Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00631-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00631-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00631-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
19 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-00631-011
Accionantes : Ana Yolanda Montes Santiago, Luis Álvaro Gómez Murcia,
Linni Dayana Gómez Montes y Sergio Andrés Giraldo Montes
Accionados : Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo de Bogotá y
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A
Vinculada : Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, reparación directa, muerte
de conscripto
Decisión : Sentencia de segunda instancia
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por los accionantes contra el
fallo de 5 de marzo de 2026, emitido por el Consejo de Estado, Sección Primera2,
que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por los actores frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo
que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
2. Los accionantes, quienes actúan a través de apoderado judicial, interpusieron el
presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y seguridad jurídica, presuntamente
vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
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Expediente digital disponible en Samai.
2
C. P. Carlos Fernando Mantilla Navarro.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00631-01
Accionantes: Ana Yolanda Montes Santiago y otros
Accionados: Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo de Bogotá y otro
3. Por consiguiente, solicitaron dejar sin efectos las sentencias de (i) 27 de
noviembre de 2024, por medio de la cual el Juzgado Treinta y Tres (33)
Administrativo de Bogotá negó las pretensiones formuladas en la demanda de
reparación directa promovida contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional -
Policía Nacional (expediente 11001-33-36-033-2023-00311-01); y (ii) 18 de
septiembre de 2025, con la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A confirmó esa decisión. En su lugar, pidieron que se
ordene a las autoridades accionadas emitir un nuevo pronunciamiento en el que se
concedan las súplicas de ese asunto ordinario.
1.3 Hechos3.
4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por los
accionantes se puede evidenciar que, el 5 de febrero de 2021 el señor Alexander
Gómez Montes (q. e. p. d.) ingresó a la Policía Nacional a prestar el servicio militar
obligatorio como auxiliar, siendo adscrito al grupo de seguridad instalaciones de la
Dirección de la Policía Fiscal y Aduanera de Fontibón; sin embargo, debido a que
no recibió por parte de dicha institución el servicio de alojamiento y/o transporte,
tuvo que movilizarse por sus propios medios y hospedarse en el domicilio de un
familiar ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, lugar donde el 12 de julio del
mismo año, mientras se trasladaba en su bicicleta para realizar el turno de seguridad
asignado, fue interceptado por varios sujetos, quienes con la finalidad de hurtarle
sus pertenencias, le propiciaron varios disparos que ocasionaron su fallecimiento.
5. Por lo anterior, el 29 de septiembre de 2023 los actores radicaron una demanda
de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía
Nacional (expediente 11001-33-36-033-2023-00311-01), con el propósito que se le
declarara administrativamente responsable de los agravios causados por el deceso
del señor Gómez Montes (q. e. p. d.) y se ordenara la respectiva compensación
económica.
6. De ese asunto ordinario conoció el Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo de
Bogotá que, el 27 de noviembre de 2024 negó las súplicas, en tanto consideró que,
«[…] para el momento en que el señor ALEXANDER GÓMEZ MONTES sufrió el ataque y los
disparos en el barrio Candelaria que produjo su posterior fallecimiento, este no se encontraba en
3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice 00002.
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Accionados: Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo de Bogotá y otro
actividades propias del servicio militar obligatorio».
7. Inconformes con esa decisión, los demandantes interpusieron recurso de
apelación, desatado el 18 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en el sentido de confirmarla, al
estimar que «[…] aunque se encuentra acreditada la existencia del daño antijurídico y su
concreción durante el periodo en el que prestó el servicio militar obligatorio, la misma no es atribuible
a la institución, pues esta ocurrió cuando el auxiliar se encontraba dirigiéndose desde su casa hacia
el lugar de guardia, no siendo una actividad atribuida al servicio o en razón de este, rompiéndose
con ello el nexo causal».
8. Sobre la precedente situación, los tutelantes adujeron que las providencias
objeto de censura incurrieron en defecto fáctico, por indebida valoración
probatoria, porque « […] no analiz[aron] la vinculación del señor ALEXANDER GÓMEZ
MONTES a la Policía Nacional para prestar su servicio militar obligatorio », ni tuvieron en
cuenta «[…] las circunstancias en las que falleció […] que da[n] serios indicios que su muerte
fue producto de su condición de auxiliar de policía regular ».
9. Asimismo, en desconocimiento del precedente, dado que, «[…] al negarse a
proceder favorablemente en el reconocimiento de la responsabilidad del Estado […],
contravi[nieron] […] los pr[onunciamientos] del Consejo de Estado, que han adoptado una solución
distinta […] al reconocimiento pleno de los derechos de las víctimas de estos casos »; y, en
violación directa de la Constitución Política, comoquiera que, inobservaron que
«[…] la entidad decidió omitir las obligaciones que le correspondían frente al conscripto de
garantizarle las necesidades básicas y que conociendo el riesgo al que este se exponía no tom[ó]
las medidas necesarias para mitigar los posibles daños ».
1.2 Contestaciones de la acción.
10. 1.2.1 El Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo de Bogotá 4 adujo que no
ha incurrido en los defectos alegados, ni ha vulnerado ninguna garantía superior,
sino que, por el contrario, «[s]e han llevado a cabo las etapas que por ley deben adelantarse
en este tipo de asuntos, observando el derecho de defensa y contradicción bajo los principios de
publicidad y celeridad tanto a la [parte] demandante como para la demandada» y que, en todo
caso, «[l]a acción de tutela no es una tercera instancia».
4
Índice 00012 del expediente de Samai de primera instancia.
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Accionados: Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo de Bogotá y otro
11. 1.2.2 Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional5 solicitó
negar el amparo deprecado, toda vez que, «[…] para el caso bajo estudio se puede afirmar
sin lugar a dudas que se configuró el eximente de responsabilidad, […] pues […] el hecho producto
de un tercero no tiene relación con el servicio ni fue imprevisible e irresistible a es[a] institución
policial».
12. Agregó que, no se acreditó un perjuicio irremediable por parte de los accionantes
que conlleve a que este mecanismo constitucional pueda ser utilizado de manera
transitoria.
13. 1.2.3 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A guardó silencio en la oportunidad prevista para el efecto.
1.3 Providencia impugnada6.
14. Mediante sentencia de 5 de marzo de 2026, el Consejo de Estado, Sección
Primera declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, al considerar que
no satisfizo el requisito de relevancia constitucional, puesto que, «[…] la parte actora
pretende reabrir el debate que se surtió en el proceso de reparación directa, dado que sus
inconformidades están encaminadas a cuestionar la valoración probatoria realizada por la autoridad
judicial accionada en tanto alega que no se tuvieron en cuenta la forma de vinculación del joven
Alexander Gómez Montes a la Policía Nacional y la no garantía de residencia en las instalaciones
de dicha entidad pese a ser vinculado como auxiliar de policía regular. Lo anterior, con el fin de
insistir que el Estado sí es responsable de [su] muerte […]».
1.4 La impugnación7.
15. Inconformes con esa determinación, los accionantes la impugnaron, para cuyo
propósito reiteraron los argumentos expuestos en la solicitud de amparo y
adicionaron que, «[n]o se trata de reabrir el debate probatorio propio del proceso ordinario, ni de
cuestionar la valoración subjetiva que hizo el juez natural sobre las pruebas allegadas, sino de
colocar en evidencia la existencia de un defecto fáctico relevante desde el punto de vista
constitucional, [comoquiera] que[,] en efecto, se denuncia la omisión en la valoración de
elementos probatorios determinantes».
5
Índice 00015 del expediente de Samai de primera instancia.
6
Índice 00018 del expediente de Samai de primera instancia.
7
Índice 00022 del expediente de Samai de primera instancia.
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II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia.
16. En virtud de los artículos 328 del Decreto ley 2591 de 19919 y 2510 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201911 expedido por la sala plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.
2.2 La acción.
17. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Cuestión previa.
18. En el asunto sub examine los demandantes piden dejar sin efectos las
providencias de (i) 27 de noviembre de 2024, por medio de la cual, el Juzgado
Treinta y Tres (33) Administrativo de Bogotá negó las pretensiones formuladas en
la demanda de reparación directa promovida contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Policía Nacional (expediente 11001-33-36-033-2023-00311-01);
y (ii) 18 de septiembre de 2025, con la que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A confirmó esa decisión.
19. Sin embargo, esta Sala únicamente centrará su estudio jurídico en la providencia
de 18 de septiembre de 2025, por ser la que, al desatar el recurso de apelación
interpuesto contra la de 27 de noviembre de 2024, decidió de manera definitiva el
mencionado asunto contencioso-administrativo.
8
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
9
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
10
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
11
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
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2.4 Problema Jurídico.
20. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar la providencia
de 18 de septiembre de 2025, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A confirmó la sentencia de 27 de
noviembre de 2024, en la que el Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo de
Bogotá negó las pretensiones formuladas en la demanda de reparación directa
promovida por los tutelantes contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional -
Policía Nacional (expediente 11001-33-36-033-2023-00311-01); y, en caso
afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso, igualdad
y seguridad jurídica invocadas en la solicitud de amparo.
2.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.
21. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 12 y de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado13, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
22. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
12 Sentencia C-590 de 2005.
13 sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth
García González.
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un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
23. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado;
y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
24. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado,
contrario a lo indicado en primera instancia, comporta relevancia constitucional, en
la medida en que recae, a juicio de los actores, en una indebida valoración
probatoria, lo cual, de comprobarse, conllevaría a la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y seguridad jurídica; (ii) contra la
decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los
hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores;
(iv) el requisito de inmediatez se satisface, teniendo en cuenta que la providencia
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atacada quedó ejecutoriada el 30 de septiembre de 202514 y la solicitud de amparo
se presentó el 30 de enero de 2026, es decir, dentro de los seis meses; y (v) el fallo
acusado no es de tutela.
25. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo la causal específica denominada defecto fáctico, comoquiera que,
pese a que los demandantes alegaron también el desconocimiento del precedente
y la violación directa de la Constitución Política, no agotaron la carga argumentativa
mínima requerida para sustentarlos, pues, solo se limitaron a indicar que se les
vulneraron sus derechos fundamentales y que se inobservó el criterio del Consejo
de Estado sobre el asunto debatido, sin citar si quiera una sentencia, además, la
génesis de la transgresión invocada radica, a su juicio, en una presunta indebida
valoración probatoria, por lo que, en virtud del principio de oficiosidad, que señala
que el juez de tutela debe interpretar de manera extensiva el escrito inicial15, resulta
procedente analizar este trámite a partir de la aludida causal de procedencia de
tutela contra providencia judicial.
2.5.1 Defecto fáctico.
26. Sea lo primero anotar que, una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión »16.
27. La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo, que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión, se trata de un aspecto negativo
que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los
14
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 23 de septiembre de 2025,
motivo por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 25 de los mismos mes y año, conforme al
artículo 205 (numeral 2) del CPACA.
15
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela,
esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los derechos
fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida es su
deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la
salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y
en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda».
16
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
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eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar
suficiente material probatorio que lo demuestra17.
2.6 Análisis del caso concreto.
28. En el asunto sub examine, los accionantes aducen que la providencia
cuestionada incurrió en defecto fáctico, por indebida valoración probatoria,
porque, «[…] no analiz[aron] la vinculación del señor ALEXANDER GÓMEZ MONTES a la
Policía Nacional para prestar su servicio militar obligatorio », ni tuvieron en cuenta « […] las
circunstancias en las que falleció […] que da[n] serios indicios que su muerte fue producto de su
condición de auxiliar de policía regular ».
29. Ahora bien, antes de proceder a realizar el estudio de fondo, resulta oportuno
anotar que, resulta oportuno indicar que el artículo 9018 de la Constitución Política
se constituye en la fuente de la responsabilidad extracontractual del Estado, pues,
es su «cláusula general»19, toda vez que, prevé los elementos que deben concurrir
para que se configure, los cuales son: (i) un daño antijurídico, esto es, un perjuicio
que la persona no está en la obligación de soportar; (ii) una acción u omisión de los
servidores públicos concernientes al cumplimiento de sus funciones; y (iii) una
relación causal entre el hecho dañoso y la actuación o negligencia de aquellos.
30. En virtud de dichos presupuestos, es acertado afirmar que hay lugar a declarar
la responsabilidad extracontractual del Estado cuando sus agentes, en acatamiento
de sus funciones, por acción u omisión, causan menoscabo a una persona que no
debe resistirlo.
31. Así las cosas, el nexo causal hace referencia a la relación necesaria que debe
mediar entre el hecho generador del detrimento y el resultado, es decir, para que se
comprometa patrimonialmente a la Administración, es indispensable que esta haya
causado el daño20.
32. Por otra parte, cuando se discute la responsabilidad patrimonial de la Nación por
17
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
18
«El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la
omisión de las autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de
la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste».
19
Corte Constitucional, sentencia C-38 de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
20
Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, sentencia de 26 de abril de 2018, C. P. María Adriana Marín, expediente
25000-23-26-000-2004-02010-01.
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Accionantes: Ana Yolanda Montes Santiago y otros
Accionados: Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo de Bogotá y otro
lesiones o muertes de miembros de la fuerza pública, el alto tribunal contencioso-
administrativo ha determinado dos escenarios: en el primero, se encuentran quienes
ingresan a las instituciones con el fin de prestar el servicio militar obligatorio; y en el
segundo, están los que se vinculan a la milicia de manera voluntaria.
33. En ese orden de ideas, el Consejo de Estado ha indicado que cuando quien
fallece o sufre una lesión es alguien vinculado a la fuerza pública para cumplir el
mandato constitucional de «[…] tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan
para defender la independencia nacional y las instituciones públicas »21, la responsabilidad del
Estado se compromete en atención al título de imputación de riesgo excepcional,
dado que la obligación de resarcir los perjuicios se origina en el hecho de ponerlo
en una situación de vulnerabilidad que quebranta el principio de igualdad frente a
las cargas públicas22.
34. No obstante, esta Corporación23 también ha sostenido que en esos casos opera
el daño especial, en los siguientes términos:
[…] cuando se trata de conscriptos o personas que obligatoriamente prestan el servicio
militar o policial, [es dable] estudia[r] la responsabilidad del Estado desde la óptica de la
responsabilidad objetiva, bien sea por daño especial o riesgo excepcional,
principalmente por tratarse de eventos en los que subyace una ruptura del principio de
igualdad de las cargas públicas 24, teniendo en cuenta que el sometimiento de aquéllos
a los riesgos de tales actividades no se realiza voluntariamente, sino que obedece al
cumplimiento de los deberes derivados de los principios fundamentales de solidaridad y
reciprocidad social25, para defender la independencia nacional y las instituciones
públicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 216 de la Constitución Política.
35. Asimismo, el Consejo de Estado26 ha determinado que, en los asuntos en los que
se debate la responsabilidad de la Administración por daños antijurídicos sufridos
por conscriptos, es dable utilizar el título de imputación de falla del servicio, siempre
que se acredite que la acción u omisión administrativa tuvo incidencia en la
ocurrencia del daño antijurídico.
36. Cabe advertir que para que al Estado le asista el deber de reparar
pecuniariamente los daños causados a quienes prestan el servicio militar
21
Artículo 216 de la Constitución Política.
22
Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, sentencia de 16 de septiembre de 2013, C. P. Carlos Alberto Zambrano
Becerra, expediente 68001-23-15-000-1998-00468-01.
23
Sección tercera, sentencia de 20 de septiembre de 2021, C. P. Nicolás Yepes Corrales, expediente 05001-23-31-000-2010-
02181-01.
24
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 16 de septiembre de 2013, Rad.: 31499.
25
Corte Constitucional. Sentencia T - 250 de 1993.
26
Consejo de Estado, sección tercera, subsección C, sentencia de 1.º de julio de 2015, C. P. Jaime Orlando Santofimio
Gamboa, expediente: 52001-23-31-000-1998-00182-01.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00631-01
Accionantes: Ana Yolanda Montes Santiago y otros
Accionados: Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo de Bogotá y otro
obligatorio, resulta indispensable que no se configure algún eximente de
responsabilidad, pues de ser así, se releva a la Administración de ese compromiso
por la ruptura del nexo causal, tal como lo aclaró esta Corporación27:
Atendiendo a las condiciones concretas en las que se produjo el hecho, la Sala ha
aplicado en la solución de los casos, los distintos regímenes de responsabilidad. Así, ha
decidido la responsabilidad del Estado bajo el régimen de daño especial cuando el daño
se produjo como consecuencia del rompimiento de la igualdad frente a las cargas
públicas; el de falla probada cuando la irregularidad administrativa produjo el daño y, el
de riesgo cuando éste proviene o de la realización de actividades peligrosas o de la
utilización de artefactos que en su estructura son peligrosos; pero, en todo caso, ha
considerado que el daño no será imputable al Estado cuando se haya producido
por culpa exclusiva de la víctima, por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un
tercero, por rompimiento del nexo causal [se destaca].
37. Ahora bien, el eximente de responsabilidad denominado culpa exclusiva de la
víctima se configura cuando el daño antijurídico se produjo por un hecho
impredecible e irresistible para el Estado28, derivado de un actuar imprudente de
aquella. Por su parte, el hecho de un tercero acontece en el evento en que el
siniestro haya sido causado por el actuar de una persona en su fuero interno y sin
relación con el servicio público, sin embargo, este no aplica, por regla general, en
los casos en los que se discute la responsabilidad extracontractual de la
Administración por lesiones o muertes de conscriptos; así lo precisó esta
Corporación29:
[…] debe precisarse que, en tratándose de las lesiones o el homicidio de que puedan
ser víctimas los soldados que presten servicio militar obligatorio por razón de la acción
ejecutada por sujetos ajenos a la Fuerza Pública o por el mismo Estado, en principio no
tendrá cabida la causal de exoneración de responsabilidad consistente en el hecho de
un tercero, habida consideración del carácter particular de la relación de especial
sujeción, la cual implica que el Estado debe respetar y garantizar por completo la vida e
integridad del soldado obligado a prestar servicio militar respecto de los daños que
pudieren producir, precisamente, terceros particulares o incluso del propio personal
oficial.
38. Por otro lado, es probable que en la ocurrencia de un hecho dañoso concurran
causas adecuadas30 atribuibles tanto a la Administración como a la víctima, lo que
deriva en una concurrencia de culpas que impone calcular el monto de la
27
Sección tercera, subsección A, sentencia de 12 de febrero de 2015, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, expediente
73001-23-31-000-2007-00675-01.
28
Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, sentencia de 16 de septiembre de 2013, C. P. Carlos Alberto Zambrano
Barrera, expediente 68001-23-15-000-1998-00468-01.
29
Sección tercera, subsección A, sentencia de 18 de julio de 2012, C. P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 2001-23-31-
000-2001-00559-01.
30
Consejo de Estado, sección tercera, sentencia de 23 de junio de 2010, C. P. Enrique Gil Botero, expediente 54001-23-31-
000-1994-08714-01: «Para la Sala es importante resaltar que no todas las acciones u omisiones que anteceden a la
producción del daño son causas directas del mismo, como se plantea en la teoría de la equivalencia de las condiciones; es
un sinsentido otorgarle igual importancia a cada hecho previo a la producción del daño, lo relevante es identificar cuál acción
fue la causa determinante, principal y eficiente del hecho dañoso, de lo contrario, se llegaría al absurdo de que la consecuencia
o daño, sería la sumatoria de todos los antecedentes, haciendo un retorno al infinito, propio de la teoría de la equivalencia de
las condiciones».
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00631-01
Accionantes: Ana Yolanda Montes Santiago y otros
Accionados: Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo de Bogotá y otro
indemnización a reconocer, en atención a la incidencia que tuvo el Estado en el
siniestro31.
39. Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada, en el fallo objeto de censura,
concluyó:
En el presente caso, el daño referido por los demandantes consistió en la muerte de
Alexander Gómez Montes como consecuencia de las heridas por arma de fuego, que
fueron propiciadas por delincuentes comunes que lo abordaron cerca de las 20:30 horas
sobre la ciclorruta de la carrera 22 con calle 58 sur en el barrio de la Candelaria localidad
Ciudad Bolívar, justo al momento en que se dirigía a cumplir el turno de guardia en las
instalaciones de la DIAN.
[…]
Pese a que el primer elemento de la responsabilidad está acreditado, dicha
circunstancia no es suficiente para responsabilizar al Estado, por cuanto se requiere
efectuar el correspondiente juicio de imputación para determinar si el daño le resulta
atribuible o no a la entidad pública demandada y cuál es el fundamento jurídico de dicha
determinación o si operó alguna causal eximente de responsabilidad.
[…]
En informativo administrativo prestacional por lesión y/o muerte N°012- 2021 la Policía
Nacional se consignó:
De lo anterior, se desprende que el Auxiliar de Policía fue atacado durante el
desplazamiento hacia las instalaciones del lugar donde debía prestar el servicio, siendo
transportado por sus propios medios y siendo autónomo en la elección de la ruta a
tomar, pues fue tan así que sus superiores al notar su ausencia activaron el árbol de
búsqueda al no saber de su paradero, encontrándose con la mala noticia que había sido
atacado por delincuentes comunes.
Sumado que, para el momento de los hechos, no vestía prendas de uso institucional,
que conllevara a establecer, prima facie, que fue objeto de blanco por su condición de
auxiliar de policía, pues tal como se informó en el examen de necropsia realizado por el
31
Consejo de Estado, sentencia de 12 de febrero de 2015, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, expediente 73001-23-31-
000-2007-00675-01.
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Accionantes: Ana Yolanda Montes Santiago y otros
Accionados: Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo de Bogotá y otro
Instituto de Medicina Legal al realizar el informe exterior del cadáver, señaló que el joven
Alexander Gómez Montes vestía de civil, es decir con un pantalón de Jean Azul, tenis
de color negro marca diésel y chaqueta de color blanca.
Ahora bien, en oficio N°S-2021-008790/DIREC-ASJUD-29.25 del 13 de julio de 2021,
el Coronel Gelber Hernando Cortés Rueda – Director de Gestión de Policía Fiscal y
Aduanera, respecto de los hechos en donde fue muerto el señor Alexander Gómez
Montes, informó: “Es de anotar, que el carné policial del extinto señor auxiliar fue objeto
de hurto en medio de los hechos, asimismo (sic), se informa que está a la espera de la
emisión del registro civil de difusión (sic), razón por la cual no se remiten.”
Sin embargo, dicha circunstancia no puede ser tenida como un ataque directo a un
integrante de la Policía Nacional, visto que al tratarse de delincuentes comunes le
hurtaron sus pertenencias, siendo incluso desconocido si en efecto le arrebataron o no
el carnet en ese momento.
[…]
Así las cosas, la Sala encuentra que no le asiste razón al apelante al afirmar que la
muerte del Auxiliar de policía Alexander Gómez Montes fue en razón y por causa del
servicio, visto que las actividades que desempeñaba al momento de su muerte no eran
propias de una orden, operación o actividad militar que debía desarrollar.
Por lo que para la Sala emerge certeza que el daño antijurídico reclamado por Ana
Yolanda Montes Santiago (madre de la víctima directa), no es imputable a la Nación –
Ministerio De Defensa – Policía Nacional, advertido que en determinación de la
responsabilidad patrimonial del Estado por las lesiones sufridas por el personal de
conscriptos, es necesario demostrar que la afectación fue consecuencia de la actividad
castrense, y compromete en consecuencia el deber indemnizatorio del Estado, aspecto
que no se logró probar en el presente asunto.
En gracia de discusión, y en atención a la manera como se produjo el hecho dañoso,
habría lugar igualmente a declarar probado el eximente de responsabilidad por “hecho
exclusivo y determinante de un tercero”, visto que quienes atacaron al joven Alexander
Gómez Montes, fueron personas de la delincuencia común y cuyo objeto era el
sustraerle sus pertenencias, no pudiéndose interpretar como un ataque directo a la
institución.
Se entiende que un tercero es aquella persona que no tiene vínculo alguno con las
partes involucradas en el proceso de responsabilidad. La jurisprudencia colombiana ha
dicho que la ruptura del nexo de causalidad por este tipo de intervención exige que la
misma haya resultado ajena al servicio, imprevisible e irresistible para la entidad pública.
40. De lo expuesto se colige que, la autoridad accionada, después de efectuar el
correspondiente estudio probatorio, determinó que no era dable acceder a las
pretensiones de la demanda de reparación directa con radicado 11001-33-36-033-
2023-00311-01, porque los medios de convicción aportados al expediente
acreditaban que la muerte del señor Alexander Gómez Montes (q. e. p. d.), no se
originó en razón del servicio militar obligatorio, ni en ejercicio de labores propias de
este, pues, provenía de factores externos, toda vez que, fue atacado por personas
de la delincuencia común y cuyo objeto era hurtarle sus pertenencias, no
pudiéndose interpretar como un ataque directo a la institución ni a él en su condición
de policía.
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41. Así las cosas, para la Sala la afirmación de la autoridad accionada, según la cual
no era factible acceder a las pretensiones ordinarias, porque no se acreditó que el
hecho dañoso que desencadenó el proceso de reparación directa se produjera
como consecuencia del servicio militar obligatorio o por integrantes vinculados a la
institución, no comporta una deducción probatoria arbitraria o caprichosa, en
consecuencia, no se configuró el defecto fáctico alegado.
42. Por otra parte, resulta oportuno indicar que el hecho que la autoridad judicial
accionada no haya valorado las pruebas en el sentido que pretendían los
demandantes, no involucra la causal específica de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales denominada defecto fáctico, por cuanto en
acatamiento de sus competencias jurisdiccionales tiene la potestad de examinar la
pertinencia, utilidad y conducencia de los elementos de convicción obrantes en el
expediente, así como, la de otorgarles diferentes grados de certeza, siempre que lo
haga de manera integral y bajo los criterios de la sana crítica, conforme aconteció
en el asunto materia de controversia.
43. Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural) están precedidas de
una valoración objetiva, integral y razonable de las pruebas recaudadas, lo que
imposibilita al juez de tutela cuestionarlas, salvo que sean evidentemente contrarias
a las garantías superiores, supuesto que no se da en el sub lite. Acerca de este
aspecto, la Corte Constitucional32 sostuvo:
Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no
pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.
Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar,
conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia,
cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto.
El juez, en su labor, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones se presumen de
buena fe. En consecuencia, el juez de tutela debe considerar que, en principio, la
valoración de las pruebas realizadas por el juez natural es razonable.
[…]
Por último, para que la tutela resulte procedente ante un error fáctico, “El error en el juicio
valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto,
y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no
puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del
juez que ordinariamente conoce de un asunto.
32
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00631-01
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Accionados: Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo de Bogotá y otro
44. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que
efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.
III. DECISIÓN
45. Por las razones señaladas, comoquiera que, para la Sala, contrario a lo indicado
en primera instancia, en este caso el análisis efectuado supera el requisito de
relevancia constitucional; sin embargo, la parte actora no acreditó que la providencia
de 18 de septiembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A hubiere incurrido en defecto fáctico,
se revocará el fallo impugnado, que declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia, para, en su lugar, negar el amparo deprecado.
46. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 5 de marzo de 2026, emitida por el Consejo
de Estado, Sección Primera, que declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia. En su lugar, NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y seguridad jurídica invocados por los señores Ana Yolanda
Montes Santiago, Luis Álvaro Gómez Murcia, Linni Dayana Gómez Montes y Sergio
Andrés Giraldo Montes, por las razones consignadas en la parte considerativa.
SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito,
en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Primera de esta
Corporación y remitir copia.
CUARTO. Ejecutoriado este fallo, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591
de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
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Accionados: Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo de Bogotá y otro
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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