Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00648-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00648-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00648-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00648-00
Accionante: Steve Alexander Arias Ospina
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión
y otro1.
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Negar las pretensiones de la demanda por no configurarse
los defectos alegados
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela2 presentada por el señor Steve Alexander Arias Ospina,
actuando a través de apoderado, en contra del Tribunal Administrativo del Chocó,
Sala Primera de Decisión y el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Quibdó, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al: “debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, al desconocimiento de
precedentes jurisprudenciales, y los demás derechos fundamentales que
encuentre conculcados el honorable juez de tutela”, con ocasión de las sentencias
del 30 de julio de 20253 y del 21 de marzo de 20234 respectivamente, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm.
27001-33-33-001-2020-00062-00/01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Del escrito de tutela y del expediente, se colige que el señor Steve
Alexander Arias Ospina ingresó a la Policía Nacional el 22 de enero de 2006
como alumno, ascendiendo a subteniente el 1° de diciembre de 2008, a teniente
el 1° de diciembre de 2012 y a capitán el 30 de junio de 2017, consolidando más
de doce años de servicio, con 42 felicitaciones y evaluaciones periódicas
clasificadas en nivel superior.
3. El actor sostuvo que, en desarrollo de sus funciones en el municipio de
Buenaventura, advirtió y documentó reiteradamente el hacinamiento en el Centro
Transitorio “Marte”, situación que lo llevó a impulsar a través de uno de sus
1
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó.
2
Acción de tutela presentada el 2 de febrero de 2026.
3
Índice 30 del aplicativo SAMAI, exp. 27001-33-33-001-2020-00062-01. Notificada el 8 de agosto de 2025. Que confirmó
la decisión del a quo.
4
Índice 21 del aplicativo SAMAI, exp. 27001-33-33-001-2020-00062-00. La cual negó las pretensiones de la demanda.
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Accionante: Steve Alexander Arias Ospina
superiores una acción de tutela contra el INPEC, la cual fue resuelta
favorablemente el 13 de mayo de 2019 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito
de esa ciudad, ordenando la adopción de medidas para la protección de derechos
fundamentales de los reclusos.
4. Paralelamente, el 29 de abril de 2019 el comandante del Departamento de
Policía del Valle del Cauca elevó una solicitud de retiro5 del señor Arias Ospina
de la institución policial, y el 4 de julio de 20196 la Junta Asesora del Ministerio
de Defensa para la Policía Nacional recomendó de manera unánime su
desvinculación, sustentando la decisión en múltiples anotaciones negativas
registradas entre los años 2017 y 2019, pese a la coexistencia de calificaciones
sobresalientes.
5. El accionante manifestó que después del resultado de un fallo de tutela
presentado ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Buenaventura, fue
trasladado al Departamento de Policía Chocó, al municipio de Bojayá, y luego se
le envió a disfrutar 43 días de vacaciones acumuladas.
6. Expuso que, en ese escenario, presentó varios derechos de petición
solicitando la reconsideración de la medida y el traslado por razones familiares,
pero sostuvo que le fueron negados mediante los Oficios 053611 del 9 de
septiembre de 2019 y 058548 del 24 de septiembre de 2019, lo que consideró
una represalia por las denuncias realizadas respecto al Centro Transitorio
“Marte”.
7. Ahora bien, posteriormente, y con base en la recomendación de la Junta
previamente citada, el ministro de Defensa Nacional expidió la Resolución núm.
5404 del 27 de septiembre de 20197, notificada el día 30 del mismo mes y
anualidad, disponiendo su retiro discrecional del servicio activo con fundamento
en la Ley 857 de 2003 y el Decreto 1338 de 2015, modificado por el Decreto 414
de 2016.
8. Inconforme con lo anterior, el accionante instauró una demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, no
obstante, mediante sentencia núm. 045 del 21 de marzo de 2023 el Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó negó las pretensiones8, decisión que
una vez apelada, fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Chocó9.
5
La cual fue presentada ante el director general de la Policía Nacional. Oficio No. S-2019-053790
6
Índice 8 del aplicativo SAMAI, 24_RECEPCIONMEMORIAL_PRUEBARESOLUCION54
7
Ibidem, 24_RECEPCIONMEMORIAL_PRUEBARESOLUCION54
8
El juzgado consideró que el retiro discrecional dispuesto en la Resolución 5404 de 2019 fue expedido por autoridad
competente y con observancia de las formalidades legales. Sostuvo que la decisión se apoyó en razones objetivas
consignadas en la hoja de vida, particularmente anotaciones negativas reiteradas entre 2017 y 2019, las cuales no fueron
desvirtuadas por el señor Arias Ospina, manteniéndose incólume la presunción de legalidad del acto. Descartó falsa
motivación y desviación de poder, al no acreditarse nexo probatorio entre la acción de tutela interpuesta por el actor y su
retiro, concluyendo que la medida obedeció a necesidades del servicio dentro del margen de discrecionalidad
administrativa.
9
El ad quem confirmó integralmente la sentencia del a quo, tras aplicar la jurisprudencia unificada sobre retiro discrecional,
reiterando que la potestad debe fundarse en criterios objetivos y ser susceptible de control judicial. Determinó que existían
suficientes registros y llamados de atención que justificaban la decisión, y que el actor no probó que los motivos fueran
inexistentes ni que el acto estuviera orientado por finalidad distinta al mejoramiento del servicio. Concluyó que no se
configuraron falsa motivación, desviación de poder ni vulneración del debido proceso, pues el retiro fue adoptado con
soporte probatorio y dentro de los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad exigidos por la jurisprudencia.
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2.2. Fundamento jurídico
9. La parte actora consideró vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia, a la igualdad
en la aplicación del precedente judicial y al principio de seguridad jurídica, en
cuanto las providencias cuestionadas validaron un acto de retiro discrecional sin
realizar un control judicial integral, pese a alegarse en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho la supuesta existencia de una falsa
motivación del acto, viciada además con una desviación de poder y el
desconocimiento de pruebas que el actor consideró determinantes.
10. Reprochó que presuntamente se configuró un defecto fáctico, por
indebida valoración probatoria por la supuesta carencia de un análisis integral de
su hoja de vida, privilegiando registros menores que lo demeritaron y sobre los
cuales censuró que algunos fueron improcedentes conforme al Decreto 1800 de
200010 e incluso uno de ellos no existió, desconociendo que, durante los años
2017, 2018 y 2019 obtuvo una calificación de 1200 puntos en nivel superior y
múltiples anotaciones positivas.
11. Adujo que se presentó además un desconocimiento del precedente,
particularmente respecto de la exigencia de que el retiro discrecional de
miembros de la Fuerza Pública esté sustentado en razones objetivas, probadas,
razonables y proporcionales, conforme a la jurisprudencia constitucional11 y de
esta corporación, que impone un control judicial material y no meramente formal.
12. Igualmente adujo que se estructuró defecto sustantivo, al convalidarse
un acto fundado en motivación aparente y posible desviación de poder, sin
verificar que la medida cumpliera con los fines del servicio previstos en el artículo
218 constitucional, ni si guardaba proporcionalidad frente a una trayectoria
institucional calificada como superior y sin sanciones disciplinarias o penales.
2.3. Pretensiones
13. Con fundamento en lo anterior, el actor solicitó:
«(…) PRIMERO: Que se amparen al accionante Steve Alexander Arias
Ospina, los derechos fundamentales al Debido proceso, acceso a la
administración de justicia, y desconocimiento de precedentes
jurisprudenciales, y los demás que considere vulnerados el honorable
magistrado de tutela; los cuales les fueron vulnerados al accionante por
los despachos accionados en las providencias judiciales - Sentencia
No. 045 de fecha 21/03/2023 y Sentencia de segunda instancia No.
0091 de fecha 30/07/2025, proferida por la Sala Primera de Decisión
del Tribunal Administrativo del Chocó en el proceso No. 27001-33-33-
10
«Por el cual se dictan normas para la evaluación del desempeño del personal uniformado de la Policía Nacional ».
11
El actor invocó varias providencias, entre otras, la sentencia SU-172 de 2015 de la Corte Constitucional referente a los
estándares mínimos de motivación en el retiro discrecional de miembros de la Policía Nacional, la Sentencia de Unificación
de 25 de febrero de 2016 (expedientes T-4.862.375, T-4.938.030, T-4.943.399 y T-4.954.392), Sala Plena de la Corte
Constitucional, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub relacionada con la necesidad de razones objetivas, probadas,
razonables y proporcionadas en el retiro por voluntad del Gobierno, la Sentencia T-432 de 2008 de la Corte Constitucional,
relativa al análisis integral de la hoja de vida y desempeño del oficial antes de validar el retiro discrecional, la Sentencia
C-525 de 1995 de la Corte Constitucional, sobre los fines constitucionales del servicio en la Fuerza Pública (art. 218
constitucional), que consideró aplicables a su asunto.
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001-2020-00062-00.
SEGUNDO: Que, como consecuencia del anterior amparo, se ordene
dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia No. 0091 de fecha
30/07/2025, proferida en el proceso No. 27001-33-33-001-2020-00062-
00, proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo
del Chocó.
TERCERO: Que se ordene a la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Chocó, que en un término no superior a treinta (30)
días dicte una nueva sentencia de segunda instancia en el proceso No.
27001-33-33-001-2020-00062-00, en la que se acceda a las súplicas
de la demanda, de acuerdo a lo probado en el proceso, y teniendo en
cuenta los argumentos esbozados en esta acción de tutela, e
igualmente los lineamientos que emita el honorable juez de tutela en la
sentencia que la resuelva. » (Sic)
2.4. Intervenciones
14. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 4 de
febrero de 202612, a través del cual se ordenó notificar al Tribunal Administrativo
del Chocó, Sala Primera de Decisión y al Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Quibdó como accionados y a la Nación - Ministerio de Defensa -
Policía Nacional, como terceros interesados en el resultado del proceso.
Asimismo, se reconoció personería al abogado de la parte actora y se notificó a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su competencia.
2.4.1. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó13 solicitó
negar las pretensiones de la acción de tutela pues indicó que los derechos
fundamentales invocados por el actor no fueron trasgredidos, toda vez que las
decisiones cuestionadas estuvieron debidamente motivadas y fueron
sustentadas de acuerdo con la normativa y la jurisprudencia aplicables al caso
concreto, así como con las pruebas válidamente allegadas.
2.4.2. La Policía Nacional14 solicitó negar las súplicas del accionante, al no
existir ninguna trasgresión ius fundamental ni acreditarse un perjuicio
irremediable.
15. Precisó que el retiro estuvo condicionado al seguimiento de las pautas
previstas por la jurisprudencia constitucional y de esta corporación, orientadas a
la aplicación de la causal de retiro por “el mejoramiento del servicio” ante el
latente incumplimiento del tutelante de sus deberes policiales.
16. Indicó que las felicitaciones o condecoraciones previas no constituían per
se un fuero de estabilidad, pues cumplir con las actividades encomendadas con
rectitud es un deber del uniformado. En ese entendido, afirmó que la facultad
discrecional de retiro gozaba de presunción de legalidad toda vez que, (citando
a la jurisprudencia de esta corporación)15 estuvo fundada en supuestos de hecho
reales, objetivos y ciertos. Por todo lo anterior, afirmó que no existió la alegada
desviación de poder.
12
Índice 4 del aplicativo SAMAI
13
Índice 8 del aplicativo SAMAI, 12_RECIBEPRUEBAS_InformeTutela2026006_2_20260209124528916
14
Índice 9 del aplicativo SAMAI
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, C.P. Gerardo Arenas
Monsalve, en sentencia del 09 de febrero de 2012
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2.4.2. El Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión,
guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
17. La Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado
es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 201916 y demás normas
concordantes.
3.2. Cuestión previa
18. En consideración a que la providencia del 30 de julio de 2025 17 que
confirmó la sentencia del 21 de marzo de 202318 fue la que puso fin al proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, será la única objeto de estudio en esta
sede constitucional en caso de superarse los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
3.3. Problema jurídico
19. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
establecer si la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó,
al proferir la sentencia del 30 de julio de 2025, vulneró los derechos
fundamentales derechos fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo a
la administración de justicia, a la igualdad en la aplicación del precedente judicial
y al principio de seguridad jurídica del accionante, al incurrir supuestamente en
los defectos fáctico, por desconocimiento de precedente y sustantivo.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
20. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
21. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
16
Reglamento interno del Consejo de Estado.
17
Índice 30 del aplicativo SAMAI, exp. 27001-33-33-001-2020-00062-01. Notificada el 8 de agosto de 2025. Que confirmó
la decisión del a quo.
18
Índice 21 del aplicativo SAMAI, exp. 27001-33-33-001-2020-00062-00. La cual negó las pretensiones de la demanda.
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decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.
22. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en
esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica,
la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad
de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
23. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela
y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como
son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.
3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.
3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente
individualizados.
3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde que cobró ejecutoria la última providencia cuestionada, toda
vez que fue proferida el 30 de julio de 2025 y notificada el 8 de agosto de esa
anualidad y la interposición de la presente acción de tutela se realizó el 2 de
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febrero de 2026.
3.4.1.4. El asunto por resolver es de relevancia constitucional, en la medida que
se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental al debido
proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia, a la igualdad en la
aplicación del precedente judicial y al principio de seguridad jurídica del
accionante, como consecuencia de los presuntos defectos fáctico, por
desconocimiento de precedente y sustantivo, los cuales se encuentran
fundamentados razonablemente.
24. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.4. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
25. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional19 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa20, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa y sin razón valedera
da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente.
b. Una dimensión positiva21, que se presenta generalmente cuando el
juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.
26. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del
juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser,
de carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al
juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le
corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta
más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos
probatorios»22.
27. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por
el juez que ordinariamente conoce de un asunto.
19 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de
2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
20 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
21 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.
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3.4.1. Análisis de la presunta configuración del defecto fáctico en el asunto
bajo examen
28. La Sala considera que no se configuró el defecto fáctico alegado toda vez
que la providencia cuestionada realizó una valoración probatoria integral,
razonada y acorde con las reglas de la sana crítica, sin que se advierta omisión
ostensible, arbitraria o caprichosa en el análisis del material allegado al proceso.
29. En ese entendido, el Tribunal examinó la hoja de vida del actor en su
totalidad, incluyendo tanto las calificaciones sobresalientes como los registros
negativos y no se limitó a realizar un análisis fragmentado, sino que ponderó los
elementos favorables y desfavorables dentro del contexto del retiro discrecional.
30. Al respecto, precisó que “fueron más de veinticuatro (24) los
requerimientos durante los tres años anteriores al retiro”, por lo que, si bien el
demandante obtuvo calificaciones en nivel superior, ello no desvirtuó la existencia
de múltiples llamados de atención y registros negativos que afectaron la
confianza institucional, análisis que demuestra que dichas pruebas sí fueron
consideradas por el ad quem.
31. Adicionalmente, la autoridad judicial accionada tampoco omitió el estudio
de los testimonios favorables ni del contexto de la tutela interpuesta contra el
INPEC, pero se advierte que no evidenció que ello permitiera inferir per se y de
manera determinante el nexo causal entre la acción de tutela promovida y la
decisión de retiro, por lo que la hipótesis de represalia planteada por el señor
Arias Ospina no tuvo asidero, máxime cuando el actor tenía requerimientos
negativos previos a esta.
32. Así las cosas, el desacuerdo del accionante con la ponderación realizada
no transforma la decisión en arbitraria pues la jurisprudencia constitucional ha
sido uniforme en señalar que el defecto fáctico no se configura por divergencias
interpretativas, sino por omisiones evidentes, manifiestas y determinantes, las
cuales no se advierten en el caso.
33. Adicionalmente, el Tribunal explicó que los registros existentes desde
2017 constituían antecedentes relevantes para evaluar la confianza y
conveniencia institucional, sin que fuera exigible la existencia de sanción
disciplinaria previa, razonamiento que se enmarca en el margen legítimo de
apreciación del juez natural.
34. En consecuencia, lo planteado por el accionante no supera el umbral
estricto del defecto fáctico, pues la sentencia reprochada valoró el acervo
probatorio de manera expresa y motivada.
35. En ese contexto, se recuerda que el defecto fáctico se configura
únicamente en los eventos en los que se advierta que la valoración de la prueba
fue arbitraria o irracional, y en el caso concreto la argumentación de la
providencia es razonable.
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36. Por tal razón, no es posible considerar que se presentó un defecto
fáctico, sino que la parte accionante se encuentra inconforme con la
interpretación efectuada por la autoridad judicial accionada, situación que, dada
la finalidad prevista para la tutela, sale de la órbita de competencia del juez
constitucional.
37. Al respecto, la Corte Constitucional ha recordado que la autonomía con
que cuenta el juez para valorar la prueba dentro de cierto grado de
discrecionalidad, cuando sus conclusiones están fundadas en una crítica objetiva
fundada en la lógica y en los principios de racionalidad jurídica que deben guiar
los pronunciamientos de la justicia, descarta la posibilidad de calificar su decisión
como violatoria de derechos fundamentales o constitutiva de algún defecto
puesto que se trata, simplemente, de la actividad ejercida de manera razonable
al amparo de los principios constitucionales de autonomía e independencia
judicial23.
3.5. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales
38. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de
exequibilidad respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 1896 24, precisó que de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están
sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma
forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan
clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión».
39. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia
C-590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por
parte del juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de
tutela.
40. Respecto del precedente vertical25, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el
respeto hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en
especial, por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.
41. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que, al mismo tiempo, surge
de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso26.
42. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente
y razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha
seguido en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de
la igualdad y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la
23
Sentencia T-106 de 2000.
24 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
25 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
26 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
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sentencia arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los
justiciables ningún género de discriminación27.
43. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional
por parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de
arbitrariedad por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se
encuentran en idénticas circunstancias frente a la ley.
3.5.1. Análisis de la presunta configuración del desconocimiento de
precedente
44. Esta Subsección advierte que tampoco se configuró el alegado
desconocimiento del precedente, toda vez que la providencia cuestionada no
ignoró la jurisprudencia invocada, sino que aplicó la que consideró adecuada al
caso concreto dentro del marco del retiro discrecional en la Policía Nacional.
45. Ahora bien, debe precisarse que el accionante no identificó una regla
concreta del precedente que haya sido desconocida ni demostró una
contradicción frontal entre la sentencia impugnada y la línea jurisprudencial
unificada. En ese entendido, su reproche se dirigió contra la conclusión
alcanzada y no contra la omisión del estándar aplicable.
46. En consecuencia, lo alegado por el actor carece de asidero, toda vez que
el Tribunal sí aplicó las disposiciones jurisprudenciales, en particular, una
sentencia de unificación28 de esta corporación, que especifica las reglas sobre
motivación objetiva, control judicial y estándar probatorio, por lo que en sentido
estricto no hubo silencio ni omisión al respecto, sino una incorporación
explícita del precedente aplicable al asunto.
47. Así pues, la sentencia de unificación referida estableció que el retiro por
voluntad del Gobierno debe superar un examen de motivación objetiva, ausencia
de desviación de poder y razonabilidad. Precisamente bajo esa estructura, el ad
quem abordó los cargos de falsa motivación, desviación de poder y expedición
irregular, desarrollando un juicio integral de legalidad y no un control meramente
formal.
48. En cuanto al elemento teleológico del acto, como núcleo del precedente,
el Tribunal examinó expresamente la alegada “finalidad retaliatoria” derivada de
la acción de tutela por hacinamiento y concluyó que no se advertía la más mínima
relación entre la presentación de la acción de tutela y la decisión de retirar al
accionante del servicio, pues la coincidencia temporal no constituye prueba
27
Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
28
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de Unificación del 7 de abril de 2022, rad. 52001-23-
31-000-2009-00349-01 (4288-2016), MP Carmelo Perdomo Cueter. - Esta providencia fijó reglas claras sobre el retiro
discrecional de miembros de la Fuerza Pública y estableció que, aunque se trate de una potestad discrecional, no es
arbitraria y debe estar respaldada en razones objetivas, verificables y acordes con los fines del servicio. Precisó además
que el juez contencioso debe ejercer control material sobre el acto, verificando la existencia de motivación suficiente, la
ausencia de desviación de poder y la superación de un juicio de razonabilidad y proporcionalidad. En consecuencia, no
basta la invocación formal de la facultad discrecional; es necesario acreditar sustento fáctico que legitime la decisión
administrativa.
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suficiente de desviación de poder.
49. Adicionalmente, el ad quem indicó que el retiro discrecional no exige
motivación expresa en el acto administrativo, pero sí debe encontrarse
sustentado en razones objetivas verificables en el expediente, y a partir de allí
examinó los registros, llamados de atención y antecedentes funcionales del actor,
lo que a todas luces demuestra que asumió el estándar fijado por la sentencia de
unificación.
50. Aunado a lo anterior, frente a la Sentencia SU-172 de 2015 de la Corte
Constitucional, la autoridad judicial accionada señaló que el control judicial no es
meramente formal, sino material, y que corresponde verificar la existencia de
razones objetivas. Así, concluyó que “en el sub examine se acreditaron
antecedentes suficientes que permiten inferir afectación a la confianza
institucional”, descartando la presunta arbitrariedad alegada.
51. No es cierto, entonces, que se haya desconocido el núcleo del precedente
relativo a la motivación objetiva y proporcionalidad pues la providencia aplicó el
test de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, evaluando la finalidad de
mejoramiento del servicio y la razonabilidad de la medida adoptada.
52. Así las cosas, el desacuerdo del accionante radica en que, a su juicio, las
calificaciones sobresalientes debieron prevalecer sobre los registros negativos.
Sin embargo, el precedente no impone una regla de prevalencia automática de
anotaciones favorables, sino una valoración integral, que fue precisamente lo
realizado por el Tribunal.
53. Por las razones expuestas, no se desconoció el precedente, sino que
se aplicó dentro del marco de discrecionalidad, respetando los principios de
razonabilidad y proporcionalidad, por lo que la inconformidad del actor no
trasciende el plano de la discrepancia argumentativa.
3.6. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
54. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el
campo de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo
en los siguientes términos:
«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente
aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic)
que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite
la aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En
suma, el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de
la normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de
juridicidad y razonabilidad que orientan al sistema jurídico»29.
55. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en
29Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo
Montealegre Lynett.
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los cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de
juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la
autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal
aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su
aplicación indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento del
alcance de las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se
ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta
por el fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a
las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de
una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o
desproporcionada), y, finalmente.
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa
juzgada respectiva”.
Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que
los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e
independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no
es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la
función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden
jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».
«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que
convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma
el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al
apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por
ejemplo (i) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento
jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de
aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto
es inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte
Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa
a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo,
se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador»30.
56. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que
se presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las
normas que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que
contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se
desconoció la normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio
decidendi de una sentencia con efectos erga omnes.
3.8. Análisis del presunto defecto sustantivo en el caso concreto
57. La Sala considera que no se configura el defecto sustantivo alegado, por
30 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
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cuanto la providencia cuestionada no inaplicó el artículo 218 de la Constitución
ni desnaturalizó los fines del servicio allí previstos. Por el contrario, el Tribunal
partió del reconocimiento de que el retiro discrecional debe ejercerse dentro del
marco constitucional y, a partir de ello, examinó si el acto acusado desbordaba
ese límite, concluyendo fundadamente que no.
58. En ese sentido, la sentencia no asumió que la discrecionalidad justificara
automáticamente la decisión administrativa, sino que, por el contrario, verificó
que el acto se encontrara amparado en la competencia legal y orientado a la
finalidad institucional propia de la función policial, descartando así que se tratara
de una determinación arbitraria o carente de sustento jurídico.
59. Ahora bien, el artículo 218 superior define la misión constitucional de la
Policía Nacional; sin embargo, no consagra un derecho subjetivo a la
permanencia indefinida en el cargo ni condiciona el retiro discrecional a la
existencia previa de sanciones disciplinarias o penales. Por ello, no puede
afirmarse que el Tribunal haya desconocido dicha norma por el solo hecho de no
supeditar la validez del retiro a la acreditación de responsabilidad.
60. De igual manera, la ausencia de antecedentes disciplinarios o penales no
transforma el retiro discrecional en una medida inconstitucional. Esta figura no
tiene naturaleza sancionatoria, razón por la cual no exige un juicio de reproche ni
la comprobación de una falta; en consecuencia, el análisis efectuado por la Sala
se mantuvo dentro del marco normativo propio de esta potestad administrativa.
61. En lo que atañe a la proporcionalidad, tampoco se advierte error
normativo. El juicio correspondiente, cuando se analiza el retiro discrecional, se
vincula con la finalidad del servicio y la dirección institucional, y no con la
ponderación de la hoja de vida como si se estuviera frente a una sanción. El ad
quem examinó esa dimensión institucional y no la omitió.
62. Así las cosas, no existe interpretación contraevidente ni exclusión de
mandato constitucional alguno. La providencia aplicó el artículo 218 conforme a
su alcance real y lo integró al análisis de legalidad del acto, sin alterar su
contenido ni vaciarlo de eficacia normativa.
63. En definitiva, lo que plantea el accionante es un desacuerdo con la
conclusión jurídica alcanzada por el juez natural, mas no la aplicación de una
norma inexistente, inaplicable o interpretada en forma caprichosa. Tal
discrepancia no satisface el estándar exigente que estructura el defecto
sustantivo en sede de tutela contra providencias judiciales.
64. En consecuencia, la sentencia impugnada no incurrió en defecto
sustantivo alguno, pues resolvió el debate dentro del marco constitucional
pertinente y descartó, con fundamento jurídico suficiente, que el acto
administrativo vulnerara los fines del servicio previstos en el artículo 218 superior.
65. Finalmente, es necesario recordar que el análisis que le corresponde
realizar al juez constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra
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providencia judicial no es de corrección sino de validez31, motivo por el cual solo
habrá lugar a amparar los derechos fundamentales en los eventos en los que se
advierta que el razonamiento es arbitrario o caprichoso.
66. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte
accionante con la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada para
confirmar la decisión de primera instancia y en consecuencia negar las
pretensiones de la demanda, circunstancia que para la Sala no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales.
67. Por lo tanto, al no hallarse estructurados los defectos invocados, la Sala
procederá a negar las pretensiones del amparo solicitado mediante la acción de
tutela presentada por la parte accionante en contra del Tribunal Administrativo
del Chocó, Sala Primera de Decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor
Steve Alexander Arias Ospina por conducto de apoderado, de acuerdo con los
argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
31
Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo Schlesinger.
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