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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00618-00

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00618-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Fernando Alfonso Oñoro Paternina, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00618-00

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

26 de marzo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00618-00
Demandante: Fernando Alfonso Oñoro Paternina

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C, veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00618-00
Demandante: Fernando Alfonso Oñoro Paternina
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Tema: Vinculación en proceso de nulidad electoral. No cumple
requisito general de subsidiariedad.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Fernando Alfonso Oñoro
Paternina contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, por estimar vulnerados los
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, de acceso a la
administración de justicia y a la igualdad. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:

PRIMERO: Se ordene el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ATLÁNTICO -SALA DECISIÓN ORAL- SECCIÓN B, vincularme como PARTE
PRINCIPAL demandada, al proceso de NULIDAD DEL ACTO DE ELECCIÓN de la
señora ALEJANDRA MILENA MORENO ASTWOOD, teniendo en cuenta que en este
momento soy un LITIS CONSORTES NECESARIO.

SEGUNDO: Se declaren inhabilitados por tener irregularidades y viola las disposiciones
legales y electorales los siguientes candidatos:

DREISA MARIA ROSAS GARCIA […]
JOSE MATIA ORTIZ SARMIENTO […]
RODOLFO PONTON TORRES […]
SORAYA SUAREZ OSORIO […]
RICARDO ENRIQUEZ GONZALEZ […]
MILADYS CASSIANI VALDEZ […]
LEON JOAQUIN MARTINEZ ARRIETA […]
NORA MARGARITA PEREZ MOLINARES […]
LUDYS INES CAMARGO MORENO […]
ANTONIO JOSE BILBAO CARDONA […]

Los cuales aparecen relacionados en el Formulario E-6 AS, emitido por la
REGISTRADURIA DELEGADA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO.

TERCERO: Como consecuencia de la declaratoria de inhabilidad de los candidatos y
candidatas relacionadas en el acápite anterior, mediante fallo que profiera el superior del
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO -SALA
DECISIÓN ORAL- SECCIÓN B, se me otorgue la CREDENCIAL COMO DIPUTADO
DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, para ocupar la CURUL EN LA ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00618-00
Demandante: Fernando Alfonso Oñoro Paternina

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:

Situación administrativa que originó el medio de control

El 29 de julio de 2023, la Coalición Política Programática Pacto Histórico1 a través del
formulario E-6 AS inscribió ante la Registraduría Delegada Departamental del
Atlántico a los candidatos para la Asamblea Departamental del Atlántico, con opción
voto no preferente, para que participaran en las elecciones del 29 de octubre de 2023,
para el periodo 2024-2027. Los candidatos fueron los siguientes:

ALEJANDRA MILENA MORENO ASTWOOD
DREISA MARIA ROSAS GARCIA
JOSE MATIA[S] ORTIZ SARMIENTO
RODOLFO PONTON TORRES
SORAYA SUAREZ OSORIO
RICARDO ENRIQUE GONZALEZ
MILADYS CASSIANI VALDEZ
LEON JOAQUIN MARTINEZ ARRIETA
NO[I]RA MARGARITA PEREZ MOLINARES
LUDYS INES CAMARGO MORENO
ANTONIO JOSE BILBAO CARDONA
FERNANDO OÑORO PATERNINA

El 29 de octubre de 2023 se desarrolló la jornada electoral para las elecciones de
autoridades territoriales (gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o
miembros de las juntas administradoras locales), para el periodo constitucional 2024-
2027.

El 20 de noviembre de 2023, mediante formulario E-26 ASA, la señora Alejandra
Milena Moreno Astwood fue elegida diputada del departamento del Atlántico.

Medio de control de nulidad electoral

Los señores Franklin Covilla Londoño, Víctor Arturo Polo Sanmiguel y Dreisa María
Rosas García, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, entre otras
pretensiones, pidieron la nulidad parcial del acto de inscripción de los candidatos a la
Asamblea Departamental del Atlántico y del acto de elección de 20 de noviembre de
2023, contenido en el formulario E-26 ASA, de la señora Alejandra Milena Moreno
Astwood como diputada por el departamento del Atlántico por la Coalición Política
Programática Pacto Histórico, ante la presunta irregularidad de la inscripción y registro
de la lista misma por extemporaneidad, por cambio de la opción de voto preferente a
no preferente y por no contar con el aval para participar en las elecciones territoriales.

Al proceso se le asignó el radicado 08001-23-33-000-2024-00030-002 y correspondió
conocer en primera instancia al Tribunal Administrativo del Atlántico que, mediante
sentencia de 18 de septiembre de 2025, accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda al decidir:

1
El acuerdo de coalición lo firmaron los partidos y movimientos Colombia Humana (CH), Polo Democrático Alternativo (PDA),
Unión Patriótica (UP) y Partido Comunista Colombiano (PCC).
2
Expedientes acumulados: 08001-23-33-000-2024-00036-00 y 08001-23-33-000-2024-00038-00
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Demandante: Fernando Alfonso Oñoro Paternina

Primero. – DECLARASE la nulidad parcial de la Resolución No. 13772 de 19 de octubre
de 2023, en cuanto decidió reponer en su totalidad la decisión adoptada en la Resolución
11883 de fecha 29 de septiembre de 2023, permitiendo la inclusión de la señora
ALEJANDRA MILENA MORENO ASTWOOD en la lista de precandidatos del Movimiento
Colombia Humana, aun cuando ésta no participó en la consulta que revestía carácter
obligatorio. Lo anterior, conforme las consideraciones que anteceden.
Segundo. – DECLARASE la nulidad de la elección de la señora ALEJANDRA MILENA
MORENO ASTWOOD como diputada a la Asamblea del Departamento del Atlántico por
la Coalición Política Programática “Pacto Histórico” para el periodo constitucional 2024 -
2027, contenido en el Formulario de Resultado de Escrutinio E – 26 ASA de 20 de
noviembre de 2023 y se ordenará la cancelación de la credencial que la certifica como
diputada.
Tercero. – Notificar la presente decisión a la Asamblea del Departamento del Atlántico,
a la Coalición Política Programática “Pacto Histórico” y a la Organización Electoral para
que proceda a asignar el miembro la Asamblea del Atlántico como corresponda,
conforme a la normatividad especial que regula la materia, toda vez que el presente
medio de control no puede entrar a suplir las competencias de las autoridades
electorales, sino solamente analizar la procedencia de la nulidad electoral invocada a la
luz de lo desarrollado en el proceso judicial.

El Tribunal adoptó la anterior decisión al encontrar demostrado que: (i) la opción de
voto de la asamblea inscrita el 29 de julio de 2023 por la Coalición Política
Programática Pacto Histórico era VOTO PREFERENTE, siendo modificada de forma
inconsulta A VOTO NO PREFERENTE Y/O LISTA CERRADA por los funcionarios
delegados ante la Registraduría Departamental del Atlántico, y ii) no procedía la
inclusión de la señora Alejandra Milena Moreno Astwood en la lista de precandidatos
del Movimiento Colombia Humana porque no participó en la consulta realizada por
ese partido.

La demandada Alejandra Moreno Astwood y los demandantes Franklin Covilla
Londoño y Víctor Arturo Polo Sanmiguel interpusieron recurso de apelación contra la
anterior providencia.

Concedido el recurso por el a quo, el expediente se remitió a la Sección Quinta del
Consejo de Estado para tramitar la segunda instancia.

2. Argumentos de la acción de tutela

El tutelante indicó que con el aval del representante legal del Polo Democrático
Alternativo (PDA) se inscribió como candidato a la Asamblea Departamental del
Atlántico por la Coalición Política Programática Pacto Histórico, a través del formulario
E-6 AS, y participó en la contienda electoral del 29 de octubre de 2023.

Sostuvo que cumple con los requisitos legales para suceder a la destituida diputada
Alejandra Milena Moreno Astwood. Y afirmó que todos los candidatos que
conformaron la lista de la coalición para la Asamblea Departamental del Atlántico
están inhabilitados para asumir el cargo.

En concreto, sostuvo que: (i) la señora Dreisa María Rosas García al momento de su
inscripción violó la garantía de participación de género, exigida en la Ley 1475 de
2001; (ii) los señores José Matías Ortiz Sarmiento, Soraya Suarez Osorio, León
Joaquín Martínez Arrieta, Nora Margarita Pérez Molinares y Antonio José Bilbao
Cardona renunciaron irrevocablemente a la lista de candidatos; (iii) el señor Rodolfo
Ponton Torres es de la misma tendencia de la señora Rosas García, lo que prohíbe la
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Ley 130 de 1994; (iv) el señor Ricardo Enriquez González pertenece al Partido de
Trabajadores Colombianos (PTC), pero esa agrupación política no firmó el acuerdo
de coalición con el Pacto Histórico; (v) la señora Miladys Cassiani Valdez no participó
en la consulta interna, lo que era obligatorio para obtener el derecho de participación
en el debate político y (vi) la señora Ludys Inés Camargo Moreno pertenece al partido
Colombia Humana, el cual no firmó el acuerdo de coalición.

Alegó que a pesar de conformar la lista en la que estaba la señora Moreno Astwood,
el Tribunal Administrativo del Atlántico no lo vinculó al trámite del proceso de nulidad
electoral promovido contra el acto de elección.

A su juicio, dada su calidad de candidato inscrito a la Asamblea Departamental del
Atlántico, con opción de voto no preferente, tiene interés directo en las resultas del
proceso, razón suficiente para ser llamado como litis consorte necesario, pero la
autoridad judicial demandada en ningún momento lo notificó ni vinculó, por lo que
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, de acceso a la
administración de justicia y a la igualdad.

3. Trámite procesal

El 9 de febrero de 2026 el despacho sustanciador admitió la acción de tutela, ordenó
notificar al actor, a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del
Atlántico, como demandado, y a la Sección Quinta del Consejo de Estado, a la
Registraduría Delegada Departamental del Atlántico, a la Registraduría Nacional del
Estado Civil, al partido político Polo Democrático Alternativo-PDA-, a los señores
Alejandra Milena Moreno Astwood, Dreisa María Rosas García, José Matia Ortiz
Sarmiento, Rodolfo Ponton Torres, Soraya Suarez Osorio, Ricardo Enriquez
González, Miladys Cassiani Valdez, León Joaquin Martínez Arrieta, Nora Margarita
Pérez Molinares, Ludys Ines Camargo Moreno y Antonio José Bilbao Cardona, como
terceros con interés.

Encontrándose el expediente al despacho para proferir fallo de primera instancia, el
señor Oñoro Paternina, en escrito de 17 de marzo de 2026, solicitó que se le informara
en qué etapa procesal se encuentra la presente acción de tutela y su impulso procesal.

La Secretaría General del Consejo de Estado, en oficio LMA-1547 de 17 de marzo de
2026, le comunicó al actor que el expediente se encuentra al despacho de la
magistrada ponente.

4. Oposición

El Tribunal Administrativo del Atlántico pidió declarar improcedente la acción de
tutela porque no ha incurrido en causal específica de procedencia contra providencia
judicial. Expuso los siguientes argumentos de defensa:

Advirtió que las censuras expuestas por el actor en relación con el trámite impartido
en el proceso de nulidad electoral son inadmisibles por no ser la acción de tutela el
escenario natural para tal debate.

En ese sentido, indicó que la acción de tutela no puede convertirse en una tercera
instancia. No es aceptable, como lo pretende el actor, que el juez constitucional emita
un juicio jurídico, más no constitucional, del asunto materia de discusión en una acción

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de nulidad electoral. Ello resultaría contrario a la naturaleza propia de esta acción
constitucional.

En relación con la integración del contradictorio en el proceso electoral, acudió al
artículo 277 del CPACA, que se refiere al contenido del auto admisorio de la demanda
y en el numeral 1, literal e) dispone: «Los partidos o movimientos políticos y los grupos
significativos de ciudadanos quedarán notificados mediante la publicación de los
avisos aludidos.»

Y en efecto, el Tribunal informó que al revisar en Samai el proceso 2024-00030-00 y
los dos acumulados a este 2024-00036-00 y 2024-00038-00 pueden consultarse las
constancias de publicaciones de los avisos a los que se refiere la anterior norma.

De lo indicado, concluyó que el actor tuvo la oportunidad de hacerse parte en el
referido proceso de nulidad electoral, por lo que su omisión no puede subsanarse a
través de la presente acción constitucional.

5. Intervenciones de los terceros vinculados

La Sección Quinta del Consejo de Estado, a través del despacho al que se le
repartió el asunto para resolver en segunda instancia el proceso de nulidad electoral
con radicado 08001-23-33-000-2024-00030-02, señaló que no ha vulnerado ninguno
de los derechos a los que alude el actor, comoquiera que, las actuaciones que se
censuran por vía de tutela fueron efectuadas por el Tribunal Administrativo del
Atlántico.

La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó declarar improcedente la
presente acción de tutela porque no ha vulnerado derecho fundamental alguno.
Además, no se cumple el requisito de subsidiariedad ni se acreditó un perjuicio
irremediable que justifique la acción constitucional como mecanismo transitorio.

Advirtió que no tiene competencia para atender lo requerido por el actor, por cuanto
la providencia que motiva la presente acción de amparo constitucional fue proferida
por un despacho judicial, en el marco de su autonomía e independencia judicial. En
consecuencia, solicitó la desvinculación de la presente acción de tutela.

La señora Dreisa María Rosas García solicitó declarar improcedente la acción de
tutela teniendo en cuenta los siguientes motivos:

Indicó que forma parte de la lista de la Coalición Pacto Histórico a la Asamblea del
Atlántico y su inscripción como candidata goza de presunción de legalidad y firmeza
porque no fue revocada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la etapa preclusiva
de inscripciones.

Agregó que es temeraria la afirmación del actor sobre la supuesta inhabilidad, por lo
que la rechazó. Sostuvo que la conformación de la lista cumplió con el 30% exigido
por la ley y fue avalada por la autoridad electoral. De manera que no es procedente
que el actor pretenda revivir un debate sobre la inscripción que ya caducó, inventando
requisitos que no son causal de nulidad automática vía tutela.

Sostuvo que tampoco es procedente que el actor ataque actuaciones surtidas en el
proceso electoral sin ser parte procesal (demandante ni demandado) ni tercero
interviniente reconocido en el citado juicio. Por tratarse de una acción pública, el actor
tuvo la oportunidad legal de intervenir, si se tiene en cuenta que se surtió la notificación
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por aviso, conforme con el artículo 277 del CPACA, en el que se llama a «cualquier
ciudadano con interés».

En ese entendido, concluyó que, al no acudir al proceso natural en el tiempo oportuno,
el actor carece de legitimación en la causa por activa para promover acción de tutela
e intentar revivir el debate o anular lo actuado en el proceso ordinario.

Citó la sentencia SU-329 de 2024 (párrafo 118) de la Corte Constitucional en la que
se consideró que: "Los ciudadanos cuentan con la posibilidad de solicitar su
participación en los procesos de nulidad electoral en los que tengan interés y poner
en conocimiento del juez natural, los argumentos que consideren relevantes".

Y frente a la legitimación por activa para presentar acciones de tutela, esa Corte
precisó que «264. En las acciones de tutela contra providencias judiciales proferidas
en el marco de un proceso de nulidad electoral en las que se alegue la protección de
los derechos a la representación política y a elegir y ser elegido, en adelante, quienes
no hayan sido partes o terceros en el proceso ordinario en el que se profirió la decisión
cuestionada, no tienen legitimación por activa para presentar la acción de tutela. En
consecuencia, los tutelantes deben acreditar que participaron en el respectivo proceso
en calidad de demandados, demandantes o terceros y que, por ende, les asiste un
interés legítimo.»

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, señaló que la negligencia del
señor Oñoro Paternina al no participar en el proceso de nulidad electoral no puede ser
subsanada mediante el mecanismo subsidiario de la tutela.

En relación con la vulneración del derecho al debido proceso alegada por el señor
Oñoro Paternina por la falta de vinculación, la señora Dreisa María Rosas García
observó que su pretensión carece de sustento legal porque confunde su calidad de
tercero interesado con la del demandado principal en el proceso de nulidad electoral.
De todas formas, reiteró que en ese proceso se cumplió la notificación por aviso que,
según el artículo 277 ib., es la procedente para los interesados y es personal solo para
el elegido cuya elección se demanda.

En cuanto a la pretensión de declarar inhabilitados a los demás integrantes de la lista
de inscritos del Pacto Histórico por la Asamblea Departamental del Atlántico, advirtió
que «es jurídicamente aberrante y desconoce la naturaleza del Juez Constitucional».

Advirtió que si el señor Oñoro Paternina consideraba que los candidatos de la lista
estaban inhabilitados o que la lista estuvo mal conformada o que existieron
irregularidades en la inscripción debió promover ante el CNE la acción de revocatoria
de inscripción antes de las elecciones. No obstante, la oportunidad para debatir la
estructura de la lista ya precluyó, puesto que según el artículo 31 de la Ley 1475 de
2011 debía hacerse hasta un mes antes de las votaciones.

Explicó que el actor también pudo interponer el medio de control de nulidad electoral
para atacar el acto de elección de la señora Alejandra Moreno o, como lo indicó,
intervenir oportunamente en el proceso como tercero.

De lo anterior, concluyó que el actor pretende que el juez de tutela usurpe las
funciones del juez electoral y declare inhabilidades sin un proceso probatorio pleno.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Problema jurídico

La Sala debe determinar si, en el presente caso, se cumplen los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela. En caso afirmativo, se analizarán de fondo los
argumentos del escrito de tutela propuestos por el señor Fernando Alfonso Oñoro
Paternina.

La Sala anticipa que se declarara improcedente la acción de tutela, porque no se
acreditó el requisito general de procedibilidad de subsidiariedad.

Del requisito de subsidiariedad

La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución
y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos
para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados.
De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los
mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la
protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se
cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.

Caso concreto

El señor Fernando Alfonso Oñoro Paternina promovió la presente acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Atlántico al considerar vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, de acceso a la administración de
justicia y a la igualdad por no vincularlo como litis consorte necesario de la parte
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demandada en el proceso de nulidad electoral con radicado 08001-23-33-000-2024-
00030-00/01/033, promovido por los señores Franklin Covilla Londoño, Víctor Arturo
Polo Sanmiguel y Dreisa María Rosas García, contra los actos de inscripción y de
elección de la señora Alejandra Milena Moreno Astwood como diputada por el
departamento del Atlántico por la Coalición Política y Programática Pacto Histórico.

Advirtió que conforma la lista de candidatos inscritos para la Asamblea Departamental
del Atlántico por la Coalición Política Programática Pacto Histórico, periodo 2024-
2027, razón suficiente para haber sido vinculado al trámite del referido proceso de
nulidad electoral.

En consecuencia, el actor formuló como primera pretensión que se ordene al Tribunal
Administrativo del Atlántico que proceda a vincularlo como «parte principal
demandada» al proceso de nulidad electoral porque es un litis consorte necesario.

Como segunda pretensión, busca que se declaren inhabilitados [para ocupar el cargo
que queda vacío con la declaratoria de nulidad de la elección de la señora Moreno
Astwood] a los señores Dreisa María Rosas García, José Matias Ortiz Sarmiento,
Rodolfo Ponton Torres, Soraya Suarez Osorio, Ricardo Enrique González, Miladys
Cassiani Valdez, León Joaquin Martínez Arrieta, Noira Margarita Pérez Molinares,
Ludys Inés Camargo Moreno y Antonio José Bilbao Cardona, quienes también
integran la lista de candidatos inscritos para la Asamblea Departamental del Atlántico
por la Coalición Política Programática Pacto Histórico.

Por último, el señor Oñoro Paternina pretende que en el fallo de segunda instancia
que dicte la Sección Quinta del Consejo de Estado en el proceso de nulidad electoral
se le otorgue la credencial como diputado en la Asamblea Departamental del Atlántico,
por cumplir con los requisitos legales.

Del escrito de tutela se infiere que la intención del actor no es atacar la sentencia de
18 de septiembre de 2025 dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico en el
proceso de nulidad electoral, si se tiene en cuenta que fue precisamente la decisión
de anular la elección de la señora Alejandra Milena Moreno Astwood la que genera
ahora su interés por intervenir en el proceso ordinario y pedir su vinculación al mismo,
así como que se le otorgue la credencial como diputado de la Asamblea
Departamental del Atlántico.

De modo que, el señor Oñoro Paternina acudió a la acción de tutela como mecanismo
principal para la defensa de los derechos fundamentales que invoca como vulnerados,
lo que no es admisible, puesto que era necesario agotar los medios idóneos que tuvo
a su alcance para solicitar lo que por este mecanismo constitucional ahora pretende.

Previo a indicar los medios de defensa que el actor tuvo a su alcance, es del caso
referirse al estado actual del proceso de nulidad electoral. Al consultar el aplicativo
Samai se encontró que la Sección Quinta del Consejo de Estado, dictó sentencia de
segunda instancia de 26 de febrero de 2026 con la que confirmó la decisión de 18 de
septiembre de 2025 que accedió parcialmente a las pretensiones de las demandas
electorales acumuladas. En esencia apoyó las razones del a quo para anular la
elección demandada.

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Expedientes acumulados: 08001-23-33-000-2024-00036-00 y 08001-23-33-000-2024-00038-00

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00618-00
Demandante: Fernando Alfonso Oñoro Paternina

Posteriormente, en auto de 12 de marzo de 2026, negó las solicitudes de aclaración
y adición formuladas por la demandada Alejandra Milena Moreno Astwood y el
demandante Franklin Covilla Londoño.

De lo anterior se concluye que ya finalizó el proceso de nulidad electoral cuya
vinculación como parte demandada pretende por vía de tutela. No obstante, esa
circunstancia no impide que se hagan las siguientes precisiones frente a los medios
idóneos que el actor pudo y aún puede utilizar previo a acudir a la acción de tutela,
así:

Notificación del auto admisorio de la demanda a la parte demandada y a los
terceros interesados e intervención en procesos electorales. Con el fin de
garantizar la debida notificación de la parte demandada del auto admisorio de una
demanda de nulidad electoral, en el evento que no pueda practicarse la notificación
personal, el artículo 277 del CPACA, en el numeral 1, literal b) contempla la
notificación mediante aviso publicado en dos (2) diarios de amplia circulación en el
territorio de la respectiva circunscripción electoral.

El inciso segundo del literal c) del numeral 1 del citado artículo 277 dispone que
además en el aviso debe informarse a la comunidad de la existencia del proceso para
que cualquier ciudadano con interés intervenga con el ánimo de impugnar o coadyuvar
la demanda o defender el acto demandado.

Y según los literales d) y e) de la misma norma, si se demanda la elección por voto
popular a cargos de corporaciones públicas con fundamento en las causales 1, 2, 3,
4, 6 y 7 del artículo 275 del CPACA relacionadas con irregularidades o vicios en la
votación o en los escrutinios, se entienden demandados todos los ciudadanos
elegidos por los actos cuya nulidad se pretende, y la notificación del auto admisorio
de la demanda se surte por aviso. De igual forma se practica la notificación a los
partidos o movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos.

En concordancia con la anterior norma, en lo relacionado con las personas que
puedan tener interés, el artículo 228 ib. dispone que, en los procesos electorales hasta
el día anterior a la realización de la audiencia inicial, cualquier persona puede pedir
que se le tenga como impugnador o coadyuvante.

Para resolver el caso que ocupa la atención de la Sala, al consultar en la plataforma
de Samai el proceso de nulidad electoral con radicado 08001-23-33-000-2024-00030-
00 se observa que el Tribunal Administrativo del Atlántico admitió la demanda,
mediante auto de 22 de febrero de 2022. Y que, en esa providencia se ordenaron las
respectivas notificaciones a las partes demandante y demandada, al Consejo Nacional
Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al presidente de la Asamblea
Departamental del Atlántico, y la comunicación por aviso a través del sitio web de la
jurisdicción, según las formalidades exigidas en el artículo 277 del CPACA para esa
clase de medio de control.

En efecto, se constató que el demandante Franklin Covilla Londoño allegó la
publicación en los diarios El Heraldo del 13 de marzo de 2024 y La Libertad del 14 de
marzo de 20244 del aviso a la comunidad con el que se dio a conocer que en el
Tribunal Administrativo del Atlántico estaba en trámite el medio de control de nulidad

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Visto en Samai del Tribunal Administrativo del Atlántico, proceso rad. 08001-23-33-000-2024-00030-00, íÍndice 16.
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Demandante: Fernando Alfonso Oñoro Paternina

08001-23-33-000-2024-00030-00. Igualmente, la Secretaría del Tribunal publicó el
aviso en la página web de la Rama Judicial5.

Significa lo anterior que, una vez publicado el aviso a la comunidad sobre la existencia
del referido proceso, cualquier persona que se creyera con interés directo o indirecto
en el resultado de este, podía acudir ante el despacho judicial de conocimiento y
solicitarle que lo tuviera como parte demandada para defender la legalidad de los
actos demandados o como tercero coadyuvante o impugnador si la intención era
apoyar o atacar las pretensiones de la demanda, según el caso.

En ese entendido, se observa que el señor Fernando Alfonso Oñoro Paternina tuvo la
oportunidad de intervenir en la calidad que a su juicio le concernía, según la
formulación de las pretensiones, dado que una estaba dirigida contra el acto de
inscripción de la lista de candidatos para la Asamblea Departamental del Atlántico por
la Coalición Política y Programática Pacto Histórico, periodo 2024-2027, que integró.
De esa manera pudo acudir como demandado o tercero en los términos de los
artículos 277 y 228 del CPACA y correspondía al despacho sustanciador definir en
qué calidad lo aceptaba, siempre que fuera oportuna.

Empero, al revisar las distintas actuaciones judiciales e intervenciones de las partes y
terceros en el proceso de nulidad electoral, la Sala no encontró solicitud alguna del
señor Oñoro Paternina dirigida a ser tenido como parte demandada ni como tercero.
Los que figuran reconocidos como terceros son los abogados Sandra Esther Arriola
(impugnadora6) y Alexander Javier Campos (coadyuvante7).

En ese orden, aunque el actor integra la misma lista de candidatos inscritos que
encabezó la señora Alejandra Milena Moreno Astwood, cuya elección como diputada
se anuló, y en esa calidad pudo acreditar un interés, no lo hizo ante el juez natural de
conocimiento.

Nulidad de lo actuado. En los términos del artículo 133 del CGP, numeral 8, aplicable
al trámite de los procesos contencioso administrativos, el proceso es nulo en todo o
en parte cuando «no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la
demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean
indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el
proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma
al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser
citado.»

Según el artículo 134 ib. la nulidad puede alegarse en cualquiera de las instancias
antes de que se dicte sentencia o con posterioridad a esta, si la nulidad ocurre en esa
providencia. Esa disposición de manera expresa se refiere a la nulidad por falta de
notificación en legal forma que solo beneficia a quien la invoca y, en caso de haberse
proferido sentencia, esa providencia se anula y debe integrarse el contradictorio. Y el
artículo 135 ib. contiene los requisitos que debe reunir una persona que formule una
nulidad.

En virtud de las anteriores normas, si el actor consideraba que en el proceso de
nulidad electoral no se integró el contradictorio, por falta de notificación en debida
forma del auto admisorio de la demanda, debió formular ante los jueces de instancia
la nulidad de lo actuado junto con las pruebas que acreditaban la legitimación para

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Visto en Samai del Tribunal Administrativo del Atlántico, proceso rad. 08001-23-33-000-2024-00030-00, íÍndices 22 y 23.
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Reconocida mediante auto de 9 de mayo de 2024
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Reconocido mediante auto de 19 de julio de 2024
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proponerla y la expresión de los hechos en los que la sustentaba. Incluso ahora que
ya existe decisión definitiva podría acudir al fallador de segunda instancia con ese fin,
siempre que cumpla con los requisitos y oportunidad de los artículos 134 y 135 de
CGP.

Sin embargo, al revisar el proceso ordinario tanto en primera como en segunda
instancia, no se encontró solicitud de nulidad formulada por el señor Oñoro Paternina.
Valga precisar que, si se formuló la nulidad del proceso, con fundamento en la causal
8 del artículo 133 del CGP, porque no se vincularon todos los partidos que integran la
coalición Pacto Histórico, pero esa solicitud la radicó la tercera impugnadora Sandra
Arriola Mejía y no prosperó8.

Ahora bien, la Sala en relación con la segunda pretensión de tutela referida a que se
declaren inhabilitados a los demás candidatos de la lista inscrita para la Asamblea
Departamental del Atlántico por la Coalición Política Programática Pacto Histórico,
periodo 2024-2027, excepto al actor, el juez constitucional advierte que esa solicitud
es improcedente porque no es el competente para verificar las calidades que deben
reunir los candidatos para ocupar una curul en una corporación cuyos miembros son
elegidos por voto popular, ello corresponde a la autoridad electoral, este es el Consejo
Nacional Electoral, ante quien se debió pedir la revocatoria de la inscripción en los
términos de los artículos 31 a 33 de la Ley 1475 de 2011.

Y respecto de la tercera pretensión de tutela dirigida a que se le ordene a la Sección
Quinta del Consejo de Estado que al dictar la sentencia de segunda instancia en el
proceso de nulidad electoral se le otorgue al señor Alfonso Oñoro la credencial como
diputado en la Asamblea Departamental del Atlántico, por cumplir con los requisitos
legales, se advierte también que es improcedente, puesto que como se indicó ya la
sala especializada de esta Corporación profirió decisión definitiva. Aunado a que el
actor pudo formular esa petición dentro del proceso de nulidad electoral, previa
solicitud de vinculación ante la autoridad judicial competente.

En los anteriores términos, queda en evidencia que los argumentos que presenta el
actor en la acción de tutela referentes a que debió vincularse en el medio de control
de nulidad electoral tenía que exponerlos ante el juez de conocimiento de ese juicio.
Empero, como se constató, no acudió a esa autoridad judicial para que lo aceptara
como demandado o como tercero coadyuvante o impugnador. También podía formular
la nulidad de lo actuado por indebida notificación del auto admisorio.

El proceso de nulidad electoral era el escenario adecuado para manifestar las
inconformidades planteadas ahora en sede de tutela. No es aceptable que el actor
acuda directamente al juez de tutela como mecanismo sustitutivo de los medios de
defensa ordinarios establecidos en la ley que tuvo a su alcance ante los jueces
naturales, pero que no los ejerció.

Por otro lado, la Sala resalta que, en la sentencia de 18 de septiembre de 2025,
confirmada por la Sección Quinta del Consejo de Estado en providencia de 26 de
febrero de 2026, en el numeral tercero de la parte resolutiva se ordenó notificar, entre
otras, a la Organización Electoral «para que proceda a asignar el miembro [de] la
Asamblea del Atlántico como corresponda, conforme a la normatividad especial que
regula la materia, toda vez que el presente medio de control no puede entrar a suplir
8
Por autos de 21 de mayo y 4 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo del Atlántico negó la solicitud de nulidad. Por auto
de 21 de agosto de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado resolvió recurso de queja contra la providencia que rechazó
por improcedente el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 4 de junio de 2025, en el sentido de declararlo bien
denegado.

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las competencias de las autoridades electorales, sino solamente analizar la
procedencia de la nulidad electoral invocada a la luz de lo desarrollado en el proceso
judicial». (rad. 08001-23-33-000-2024-00030-00/01/02)

La Sección Quinta de esta Corporación al resolver las solicitudes de aclaración y
adición formuladas respecto de la sentencia de segunda instancia de 26 de febrero de
2026, en concreto sobre precisar el modo de ejecución de la providencia, recordó que
«las consecuencias de las sentencias que disponen la nulidad de actos de elección fueron
fijadas por el legislador y se encuentran enlistadas en el artículo 288 del CPACA, sin que al
juez electoral le corresponda establecer la manera en la que se va a suplir la vacante que se
produzca por virtud del fallo que anule la elección.»

En consecuencia, la Sala concluye que en el presente caso no se satisface el requisito
de subsidiariedad, que es uno de los presupuestos generales de procedencia de la
acción de tutela. Tal incumplimiento se acreditó, como quedó dicho, porque el actor
no agotó los medios de defensa que tuvo a su alcance para la protección de los
derechos fundamentales que considera vulnerados.

Asimismo, respecto al argumento orientado a que se le otorgue de manera directa la
credencial como diputado al señor Fernando Alfonso Oñoro Paternina, debe resaltarse
que el accionante no puede cuestionar la sentencia mediante la cual la autoridad
judicial accionada ordenó a la Organización Electoral asignar la curul vacante en la
Asamblea del Atlántico, porque no fungió como parte ni como interviniente reconocido
dentro de ese asunto.

En resumen, el juez de tutela no puede acceder a las pretensiones dirigidas a: (i)
ordenar al Tribunal Administrativo del Atlántico que vincule al señor Oñoro Paternina
como parte demandada en el proceso de nulidad electoral con radicado 08001-23-33-
000-2024-00030-00; (ii) declarar la inhabilidad de unos candidatos; y (iii) ordenar a la
Sección Quinta del Consejo de Estado que en el fallo de segunda instancia incluyera
la orden otorgar la credencial al señor Alfonso Oñoro como diputado en la Asamblea
Departamental del Atlántico. Todas esas pretensiones de tutela son a todas luces
improcedentes, la Sala insiste en que la acción de tutela no es el escenario adecuado
para satisfacerlas.

En los anteriores términos, se declarará improcedente la solicitud de amparo
presentada por el señor Fernando Alfonso Oñoro Paternina.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Fernando
Alfonso Oñoro Paternina, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

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Demandante: Fernando Alfonso Oñoro Paternina

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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