Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00609-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Nulidad y restablecimiento del derecho: lesividad – Pensión de sobreviviente
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00609-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00609-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
8 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., ocho (8) de mayo de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00609-01
Accionante: LUZ MERY LEÓN BEDOYA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derechos
fundamentales al debido proceso y a la seguridad social/ MEDIO DE CONTROL DE
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Lesividad – Pensión de sobreviviente
cónyuge separada de hecho con disolución y liquidación de la sociedad conyugal –
Requisito de convivencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Improcedencia por
inexistencia de carga argumentativa.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la parte accionante,
en nombre propio, contra la sentencia del 26 de febrero de 2026, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad con lo consagrado en el
artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19911.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 30 de enero de 2026, la señora Luz Mery León Bedoya, en nombre propio,
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por
la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
seguridad social. Lo anterior, con ocasión de la expedición de la sentencia del 18
de septiembre de 2025, proferida en el curso del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado núm. 76001-33-33-020-2022-00045-01.
Hechos relevantes
2. La Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones- promovió medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, en grado de lesividad, contra la
señora Luz Mery León Bedoya, con el fin de obtener la nulidad de la Resolución
núm. SUB 149951 del 7 de junio de 2018, a través de la cual se reconoció una
pensión de sobrevivientes en favor de la accionante, en su calidad de cónyuge
supérstite del causante afiliado Luis Enrique Pizo Gutiérrez, en cuantía del 50%.
1 Que ingresó a despacho para fallo el 10 de abril de 2026.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00609-01
Accionante: Luz Mery León Bedoya
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
3. A título de restablecimiento del derecho, Colpensiones solicitó el reintegro de la
suma de $18.683.800 que, a su juicio, la señora Luz Mery León Bedoya recibió de
manera irregular por el periodo comprendido entre el 17 de enero de 2018 y el 30
de junio de 2021.
4. El proceso correspondió al Juzgado Veinte (20) Mixto del Circuito Judicial de Cali
que, por medio de sentencia del 18 de julio de 2023, negó las pretensiones de la
demanda.
5. A juicio del a quo, la liquidación de la sociedad conyugal sin divorcio suponía la
desaparición del régimen económico y patrimonial derivado del matrimonio, pero no
de las obligaciones civiles. Así, en armonía con el artículo 113 del Código Civil,
expuso que “el matrimonio impone el deber de auxiliarse mutuamente, de modo
que, mientras el matrimonio siga vigente el deber de auxilio mutuo sigue presente
así se liquide la sociedad conyugal”2.
6. En ese sentido, encontró demostrado que la señora Luz Mery León Bedoya y el
causante no estaban legalmente divorciados y “convivieron por lapso mayor a cinco
años, los que deben computarse en cualquier tiempo por la existencia del vínculo
matrimonial pese a la liquidación de los activos y pasivos de que trata la escritura
pública 121 de 19 de enero de 2005”3.
7. Colpensiones presentó apelación contra la decisión precitada, por considerar que
la señora Luz Mery León Bedoya no acreditó la convivencia con el pensionado
fallecido durante los cinco años anteriores a su deceso.
8. El recurso fue tramitado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que,
mediante sentencia del 18 de septiembre de 2025, revocó la providencia de primera
instancia y, en su lugar, resolvió:
“[…] PRIMERO: Declarar la nulidad de la Resolución SUB 149951 del 7 de
junio de 2018 que ordenó el reconocimiento y pago del 50% de la pensión
de sobrevivientes a la señora Luz Mery León Bedoya”
SEGUNDO: condenar a la demandada Luz Mery León Bedoya a reintegrar
a Colpensiones la suma total de $18.683.800, que percibió como pensión de
sobrevivientes, debidamente indexada a la fecha de ejecutoria de esta
sentencia.
Colpensiones deberá suscribir un acuerdo de pago, que preste mérito
ejecutivo, atendiendo a las condiciones socio-económicas de la demandada,
de tal manera que los plazos y montos pactados no menoscaben su mínimo
vital. […]”4.
9. El ad quem encontró que la señora Luz Mery León Bedoya, como cónyuge
supérstite, no acreditó la convivencia simultánea en los últimos cinco años
anteriores al deceso del afiliado. Así, advirtió que, si bien se demostró que la actora
vivió con el causante por espacio de 18 años, la sociedad conyugal fue disuelta y
2 Folio 3. Archivo “038Recepcionmemor_11_Sentencia_Sentenc”.
3 Ibid.
4 Folio 13. Ibid.
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Accionante: Luz Mery León Bedoya
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
liquidada desde 2005, por ello, no cumplía con el requisito previsto en el literal b)
del artículo 13 de la Ley 797 de 2003.
Pretensiones
10. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):
“Tutelar mi derecho a mi pension por existir vulneracion de una norma
sustantiva o defecto factico sustantivo o material y el debido proceso
ordenando Revocar la Sentencia de Segunda instancia No. 222 del 15- 09-
2025 del Acta aprobada virtual 030 del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca dentro del radicado 76001-33-33-020-2022- 00045-01 Magistrada
Dra ZORANNY CASTILLO OTALORA.-”5.
Fundamentos de la demanda de tutela
11. La parte demandante sostiene que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, con la expedición de la sentencia del 18 de septiembre de 2025, incurrió en
un defecto sustantivo por cuanto se desconoció que “una norma aplicable en una
demanda, vulnera principalmente el derecho fundamental al debido proceso,
incurriendo comúnmente en un defecto sustantivo o material. Esto implica que la
decisión judicial desborda el marco legal al aplicar normas inaplicables o ignorar las
vigentes, afectando la seguridad jurídica, la igualdad y el derecho de defensa”6.
12. En ese sentido, expuso que “el hecho de la convivencia lo suple el tiempo que
tuvo (sic) casada la accionante con su fallecido esposo y que al tener hijos hoy
mayores de edad, no se requiere los 5 años antes del fallecimiento siendo una tesis
equivocada de la Segunda Instancia para Revocar el presente fallo y lo cual es una
vulneración de los derechos míos frente a la entidad Colpensiones y mi derecho a
la pensión y seguridad social y debido proceso por defecto fatico al interpretar la
norma y vulneración de una norma sustantiva”7.
Trámite procesal
13. Por medio de auto del 5 de febrero de 20268, la Sección Primera del Consejo de
Estado admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca como accionado, y al Juzgado Veinte (20)
Administrativo del Circuito Judicial de Cali y a Colpensiones como terceros con
interés en las resultas del proceso.
Intervenciones
14. Colpensiones solicitó que se declare improcedente la acción de tutela de la
referencia, por cuanto los argumentos de hecho y de derecho sobre los cuales versa
la demanda ya fueron objeto de estudio por el juez natural de la causa. Asimismo,
5 Folio 6 del escrito de tutela.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Índice 4 de Samai. Certificado 04CAB6200B8DBECE 9D615E1C57B3CB0E 83930722AB2E3B20
D541F228E7428B2D.
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Accionante: Luz Mery León Bedoya
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
expuso que no se demostró un perjuicio irremediable que amerite la intervención
del juez constitucional.
15. El Juzgado Veinte (20) Administrativo del Circuito Judicial de Cali aportó el
enlace de acceso al expediente contentivo del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado núm. 76001-33-33-020-2022-00045-01.
16. Pese a haber sido notificadas en debida forma, las demás partes guardaron
silencio.
La sentencia de primera instancia
17. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 26 de
febrero de 2026, declaró improcedente la acción de tutela presentada por la señora
Luz Mery León Bedoya contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al
considerar que no se acreditó el requisito de relevancia constitucional ni se cumplió
con la carga argumentativa mínima exigida para sustentar la configuración de las
causales específicas de procedibilidad invocadas.
18. El a quo sostuvo que “la simple enunciación de una inconformidad respecto de
la decisión adoptada mediante providencia judicial no conduce a que el juez de
tutela pueda abordar el fondo del asunto, ya que esta autoridad no actúa como
instancia adicional o de revisión del proceso y, es por esto, que la intervención del
juez constitucional se encuentra limitada por los argumentos que el extremo
accionante haya expuesto o planteado en el mecanismo de amparo”9.
19. En consonancia, expuso que esa falencia argumentativa no podía ser
subsanada por el juez de tutela, en la medida en que la presente acción
constitucional se dirige contra una providencia judicial que ha hecho tránsito a cosa
juzgada. Así, señaló que la intervención del juez constitucional es de carácter
excepcional y se encuentra condicionada al cumplimiento de una carga
argumentativa mínima que habilite un examen de fondo y dote al proceso de
relevancia constitucional, pues, de lo contrario, ello implicaría desbordar el ámbito
propio de la tutela contra providencias judiciales y desconocer los principios de
seguridad jurídica y autonomía judicial.
La impugnación
20. La señora Luz Mery León Bedoya, en nombre propio, presentó impugnación
contra la decisión precitada, mediante escrito en el cual reiteró los argumentos
expuestos en la demanda.
9 Folio 8. Archivo “014Sentencia_20ACfExp2026060900LU(.pdf) NroActua 13”.
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Cuestión previa, resolución de impedimento
21. La consejera de Estado Zoranny Castillo Otálora10 manifestó encontrarse
incursa en la causal de impedimento consagrada en el numeral 6.° del artículo 56
del Código de Procedimiento Penal, por cuanto suscribió la sentencia del 18 de
septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la
cual se cuestiona en la acción de tutela de la referencia.
22. Al respecto, el artículo 39 del Decreto Ley 2591 de 1991, señaló para las
manifestaciones de impedimento dentro de las acciones de tutela lo siguiente:
“ARTÍCULO 39. RECUSACIÓN. En ningún caso será procedente la
recusación. El juez deberá declararse impedido cuando concurran las
causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal so pena de
incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente. El juez que conozca de
la impugnación del fallo de tutela deberá adoptar las medidas procedentes
para que se inicie el procedimiento disciplinario, si fuere el caso”.
23. Para que sea posible que el juez de tutela se aparte del conocimiento de
determinado asunto, debe producirse la manifestación a instancia del propio
funcionario judicial, esto es, por la vía del impedimento, con fundamento en las
causales establecidas en el Código de Procedimiento Penal, que en el numeral 6.º
del artículo 56 señala:
“Artículo 56. Causales de impedimento. Son causales de impedimento:
[…]
6.- Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata,
o hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero o
compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de
consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la
providencia a revisar”.
24. En este orden de ideas, la Sala de Subsección estima fundado el impedimento
para conocer del presente asunto, en consideración a que la afirmación señalada
por la magistrada Zoranny Castillo Otálora se ajusta al presupuesto fijado en el
dispositivo mencionado, al verificar que suscribió la sentencia del 18 de septiembre
de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que se profirió
en el curso del proceso que se cuestiona en el asunto bajo estudio.
Competencia
25. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de
1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
10 Véase índice 5 de SAMAI.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00609-01
Accionante: Luz Mery León Bedoya
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
26. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la acción de tutela cumple los
requisitos generales de procedibilidad contra providencias judiciales, en particular
el de relevancia constitucional y la carga argumentativa mínima para cuestionar la
sentencia del 18 de septiembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca?
27. De resultar afirmativa la respuesta del anterior interrogante, se resolverá ¿si el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con la expedición de la providencia del
18 de septiembre de 2025, incurrió en una vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la seguridad social de la parte accionante?
28. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) el cumplimiento
del requisito de relevancia constitucional y (iii) el caso concreto, en el cual se
estudiará si la parte accionante cumplió con la carga argumentativa para explicar
las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales en las que presuntamente incurrió la providencia enjuiciada.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
29. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 200511,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga los requisitos generales de procedencia y acredite, al menos, una causal
específica.
30. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar12: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela13, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional14 o el Consejo de Estado15,
ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP-16; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
11 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
12 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
13 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
15 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable17 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
Del requisito de relevancia constitucional
31. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.
32. La Corte Constitucional indicó18 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.
33. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en los
eventos en que se pretende reabrir el debate 19: (i) la discusión debe recaer sobre
un asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre en el contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.
34. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia20.
17 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
19 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00609-01
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Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Caso concreto
35. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito de carga argumentativa
exigida para cuestionar una decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca de manera previa.
36. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el requisito
general de la relevancia constitucional se acredita cuando: (i) se involucra la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales y (ii) cuando el actor en su
escrito de tutela cumple con la carga de exponer argumentos mínimos de
establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial demandada
incurrió en algunas de las causales especiales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales, que afectaron sus derechos
fundamentales21.
37. Frente a ello, la Corte Constitucional en la sentencia SU–215 de 202222 precisó,
en relación con el alcance del requisito general de la relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite
a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige
contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. […]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la
resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la
Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia. […]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a
la violación de derechos fundamentales, principalmente al debido
proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es
que la solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante
considera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal
y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con
respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto
Tributario. […]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
21 Consejo de Estado. Sentencia del 24 de marzo de 2023. Núm. único de radicación:
110010315000202300790-00. Actor: Jorge Toro Garrido.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00609-01
Accionante: Luz Mery León Bedoya
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un
asunto carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la
controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el
interés general sino uno estrictamente privado o particular. Esto no
significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un
asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos
se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo
en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que
se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones
de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la
acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho
fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios. […]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales proferidas por una alta corte debe ser
examinada con especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar
que en la providencia atacada se presenta una afectación
desproporcionada a un derecho fundamental, producto de una
actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, sino que se requiere demostrar:
(i) su existencia, (ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter
arbitrario, para entender acreditado el requisito general de procedencia
de relevancia constitucional […]”23. (Resaltado por la Sala).
38. Ahora bien, de conformidad con el escrito contentivo de la demanda, esta
Subsección no encuentra que la accionante desarrollara suficientemente alguna
causal específica de procedibilidad en la que hubiese podido incurrir el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca al proferir la sentencia del 18 de septiembre de
2025, de manera que cumpla con los requisitos específicos para la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales.
39. Al contrario, si bien la señora Luz Mery León Bedoya enunció la configuración
de un defecto sustantivo, en los fundamentos de la acción de tutela se limitó a citar
apartes de la que afirma ser la “sentencia SL1080-2022”24, dictada por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según la cual “[l]a disolución y
liquidación de la sociedad conyugal tampoco produce la separación de cuerpos,
hipótesis que, según el Artículo 167 del Código Civil, tampoco disuelve el
matrimonio. Su relación con la disolución de la sociedad conyugal puede ser
inversa, pues el artículo mencionado establece este último fenómeno como
consecuencia de la separación de cuerpos, a no ser que los cónyuges manifiesten
su deseo de mantenerla vigente”25.
23 Ibid.
24 Folio 5 del escrito de tutela.
25 Folios 5 y 6 del escrito de tutela.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00609-01
Accionante: Luz Mery León Bedoya
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
40. Frente a ello, es necesario reiterar que el principio de informalidad que rige la
acción de tutela no es absoluto ni exonera a la accionante del cumplimiento de unas
cargas mínimas de estructuración. En particular, resulta indispensable que el escrito
permita identificar con claridad los hechos que originan la solicitud, los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados, la autoridad responsable y, tratándose
de tutela contra providencias judiciales, la configuración de las causales específicas
de procedibilidad mediante una argumentación suficiente. Sólo a partir de estos
elementos se habilita la intervención del juez constitucional y el eventual examen de
fondo del asunto.
41. En este orden de ideas, de conformidad con los argumentos expuestos en el
escrito de tutela, se tiene que la parte accionante no cumplió con la carga
argumentativa requerida para la procedencia de la acción, puesto que no desarrolló
una fundamentación dirigida a establecer por qué la sentencia del 18 de septiembre
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, incurrió en una
causal específica de procedibilidad vulneratoria de sus derechos fundamentales.
42. Aunque el asunto se relaciona con una prestación pensional y, por tanto, puede
involucrar derechos fundamentales como la seguridad social, en este caso la
accionante no explicó por qué la sentencia cuestionada configuró una actuación
arbitraria, irrazonable o abiertamente contraria al precedente constitucional. Su
argumentación se limitó a controvertir la interpretación del requisito legal de
convivencia, lo que no basta para habilitar el examen de fondo de una tutela contra
providencia judicial.
43. En definitiva, la parte actora no precisó de manera concreta, clara y específica
cuáles fueron los yerros en que habría incurrido la autoridad judicial accionada al
resolver el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ni explicó de
qué forma tales errores se traducen en la vulneración de derechos fundamentales.
Esta omisión impide identificar la configuración de alguna de las causales
específicas de procedibilidad y, en consecuencia, priva a la Sala de los elementos
necesarios para adelantar un examen de fondo del asunto.
44. Así las cosas, de conformidad con lo anterior, la Subsección confirmará la
sentencia del 26 de febrero de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo
de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela presentada por la señora
Luz Mery León Bedoya contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional, asociado a la carga
argumentativa mínima.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00609-01
Accionante: Luz Mery León Bedoya
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
III. R E S U E L V E
PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por la consejera de Estado
Zoranny Castillo Otálora, con fundamento en la causal prevista en el numeral 6.º del
artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, SEPARAR a dicha
magistrada del conocimiento del presente asunto.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 26 de febrero de 2026, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de
tutela presentada por la señora Luz Mery León Bedoya, en nombre propio, contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
CUARTO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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