Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00635-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00635-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00635-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
26 de febrero de 2026
Demandante: Adrián David Rumbo López
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00635-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Veintiséis [26] de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00635-00
Demandante: ADRIÁN DAVID RUMBO LÓPEZ
Demandados: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial – declara la improcedencia de
la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA SOLICITUD
Resuelve la Sala la acción de tutela formulada por el señor Adrián David Rumbo López
contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
Mediante escrito presentado el 30 de enero de 2026, el señor Adrián David Rumbo
López, por conducto de apoderado, instauró acción de tutela contra la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de La
Guajira, con el fin de obtener el amparo de su derecho fundamental al debido proceso.
La vulneración de la referida garantía constitucional la atribuyó a las providencias de 9
de mayo y 22 de octubre de 2025, a través de las cuales la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de La Guajira y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
respectivamente, declararon la responsabilidad del señor Adrián David Rumbo López
que fungía como juez promiscuo del municipio de Hatonuevo y lo sancionaron con la
destitución e inhabilidad general por el término de 12 años en el ejercicio del cargo. Lo
anterior, en el marco de un proceso disciplinario que se identificó con el radicado
44001-11-02-000-2020-00120-00/01.
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Demandante: Adrián David Rumbo López
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
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1.2. Pretensiones
La parte actora solicitó:
PRIMERA: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso contenido en el artículo
29 de la Constitución Política de Colombia señor Adrián David Rumbo López.
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, se solicita que se DEJEN SIN
EFECTOS, en su integridad, las siguientes providencias: (i) la Sentencia de primera
instancia del 9 de mayo de 2025, proferida por la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de La Guajira, que impuso sanción de destitución e inhabilidad general por dos
(12) años en los mismos términos, por incurrir en defecto fáctico y falta de motivación.
TERCERA: Que se adopten medidas para restablecer plenamente los derechos
fundamentales del accionante, incluyendo la actualización del registro disciplinario y
cualquier otra derivada directa de la anulación de la sanción1.
1.3. Hechos
Los supuestos que a continuación se relacionan, son relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:
El señor Adrián David Rumbo López indicó que el 19 de mayo de 2020 la Compañía
de Seguros Bolívar S.A. [en adelante Seguros Bolívar], por conducto de su apoderado,
presentó una queja en su contra ante a la Comisión Seccional del Disciplina Judicial
de la Guajira; época en la que se desempeñaba como juez promiscuo del municipio
de Hatonuevo.
Precisó que la queja consistió en el manejo judicial asumido por el despacho respecto
de «12» acciones de tutela que se resolvieron en el inicio del año 2020, en las que la
parte demandada fue Seguros Bolívar, entidad frente a la cual se alegó en esa vía, la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales en el marco de contratos de
pólizas de seguros de vida de grupo.
Aseguró que los reproches alegados en la queja se estructuraron en los siguientes
ejes temáticos: (i) la falta de competencia del juzgado por el factor territorial; (ii) el
reconocimiento de emolumentos que no fueron objeto de la acción de tutela; y (iii) la
interpretación errónea de los preceptos legales, jurisprudenciales y doctrinales
relacionados con la nulidad del contrato de seguro.
Indicó que, luego de que operara la acumulación de otros asuntos de supuestos
fácticos y jurídicos similares, el 17 de noviembre de 2023 la Comisión Seccional ordenó
la terminación parcial y el consecuente archivo definitivo en favor del juez Promiscuo
Municipal de Hatonuevo, en virtud de lo estipulado en los artículos 90, 224 y 250 de la
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Cita del texto original con posibles errores.
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Ley 1952 de 20192, respecto de las siguientes conductas: (i) la dilación injustificada en
remitir el expediente al superior jerárquico correspondiente para que se tramitara la
impugnación frente a los fallos de tutela; y (ii) la dilación injustificada en la remisión de
los expedientes de tutela fallados en primera instancia, a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
Manifestó que, en el pliego de cargos se precisó que los reproches disciplinarios
versaban sobre las siguientes conductas: (i) por asumir el conocimiento de las
acciones de tutela a pesar de la falta de competencia por el factor territorial derivada
de la modificación de los domicilios de los asegurados; (ii) por el desconocimiento de
la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela como causal de improcedencia; y (iii)
por el reconocimiento de emolumentos que no fueron objeto de la acción de tutela o
sin acreditar el cumplimiento de los requisitos de conformidad con lo estipulado en el
contrato de seguro. Así, refirió que se le endilgó la incursión en un concurso
homogéneo y sucesivo de la falta gravísima prevista en el numeral 1. ° del artículo 483
de la Ley 734 de 20024 , en concordancia con el artículo 4135 de la Ley 599 de 2000.
Adujo que, con sentencia de 9 de mayo de 2025, la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de La Guajira determinó que las acciones disciplinarias derivadas de todos los
radicados de las acciones de tutelas mencionadas se encontraban prescritas, excepto,
el correspondiente al número «2020-00069-00», frente a la cual se declaró la
responsabilidad del señor Adrián David Rumbo López y se dictó la siguiente orden:
SEGUNDO: SANCIONAR con DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL, por el
término de doce (12) años, en el ejercicio del cargo al docto ADRIAN DAVID RUMBO
LÓPEZ, en su condición de JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE HATONUEVO-LA
GUAJIRA, por resultar responsable de la falta tipificada en el numeral 1 del artículo 48
de la Ley 734 de 2002 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 413 de la Ley 599
de 200, conductas elevadas a falta disciplinaria, de acuerdo a lo estipulado en el artículo
196 de la Ley 734 de 2002, ello de acuerdo a las motivaciones contenidas en esta
decisión.
Puntualizó que el recurso de apelación se sustentó en: (i) la prescripción de la acción
disciplinaria por cuanto la falta se cometió en el momento en que se admitió la tutela,
2 «Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas
disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario».
3 «ARTÍCULO 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:
1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley cómo delito sancionable a título
de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o cómo consecuencia de la función o cargo, o
abusando del mismo.
[...]»
4 «Por la cuál se expide el Código Disciplinario Unico».
5 «ARTÍCULO 413. Prevaricato por acción. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011. El servidor
público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en
prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis puntos
sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144)
meses. Declarado Exequible Sentencia Corte Constitucional 917 de 2001.
(Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004)».
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no cuando se profirió sentencia, puesto que se trata de una conducta instantánea; (ii)
la inexistencia de tipicidad e indebida valoración probatoria en tanto, a su juicio, sí tenía
competencia territorial para conocer de la tutela porque la parte accionante residía en
el municipio de Hatonuevo y fue allí en donde se materializó la presunta violación de
derechos, lo cual estuvo respaldado con la certificación expedida por la Junta de
Acción Comunal del barrio Nueva Guajira; (iii) la inexistencia de ilicitud sustancial,
«toda vez que, aun aceptando que la conducta encajaba formalmente en una falta, no
se produjo una afectación real de sus deberes, en la medida en que se actuó con
diligencia pese a las restricciones de la pandemia»; y (iv) ausencia de culpabilidad a
título de dolo por cuanto, en su criterio, «no se acreditó una intención consciente de
actuar contra la ley, dado que el juez decidió con fundamento en los documentos que
reposaban en el expediente» incluida la certificación de la referida JAC.
Advirtió que, en sentencia de 22 de octubre de 2025, la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial de confirmó la decisión del a quo al considerar lo siguiente:
(i) Frente a la prescripción, indicó que no era procedente por cuanto el término se
computó a partir del 18 de mayo de 2020, fecha en que se dictó la sentencia de tutela
relevante para la decisión sancionatoria cuestionada, aunado a que, para el 15 de
mayo de 2025 quedó ejecutoriada la sentencia disciplinaria de primera instancia, lo
cual interrumpió la prescripción de conformidad con lo establecido en el artículo 336 de
la Ley 1952 de 2019 y habilitó un nuevo plazo de 2 años (15 de mayo de 2027) desde
esa notificación, para que se dictara el fallo por el superior, lo que ocurrió el 31 de
octubre de 2025.
(ii) En cuanto al cargo relacionado con la inexistencia de tipicidad de la conducta,
aseguró que:
(a) La constancia de la JAC no acreditaba el domicilio civil para efectos judiciales o
legales. Adujo que dicha pieza documental se contradecía con la dirección
reportada por el accionante de la tutela «2020-00069-00» en las reclamaciones
administrativas presentadas ante Seguros Bolívar y con la información aportada por
esa empresa. Además, porque la mencionada aseguradora puso de presente en 2
oportunidades la falta de competencia y solicitó la nulidad por el mismo motivo.
6 «ARTÍCULO 33. Prescripción e interrupción de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria
prescribirá en cinco (5) años contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación,
para las de carácter permanente o continuado, desde la realización del último hecho o acto y para las
omisivas, cuando haya cesado el deber de actuar.
Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple
independientemente para cada una de ellas.
La prescripción se interrumpirá con la notificación del fallo de primera instancia. Interrumpida la
prescripción, esta se producirá sí. transcurridos dos (2) años desde la notificación del fallo de primera
instancia no se notifica la decisión de segunda instancia.
[...]»
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También, sustentó que, en virtud del artículo 42.4 del CGP, el juez debía verificar
oficiosamente la situación y no limitarse a requerir al tutelante y aceptar la
certificación de de la JAC, puesto el funcionario pudo solicitar múltiples tipos de
pruebas para confirmar el real domicilio.
(b) En el expediente obraba información que ubicaba al accionante en un municipio
distinto, la manifestación de la aseguradora en ese sentido, y la petición de nulidad
por la misma causa.
(c) Aunque el juez sancionado requirió al extremo accionante en la tutela «2020-
00069-00», tal actuación se consideró insuficiente debido a que no desplegó una
actividad probatoria más profunda para confirmar el lugar de residencia pese a tener
las herramientas idóneas como el decreto pruebas de oficio, y recordó que, incluso,
la Corte Constitucional ha verificado direcciones a partir de gestiones básicas de
mensajería, por lo que señaló que no era razonable sostener como única posibilidad
la de pedir certificaciones al accionante.
(d) El reproche se predicó respecto de la admisión de la tutela, así como en
mantener el trámite hasta dictar sentencia pese a los reparos formales y probatorios
sobre la competencia, lo cual se interpretó como una conducta deliberada en
conservar la causa sin tener dicha atribución.
1.4. Fundamentos de la solicitud7
La parte actora indicó que las providencias censuradas vulneraron sus garantías
fundamentales por las siguientes razones:
1.4.1. Como primera medida, explicó que el caso de la referencia es relevante
constitucionalmente por cuanto se denuncia la transgresión del derecho fundamental
al debido proceso ante a la ausencia de valoración probatoria en las decisiones
disciplinarias, concretamente, respecto de la certificación expedida por la JAC del
barrio Nueva Guajira en la cual se hacía constar que el extremo actor de la tutela
«2020-00069-00» residía en el municipio de Hatonuevo, aunado a que las decisiones
reprochadas carecen de motivación en cuanto a la falta de fuerza o entidad de la
mencionada pieza documental para ser tenida como una prueba determinante, puesto
que no se «desarrolló un examen probatorio suficiente ni aplicó un razonamiento que
permitiera comprender por qué ese medio de prueba carecía de aptitud o relevancia
en el contexto [...]».
En ese orden, precisó que esta solicitud de amparo no se limita a una inconformidad
con la interpretación de una regla legal, sino que reprocha la forma en que la autoridad
disciplinaria desestimó un elemento probatorio relevante sin ofrecer un análisis en el
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Citas del texto original con posibles errores.
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marco de la sana crítica; y agregó que no pretende reabrir el proceso ordinario en una
instancia adicional, ni sustituir los recursos ordinarios.
1.4.2. Alegó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial dictó la sentencia de
segunda instancia sin motivación8, en atención a que se limitó a señalar que el
domicilio del extremo demandante no se podía acreditar mediante constancias
expedidas por «organismos comunales» que carecen de valor legal para el efecto, por
lo tanto, esa pieza no desvirtuaba la tipicidad de la conducta al carecer de idoneidad
probatoria y contrariar los lineamientos jurisprudenciales vigentes, aunado a que limitar
la averiguación a un simple requerimiento al tutelante «denota es el ánimo fraudulento
de asumir una competencia en un asunto que nunca debió gestionar» .
Lo anterior, pese a que la Comisión sustentó su criterio en que la constancia comunal
se contradecía con la información contenida en las reclamaciones administrativas que
el actor de la tutela «2020-00069-00» presentó ante la aseguradora, con la información
allegada por esta última ante el juzgado y con la solicitud de nulidad. Además, de que
indicara que la mencionada certificación carecía de idoneidad según la jurisprudencia,
puesto que, a juicio de la autoridad disciplinaria, no exoneraba al exfuncionario del
deber de verificar la competencia y de ejercer su facultad oficiosa según lo estipulado
en el artículo 42.4 del CGP.
Resaltó que se desconoció que el trámite de la acción de tutela debe desarrollarse con
arreglo a los principios de economía, celeridad y eficacia, entre otros, puesto que se
trata de un asunto preferente, sumario e informal. Todo con sustento en los artículos
3. °, 4. ° y 86 de la Constitución.
Reprochó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no explicara de manera
suficiente por qué el requerimiento que el funcionario sancionado realizó al accionante
de la tutela «2020-00069-00» en la providencia de 8 de mayo de 2020 con el fin de
despejar la duda sobre la competencia territorial, y la certificación de la JAC entregada
por este como respuesta al requerimiento «no bastaban para resolver la duda territorial
en el contexto del trámite constitucional [...]», aunado a que tampoco sustentó por qué
su conducta no había sido de ejecución instantánea, sino permanente, pese a que el
cargo consistió en haber asumido el conocimiento de una acción de tutela sin
competencia por el factor territorial, lo que tuvo lugar el 4 de mayo de 2020 con la
admisión de esa solicitud de amparo.
1.4.3. También alegó la configuración de un defecto fáctico en las dos sentencias
disciplinarias, comoquiera que del análisis efectuado evidenció que la decisión
sancionatoria se edificó sobre una lectura incompleta al desconocer un elemento
determinante del expediente, esto es, la constancia expedida por la JAC, la cual fue
8 Como sustento del cargo de decisión sin motivación, citó las siguientes sentencias de la Corte
Constitucional: T-026-22 del 1. ° de febrero de 2022, SU 424 del 6 de junio de 2012 y T-709 del 8 de
septiembre de 2010 y SU 071 de 24 de febrero de 2022.
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aportada para sustentar el vínculo territorial en atención al requerimiento expreso del
juez al accionante. Así, a su juicio, la «omisión condujo a tener por inexistentes
actuaciones y hechos que emergían con claridad del material obrante, lo que alteró el
juicio sobre la competencia territorial, impactó la tipicidad y sirvió de base para una
imputación disciplinaria que no se corresponde con la realidad probatoria».
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante auto de 3 de febrero de 2026 se admitió la acción de tutela y se dispuso a
tener como autoridades accionadas a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a
la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de La Guajira. En calidad de tercero con
eventual interés en las resultas del trámite constitucional, se vinculó a la Compañía de
Seguros Bolívar S.A. [entidad quejosa]. Por último, se le reconoció personería al
abogado Gustavo Quintero Navas como apoderado de la parte accionante.
Finalmente, se ordenó a la oficina de sistemas del Consejo de Estado para que
realizara la publicación de la información relativa al proceso de la referencia en la
página web de la corporación.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibieron los siguientes
informes:
1.6.1. Comisión Nacional de Disciplina Judicial
La magistrada ponente de la sentencia de 22 de octubre de 2025 solicitó que se
declare la improcedencia de la acción de la referencia, o, en su defecto, que se niegue
el amparo deprecado debido a que no satisface el requisito de relevancia
constitucional y no se acreditó la vulneración de los derechos fundamentales del señor
Adrián David Rumbo López, en atención a que lo pretendido consiste en reabrir un
debate jurídico que fue planteado en el recurso de apelación de la causa disciplinaria,
y que fue zanjado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial al expedir la
sentencia de 22 de octubre de 2025.
En cuanto al aspecto de la falta de motivación, adujo que carece de vocación de
prosperidad comoquiera que en la sentencia censurada se explicó y sustentó de
manera suficiente el por qué la certificación expedida por la JAC del barrio Nueva
Guajira del municipio Hatonuevo no tenía la entidad legal para certificar el domicilio de
una persona en vía judicial, y lo relativo al por qué la conducta reprochada al señor
Rumbo López se analizó como de ejecución permanente al extenderla hasta que se
dictó el fallo de tutela en lugar de entenderla agotada con la admisión de ese
mecanismo constitucional. Al respecto, entre otros, citó los siguientes apartes que se
insertan in extenso, y en atención a la importancia de estos en el contexto debatido:
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“(…) Sobre el particular debe advertirse que la documental destacada por el recurrente
no resulta idónea ni suficiente para desvirtuar la tipicidad de la conducta atribuida, por
varias razones jurídicas y probatorias.
“(…) De entrada, el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 exige que la competencia del
juez de tutela se defina con base en el lugar de ocurrencia de la vulneración o en el
domicilio real del accionante. Tal presupuesto no puede acreditarse mediante
constancias expedidas por organismos comunales, que carecen de valor legal para
efectos de probar domicilio civil. Su función es meramente comunitaria, no de
certificación de residencia en términos jurídicos.
“(…) En este caso, la contradicción entre lo reportado por el accionante en la reclamación
administrativa ante la aseguradora y lo consignado en la constancia de la Junta de
Acción Comunal aunado a la investigación aportada por el apoderado de la compañía
aseguradora accionada y la solicitud de nulidad de la accionada precisamente por falta
de competencia, imponían al juez la obligación de desprenderse del conocimiento. No
obstante, decidió continuar con el trámite hasta dictar sentencia el 18 de mayo de 2020,
y con ello optó por sostener para si una competencia inexistente desde el inicio de la
acción constitucional.
“(…) Llama la atención de esta Corte de cierre de la jurisdicción disciplinaria la ausencia
de un despliegue probatorio por parte del investigado más profundo con el fin de
determinar el domicilio del accionante, como por ejemplo solicitar facturas en la que se
acreditara la dirección del actor u otros documentos que lograran desvirtuar lo
demostrado por la aseguradora en cuanto al verdadero de domicilio del accionante. Sin
embargo contrario a ello, y pese a tener la investigación realizada por seguros BOLÍVAR,
las reclamaciones efectuadas por el titulante en la ciudad de Bogotá que, el investigado,
fundamento su competencia únicamente con el certificado de Acción Comunal, lo que
denota una actuación fraudulenta.
“(…) En este punto adquiere especial relevancia denotar que si se le requiere a quien
incurre en la falsedad demostrar su dicho, no se puede esperar desvirtuar lo alegado
porque la fuente de la desfiguración de la realidad es precisamente a quien se le impone
la carga de allegar elementos de juicio para corroborar su dicho.
“(…) Luego la prueba abstracta decretada por el sancionado, no solo resultaba inútil,
sino que se encaminó precisamente en dejar establecido un elemento material de prueba
que salvaguardara la ilicitud en la que incurría el funcionario judicial al darle curso a una
acción de tutela de la que ya se advertía la incompetencia del fallador.
“(…) Y esto resulta tan evidente que incluso en sede de revisión, la Magistrada ponente
de la Corte constitucional en el trámite de la tutela contra tutela gestionada bajo el
radicado T-8.162.957 y que dio origen a la Sentencia T 023 del 13 de febrero de 2023,
promovida por Seguros BOLIVAR S.A contra el Juzgado Primero Promiscuo de
Hatonuevo-Guajira y el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar,
tan solo requirió la remisión de oficios a través de la empresa 4-72 para evidenciar que
las direcciones mencionadas por los accionantes no existían, entre ellas las de José
Peláez Solano, luego a partir de tal evidencia documental se desvirtúa la alegación de
que no le era dable al juez practicar prueba diferente que le permitiera corroborar lo
alegado por la accionada, pues los efectos de la pandemia del Covid-19 no le impedían
recurrir a otros medios de prueba, máxime cuando el juez constitucional no se encuentra
limitado en el despliegue probatorio.
“(…) En sentencias como la T-108 de 2019 y la T-023 de 2023, la Corte precisó que el
uso artificioso de direcciones para radicar acciones en un juzgado diferente al del
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verdadero domicilio, constituye un indicio de fraude procesal y, por tanto, no puede
legitimar la competencia. Bajo este precedente, una certificación expedida por una junta
de acción comunal no podía ser suficiente para desconocer la realidad procesal de que
el accionante no residía en Hatonuevo, hecho que incluso, como se dijo en precedencia,
vino a ser corroborado por la Magistrada sustanciadora de la tutela que dio origen a la
Sentencia T-023 de 2023 tramitada en revisión en la Corte Constitucional, que evidenció
que en efecto la dirección reportada por el accionante no existía, según reporte de la
empresa de mensajería 4-72.
“(…) Como viene de verse en punto de la residencia como factor para determinar la
competencia en asuntos de tutela, la Corte resaltó que la manipulación del factor
territorial es un indicio de fraude procesal y un serio atentado contra la administración de
justicia.
“(…) Así las cosas, la conducta desplegada por el juez disciplinado se adecua
plenamente en el tipo disciplinario contenido en el artículo 48 numeral 1º de la Ley 734
de 2002, en concordancia con el artículo 413 de la Ley 599 de 2000, pues asumió y
mantuvo competencia sin tenerla, profiriéndose entonces un fallo de tutela que carecía
de soporte legal.
“(…) La tipicidad se encuentra acreditada no solo por la admisión de la tutela, sino por el
hecho de haber sostenido el conocimiento hasta dictar sentencia el 18 de mayo de 2020,
con lo cual se completó la configuración de la conducta (…)”.
En cuanto al defecto fáctico acotó que en el artículo 159 de la Ley 1952 de 2019
establece que las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto y con sujeción a las
reglas de la sana crítica. En ese sentido, aseguró que en la sentencia demanda se
valoró de manera integral el acervo probatorio, análisis que obra en las páginas 35 a
43 del documento, en el cual se indicó que «si bien el funcionario asumió el
conocimiento del asunto con sustento en un certificado de una Junta de Acción
Comunal [...] Para esta Corporación, dicho documento no resultaba idóneo ni
suficiente para acreditar la residencia de una persona en términos jurídicos, puesto
que su función era meramente comunitaria».
Advirtió que, se arribó a esa conclusión luego de considerar que en el trámite de la
tutela «2020-00069-00» se alegó en dos oportunidades la falta de competencia y se
propuso la nulidad del trámite, empero, el exjuez optó por darle validez absoluta al
certificado de la JAC aportado por ese accionante y omitió su deber de ejercer sus
facultades oficiosas como director del proceso para esclarecer la situación.
Finalmente, puntualizó que el comportamiento del sancionado «no fue aislado» debido
a que también le fue reprochado haber desconocido las normas de competencia
territorial para tramitar otras «10» acciones de tutela que fueron investigadas por la
Seccional, pero «no fueron objeto de sanción disciplinaria ante el acaecimiento del
fenómeno de la prescripción».
9
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Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00635-00
1.6.2. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de La Guajira
El presidente de la Comisión Seccional de la Guajira argumentó que el caso que ocupa
la atención de la Sala carece de relevancia constitucional por cuanto los reproches
alegados en esta sede fueron abordados y objeto de pronunciamiento por parte de los
jueces naturales.
En relación con el fondo, aseguró que en el marco de la causa disciplinaria se acreditó
el actuar «fraudulento» por parte del exfuncionario sancionado, debido a que «el doctor
RUMBO LÓPEZ tramitó en primera instancia varias acciones de tutela contra la
entidad Seguros Bolívar S.A., concediendo sumas dinerarias, no obstante, en once 11
acciones de tutelas acaeció el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción
disciplinaria, con excepción de la acción de tutela radicada con el No. 2020-00069, la
cual no siendo competente llevó hasta sentencia [...]».
Así, finalizó al solicitar que se niegue la tutela de la referencia en atención a que no se
vulneró el derecho al debido proceso del señor Rumbo López, lo cual se puede
verificar en la sentencia dictada por esa Seccional el 9 de mayo de 2025.
1.7. Otras actuaciones
El magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez manifestó encontrarse impedido para
conocer y tramitar el presente asunto. Lo anterior, al considerar que podría estar
incurso en la causal del numeral 1.º del artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal10 por cuanto su cónyuge es magistrada de la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Boyacá, en ese orden, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es su
nominadora y la entidad demandada en esta acción de tutela por haber proferido la
sentencia demandada de 22 de octubre de 2025.
Al respecto, los demás magistrados integrantes de la Sala de decisión de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, en providencia de 26 de febrero de 2026, resolvieron
declarar infundada la referida manifestación de impedimento al no encontrar
comprometido el interés del togado.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por el señor
Adrián David Rumbo López contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro,
de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el
artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.
10
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2.2. Cuestión previa
En este punto, se advierte necesario aclarar que, si bien el señor Adrián David Rumbo
López demandó las dos sentencias dictadas en el marco del proceso disciplinario
identificado con el radicado 44001-11-02-000-2020-00120-00/01, lo cierto es que el
análisis correspondiente se efectuará en relación con el fallo de 22 de octubre de 2025
por ser esta la decisión que puso fin a la referida causa.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta la vulneración
de las garantías fundamentales del señor Adrián David Rumbo López con ocasión de
la providencia de 22 de octubre de 2025 dictada por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial dentro de la causa identificada con el radicado 44001-11-02-000-2020-00120-
00/01.
Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse superados; (iii) las
generalidades de los defectos alegados; y (iv) el caso concreto.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20129 unificó
la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema10.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales11.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.
9 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
10
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
11
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
11
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Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201412, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Para la Sala resulta necesario anunciar que, el requisito de relevancia
constitucional no se advierte superado en el asunto de la referencia, marco en el
cual la solicitud de amparo elevada por el señor Adrián David Rumbo López no cumple
con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación
215 de 16 de junio de 2022.
2.5.1.1. En el referido fallo la alta Corte señaló que en tratándose del ejercicio de
acciones de tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un
debate que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus
garantías fundamentales, más no en un juicio de corrección del fallo reprochado por
cuanto esta circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de
interpretación que dieron origen a la controversia judicial».
Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021, oportunidad
en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir
los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial».
En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha
hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de relevancia
constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la acción y en la
especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con el fin de evitar
que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la esfera funcional de
otras autoridades judiciales.
Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la carga
de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías
superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el
estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales».
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12
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En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:
El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
Luego, en la SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que se analiza debe cumplir
con las siguientes finalidades:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal13.
Igualmente, en el citado fallo unificador se fijaron las siguientes reglas que el juez de
tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención satisface
el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó que:
a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un
asunto meramente legal y/o económico14; es decir, el reclamo debe ser
«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y desarrollo
eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales»15.
b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos legales
como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la excepción de los
casos en que de esta se «desprendan violaciones a los derechos y deberes
constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés general” 16.
En este orden, el examen de la relevancia constitucional exige que la solicitud de
amparo trascienda la simple inconformidad con las decisiones adoptadas por los
jueces naturales.
13
Parafraseo de la SU 2015 de 2022.
14
Sentencia SU-103 de 2022.
15
Sentencia SU-573 de 2019.
16
Ibídem.
13
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c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia, más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada a un derecho fundamental»17.
d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra decisiones
proferidas por una Alta Corte, el examen de este requisito debe ser más riguroso18,
es decir, se debe constatar la existencia de una actuación u omisión arbitraria por
parte de la autoridad judicial que derive en la violación de derechos fundamentales,
toda vez que estas Colegiaturas actúan como tribunales de cierre.
2.5.1.2. Ahora, al descender al análisis de la demanda, esta colegiatura no avizora que
las inconformidades del accionante trasciendan a un debate constitucional. Es decir,
al tratarse de una tutela contra providencia judicial, es indispensable que el interesado,
además de identificar los yerros de los cuales adolece la decisión, así como las
garantías superiores que considera vulneradas, debe exponer con suficiencia las
razones del por qué el asunto implica la intervención del fallador de esta sede.
Esto es así, debido a que, si bien el señor Rumbo López indicó que considera relevante
el asunto objeto de debate porque se vulneró su derecho fundamental al debido
proceso con la expedición de la providencia de 22 de octubre de 2025 por incurrir en
los defectos fáctico y falta de motivación, lo cierto es que no satisfizo la carga desde
la perspectiva constitucional según lo establecido en la referida sentencia de
unificación de la Corte Constitucional, SU-215 de 2022.
Tal afirmación deviene de manera indiscutible, del hecho notorio correspondiente a
que la controversia propuesta por el señor Rumbo López se circunscribe a un debate
de interpretación meramente legal y probatorio, puesto que, en síntesis, los
argumentos expuestos por la parte actora se centraron en: (i) reprochar el análisis que
realizó la autoridad accionada respecto de la certificación expedida por la Junta de
Acción Comunal del barrio Nueva Guajira, la cual fue aportada con el ánimo de
acreditar el lugar del domicilio del extremo actor de la tutela «2020-00069-00» que tuvo
en su conocimiento; (ii) la presunta ausencia de motivación relacionada con la entidad
legal y jurídica del mencionado documento; y (iii) la inexistente motivación respecto al
tratamiento de la falta disciplinaria como de ejecución permanente y no instantánea.
Así, es evidente para esta Sala que el tutelante se limitó a plantear un debate que ya
fue zanjado suficientemente por los jueces naturales, órbita dentro de la cual el fallador
constitucional no puede interferir con base en una acción que se fundamentó en una
17
Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
18
Sentencia SU-573 de 2019.
14
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manifestación de inconformidad que gira en torno a una disparidad de criterio entre el
señor Rumbo López y la autoridad disciplinaria, y que implican un pronunciamiento en
el sentido de analizar la apreciación probatoria y el marco normativo que regula lo
concerniente a la adecuación de las conductas disciplinarias.
Al respecto, se precisa que no es suficiente que la parte interesada refiera que con la
decisión censurada se transgredieron determinados derechos superiores, por el
contrario, es menester que quien se considera afectado, cumpla con el deber de
argumentar el concepto de la vulneración que se deriva de una providencia judicial en
abierta contradicción de los postulados constitucionales, que implique en esta sede un
análisis de fondo frente a la decisión cuestionada, máxime si es dictada por el órgano
de cierre en la materia.
Así las cosas, es evidente que este medio de amparo se empleó como una especie de
instancia adicional al proceso disciplinario en la cual se realice un nuevo análisis de
interpretación legal y probatorio propios del proceso ordinario, por lo tanto, a juicio de
esta colegiatura, carece de la carga argumentativa a través de la cual se justifique la
relevancia del caso a partir de la exposición del concepto de la violación, lo cual implica
un ejercicio explicativo jurídico y lógico que le permita a esta colegiatura advertir una
prominente vulneración de sus prerrogativas superiores con ocasión de la providencia
dictada por la autoridad censurada, en el sentido riguroso que señaló la Corte
Constitucional en las sentencias de unificación 215 y 103 de 2022.
En resumen, la Sala no evidencia un argumento sólido que demuestre la infracción de
las garantías constitucionales invocadas, que amerite superar el requisito de
relevancia constitucional tratándose de acción de tutela contra providencia judicial; ello
comoquiera que: (i) el escrito de tutela no cuenta con un fundamento elevado a un
rango constitucional, máxime, al tratarse de una decisión expedida por una alta corte;
(ii) el debate se concentra en una discusión de interpretación legal y probatoria que ya
fue abordada de manera suficiente por el juez natural; y (iii) no se evidencia una
vulneración palmaria derivada de los proveídos demandados que implique la
intervención del juez de tutela.
2.6. Conclusión
La Sala declarará improcedente la acción de tutela promovida por el señor Adrián
David Rumbo López contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro, por no
satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00635-00
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por el
señor Adrián David Rumbo López contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y
otro.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Aclara voto
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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