018 02334 01 (0919-2021), al accionante.

SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 14 de agosto de 2025 por
el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A, mediante la cual se resolvió el recurso de
apelación interpuesto por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR
y se revocó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y en su lugar
dejar en firme la sentencia del 21 de mayo de 2020 proferida por la Sección Segunda
– Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

TERCERA. ADOPTAR cualquier otra medida que el juez constitucional estime
necesaria para garantizar la protección integral de los derechos fundamentales del
accionante y evitar la consolidación de una vulneración estructural y permanente
derivada de la providencia judicial cuestionada. […]2.

2
Se transcribe incluso con errores.
3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00597-00 (887)
Accionante: Ruth Marina Puerto Duque
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

14. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante sostuvo que la
providencia proferida por la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico,
debido a que realizó una valoración defectuosa del material probatorio aportado al
proceso ordinario, toda vez que omitió realizar un análisis amplio y coherente de
las declaraciones extraprocesales, los testimonios, los documentos, los
dictámenes médicos y las providencias, que acreditaban la condición de
discapacidad severa del señor Gómez Puerto, así como su dependencia
económica y emocional respecto de sus abuelos, quienes asumieron de manera
permanente su cuidado y sostenimiento.

15. Además, indicó que la providencia acusada le asignó un alcance probatorio
indebido a la sentencia de interdicción del 28 de abril de 2006, pues, aunque su
objeto era determinar la capacidad jurídica de Gabriel Gómez Puerto y designar
un curador, fue utilizada para descartar la existencia de un vínculo de crianza y de
dependencia económica.

16. Asimismo, la sentencia objeto de tutela restó credibilidad a los testimonios por
no haberse precisado en ellos, con exactitud, las circunstancias de tiempo, modo y
lugar de los hechos. Además, fundamentó su conclusión en la ausencia de una
prueba jurídicamente imposible de obtener, consistente en una constancia de
afiliación del accionante al sistema de salud de la Policía Nacional en calidad de
nieto, pese a que la normativa aplicable no establece dicha posibilidad. Ello
desconoció el criterio jurisprudencial constitucional según el cual las relaciones de
crianza y la dependencia económica se acreditan principalmente mediante prueba
testimonial y otros elementos de contexto.

17. Por otro lado, advirtió que en el fallo cuestionado se configuró un
desconocimiento del precedente, debido a que se aplicó una interpretación
restrictiva del régimen de sustitución de la asignación de retiro previsto en el Decreto
1212 de 1990, pues se privilegió una lectura literal del orden de beneficiarios, en
lugar de realizar una interpretación conforme con la Constitución. De esta manera,
se desconoció la jurisprudencia constitucional3 relativa a la protección de las familias
de crianza, la interpretación material de la dependencia económica y la posibilidad
de reconocer prestaciones pensionales en favor de nietos en condición de
discapacidad cuando se acredita la existencia de un vínculo real de solidaridad
familiar.

18.
Explicó que, la Corte Constitucional ha precisado que la familia de crianza se
determina a partir de la realidad material del cuidado, el apoyo económico y los
vínculos afectivos estables, sin exigir formalización jurídica previa ni menciones
expresas en procesos judiciales distintos, como el de interdicción. Al desconocer
estos criterios y limitar el análisis a una lectura exegética del régimen prestacional,
el Consejo de Estado omitió aplicar el bloque de constitucionalidad y adoptó una
decisión incompatible con los principios de dignidad humana, mínimo vital, igualdad
material y solidaridad propios del Estado Social de Derecho.

3
Mencionó al respecto las sentencias T- 525 de 2016, T-802 de 2011, T-074 de 2016, T-316 de 2017 y SU-225 de 2018.
4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00597-00 (887)
Accionante: Ruth Marina Puerto Duque
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

19. Adicionalmente, refirió que la providencia acusada incurrió en el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, porque al resolver recurso de apelación
impuso exigencias probatorias desproporcionadas y ajenas a la naturaleza del
caso. En efecto, les exigió a los testigos un nivel de precisión cronológica y
circunstancial propio de una reconstrucción técnica de hechos ocurridos a lo largo
de décadas dentro de dinámicas familiares cotidianas.

20. Afirmó que lo anterior, implicó un desconocimiento de las reglas de la sana
crítica y de la sentencia T-074 de 2016, según la cual las relaciones de crianza se
construyen en la cotidianidad, en el tiempo prolongado y en la convivencia afectiva,
de manera que no pueden ser desconocidas por exigencias formales o rituales.

21. Finalmente, señaló que la autoridad judicial accionada omitió aplicar el enfoque
diferencial exigido cuando están involucradas personas en condición de
discapacidad severa, como ocurre en el presente caso. Tal circunstancia le imponía
un deber reforzado de efectuar un análisis probatorio riguroso y una motivación
suficiente de su decisión, con el fin de garantizar los derechos fundamentales de
Gabriel Gómez Puerto, dado que se trataba de una persona sujeto de especial
protección constitucional.

2.3. Trámite procesal

22. El asunto correspondió por reparto al despacho del magistrado Jorge Edison
Portocarrero Banguera. Mediante auto del 2 de febrero de 20264, admitió la solicitud
de amparo, ordenó la notificación a la autoridad accionada, es decir, al Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, puso en conocimiento el escrito de tutela
a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) y al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en calidad de terceros interesados, y requirió a
este último para que aportara el expediente del proceso ordinario.

23. En razón a que el proyecto de fallo presentado en Sala de decisión no alcanzó
la mayoría necesaria para su aprobación, el despacho del magistrado Jorge Edison
Portocarrero Banguera, con auto del 4 de junio de 20265, ordenó remitir el
expediente al despacho del magistrado que sigue en turno para proferir la respectiva
decisión6.

2.4. Intervenciones

24. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A7
solicitó que se le desvincule del presente trámite constitucional, debido a que la
solicitud de amparo se dirige a cuestionar la sentencia del 14 de agosto de 2025,
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
cuya expedición no tuvo injerencia alguna.

4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00597-00, índice 5, certificado núm. 0F7CDE987AB9C72A E927C91760755B2F
1C6BB4DDD27E3FF3 49E968DC3A12BB5C.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00597-00, índice 17, certificado núm. 0D1F2349F950B351 5FD2B875C711D4DA
20F3B7EB3F6DF59C CCD6D97F0A027218.
6
Se aclara que el asunto pasó al despacho de la actual magistrada ponente el 10 de junio de 2026. Al respecto se puede ver:
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00597-00, índice 22.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00597-00, índice 10, certificado FE402B4F196AB7E3 ABB3471F5B881BFE
56A0F24592EB5C2D CF843B89659274FC.
5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00597-00 (887)
Accionante: Ruth Marina Puerto Duque
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

25. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A8 manifestó que, en la
sentencia atacada, contrario a lo alegado por la accionante, sí se realizó un análisis
adecuado de las condiciones de discapacidad severa del solicitante de la
prestación, su interdicción judicial y su dependencia económica y emocional
respecto de su núcleo familiar, sin incurrir en alguna actuación que afecte las
garantías constitucionales de la parte actora.

26. En ese sentido, aseguró que los argumentos de tutela corresponden a la
inconformidad de la accionante con las conclusiones planteadas en la decisión
cuestionada; sin embargo, dicha circunstancia no es suficiente para que se
configuren los defectos alegados en la solicitud de amparo.

27.
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, CASUR9 afirmó que la
acción de tutela no puede ser empleada como una instancia adicional para reabrir
debates jurídicos ya definidos por los jueces naturales de la causa. En
consecuencia, solicitó que se declare la improcedencia de la acción o, en su defecto,
se niegue el amparo constitucional invocado.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

28. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por Ruth Marina Puerto Duque contra el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

3.2. Legitimación en la causa

29. La legitimación en la causa por activa de la señora Ruth Marina Puerto Duque
se encuentra acreditada, por cuanto fue la parte demandante en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la providencia que, a su
juicio, vulneró sus derechos fundamentales.

30. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, debido a que fue la autoridad que profirió
la sentencia objeto de tutela.

31. Por otro lado, se observa que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, solicitó su desvinculación del presente trámite
constitucional, al estimar que carecía de legitimación en la causa por pasiva, por
cuanto no estaba llamado a responder por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00597-00, índice 12, certificado 2A73A00A90832609 1583FBB171CA9CD2
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9
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9A44FADD5AAAC602 35E1F46849C13BB0.
6

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Accionante: Ruth Marina Puerto Duque
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

32. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de tercero, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda vez
que dicha entidad actuó como juez de primera instancia dentro del proceso ordinario
en el que fue expedida la providencia objeto de reparos y, en consecuencia, la
decisión que resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por los motivos
expuestos, se negará su solicitud.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

33. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado10 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional11.

34.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

35. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales12 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

36. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución13.

10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
12
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
13
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00597-00 (887)
Accionante: Ruth Marina Puerto Duque
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

37. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional14 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

38.
Así pues, la Corte Constitucional15 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»16 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»17;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

39. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada fue proferida con desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
40.
También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad, porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.

41. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia proferida el 14 de agosto de 2025 por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A fue notificada el 8 de septiembre siguiente18, y la demanda
de tutela se presentó el 29 de enero de 2026 19, esto es, dentro del plazo de seis

14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
17
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
18
Samai, exp. 25000-23-42-000-2018-02334-01, índice 40.
19
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04134-00 índice 1.
8

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00597-00 (887)
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meses previsto por la jurisprudencia constitucional20 y del Consejo de Estado21
como razonable.

42. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los sucesos y los fundamentos de la afectación alegada, y
no resultaba posible que hubiera expuesto la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

43. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

44.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos fáctico, procedimental y
desconocimiento del precedente y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo
en los términos que planteó la parte actora.

3.4. Problema jurídico

45. Corresponde a la Sala determinar ¿si la sentencia proferida el 14 de agosto de
2025 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que revocó
la decisión favorable al señor Gabriel Gómez Puerto dentro del proceso promovido
contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional por el reconocimiento y
pago de la sustitución pensional, vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, al mínimo vital, al acceso a la administración de justicia y a la dignidad
humana, al incurrir en los defectos fáctico y procedimental, así como en
desconocimiento del precedente judicial?

46. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y
ii) el caso concreto.

3.4.1. El defecto fáctico

47. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»22. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión23» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.

48. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados

20
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
22
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
23
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00597-00 (887)
Accionante: Ruth Marina Puerto Duque
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»24. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan
la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»25.

49.
En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso26.

50. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial27, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»28.

51. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

24
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
25
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
26
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
27
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
28
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
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52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]29.

3.4.2. El defecto procedimental

52. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política,
los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y el principio
de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal constituyen prerrogativas
de connotación ius fundamental para el adecuado funcionamiento de la actividad
judicial.

53. En este sentido, las circunstancias que puedan perturbar el correcto desarrollo
de los procesos judiciales y que terminan afectando los derechos fundamentales de
las partes, constituyen una causal específica de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, que la jurisprudencia constitucional denominó defecto procedimental.

54. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en forma reiterada, que el
defecto procedimental puede ocurrir bajo dos modalidades: «(i) el absoluto, que se
presenta cuando la autoridad judicial desconoce o se aparta del procedimiento
legalmente establecido, y (ii) el exceso ritual manifiesto, el cual tiene lugar cuando
el goce efectivo de los derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo
rigor en la aplicación de las normas procesales» 30.

55. Frente al defecto procedimental absoluto, la Corte ha dicho que se puede
configurar porque el funcionario judicial: «(i) sigue un trámite totalmente ajeno al
asunto sometido a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del
procedimiento establecido o (iii) no realiza el debate probatorio»31.

56.De esta manera, le compete a quien acude en ejercicio de la acción de tutela
demostrar que el juez, ante quien tramitó el proceso ordinario de su interés, actuó
completamente por fuera del procedimiento establecido en la ley, y que ello, generó
una vulneración grave a su derecho al debido proceso, pues le impidió el ejercicio
adecuado y oportuno a la defensa y a la contradicción.

57. En este contexto, la Corte ha considerado que la procedibilidad de la acción de
tutela en los asuntos en los que se discute la existencia de un defecto procedimental
exige verificar que la solicitud de amparo cumple con los siguientes
presupuestos:«(i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna
otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela, salvo que se
advierta la ocurrencia de un perjuicio irremediable; (ii) que el defecto procesal sea
manifiesto y tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulnerador
de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada en el
proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
especificidades del caso concreto; (iv) que la situación irregular no sea atribuible al

29
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
30
Corte Constitucional, Sentencias T-388 de 2015, T-025 de 2018, T-367 de 2018 y T-008 de 2019.
31
Corte Constitucional, Sentencia T-166 de 2022.
11

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afectado; y (v) como consecuencia de lo anterior, se presente una vulneración a los
derechos fundamentales»32.

3.4.3. El desconocimiento del precedente judicial

58. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas33.

59. Al respecto, la Corte Constitucional34 ha considerado que el precedente se
define como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con
anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados
y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por
las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior. Frente a la
obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:

90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de
la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio
de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar,
pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley. Particularmente,
el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte desde un
sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el legislador, sino además
comprende todas las fuentes del derecho incluidas las sentencias que interpretan la
Constitución como norma de normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia
de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo principal
garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios de
seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento
constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un principio
relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la aplicación de
la ley y por otras prescripciones constitucionales35.

60. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo

32
Corte Constitucional, Sentencia SU-418 de 2019.
33 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el ordenamiento
constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la vigencia de un orden justo,
lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial
tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”.
El juez cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y,
en caso de que lo sea, de apartarse de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo
contrario desconoce el precedente horizontal».
34 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
35 Se transcribe incluso con errores.
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funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia36.

61. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»37.

62. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela38.

63. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de
la función judicial, pues se trata de una sola corporación39.

64. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora
de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de
criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las
exigencias de la autonomía judicial.

3.5. Caso concreto

65. En el asunto bajo estudio, Ruth Marina Puerto Duque, en representación de
Gabriel Gómez Puerto, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, con el fin de que
se anularan los oficios E-00003-201702053 del 14 de febrero de 2017 y E-00003-
201726040 del 21 de noviembre siguiente y, en consecuencia, se ordenara el
reconocimiento y pago de una sustitución pensional a favor de su hijo.

66. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

36 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
37 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
38 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente horizontal
o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero exige que el juez
enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca expresamente el
precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo
requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que
justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto
o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto
el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores judiciales.»
39 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
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Segunda, Subsección A, mediante providencia del 20 de mayo de 2020, accedió las
pretensiones de la demanda. Apelada la anterior decisión, el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A emitió fallo el 14 de agosto de 2025, en el que
revocó la providencia recurrida y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

67. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela, en concreto,
que la autoridad judicial accionada, al proferir el fallo del 14 de agosto de 2025,
incurrió en defecto fáctico, por cuanto realizó una valoración parcial e inadecuada
de las pruebas. Concretamente omitió efectuar un análisis integral y armónico de
las declaraciones extraprocesales, los testimonios, los documentos, los dictámenes
médicos y demás elementos que demostraban la condición de discapacidad severa
de Gabriel Gómez Puerto, así como su dependencia económica y afectiva respecto
de sus abuelos.

68.
Igualmente, la accionada le atribuyó un alcance probatorio indebido a la
sentencia de interdicción de 2006, pues desestimó la existencia del vínculo de
crianza y de dependencia económica, pese a que su finalidad era exclusivamente
determinar la capacidad jurídica del afectado y designar un curador.

69. Además, excluyó injustificadamente los testimonios por la falta de precisión
sobre circunstancias de tiempo, modo y lugar, y fundamentó su decisión en la
ausencia de una prueba imposible de aportar, desconociendo que las relaciones de
crianza y dependencia económica se acreditan principalmente mediante elementos
testimoniales y contextuales.

70. Por otro lado, la accionante afirma que la autoridad judicial incurrió en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto al imponer exigencias probatorias
desproporcionadas. En particular, requirió de los testigos un nivel de detalle
cronológico y circunstancial impropio de la acreditación de relaciones familiares
construidas durante largos períodos de convivencia y cuidado. Con ello, pasó por
alto las reglas de la sana crítica y privilegió formalismos que impidieron valorar
adecuadamente la realidad material del caso.

71. Finalmente, alegó que la providencia cuestionada omitió aplicar la
jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre familias de crianza, dependencia
económica y reconocimiento de prestaciones a personas en condición de
discapacidad vinculadas por lazos reales de solidaridad familiar. En concreto, se
apartó de criterios fijados en las sentencias T-802 de 2011, T-074 de 2016, T-525
de 2016, T-316 de 2017 y SU-225 de 2018, para en su lugar, adoptar una
interpretación restrictiva del orden de beneficiarios de la sustitución de la asignación
de retiro previsto en el Decreto 1212 de 1990.

72. Al respecto, se observa que, en atención al análisis propuesto por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en el fallo de primera instancia, que accedió a las
pretensiones de la demanda y, a los argumentos planteados por CASUR en el
recurso de apelación, dirigidos a desvirtuar la calidad de beneficiario de la
sustitución pensional de Gabriel Gómez Puerto, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado examinó los pronunciamientos más relevantes que
ha emitido la Corte en materia de familia de crianza, con el fin de establecer si, en
14

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el caso del demandante, se configuraban los presupuestos de ello.

73. En efecto, la sentencia cuestionada realizó un estudio de los argumentos
desarrollados por la jurisprudencia constitucional, específicamente se apoyó en las
providencias: T-495 de 1997; T-606 del 2013; T-074 de 2016; T-525 de 2016; T-316
de 2017 y T-281 de 2018.

74. Así pues, la providencia objeto de tutela puso de presente que la Corte
Constitucional en la sentencia T-495 de 2019 reconoció que las familias de crianza
merecen la misma protección que las familias biológicas o adoptivas cuando existen
lazos reales de afecto, solidaridad y apoyo mutuo. Además, estableció que no puede
haber discriminación por el origen del vínculo familiar, por lo que garantizó derechos
como la pensión y el subsidio familiar a integrantes de familias de crianza.

75. Aunado a lo anterior, mencionó que en la sentencia T-606 de 2013, la Corte
señaló que la familia no se conforma únicamente por vínculos biológicos o legales,
sino también por relaciones de hecho basadas en convivencia, afecto, solidaridad,
protección y asistencia. Por ello, las familias de crianza también son titulares de la
protección constitucional y legal otorgada a la familia tradicional.

76. De igual manera, la autoridad judicial accionada expuso que el Tribunal
constitucional en la sentencia T-074 de 2016 reconoció la figura del copadre o
comadre de crianza por asunción solidaria de la paternidad, que surge cuando una
persona asume de manera estable las responsabilidades de cuidado y apoyo de un
menor, aun sin reemplazar totalmente a los padres biológicos. Esta figura protege
los vínculos afectivos y de solidaridad creados en beneficio del menor.

77. Asimismo, resaltó que en la decisión T-525 de 2016 la Corte Constitucional
precisó que las familias de crianza pueden existir incluso cuando hay parentesco
biológico entre sus integrantes. Su fundamento principal es el principio de
solidaridad. Asimismo, explicó que esta relación surge cuando uno o varios
miembros de la familia original son reemplazados en sus funciones por otra persona.

78. A partir de lo anterior, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado puso de presente que la Corte Constitucional indicó que existe la condición
de hijo de crianza cuando una persona de la familia reemplaza de manera real y
efectiva a los padres biológicos en sus funciones de cuidado, protección y
sostenimiento económico, actuando bajo el principio de solidaridad.

79. Asimismo, la Corte estableció que el juez debe verificar la existencia de vínculos
estables de afecto, respeto, protección y apoyo, junto con la asunción comprobada
de las responsabilidades parentales, e interpretar de forma amplia el concepto de
«hijo» para garantizar derechos como la sustitución pensional o la pensión de
sobrevivientes a los hijos de crianza.

80. Sobre el particular la autoridad judicial accionada destacó que la jurisprudencia
de la Corte Constitucional (sentencia T-316 de 2017) precisó los requisitos que
debía valorar el juez, con el propósito de establecer el reconocimiento del acceso a
la seguridad en pensiones en casos de familia de crianza en los siguientes términos:

15

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i) La solidaridad, que se evalúa en la causa que motivó al padre o madre de crianza a
generar una cercanía con el hijo que deciden hacer parte del hogar y al cual brindan
un apoyo emocional y material constante, y determinante para su adecuado desarrollo.

(ii) Reemplazo de la figura paterna o materna (o ambas), por los denominados padres
y madres de crianza.

(iii) La dependencia económica, que se genera entre padres e hijos de crianza que
hace que estos últimos no puedan tener un adecuado desarrollo y condiciones de vida
digna sin la intervención de quienes asumen el rol de padres.

(iv) Vínculos de afecto, respeto, comprensión y protección, que se pueden verificar con
la afectación moral y emocional que llegan a sufrir los miembros de la familia de crianza
en caso de ser separados, así como en la buena interacción durante el día a día.

(v) Reconocimiento de la relación padre y/o madre, e hijo, que exista, al menos
implícitamente, por parte de los integrantes de la familia y la cual debe ser observada
con facilidad por los agentes externos al hogar.

(vi) Existencia de un término razonable de relación afectiva entre padres e hijos, que
permita determinar la conformación de relaciones familiares.

(vii) Afectación del principio de igualdad, que configura idénticas consecuencias legales
para las familias de crianza, como para las biológicas y jurídicas, en cuanto a
obligaciones y derechos y, por tanto, el correlativo surgimiento de la protección
constitucional.

81.
Dicho esto, la providencia objeto de tutela, también resaltó que los mencionados
presupuestos fueron reiterados en la sentencia T- 281 de 2018, en la que además
se expuso que con el fin de otorgar al reconocimiento de una mesada pensional
cuando se produce el fallecimiento del titular de la prestación se debe «analizar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para acceder a la sustitución
pensional y constatar la configuración de los presupuestos que permitan evidenciar
la existencia de la familia de crianza».

82. Adicionalmente, advirtió que los requisitos para el otorgamiento de la sustitución
pensional debían analizarse conforme lo dispuesto en el artículo 173 y siguientes
del Decreto 1212 de 1993, cuya norma regía para el momento del fallecimiento del
causante de la prestación reclamada por la parte demandante.

83. Con relación a la referida norma, la autoridad judicial accionada afirmó que el
artículo 174 del decreto ibidem prevé que la asignación de retiro no se extingue para
los beneficiarios «hijos inválidos absolutos». De modo, que era un deber de la parte
demandante acreditar los requisitos definidos por la jurisprudencia Constitucional
para reconocer al señor Gabriel Gómez Puerto como un hijo de crianza de sus
abuelos paternos o que estos actuaron como copadres de crianza por asunción
solidaria de la paternidad, con el fin de disponer el reconocimiento de la sustitución
pensional pretendida.

84. Conforme el anterior contexto jurisprudencial, la Subsección A de la Sección
16

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Segunda del Consejo de Estado procedió a realizar una valoración de los elementos
probatorios aportados al proceso ordinario, con el fin de verificar si Gabriel Gómez
Puerto cumplía los requisitos para ser reconocido como beneficiario de la prestación
pensional solicitada, lo cual exigía constatar especialmente que los elementos
requeridos por la Corte Constitucional para acreditar una relación de crianza se
hubiesen demostrado adecuadamente mediante pruebas suficientes y válidas.

85. En este punto, la autoridad judicial accionada precisó que al expediente del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se allegaron los siguientes
medios de prueba:

(i) Registros civiles de defunción y de nacimiento, con los que se acreditó que la
señora Aida Josefina Jiménez de Gómez, en su condición de beneficiaría de
la pensión reconocida por CASUR, falleció, el 9 de octubre de 2015 y, que
Gabriel Gómez Puerto es el nieto de esta.

(ii) Dictamen del 26 de agosto de 2004 emitido por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, con el que se demostró
que este último presenta una pérdida de la capacidad laboral el 96%.

(iii) La sentencia del 28 de abril de 2006, proferida por el Juzgado Tercero de
Familia de Bogotá. En criterio de la autoridad accionada, dicho documento
demostraba que la madre del señor Gabriel Gómez Puerto fue la persona que
asumió de manera exclusiva su cuidado, manutención y representación legal,
situación corroborada por su hermana y su tío. Por ello, fue designada como
su guardadora, a través de dicho instrumento judicial. Además, en dicha
actuación no se mencionó participación alguna del padre en su sostenimiento
o cuidado, ni se hizo referencia a problemas de dependencia de sustancias
psicoactivas.

(iv) Las declaraciones extraprocesales rendidas por los señores Samuel Puerto
Duque y Rafael Puerto Duque, en las que se indicó que, debido a la
discapacidad de Gabriel Gómez Puerto y a las dificultades económicas de sus
padres, su abuelo asumía su alimentación y sostenimiento económico,
responsabilidad que posteriormente pasó a su abuela tras el fallecimiento de
aquel. Asimismo, los declarantes expusieron que actualmente Gabriel enfrenta
necesidades económicas y que dependía económicamente de su abuela.
Estás declaraciones se limitaron a mencionar que la demandante recibía un
apoyo económico brindado por los abuelos.

(v) La descripción de los testimonios aportados en la audiencia de pruebas del 6
de diciembre de 2019, correspondientes a los señores Elsa Marína Gómez
García, Audrey Consuelo García de Barake, Rafael Fernando Puerto Duque y
Consuelo Beatriz Puerto Rojas

86.
Con base en lo anterior, la sentencia cuestionada efectuó un estudio de los
requisitos referidos por la Corte Constitucional en la sentencia T-316 de 2017, con
el fin de establecer si en el caso concreto del señor Gabriel Gómez Puerto se
presentaba la figura del «hijo de crianza». Así pues, con relación al presupuesto de
17

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la solidaridad, la autoridad judicial indicó que:

35. A partir de lo anterior, se examinará cada uno de los presupuestos exigidos por la
Corte, así:

i) La solidaridad: en el caso analizado el hecho generador de la cercanía de los
abuelos con Gabriel Gómez Puerto «habría sido» el presunto consumo y dependencia
de sustancias psicoactivas de su padre y el consecuente incumplimiento de sus
responsabilidades paternas, circunstancia que se expresa en forma unánime por todos
los testigos; sin embargo, no está demostrado que el apoyo emocional y material
hubiera sido constante. Lo anterior porque si bien es cierto en algunas declaraciones
rendidas en el proceso se indicó que fueron los abuelos quienes desde el nacimiento
asumieron responsabilidades económicas respecto de aquel y que prácticamente
residía con ellos, también lo es que los testigos no informan las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que se dio el cumplimiento de tales responsabilidades ni las
razones por las cuales les constan las situaciones narradas, de modo que la prueba
testimonial no expone de forma clara, precisa y detallada los hechos que permita llevar
al convencimiento de que, en efecto, la convivencia y apoyo emocional y solidario de
los abuelos hubiera permanecido en el tiempo respecto del solicitante.

Adicionalmente, dichas versiones se contradicen con lo concluido en la sentencia que
declaró la interdicción de Gómez Puerto -dictada cuando este tenía 19 años de edad-,
en la cual quedó claro que la única persona que asumió tanto el cuidado como la
manutención es su madre y que en caso de faltar esta, tal responsabilidad recaía en la
hermana, proceso en el que en ningún momento se mencionó la presunta convivencia
con los abuelos; en su lugar, en los hechos puestos en conocimiento del juzgado de
familia se destacó que «los parientes [más] cercanos con derecho al ejercicio de
la guarda son sus padres GABRIEL GOMEZ JIMENEZ y RUTH MARINA PUERTO
DUQUE y su hermana MARIA CATALINA GOMEZ PUERTO», lo que explica que en
dicho trámite judicial se definiera cuál de los progenitores era más apto para asumir la
guarda del interdicto.

A partir de lo anterior, las declaraciones rendidas en el presente asunto no le ofrecen
credibilidad a la Sala, ya que, a la luz de la sana crítica, no resulta verosímil lo expuesto
por los testigos en torno a la convivencia del demandante con sus abuelos, ya que
dicha circunstancia habría sido puesta de presente en el proceso de interdicción; a lo
que se suma que el testigo Rafael Fernando Puerto Duque manifestó en el marco del
referido trámite de interdicción que la madre es «la única persona que vela por su
cuidado y sufraga los gastos de manutención y sostenimiento», lo que se contradice
con su dicho en el presente asunto cuando adujo que el demandante prácticamente
vivía con el abuelo, quien estaba a cargo de su sostenimiento.

Por tanto, el análisis en conjunto del acervo probatorio lleva a la Sala a concluir que no
se acreditó el elemento analizado propio de las familias de crianza, ya que, se reitera,
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habría ocurrido la convivencia, así
como el apoyo y la responsabilidad que presuntamente asumieron los abuelos como
verdaderos padres de Gabriel eran indispensables para la verificación de la solidaridad.

En efecto, las declaraciones rendidas no permiten constatar que efectivamente la
relación paternal de crianza surgió ante la situación de adición del progenitor, más aun
cuando no está establecido a partir de cuándo empezó a padecer la enfermedad;
además, si esta hubiera ocurrido con posterioridad a la sentencia de interdicción se

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haría más notoria la incongruencia de las versiones de los testigos quienes, en este
proceso, afirmaron que la convivencia y apoyo solidario se habría dado desde el
nacimiento, lo que, se inste, es contradictorio con las conclusiones de la sentencia de
interdicción

Finalmente es importante indicar que el requisito de solidaridad exige «un apoyo
emocional y material constante, y determinante para su adecuado desarrollo», de
manera que era indefectible constatar su permanencia en el tiempo y que hubiera sido
tan determinante que sin él su desarrollo no se habría dado apropiadamente; no
obstante, lo que se hace evidente en dichos testimonios, no tiene esa magnitud, sino
que se refleja como una relación afectiva y de apoyo común, como la que se predica
entre cualquier abuelo respecto de sus nietos.

87. En efecto, con relación al requisito de solidaridad, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado consideró que los medios de prueba aportados al
proceso ordinario no demostraron suficientemente dicho presupuesto, propio de una
relación de crianza, ya que las declaraciones de los testigos no demostraron de
forma clara y detallada que los abuelos hubieran asumido de manera constante y
permanente el cuidado, la convivencia y el sostenimiento de Gabriel Gómez Puerto.

88. Además, la corporación judicial indicó que las afirmaciones de los testigos
resultan contradictorias con la sentencia de interdicción de 2006, en la que se
estableció que la madre era la única persona encargada del cuidado y manutención
de Gabriel, sin que se mencionara convivencia o sustitución parental por parte de
los abuelos. En criterio de la accionada, las declaraciones carecían de credibilidad,
dado que presentan inconsistencias frente a lo declarado anteriormente por algunos
de los mismos testigos y frente a los hechos acreditados en el proceso de
interdicción.

89. En atención a lo dicho, advirtió que el conjunto de las pruebas no permitió
demostrar que los abuelos hubieran ejercido de manera efectiva el papel de padres
de crianza, ya que no se acreditaron las circunstancias concretas de convivencia,
cuidado y asunción de responsabilidades parentales. Tampoco se comprobó que la
presunta adicción del padre hubiera generado una sustitución real de sus funciones
por parte de los abuelos ni cuándo comenzó esa situación, lo que hacía
inconsistentes las declaraciones según las cuales el apoyo de los abuelos existió
desde el nacimiento.

90. En este orden, la autoridad accionada precisó que el requisito de solidaridad
exige un apoyo emocional y material constante, decisivo y prolongado para el
desarrollo de la persona. En este caso, las pruebas únicamente mostraron una
relación de afecto y ayuda propia de la relación normal entre abuelos y nietos,
insuficiente para reconocer la existencia de una familia o filiación de crianza.

91. Adicionalmente, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
refirió que, en el caso bajo estudio, las pruebas aportadas por la parte demandante
no demostraban el requisito de «reemplazo de la figura paterna o materna (o
ambas)», por cuanto no se acreditó que «los abuelos de Gabriel Gómez Puerto
habrían asumido dicho rol»; por el contrario, lo único que se probó fue que entre
ellos existía un relacionamiento familiar normal que se predica entre abuelos y nieto.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00597-00 (887)
Accionante: Ruth Marina Puerto Duque
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

92. En lo que concierne al requisito de la dependencia económica, la autoridad
judicial accionada expuso las siguientes consideraciones:

iii) La dependencia económica. Frente a este requisito, la Corte Constitucional ha
considerado que es necesario evaluar si el solicitante de una sustitución pensional
depende económicamente del causante, lo que «no puede entenderse como una
carencia total y absoluta de recursos porque implicaría que el solicitante se encontrase
en situación de indigencia, para que fuera procedente el reconocimiento del respectivo
derecho» pues debe analizarse cada caso en particular y constatar si aquel «[subsistía]
a partir de los recursos que les suministraba el causante o adquieren el carácter de
fundamentales con ocasión al vínculo con otros derechos fundamentales».

De cara a lo demostrado en el proceso, se debe indicar que, aunado a lo expresado al
examinar el primer presupuesto, es necesario mencionar que de las declaraciones se
desprende que aunque, al parecer, la abuela del solicitante prestaba alguna ayuda para
«pañales y sostenimiento», los recursos económicos que sirven para su manutención
en realidad provienen de la ayuda suministrada por la hermana, quien es mayor de
edad y reside fuera del país, así como por el tío materno y otros miembros de la familia
paterna.

Al respecto se tiene que, conforme lo acreditado, el pago del instituto en que
permanece Gabriel es sufragado por su madre por «Elsa Gómez […] y algunos
parientes de la familia materna»; lo que deja ver que la subsistencia de Gabriel no
dependía de los recursos suministrados por sus abuelos, sino de la ayuda
mancomunada de varios miembros de su familia tanto materna como paterna e incluso
de su hermana, lo que conduce a concluir que no se probó que el aporte que en vida
sufragaban sus abuelos era determinante para su manutención.

De igual manera, debe destacarse que ante la compleja situación de salud padecida
por el solicitante, de haber estado bajo la responsabilidad de sus abuelos, como se
afirma en las declaraciones, hubiera sido razonable que estos hubieran solicitado la
incorporación de aquel como beneficiario del servicio de salud prestado por sanidad de
la Policía Nacional; sin embargo, como consta en el oficio suscrito por la coordinadora
del Grupo CITSE de Casur, tal circunstancia no se acreditó, lo que lleva a concluir que
no está demostrado dicho presupuesto

93. De acuerdo con lo expuesto, la providencia objeto de tutela puso de presente
que según la Corte Constitucional la dependencia económica no exige que una
persona carezca totalmente de recursos, sino que debe demostrarse que el apoyo
económico brindado por el causante era necesario o fundamental para su
subsistencia y bienestar.

94. Así las cosas, aunque se demostró que la abuela aportaba ocasionalmente
recursos para gastos como pañales y sostenimiento, también se acreditó que la
principal ayuda económica de Gabriel Gómez Puerto provenía de su hermana, su
tío materno y otros familiares, y no exclusivamente de sus abuelos. En
consecuencia, concluyó que no se probó que los recursos suministrados por estos
fueran indispensables para el sostenimiento de Gabriel, pues su manutención
dependía de la colaboración conjunta de varios miembros de su familia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00597-00 (887)
Accionante: Ruth Marina Puerto Duque
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

95. La autoridad accionada, también consideró relevante que los abuelos no
realizaron gestiones para incorporar a Gabriel Gómez Puerto como beneficiario de
los servicios de salud de la Policía Nacional, pese a su condición de discapacidad y
a la supuesta responsabilidad que ejercían sobre él. Esto, a su juicio, constituía un
indicio adicional de que no se probó una verdadera relación de dependencia
económica respecto de los abuelos.

96. Ahora bien, en cuanto al requisito de «vínculos de afecto, respeto, comprensión
y protección», la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación
reconoció que las pruebas aportadas al plenario permitían constatar que existían
lazos de afecto y apoyo familiar entre Gabriel Gómez Puerto y sus abuelos, y que
él pasaba tiempo con ellos. Sin embargo, consideró que esas circunstancias no son
suficientes para demostrar una relación de padre o madre de crianza, pues no se
acreditó una convivencia permanente ni una interacción cotidiana propia de una
comunidad de vida familiar.

97.Aunque se evidenció que los abuelos brindaban cariño y cierta ayuda
económica, las pruebas mostraban que Gabriel Gómez Puerto no vivía con su
abuela, quien residía en otra ciudad, y tampoco se demostró un acompañamiento
constante semejante al que ejerce un padre o una madre respecto de un hijo.

98. También consideró que no se configuró una comunidad de vida entre el joven y
sus abuelos, debido a la falta de convivencia habitual, al apoyo limitado acreditado
en las pruebas y al hecho de que Gabriel permanecía internado en una institución
especializada que atendía sus necesidades derivadas de su condición médica. Por
ello, no se acreditó el vínculo familiar de crianza exigido para el reconocimiento
pretendido.

99. En lo que respecta al requisito de «reconocimiento de la relación padre y/o
madre, e hijo», la autoridad judicial afirmó que no existía en el expediente pruebas
de que terceros reconocieran a los abuelos como verdaderos padres de Gabriel
Gómez Puerto, ya que las pruebas únicamente demostraban una relación familiar
cercana y de apoyo, mas no la sustitución efectiva de las funciones parentales.

100. Acorde con lo mencionado, la accionada advirtió que, al no haberse acreditado

la existencia de una relación de padre e hijo de crianza, tampoco era posible evaluar
si dicha relación se prolongó durante un tiempo suficiente o razonable, requisito
exigido para este tipo de reconocimiento.

101. Además, determinó que no se vulneró el principio de igualdad, porque no se

acreditó previamente la condición de hijo de crianza que permitiría equiparar la
situación del solicitante a la de otros beneficiarios reconocidos por la ley y la
jurisprudencia.

102. Con fundamento en lo anterior, la providencia cuestionada concluyó que, si bien

se demostró que Gabriel Gómez Puerto es una persona en condición de
discapacidad y, por tanto, sujeto de especial protección constitucional, lo cierto es
que no se acreditó la existencia de una familia de crianza ni de una relación de hijo
de crianza respecto de sus abuelos paternos.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00597-00 (887)
Accionante: Ruth Marina Puerto Duque
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103. Lo anterior, por cuanto los elementos probatorios aportados al proceso no
daban cuenta que los abuelos hubieran asumido de manera efectiva y permanente
las funciones parentales ni que existieran vínculos de dependencia, solidaridad y
convivencia propios de una relación filial de crianza. Además, a diferencia de otros
casos reconocidos por la Corte Constitucional, no existían informes o evidencias
objetivas que corroboraran dicha situación, ni actuaciones realizadas por los
ascendientes que reflejaran el reconocimiento de responsabilidades parentales
sobre su nieto. En consecuencia, consideró que no era procedente reconocer la
prestación pensional reclamada.

104. En este orden de ideas, la Sala observa que la sentencia del 14 de agosto de

2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
realizó un análisis adecuado de la jurisprudencia de la Corte Constitucional prevista
en las providencias T-495 de 1997; T-606 del 2013; T-074 de 2016; T-525 de 2016;
T-316 de 2017 y T-281 de 2018, lo cual le permitió identificar los criterios definidos
por dicha corporación para establecer la procedencia del reconocimiento del
derecho al acceso a la seguridad social en pensiones en casos de familia de crianza.

105. En efecto, se advierte que la autoridad accionada a partir del estudio de las

referidas decisiones judiciales advirtió que la existencia de una familia de crianza
parte de la acreditación de circunstancias puntuales como: i) la solidaridad; ii) el
reemplazo de la figura paterna o materna (o ambas); iii) la dependencia económica;
iv) los vínculos de afecto, respeto, comprensión y protección, v) el reconocimiento
de la relación de parde y/o madre, e hijo; vi) la existencia de un término razonable
de relación afectiva entre padres e hijos y vii) la afectación del principio de igualdad.

106. Así pues, de la lectura de la sentencia objeto de tutela se evidencia que la

Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación analizó el material
probatorio allegado al proceso y concluyó que los elementos de convicción obrantes
en el expediente no resultaban suficientes para demostrar la existencia de una
auténtica relación de crianza entre Gabriel Gómez Puerto y sus abuelos.

107. Contrario a lo dicho por la parte actora, la autoridad accionada realizó una

valoración apropiada de las declaraciones extraprocesales de los señores Samuel
Puerto Duque y Rafael Puerto Duque, en la medida en que advirtió que su relato
constaba en documentos que tenían identidad en su texto, bajo una estructura
abierta y genérica.

108. De igual manera, se tiene que la providencia cuestionada examinó los
testimonios de los señores Elsa Marína Gómez García, Audrey Consuelo García de
Barrake, Rafael Fernando Puerto Duque y Consuelo Beatriz Puerto Rojas, con los
cuales evidenció que el decir de los testigos no era suficientemente convincente,
dado que no ofrecían credibilidad a la autoridad judicial sobre la supuesta
convivencia de Gabriel Gómez Puerto con sus abuelos, porque esa situación
resultaba contradictora en la declaración de Rafael Fernando Puerto Duque, quien
en el proceso de interdicción afirmó que la madre era la única persona responsable
del cuidado y sostenimiento de Gabriel, mientras que en el presente proceso
sostuvo que el demandante prácticamente vivía con su abuelo y dependía
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00597-00 (887)
Accionante: Ruth Marina Puerto Duque
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

económicamente de él.

109. Dicha situación la confirmó la autoridad accionada, al examinar el contenido de

la sentencia del 28 de abril de 2006, proferida por el Juzgado Tercero de Familia de
Bogotá, pues en esta se dejó sentado que la señora Ruth Marina Puerto Duque
atendía el cuidado y manutención de Gabriel Gómez Puerto, sin que se pudiera
constatar en esta decisión judicial el reconocimiento de un hecho concreto en el que
los abuelos intervinieran en el sustento de su nieto como padre o madre de crianza.

110. Además, se destaca que la sentencia objeto de tutela al revisar los testimonios

aportados al trámite judicial advirtió que los mismos no explicaban con detalle las
condiciones de tiempo, modo y lugar la relación que, aparentemente, tenía Gabriel
Gómez Puerto con sus abuelos, por lo que no era posible inferir que se configuraban
los supuestos definidos por la Corte Constitucional para el reconocimiento de una
relación de familia de crianza.

111. En este punto, se debe advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

165 del código general del proceso, el testimonio es un medio de prueba útil para la
formación del convencimiento del juez. A través de este, la autoridad judicial puede
reconstruir los hechos objeto de investigación, a partir de la narración que realice
un testigo, distinto de la persona implicada, que haya tenido conocimiento de estos
por haberlos percibido con sus sentidos.

112. De acuerdo con la doctrina le «corresponde al juez determinar la credibilidad y

el grado de eficacia probatoria que le merezcan los testimonios, de acuerdo con los
principios generales de la sana crítica y atendiendo a las condiciones intrínsecas y
extrínsecas de cada uno y a la calidad, la fama y la ilustración de los testigos […]»40.

113. En este sentido, se puede advertir que la fuerza probatoria material de la prueba

testimonial depende de que el juez encuentre o no, en cada uno de los testimonios,
y en su conjunto con los demás elementos de prueba aportados al trámite judicial,
los argumentos suficientes que le sirvan para formarse su convencimiento sobre los
hechos que interesen al proceso.

114. Es pertinente mencionar que la jurisprudencia del Consejo de Estado41 se
pronunció sobre los criterios de valoración de la prueba testimonial. En este sentido,
precisó que dicho elemento probatorio debe examinarse con especial rigor mediante
las reglas de la sana crítica, conforme criterios desarrollados por la psicología del
testimonio para evaluar objetivamente la credibilidad de los declarantes. Estos
discernimientos no deben analizarse de forma aislada, sino de manera conjunta e
integral. Al respecto, esta corporación expuso lo siguiente:

Se resalta que, en el análisis de la prueba testimonial, es donde deben utilizarse con
mayor rigor las reglas de la sana crítica. Desde la doctrina, se han hecho trabajos que
buscan determinar criterios racionales para valorar este medio de prueba a partir de
los desarrollos de la psicología del testimonio, de los cuales se resaltan cuatro, que
pueden servirle a los jueces y operadores jurídicos en general, para acercarse a la
estimación objetiva de la credibilidad de los declarantes a saber: La coherencia de los

40
DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Tomo II. Bogotá: Editorial Temis, 2017, pág. 90.
41
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 29 de agosto de 2019, 08001-23-33-000-2014-01034-
01(4422-16).
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00597-00 (887)
Accionante: Ruth Marina Puerto Duque
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

relatos, su contextualización, las corroboraciones periféricas y la existencia de
detalles oportunistas. Estos parámetros, que desde ya se advierte que no pueden ser
estudiados de manera aislada sino conjunta y comprehensiva, se exponen a
continuación.

• La coherencia del relato

La adecuada estructuración lógica del relato ha sido uno de los criterios más
relevantes a la hora de valorar la credibilidad del testigo. En este caso, en materia
punitiva, se exige una persistencia en la incriminación, esto es, que la declaración no
se contradiga. A pesar de lo anterior, el hecho de que una persona exprese un relato
coherente no es sinónimo automático de su veracidad, toda vez que las
contradicciones pueden originarse en fallos naturales de la memoria del sujeto y,
además, los testimonios falsos suelen presentarse de una manera continuamente
estructurada y generalmente cronológica.

De esta manera, si bien la coherencia de un testimonio no es un dato a tener en
cuenta, por sí solo, a la hora de valorar su credibilidad, ello no quiere decir que sea
inútil, porque puede servirle al juez si lo analiza conjuntamente con los otros
parámetros probatorios que tiene a su disposición.

• La contextualización del relato

La contextualización consiste en que el testigo describa datos del entorno espacial o
temporal en el que tuvieron lugar los hechos acerca de los cuales declara. Así, si lo
que manifiesta se inserta fácilmente en ese ambiente, ello puede configurarse en un
indicio de su verosimilitud33. En este punto, se reitera que este parámetro también
puede ser distorsionado por la memoria, pero, si esos hechos ambientales son
plausibles y son declarados de forma espontánea por el testigo, suele valorarse que
es difícil que su declaración corresponda a una mentira.

• Las corroboraciones periféricas

Este criterio se refiere a que el relato de un testigo se vea corroborado por otros datos
aportados al proceso que, indirectamente, acrediten la veracidad de la declaración.
En ese sentido, esta pauta requiere que coincidan las diferentes declaraciones que
varios sujetos hayan realizado sobre un mismo hecho, o que el testimonio del que se
estudia su credibilidad, se reafirme con los indicios a través de los cuales se
construyen presunciones que acreditan la hipótesis fáctica a probar

• La existencia de detalles oportunistas a favor del declarante

Finalmente, esta pauta consiste en que el testigo haga referencia a datos innecesarios
que busquen favorecer a una de las opciones que se debaten en el proceso, o incluso
al propio declarante. En este caso se trata, por ejemplo, de manifestaciones sobre el
carácter o la intencionalidad de una de las partes, o justificaciones de las propias
actuaciones o de la persona que se quiere beneficiar, las cuales van más allá de lo
que se le haya preguntado al declarante. Estos detalles son indicadores de pérdida
de objetividad del testigo que pueden conducir a la falsedad de sus afirmaciones.

115. En este orden se puede advertir que la prueba testimonial será confiable cuando

presente coherencia interna, adecuada contextualización y respaldo en elementos
externos de corroboración, y cuando esté libre de afirmaciones de conveniencia. La
valoración de la credibilidad surge precisamente del examen conjunto de estos
cuatro criterios y no de la verificación aislada de alguno de ellos.

116. Conforme lo expuesto, es posible inferir que el análisis desarrollado en la
providencia objeto de tutela respecto de las declaraciones y los testimonios

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00597-00 (887)
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aportados al trámite judicial para verificar las condiciones de hijo de crianza de
Gabriel Gómez Puerto se ajustó a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad,
en la medida en es que se examinó la coherencia y el contexto de los relatos, los
cuales fueron contrastados con los demás elementos de prueba allegados al
plenario, con el fin de verificar las especiales circunstancias de cuidado y
manutención que se alegaron en la demanda, bajo un ámbito de familia de crianza.

117. Porlo expuesto, no es dable entender que la valoración de esta prueba
testimonial, en los términos que lo hizo la autoridad accionada fue indebida o implicó
un exceso de ritualismo procesal, como pretende mostrarlo la tutelante.

118. Adicionalmente, se observa que decisión censurada le otorgó valor probatorio

al dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Cundinamarca, por
cuanto, a través de dicho documento reconoció la condición de discapacidad de
Gabriel Gómez Puerto, el cual, al haberse analizado en conjunto con los demás
instrumentos probatorios allegados al expediente, le permitió concluir que no era
suficiente para acceder a la pretensión reclamada en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho.

119. Así las cosas, se tiene que el análisis probatorio desarrollado por la autoridad

judicial accionada lejos de mostrar una situación indebida por acción u omisión, lo
que en realidad revela es que fue estricto, objetivo y apegado al contenido de los
documentos aportados a la actuación judicial, por lo que no es posible inferir que la
decisión objeto de tutela fue contraria a derecho. Distinto es que la corporación
judicial no le haya otorgado el valor probatorio que el tutelante pretendía que se les
atribuyera a los medios de prueba allegados al proceso.

120. Sobre el punto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la

apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume
de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por
el que le resulte convincente»42.

121. Por lo expuesto, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de los

principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de las normas, la jurisprudencia y las pruebas
obrantes en el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho. Por estas
razones, si bien la providencia objeto de tutela no resultó favorable a la tutelante,
esto no significa que se hayan desconocido sus garantías constitucionales.

122. De esta manera, no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de la

acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el
debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el único propósito de obtener un pronunciamiento
que se acomode a sus intereses y pretensiones.

42
Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
25

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00597-00 (887)
Accionante: Ruth Marina Puerto Duque
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

4. Conclusión

123. La providencia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado no vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte
actora, por cuanto no se evidencia en su contenido un análisis arbitrario, o
caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que
constituya una vía de hecho por el defecto fáctico, procedimental y desconocimiento
del precedente, que exija la intervención del juez de tutela. Por tal motivo, se negará
la solicitud de amparo invocada por el accionante.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo: Negar el amparo de tutela solicitado por Ruth Marina Puerto Duque, en
representación de su hijo Gabriel Gómez Puerto, contra el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
Con salvamento de voto

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00597-00 (887)
Accionante: Ruth Marina Puerto Duque
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace.
JLAS/SEJV

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