Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00598-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00598-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00598-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
27 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00598-00
Accionante: Lina Marcela Bustos Piñeros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela1 presentada por Lina Marcela Bustos Piñeros, a
nombre propio, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 29 de enero de 20262, la parte actora interpuso esta acción constitucional en
procura de la protección de sus derechos a la igualdad, seguridad social, trabajo,
mínimo vital y debido proceso, que considera vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, debido a que,
mediante sentencia del 17 de septiembre de 2025, confirmó la decisión de primera
instancia emitida por el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo de Bogotá del 21
de abril del mismo año, que había negado las pretensiones de la demanda, en el
marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado
110013342-047-2023-00381-00/01.
2. Hechos
2.1. La accionante manifiesta que prestó sus servicios como educadora oficial desde
el 28 de marzo de 1996, en el Distrito Capital de Bogotá, y fue desvinculada
laboralmente por invalidez y pérdida de capacidad laboral del 88,62%, el 25 de
marzo de 2020, mediante Resolución 361 del 21 de febrero de 2020.
1 Índice 2 de SAMAI, certificado 45DEE65ED3B1CEB4 36CF478CEFC78BB6 DE68775DED1F1CDD
CC9C6AFC33667138.
2 Índice 2 de SAMAI, certificado B8AB682CDF1CB7AE 703E9A6BFEF478D9 E0BCAE2ACA648318
AB747B5F03BE17C6.
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Accionante: Lina Marcela Bustos Piñeros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
2.2. Como consecuencia de ello, afirma que, a través de la Resolución 1925 del 10
de marzo de 2020, la Dirección de Talento Humano de la Secretaría de Educación
del Distrito le reconoció una pensión por invalidez, en atención al dictamen médico
del 13 de febrero de 2019 que determinó el porcentaje de pérdida de capacidad
laboral del 88,62%.
2.3. Posteriormente, mediante Resolución 1111 del 7 de marzo de 2023, la
Dirección de Talento Humano de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá
ajustó su pensión de invalidez a partir del 22 de octubre de 2022, con fundamento
en el dictamen médico que le reconoció un incremento por pérdida de capacidad
laboral en un 100%.
2.4. Indica que, ante la negativa de la Secretaría de Educación de Bogotá de
efectuar el desembolso de las cesantías definitivas causadas, presentó demanda
contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, Fiduprevisora S.A. y el Distrito Capital –
Secretaría de Educación de Bogotá, con el fin de que se declarara la nulidad de las
Resoluciones BOG202302701 del 21 de abril y BOG202303465 del 18 de mayo de
2023, mediante las cuales se negó la solicitud y se confirmó dicha decisión,
respectivamente, por configurarse la prescripción. A título de restablecimiento del
derecho, solicitó, entre otras pretensiones, el reconocimiento y pago indexado de
las cesantías definitivas por valor de $33.447.650, junto con los intereses moratorios
a que hubiere lugar.
2.5. El Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo de Bogotá, Sección Segunda, por
medio de sentencia del 21 de abril de 2025, declaró probada la excepción de
prescripción extintiva del derecho frente al reconocimiento y pago de cesantías
definitivas y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.
2.6. Inconforme con la decisión, la señora Bustos Piñeros interpuso recurso de
apelación.
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Accionante: Lina Marcela Bustos Piñeros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
2.7. El 17 de septiembre de 20253, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, emitió sentencia de segunda instancia, a través
de la cual confirmó la providencia apelada.
3. Fundamentos de la acción de tutela
La parte accionante sostuvo que4:
3.1. La autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo por indebida
interpretación y aplicación de los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del
Decreto 1848 de 1969, que desarrollan la prescripción extintiva del derecho, porque
la primera norma, en su inciso segundo, diferencia el reclamo que presenta el
interesado ante la autoridad competente, con lo que se considera interrumpida la
prescripción, y la posibilidad de dar inicio a un proceso judicial para que sea
reconocido ese derecho.
3.2. Al negar su derecho al reconocimiento y pago de las cesantías bajo el
argumento de que operó el fenómeno jurídico de la prescripción, a su juicio,
desconoció que el término de prescripción del artículo 41 del Decreto 3135 de 1968,
regulado por el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, no se estableció para acudir
a la administración para reclamar un derecho cierto, esto es, para el caso concreto,
el desembolso de los recursos obtenidos por cesantías que ascienden a la suma de
$33.000.000.
3.3. El tribunal hizo extensible dicho fenómeno jurídico a un derecho imprescriptible
como lo son las cesantías, recursos derivados de la seguridad social para
situaciones de contingencias laborales, y que fueron depositados en el fondo a su
nombre, toda vez que “lo que prescribe es la acción y no el derecho material”.
3.4. La autoridad accionada desconoció el precedente jurisprudencial contenido en
la sentencia del 30 de agosto de 2017, radicado 2016-03425-01, emitida por la
Sección Cuarta, e interpretó erradamente las sentencias CE-SUJ004 del 25 de
3 Índice 12 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, certificado 0C1B24A1419C136D
4803F9F848EDC5A7 C7E33EC45421E1A1 CF72BDF7182A682F, radicado 11001334204720230038101.
4 Si bien se formularon cargos por defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, los argumentos que los
sustentan se subsumen en el defecto sustantivo, razón por la cual la Sala únicamente tendrá en cuenta este
último vicio.
4
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Accionante: Lina Marcela Bustos Piñeros
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
agosto de 2016 y del 19 de abril de 2012, de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.
3.5. La decisión censurada resulta desproporcionada, en la medida en que pasó por
alto que se trata de una persona a quien se le reconoció una pensión de invalidez
por presentar una pérdida del 100% de su capacidad laboral. Esta condición la
convierte en sujeto de especial protección, por lo que debió aplicarse el principio de
favorabilidad.
3.6. Finalmente, solicita al juez constitucional que, en caso de no aceptar los
anteriores argumentos, haga uso de la figura de excepción de inconstitucionalidad
frente a los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969.
4. Pretensiones de la acción
La parte accionante textualmente solicitó lo siguiente:
“Como pretensión principal, solicito al Consejo de Estado, i) Que declare
improcedente la prescripción y, en consecuencia, se ordene al FOMAG el
reconocimiento y pago de las cesantías definitivas efectivamente consignadas
a favor de la accionante, junto con la actualización e intereses a que haya lugar
sobre las sumas reconocidas y desembolsadas, (ii) que se condene al FOMAG,
a la Fiduprevisora y a la Secretaría Distrital de Educación al reconocimiento y
pago de la indexación correspondiente, desde la fecha en que se adquirió el
derecho a percibir la prestación reclamada y hasta la fecha en que se profiera
la sentencia definitiva de tutela, y (iii) que deje sin efecto las decisiones
judiciales cuestionadas, en particular las sentencias del 21 de abril de 2025
proferida por el Juzgado 47 Administrativo del Circuito de Bogotá y la sentencia
del 5 de agosto de 2025, proferida el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda- Subsección C, y que, en su lugar, se emita un nuevo
pronunciamiento que subsane los yerros señalados en la presente acción.
En caso de resultar improcedente la pretensión principal, como pretensión
secundaría, solicito se ordene a la Secretaría de Educación Distrital, inaplicar
los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, por
resultar inconstitucionales en el caso en concreto, y se ordene el desembolso
del monto total del dinero correspondiente a mis cesantías, y que fueron
depositadas por la misma administración en el FOMAG, como recursos propios
a mi nombre.”5 (Resaltado original del texto).
5 Índice 2 de SAMAI, certificado 45DEE65ED3B1CEB4 36CF478CEFC78BB6 DE68775DED1F1CDD
CC9C6AFC33667138, folio 15.
5
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Accionante: Lina Marcela Bustos Piñeros
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición
5.1. Mediante auto del 2 de febrero de 20266, el despacho ponente admitió la acción
de tutela, vinculó al Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo de Bogotá, a la Nación
• Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG), a la Secretaría de Educación de Bogotá y a la Fiduprevisora S.A. También
dispuso la notificación a las partes y a los vinculados.
5.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C7,
señaló que la decisión censurada fue debidamente motivada, de conformidad con
la normatividad que regula la materia y la jurisprudencia del Consejo de Estado,
según la cual las cesantías definitivas de servidores públicos son susceptibles del
estudio de la prescripción extintiva.
Destacó que, una vez se hace exigible el derecho al pago de las cesantías
definitivas, esto es, desde el momento en que cobra firmeza el acto que acepta la
renuncia o que finaliza la relación legal y reglamentaria por reconocimiento de
pensión de invalidez, como en el caso de la accionante, el titular de la prestación
cuenta con 3 años para solicitar el pago de dicha prestación.
En el sub lite, la accionante se desvinculó como docente desde el 25 de marzo de
2020, razón por la cual tenía el deber de reclamar el pago de sus cesantías
definitivas hasta el 25 de marzo de 2023, 3 años después. Sin embargo, solicitó su
pago el 17 de abril de 2023, cuando ya se encontraba superado el término que el
ordenamiento jurídico tiene establecido para que hiciera la reclamación, lo que
genera como consecuencia la extinción de su derecho por prescripción.
Sostuvo que no se allegó prueba pertinente ni conducente que acreditara las
precarias condiciones de salud de la entonces docente, las cuales le hubieran
impedido adelantar el trámite administrativo para solicitar su derecho. En
consecuencia, dichas circunstancias de salud no fueron puestas en conocimiento
dentro del proceso ordinario.
6 Índice 4 de SAMAI, certificado 21F5624475A151F7 234BAE36E3B72AB5 3E1654EB031475C1
803D4972492B0FBC.
7 Índice 10 de SAMAI, certificado 7F8A468EBBBFDD7D AA86EA0741086BEC 885B0A1B8F3CA139
735874765D3BCF65.
6
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Accionante: Lina Marcela Bustos Piñeros
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
5.3. El Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo de Bogotá8 hizo un recuento de las
actuaciones procesales surtidas en esa instancia y aseveró que se realizaron a la
luz del principio de legalidad. Asimismo, afirmó que la acción de tutela es
improcedente al no cumplir el requisito de relevancia constitucional, pues la
controversia planteada gira en torno a cuestiones de índole estrictamente legal, las
cuales fueron debatidas y decididas en el proceso ordinario correspondiente. En ese
orden, la accionante utiliza este mecanismo como una tercera instancia, lo que
resulta jurídicamente inadmisible.
De su lado, manifestó que las dos instancias aplicaron el régimen legal vigente
sobre prescripción de cesantías definitivas, particularmente los artículos 41 del
Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, normas que prevén el
término trienal contado desde la exigibilidad de la prestación. A partir del retiro del
servicio ocurrido el 25 de marzo de 2020, se estableció que la demandante contaba
hasta el 26 de marzo de 2023 para reclamar el pago; sin embargo, la solicitud
administrativa solo fue presentada el 17 de abril de 2023, cuando ya había operado
el fenómeno extintivo.
5.4. La Secretaría de Educación de Bogotá9 aseveró que la presente acción es
improcedente, comoquiera que lo que pretende la accionante es revivir, en sede de
tutela, la discusión jurídica respecto de la decisión tomada por los despachos
judiciales de negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho.
5.5. El Ministerio de Educación Nacional10 afirmó que la acción de tutela es
improcedente al no cumplir el requisito de relevancia constitucional, aunado al
hecho de que se configura la falta de legitimación por pasiva de dicha entidad,
comoquiera que no es la responsable de la conducta cuya omisión genera la
vulneración alegada, por lo que solicitó su desvinculación.
8 Índice 11 de SAMAI, certificado 5355A07BC5B233E6 D63C21D3937955A4 8714685919AFB2B8
BF68C329373F6E55.
9 Índice 12 de SAMAI, certificado 658EDFFE6B0C3656 610FCB73A7B9EE47 72EA12D147ACE903
23FC510492713A88.
10 Índices 13 y 14 de SAMAI, certificados 59B689CC306072B3 1A1A6C1A7EE0BE53 538D0B2F97375F6B
586F675F5A383E47 y 59B689CC306072B3 1A1A6C1A7EE0BE53 538D0B2F97375F6B 586F675F5A383E47,
respectivamente.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00598-00
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
5.6. La Fiduprevisora S.A. y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) no se pronunciaron11.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Lina
Marcela Bustos Piñeros en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, de conformidad con lo establecido en los artículos
86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala establecer,
como cuestión inicial, si la presente acción de tutela cumple los requisitos de
procedibilidad excepcional contra providencias judiciales.
Superado dicho examen, la Sala deberá determinar si el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, vulneró los derechos
fundamentales a la dignidad humana y a la seguridad social de la accionante al
negar el reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas, con fundamento en la
aplicación de la regla de prescripción prevista en los artículos 41 del Decreto 3135
de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, sin considerar su condición de sujeto de
especial protección constitucional ni las circunstancias particulares derivadas de su
estado de salud.
Ahora bien, aunque el derecho a la dignidad humana no fue alegado de manera
expresa como vulnerado por la accionante, la Sala estima necesario abordar su
estudio, en atención a que del análisis del material fáctico y probatorio se advierte
su posible afectación, dada la situación de debilidad manifiesta en la que se
encuentra y la carga desproporcionada que le fue impuesta. En ese sentido, la
11 Luego de efectuar la consulta en SAMAI, no se encontró registro alguno de que la Fiduprevisora S.A. y el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) hubieran rendido informe, pese a la
notificación electrónica surtida, visible en el índice 7 de SAMAI.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00598-00
Accionante: Lina Marcela Bustos Piñeros
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
jurisprudencia constitucional ha reconocido que el juez de tutela no se encuentra
limitado por la formulación estricta de los derechos invocados, sino que, en virtud
del principio de eficacia de los derechos fundamentales12, puede identificar y
amparar aquellos que resulten comprometidos en el caso concreto13.
En ese marco, le corresponde a la Sala definir si, en el asunto sub examine, la
aplicación estricta de la regla de prescripción desconoció el mandato de protección
reforzada que ampara a la accionante y, por esa vía, condujo a un resultado
incompatible con la Constitución que imponía su inaplicación por vía de excepción
de inconstitucionalidad.
3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad14 y de procedencia15 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.
4. Procedibilidad de la acción de tutela
4.1. Los reparos planteados en la acción de tutela satisfacen el requisito de
relevancia constitucional, en la medida en que la parte actora expuso de manera
clara que la presunta vulneración de sus derechos fundamentales se originó en la
indebida interpretación y aplicación de los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y
102 del Decreto 1848 de 1969, relativos a la prescripción extintiva de derechos
laborales, lo que podría dar lugar a la configuración de un defecto sustantivo.
12 Sentencia T 124 de 1993.
13 Sentencia SU-150 de 2021.
14 De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del
juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la
decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma
razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados
al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
15 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental;
defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto
por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00598-00
Accionante: Lina Marcela Bustos Piñeros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Adicionalmente, las garantías fundamentales invocadas se estiman comprometidas
por cuanto el tribunal habría omitido valorar que la accionante es una persona en
condición de discapacidad, a quien se le reconoció una pensión de invalidez con
una pérdida de capacidad laboral del 100%, circunstancia que la ubica como sujeto
de especial protección constitucional y que imponía un análisis acorde con la
efectividad de sus derechos fundamentales.
4.2. El presupuesto de subsidiariedad también se encuentra satisfecho, porque no
procede otro mecanismo judicial para controvertir, en particular, la sentencia del 17
de septiembre de 2025. En efecto, no hay lugar a acudir al recurso extraordinario
de revisión, toda vez que no se configura ninguna de las causales taxativas
previstas en la ley para su procedencia.
4.3. La acción de tutela se instauró oportunamente, en términos del requisito de la
inmediatez, en tanto la providencia reprochada fue notificada electrónicamente el
18 de septiembre de 202516; y el amparo se interpuso el 29 de enero de 202617, es
decir, dentro del término razonable de 6 meses señalado por la jurisprudencia.
4.4. En la acción de tutela no se alega un defecto procedimental.
4.5. En el escrito de tutela se identifican de manera razonable los hechos que
generan la vulneración de los derechos invocados.
4.6. Finalmente, la providencia censurada no corresponde a una sentencia de tutela.
Verificado el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela, la Sala abordará el estudio de la excepción de inconstitucionalidad
respecto de los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de
1969, a efectos de determinar su compatibilidad con la Constitución en el caso
concreto.
16 Índice 15 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, radicado 11001334204720230038101 y
conforme consta en la consulta efectuada a la página web de la Rama Judicial denominada Consulta de
procesos nacional unificada https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion.
17 Índice 2 de SAMAI, certificado B8AB682CDF1CB7AE 703E9A6BFEF478D9 E0BCAE2ACA648318
AB747B5F03BE17C6.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00598-00
Accionante: Lina Marcela Bustos Piñeros
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
5. La señora Bustos Piñeros cuestiona, en esencia, que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, incurrió en defecto sustantivo
por indebida interpretación y aplicación de los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968
y 102 del Decreto 1848 de 1969, que desarrollan la prescripción extintiva del
derecho, porque la primera norma, en su inciso segundo, diferencia el reclamo que
presenta el interesado ante la autoridad competente, con lo que se considera
interrumpida la prescripción, y la posibilidad de dar inicio a un proceso judicial para
que sea reconocido ese derecho.
Al negar su derecho al reconocimiento y pago de las cesantías bajo el argumento
de que había operado el fenómeno jurídico de la prescripción, a su juicio,
desconoció que el término de prescripción del artículo 41 del Decreto 3135 de 1968,
regulado por el artículo 102 del Decreto 1848, no se estableció para acudir a la
administración para reclamar un derecho cierto, esto es, para el caso concreto, el
desembolso de los recursos obtenidos por cesantías que ascienden a la suma de
$33.000.000.
Por su parte, manifiesta que la decisión censurada resulta desproporcionada, en la
medida en que pasó por alto que se trata de una persona a quien se le reconoció
una pensión de invalidez por presentar una pérdida del 100% de su capacidad
laboral. Esta condición la convierte en sujeto de especial protección, por lo que
debió aplicarse el principio de favorabilidad.
6. De la prescripción extintiva
En virtud de la prescripción, el ejercicio de un derecho se adquiere o se extingue
con el solo transcurso del tiempo o del término establecido en la ley18. Así, la
prescripción se refiere de manera directa a la pretensión, al derecho y al término
particular para adquirirlo o extinguirlo19. En lo relacionado con la prescripción
extintiva, esta impone el deber a cada persona de reclamar sus derechos dentro del
tiempo que fija la ley, es decir, determina que el ejercicio de los que se pretenden
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Consejera
ponente: Bertha Lucia Ramírez de Páez (E). Bogotá D.C., cuatro (4) de julio de dos mil trece (2013). Radicación:
11001-03-25-000-2012-00301-00 (1131-12). Actor: Luz Stella Trujillo Cortés. Demandado: Procuraduría
General de la Nación.
19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Consejero ponente: Consuelo
Sarrio Olcos. Bogotá D.C., diez y ocho (18) de octubre de mil novecientos noventa y seis (1996). Radicación:
7934.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00598-00
Accionante: Lina Marcela Bustos Piñeros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
adquiridos debe hacerse dentro de un lapso específico20, pasado el cual, si no se
hizo la reclamación, genera la pérdida del derecho.
Sobre el asunto, el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 dispone:
“ARTÍCULO 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en
este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva
obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad
competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.”
A su turno, el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 aplicable al sub examine,
establece lo siguiente:
“ARTÍCULO 102.- Prescripción de acciones.
1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135
de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la
fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o
empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual”.
En desarrollo del marco normativo relativo a la prescripción extintiva del derecho, la
Sección Segunda, Subsección A, de esta corporación sostuvo lo siguiente:
“Esta Corporación21 ha señalado que la configuración de la mentada figura
requiere que transcurra un determinado lapso durante el cual no se hayan
ejercido las acciones correspondientes para reclamar los derechos que
considera vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde que la obligación
se haya hecho exigible, con una posibilidad de interrupción del término por un
lapso igual, tal como lo indica el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 aplicable
al sub examine, que reza lo siguiente:
ARTÍCULO 102.- Prescripción de acciones.
1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto
3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a
partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
20 “Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 26 de enero de 2012, proferida por esta
subsección dentro del Expediente N° 1608 de 2011, demandante Carlos Dussan Pulecio M.P. Dr. Víctor
Hernando Alvarado Ardila; y de 23 de septiembre de 2010 dictada dentro del expediente N° 1201 de 2008,
actores: Marco Fidel Ramirez Yepez y Otros. Consejera Ponente: Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez”. La
presente cita corresponde a la providencia del 12 de septiembre de 2019, auto interlocutorio, radicado 47001-
23-33-000-2014-00092-01 (0583-15), C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 15
de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00598-00
Accionante: Lina Marcela Bustos Piñeros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad
o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente
determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.
De conformidad con la norma transcrita, el servidor público cuenta con el
término específico de tres (3) años, contados a partir de que su derecho laboral
se hizo exigible, para hacerlo efectivo ante la administración o en sede judicial
si así lo considera, so pena de que este prescriba y, en consecuencia, ya no
pueda ejercerlo.
La prescripción de los derechos laborales, así concebida, pretende garantizar
el principio de la seguridad jurídica, al imponer un límite a la posibilidad de
reclamar ante la administración su reconocimiento, lo que a su vez repercute
directamente en la preservación del patrimonio público, al detener la
generación de intereses y pagos moratorios22.
En desarrollo de los preceptos legales citados, esta Corporación en sentencia
del 25 de marzo de 2010, señaló lo siguiente:23
El Decreto 1848 de 4 de noviembre de 1969, reglamentario del Decreto
3135 de 26 de diciembre de 1968, por el cual se prevé la integración de
la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el
régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales,
en su artículo 102 reguló el tema de la prescripción y dispuso:
PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES. 1. Las acciones que emanan de los
derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto,
prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la
respectiva obligación se haya hecho exigible. 2. El simple reclamo escrito
del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre
un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la
prescripción, pero sólo por un lapso igual.
De todo lo expuesto se puede concluir lo siguiente:
i) En virtud de la prescripción, el ejercicio de un derecho se adquiere o se
extingue con el solo transcurso del tiempo.
ii) El servidor público debe reclamar sus derechos laborales dentro de los tres
(3) años computados a partir de que se hicieron exigibles, so pena de que
prescriban.”24
7. La excepción de inconstitucionalidad
La Corte Constitucional ha precisado que la excepción de inconstitucionalidad es un
instrumento de control concreto que, en desarrollo del artículo 4 de la Constitución,
no solo comporta una facultad, sino también un deber a cargo de las autoridades
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Radicación:
20001-23-33-000-2014-00074-01(4074-15). Actor: Freddy de Jesús Rivero Fragozo. Demandado: Municipio de
Agustín Codazzi (Cesar). Asunto: Contrato realidad en la labor de almacenista. Prescripción de los derechos
reclamados. Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D.C. 28 de septiembre de 2017.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 25 de marzo de 2010, radicación N°
2004-00540, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
29 de abril de 2021, radicado 68001-23-33-000-2017-00039-01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00598-00
Accionante: Lina Marcela Bustos Piñeros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
judiciales, orientado a garantizar la supremacía de la Constitución y la efectividad
de los derechos fundamentales en la resolución de casos concretos. En ese sentido,
ha señalado que dicha figura habilita a los operadores jurídicos para abstenerse de
aplicar normas de inferior jerarquía cuando, en un caso específico, su utilización
resulte incompatible con los mandatos constitucionales. En ese marco, la
jurisprudencia ha delimitado su fundamento, alcance y los supuestos en los que
procede, en los siguientes términos:
“[…] es una herramienta a través de la cual las autoridades judiciales cumplen
con la “facultad-deber” de inaplicar en un caso concreto una norma por
contrariar la Constitución Política. Es una figura jurídica que se fundamenta en
el artículo 4 de la Constitución, el cual prevé que “[l]a Constitución es norma de
normas” y que “[e]n todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley
u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”.
Precisamente, de la referida disposición constitucional “se deriva la obligación
de aplicar preferentemente las normas constitucionales, cuando las normas de
inferior jerarquía resultan incompatibles con las primeras]. La excepción de
inconstitucionalidad aplica sin necesidad de ser “alegada o interpuesta como
acción. Además, es una herramienta que “se usa con el fin de proteger, en un
caso concreto y con efecto inter partes, los derechos fundamentales que se
vean en riesgo por la aplicación de una norma de inferior jerarquía y que, de
forma clara y evidente, contraría las normas contenidas dentro de la
Constitución Política”.
162. La jurisprudencia constitucional ha establecido “tres escenarios
puntuales” en los que procede dar aplicación a la excepción de
inconstitucionalidad, a saber:
(i) La norma es contraria a las [sic] cánones superiores y no se ha producido
un pronunciamiento sobre su constitucionalidad […];
(ii) La regla formalmente válida y vigente reproduce en su contenido otra que
haya sido objeto de una declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte
Constitucional o de nulidad por parte del Consejo de Estado, en respuesta a
una acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad
según sea el caso; o,
(iii) En virtud, de la especificidad de las condiciones del caso
particular, la aplicación de la norma acarrea consecuencias que no
estarían acordes a la luz del ordenamiento iusfundamental. En otras
palabras, “puede ocurrir también que se esté en presencia de una norma
que, en abstracto, resulte conforme a la Constitución, pero no pueda ser
utilizada en un caso concreto sin vulnerar disposiciones
constitucionales”.25 (Resaltado original del texto).
8. Para resolver el sub lite, la Sala acudirá a la excepción de inconstitucionalidad
con el fin de abstenerse de aplicar, en el caso concreto, los artículos 41 del Decreto
3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, por resultar incompatibles con la
Constitución Política, en particular con los derechos fundamentales a la dignidad
25 Corte Constitucional, sentencia SU-109 de 2022.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00598-00
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humana y a la seguridad social de la accionante. En ese contexto, conviene precisar
que el derecho a la dignidad humana26, conforme a la jurisprudencia constitucional,
constituye un principio fundante del Estado Social de Derecho, en virtud del cual se
garantiza a toda persona la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida autónomo,
contar con unas circunstancias materiales de existencia acordes con su naturaleza
de ser humano y recibir un trato respetuoso de su situación personal. Por su parte,
el derecho fundamental a la seguridad social “protege a las personas que están en
imposibilidad física o mental para obtener los medios de subsistencia que le
permitan llevar una vida digna a causa de la vejez, del desempleo o de una
enfermedad o incapacidad laboral, o en general, de cualquier otra causa que tenga
el mismo efecto”27.
9. Pues bien, en el expediente se encuentra acreditado que, mediante Resolución
361 del 21 de febrero de 2020, la Subsecretaría de Gestión Institucional de la
Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá retiró del servicio por invalidez a la
señora Lina Marcela Bustos Piñeros, a partir del 25 de marzo de 202028.
Posteriormente, el 10 de marzo de 2020, la Dirección de Talento Humano de la
misma entidad expidió la Resolución 1925, por medio de la cual le reconoció una
pensión de invalidez a partir del 25 de marzo de 2020, equivalente al 75 % del último
salario percibido a la fecha de consolidación del estatus jurídico pensional, esto es,
el 13 de febrero de 2019, al haber sido calificada con una pérdida de capacidad
laboral del 88,62 %29.
Más adelante, a través de la Resolución 1111 del 7 de marzo de 2023, la Dirección
de Talento Humano de la Secretaría de Educación de Bogotá ajustó dicha pensión
de invalidez a partir del 12 de octubre de 2022, con fundamento en el incremento
de la pérdida de capacidad laboral al 100 %30.
26 Sentencia T-881 de 2002.
27 Corte Constitucional, sentencia SU-132 de 2013.
28 Archivo denominado “Demanda y anexos [...]”, carpeta “011_Recibe memoriales [...]”, visible a índice 11 de
SAMAI, certificado 26B470224DFEA3DD 21F32C01ACE7E24B DC9B07D3F65D5873 A75CC92D36BA8177,
folios 26 al 28.
29 Archivo denominado “Demanda y anexos [...]”, carpeta “011_Recibe memoriales [...]”, visible a índice 11 de
SAMAI, certificado 26B470224DFEA3DD 21F32C01ACE7E24B DC9B07D3F65D5873 A75CC92D36BA8177,
folios 37 al 39.
30 Archivo denominado “Demanda y anexos [...]”, carpeta “011_Recibe memoriales [...]”, visible a índice 11 de
SAMAI, certificado 26B470224DFEA3DD 21F32C01ACE7E24B DC9B07D3F65D5873 A75CC92D36BA8177,
folios 34 al 36.
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Luego, el 17 de abril de 2023, la señora Bustos Piñeros solicitó el reconocimiento y
pago de las cesantías definitivas31. No obstante, mediante Resolución
BOG202302701, la Dirección de Talento Humano de la Secretaría de Educación de
Bogotá negó dicha solicitud, al considerar que había operado el fenómeno jurídico
de la prescripción extintiva del derecho32.
En ese orden, del material probatorio obrante en el expediente de la acción de tutela
se encuentra acreditado que, de conformidad con el documento denominado
formato para dictamen laboral de la pérdida de capacidad laboral o del estado de
invalidez para los educadores afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio, del 12 de octubre de 2022, se fijó como porcentaje de pérdida de
capacidad laboral de la actora el 100%33. Asimismo, de la historia clínica34 aportada
por la accionante se advierte que, desde el año 2018 hasta el 2023, asistía de
manera continua a citas médicas con el fin de verificar su estado de salud física y
psicológica.
De su lado, el tribunal accionado fundamentó su decisión en la configuración del
fenómeno jurídico de prescripción de los derechos de la actora para reclamar el
reconocimiento y pago de las cesantías definitivas pretendidas. Señaló que la fecha
de exigibilidad del derecho en el sub lite correspondía al 25 de marzo de 2020,
cuando la demandante fue desvinculada del servicio y, por consiguiente, consolidó
la prerrogativa a percibir la prestación en litigio, razón por la cual contaba hasta el
“23 de marzo de 2023” para reclamar el pago de sus cesantías; sin embargo, la
solicitud fue radicada el 17 de abril de 2023. En consecuencia, concluyó que la
actora no ejerció el derecho dentro del término de 3 años previsto en el artículo 102
del Decreto 1848 de 1969 y, en la sentencia censurada del 17 de septiembre de
2025, dispuso que:
“En el caso concreto al desvincularse como docente público desde el 25 de
marzo de 2020, tenía el deber de reclamar el pago de sus cesantías definitivas
hasta el 23 de marzo de 2023 —tres años después—. Empero, peticionó a la
31 De conformidad con la parte motiva de la Resolución BOG202302701 visible en el archivo denominado
“Demanda y anexos [...]”, carpeta “011_Recibe memoriales [...]”, visible a índice 11 de SAMAI, certificado
26B470224DFEA3DD 21F32C01ACE7E24B DC9B07D3F65D5873 A75CC92D36BA8177, folios 29 al 31.
32 Archivo denominado “Demanda y anexos [...]”, carpeta “011_Recibe memoriales [...]”, visible a índice 11 de
SAMAI, certificado 26B470224DFEA3DD 21F32C01ACE7E24B DC9B07D3F65D5873 A75CC92D36BA8177,
folios 29 al 31.
33 Índice 2 de SAMAI, certificado 743A186852146469 F633FE00DAFFDD31 D0BB18C5610459C5
0E33E2A2D731E7D1, folios 148 al 151.
34 Índice 2 de SAMAI, certificado 743A186852146469 F633FE00DAFFDD31 D0BB18C5610459C5
0E33E2A2D731E7D1, folios 1 al 117.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00598-00
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administración su pago hasta el 17 de abril de 2023, cuando ya se encontraba
superado el término que el ordenamiento jurídico tiene establecido para que
hiciera la reclamación, lo que genera como consecuencia la extinción de su
derecho por el fenómeno jurídico de prescripción.
[…] Finalmente, dentro del plenario no existe prueba pertinente ni conducente
que dé cuenta de las precarias condiciones de salud de la entonces docente
que hayan impedido ejercer el proceso administrativo, para solicitar su derecho,
como tampoco que antes del sistema adoptado por la accionada no hubiere
tenido la oportunidad de elevar la reclamación en sede administrativa.”35
Finalmente, la autoridad judicial accionada desestimó el argumento elevado por la
entonces demandante, según el cual, con la expedición del Decreto Legislativo 564
de 2020, el Distrito Capital profirió una serie de actos administrativos —Decreto 093
del 25 de marzo de 2020, Decreto 108 del 8 de abril de 2020, artículo 19 del Decreto
121 del 26 de abril de 2020, Decreto 126 del 10 de mayo de 2020 y Decreto 131 del
31 de mayo de 2020— mediante los cuales se suspendieron términos, los cuales
debían ser tenidos en cuenta para efectos de contabilizar la prescripción. Al
respecto, afirmó el convocado que:
“Para la Corporación, la mencionada norma implica que, el conteo para
determinar si se configura la prescripción se debe efectuar a partir del día hábil
siguiente a la fecha en que cese la suspensión de términos judiciales que
ordenó el Consejo Superior de la Judicatura, es decir, 1° de julio de 2020, más
no sumar el periodo en que se interrumpió los términos. Ahora, si al momento
de decretarse la suspensión de términos, el plazo que le faltaba para hacer
inoperante la prescripción era inferior a 30 días, el ciudadano tendrá un mes
contado a partir del día hábil siguiente al levantamiento de la suspensión, para
realizar la correspondiente actuación.”36
10. Si bien la Sala reconoce que la autoridad judicial accionada decidió el asunto
con fundamento en las disposiciones legales vigentes que regulan la prescripción,
en estricta sujeción a su tenor literal, lo cierto es que, en el caso concreto, se
imponía un análisis adicional de naturaleza constitucional, orientado a verificar la
compatibilidad de dicha aplicación con la Carta Política.
Ciertamente, la aplicación estricta de la regla de extinción, sin consideración a las
circunstancias particulares de la actora, en especial, por tratarse de un sujeto de
especial protección constitucional y su situación de debilidad manifiesta, derivada
de la pérdida absoluta de su capacidad laboral, conduce a un resultado incompatible
35 Índice 12 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, certificado 0C1B24A1419C136D
4803F9F848EDC5A7 C7E33EC45421E1A1 CF72BDF7182A682F, radicado 11001334204720230038101.
36 Índice 12 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, certificado 0C1B24A1419C136D
4803F9F848EDC5A7 C7E33EC45421E1A1 CF72BDF7182A682F, radicado 11001334204720230038101.
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con los derechos fundamentales a la dignidad humana y a la seguridad social, en
tanto no recibió “un trato acorde a su naturaleza humana”37 y se le privó del acceso
a una prestación social orientada a garantizar su subsistencia en un escenario de
especial vulnerabilidad. En ese estado de cosas, para garantizar su efectividad, la
Sala, en ejercicio del control difuso de constitucionalidad, estima procedente
abstenerse de aplicar dichas disposiciones por vía de excepción de
inconstitucionalidad.
10.1. En el presente caso, la Sala advierte que el uso de la normativa efectuado
desconoció la dignidad humana de la actora, principio fundante e inalienable del
Estado Social de Derecho, en la medida en que se le impuso la carga de cumplir
estrictamente con el término prescriptivo, sin atender a sus características reales de
existencia ni a su situación de debilidad manifiesta. En efecto, se encuentra
acreditado que es beneficiaria de una pensión de invalidez desde el 25 de marzo de
2020 y que, a partir del 12 de octubre de 2022, su pérdida de capacidad laboral fue
fijada en un 100%, circunstancias que exigían un análisis diferenciado por parte de
la autoridad judicial.
Pese a ello, el tribunal omitió valorar integralmente el acervo probatorio, del cual se
desprende que, entre los años 2018 y 2023, la accionante asistió de manera
continua a controles y valoraciones médicas, situación que permite inferir que su
estado de salud era complejo y requería atención periódica. Desde esa perspectiva,
la exigencia de presentar la reclamación dentro del término legal (que vencía el 23
de marzo de 2023), sin considerar que la solicitud fue radicada el 17 de abril de
2023, esto es, con posterioridad al término previsto en la ley, implicó la imposición
de una carga desproporcionada, dado que tal estado de salud incidió de manera
37 “El artículo 1° de la Carta, consagra que la dignidad humana justifica la existencia del Estado y en razón a
su naturaleza de valor Superior y principio fundante, exige el reconocimiento a todas las personas del derecho
a recibir un trato acorde a su naturaleza humana.
De esta manera, la Corte ha señalado en reiteradas oportunidades que el derecho a la dignidad humana debe
entenderse bajo 2 dimensiones: a partir de su objeto concreto de protección y con base en su funcionalidad
normativa. En relación con el primero, este Tribunal ha establecido 3 lineamientos claros y diferenciables: i) la
dignidad humana como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus
características; ii) la dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia;
y iii) la dignidad humana como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, de la integridad física y moral o, en
otras palabras, la garantía de que los ciudadanos puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de trato
degrandante o humillante.
De otro lado, al tener como punto de vista la funcionalidad de la norma, este Tribunal ha identificado 3
expresiones del derecho a la dignidad: i) es un valor fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado;
ii) constituye un principio constitucional; y iii) también tiene la naturaleza de derecho fundamental autónomo.
En la Sentencia SU-062 de 1999, la Corte recordó que el régimen constitucional colombiano está fundado en
el respeto por la dignidad humana, es decir, en la facultad que tiene toda persona de exigir de los demás un
trato acorde con su condición. De esta manera, la dignidad se erige como un derecho fundamental de eficacia
directa, cuyo reconocimiento general compromete el sustento político del Estado”. Sentencia T-335 de 2019.
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determinante en la imposibilidad de acudir oportunamente a la administración, con
lo cual se desconoció su derecho a recibir “un trato acorde a su naturaleza humana”.
10.2. De otra parte, el uso normativo referido también afectó el derecho
fundamental38 a la seguridad social de la actora. En efecto, la negativa al
reconocimiento y pago de las cesantías definitivas tuvo como fundamento lo previsto
en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, que
consagran el plazo extintivo de los derechos laborales, según el cual estos deben
reclamarse dentro de los 3 años siguientes a su exigibilidad, so pena de su pérdida.
No obstante, la consideración de dicha regla en el escenario descrito desconoció
que las cesantías constituyen una prestación social39 orientada a brindar amparo
económico frente a contingencias, cuya finalidad es contribuir a la garantía de la
subsistencia del trabajador, especialmente en escenarios de vulnerabilidad. En esa
línea, la Corte Constitucional, en la sentencia C-078 de 2023, reiteró que el auxilio
de cesantía, en cuanto prestación social de carácter irrenunciable, cumple una
función de protección frente a contingencias que afectan la estabilidad económica
del trabajador al cesar la relación laboral. En ese sentido, su reconocimiento y pago
se inscriben en el marco de las garantías propias del sistema de protección social,
38 “49. La Constitución Política en su artículo 48 consagra el derecho a la seguridad social con un doble
significado: (i) como un servicio público obligatorio que se debe ampliar progresivamente y que se encuentra
bajo la dirección, coordinación y control del Estado, a quien corresponde desarrollarlo a través de leyes, y (ii)
como derecho fundamental que debe ser garantizado a todos los habitantes, cuyo contenido está íntimamente
ligado a la dignidad humana. A nivel interamericano, hay varias menciones a este derecho, como en el artículo
9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (también, llamado “Protocolo de San Salvador”) y en distintos
pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como en los casos Vera Vera vs. Ecuador,
Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica y Poblete Vilches vs. Chile.
50. Así pues, es pacífica la jurisprudencia de esta Corporación que ha entendido la seguridad social como un
derecho fundamental definido como un “conjunto de medidas institucionales tendientes a brindar
progresivamente a los individuos y sus familias, las garantías necesarias frente a los distintos riesgos sociales
que puedan afectar su capacidad y oportunidad, en orden a generar los recursos suficientes para una
subsistencia acorde con la dignidad del ser humano”. La sentencia T-026 de 2017, indica que la seguridad social
está sujeta al cumplimiento de los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y
participación”. Sentencia T-139 de 2025.
39 “29. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en sus orígenes también reconocía que la causación
de la cesantía tenía un efecto sancionador correlativo, pero la Ley 65 de 1946 eliminó su carácter sancionatorio
y determinó que la cesantía debía pagarse, independientemente del motivo del retiro, aunque previó unos casos
excepcionalísimos. Es decir, le eliminó el carácter sancionatorio y le otorgó contenido de prestación social,
como puede advertirse de lo dispuesto en el Decreto 2663 de 1950, Código Sustantivo del Trabajo que aun
permanece vigente y que en Título VIII “Prestaciones patronales comunes” la incorpora como tal.
30. La Corte Constitucional ha desarrollado el contenido de la prestación y ha estimado que “el auxilio de
cesantías se erige en una de las prestaciones más importantes para los trabajadores y su núcleo familiar y en
uno de los fundamentos más relevantes del bienestar de los mismos, en cuanto se considera el respaldo
económico de sus titulares para el acceso a bienes y servicios indispensables para el mejoramiento de la calidad
de vida de la población asalariada.” También la jurisprudencia la ha caracterizado como i) una prestación
social; ii) tiene doble connotación de garantía laboral y de la seguridad social; iii) cumple una función
social; iv) surge del vínculo jurídico laboral; v) incorpora una obligación del empleador de contenido económico
en favor del trabajador; vi) tiene vocación solidaria que fortalece el vínculo jurídico entre dos partes y refuerza
su necesidad de cumplimiento; se constituye en ahorro forzado; y vii) tiene carácter de irrenunciable, salvo las
excepciones dispuestas en la ley.” Sentencia C-295 de 2022.
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de modo que, en contextos de especial vulnerabilidad, su desconocimiento puede
incidir en la afectación de las condiciones materiales de existencia del trabajador y,
por esa vía, comprometer la efectividad del derecho fundamental a la seguridad
social.
Así, aunque en el caso concreto se configuró la extemporaneidad en la presentación
de la solicitud, lo cierto es que dicha circunstancia se encontraba justificada en las
circunstancias particulares de la accionante, en especial su estado de salud y su
situación de invalidez absoluta. Se trata, entonces, de una persona con pérdida de
capacidad laboral del 100%, lo que la ubica en el ámbito de protección reforzada
previsto en los artículos 1340 y 4741 de la Constitución Política, que comportan para
el Estado el deber de adoptar medidas diferenciadas en favor de quienes se
encuentran en situación de debilidad manifiesta. De este modo, la negativa al
reconocimiento de las cesantías, bajo una observancia estricta de la figura extintiva,
comprometió la efectividad de su derecho a la seguridad social, al privarla de un
recurso económico destinado a mitigar las contingencias derivadas de su situación.
11. En tales condiciones, resulta constitucionalmente inadmisible exigir el
cumplimiento estricto del término ya conocido, a una persona con pérdida de
capacidad laboral del 100%, pues ello desconoce el mandato de protección
reforzada y conduce a un resultado desproporcionado e incompatible con los
principios constitucionales. Por tanto, en ejercicio del control difuso de
constitucionalidad, la Sala inaplicará las disposiciones contenidas en los artículos
41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, por vía de excepción
de inconstitucionalidad, con el fin de garantizar la efectividad de los derechos
fundamentales comprometidos.
12. Bajo esta línea argumentativa, la Sala concluye que, en el sub lite, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, vulneró los
derechos fundamentales a la dignidad humana y a la seguridad social de la actora,
al acoger de manera estricta la prescripción sin atender a las circunstancias
particulares del caso ni a que se trata de un sujeto de especial protección
40 “[…] El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental,
se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan”.
41 “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00598-00
Accionante: Lina Marcela Bustos Piñeros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
constitucional, y omitió prescindir de dicha figura en el caso concreto pese a su
incompatibilidad con la Constitución.
13. En consecuencia, esta Subsección amparará los derechos fundamentales a la
dignidad humana y a la seguridad social de la actora; en tal virtud, dejará sin efectos
la sentencia del 17 de septiembre de 2025 y ordenará al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, proferir una nueva decisión en la
que tenga en cuenta las consideraciones expuestas en esta providencia.
14. La Sala precisa que la decisión de reemplazo deberá incorporar, de manera
expresa, las premisas de orden constitucional desarrolladas en esta providencia, en
particular aquellas relativas a la inaplicación de la institución de prescripción por vía
de excepción de inconstitucionalidad y al deber de adoptar un enfoque diferencial
acorde con la categoría de sujeto de especial protección constitucional de la
accionante.
15. Por sustracción de materia, la Sala se abstendrá de analizar los demás cargos
formulados en la demanda de tutela, en la medida en que lo aquí decidido resulta
suficiente para que el tribunal accionado profiera una nueva decisión en la que
garantice los derechos cuyo amparo se concede.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la dignidad
humana y a la seguridad social de Lina Marcela Bustos Piñeros, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 17 de septiembre de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, dentro del expediente radicado 110013342-047-2023-00381-00/01,
por las razones expuestas en esta providencia.
21
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00598-00
Accionante: Lina Marcela Bustos Piñeros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C que, en el término de veinte (20) días hábiles, contados a
partir de la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión en la que
atienda lo indicado en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 31
del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado
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