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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00609-00

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00609-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00609-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-00609-00
Accionante: LUZ MERY LEÓN BEDOYA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE DECLARA
IMPROCEDENTE. No cumple con el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la accionante contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Luz Mery León Bedoya solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, cuya vulneración le
atribuyó a la providencia de 18 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el número de radicación 76001-33-33-020-2022-
00045-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relató
que mediante Resolución SUB-149951 del 7 de junio de 2018, la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones le reconoció una pensión
de sobrevivientes en cuantía del 50%, con ocasión del fallecimiento del señor Luis
Enrique Piso.

2.2. Refirió
que la Administradora Colombiana de Pensiones, mediante Resolución
SUB-259396 del 30 de noviembre de 2020 revocó en todas sus partes la Resolución
SUB-149951 del 7 de junio de 2018, al haber hallado que la señora Luz Mery León
“[…] presentó declaraciones con contenido carente de veracidad e hizo solicitud de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Accionante: Luz Mery León Bedoya

una prestación a la cual no tenía derecho […]” de conformidad con la Investigación
Administrativa Especial núm. 256-20.

2.3. Señaló que la Administradora Colombiana de Pensiones presentó la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho núm. 76001-33-33-020-2022- 00045-00/01 en
su contra, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución SUB-149951 del
07 de junio de 2018 y a título de restablecimiento solicitó el reintegro de las sumas de
dinero pagadas a favor de Luz Mery León Bedoya durante el periodo de 17 de enero
de 2018 al 30 de junio de 2021, por el reconocimiento de la pensión de sobreviviente,
indexada y con intereses.

2.4. Afirmó que el Juzgado Veinte Administrativo Mixto del Circuito de Cali, mediante
sentencia de 18 de julio de 2023, negó las pretensiones de la demanda.

2.5. Adujo que Colpensiones interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión
y mediante providencia de 18 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca revocó la decisión de primera instancia, en su lugar declaró la nulidad
de la Resolución SUB 149951 de 2018 y condenó a Luz Mery León Bedoya a
reintegrar la suma total de $18.683.800 que percibió como pensión de sobrevivientes.

2.6. Manifestó que la providencia proferida por la autoridad judicial accionada vulneró
sus derechos fundamentales indicados supra al incurrir en los defectos fáctico y
sustantivo.

2.7. Expuso que “[…] el hecho de la convivencia lo suple el tiempo que tuvo casada la
accionante con su fallecido esposo y que al tener hijos hoy mayores de edad, no se
requiere los 5 años antes del fallecimiento siendo una tesis equivocada de la Segunda
Instancia para Revocar el presente fallo y lo cual es una vulneración de los derechos
míos frente a la entidad Colpensiones y mi derecho a la pensión y seguridad social y
debido proceso por defecto fatico al interpretar la norma y vulneración de una norma
sustantiva […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] Tutelar mi derecho a mi pensión por existir vulneración de una norma
sustantiva o defecto factico sustantivo o material y el debido proceso ordenando
Revocar la Sentencia de Segunda instancia No. 222 del 15- 09- 2025 del Acta
aprobada virtual 030 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del
radicado 76001-33-33-020-2022- 00045-01 […]”. [Negrilla del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 5 de febrero de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, vinculó como terceros
con interés directo en el resultado del proceso a la Administradora Colombiana de
Pensiones - Colpensiones y al Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de Cali.

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Accionante: Luz Mery León Bedoya

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegó el siguiente informe:

5.1. LaAdministradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES solicitó
declarar la improcedencia de la acción de amparo, como quiera que “[…] los
fundamentos de hecho y de derecho sobre los cuales versa la presente tutela ya
fueron objeto de estudio judicial […]”, a su vez, no se demostró la existencia de un
perjuicio irremediable.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20246.

VI.2. Problemas jurídicos

7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.

8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 “Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector

Justicia y del Derecho”.
5 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.

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VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

10. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.

13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de

7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
9
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.

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Accionante: Luz Mery León Bedoya

esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos
parámetros.

14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

15. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

16. La señora Luz Mery León Bedoya solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, cuya vulneración le
atribuyó a la providencia de 18 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el número de radicación 76001-33-33-020-2022-
00045-00/01.

17. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.

VI.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

18. El requisito de relevancia constitucional se cumple cuando se acredita que el asunto
gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental11 y no cuando
guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico
que deberán ser definidos por otras jurisdicciones12.

19. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales13, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces14.

10
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
11
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
12
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
13
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
14
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.

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20. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación15, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

21. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202216 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.

[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de

15
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
16
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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Accionante: Luz Mery León Bedoya

amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

22. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202317.

23. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales18.

24. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho atentado
debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.

17
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00609-00
Accionante: Luz Mery León Bedoya

25. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social por haber
incurrido, presuntamente en los defectos fáctico y sustantivo.

26. Expuso como argumento a los defectos alegados que “[…] el hecho de la
convivencia lo suple el tiempo que tuvo casada la accionante con su fallecido esposo
y que al tener hijos hoy mayores de edad, no se requiere los 5 años antes del
fallecimiento siendo una tesis equivocada de la Segunda Instancia para Revocar el
presente fallo y lo cual es una vulneración de los derechos míos frente a la entidad
Colpensiones y mi derecho a la pensión y seguridad social y debido proceso por
defecto fatico al interpretar la norma y vulneración de una norma sustantiva […]”.

27. Como se puede observar, la argumentación de la parte actora para acreditar la
vulneración de su derecho fundamental al debido proceso y a la seguridad social
adolece de la carga argumentativa mínima y hace imposible que el juez
constitucional efectúe un estudio de fondo de la solicitud de amparo.

28. Ello en razón a que, la accionante no identificó los elementos probatorios que
presuntamente fueron indebidamente valorados y tampoco se observa que la
providencia objeto de esta acción constitucional haya incurrido en una arbitrariedad
judicial o se hubiesen desconocidos los derechos fundamentales al debido proceso
y a la seguridad social de la actora.

29. Se resalta que cuando se alega la configuración de un defecto fáctico es deber
de la parte actora, a efectos de superar la carga mínima argumentativa, cumplir con
los siguientes requerimientos: i) identificar las pruebas que fueron dejadas de
valorar o indebidamente valoradas por la autoridad judicial, ii) explicar e identificar
las reglas de la lógica, de la experiencia y de la sana crítica que fueron omitidas por
el juez; iii) exponer por qué la omisión de la autoridad judicial fue determinante en
decisión adoptada, y iv) indicar las razones por las que la omisión de la autoridad
judicial constituye una actuación grosera, arbitraria e irrazonable19.

30. En este punto, resulta necesario resaltar que la simple enunciación de una
inconformidad respecto de la decisión adoptada mediante providencia judicial no
conduce a que el juez de tutela pueda abordar el fondo del asunto, ya que esta
autoridad no actúa como instancia adicional o de revisión del proceso y, es por esto,
que la intervención del juez constitucional se encuentra limitada por los argumentos
que el extremo accionante haya expuesto o planteado en el mecanismo de amparo.

31. Esta falencia argumentativa no puede ser subsanada por el juez de tutela, dado
que la presente acción constitucional se dirige contra una providencia judicial que
ha hecho tránsito a cosa juzgada; por lo cual es exigible el cumplimiento de una
carga mínima argumentativa que habilite un examen de fondo del caso. En armonía

19
Al respecto, ver sentencia de 28 de febrero de 2020, proferida por esta Sala de Decisión dentro de la acción de tutela
promovida por la sociedad SOLLA S.A. en contra de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con radicado número 11001-
03-15-000-2020-00342-00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00609-00
Accionante: Luz Mery León Bedoya

con lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 señaló lo
siguiente:

[…] [D]ado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, “el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”20. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis
únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, además de
verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de
procedencia. […]. (Negrilla fuera del texto)

32. Porotra parte, resulta relevante traer a colación lo decidido por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia que es objeto de la presente
acción constitucional:

“[…] Convivencia no simultánea de la cónyuge sobreviviente y la
compañera permanente

95. Se probó que el causante Luis Enrique Pizo y la señora Luz Mery León
Bedoya contrajeron matrimonio religioso el 20 de diciembre de 1986.

96. El 16 de noviembre de 2004, fecha en que celebró la conciliación para fijar
la cuota de alimentos en favor de sus menores, se separaron de hecho, así se
consignó en el acta:

97. El 19 de enero de 2005 disolvieron y liquidaron la sociedad conyugal en
Escritura Pública Nro. 121 de la Notaría Primera de Cali.

98. Es decir, los cónyuges Luis Enrique Pizo y la señora Luz Mery León Bedoya
convivieron por espacio de 18 años, momento en que se separaron de hecho y
disolvieron y liquidaron su sociedad conyugal.

99. Si bien, el inciso 3º del literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 brinda
la oportunidad a la cónyuge supérstite separada de hecho de ser beneficiaria
de la pensión de sobrevivientes en los casos de no convivencia simultánea
en los últimos 5 años a la muerte de afiliado o pensionado, si acredita la
convivencia por más de cinco años en cualquier tiempo antes del fallecimiento,
lo condiciona a que se mantenga vigente la sociedad conyugal.

100. La expresión “con la cual existe la sociedad conyugal vigente”, contenida
en el inciso final del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó
los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, se declaró exequible por la Corte
Constitucional en la sentencia C- 515 de 2019.

101. La Corte consideró que el requisito de existencia del vínculo patrimonial
(sociedad conyugal vigente) hasta el fallecimiento del causante es el criterio
relevante en el contexto de convivencia no simultánea y corresponde con la
amplia potestad de configuración del legislador en materia pensional y por los

20
Sentencia SU-074 de 2022.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00609-00
Accionante: Luz Mery León Bedoya

efectos que se derivan de la constitución y la disolución de la sociedad conyugal,
sobre las pensiones como derecho a suceder del cónyuge supérstite. Este
precedente tiene fuerza vinculante, es obligatorio, con efectos erga omnes.
102. En este mismo sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado en
sentencia del 30 de enero de 2020, en la que señaló:

“(…) el hecho de que las personas que conforman un matrimonio se
separen de hecho y además liquiden su sociedad conyugal, a pesar
de que no terminen los demás efectos civiles del matrimonio católico
como lo es el estado civil de la persona, son causales suficientes para
perder aquél derecho que le otorga la Ley 100 de 1993 en cuanto al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes se refiere, por
cuanto, los haberes del pensionado o del afiliado dejan de ser parte de la
masa patrimonial que alguna vez conformaron”. (se destaca en negrilla)

103. Es decir, no se cumplen los presupuestos para que la demandada sea
beneficiaria de la pensión de sobrevivientes por ello, se revocará la sentencia
de primera instancia y se accederá a las pretensiones.

104. Se declarará la nulidad del acto acusado y se ordenará a demandada
devolver las sumas recibidas por concepto de la pensión indexadas, se acreditó
que al momento de hacer la reclamación de la prestación faltó a la verdad y
omitió información sobre la existencia de la compañera permanente que pudo
conllevar a la suspensión del reconocimiento y pago de las mesadas, mientras
se definía el reconocimiento a favor de la cónyuge y de la compañera, con lo
que se desvirtúa el principio de buena fe.

105. Para ello, Colpensiones deberá suscribir un acuerdo de pago, que preste
mérito ejecutivo, atendiendo a las condiciones socio-económicas de la
demandada, de tal manera que los plazos y montos pactados no menoscaben
su mínimo vital […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

33. La transcripción anterior permite evidenciar que, contrario a lo expuesto por la
parte accionante no se observa que la decisión proferida en sede ordinaria hubiese
sido arbitraria o, se hubiesen desconocido los derechos fundamentales de la parte
accionante en el trámite del medio de control.

34. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”21.

35. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”;
ya que en “el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las decisiones
de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos […]”22. En
esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara

21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
22
Ibidem.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00609-00
Accionante: Luz Mery León Bedoya

arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”23.

36. Así las cosas, la Sala declarará improcedente la presente acción de tutela por
carecer de relevancia constitucional, como se dispondrá en la parte resolutiva de
esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

23
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

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