Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-00625-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-00625-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-00625-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
2 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., dos (2) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00625-00
Demandante: Juan Carlos Córdoba y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento
del derecho / Prescripción para pedir la restitución de las sumas
pagadas indebidamente por la contribución de valorización /
Defecto sustantivo
Decisión: Negar el amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
_________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Juan Carlos Córdoba y Belén Córdoba
Bernal en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, y desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
1. Juan Carlos Córdoba y Belén Córdoba Bernal promovieron solicitud de tutela
con el fin de que se ampararan sus derechos y garantías fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia
proferida el 22 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A, en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado 25899333300220230017701.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:
2.1. El Concejo Municipal de Tocancipá expidió el Acuerdo 14 del 7 de septiembre
de 2009 con el que autorizó el cobro de una contribución de valorización por
1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Juan Carlos Córdoba y otra
beneficio local para la construcción del plan de obras, asimismo, el 24 de mayo de
2010 la administración expidió acto administrativo con el que asignó el valor de la
contribución y señaló sujeto pasivo, dirección del predio y cédula catastral.
2.2.Mediante la Resolución 256 de 2012 se le asignó por contribución de
valorización por el predio distinguido con el código catastral 25817010000010002-
000 la suma de $7.032.215, los cuales fueron cancelados en pagos realizados
desde el 23 de febrero de 2012 hasta el 4 de abril de 2014.
2.3. El Acuerdo 14 de 2009, expedido por el Concejo Municipal de Tocancipá –
Cundinamarca, fue demandado mediante acción de nulidad, y mediante sentencia
del 31 de julio de 2013 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, negó las pretensiones de la demanda, posteriormente, al surtirse la
alzada, el Consejo de Estado emitió la sentencia de segunda instancia del 15 de
noviembre de 2019, revocó la decisión apelada y en su lugar declaró la nulidad del
Acuerdo 14 de 2009.
2.4. Con fundamento en lo anterior, el 9 de noviembre de 2021, solicitó la devolución
de los dineros cancelados al municipio de Tocancipá por cuanto estimó que los
cobros realizados fueron decretados con base en un acto administrativo general
declarado nulo por la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
2.5. El 2 de diciembre de 2021, el municipio demandado profirió la resolución 299,
por la cual negó la solicitud de devolución, decisión contra la cual, el 7 de febrero
de 2022, fue interpuesto recurso de reconsideración el cual fue desatado de forma
desfavorable a través de la Resolución 724 del 21 de noviembre de 2022, notificada
el 22 de diciembre de 2022.
2.6. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentaron demanda en contra del municipio de Tocancipá, con el fin de que se
declarara la nulidad de los actos con los que se le negó la devolución de los dineros
cancelados por concepto de una contribución especial de valorización.
2.7. El Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá, en sentencia del 5 de julio de
2024 accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que, cuando los
demandantes cancelaron la contribución por valorización, la obligación tributaria
estaba respaldada por la presunción de legalidad al estar establecida en el Acuerdo
14 del 7 de septiembre de 2009, sin embargo, debido a la declaratoria de nulidad
de ese acuerdo municipal, se invalidó la presunción de legalidad de ese tributo, por
lo que infiere que el pago realizado por la Contribución de Valorización por Beneficio
Local equivale a un pago indebido, cuyo monto debe ser restituido. La parte
demandada interpuso recurso de apelación contra esa decisión.
2.8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, en
sentencia del 22 de agosto de 2025 revocó el pronunciamiento del A quo con el
argumento de que transcurrieron más de 5 años desde el pago hasta la radicación
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Demandante: Juan Carlos Córdoba y otra
de la solicitud de devolución, sin que exista justificación legal para suspender el
término de la prescripción extintiva del derecho a la devolución y la situación jurídica
de la demandante, frente al pago del tributo, estaba consolidada para la fecha de
ejecutoria de la sentencia que anuló el acto general.
2.9. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir
en un defecto sustantivo por cuanto desconoció los efectos de la sentencia que
declaró la nulidad del Acuerdo Municipal 14 de 2009 y concluyó que su situación
jurídica se encontraba consolidada, pese a que, a su juicio, la reclamación
administrativa y judicial fue presentada dentro del término legal.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] que se REVOQUE la providencia del 22 de agosto de 2025 proferida por el Tribunal
Contencioso Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta Subsección A dentro de
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por JUAN CARLOS
CÓRDOBA y BELÉN CÓRDOBA BENAL en contra del MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ,
ordenándose al ente accionado CONFIRMAR la sentencia de fecha 05 de julio de 2024
proferida por el Juzgado 02 Administrativo de Zipaquirá. […]». (sic)
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá2 solicitó declarar la
improcedencia o, de manera subsidiaria, negar la solicitud de tutela interpuesta al
no existir vulneración atribuible a su actuación para lo cual explicó que su
vinculación se limitó a proferir la sentencia de primera instancia dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Juan Carlos Córdoba y
Belén Córdoba Bernal contra el municipio de Tocancipá, proceso en el cual se
declaró la nulidad de los actos que negaron la devolución de la contribución de
valorización y se ordenó el reintegro de lo pagado. Señaló que su actuación culminó
con la sentencia del 5 de julio de 2024 y que los cuestionamientos de la tutela
recaían solo sobre la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en
segunda instancia revocó la sentencia y negó las pretensiones. Indicó que la tutela
pretendía reabrir un debate jurídico ya resuelto, sin atribuir defectos a la actuación
de ese despacho.
5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca3 solicitó declarar la
improcedencia o, en subsidio, negar el amparo invocado, en la medida en que la
tutela pretendía reabrir un debate legal ya decidido y que los demandantes no
agotaron mecanismos como la aclaración o adición de sentencia; además, indicó
que la tutela no cumplía los requisitos de procedibilidad, pues no demostraba
vulneración de derechos fundamentales sino inconformidad con la interpretación
judicial.
2 Archivo obrante en el índice 10 del Samai.
3 Archivo obrante en el índice 11 del Samai.
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Demandante: Juan Carlos Córdoba y otra
2. Consideraciones
6. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
7. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con 1.º del Decreto 333 del 6 de
abril de 2021, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
8. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo
del Consejo de Estado4 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 5. Al
respecto señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales
derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente. […]».
9. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
10. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado 6 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Demandante: Juan Carlos Córdoba y otra
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.
11. Ahora bien, la Corte Constitucional7 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que
se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
12. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos8, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los
requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de
tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales9.
13. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
14. La Sala deberá definir: ¿si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección A vulneró los derechos fundamentales de Juan Carlos Córdoba
y Belén Córdoba Bernal con ocasión de la sentencia del 22 de agosto de 2025,
mediante la cual revocó el pronunciamiento de primera instancia para, en su lugar,
declarar la configuración del fenómeno de prescripción extintiva respecto a las
sumas pretendidas, con la que incurrió, presuntamente, en defecto sustantivo?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
15. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
7 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
8 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2005, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
9 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.
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procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.4.2. Del defecto sustantivo
16. La Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta
una decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una
norma evidentemente inaplicable al caso concreto10. En su jurisprudencia, la
corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que,
si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y
aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta11, para lo cual precisó
que los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores,
principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.
17. El alto tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en
las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta en
una norma que no es aplicable; ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación
o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de
razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses
legítimos de las partes o es manifiestamente errada; iii) no se toman en cuenta
sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; iv) la disposición
aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; v) no se efectúa una
interpretación sistémica de la norma; y vi) se desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso.
18. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación
en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal
entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o
caprichosa. Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que
la decisión proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de
los derechos fundamentales de los sujetos procesales12.
2.4.3. Sobre el caso concreto
19. Juan Carlos Córdoba y Belén Córdoba Bernal acudió al juez de tutela con el fin
de que se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara
sin efectos la sentencia proferida el 22 de agosto de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A en cuanto revocó
la decisión de acceder a las pretensiones de la demanda al considerar que la
solicitud de devolución de los dineros recaudados era extemporánea por cuanto ya
había operado la prescripción.
20. Lo anterior, por cuanto la referida decisión judicial incurrió defecto sustantivo por
cuanto desconoció los efectos de la sentencia que declaró la nulidad del Acuerdo
10 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
11 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018.
12 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018
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Municipal 14 de 2009 y concluyó que su situación jurídica se encontraba
consolidada, pese a que, a su juicio, la reclamación administrativa y judicial fue
presentada dentro del término legal.
21. Al descender al caso en concreto, se evidencia que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, planteó el objeto de controversia
a resolver a partir de lo expuesto en el recurso de apelación, de la siguiente manera:
«[…] (i) Si es procedente suspender el término de prescripción para solicitar la devolución
del tributo por pago de lo no debido, con fundamento en una demanda de nulidad
interpuesta en contra del acto de carácter general que sustentó la obligación a cargo de la
demandante; y (ii) si la situación jurídica de la demandante se encontraba consolidada para
la fecha en que solicitó la devolución por pago de lo no debido de la contribución de
valorización referida. […]», para concluir:
«[…] En ese orden, se pone de presente en primera medida que la sentencia que declara
la nulidad de un acto administrativo de carácter general tiene efectos inmediatos frente
a situaciones jurídicas no consolidadas, que son aquellas que se debaten o que son
susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o ante esta jurisdicción,
al momento de proferirse el fallo de nulidad.
El Consejo de Estado ha definido que la situación jurídica consolidada se determina en
virtud del principio de seguridad jurídica y busca garantizar los derechos particulares
adquiridos que nacieron, cobraron firmeza y se ejecutaron en vigencia de una norma o
acto administrativo particular, por cuanto no es posible revivir situaciones definidas
judicialmente ni aquellas en las que no fueron interpuestos los recursos administrativos
o judiciales y por tanto la situación jurídica quedó consolidada.
En materia tributaria, se tiene que una situación jurídica se encuentra consolidada
cuando no puede modificarse, porque ya está en firme la declaración tributaria, por lo
que no puede corregirse por el contribuyente o por la administración. En caso de
haberse liquidado y pagado la reclamación debe presentarse dentro del término previsto
en el artículo 2536 del Código Civil, modificado por el artículo 8 de la Ley 791 de 2002,
en donde se determina la prescripción de la acción ejecutiva ordinaria en 5 años.
Cabe precisar que la suma pagada en cumplimiento de un acto general que,
posteriormente es declarado nulo, deviene en no debida, pero solo podrán obtener la
devolución los contribuyentes cuya situación jurídica no esté consolidada.
En el caso concreto, la Sala advierte que no existe discusión entre las partes en relación
con el término aplicable para presentar la solicitud de devolución por pago de lo no
debido, pues tanto en la demanda como en los actos acusados y en la sentencia de
primera instancia, se alude al plazo de 5 años previsto en el artículo 2536 del Código
Civil, con la modificación introducida por el artículo 8° de la Ley 791 de 2002, contado
desde la fecha de pago del tributo.
Sin embargo, con ocasión del recurso de apelación la entidad demandada cuestiona la
decisión tomada en la sentencia de primera instancia, en la medida que a su juicio la
suspensión del término prescriptivo aludida por el Juzgado de primera instancia, no tiene
sustento legal y que el término debe contarse sin suspensión alguna desde la fecha de
pago de la contribución por valorización.
Al respecto, se observa que el Consejo de Estado a través de providencia del 15 de
noviembre de 2019, declaró la nulidad del Acuerdo 14 del 7 de septiembre de 2009 “Por
el cual se autoriza el cobro de una contribución de valorización por beneficio local para
la construcción de un plan de obras”, en el municipio de Tocancipá, con lo cual
desapareció el fundamento normativo que imponía el pago de ese tributo a los
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propietarios o poseedores de los inmuebles ubicados en la zona de influencia de las
obras que se financiaban con esa contribución.
[…]
Conforme lo anterior, en caso de pagos de lo no debido o pagos en exceso en materia
tributaria, para determinar si la situación jurídica no está consolidada, se debe verificar
si la petición de devolución fue oportuna, es decir, si se presentó dentro del plazo que
establecen los artículos 11 y 16 del Decreto 2277 de 2012, compilados en los artículos
1.6.1.21.22 y 1.6.1.21.27 del Decreto 1625 de 2016, esto es, el término de 5 años de la
prescripción de la acción ejecutiva del artículo 2536 del C.C., modificado por el artículo
8° de la Ley 791 de 2002, contado a partir de la fecha de pago.
Aduce el A quo que durante el período que duró el trámite judicial del proceso de nulidad
simple contra el Acuerdo 14 de 2009, el término de prescripción se suspendió entre el
31 de julio de 2013 (fecha de la admisión de la demanda) hasta el 15 de noviembre de
2019 (cuando se profirió sentencia de segunda instancia). Concluye que desde la fecha
del pago de la primera cuota (el 23 de febrero de 2012) hasta la fecha de la admisión de
la demanda (31 de julio de 2013) transcurrió 1 año, 5 meses y 8 días; que se reanudó
el término el 16 de noviembre de 2019 y entre esta fecha y la de presentación de la
solicitud de devolución el 9 de noviembre de 2021, transcurrieron 2 años, 4 meses y 8
días. Así, determina que transcurrió un término de 3 años, 5 meses y 1 día, desde que
se realizó el pago hasta la solicitud de devolución, descontando el término que consideró
procedía de suspensión, lo que lo llevó a colegir que la parte demandante había
presentado la solicitud dentro del plazo establecido.
La Sala no comparte el conteo efectuado en la sentencia de primera instancia, pues
como fue referenciado por la parte apelante, no expresa ningún sustento legal ni
jurisprudencial, y tampoco el artículo 2536 del Código Civil señala algún evento de
suspensión del término de prescripción. Por lo tanto, debe entenderse que el plazo que
tenía la parte demandante para reclamar la devolución, corrió a partir del pago sin
interrupción o suspensión alguna.
La Resolución 509 del 24 de mayo de 2010 que liquidó y asignó la contribución por
valorización al predio distinguido con el código catastral 25817010000010002-000 por
valor de $6.465.095, fue proferida con fundamento en el Acuerdo 14 de 2009, acto que
fue declarado nulo por el Consejo de Estado en sentencia del 15 de noviembre de 2019
C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, Exp. 25000-23-24-000-2012-00023-01,
providencia que quedó ejecutoriada el 3 de julio de 2020.
No se aduce ni se prueba que el acto particular hubiere sido demandado. Y para el pago
de dicha contribución se celebró acuerdo de pago por el monto total de $7.032.215, los
cuales fueron cancelados entre el 23 de febrero de 2012 y 4 de abril de 2014 en 13
cuotas de $1.363.019 la primera, y $472.433 las restantes.
De acuerdo con las fechas de los pagos efectuados el término de prescripción de los
cinco años vencía entre el 23 de febrero de 2017 y el 4 de abril de 2019, y fue presentada
la solicitud de devolución de los pagos efectuados el 9 de noviembre de 2021, por lo
que le asistía razón a la entidad demandada en negarla por extemporánea, pues se
presentó por fuera del plazo previsto en el artículo 2536 C.C.
En consecuencia, para la fecha en que cobró ejecutoria la decisión judicial que anuló el
acto general (3 de julio de 2020), la situación jurídica de los demandantes ya se
encontraba consolidada, y ello implicó que no le fueran aplicables los efectos de la
mencionada sentencia para pedir la restitución de las sumas pagadas indebidamente
por la contribución de valorización.
Conforme lo expuesto, se concluye que transcurrieron más de 5 años desde el pago
hasta la radicación de la solicitud de devolución, sin que exista justificación legal para
suspender el término de la prescripción extintiva del derecho a la devolución y la
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situación jurídica de la demandante, frente al pago del tributo, estaba consolidada para
la fecha de ejecutoria de la sentencia anuló el acto general. […]». (sic)
22. Así, una vez revisada la motivación de la providencia judicial cuestionada en la
que el juez natural del asunto se pronunció sobre cada uno de los argumentos
expuestos por la demandante, debe precisarse que, más allá de concretar las
razones por las cuales se configuraría el defecto sustantivo o alguna interpretación
irrazonable, lo que se evidencia es su desacuerdo con las consideraciones
efectuadas por el juez de la causa, con lo cual pretende que se realice un nuevo
estudio de legalidad que no procede en sede de tutela.
23. Lo anterior, en la medida en que la corporación judicial demandada fundamentó
su decisión en el criterio fijado por el Consejo de Estado como órgano de cierre de
la jurisdicción de lo contencioso-administrativo respecto a cuando una situación
jurídica se entiende consolidada, de la siguiente manera:
«[…] En cuanto al momento en que una situación jurídica se entenderá consolidada, el
Consejo de Estado en sentencia del 20 de mayo de 202113, precisó:
“los efectos de la sentencia de nulidad son de aplicación inmediata al presente caso.
Así, mientras dicho plazo -el de prescripción de la acción ejecutiva- no haya finalizado,
el contribuyente puede pedir la restitución de las sumas pagadas por concepto de
obligaciones tributarias improcedentes. Lo anterior significa que, durante ese término,
no puede hablarse de la existencia de una situación jurídica consolidada en relación con
el pago, en tanto esta solo se configura cuando el contribuyente ha perdido la
oportunidad de exigir el reintegro del dinero”.
En igual sentido, en providencia del 11 de agosto de 202214, la citada Corporación
consideró:
“las solicitudes de devolución de lo pagado en exceso y de lo no debido deberán
presentarse dentro del término de prescripción de la acción ejecutiva del artículo 2536
del Código Civil, modificado por el artículo 8 de la Ley 791 de 2002. Es por ello que se
ha señalado que el término de 5 años para determinar la situación jurídica consolidada
debe iniciarse a contar desde la fecha de pago del tributo hasta la fecha de presentación
de la solicitud, debido a que desde dicha fecha fue que se generó el pago en exceso o
de lo no debido”
Y en sentencia del 13 de abril de 202315 se reiteró que la situación jurídica no se
consolida “mientras subsista el término para solicitar la devolución”. […]».
24. De tal manera, para la Sala no es posible inferir la configuración de un defecto
sustantivo como lo plantea la parte demandante, ya que las razones y motivos que
se expusieron por la corporación judicial demandada tuvieron fundamento en el
referido criterio del Consejo de Estado, por lo cual pudo concluir que para la fecha
en que cobró ejecutoria la decisión judicial que anuló el acto general (3 de julio de
2020), la situación jurídica de los demandantes ya se encontraba consolidada, y
13 Sección Cuarta, Exp 24017, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
14 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Exp. 26362, C.P. Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto.
15 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Exp. 26840, C.P. Dr. Wilson Ramos Girón; reiterada en
sentencia del 25 de febrero de 2025, Sección Cuarta, Exp. 29029, C.P. Dra. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello.
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Demandante: Juan Carlos Córdoba y otra
ello implicó que no le fueran aplicables los efectos de la mencionada sentencia para
pedir la restitución de las sumas pagadas indebidamente por la contribución de
valorización.
25. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones
adoptadas dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la
vulneración de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se
encontró probado.
26. Así las cosas, esta Sala observa que la decisión acusada no incurrió en defecto
sustantivo, debido a que fue proferida de conformidad con las normas que regulan
la materia y aquella se apoyó en el material probatorio aportado al medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho cuestionado.
27. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
3. Conclusión
28. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo de
los derechos fundamentales de Juan Carlos Córdoba y Belén Córdoba Bernal, en
la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Juan Carlos Córdoba
y Belén Córdoba Bernal, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
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Demandante: Juan Carlos Córdoba y otra
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JVD/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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