Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00647-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00647-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00647-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00647-01
Accionante: SANTOS HELENA HUERTAS HUERTAS
Accionado: TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CUNDINAMARCA Y AMAZONAS, LA COMISARIA DE FAMILIA
DE UBALÁ Y EL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE
GACHETÁ
Temas: Tutela contra fallo de la misma naturaleza. Cosa juzgada constitucional
fraudulenta - Fraus omnia corrumpit -. Reglas precisadas en la
jurisprudencia constitucional para su análisis
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la señora Santos Helena Huertas Huertas, quien actúa en nombre
propio, contra la sentencia de 13 de marzo de 2026 proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, que declaró improcedente la acción de
tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 2 de febrero de 2026, la parte demandante solicitó al juez constitucional la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad
humana, igualdad, de acceso a la administración de justicia, mínimo vital y vida en
condiciones dignas, supuestamente vulnerados por las autoridades accionadas.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
• “Declarar la vulneración de mis derechos fundamentales y los de mis hijas.
• Dejar sin efectos el acta de conciliación levantada por la Comisaría de Familia de
Ubalá por falta de competencia.
• Ordenar a los juzgados accionados abstenerse de seguir validando dicha acta.
• Ordenar a la Comisaría abordar integralmente los conflictos familiares, sin
ampararse en documentos irregulares.
• Ordenar medidas de protección y acompañamiento psicosocial para mi hija menor.
• Ordenar la activación de un plan de apoyo para el egreso de mi sobrino.
• Prevenir a las autoridades para que no me discriminen ni deslegitimen por ejercer
conocimiento jurídico.
• Remitir copia a los órganos de control si el juez lo considera pertinente”.
Radicación: 11001-03-15000-2026-00647-01
Accionante: Santos Helena Huertas Huertas
2. Hechos
2.1. Del actual escrito de tutela
La parte actora relató que el conflicto familiar que dio origen a la presente acción se
gestó y agravó a partir del fallecimiento de su madre en el año 2023, circunstancia
que produjo una ruptura profunda del núcleo familiar. A partir de ese momento,
algunos de sus hermanos menores adoptaron conductas orientadas a apropiarse
de una finca familiar, lo que derivó en la exclusión progresiva de aquellos integrantes
que no compartían dichos intereses, entre ellos, la accionante y sus hijas, quienes
además fueron objeto de señalamientos y tratos hostiles.
En ese contexto, manifestó que su padre, persona adulta mayor, fue aislado e
influenciado por terceros, quienes habrían promovido versiones falsas y elaboraron
documentos carentes de sustento, con el propósito de impedir la intervención de las
autoridades frente a los conflictos reales que se presentaban al interior de la familia.
Posteriormente, señaló que sin que tuviera conocimiento pleno de las implicaciones
jurídicas, se llevó a cabo un acta de conciliación en materia de alimentos ante la
Comisaría de Familia de Ubalá. No obstante, precisó que dicha autoridad carecía
de competencia legal para adelantar ese trámite, toda vez que conforme a la Ley
2220 de 2022 y la normativa vigente desde el año 2021, las comisarías de familia
no podían conciliar ese tipo de asuntos cuando existían notarías y juzgados con
competencia en el respectivo municipio, como ocurría en Ubalá. A su juicio, sostuvo
que la comisaría debió declararse impedida de oficio, lo cual no ocurrió,
configurándose una actuación por fuera del marco legal.
Indicó que el acta de conciliación fue suscrita sin competencia funcional, lo que, en
su criterio, la tornaba absolutamente nula, irregularidad de la cual tuvo conocimiento
solo de manera reciente. A pesar de ello, sostuvo que dicha acta fue indebidamente
validada por el “Juzgado de Gachetá” y por otras autoridades del municipio de
Ubalá, incurriéndose en una “vía de hecho” y en una indebida valoración de un acto
viciado.
Adicionalmente, expuso que en medio del conflicto familiar, su hija mayor -quien
para ese entonces era menor de edad- presentó un cuadro de depresión severa que
requirió hospitalización, situación que tuvo que afrontar sin apoyo de su familia, a lo
que agregó que la Comisaría de Familia no activó las rutas de protección
correspondientes ni realizó valoración psicosocial, pese a la gravedad de los
hechos. Asimismo, indicó que su otra hija también había sido objeto de exclusión,
lo que le generaba temor frente a la posible repetición de afectaciones similares.
Igualmente, señaló que el deterioro del entorno familiar ha tenido otras
consecuencias graves, como el consumo de sustancias psicoactivas por parte de
uno de sus sobrinos y la afectación emocional de otros miembros de la familia.
Añadió que, desde que ha ejercido sus derechos con fundamento jurídico, ha sido
objeto de tratos hostiles y descalificaciones, siendo tildada de “caprichosa”.
Finalmente, afirmó que las autoridades judiciales, en particular el “Juzgado de
Gachetá”, desestimaron sus pretensiones al calificar su situación como un capricho,
sin realizar una valoración integral del material probatorio, mientras que otras
instancias guardaron silencio frente a solicitudes y pruebas relevantes, lo que, en
su criterio, configuró una denegación de justicia.
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Accionante: Santos Helena Huertas Huertas
2.2. De la acción de tutela no. 25297-31-04-001-2025-00003-01
El 12 de marzo de 2025, la señora Santos Helena Huertas Huertas, en condición de
agente oficiosa de su padre José Guillermo Huertas Acosta, presentó acción de
tutela contra el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Alcaldía
Municipal de Ubalá (Cundinamarca), por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales a la vida digna, mínimo vital y seguridad social.
En consecuencia, formuló como pretensiones: “1. Ordenar a Prosperidad Social y a
la Alcaldía de Ubalá que incluyan a mi padre en el programa de Renta Ciudadana
y/o Colombia Mayor, o en su defecto, justifiquen con argumentos válidos su
negativa. 2. Ordenar el pago retroactivo de los subsidios no recibidos, desde la
fecha en que se presentó la primera solicitud, ajustando los valores conforme a lo
estipulado en el programa Colombia Mayor y otros subsidios a los que tenía
derecho. 3. Ordenar el pago inmediato de un auxilio económico transitorio, mientras
se resuelve la inclusión de mi padre en los programas mencionados, para garantizar
su mínimo vital. 4. Exhortar a la Alcaldía de Ubalá y Prosperidad Social a que
expliquen por qué han negado reiteradamente este derecho, si mi padre cumple con
todos los requisitos establecidos por la ley. 5. Adoptar medidas para evitar que más
adultos mayores sean excluidos arbitrariamente de los programas de asistencia
social, garantizando que los criterios de selección sean aplicados de manera justa
y objetiva”.
El Juzgado Penal del Circuito de Gachetá mediante sentencia de 27 de marzo de
2025, negó las pretensiones del amparo constitucional, al considerar que no existió
vulneración de los derechos fundamentales alegados, al evidenciarse que el señor
José Guillermo Huertas Acosta se encontraba afiliado al Sistema General de
Seguridad Social en Salud en el régimen contributivo y contaba con el apoyo de su
núcleo familiar, conformado por ocho hijos corresponsables de su cuidado y
manutención, además de percibir ingresos superiores a medio salario mínimo y vivir
en condiciones dignas. Asimismo, consideró que su situación no correspondía a la
de una persona en estado de vulnerabilidad que justificara el acceso al subsidio
solicitado como el programa Colombia Mayor y advirtió inconsistencias y omisiones
en la información presentada por la agente oficiosa, quien no reportó
adecuadamente las condiciones reales del accionante.
Contra la anterior determinación, la parte actora presentó impugnación al considerar
que “no cuenta con trabajo hace dos meses y algunos de sus hermanos presentan
dificultades económicas y de salud, lo cual, les impide velar por el cuidado y
manutención de su padre, además, agregó que la vivienda donde residen es
prestada y no por ello, se puede predicar que no existe afectación de los invocados”.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas, Sala de
Decisión Penal, mediante sentencia de 13 de mayo de 2025 confirmó la decisión de
primera instancia que había negado el amparo solicitado, al concluir que no se
vulneraron los derechos fundamentales del señor Huertas Acosta por su no
inclusión en el programa Colombia Mayor, dado que no se encontraba en estado de
abandono ni desprotección que exigiera la intervención del Estado. Señaló que
contaba con una red familiar amplia de ocho hijos, quienes tenían el deber legal y
moral de garantizar su cuidado y manutención, por lo que no podían trasladar esa
responsabilidad al Estado. Precisó que si bien se trataba de una persona de
especial protección por su edad, ello no lo eximia de cumplir los requisitos legales
para acceder a subsidios, los cuales estaban dirigidos a personas sin apoyo familiar
y en condiciones de extrema vulnerabilidad.
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Accionante: Santos Helena Huertas Huertas
3. Fundamentos de la acción
La parte actora sostuvo que fundamentó la acción de tutela en los artículos 1°, 13,
29, 42, 44 y 229 de la Constitución Política, la Ley 2220 de 2022, el Código General
del Proceso, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, y “jurisprudencia de la Corte Constitucional: protección reforzada de
menores, vía de hecho judicial, nulidad de actuaciones administrativas sin
competencia, principio de prevención y repetición”.
4. Trámite procesal
Por auto de 4 de febrero de 2026, el despacho del magistrado ponente de la
sentencia de primera instancia, requirió a la parte actora para que precisara “(i) cuál
es la presunta vulneración de derechos fundamentales que se predica respecto del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas; y, si se trata
de un acción de tutela contra providencias judiciales, INDIQUE (ii) la fecha en que
fue o fueron proferidas las decisiones enjuiciadas; y (iii) el número del radicado del
proceso en el cual se dictaron. Ello, so pena de rechazo de la solicitud de amparo”.
El 6 de febrero de 2026, mediante escrito allegado, la señora Santos Helena Huertas
Huertas precisó que la decisión judicial objeto de cuestionamiento era la sentencia
de 13 de mayo de 2025 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca y Amazonas, que había confirmado la decisión de tutela de primera
instancia de 27 de marzo de 2025 dictada por el Juzgado Penal del Circuito de
Gachetá.
5. Oposición
5.1. Respuesta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y
Amazonas
El magistrado ponente de la decisión cuestionada rindió informe en el que precisó
que recibió por reparto la impugnación presentada por la accionante contra la
sentencia de primera instancia de 27 de marzo de 2025 que negó las pretensiones
de la acción de tutela.
Asimismo, precisó que no se vulneraron los derechos fundamentales alegados por
la parte actora, toda vez que se impartió un trámite oportuno y pertinente a la
impugnación presentada. Y concluyó que en la decisión cuestionada se expusieron
los argumentos que tuvo la Sala para confirmar el fallo impugnado.
Finalmente, remitió copia digital de la acción de tutela no. 25297-31-04-001-2025-
00003-01.
5.2. Respuesta del Juzgado Penal del Circuito de Gachetá
El titular del despacho rindió informe en el que solicitó que fuera desvinculado de la
acción de tutela, al considerar que no le constaban varios de los hechos alegados
por la accionante y sostuvo que la conciliación cuestionada fue válida, pues
conforme a la Ley 2220 de 2022, las comisarías de familia conservan una
competencia subsidiaria que se flexibiliza en casos de debilidad manifiesta, como el
de un adulto mayor beneficiario de cuota de alimentos.
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Asimismo, negó la existencia de un supuesto engaño institucional y afirmó que el
trámite fue adecuado para proteger el mínimo vital del adulto mayor,
correspondiéndole a la accionante probar lo contrario. Indicó, además, que el fallo
de tutela no se fundamentó exclusivamente en el acta de conciliación, sino también
en pruebas aportadas por la Comisaría de Familia sobre las condiciones del
beneficiario, lo que desvirtuó la alegada carencia de recursos.
Igualmente, señaló que no le constaban omisiones de otras autoridades ni las
afectaciones alegadas, rechazó cualquier trato discriminatorio y defendió la debida
valoración probatoria y el trámite diligente de la acción.
Por último, informó sobre una tutela previa interpuesta por la misma accionante que
fue declarada improcedente y concluyó que no vulneró derechos fundamentales,
por lo que solicitó su desvinculación del proceso.
5.3. Respuesta del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
El Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Acciones Constitucionales rindió
informe en el que explicó que, tras verificar la información disponible, no fue posible
establecer el estado específico del adulto mayor en el programa Colombia Mayor
por falta de identificación, por lo que expuso de manera general su funcionamiento,
requisitos de acceso, criterios de priorización y asignación de cupos, y destacó que
el ingreso no era automático y dependía de la disponibilidad presupuestal y del turno
asignado según condiciones de vulnerabilidad.
Advirtió que existían múltiples adultos mayores en lista de espera, por lo que una
eventual orden judicial de asignar un cupo al accionante podría afectar el derecho
a la igualdad y al debido proceso de quienes también aspiran al beneficio, razón por
la cual solicitó integrar el contradictorio con dichos interesados.
Asimismo, justificó la aplicación de criterios de focalización como mecanismo
legítimo para garantizar una distribución progresiva y equitativa de los recursos
públicos, conforme a la normativa vigente y compromisos internacionales. En
consecuencia, solicitó negar las pretensiones de la tutela al considerar que no se
ha vulnerado derecho fundamental alguno por parte del programa Colombia Mayor.
5.4. Respuesta de la Comisaría de Familia de Ubalá
La Comisaría de Familia de Ubalá rindió informe en el que precisó que en
cumplimiento del requerimiento judicial, ya había adelantado actuaciones
administrativas para resolver la solicitud de alimentos a favor del adulto mayor,
logrando un acuerdo conciliatorio en agosto de 2023 que fijó una cuota alimentaria
y cuyo cumplimiento, según lo indicado en la tutela, no había sido desconocido.
Señaló que no existían solicitudes pendientes por parte de la accionante ni procesos
actuales de restablecimiento de derechos, y que previamente se verificó la situación
del adulto mayor sin evidenciar incumplimientos relevantes. En ese sentido, sostuvo
que la acción de tutela resultaba improcedente por configurarse un hecho superado,
dado que la situación que originó la solicitud ya fue atendida y satisfecha, por lo que
solicitó dar por terminado el trámite constitucional al existir carencia actual de objeto.
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6. Sentencia de tutela impugnada
La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia
de 13 de marzo de 2026, declaró improcedente la acción de tutela y resolvió lo
siguiente:
“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las
razones indicadas en la parte motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
TERCERO: En caso de no ser impugnada REMITIR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión”.
Advirtió, en primer lugar, que el escrito de tutela presentado por la accionante
carecía de la claridad y precisión necesarias para identificar de manera concreta las
actuaciones u omisiones de las autoridades que presuntamente vulneraban sus
derechos fundamentales. Señaló que, si bien en un inicio la actora cuestionó un acta
de conciliación celebrada ante la Comisaría de Familia, no suministró datos que
permitieran su plena individualización, como la fecha o el número de radicado y que,
posteriormente, al ser requerida para precisar sus pretensiones, indicó que su
inconformidad recaía realmente sobre la sentencia de tutela proferida el 13 de mayo
de 2025 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca. Asimismo, observó que la accionante expuso diversas situaciones
relacionadas con conflictos familiares y presuntas condiciones de vulnerabilidad
socioeconómica, pero sin aportar elementos fácticos mínimos que permitieran
estructurar adecuadamente tales afirmaciones.
No obstante, sostuvo que al analizar el material probatorio allegado, logró
reconstruir el contexto del caso, concluyendo que la accionante se encontraba
inmersa en un conflicto familiar derivado, principalmente, de la fijación de una cuota
alimentaria a favor de su padre, José Guillermo Huertas Acosta, adulto mayor de 83
años. En ese sentido, estableció que el 4 de agosto de 2023 se celebró un acuerdo
conciliatorio ante la Comisaría de Familia de Ubalá, mediante el cual la tutelante
asumió el pago de una suma mensual destinada al sostenimiento del adulto mayor.
Igualmente, evidenció que en abril de 2024 la accionante solicitó la realización de
una nueva audiencia con el fin de modificar dicha cuota, lo que dio lugar a la
interposición de una primera acción de tutela contra la Comisaría de Familia, la cual
fue resuelta de manera desfavorable a sus pretensiones al comprobarse que sí se
había programado la respectiva audiencia.
De igual forma, se constató que en marzo de 2025, la accionante promovió una
nueva acción de tutela, en calidad de agente oficioso de su padre, contra el
Departamento para la Prosperidad Social y la Alcaldía de Ubalá, con el propósito de
obtener su inclusión en el programa Colombia Mayor. Dicha acción fue negada en
primera instancia por el Juzgado Penal del Circuito de Gachetá, y tras ser
impugnada la decisión fue confirmada el 13 de mayo de 2025 por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas, providencia que
finalmente fue identificada por la actora como objeto de reproche en el presente
trámite.
A partir de dichos antecedentes, la Sala delimitó el problema jurídico en establecer
si la acción de tutela resultaba formalmente procedente para controvertir la referida
sentencia de tutela de segunda instancia, descartó que el objeto del amparo
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Accionante: Santos Helena Huertas Huertas
recayera sobre el acta de conciliación o sobre actuaciones de la Comisaría de
Familia, en la medida en que la propia accionante, al atender los requerimientos
judiciales, concretó su inconformidad exclusivamente frente a la decisión adoptada
por el Tribunal.
Con el fin de abordar dicho problema, reiteró la jurisprudencia constitucional relativa
a la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales,
en particular los criterios fijados por la Corte Constitucional, según los cuales se
exige el cumplimiento de estrictas causales generales como la legitimación en la
causa, la inmediatez, la subsidiariedad, la relevancia constitucional y la adecuada
identificación de los hechos, así como la acreditación de al menos una causal
específica de procedibilidad.
Al descender al caso concreto, concluyó que la acción de tutela era improcedente
por dos razones principales. En primer lugar, porque se trataba de una tutela dirigida
contra otra sentencia de tutela, lo cual, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, es en principio inadmisible, salvo en situaciones absolutamente
excepcionales, como cuando se acredita la configuración de un fraude que vicie la
decisión judicial (“fraus omnia corrumpit”), circunstancia que no fue demostrada por
la accionante. En efecto, consideró que los cuestionamientos planteados se
limitaban a expresar desacuerdos con la valoración probatoria realizada por el juez
constitucional en la providencia atacada, sin evidenciar irregularidades de tal
entidad que habilitaran un nuevo examen por vía de tutela.
En segundo lugar, determinó que no se cumplía con el requisito de inmediatez, en
tanto la providencia cuestionada fue proferida el 13 de mayo de 2025, mientras que
la acción de tutela fue presentada el 2 de febrero de 2026, por lo que se superaba
ampliamente el término razonable de seis meses que la jurisprudencia ha
considerado como parámetro orientador para la procedencia del amparo.
Finalmente, resaltó que la sentencia de tutela cuestionada había sido remitida a la
Corte Constitucional para su eventual revisión y no fue seleccionada, circunstancia
que le otorgaba carácter definitivo y hacía tránsito a cosa juzgada constitucional,
impidiendo reabrir el debate por esta vía.
6. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la señora
Santos Helena Huertas Huertas impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó
que se revoque, al considerar que el análisis efectuado resultó restrictivo y
equivocado, particularmente en lo relacionado con la calificación del asunto como
una tutela contra tutela y el incumplimiento del requisito de inmediatez. En ese
sentido, sostuvo que la acción de tutela no se dirigía exclusivamente contra una
providencia judicial, sino que tenía como finalidad cuestionar un conjunto de
actuaciones administrativas y judiciales que, en su criterio, habrían vulnerado de
manera continua derechos fundamentales.
A partir de ello, argumentó que el caso encajaba en las hipótesis excepcionales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, conforme a la
jurisprudencia constitucional, al configurarse presuntos defectos fácticos,
sustantivos y una violación directa de la Constitución. En particular, alegó la
existencia de un defecto fáctico por falta de adecuada valoración probatoria, así
como un defecto sustantivo derivado de la indebida aplicación del régimen de
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competencia, especialmente en lo relacionado con la actuación de la Comisaría de
Familia de Ubalá.
Adicionalmente, planteó la configuración de un fraude procesal, al estimar que la
conciliación celebrada se habría realizado sin una verificación suficiente de las
condiciones económicas de las partes, con omisión de circunstancias relevantes y
que, pese a ello, fue posteriormente validada por las autoridades judiciales. Con
base en el principio fraus omnia corrumpit, sostuvo que la cosa juzgada no podía
consolidarse sobre actuaciones viciadas, lo que, a su juicio, habilitaba la
procedencia excepcional del amparo constitucional.
En relación con el requisito de inmediatez, afirmó que la decisión de primera
instancia desconoció que la presunta vulneración de derechos fundamentales era
continua y actual, en tanto la obligación derivada del acuerdo conciliatorio seguía
produciendo efectos, por lo que se afectaba el mínimo vital y la estabilidad del
núcleo familiar. En esa línea, señaló que la jurisprudencia constitucional permitía
flexibilizar dicho requisito cuando se trataba de vulneraciones permanentes, máxime
cuando la accionante se encontraba en condiciones de vulnerabilidad económica
que habían dificultado su acceso oportuno a la administración de justicia.
De otra parte, cuestionó la actuación de la Comisaría de Familia, al indicar que si
bien esas autoridades tenían competencia en materia de conciliación de alimentos,
su intervención era de carácter subsidiario y condicionado, por lo que, en el caso
concreto, habría asumido competencia sin justificación suficiente, sin verificar
adecuadamente la capacidad económica de las partes y sin garantizar un
procedimiento con plenas garantías, lo que configuraría una vulneración del debido
proceso y daría lugar a la nulidad del acta de conciliación.
Finalmente, la impugnante reprochó que las autoridades judiciales hubiesen
validado un acto presuntamente viciado, pues a su juicio incurrieron en los defectos
sustantivo y fáctico, así como en una “vía de hecho”, ocasionando con ello la
vulneración de derechos fundamentales en un escenario que calificó como continuo
y no como un hecho aislado.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
debe revocar la sentencia de 13 de marzo de 2026 del Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A que declaró improcedente la acción de tutela, y si debe
acceder al amparo constitucional en los términos propuestos por la parte actora.
3. Improcedencia general de la acción de tutela contra providencias de la
misma naturaleza
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La Sala, en principio, había sostenido que la acción de tutela contra fallos de la
misma naturaleza era improcedente, en virtud de las diferentes sentencias de la
Corte Constitucional que tuvieron como sustento la sentencia SU-1219 de 2001.
Sobre el particular, esa Corporación judicial en la sentencia T-272 de 20141, indicó
“no es procedente la tutela contra tutela porque de lo contrario (i) implicaría instituir
un recurso adicional para insistir en la revisión de tutelas que con anterioridad no
fueron seleccionadas, (ii) supondría crear una cadena interminable de demandas,
con lo cual resultaría afectado el principio de seguridad jurídica, (iii) se afectaría el
mecanismo de cierre hermenéutico de la Constitución, confiado a la Corte
Constitucional, y (iv) la tutela perdería su efectividad, pues ‘quedaría
indefinidamente postergada hasta que el vencido en un proceso de tutela decidiera
no insistir en presentar otra tutela contra el fallo que le fue adverso para buscar que
su posición coincida con la opinión de algún juez. En este evento, seguramente el
anteriormente triunfador iniciará la misma cadena de intentos hasta volver a
vencer”’.
Con posterioridad, en la sentencia SU-627 de 20152 la Corte Constitucional, rectificó
su jurisprudencia e indicó que, excepcionalmente, la acción de tutela procede contra
sentencias de tutela cuando se adviertan casos de fraude, supuesto que se agrega
a los dos que habían sido contemplados por la jurisprudencia: irregularidad grave
en el curso de una acción de tutela e incidente de desacato, con la precisión de que
la improcedencia absoluta, sin ninguna excepción, recae en las sentencias de tutela
que dicte la Sala Plena o las Salas de Revisión de esa Corporación. En esa ocasión,
la Corte expresó:
“4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un
proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia
proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que
no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida
por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de
Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que
debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República,
la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por
tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando,
además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal
con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente,
que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de
fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario,
eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes
a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad
a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión
del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían
afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de
1 M. P. María Victoria Calle Correa.
2 Sentencia de 1º de octubre de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
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procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte
Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no
procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría
sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción
de tutela puede proceder de manera excepcional.”
Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia T-313 de
20183, consideró que la acción de tutela es procedente, entre otros, contra la
providencia que rechaza la impugnación en un trámite de la misma naturaleza. Al
respecto, sostuvo:
“En el asunto que se examina, la acción de tutela no se dirige contra un fallo de tutela,
sino contra ciertos autos proferidos en el curso del trámite de amparo. La Corte
Constitucional unificó su jurisprudencia en la sentencia SU-627 de 2015, en la que
consideró que la tutela sí era procedente frente a actuaciones arbitrarias de los jueces
de tutela, que se hubieran realizado antes o después de proferir el fallo, por lo que este
requisito de procedencia se encuentra superado”.
El citado criterio jurisprudencial ha sido acogido por esta Sala, teniendo en cuenta
que la unificación realizada por la Corte Constitucional trasciende del caso concreto
y fija reglas de derecho que deben ser acatadas por todas las autoridades públicas.
Por otra parte, en la sentencia T-322 de 20194, la Corte Constitucional resaltó que
previo a la verificación de la existencia de un fraude, es pertinente constatar si el
fallo de tutela reprochado fue objeto de la eventual revisión que le ha sido atribuida
a esa corporación judicial, pues de lo contrario se tornaría improcedente la solicitud
de amparo.
Al respecto, en la reciente sentencia T-023 de 20235, la misma corporación sostuvo
que “de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, en principio son improcedentes
las acciones de tutela en contra de una decisión de tutela antes de que el trámite de
selección y eventual revisión se haya surtido. Esta regla de improcedencia, sin
embargo, no es absoluta. En casos excepcionales, la acción de tutela contra
decisiones de tutela puede ser procedente si, a pesar de que la parte accionante no
participó en el trámite de selección o este no se ha surtido, las pruebas practicadas
en sede de revisión evidencian prima facie la existencia de una situación de fraude
que se habría materializado en los fallos de tutela de instancia”.
De conformidad con lo expuesto, es posible identificar dos escenarios: el primero,
en el que la Corte Constitucional selecciona para revisión el caso con el fin de
determinar si existe o no cosa juzgada fraudulenta. El segundo, cuando la sentencia
de tutela es excluida de revisión, lo que conllevaría que lo resuelto hace tránsito a
cosa juzgada formal y material. Al respecto, esa corporación judicial en la referida
sentencia T-322 de 20196, con el fin de identificar los criterios seguidos por las
diferentes Salas de Revisión, precisó de manera indicativa en qué casos existe una
situación de fraude, para lo cual elaboró el siguiente cuadro:
3 M.P. Carlos Bernal Pulido.
4 M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
5 M.P.: Paola Andrea Meneses Mosquera.
6 M.P: José Fernando reyes Cuartas.
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Jurisprudencia constitucional y cosa juzgada constitucional fraudulenta
Improcedencia de la Procedencia de la acción de tutela
acción de tutela
• La acción de tutela Condiciones necesarias
no se soporta en Actuación prima facie dolosa o Decisión judicial Indicios de la existencia de una
hechos objetivos (T- gravemente culposa. evidentemente incorrecta situación de fraude.
951/13).
Esta calificación puede Esta calificación puede 81. Evidencia de que el
4 El fundamentarse fundamentarse fallo de tutela fue
accionante proferido sin que se
discrepa sobre 63 En la 73. En la verificaran las
una decisión de existencia de condiciones de
interpretación autoridad una procedibilidad de este
sustantiva competente interpretación mecanismo excepcional
o donde se declare normativa (T-218/12, T- 399/13, T-
probatoria (T- laconducta abiertamente 272/14 y T-073/19)
373/14,T- dolosa del juez contraria a los
093/18 y T- (T- 218/12) postulados 82. Ausencia de
470/18) constitucional certeza del derecho
64 En la esy a la reconocido (T-218/12, T-
5 Se apertura de buena fe 399/13)
incumple con la investigaciones judicial (T-
carga de disciplinarias o 073/19). 83. Protección de un
demostrar la penales acerca elevado número de
existencia de de la 74. En la peticionarios, cuya
fraudulenta (T- configuración afectación del situación individual no
072/18). del delito (T- patrimonio alcanza a ser
399/13) público (T- debidamente examinada
218/12, T- dentro del término de
65 En la 399/13, T- diez
materialización del 272/14 y T- (10) días del que dispone el juez para
dolo enla sentencia 073/19). decidir (T-272/14).
judicial (T-218/12,
T- 951/13, T- - Se presenta acción de tutela contra
373/14, T-427/17 y una entidad que, por estar sumida en
T- 470/18) un estado de cosas inconstitucional,
presenta una limitada capacidad para
ofrecer respuesta oportuna a las
demandas de sus afiliados y
beneficiarios (T-272/14).
• El cumplimiento del fallo de tutela
proferido en las circunstancias
descritas amenaza el goce efectivo de
derechos fundamentales de terceros
(T-272/14).
• El reconocimiento de una prestación
de forma manifiestamente ilegal.
Adicionalmente, la Corte Constitucional ha considerado que quien pretenda la
revocatoria de una sentencia de tutela que ha hecho tránsito a cosa juzgada
constitucional debido a su no selección, debe cumplir con una exigente carga
argumentativa dirigida a demostrar i) que el juez de tutela incumplió un deber básico
de conducta que se opone a los requerimientos medulares que se anudan a la tarea
de administrar justicia, manifiesta en una actuación dolosa o extremadamente
negligente y ii) que el fallo de tutela objetado no pueda ser admitido debido a que
resulta evidentemente incorrecto, implicando, además, una afectación grave del
patrimonio público.
Así mismo, “la parte interesada debe demostrar, con base en fundamentos claros, ciertos,
serios y coherentes la situación de fraude alegada, la incidencia en la decisión adoptada, la
evidente violación de un derecho fundamental y que la afectación sea significativa y
trascendental (trasgredir de manera grave el patrimonio público). En este sentido, no serán
de recibo razones o interpretaciones que obedezcan al disgusto o inconformismo del
solicitante por la sentencia atacada. Ese presupuesto tiene fundamento en el principio de
seguridad jurídica y cosa juzgada constitucional”.
Con todo, la jurisprudencia constitucional ha precisado las subreglas que
determinan la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
que se dicten dentro de un trámite tutelar, a saber: (i) cuando la providencia acusada
haya sido proferida por otro juez o tribunal diferente a la Corte Constitucional (ii) que
la decisión superó el trámite de la revisión ante esa corporación judicial, es decir,
que no hubiera sido seleccionada para revisión y (iii) que en ésta se configure el
fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, a partir de las particularidades
mencionadas en precedencia.
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De este modo, se concluye que la jurisprudencia constitucional ha establecido las
subreglas que determinan la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias que se dicten dentro de un trámite tutelar, a saber: (i) cuando la
providencia acusada haya sido proferida por otro juez o tribunal diferente a la Corte
Constitucional (ii) que la decisión superó el trámite de la revisión ante la mencionada
corte, es decir, que no fuese seleccionada para su revisión y (iii) que en ésta
configure el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta.
4. Estudio y solución del caso concreto
La señora Santos Helena Huertas Huertas, quien actúa en nombre propio, presentó
acción de tutela contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y
Amazonas, el Juzgado Penal del Circuito de Gachetá y la Comisaría de Familia de
Ubalá, por la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la dignidad humana, igualdad, de acceso a la administración de justicia,
mínimo vital y vida en condiciones dignas, con ocasión de la sentencia de tutela de
13 de mayo de 20257 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca y Amazonas, mediante la cual se confirmó la decisión de 27 de
marzo de 2025 dictada por el Juzgado Penal del Circuito de Gachetá que negó las
pretensiones del amparo solicitado, al considerar que la autoridad judicial no valoró
las pruebas aportadas relacionadas con el desempleo, la enfermedad y el
endeudamiento de los hijos del señor José Guillermo Huertas Acosta.
La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia
de 13 de marzo de 2026, declaró improcedente la acción de tutela, al considerar
que si bien el escrito de tutela carecía inicialmente de claridad sobre los hechos y
actuaciones cuestionadas, se logró establecer que el conflicto giraba en torno a
disputas familiares relacionadas con una cuota alimentaria en favor del padre de la
accionante y a decisiones previas adoptadas en otras tutelas. En ese contexto,
precisó que el verdadero objeto del amparo era controvertir una sentencia de tutela
de segunda instancia proferida el 13 de mayo de 2025 por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas, y no el acta de conciliación ni
actuaciones administrativas.
Así las cosas, reiteró que la tutela contra tutela, en principio era improcedente, salvo
circunstancias excepcionales que no se acreditaron, pues la inconformidad se
limitaba a desacuerdos probatorios. Además, determinó que no se cumplía el
requisito de inmediatez, dado el tiempo transcurrido entre la decisión cuestionada y
la presentación de la acción. Finalmente, destacó que dicha sentencia ya había sido
remitida a la Corte Constitucional y no fue seleccionada para revisión, adquiriendo
carácter definitivo, lo que impedía reabrir el debate por vía constitucional.
La accionante impugnó la sentencia de primera instancia, al considerar que el
análisis realizado en primera instancia fue restrictivo y errado, especialmente al
calificar el asunto como tutela contra tutela y por el supuesto incumplimiento de la
inmediatez. Sostuvo que su acción no se dirigía únicamente contra una providencia
judicial, sino contra un conjunto de actuaciones administrativas y judiciales que
habrían vulnerado de forma continua sus derechos fundamentales. Alegó que el
caso encajaba en las causales excepcionales de procedencia, al configurarse
defectos fácticos y sustantivos, así como una violación directa de la Constitución,
incluyendo una indebida valoración probatoria y problemas de competencia de la
Comisaría de Familia.
7
Radicado no. 25297-31-04-001-2025-00003-01.
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Asimismo, planteó la existencia de fraude procesal en la conciliación, señalando que
no se verificaron adecuadamente las condiciones económicas de las partes, lo que
impediría consolidar la cosa juzgada. Frente a la inmediatez, afirmó que la
vulneración era actual y permanente por los efectos continuos del acuerdo, lo que
justificaba flexibilizar ese requisito, más aún dada su situación económica.
Finalmente, cuestionó la actuación de la Comisaría y de los jueces, al considerar
que validaron un acto viciado, incurriendo en defectos que vulneraron sus derechos
fundamentales de manera continua.
La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela, por las razones que se exponen a
continuación:
En primer lugar, la Sala observa que en el caso de la referencia la Corte
Constitucional excluyó del trámite de revisión eventual la acción de tutela no. 25297-
31-04-001-2025-00003-01 interpuesta por la señora Santos Helena Huertas
Huertas como agente oficioso de su padre José Guillermo Huertas Acosta contra el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Alcaldía de Ubalá,
mediante la cual se profirió la sentencia de 13 de mayo de 2025, controvertida por
la accionante. Ello se evidencia en la siguiente imagen, tomada de la página web
de la Corte Constitucional:
La información anterior resulta relevante, pues en la sentencia T-023 de 2023 la
Corte Constitucional estableció que, en principio, las acciones de tutela contra
decisiones de tutela son improcedentes mientras no se haya surtido el trámite de
selección y revisión eventual.
Por lo tanto, dado que la acción de tutela interpuesta por la señora Santos Helena
Huertas Huertas no fue seleccionada por la Corte Constitucional para revisión
eventual, se procederá a analizar los demás requisitos de procedencia de la tutela
frente a actuaciones dentro de un proceso de tutela, conforme a lo establecido en
la sentencia SU-627 de 2015, la cual tiene carácter unificador en esta materia.
Así las cosas, en la sentencia SU-627 de 2015 la Corte Constitucional unificó su
jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
emitidas en el marco de otra acción de tutela. En dicha sentencia se explicó la
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necesidad de distinguir entre dos supuestos: cuando la tutela se interpone contra
una sentencia de tutela y cuando se interpone contra una actuación anterior o
posterior a dicha providencia.
En el caso de acciones de tutela que impugnan fallos de tutela, como el presente,
la Corte Constitucional estableció que, cuando la acción de tutela se interpone
contra una sentencia dictada por un juez de tutela (distinto a la Corte Constitucional),
la acción de amparo puede ser procedente de manera excepcional si se cumplen
los siguientes requisitos:
(i) El cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
conta providencias judiciales.
(ii) La acción de tutela presentada no comparte identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada.
(iii) Se demuestre de manera clara y suficiente que la decisión adoptada en la sentencia fue
producto de una situación de fraude (cometida por una de las partes, por las dos o,
incluso, con anuencia del juez).
(iv) No exista otro mecanismo judicial eficaz para conjurar la situación.
De conformidad con lo anterior, la Sala precisa que comparte el análisis realizado
por el a quo respecto de los requisitos generales de procedencia contra tutela. Sin
embargo, se observa que el requisito de inmediatez no se cumple en el caso
concreto como pasará a explicarse.
El artículo 86 de la Constitución Política establece que “toda persona tendrá acción
de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”. Ahora bien,
aun cuando la Carta Política hace uso de la expresión “en todo momento y lugar”,
lo que podría dar a entender que la acción de amparo puede solicitarse en cualquier
tiempo, sin importar la urgencia, ni la relevancia de los derechos vulnerados, lo único
cierto es que se trata de un requisito que se debe valorar en cada caso concreto.
Sin embargo, la Corte Constitucional8 ha señalado que si bien no es posible
establecer un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela,
ésta no puede presentarse en cualquier tiempo y por lo tanto debe existir un término
razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos
fundamentales del actor y la presentación de la demanda, en la medida en que la
naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino
también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros
afectados.
En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no
un término de caducidad. Justamente, porque la acción de tutela es un medio
excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en
un tiempo prudencial. Por ello, el presupuesto de la inmediatez constituye un
requisito para habilitar el estudio de fondo de la acción de tutela, pues se evita “el
uso de este mecanismo constitucional como herramienta que consienta la
negligencia o indiferencia de los actores, o que propicie la inseguridad jurídica.” 9
8 Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
9
Ibídem.
14
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De acuerdo con lo anterior, la Sala observa que la sentencia de tutela de 13 de
mayo de 2025 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca y Amazonas fue notificada a las partes por correo electrónico el 14
de mayo de 202510, fecha a partir de la cual se verificará el cumplimiento del
requisito de inmediatez.
Como se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión, el artículo 86 de
la Constitución precisa que la acción de tutela debe procurar la protección inmediata
de los derechos fundamentales, cuando quiera que resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública. Si bien, la misma
disposición establece que se podrá hacer uso de este mecanismo constitucional en
todo momento, ello no implica que no se deba interponer dentro de un plazo
razonable, pues ello está en consonancia con los principios de seguridad jurídica y
cosa juzgada, los cuales, prima facie, se deben resguardar.
Como la solicitud de amparo fue promovida el 2 de febrero de 202611,
transcurrieron 8 meses (8) y catorce (14) días entre el momento de la notificación
de la sentencia de 13 de mayo de 2025 proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cundinamarca y Amazonas dictada en el trámite de la acción de tutela
y el de la interposición de la acción constitucional, término que excede el límite
razonable y suficiente establecido jurisprudencialmente por la Sala Plena de esta
Corporación, como regla general, acogido igualmente por la Corte Constitucional.
Sobre el particular, cabe resaltar que la Corte Constitucional en diferentes
decisiones ha ratificado la posición jurisprudencial de esta Corporación, al indicar
que el plazo razonable para interponer la acción de tutela, si bien no es un término
fijo, puede entenderse como un periodo prudencial de seis (6) meses, el cual debe
analizarse en general, “en relación con el hecho generador de la tutela, las
12
condiciones del accionante y los derechos que subyacen en la pretensión” ,
respecto del cual ha precisado “que (…) ha entendido que seis meses es un plazo
razonable para satisfacer el requisito de inmediatez sin que ello signifique que dicho
13
término es perentorio” .
En ese mismo sentido, en la sentencia T-619 de 2019, la Corte estimó que “el juez
debe ser muy cuidadoso en la constatación de este requisito por estar en riesgo la
seguridad jurídica y, aunque se ha destacado un periodo determinado (6 meses),
lo cierto es que también se ha extendido dicho lapso, pues para su fijación se debe
acudir a criterios como el de razonabilidad y proporcionalidad en cuya valoración le
corresponde al juez tener en cuenta las circunstancias que caractericen al caso
14
concreto” .
Es cierto que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al juez a
concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden existir
circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no se haya
presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la
omisión que vulnera el derecho fundamental sean permanentes, persisten en el
tiempo, y hacen que la violación sea siempre actual. Sin embargo, cuando se trata
10
La providencia se entenderá notificada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos,
en virtud de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 52 de la Ley
2080 de 2021.
11
Acta individual de reparto.
12
Sentencia T-422 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
13
Sentencia T-338 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
14
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
15
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de cuestionar providencias judiciales la verificación de este presupuesto se torna
aún más exigente, por lo que no cualquier circunstancia lo excepcionaría cuando
se ha superado el plazo razonable de los seis meses, sino que en cada caso
concreto se deberá efectuar su estudio, siempre con el norte de preservar prima
facie los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
En el presente caso, si bien la parte accionante sostuvo que, aunque la acción de
tutela se presentó por fuera del plazo considerado razonable, el requisito de
inmediatez debía flexibilizarse, lo cierto es que fundamentó dicha solicitud en la
supuesta existencia de una vulneración continua y actual de sus derechos
fundamentales. En esa línea, argumentó que la afectación no se agotó con la
adopción de la decisión cuestionada ni con la suscripción del acuerdo conciliatorio,
sino que se prolongaba en el tiempo, en la medida en que las obligaciones allí
contenidas continuaban produciendo efectos que impactaban su situación
económica. En particular, afirmó que el cumplimiento de dichas cargas incidía de
manera directa en su mínimo vital y en la estabilidad de su núcleo familiar, lo que,
a su juicio, trascendía una discusión meramente patrimonial y comprometía la
protección de derechos fundamentales de carácter inmediato.
Al respecto, la Sala advierte que dichos elementos, considerados de manera aislada
o conjunta, no resultan suficientes para flexibilizar el cumplimiento del requisito de
inmediatez, toda vez que los argumentos expuestos por la parte accionante no
desvirtúan la naturaleza excepcional y subsidiaria de la acción de tutela ni justifican
la inactividad prolongada frente a la actuación que se cuestiona. En efecto, la
supuesta vulneración alegada no tiene el carácter de continuada o permanente en
los términos exigidos por la jurisprudencia constitucional, pues se origina en un
acuerdo conciliatorio y en las decisiones que le dieron validez, los cuales
constituyen actuaciones jurídicas concretas. En ese sentido, los efectos económicos
que se derivan de su cumplimiento no configuran una vulneración autónoma y actual
de derechos fundamentales, sino que corresponden a consecuencias propias de
obligaciones válidamente adquiridas.
Adicionalmente, los argumentos relacionados con la afectación del mínimo vital y la
estabilidad del núcleo familiar, así como la alegada situación de vulnerabilidad
económica, no se encuentran acreditados de manera suficiente ni permiten concluir
la existencia de una afectación cierta, directa e inminente de derechos
fundamentales que justifique la flexibilización del requisito. Por el contrario, se trata
de afirmaciones genéricas que no desbordan el ámbito de una controversia de
contenido económico derivada de una relación jurídica previamente definida. Por lo
que admitir la flexibilización en estos términos implicaría desnaturalizar el requisito
de inmediatez y convertir la acción de tutela en un mecanismo para cuestionar de
manera indefinida acuerdos y decisiones consolidadas, en detrimento de los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
Por otro lado, la Sala precisa que los argumentos expuestos en el escrito de
impugnación, orientados a sostener que la acción de tutela no se dirigía
exclusivamente contra la sentencia de tutela cuestionada, sino también contra las
actuaciones administrativas y judiciales adelantadas con ocasión del acta de
conciliación y de los hechos ocurridos ante la comisaría de familia, no fueron
planteados en el escrito de subsanación en primera instancia. En consecuencia,
tales cuestionamientos constituyen aspectos nuevos introducidos únicamente en
sede de impugnación, frente a los cuales no resulta procedente emitir
pronunciamiento alguno, pues ello desconocería las garantías del debido proceso y
el derecho de defensa de las demás partes e intervinientes, quienes no tuvieron la
16
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oportunidad de controvertir oportunamente dichos argumentos dentro del trámite de
primera instancia.
En ese escenario, se encuentra probado que el plazo considerado como razonable
y suficiente (seis meses siguientes a la notificación o conocimiento de la actuación
cuestionada) se encuentra superado en este caso concreto, sin que medie una
justificación suficiente. De ahí que, al no superarse el requisito de procedencia de
la acción de tutela relativo a la inmediatez, lo procedente es confirmar la decisión
de primera instancia que declaró la improcedencia de la acción de tutela, sin que
sea necesario abordar el estudio de los demás requisitos generales de
procedibilidad.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Confirmar la sentencia de 13 de marzo de 2026, dictada por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo del Consejo.
Cuarto- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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