Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-00643-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-00643-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-00643-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-00643-01
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
14 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SALA DE DECISIÓN
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00643-01
Accionante: Ramiro Bejarano Guzmán
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad electoral / DECLARA IMPROCEDENCIA –
Falta de cumplimiento de requisito de relevancia constitucional.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por el demandante en contra
de la sentencia proferida el 26 de febrero de 2026 por la Sección Segunda –
Subsección A del Consejo de Estado, mediante la cual se negó la solicitud de
amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 30 de enero de 2026, el señor Ramiro Bejarano Guzmán presentó acción de
tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y “a probar”.
2.
Solicitó que se dejaran sin efectos los autos del 24 de octubre y 11 de diciembre
de 2025, así como el de 22 de enero de 2026, proferidos dentro del medio de control
de nulidad electoral1 que promovió contra la elección del señor Juan Gregorio Eljach
Pacheco como Procurador General de la Nación, para el periodo 2025-2029. Como
fundamento de la demanda, sostuvo que no cumplía los requisitos constitucionales
para ejercer el cargo, concretamente, la acreditación de 15 años de experiencia
como profesional del derecho.
3.
En ese contexto, el demandante solicitó que se oficiara al Senado de la República
para que aportara como prueba, entre otras, copia del certificado de funciones
legislativas ejercidas por el señor Eljach como secretario general del Senado de la
República, así como de los documentos y certificaciones con los cuales acreditó los
1 Radicado 11001-03-28-000-2024-00217-00, acumulado al proceso 11001-03-28-000-2024-00209-00.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00643-01
Accionante: Ramiro Bejarano Guzmán
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado
requisitos de experiencia, formación académica y demás condiciones habilitantes
para ejercer el cargo. Petición probatoria que fue negada parcialmente por el Consejo
de Estado – Sección Quinta, mediante auto del 19 de agosto de 2025, por cuanto la
Presidencia y el Senado de la República allegaron esa documentación al contestar
la demanda.
4.
Advirtió que en la documental allegada se indicó, de forma genérica, que al señor
Juan Gregorio Eljach le habían sido delegadas funciones de representación judicial
del Senado en materia de acciones de tutela y de inconstitucionalidad. Mediante
escrito del 6 de octubre de 2025, solicitó que se oficiara al órgano legislativo para
que precisara el alcance de dichas funciones y aclarara si aquellas implicaban el
ejercicio de la profesión de abogado.
5.
En auto del 24 de octubre de 2025, el Consejo de Estado rechazó esa solicitud, al
considerar que, acorde a lo dispuesto en el artículo 212 del CPACA, fue
extemporánea. El 30 de octubre siguiente, el actor interpuso recurso de súplica, el
cual fue resuelto desfavorablemente en proveído del 11 de diciembre de 2025. El
Consejo de Estado estimó que la aclaración del actor constituyó una petición
probatoria fuera de las oportunidades procesales para ello, sumado a que se
descartó que la comunicación recibida por el Senado pudiera ser considerada como
una “prueba por informe”, al no ser un medio probatorio autorizado en la jurisdicción
contencioso-administrativa, acorde a lo dispuesto en auto proferido el 23 de marzo
de 2012 por la Sala Unitaria de esta Corporación.
6.
El 15 de diciembre de ese año, el señor Bejarano presentó solicitud de aclaración
sobre esa última decisión judicial, cuestionando que se le impusiera la carga de
haberse anticipado a “enderezar el pedido de una prueba de informe” desde la
interposición de la demanda. El 22 de enero de 2026, se negó la petición, por no
existir apartados confusos en el auto que resolvió el recurso de súplica.
7.
Como sustento de sus pretensiones, el accionante alegó que las providencias
cuestionadas incurren en el defecto de falta de motivación, por cuanto se limitaron
a afirmar que la solicitud probatoria presentada al descorrer traslado de las
contestaciones de la demanda, fue presentada por fuera de las oportunidades
procesales para ello, sin explicar por qué no era procedente pedir la aclaración de
documentos allegados con posterioridad al plenario, ni responder el argumento
según el cual solo fue posible cuestionar su contenido una vez tuvo conocimiento de
ellos.
8.
De igual forma, alegó la configuración de un defecto sustantivo, al considerar
que la autoridad judicial accionada realizó una interpretación indebida de las normas
procesales que regulan las oportunidades probatorias y el principio de contradicción,
al exigirle que la solicitud de aclaración de documentos allegados con la contestación
de la demanda se formulara desde la presentación de esta, pese a que su contenido
solo fue conocido una vez incorporados al expediente. Añadió que dicha
2
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00643-01
Accionante: Ramiro Bejarano Guzmán
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado
interpretación desconoció el deber del juez de dirigir el proceso y adoptar las medidas
necesarias para indagar por la verdad material que se construye procesalmente.
9.
Además, afirmó que se incurrió en violación directa de la Constitución, al
desconocer que el derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 29 Superior,
comprende las garantías de presentar prueba y controvertir las allegadas por la
contraparte, las cuales -en su criterio- fueron vulneradas al impedir esclarecer las
funciones ejercidas por el señor Eljach como secretario general del Senado. Sostuvo
que dicha información incidía directamente en la causal de nulidad invocada como
fundamento de la demanda electoral, pues le era imposible anticipar el contenido de
los documentos aportados por las entidades que intervinieron en el proceso de
elección para sustentar el cumplimiento de los requisitos del cargo.
10.
Finalmente, sostuvo que se configuró un defecto procedimental absoluto,
porque la autoridad judicial demandada inobservó el trámite previsto en el parágrafo
2.º del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, conforme al cual, una vez que se corre
traslado de las excepciones, el demandante puede pronunciarse sobre ellas y
solicitar pruebas. A su juicio, dicha oportunidad procesal comprendía la posibilidad
de solicitar la aclaración de la información contenida en los documentos allegados
por la contraparte.
11.
Precisó que incluso la autoridad accionada pudo pedir -de oficio- la aclaración de
las funciones ejercidas por el señor Eljach, ya que es su deber, como director del
proceso judicial, esclarecer los hechos puestos a su consideración.
B. Sentencia de primera instancia
12.
Mediante sentencia del 26 de febrero de 2026, la Sección Segunda – Subsección
A del Consejo de Estado negó el amparo solicitado. Como fundamento de su
decisión, señaló que en el auto del 24 de octubre de 2025, se expusieron las razones
por las cuales la solicitud presentada durante el traslado de la contestación de la
demanda constituyó una nueva petición probatoria, ajena a las oportunidades
previstas en el artículo 212 del CPACA, criterio confirmado en providencia del 11 de
diciembre siguiente, al resolverse el recurso de súplica.
13.
Agregó que la Sección Quinta explicó que la finalidad de correr traslado de las
pruebas allegadas con la contestación de la demanda era garantizar su contradicción
y no habilitar una nueva oportunidad para aportar elementos de convicción o agregar
argumentos o alegatos no incluidos en la demanda. Enfatizó en que, de forma
razonable, el juez ordinario concluyó que la certificación allegada por el Senado no
correspondía a una prueba por informe en los términos del artículo 277 del CGP.
14.
Concluyó que las providencias cuestionadas sí estuvieron debidamente motivadas
y descartó la configuración de los defectos alegados. Sostuvo que no se vulneró el
derecho al debido proceso del señor Bejarano, pues no se le impidió aportar, allegar
3
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00643-01
Accionante: Ramiro Bejarano Guzmán
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado
o controvertir pruebas, sino que su petición fue declarada extemporánea, frente a las
oportunidades previstas por el legislador, acorde a la petición probatoria inicial.
C. La impugnación
15.
Inconforme con la decisión adoptada, el demandante presentó escrito de
impugnación alegando que el fallo reprodujo el defecto sustantivo atribuido a las
providencias cuestionadas, al considerar que desde la presentación de la demanda
debió prever que al señor Eljach le habían sido delegadas funciones de
representación judicial y, por ende, solicitar desde ese momento las aclaraciones
correspondientes. A su juicio, ello partía de la premisa de que el actor conocía, desde
el momento en que presentó el medio de control, las funciones delegadas al actual
Procurador.
16.
Añadió que, tanto el juez de tutela como el ordinario, incurrieron en una indebida
interpretación de lo dispuesto en los artículos 275 y siguientes del CGP, según los
cuales la prueba por informe permite que se pidan aclaraciones o adiciones ante
quien la allega. Sostuvo que ello cobra relevancia al estar en discusión la elección
de un alto cargo del Estado, respecto de quien se alega no cumple un requisito
habilitante de orden constitucional.
17.
De otro lado, cuestionó que la decisión terminara amparando la elección del
Procurador, y no el derecho de un ciudadano a cuestionar su legalidad. En ese
sentido, sostuvo que las decisiones cuestionadas desconocieron que, conforme al
artículo 11 del CGP, el juez debía abstenerse de exigir formalidades innecesarias y
adoptar las medidas necesarias para esclarecer los hechos objeto de controversia.
18.
Insistió en que el asunto reviste relevancia constitucional, tal como lo reconoció el
juez de primera instancia; sin embargo, sostuvo que este reprodujo la indebida
interpretación de las normas procesales aplicables al caso, por lo que el amparo
debía concederse.
D. Trámite en segunda instancia
19.
Este asunto correspondió inicialmente al despacho del magistrado Fernando
Alexei Pardo Flórez. A través de autos del 22 de abril y 10 de junio de 2026, se
aceptaron los impedimentos presentados, respectivamente, por el consejero Pardo
Flórez y la consejera Zoranny Castillo Otálora. En virtud de ello, fueron designados -
por sorteo- como conjueces los magistrados Nicolás Yepes Corrales y Diego Enrique
Franco Victoria. Este último también presentó impedimento, que le fue aceptado en
proveído del 2 de julio de 2026.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
E. Competencia
4
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00643-01
Accionante: Ramiro Bejarano Guzmán
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado
20.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19912.
F. Análisis del caso concreto
21.
La Sala modificará la decisión de primera instancia que negó el amparo solicitado
y, en su lugar, declarará improcedente la acción de tutela por no satisfacer el
requisito de relevancia constitucional. Los reparos del accionante se limitan a reiterar
su desacuerdo con la interpretación que la Sección Quinta del Consejo de Estado
efectuó respecto del alcance de la solicitud presentada durante el traslado de un
elemento probatorio, allegado con la contestación de la demanda, y de la
oportunidad procesal para formularla, discusión que se circunscribe a la aplicación
e interpretación de las normas procesales sobre la dirección del proceso y las
oportunidades probatorias por parte del juez natural, sin evidenciar una actuación
arbitraria o manifiestamente irrazonable que habilite la intervención excepcional del
juez de tutela como una instancia adicional.
22.
Del contenido de la demanda de nulidad electoral y de las providencias proferidas
en el trámite de ese proceso, se advierte que la controversia planteada por el
accionante en sede de tutela, corresponde al mismo debate que fue examinado y
resuelto por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
23.
En el escrito de demanda del proceso ordinario, el señor Bejarano pidió como
prueba que se oficiara al Senado de la República o a cualquier otra entidad que
hubiera intervenido en la elección del Procurador General de la Nación, para que
remitiera copia de, entre otros documentos: (i) el certificado de las “funciones
legislativas ejercidas por el señor ELJACH PACHECO”, como ex Secretario General
del Senado, y (ii) los documentos y certificaciones que fueron aportados para
acreditar los requisitos de experiencia, formación académica y demás condiciones
que lo habilitaron para ser elegido en tal dignidad.
24.
Mediante auto del 19 de agosto de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado
accedió parcialmente a la petición probatoria. Únicamente dispuso ordenar al
Senado que aportara copia del certificado de las funciones legislativas ejercidas por
Gregorio Eljach como secretario general de esa corporación, al considerar que dicha
certificación era “conducente, pertinente y útil para definir el litigio”. No accedió a
que se remitiera copia de los documentos a través de los cuales el exsecretario
acreditó los requisitos habilitantes para ejercer el cargo de Procurador General, dado
que ya habían sido aportados al plenario.
2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00643-01
Accionante: Ramiro Bejarano Guzmán
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado
25.
El 28 de agosto de 2025, el Senado presentó la certificación mencionada, de lo
cual se corrió traslado a las partes y, en escrito del 6 de octubre siguiente, el
demandante pidió requerir nuevamente a la entidad para que aclarara o ampliara la
información allí consignada, respecto a las funciones ejercidas por el demandado,
más específicamente:
“b.- Si el doctor JUAN GREGORIO ELJACH PACHECO en ejercicio de esa delegación
para representar judicialmente al Senado fue apoderado judicial en algún pleito o
varios, o si, por el contrario, su intervención como delegado se limitó a otorgar poderes
a diferentes profesionales del derecho o a contratarlos; en caso positivo, es decir, que
el doctor JUAN GREGORIO ELJACH PACHECO sí hubiese actuado directamente
como apoderado judicial en los diferentes litigios, suministrar la relación de los mismos,
así como las autoridades ante las cuales hubiere ejercido tales mandatos.
b.- Informar de qué manera y en cuántas ocasiones el doctor JUAN GREGORIO
ELJACH PACHECO ejerció “el Control de Legalidad de los Actos Administrativos” que
hubiere proferido el Senado, y suministrar los estudios o conclusiones que hubiere
emitido el citado ex Secretario General del Senado en ejercicio de esa Delegación”.
26.
Lo anterior, porque, en su criterio, la certificación allegada por el actual Secretario
General del Senado, fue “calculadamente incompleta y ambigua”, a fin de demostrar
que el demandado sí tenía 15 años de experiencia como abogado. Indicó que, de
forma general, se mencionó que ejerció la representación jurídica de la referida
institución legislativa ante diferentes instancias judiciales dentro de los procesos en
los cuales se cuestionaba la validez de lo ocurrido en el trámite legislativo, pero ello
solo fue una manifestación acompañada con una cita a pie de página de la sentencia
SU-150 de 2021 que -en su concepto- “poco o nada” aportó a la discusión sobre si
el Secretario del Senado, por el hecho de serlo, acreditaba los requisitos para ser
Procurador General.
27.
Además, alegó que sin mayor sustento probatorio se mencionó que al señor
Eljach le correspondió ejercer funciones de dirección, asesoramiento jurídico,
coordinación, formulación y adopción de planes, programas y proyectos inherentes
al funcionamiento y procedimiento de la gestión legislativa y administrativa del
Senado; es decir, tuvo que realizar acompañamiento jurídico en el trámite legislativo
en proyectos de ley y actos legislativos, ponencias, proposiciones, audiencias
públicas, actas de sesiones y estudios jurídicos e incluso efectuó la revisión de
iniciativas legislativas radicadas.
28.
También cuestionó la veracidad de la afirmación, según la cual, desde el 9 de
octubre de 2012 hasta el 24 de septiembre de 2024 -fecha en la que se aceptó su
renuncia-, el demandado fungió como representante judicial del Senado (acorde a
lo dispuesto en las Resoluciones 73 de 2012 y 38 de 2015), y efectuó el control de
legalidad de los actos administrativos que profería la corporación. Esto, porque en
las resoluciones que lo habilitaban para el ejercicio de esas funciones, la delegación
de esas competencias no se hizo particularmente al exsecretario, sino a la
Secretaria General del Senado, lo que significó que, más que la delegación para ser
6
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00643-01
Accionante: Ramiro Bejarano Guzmán
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado
apoderado directamente, lo atribuido fue la potestad de designar apoderados para
que ejercieran la defensa judicial de la entidad. Estimó que, de ser cierto que el
actual Procurador actuó como abogado representante del Senado, ello se hubiera
consignado de forma expresa en la certificación allegada.
29.
De otro lado, puso de presente que no era cierto que el presidente del Senado
pudiera delegar el control de legalidad de los actos administrativos, porque esta
competencia es propia de los jueces.
30.
Sumado a lo anterior, enfatizó en que era procedente acceder a la aclaración y
adición de información pedida, puesto que fue poco clara la comunicación anexa a
la certificación del Senado, con fecha del 5 de agosto de 2024, proferida por la
jefatura de la división de recursos humanos del Senado, sobre las funciones
ejercidas por el exsecretario.
31.
En auto del 24 de octubre de 2025, se negó la referida petición probatoria,
precisándose que el propósito del traslado de las pruebas decretadas y allegadas al
expediente era garantizar el derecho a la defensa de las partes, permitiéndoles
conocer y contradecir los medios de convicción que serían objeto de análisis al
resolver de fondo el litigio; sin que esta pudiera considerarse como una etapa
adicional para solicitar pruebas o para aportar otros medios de convicción ––acorde
a lo dispuesto en el artículo 212 del CPACA––, que enlista las oportunidades para
hacer una solicitud probatoria.
32.
Además, en la misma providencia, la Sección Quinta expuso que tal como lo alegó
el actor al descorrer el traslado, la valoración de la prueba, esto es, si demuestra el
hecho que se pretende probar o no, es un análisis que correspondía hacer a la Sala
al momento de dictar sentencia.
33.
Contra la anterior decisión judicial, el accionante presentó recurso de súplica
sustentado en que, en el artículo 4 del CGP se dispuso como obligación del juez,
usar sus poderes para lograr la igualdad real de las partes dentro del proceso. Por
ende, era deber de la autoridad judicial demandada, ordenar a dicha entidad aclarar
o complementar lo afirmado en su certificación sobre las funciones ejercidas por el
señor Eljach, al haber sido advertido por el accionante que el órgano legislativo
“construyó dicha prueba a propósito” para que se tuviera por acreditado que el
demandado cumplió con los requisitos para ser el jefe de uno de los principales
órganos de control.
34.
Añadió que, consideraba contradictorio que se le corriera traslado de las pruebas
aportadas por el Senado, pero al advertirse la necesidad de que se precisen y
amplíen los datos allí consignados, se niegue dicha posibilidad, dado el presunto
vencimiento de la oportunidad para hacer esa petición. En su criterio, esa solución
adoptada por el juez ordinario denotaba que “el poderoso Secretario General del
Senado, sucesor del doctor GREGORIO ELJACH, pudo responder construyendo
7
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00643-01
Accionante: Ramiro Bejarano Guzmán
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado
una prueba que presentó vencido el término para aportarla, pero sus contrapartes
tienen que guardar obligado silencio frente a esa actitud que no apunta al objetivo
de buscar y establecer la justicia material, porque supuestamente venció toda
oportunidad probatoria”.
35.
Asimismo, refirió que lo pedido al Senado fue aportar una “prueba por informe”,
la cual se encuentra regulada en los artículos 275 y siguientes del CGP, según los
cuales, una vez se recibe ese elemento probatorio, cualquiera de las partes tenía la
potestad de solicitar su aclaración, complementación o ajuste. Finalmente, adujo
que, con independencia de que la prueba fuera a ser valorada al momento de
dictarse sentencia, no se podía privar a las partes del derecho a pedir
oportunamente aclaraciones sobre su contenido.
36.
Al respecto, en auto del 11 de diciembre de 2025, la autoridad judicial demandada
confirmó la decisión de negar las pruebas solicitadas por el señor Bejarano. Empezó
su análisis explicando que, en la demanda de nulidad electoral, el actor pidió
únicamente como prueba documental, requerir copia del certificado de las funciones
legislativas ejercidas por el señor Eljach. En respuesta a lo anterior, el Senado allegó
oficio en el que relacionó las funciones desempeñadas por el demandado en ese
empleo, resaltando que, estas no solo se reducían a participar en el “trámite
legislativo” de los proyectos de acto legislativo o proyectos de Ley en desarrollo del
derecho parlamentario o congresual, sino que, también incluían, la representación
jurídica del Senado de la República, ante diferentes instancias judiciales.
37.
Sobre el particular, la Sección Quinta manifestó que era evidente que la respuesta
del Senado cumplió con el requerimiento probatorio efectuado en auto del 19 de
agosto de 2025, puesto que en la certificación enlistó las funciones ––especialmente
las legislativas–– que el actual Procurador desarrolló como secretario general del
órgano legislativo.
38.
Precisó que, por ende, la petición elevada por el recurrente durante el traslado de
los elementos de convicción, en realidad buscó adicionar, por fuera de la
oportunidad procesal, pruebas que no fueron solicitadas por aquel, en los momentos
dispuestos por la ley, dado que requiere información sobre situaciones específicas
que no fueron expuestas al momento de presentar su demanda.
39.
Explicó que si lo requerido por el demandante era que se certificara la cantidad
de veces que el demandado intervino directamente como apoderado judicial del
Congreso de la República o si se limitó a otorgar poderes o que se informe sobre el
control de legalidad de los actos administrativos que hubiere proferido, adjuntando
los estudios o conclusiones que hubiere emitido, ello constituía una nueva petición
probatoria que difería del requerimiento probatorio efectuado en la demanda y, por
ende, de lo decretado por el magistrado sustanciador en el auto del 19 de agosto de
2025.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00643-01
Accionante: Ramiro Bejarano Guzmán
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado
40.
En concordancia con lo anterior, afirmó que cualquier otra circunstancia adicional
debió ser prevista por el solicitante, a efectos de lograr que sobre aquella se
decretaran oportunamente los medios de prueba pertinentes.
41.
Conforme a lo anterior, manifestó que no se evidenciaba necesidad alguna de
acceder a la petición probatoria del suplicante porque la valoración respecto de cada
una de las funciones que fueron certificadas al demandado es un aspecto que sería
debidamente estudiado al momento de dictarse sentencia.
42.
Por último, descartó que pudiera darse aplicación al artículo 277 del CGP, que
consagra la contradicción de la prueba por informe, puesto que la certificación
solicitada por el demandante no fue requerida en los términos de esa institución
procesal; lo que tornaba improcedente que, en sede del recurso de súplica, se
pretendiera la aplicación de un trámite procesal que no fue dispuesto desde el inicio
de la etapa probatoria. Conclusión sustentada en jurisprudencia del Consejo de
Estado.
43.
El 15 de diciembre de 2025, el actor presentó solicitud de aclaración sobre el
anterior auto, a fin de precisar de qué manera le era atribuible no haber previsto al
momento de interponer la demanda, que en etapas posteriores del proceso debería
“enderezar” el pedido de una prueba de informe que fuera a allegar el Senado.
44.
En proveído del 22 de enero de 2026, se negó la solicitud de aclaración del auto
del 11 de diciembre de 2025, dado que, esta no versó sobre la existencia de frases
o conceptos que generaran verdadero motivo de duda o constituyeran puntos
oscuros de la decisión, sino que se sustentó en la inconformidad con la
determinación adoptada por la autoridad demandada.
45.
Como se observa, la Sección Quinta del Consejo de Estado se pronunció de
manera expresa y suficiente sobre cada uno de los reparos formulados por el
accionante respecto de la negativa a acceder a la solicitud de aclaración de la
certificación allegada por el Senado de la República, a partir del alcance de la
petición probatoria inicialmente formulada en la demanda de nulidad electoral. En
consecuencia, los argumentos que ahora se exponen en sede de tutela
corresponden, en esencia, a los mismos planteamientos que fueron propuestos y
resueltos durante el trámite del proceso ordinario, circunstancia que evidencia que
la presente acción pretende reabrir una controversia ya decidida por el juez natural.
46.
En efecto, tanto en el proceso de nulidad electoral como en esta acción
constitucional, el actor ha sostenido que el traslado de la certificación expedida por
el Senado —relativa a las funciones desempeñadas por el señor Juan Gregorio
Eljach Pacheco como Secretario General de esa corporación— le habilitaba para
solicitar su aclaración, bajo el entendido de que dicho documento constituía una
prueba por informe y que, por ende, resultaban aplicables las reglas previstas para
9
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00643-01
Accionante: Ramiro Bejarano Guzmán
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado
su contradicción. No obstante, esa tesis fue expresamente descartada por la
autoridad judicial accionada.
47.
En las providencias cuestionadas se explicó que, de conformidad con la forma en
que el propio demandante estructuró su solicitud probatoria desde la presentación
de la demanda, la certificación allegada por el Senado no podía ser considerada una
prueba por informe, razón por la cual no resultaba procedente acceder a la
aclaración pretendida. Asimismo, se precisó que el artículo 212 del CPACA
establece de manera expresa las oportunidades procesales para solicitar y aportar
pruebas, sin que el actor hubiera requerido en esas etapas los documentos e
informaciones adicionales cuya incorporación pretendió posteriormente durante el
traslado del material probatorio.
48.
Sumado a que, en el artículo 212 del CPACA se establecieron claramente las
etapas procesales para hacer peticiones probatorias adicionales, dentro de las
cuales no pidió los documentos que después intentó pedir extemporáneamente.
49.
Además, la Sección Quinta explicó que la valoración del alcance y contenido de
la certificación aportada por el Senado constituía un asunto reservado al juez del
proceso de nulidad electoral al momento de proferir la sentencia, oportunidad en la
que correspondía determinar si dicho elemento de convicción acreditaba o no el
cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo de Procurador General de la
Nación. Conclusión que, a juicio de esta Sala, se compagina con la autonomía
judicial en la apreciación de las pruebas y en la conducción del proceso que es
propia del Consejo de Estado al conocer en única instancia del medio de control de
nulidad electoral.
50.
Por ende, se estima que los cargos alegados por el demandante se sustentan en
la reiteración de su inconformidad con la decisión adoptada por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, bajo la consideración de que dicha autoridad judicial debió
decidir el decreto de pruebas en el caso concreto, acorde a su interpretación
personal del alcance y valor que cada elemento probatorio debió tener en relación
con la nulidad alegada.
51.
La acción de tutela no puede emplearse como una instancia adicional al proceso
ordinario, con el propósito de efectuar un juicio de corrección, dado que en este
escenario se debe desarrollar uno de validez.
52.
En ese orden de ideas, se impone a esta Sala modificar la decisión de la Sección
Segunda – Subsección A de esta Corporación de negar el amparo, y declarará la
improcedencia de la acción de tutela dada su falta de relevancia constitucional.
53.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00643-01
Accionante: Ramiro Bejarano Guzmán
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado
III. RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR el fallo proferido el 26 de febrero de 2026 por la Sección
Segunda – Subsección A del Consejo de Estado y, en consecuencia, DECLARAR
IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado, por las razones expuestas en
la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE3 FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ NICOLÁS YEPES CORRALES
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
3 VF
11
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.