Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-00643-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-00643-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-00643-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00643-00
Accionante: Ramiro Bejarano Guzmán
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado
Tema: Tutela contra providencia judicial. Nulidad electoral. Negativa de solicitud
probatoria. Oportunidad para pedir pruebas. NIEGA AMPARO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor Ramiro Bejarano
Guzmán en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado, con ocasión de las
providencias del 24 de octubre de 2025, 11 de diciembre de 2025 y 22 de enero de
2026 proferidas en el proceso de nulidad electoral, al que le fue asignado el número
de radicado 11001-03-28-000-2024-00209-00 y al que fueron acumulados los
procesos con radicados 11001-03-28-000-2024-00212-00, 11001-03-28-000-2024-
00216-00, 11001-03-28-000-2024-00217-00, 11001-03-28-000-2024-00219-00,
11001-03-28-000-2024-00220-00, 11001-03-28-000-2024-00221-00 y 11001-03-
28-000-2024-00222-00.
ANTECEDENTES
La parte actora pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y al «derecho a probar».
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
El accionante narró que instauró demanda de nulidad electoral, en la que solicitó la
nulidad de la elección del procurador Juan Gregorio Eljach Pacheco, por no cumplir
los requisitos para el cargo previstos en la Constitución, puntualmente no haber
acreditado el ejercicio como abogado durante 15 años.
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Que solicitó varias pruebas y durante el traslado de esos elementos probatorios,
puntualmente el 6 de octubre de 2025, pidió que se oficiara al Senado de la
República para que aclarara y/o ampliara la certificación que allegó sobre las
funciones legislativas ejercidas por el señor Eljach Pacheco como secretario general
del Senado1.
Que el 24 de octubre de 2025, el magistrado sustanciador negó la solicitud
probatoria porque consideró que esa etapa procesal no constituía una nueva
oportunidad para solicitar pruebas o aportar otros medios de convicción, por lo cual
interpuso recurso de súplica y el 11 de diciembre de 2025, los demás integrantes
de la Sala confirmaron la decisión recurrida por tratarse de la solicitud de un nuevo
elemento de prueba por fuera de las oportunidades procesales y debido a que no
podía dar tratamiento de prueba por informe a la comunicación recibida del Senado
porque dicha prueba no estaba autorizada en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
Que el 15 de diciembre de 2025, presentó solicitud de aclaración, en la que
cuestionó de qué forma hubiera podido anticiparse a «enderezar el pedido de una
prueba de informe» y el 22 de enero de ese año se negó la petición porque no
existían apartes confusos de la providencia que ameritaran aclaración.
Considera que la autoridad judicial incurrió en las siguientes causales específicas
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales:
i) Decisión sin motivación, ya que se limitó a resumir cuáles son las oportunidades
probatorias y señalar que ya habían concluido, sin justificación alguna y sin analizar
que pretendía pedir claridad sobre los documentos allegados, para lo cual esa era
la oportunidad prevista en el régimen procesal de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo;
ii) defecto sustantivo, pues efectuó una interpretación escueta y transgredió toda la
normativa aplicable sobre el deber de dirigir el proceso, con la garantía plena del
derecho de contradicción, el cual no solo implica la petición probatoria, sino
especialmente la indagación por distintos elementos de prueba formulados por la
contraparte; sumado a que la conclusión a la que se llegó no es fácticamente posible
y constituye un abuso desde el punto de vista constitucional;
iii) violación directa de la Constitución por la vulneración de su artículo 29, en tanto
el debido proceso conlleva el derecho a presentar pruebas y a controvertir las que
allegue la contraparte; y
1 En el sentido de informar i) si en ejercicio de la delegación para representar judicialmente al Senado, fue
apoderado en algún pleito o varios o si su intervención se limitó a otorgar poderes a diferentes profesionales del
derecho o a contratarlos y, de ser el caso, suministrar la relación de los litigios en que actuó como apoderado,
así como las autoridades ante las cuales ejerció esos mandatos; y ii) de qué manera y en cuantas ocasiones
ejerció el control de legalidad de los actos administrativos que hubiere proferido el Senado y suministrara los
estudios o conclusiones que hubiere emitido el exsecretario general del Senado, en ejercicio de esa delegación.
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iv) defecto procedimental absoluto porque inobservó el trámite establecido en el
parágrafo 2.° del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, según el cual la contestación
de la demanda debe ser trasladada al demandante para que se pronuncie y, de ser
el caso, solicite más pruebas, lo que también implica la posibilidad de que se aclaren
las decretadas y practicadas en el proceso; además, adujo que el juez puede
decretar pruebas de oficio.
PRETENSIONES
Solicita que se ordene a la Sección Quinta del Consejo de Estado que libre el oficio
solicitado en el proceso de nulidad electoral, encaminado a que el Senado de la
República informe en cuáles procesos judiciales el entonces secretario general del
Senado, Juan Gregorio Eljach Pacheco, ejerció como apoderado judicial de esa
corporación.
ACTUACIÓN PROCESAL
El 4 de febrero de 2026, se admitió la demanda; se vinculó al señor Juan Gregorio
Eljach Pacheco, como tercero con interés; y se corrió el traslado respectivo.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
La Sección Quinta del Consejo de Estado expuso que el asunto carece de
relevancia constitucional, pues el accionante se limitó a exponer su inconformidad
con las consideraciones del auto cuestionado, sin referirse a una verdadera
situación que implique la transgresión de sus garantías fundamentales y
pretendiendo crear una instancia adicional al medio de control de nulidad electoral,
para que se revisen los argumentos esgrimidos en ese trámite.
Adujo que el accionante no manifestó cuál fue la ritualidad procesal inobservada por
la Sección Quinta ni la norma desconocida o inaplicada y, en cambio, la
determinación adoptada contiene los argumentos suficientes para soportarla,
acorde con la normativa aplicable al trámite contencioso electoral, especialmente,
en lo relativo a las oportunidades probatorias con las que cuentan las partes, por lo
que el proveído del 11 de diciembre de 205 no conlleva la vulneración del debido
proceso del actor.
En consecuencia, solicitó declarar la improcedencia de la acción o, en su defecto,
negar el amparo pedido.
POSICIÓN DEL VINCULADO
El tercero con interés guardó silencio.
Se decidirá previas las siguientes,
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CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales2, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/053.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
(...)
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. [...]
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
2
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
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M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. [...] »
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. [...]
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. [...]
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»4
En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
4
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada5.
[...] “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”6.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a
los argumentos propuestos por el accionante, [...] . Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela7»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Análisis del caso concreto
A esta Subsección corresponde analizar si se superan los requisitos generales de
procedencia que habilitan el estudio de los autos controvertidos, pues solo en el
evento de encontrarse satisfechos habría lugar a examinar los disensos esgrimidos.
Al respecto, se observa que i) el asunto a resolver tiene relevancia constitucional,
en la medida en que se centra en establecer si en la decisión judicial controvertida
se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia reclamados en protección por la incursión en los defectos
de decisión sin motivación, sustantivo, violación directa de la Constitución y
procedimental absoluto; ii) la acción se presentó con inmediatez, pues el auto del
22 de enero de 2026 fue notificado mediante estado del 26 de ese mes y año y esta
acción fue instaurada el 30 de enero de 2026; iii) se agotaron los mecanismos de
defensa judicial con los que se contaba; iv) se identificaron claramente los hechos
generadores de la vulneración y los derechos estimados como transgredidos; v) se
alegó una irregularidad procesal que podría tener incidencia en la decisión; y vi) no
se trata de una sentencia de tutela.
En consecuencia, se procederá al estudio de los defectos invocados por el actor,
previo análisis de los razonamientos que llevaron a la autoridad judicial a negar la
solicitud probatoria efectuada por el señor Ramiro Bejarano Guzmán.
En el auto del 24 de octubre de 2025, el magistrado sustanciador determinó que no
era procedente acceder al decreto de la prueba pedida por el hoy accionante
durante el término de traslado del elemento probatorio decretado y allegado al
expediente, esto es, el certificado de las funciones legislativas ejercidas por el señor
5
Sentencia SU-074 de 2022.
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Sentencia SU-074 de 2022.
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Sentencia SU-072 de 2018.
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Juan Gregorio Eljach Pacheco en su calidad de exsecretario general del Senado de
la República, remitido por el secretario general de esa corporación, porque el
propósito de esa etapa era garantizar el derecho de defensa de las partes,
permitiéndoles conocer y contradecir los medios de convicción, pero no constituía
una oportunidad adicional a las previstas en el artículo 212 de la Ley 1437 de 2011,
para solicitar o aportar pruebas.
Adicionalmente, precisó que el análisis de si la prueba aportada demostraba o no el
hecho que pretendía probar se efectuaría al momento de proferir la sentencia, junto
con la valoración de los demás elementos probatorios.
A su vez, en el auto del 11 de diciembre de 2025, a través del cual se resolvió el
recurso de súplica interpuesto en contra del anterior proveído, los demás integrantes
de la Sección Quinta del Consejo de Estado concluyeron que debía confirmarse la
decisión cuestionada, pues la petición del recurrente durante el traslado buscaba
realmente adicionar pruebas que no solicitó en las oportunidades previstas en la ley,
en tanto se refirió a situaciones específicas que no fueron expuestas en la demanda,
lo que evidenciaba que se trataba de una nueva solicitud que difería del
requerimiento efectuado inicialmente y de lo decretado por el magistrado
sustanciador.
En ese sentido, la autoridad judicial precisó que la certificación requerida por el
demandante no exigía anexo alguno, pues se dirigía a que se estableciera si el
empleo era de los que ejercían funciones legislativas, lo que difería de lo pretendido
en esa etapa procesal consistente en la prueba de las condiciones en que
materialmente lo ejerció, por lo que cualquier circunstancia adicional debió ser
prevista por el solicitante, con el fin de que la prueba fuera decretada y practicada.
Por último, señaló que el recurrente aludió a la aplicación del artículo 277 del Código
General del Proceso, que establece la contradicción de la prueba por informe, pero
la certificación solicitada no fue pedida en los términos de esa institución procesal,
lo que hacía improcedente que, en sede de súplica, se pretendiera su aplicación.
Además, consideró que la petición inicial no era de un informe, pues este no es el
adecuado para la obtención de información de partes del proceso, como ocurrió con
el Congreso de la República, en su calidad de entidad llamada a defender la
legalidad del acto demandado, por ser quien lo expidió.
Efectuado el anterior recuento, se advierte que la autoridad judicial aquí accionada,
contrario a lo alegado por el accionante, justificó debidamente su posición respecto
a la decisión de negar la prueba solicitada durante el traslado del certificado de
funciones legislativas del demandado, sin limitarse a señalar las oportunidades
probatorias, sino explicando por qué consideraba que la nueva solicitud implicaba
el decreto de un nuevo elemento de convicción que no fue pedido inicialmente.
Si bien el actor insiste en esta sede sobre la necesidad de aclarar aspectos del
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documento allegado, para lo cual era necesario, en su criterio, el decreto y practica
de la prueba pedida, lo cierto es que la Sección Quinta del Consejo de Estado
analizó ese argumento y concluyó que la solicitud probatoria inicial podía haber
incluido las especificidades que ahora pretendía el peticionario con el nuevo
elemento probatorio, por lo que, de estimarlo pertinente, debió solicitarlo desde el
inicio; argumento que el solicitante del amparo no desvirtúa en esta acción y que
esta Sala encuentra razonable y ajustado al ordenamiento jurídico, especialmente
al artículo 212 de la Ley 1437 de 2011.
En ese orden de ideas, se evidencia que en los autos discutidos a través de esta
acción se examinaron cada uno de los argumentos planteados por el accionante, lo
que desvirtúa la configuración del defecto de decisión sin motivación.
Tampoco se observa la estructuración de la violación directa de la Constitución,
pues la Sección Quinta en ningún momento impidió al peticionario del amparo
solicitar, allegar o contradecir pruebas, distinto es que la petición probatoria objeto
de esta acción no fuera presentada en las oportunidades de ley, lo que no conlleva
la transgresión del derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo
29 superior.
En relación con el defecto procedimental absoluto por la supuesta inobservancia del
trámite establecido en el parágrafo 2.° del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, debe
aclararse que en el presente asunto el debate giró en torno a la posibilidad de
decretar pruebas solicitadas durante el traslado de los elementos probatorios
previamente decretados y practicados, como lo era el caso del certificado de
funciones legislativas ejercidas por el demandado, mas no la opción de pedir
pruebas respecto a las excepciones presentadas en las contestaciones rendidas en
el proceso, lo que descarta la configuración de dicho defecto con fundamento en
dicha norma.
Por último, en cuanto al defecto sustantivo basta con señalar que el accionante no
identificó una norma concreta que fuera inaplicada o interpretada indebidamente o
empleada para decidir el caso, pese a no ser aplicable, lo que impide un estudio
sobre el particular adicional al previamente efectuado.
En consecuencia, al no encontrarse demostrados los defectos invocados, se negará
el amparo solicitado por el actor.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. NEGAR el amparo solicitado, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.
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Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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