Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00628-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00628-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00628-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00628-01
Accionante: ANDREA MARÍA VALENCIA GRAJALES
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y JUZGADO
TREINTA Y SIETE ADMINISTRATIVO DE MEDELLÍN
Temas: Tutela contra autoridad judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Providencia que resolvió recurso de queja
contra el auto que rechazó por extemporáneo el recurso de apelación.
Incumplimiento del requisito de la relevancia constitucional
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte demandante contra la sentencia de 19 de febrero de 2026,
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la
que declaró improcedente la acción de tutela por falta del requisito de la relevancia
constitucional.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 30 de enero de 2026, la parte actora interpuso acción de tutela en la que solicitó
al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados por las
autoridades judiciales accionadas.
En el escrito de tutela formuló las siguientes:
“1. Se declare que se vulneró el debido proceso de la tutelante por parte del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA CUARTA DE ORALIDAD y el JUZGADO
TREINTA Y SIETE ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN al negar el recurso de
apelación por extemporáneo, debido a una interpretación errónea de la ley.
2. Atendiendo los anteriores hechos y sustentaciones normativas solicito al juez
constitucional, revocar [el] auto del quince (15) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
emitido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA CUARTA DE
ORALIDAD (...) el cual resolvía recurso de Recurso (sic) de Queja contra el AUTO 531 de
2025 del diez (10) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) que RECHAZA RECURSO
DE APELACIÓN POR EXTEMPORÁNEO, además de revocar este último.
3. y en su lugar conceder el derecho fundamental al debido proceso, para que se entienda
que el recurso de apelación interpuesto contra el AUTO 516 de 2025 que DECLARA
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PROBADA DE OFICIO la excepción de ineptitud de la demanda por falta de los requisitos
formales, sea tramitado.”
2. Hechos
De la lectura de la acción de tutela y de los documentos que obran en el expediente,
se advierte lo siguiente:
El 9 de noviembre de 2018, la accionante presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para
América Latina, adscrita a la Secretaría de Cultura Ciudadana del municipio de
Medellín, con la pretensión de que se declarara la nulidad de la Resolución núm.
201820506, mediante la cual se dio respuesta a la solicitud presentada el 20 de junio
de 2018, así como del acto ficto presunto que resolvió el recurso de reposición. En
dichas decisiones administrativas se negó la declaratoria de la existencia de un
contrato realidad. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se reconociera
la existencia de la relación laboral y se ordenara el pago de las prestaciones a que
hubiera lugar.
Por reparto, el conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Tercero
Administrativo de Medellín, que mediante auto del 7 de diciembre de 2018 inadmitió
la demanda con el fin de que se individualizaran las pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho y se diferenciara de aquellas propias de la nulidad
contractual.
Mediante memorial presentado el 16 de enero de 2019, la parte actora modificó el
escrito de la demanda y solicitó la nulidad del acto administrativo n.º 201820506 y
del acto administrativo n.º 201820710 del 24 de septiembre de 2018, por medio de
los cuales se negó la declaratoria del contrato de trabajo entre la Biblioteca Pública
Piloto de Medellín y la demandante. Asimismo, pidió que se declarara la existencia
de un contrato realidad y se ordenara el reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales dejadas de percibir.
Por auto del 29 de marzo de 2019, el Juzgado Tercero Administrativo de Medellín
admitió la demanda y ordenó surtir la correspondiente notificación. No obstante,
mediante escrito del 22 de julio de 2019, la demandante reformó nuevamente la
demanda, la cual fue admitida mediante auto del 27 de septiembre de 2019.
En virtud de lo dispuesto en el Acuerdo CSJANT23-30 del 23 de febrero de 2023, el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Medellín remitió el expediente al
Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito de Medellín1, autoridad que
mediante auto del 16 de mayo de 2023, avocó conocimiento del proceso y requirió
los antecedentes administrativos.
Posteriormente, mediante auto del 9 de diciembre de 2024, el Juzgado Treinta y
Siete Administrativo del Circuito de Medellín inició el trámite para declarar probada
de oficio la excepción previa de inepta demanda, al considerar que se configuraba la
falta de requisitos formales y la indebida acumulación de pretensiones. En
1
Proceso con radicado núm. 05001-33-33-003-2018-00447-00
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consecuencia, corrió traslado de dicha decisión a la parte demandante, quien dio
respuesta el 13 de diciembre del mismo año.
Agotado el trámite correspondiente, por auto del 27 de octubre de 2025, el Juzgado
Treinta y Siete Administrativo del Circuito de Medellín declaró probada de oficio la
excepción de inepta demanda por falta de requisitos formales. Esta decisión fue
notificada por estado el día siguiente y comunicada a la actora por mensaje de datos
en la misma oportunidad.
Contra la anterior providencia, el 3 de noviembre de 2025, la parte demandante
interpuso recurso de apelación, el cual fue rechazado por extemporáneo mediante
auto del 10 de noviembre del mismo año.
Mediante memorial presentado el 13 de noviembre de 2025, la parte actora formuló
recurso de queja, al considerar que la interpretación realizada desconoció lo
dispuesto en el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, por lo que el término para
interponer el recurso de apelación debía contabilizarse a partir de los dos días
siguientes al envío de la notificación. En atención a lo anterior, la autoridad judicial
concedió el recurso de queja mediante auto del 19 de noviembre de 2025.
El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante providencia del 15 de diciembre de
2025, estimó bien rechazado el recurso de apelación por extemporáneo. Señaló que
la decisión que declaró la excepción de inepta demanda fue notificada por estado, el
cual fue insertado de manera electrónica para su consulta en línea, y que la
comunicación enviada por correo electrónico no constituía una forma de notificación,
sino un mecanismo de consulta de la providencia en la plataforma.
Adicionalmente, sostuvo que acceder a lo pretendido por la actora, consistente en
extender el término para recurrir en dos días adicionales bajo el argumento de que
se trató de una notificación por medios electrónicos, desconocería las reglas
aplicables a la notificación de las providencias judiciales, que en el caso concreto se
surtió por estado. Precisó que el envío del mensaje de datos hizo parte de la
formalidad del trámite y no configuró una notificación electrónica, razón por la cual
concluyó que la demandante contó con el término de tres (3) días hábiles,
comprendidos entre el 29 y el 31 de octubre de 2025, para interponer el recurso
correspondiente, el cual se presentó hasta el 3 de noviembre del mismo año, esto
es, de manera extemporánea.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora sostuvo que la interpretación efectuada en la providencia que
rechazó por extemporáneo el recurso de apelación no se ajustó a lo dispuesto en el
artículo 8º de la Ley 2213 de 2022. Precisó que “el auto que se intentaba notificar no es
un auto de los del artículo 204, sino que, por tener la virtud de terminar el proceso, se
entiende como sentencia y por tanto debe cumplir con todos los protocolos de una sentencia
y no el de un mero auto. Y debe cumplirse el protocolo del 203 y 205”.
Indicó que la Corte Constitucional, en las sentencias SU-487 de 2024 y T-298 de
2023, recordó que cuando una providencia es comunicada por medios electrónicos
se entiende notificada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío
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del mensaje de datos, y que los términos procesales comienzan a computarse a
partir de la recepción del acuse de recibo por parte del iniciador.
Asimismo, señaló que el Consejo de Estado mediante auto de 22 de noviembre de
2022, adoptó como regla de unificación que la notificación de las sentencias por vía
electrónica, prevista en el inciso primero del artículo 203 de la Ley 1437 de 2011, se
entiende surtida una vez transcurridos dos (2) días hábiles contados desde el envío
del mensaje de datos.
Manifestó que con la decisión cuestionada se vulneraron el derecho fundamental al
debido proceso y el principio de prevalencia del derecho sustancial, al no
garantizarse el acceso efectivo a la administración de justicia y al incurrirse, a su
juicio, en un exceso ritual manifiesto.
Finalmente, señaló que “el proceso administrativo no está aplicando el artículo 57 de la
constitución de 1991 y el código sustantivo del trabajo y código de procedimiento laboral y
solo se limita al CPACA a pesar de estar frente a un proceso laboral contra la nación y su
condición de Estado no puede ser superior a la de ningún patrón, ya que la condición de
subordinación del empleado ante el empleador es desventajosa, con mayor razón lo es ante
el estado”.
4. Oposición
4.1. Respuesta del Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito de
Medellín
El titular del despacho judicial realizó un recuento de las actuaciones adelantadas
dentro del proceso ordinario y señaló que, con ocasión de estas, no se vulneraron
los derechos fundamentales invocados por la actora. Asimismo, precisó que el hecho
de que se trate de una providencia que pone fin al proceso -como aquella que declaró
probada la excepción- no altera su naturaleza de auto, razón por la cual le resultan
aplicables las disposiciones previstas en los artículos 243 y 244 de la Ley 1437 de
2011.
Consideró que el asunto carece de relevancia constitucional, en la medida en que la
demandante acude a la acción de tutela como una tercera instancia, sin especificar
en que defecto se incurrió en las decisiones cuestionadas.
4.2. Respuesta del Distrito Especial de Medellín
El apoderado judicial del municipio se pronunció frente a los hechos expuestos en la
acción de tutela y solicitó negar las pretensiones, al señalar que las autoridades
judiciales no vulneraron los derechos fundamentales invocados por la demandante,
toda vez que las decisiones cuestionadas fueron proferidas conforme a los preceptos
legales.
4.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia guardó silencio.
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5. Sentencia de tutela impugnada
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia
del 19 de febrero de 2026, resolvió declarar improcedente la acción de tutela al
considerar que esta se pretendía utilizar como una tercera instancia, razón por la
cual no se cumplía el requisito de la relevancia constitucional.
Precisó que, si bien la acción de tutela se dirigía formalmente contra el auto del 10
de noviembre de 2025, mediante el cual se rechazó por extemporáneo el recurso de
apelación interpuesto contra la providencia del 27 de octubre del mismo año -que
declaró probada la excepción de inepta demanda y dio por terminado el proceso-, lo
cierto era que la decisión que definió de manera definitiva el asunto fue la proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 15 de diciembre de 2025. En
consecuencia, indicó que dicha providencia era la que debía ser objeto de análisis
en sede de tutela.
Señaló, además, que los planteamientos formulados en el escrito de tutela estaban
orientados a cuestionar el cómputo de los términos para interponer el recurso de
apelación contra el auto del 27 de octubre de 2025, bajo el argumento de que este
debía realizarse conforme a lo previsto en la Ley 2213 de 2022. No obstante, resaltó
que dichos argumentos ya habían sido expuestos por la actora en el recurso de queja
tramitado dentro del proceso ordinario y que fueron analizados y resueltos por el juez
natural, sin que se evidenciara la configuración de una controversia que trascendiera
el ámbito de la mera legalidad o que tuviera entidad constitucional.
6. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
demandante impugnó el fallo de primera instancia, solicitó su revocatoria y que, en
su lugar, se concediera el amparo de los derechos fundamentales invocados.
Sostuvo que el asunto no pretende controvertir un aspecto meramente procesal del
proceso ordinario, sino demostrar la afectación de los derechos fundamentales al
trabajo y al mínimo vital, originada con ocasión de la terminación anticipada del
proceso, en tanto se trata de una sentencia que cercenó la posibilidad de interponer
el recurso de apelación dentro del término legalmente establecido.
Agregó que se desconoció el principio de la doble instancia, en la medida en que no
se aplicó lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, y que el juez laboral
exigió requisitos que no son propios de dicha especialidad.
Manifestó que se vulneraron las reglas de Brasilia y que “el caso de la accionante, no
es el único caso, en el cual, el proceso administrativo se torna en una limitante para los
trabajadores del estado, que ven como la justicia no es asequible para ellos, y sus
condiciones frente al empleador son de mayor inferioridad, porque la justicia administrativa,
se niega aplicar la justicia laboral constitucional y legal en favor de una justicia administrativa
demasiado reglada para la defensa de los intereses de los administrados y sus trabajadores”.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
se debe revocar la sentencia del 19 de febrero de 2026 de la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela
por falta del requisito de la relevancia constitucional, y de encontrarse cumplidos los
restantes requisitos generales de procedencia, si debe acceder a la protección
constitucional solicitada.
3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones2.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que
de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración
a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310
de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo
constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se
encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a
un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia de
la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005 sobre
la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
2
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
3
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria
Calle Correa.
4
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
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procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala5, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que
considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia
en el sentido de la propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata
de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del
proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si en
cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
4. Estudio y solución del caso concreto
La señora Andrea María Valencia Grajales, quien actúa por intermedio de apoderado
judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y el
Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito de Medellín6, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, con ocasión del auto de 15 de
diciembre de 2025, que estimó bien rechazado el recurso de apelación por
5
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
6
En la decisión de primera instancia se indicó que se iba a realizar el estudio respecto de la última decisión por
ser aquella que definió el asunto.
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extemporáneo, el cual fue interpuesto contra la providencia que declaró probada de
oficio la excepción de inepta demanda.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia
del 19 de febrero de 2026, declaró improcedente la acción de tutela, al considerar
que no cumplía el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que insistía
en un debate que ya había sido resuelto dentro del proceso ordinario por el juez
natural.
Inconforme con dicha decisión, la parte accionante la impugnó y sostuvo que la
acción de tutela fue promovida con el propósito de demostrar la afectación de
derechos fundamentales derivada de la falta de aplicación de lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, específicamente en relación con la exigencia de
requisitos formales para acceder a la administración de justicia frente a una decisión
que puso fin al proceso. A su juicio, dicha providencia debió tramitarse como una
sentencia anticipada, susceptible del recurso de apelación en los términos previstos
en la norma referida.
Descendiendo al caso bajo examen, la Sala anticipa que confirmará la sentencia
impugnada, al advertir que los argumentos expuestos en el escrito de tutela ya fueron
objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, al
resolver el recurso de queja interpuesto contra el auto que rechazó por
extemporáneo el recurso de apelación formulado contra la providencia que declaró
probada de oficio la inepta demanda. En ese orden, se concluye que no se satisface
el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que se pretende reiterar un
debate que fue zanjado por el juez natural del asunto.
En efecto, del expediente allegado como prueba la Sala observa que, la parte
demandante promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para
América Latina, adscrita a la Secretaría de Cultura Ciudadana del municipio de
Medellín, con el fin de que se declarara la nulidad de las decisiones administrativas
que negaron la declaratoria de la existencia de un contrato realidad. A título de
restablecimiento del derecho solicitó que se reconociera la existencia de la relación
laboral y se ordenara el pago de las prestaciones a que hubiera lugar.
El asunto fue asignado por Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito de
Medellín en virtud de las medidas administrativas adoptadas en el Acuerdo
CSJANT23-30 del 23 de febrero de 2023.
Por auto del 27 de octubre de 2025, el Juzgado Treinta y Siete Administrativo del
Circuito de Medellín declaró probada de oficio la excepción de inepta demanda por
falta de requisitos formales y dio por terminado el proceso. Esta decisión fue
notificada por estado el día siguiente y comunicada a la actora por mensaje de datos
enviado en la misma oportunidad.
El 3 de noviembre de 2025, el apoderado judicial de la parte demandante envío el
recurso de apelación, según quedó consignado en el expediente digital que reposa
en el aplicativo Samai. No obstante, el mismo fue rechazado por extemporáneo a
través de auto de 10 de noviembre del mismo año, con fundamento en lo siguiente:
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“El Auto N° 516 del 27 de octubre de 2025 que declaró probada de oficio la
excepción previa de inepta demanda se notificó por estados del 28 de octubre
de 2025, de manera que el término para la interposición de los recursos empezó
a correr el día 29 de octubre y finalizó el día 31 de octubre de 2025.
Por lo tanto, toda vez que el recurso de apelación fue interpuesto el día 03 de
noviembre de 2025, es decir, un día hábil siguiente al último día del plazo
establecido en la legislación procesal, resulta a todas luces evidente que el
mismo se presentó de manera extemporánea. De manera que se torna en
improcedente su trámite, conforme lo dispuesto en los ya referidos artículos 243
y 244 del CPACA.
De esta manera, el Despacho no puede pronunciarse sobre el recurso, pues este
fue presentado de manera extemporánea”.
Contra la anterior decisión, el apoderado judicial interpuso recurso de queja 7, en los
siguientes términos:
“1. Por medio de auto del 27 de octubre de 2025, que fuera notificado por estado
el 28 de octubre de 2025, como se observa en las constancias de comunicación
del índice 053 y 54 de SAMAI, El JUEZ TREINTA Y SIETE ADMINISTRATIVO
ORAL resolvió de oficio la excepción previa de ineptitud sustantiva de la
demanda y la declaró probada.
2. Ante lo anterior el apoderado de la parte actora, el 03 de noviembre de 2025
presentó recurso de apelación atacando las consideraciones expuestas en el
auto del 27 de octubre de 2025.
3. Sin embargo, el despacho sustento que el auto emitido por dicha dependencia
se entendía como los referentes a los del artículo 244 del CPACA, que establece
el procedimiento del recurso de apelación en contra de autos, para lo cual se
tiene que el mismo debe interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación o a la del auto que niega totalmente la reposición, conforme a lo
establecido en el numeral 3° del artículo referido.
4. Ante lo anterior se informa por parte del apoderado del demandante que dicha
interpretación es errada, porque desconoce lo preceptuado por el artículo 8 de
la ley 2213 de 2022: (…)
7. En esa misma línea el Consejo de Estado en regla de unificación ha informado
“Auto de 29 de noviembre de 2022 y sus consideraciones 1. La Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en el auto de 29 de
noviembre de 2022, resolvió: “[…] RESUELVE: PRIMERO: ADOPTAR la
siguiente regla de unificación jurisprudencial: «La notificación de las sentencias
por vía electrónica prevista en el inciso primero del artículo 203 del CPACA se
entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al
envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al
de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo
205 del CPACA»”.
En consecuencia, mediante auto del 19 de noviembre de 2025, el juzgado decidió
no reponer la decisión y conceder el recurso de queja, luego de reiterar que el recurso
de apelación fue presentado de manera extemporánea.
7
Al cual le fue dado trámite de reposición y, en subsidio de queja por parte del juzgado.
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En ese orden de ideas, el recurso de queja fue desatado por el Tribunal
Administrativo de Antioquia en auto de 15 de diciembre de 2025, mediante el cual se
estimó bien rechazado el recurso de apelación por extemporáneo. En esa
oportunidad se mencionó que:
“Ahora bien, invoca la parte actora para presentar su recurso, lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 2213 de 2022 “Artículo 8°. Notificaciones personales. (…) La
notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días
hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a contarse
cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio
constatar el acceso del destinatario al mensaje. Para los fines de esta norma se
podrán implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de los correos
electrónicos o mensajes de datos.”
No obstante, desde lo dispuesto en el artículo 205 del CPACA el legislador fue
claro en señalar que las providencias que deben surtir el trámite regulado en él
lo son aquellas que se notifican de forma electrónica: (…)
Lo anterior, no aplica frente al auto que dispuso declarar de oficio la excepción
de inepta demanda, ya que el mismo se notificó por estado, insertándose de
forma electrónica para su consulta en línea; ello, por cuanto su comunicación, la
cual se efectúa realizando un envío de correo electrónico informando a las partes
sobre la inserción del estado, no constituye su forma de notificación sino un
trámite que se agota para informar a las partes que pueden consultarlo en la
plataforma correspondiente.
(…)
Por lo tanto, pese a que el recurrente estima que el término se extiende por 5
días para todas las providencias, bajo la consideración que las notificaciones por
medios electrónicos se entienden realizadas 2 días hábiles siguientes al envío
de la notificación, esta norma no es aplicable frente a los autos, toda vez que en
este caso la notificación se surte por estados y el envío de mensaje de datos es
sólo una formalidad dentro de este tipo de notificación pero no es constitutiva de
una notificación por medios electrónicos.
Bajo tales consideraciones, el conteo del término para interponer el recurso de
apelación en contra del auto del 27 de octubre de 2025 en el que se resolvió de
oficio la excepción previa de inepta demanda y se declaró la terminación del
proceso, iniciaba el 29 de octubre de 2025 y finalizaba el 31 de octubre de 2025,
es decir, debía interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación
o a la del auto que niega totalmente la reposición, conforme a lo establecido en
el numeral 3° del artículo 244 del CPACA: (…)
Así las cosas, el auto en discusión fue notificado por estado el 28 de octubre de
2025 (Archivo 033 Primera Instancia – Cuaderno Principal), comunicado en la
misma fecha (Archivos 034-035 Primera Instancia – Cuaderno Principal); por tal
motivo la parte demandante tenía hasta el 31 de octubre de 2025 para apelar la
decisión proferida por el Despacho de Instancia, no obstante, ello tuvo lugar el 3
de noviembre de 2025 (Archivo 037-038 Primera Instancia – Cuaderno
Principal).
En consecuencia, comparte la Sala Unitaria las apreciaciones y consideraciones
expresadas por la A Quo, en cuanto a que el recurso de apelación propuesto por
el demandante, en contra del auto del veintisiete (27) de octubre de dos mil
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00628-01
Accionante: Andrea María Valencia Grajales
veinticinco (2025) que declaró de oficio la excepción de inepta demanda,
terminando el proceso, resulta extemporáneo, motivo por el cual estimará bien
rechazada dicha alzada”.
De lo expuesto se advierte que el Tribunal accionado señaló que la decisión que
declaró la excepción de inepta demanda fue notificada por estado, el cual fue
insertado de manera electrónica para su consulta en línea, y que la comunicación
enviada por correo electrónico no constituía una forma de notificación, sino un
mecanismo de consulta de la providencia en la plataforma.
Adicionalmente, precisó que el envío del mensaje de datos hizo parte de la
formalidad del trámite y no configuró una notificación electrónica, razón por la cual
concluyó que la demandante contó con el término de tres (3) días hábiles,
comprendidos entre el 29 y el 31 de octubre de 2025, para interponer el recurso
correspondiente, el cual se presentó hasta el 3 de noviembre del mismo año, esto
es, de manera extemporánea.
Así las cosas, la Sala advierte que los argumentos expuestos por la parte accionante
tienen por finalidad reabrir el debate jurídico planteado en el recurso de queja
interpuesto contra el auto que rechazó por extemporáneo el recurso de apelación.
Tales argumentos se centran en la aplicación e interpretación del artículo 8 de la Ley
2213 de 2022 relativa a la notificación electrónica, bajo la premisa de que esta debía
entenderse surtida dos días después del envío del mensaje de datos.
Lo anterior, pese a que la autoridad judicial accionada indicó de manera expresa que
dicha interpretación no resultaba aplicable, en la medida en que se trataba de una
providencia notificada por estado y que la comunicación remitida al mensaje de datos
constituía un acto distinto, sin que pudiera equipararse a una forma de notificación
electrónica en los términos invocados por la demandante.
En ese sentido, si bien la parte accionante invoca la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, lo cierto
es que tales alegaciones se dirigen a reiterar los mismos argumentos que fueron
expuestos en el recurso de queja resuelto por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
en el cual se concluyó que la norma propuesta por la actora no resultaba aplicable
al caso, al tratarse de una providencia notificada por estado y comunicada por
mensaje de datos como trámite secretarial.
Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela no supera el requisito de
relevancia constitucional, en tanto se probó que con la misma se pretende volver
sobre un asunto que ya fue resuelto por la autoridad judicial demandada en el
proceso que originó la controversia, fin para el que no está instituida la acción
constitucional.
Finalmente, se destaca que la afirmación según la cual la decisión que declaró
probada la excepción debía tramitarse como sentencia anticipada, por tratarse de
una providencia que puso fin al proceso, no fue planteada en el recurso de queja,
razón por la cual constituye un argumento nuevo que no puede ser objeto de análisis
en sede constitucional.
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Accionante: Andrea María Valencia Grajales
Por las razones expuestas, la Sala confirmará el fallo de 19 de febrero de 2026,
proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado que
resolvió declarar improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de la
relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Confirmar la sentencia de 19 de febrero de 2026, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones aquí
expuestas.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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