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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00648-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00648-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 26 de febrero de 2026 de la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado que negó el amparo y, en su lugar, DECLARAR la improcedencia por falta de relevancia constitucional, por las razones indicadas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 24 Respecto de tutelas contra decisiones judiciales contra acto de retiro del servicio activo, resulta pertinente consultar, entre otras, la siguiente decisión del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 8 de febrero de 2024, expediente 11001-03-15-000-2023-06612-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Accionante: Steve Alexander Arias Ospina Accionados: Tribunal Administrativo de Chocó y otro Radicado: 11001-03-15-000-2026-00648-01 TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00648-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00648-01
Accionante: STEVE ALEXANDER ARIAS OSPINA
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CHOCÓ Y OTRO

Temas: Revoca negativa y, en su lugar, declara la improcedencia por
no superar el requisito de procedibilidad por falta de
relevancia constitucional1. Retiro del servicio de oficial de la
Policía Nacional por voluntad del Gobierno Nacional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Esta Sección es competente para asumir el conocimiento de la impugnación presentada
por la parte actora en contra del fallo de 26 de febrero de 2026, proferido por la
Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio del cual negó el
amparo deprecado. Ello, de conformidad con lo dispuesto en los decretos 2591 de 1991
y 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como en
el Acuerdo 080 de 20192 de la Sala Plena de esta corporación.

Por auto del 4 de febrero de 20263, el a quo la admitió, y mediante la providencia del 13
de marzo del presente año4 la concedió.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El señor Steve Alexander Arias Ospina, por medio de apoderado judicial,
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Chocó y el Juzgado
Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Quibdó, con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales «al Debido proceso, acceso a la
Administración de justicia, y desconocimiento de precedentes jurisprudenciales, y los

1
Sobre la falta de relevancia constitucional de tutelas que buscan reabrir el debate resuelto por los jueces
naturales de la causa, resulta pertinente consultar, entre otras, las siguientes decisiones del Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencias del 19 de marzo de 2026, expediente 11001-
03-15-000-2025-06314-01, MP. Pedro Pablo Vangas Gil. Expediente 11001-03-15-000-2026-00508-00, MP.
Gloria María Gómez Montoya. Expediente 11001-03-15-000-2026-00407-00, MP. Omar Joaquín Barreto
Suárez. Expediente 11001-03-15-000-2026-00586-00, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
2
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
3
Índice 4 Samai. En esta providencia, se admitió la demanda contra el Tribunal Administrativo de Chocó y el
Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial del Quibdó. Así mismo, se ordenó la vinculación de la
Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional como terceros interesados en el resultado del proceso.
4
Índice 19 Samai.
1
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Accionante: Steve Alexander Arias Ospina
Accionados: Tribunal Administrativo de Chocó y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00648-01

demás derechos fundamentales que encuentre conculcados el Honorable Juez de
Tutela»5.

2. El accionante le atribuyó la vulneración de sus garantías fundamentales a las
sentencias de 30 de julio de 2025 (segunda), proferida por la autoridad judicial accionada
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el
radicado 27001-33-33-001-2020-00062-01 y la del 21 de marzo de 2023 (primera
instancia). En aquella providencia, el Tribunal Administrativo de Chocó confirmó la
decisión del Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Quibdó que
negó las pretensiones, toda vez que no se demostró la ilegalidad del acto de retiro del
servicio del tutelante como oficial de la Policía Nacional por voluntad del Gobierno
Nacional.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: Que se amparen al Accionante Steve Alexander Arias Ospina, los derechos
fundamentales al Debido proceso, acceso a la Administración de justicia, y
desconocimiento de precedentes jurisprudenciales, y los demás que considere vulnerados
el Honorable Magistrado de Tutela; los cuales les fueron vulnerados al Accionante por los
Despachos Accionados en las providencias judiciales - Sentencia No. 045 de fecha
21/03/2023 y Sentencia de segunda instancia No. 0091 de fecha 30/07/2025, proferida por
la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó en el proceso No.
27001333300120200006200.

SEGUNDO: Que como consecuecia del anterior amparo, se ordene dejar sin efectos la
sentencia de segunda instancia No. 0091 de fecha 30/07/2025, proferida en el proceso
No. 27001333300120200006200, proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Chocó.

TERCERO: Que se ordene a la la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo
del Chocó, que en un término no superior a treinta (30) días dicte una nueva sentencia de
segunda instancia en el proceso No. 27001333300120200006200,en la que se acceda a
las súplicas de la demanda, de acuerdo a lo probado en el proceso, y teniendo en cuenta
los argumentos esbozados en ésta Acción de Tutela, e igualmente los lineamientos que
emita el Honorable Juez de Tutela en la sentencia que la Resuelva. [Énfasis del texto y sic
a toda la transcripción].

1.2. Hechos

4. El tutelante ocupó el grado de Capitán en la Policía Nacional. En 2019, mientras
lideraba la Estación de Policía Cascajal en Buenaventura, se enfrentó a una grave
situación de hacinamiento en el centro de detención temporal «Marte», problema que
empeoró ante la negativa del INPEC para aceptar a las personas capturadas. Ante la
falta de respuesta institucional y buscando proteger los derechos fundamentales de
quienes estaban privados de libertad, el Capitán Arias Ospina interpuso una acción de
tutela que finalmente fue resuelta a su favor.

5. Después fue asignado al Departamento de Policía de Chocó. Durante sus
vacaciones, y sintiendo presión institucional, presentó varias solicitudes de derechos de
petición a diferentes autoridades para pedir garantías y expresar su interés en

5
Sic a toda la transcripción.

2
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permanecer en el servicio. Sin embargo, cuando regresó, recibió la notificación de la
Resolución 5404 del 27 de septiembre de 2019, mediante la cual se dispuso su retiro
del servicio activo, decisión tomada por el Gobierno Nacional.

6. Inconforme con el anterior acto administrativo, mediante apoderado, el señor
Arias Ospina presentó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
cuyas pretensiones fueron negadas, en primera y en segunda instancia, por el Juzgado
Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Quibdó y el Tribunal Administrativo de
Chocó, en sentencias del 21 de marzo de 2023 y el 30 de julio de 2025, respectivamente,
toda vez que no se demostró la ilegalidad del acto de retiro del servicio del tutelante
como oficial de la Policía Nacional por voluntad del Gobierno Nacional.

1.3. Sustento de la vulneración

7. El accionante adujo que las providencias de 30 de julio de 2025, dictada por el
Tribunal Administrativo de Chocó y 21 de marzo de 2023 del Juzgado Cuarto
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Quibdó, afectaron sus derechos
fundamentales «al Debido proceso, acceso a la Administración de justicia, y
desconocimiento de precedentes jurisprudenciales, y los demás derechos
fundamentales que encuentre conculcados el Honorable Juez de Tutela»6.

8. Lo anterior, al sostener que las decisiones judiciales cuestionadas incurrieron en
un defecto fáctico, ya que se apoyaron en anotaciones negativas inexistentes,
excluidas o de poca entidad, y omitieron valorar de forma integral la hoja de vida del
aquel, en la que constan numerosas felicitaciones, calificaciones sobresalientes y
ausencia de sanciones disciplinarias. Esto llevó a una conclusión desproporcionada:
retirar del servicio a un oficial con desempeño calificado como excelente.

9. Finalmente, la tutela se fundamenta en que los jueces desconocieron
precedentes de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado7, que exigen que
los retiros discrecionales de la Policía estén basados en razones objetivas, verificables
y proporcionales, y que el juez haga un control judicial real y efectivo. Al no aplicar estas
reglas obligatorias, las sentencias cuestionadas habrían vulnerado los derechos
fundamentales del accionante.

1.4. Intervenciones

10. El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Quibdó 8
solicitó negar la acción de tutela, ya que los derechos fundamentales no fueron
vulnerados. Las providencias cuestionadas estuvieron motivadas y sustentadas
conforme a la normativa, jurisprudencia y pruebas pertinentes.

11. La Policía Nacional9 solicitó que se negaran las peticiones del accionante,
argumentando que no se había vulnerado ningún derecho ni demostrado un daño
irreparable. Indicó que el retiro del tutelante se realizó conforme a las directrices

6
Sic a la toda la transcripción.
7
Ver folios 15 y 16 de la tutela.
8
Índice 8 Samai.
9
Índice 9 Samai.

3
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establecidas por la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado, aplicando
dicha causal por «mejoramiento del servicio» debido al incumplimiento de sus deberes
policiales.

12. Además, señaló que las felicitaciones o condecoraciones previas no garantizan
estabilidad laboral, ya que la rectitud en el cumplimiento de las funciones es obligación
del uniformado. Por último, sostuvo que la facultad discrecional de retiro está respaldada
por una presunción de legalidad, basada en hechos reales y objetivos, y que no existió
desviación de poder.

13. El Tribunal Administrativo de Chocó no se pronunció, pese a que fue
debidamente notificado.

1.5. Sentencia de primera instancia

14. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en decisión del
26 de febrero de 202610, negó el amparo deprecado11.

15. Para lo anterior, explicó que la acción estaba siendo utilizada como un
mecanismo para reabrir un debate ya resuelto en el proceso judicial ordinario. Además,
manifestó que la tutela contra providencias judiciales es excepcional y no puede
emplearse para controvertir interpretaciones probatorias o jurídicas con las que la parte
simplemente no está de acuerdo.

16. Luego, se descartó la existencia de un defecto fáctico, pues evidenció que el
Tribunal Administrativo del Chocó sí valoró de manera integral la hoja de vida del
tutelante, teniendo en cuenta tanto las calificaciones sobresalientes como los múltiples
registros negativos y llamados de atención previos al retiro. Por ello, el desacuerdo del
señor Arias Ospina con el peso que el juez dio a unas u otras pruebas no constituye una
actuación arbitraria ni una violación del debido proceso.

17. También concluyó que no hubo desconocimiento del precedente judicial, por
cuanto el tribunal aplicó expresamente la jurisprudencia relevante sobre el retiro
discrecional de miembros de la Policía Nacional, en especial las reglas respecto de la
motivación objetiva, razonabilidad y ausencia de desviación de poder, sin que el
accionante demostrara una contradicción directa con una regla jurisprudencial
vinculante, sino que cuestionó la conclusión alcanzada a partir de su aplicación.

18. Finalmente, se negó que se hubiera configurado un defecto sustantivo, pues el
tribunal no aplicó normas inexistentes ni hizo interpretaciones irrazonables o contrarias
a la Constitución, toda vez que se explicó que el retiro discrecional no es una sanción,
no exige la existencia previa de faltas disciplinarias y no otorga un derecho a la
permanencia indefinida en el cargo. En consecuencia, al no acreditarse arbitrariedad ni
vulneración de derechos fundamentales, se concluyó que la tutela no era procedente y

10
Índice 13 Samai.
11
En cuestión previa se precisó lo siguiente: «En consideración a que la providencia del 30 de julio de 2025
que confirmó la sentencia del 21 de marzo de 2023 fue la que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, será la única objeto de estudio en esta sede constitucional en caso de superarse los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales».

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debía negarse.

1.6. Impugnación

19. El apoderado del señor Arias Ospina allegó escrito12, en el que insistió en que el
retiro del accionante como Capitán de la Policía Nacional no cumplió con los requisitos
de razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad exigidos por la Constitución y la
jurisprudencia. Sostuvo que la decisión cuestionada se apoyó en registros negativos que
no fueron confirmados, se impugnaron o incluso excluidos de su hoja de vida, por lo que
no podían servir de fundamento válido para sustentar el retiro, lo que, a su juicio,
configuró una falsa motivación y vulnera el debido proceso y la presunción de inocencia.

20. Además, en la impugnación se señaló que el Tribunal Administrativo del Chocó
no analizó adecuadamente el posible vínculo entre la radicación de una tutela previa por
parte del oficial y su posterior retiro del servicio. Según las pruebas, tras esa acción
constitucional se presentaron el traslado, vacaciones forzadas y, finalmente, el retiro, lo
que sugiere una represalia que no fue debidamente ponderada ni estudiada, afectando
el acceso efectivo a la justicia.

21. Por otro lado, el tutelante aportó memorial13 coadyuvando la impugnación.

II. CONSIDERACIONES

22. La Sala revocará la sentencia de primera instancia proferida el 26 de febrero de
2026 por la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio de la
cual negó el amparo deprecado y, en su lugar, declarará la improcedencia de la acción
de tutela por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional, como pasa a
explicarse.

2.1. Caso concreto

23. El Consejo de Estado14 y la Corte Constitucional15 han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al cumplimiento de
ciertos requisitos generales16 y a la configuración de algún defecto especial17 en el que
puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y
determinar si se configuran los defectos invocados, la Sala determinará si se superan
los presupuestos generales de procedencia.

12
Índice 16 Samai.
13
Índice 17 Samai.
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P.
María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 5 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad.
No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
15
Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023; SU-388 de
2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
16
A saber: (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos vulneradores del
derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma naturaleza, una sentencia de
control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por
inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal Especial
para la Paz.
17
Estos son: (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y (viii)
violación directa de la Constitución.

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24. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto. Cumplidos
esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los
defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

25. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple con
todos los requisitos de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales, como pasa
a explicarse.

26. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en que
quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra, en que el accionado
sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

27. El señor Steve Alexander Arias Ospina está legitimado en la causa por activa,
comoquiera que fue la parte demandante en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió contra la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional, en el que se expidió las sentencias aquí reprochadas. Del mismo
modo, el Tribunal Administrativo de Chocó y el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Quibdó están legitimados en la causa por pasiva, por ser las
autoridades judiciales que adoptaron las decisiones del 30 de julio de 2025 y del 21 de
marzo de 2023, respectivamente, que se cuestionan en esta oportunidad.

28. Asimismo, cabe señalar que, como lo indicó el a quo constitucional18, en esta
instancia se examinarán los defectos alegados respecto de la decisión que concluyó el
proceso, es decir, la sentencia del 30 de julio de 2025 del Tribunal Administrativo de
Chocó.

29. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la Corte
Constitucional19, la acreditación de este requisito implica verificar: i) que el actor cumpla
con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus derechos
fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; ii) que el debate propuesto
no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está dispuesto para resolver las
inconformidades del accionante frente a la decisión judicial; y, iii) que no se trate de
asuntos puramente económicos en los que no se evidencie tensión alguna entre la
providencia reprochada y las garantías constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta
que el presente mecanismo se desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates
jurídicos zanjados por el juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional
se tratase.

30. Con fundamento en lo expuesto, se advierte que la acción de tutela no cumple
con el requisito de relevancia constitucional, puesto que la parte actora presentó
argumentos tendientes a buscar una instancia adicional del proceso y, con ello, reabrir

18
En cuestión previa se precisó lo siguiente: «En consideración a que la providencia del 30 de julio de 2025
que confirmó la sentencia del 21 de marzo de 2023 fue la que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, será la única objeto de estudio en esta sede constitucional en caso de superarse los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales».
19
Sentencia SU-215 de 2022.

6
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el debate normativo y probatorio zanjado por el juez natural de la causa. Además, el
asunto gira en torno a una cuestión meramente legal, relativa a si se ejerció en debida
forma la causal de retiro del servicio como oficial de la Policía Nacional por voluntad del
Gobierno Nacional, establecida en los artículos 55, numeral 6.º y 62 del Decreto 1791 de
2000.

31. En el proceso ordinario, el Tribunal Administrativo del Chocó confirmó la
sentencia del Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Quibdó al
concluir que el acto administrativo que retiró al demandante fue expedido por autoridad
competente y dentro del marco legal. Señaló que el ministro de Defensa actuó en
ejercicio de la facultad discrecional prevista para el retiro de oficiales, con sustento en el
concepto previo y obligatorio de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la
Policía Nacional, conforme a la Ley 857 de 2003 y al Decreto 1791 de 2000.

32. Además, explicó que el retiro por voluntad del Gobierno Nacional no exige la
existencia de una sanción disciplinaria ni la apertura de un procedimiento previo con
contradicción del interesado, pues se trata de una potestad discrecional orientada al
mejoramiento del servicio. Indicó que esta facultad está regulada, entre otras normas,
por los artículos 55 y 62 del Decreto 1791 de 2000, y se presume ejercida por razones
del servicio, salvo prueba en contrario.

33. El tribunal consideró que la recomendación de retiro emitida por la Junta Asesora
estuvo debidamente fundamentada en razones objetivas, derivadas del análisis integral
de la trayectoria institucional del demandante. En particular, se valoraron múltiples
llamados de atención y anotaciones negativas consignadas en los formularios de
seguimiento y evaluación de los años 2017 a 2019, relacionadas con deficiencias
reiteradas en el cumplimiento de órdenes, liderazgo, disciplina y eficiencia en el servicio,
lo cual fue considerado suficiente para sustentar la decisión administrativa, aspectos
que no fueron desvirtuados por la parte actora.

34. Frente a los cargos de falsa motivación, desviación de poder, violación del
derecho de defensa y represalia por la interposición de una acción de tutela, el tribunal
concluyó que no fueron probados. Señaló que no se acreditó relación alguna entre la
acción constitucional presentada y el retiro del servicio, y que los motivos invocados por
la administración correspondían a hechos ciertos y documentados. Para este análisis,
aplicó la doctrina reiterada del Consejo de Estado sobre la carga probatoria en la falsa
motivación20 y la presunción de legalidad de los actos administrativos.

35. Finalmente, el Tribunal Administrativo del Chocó indicó que el fallo de primera
instancia se ajustó a la realidad probatoria y aplicó correctamente las reglas de
unificación jurisprudencial fijadas por la Sección Segunda del Consejo de Estado en
sentencia de unificación del 7 de abril de 202221, relativas al control judicial del retiro

20
Citó apartes de: «Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia
de 21 de junio de 1989, C.P.: Dr. Álvaro Lecompte Luna» y « CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de octubre de 1999, expediente: 3.443, C.P.: Dr. Juan Alberto
Polo Figueroa». [Cursiva son del original].
21
«Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia del 7 de abril de
2022, Radicación Nro. 52001-23-31-000-2009-00349-01 (4288-2016), Consejero Ponente: Carmelo Perdomo

7
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discrecional del personal uniformado.

36. En ese sentido, concluyó que la medida fue proporcional, razonable y orientada
al interés general y al mejoramiento del servicio público de policía, razón por la cual
confirmó la negativa de las pretensiones de la demanda, al considerar, luego del análisis
en conjunto de las pruebas y las normas aplicables, lo siguiente:

62. Por lo anterior, la Sala estima que la Administración colmó el mínimo de motivación
expresa, habida cuenta de que dejó plasmadas las razones objetivas que condujeron a la
adopción de la decisión definitiva de retiro, de las cuales tuvo conocimiento el demandante,
quien además accedió a los oficios que la sustentaron, tanto es así que los anexó a la
demanda. De igual modo, no se demuestra una falsa motivación, entendida esta como
una falsedad de los hechos o su apreciación errónea22, puesto que verificada la historia
laboral y el oficio que sirvieron de fundamento para recomendar el retiro, resultó evidente
que el compromiso del servidor hacia el ejercicio de sus funciones no era constante, pues
en varias ocasiones fue requerido por incumplimiento de órdenes y metas. Lo mismo se
concluye respecto de la desviación de poder23 alegada por el demandante, ya que al
analizar la proporcionalidad de la medida adoptada por la Administración (desvinculación
discrecional), se observa que el fin que se persiguió fue el mejoramiento del servicio
público (interés general), pues, como se explicó, la función especialísima de la fuerza
pública exige que su personal sea riguroso en el ejercicio de sus actividades y no es
recomendable para la imagen institucional conservar oficiales que en el cumplimiento de
sus tareas desatiendan los requerimientos de los superiores.

63. De otro lado, el demandante alega que no se enteró de la actuación administrativa
tendiente a disponer su retiro, sino hasta el día en el que se le notificó el acto administrativo
acusado cuando tuvo conocimiento que la junta asesora del Ministerio de Defensa
Nacional se reunió, y recomendó su desvinculación. Sobre este aspecto, cabe insistir en
que esta clase de retiro del servicio policial, al proceder en ejercicio de una facultad
discrecional, no puede estar precedida de un procedimiento administrativo en el que el
actor pueda intervenir para desvirtuar los argumentos y las pruebas que llevan a esa
decisión, cuanto más si el único requisito exigido por el legislador es que esa
determinación sea basada en la recomendación de la correspondiente junta asesora,
encargada de valorar la trayectoria profesional del uniformado de manera objetiva, para
que se evidencie el mejoramiento del servicio que se persigue.

64. En cuanto a la inconformidad del demandante, frente a la valoración probatoria
efectuada por el a quo, la Sala precisa que, si bien es cierto, la declaración de los señores
Carmen Xiomara Zuñiga, Fresnel Bonilla Gil y Diego Fernando Montoya, da cuenta del
buen desempeño laboral del señor Arias Ospina, también la prueba documental contentiva
de los periodos evaluados y acreditados en el expediente, lo clasificaron en nivel superior,
este, que antecede al nivel máximo (excelencia) y supera a cuatro niveles en ese ámbito,
obtuvo registros positivos; no lo es menos que también fue advertido desde el 2017, de la
necesidad de que implementara estrategias operativas que permitieran reducir la criminalidad
en delitos como el homicidio, así mismo, recibió llamados de atención, tendientes a que
mejorara su comportamiento y actitud la cual se evidenció no era acorde al servicio de

Cuéter, Acción de nulidad y restablecimiento del derecho, Demandante: Luis Alfredo Burgos Pabón,
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional».
22
« BERROCAL GUERRERO, op. cit., p. 550. “Este vicio se presenta cuando la sustentación fáctica del acto
carece de veracidad, es decir, no hay correspondencia entre lo que se afirma en las razones de hecho o de
derecho que se aducen para proferir el acto y la realidad fáctica y/o jurídica, de allí que se dé en las siguientes
situaciones: • Por falsedad en los hechos, esto es, cuando se invocan hechos que nunca ocurrieron, o se
describen de forma distinta a como ocurrieron. • Por apreciación errónea de los hechos, de suerte que los hechos
aducidos efectivamente ocurrieron, pero no tienen los efectos o el alcance que les da el acto administrativo o no
corresponden a los supuestos descritos en las normas que se invocan”.».
23
« BERROCAL GUERRERO, op. cit., pp. 553 a 554. “[…] tiene lugar cuando un acto administrativo […] en
realidad persigue fines distintos a los que ha fijado el ordenamiento jurídico y que se presumen respecto de
dicho acto”, y en actos discrecionales “[…] el fin, y especialmente el fin último de todo acto administrativo, como
es el de interés general o el mejoramiento del servicio, vienen a erigirse en el elemento o factor último para
valorar su legalidad”».

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00648-01

Policía. En 2018, igualmente se le requirió en varias oportunidades, por su falta de
responsabilidad en el cumplimiento de las funciones propias de su cargo, falta de
profesionalismo y respeto con el mando jerárquico, incumplimiento de lo dispuesto en
comunicaciones oficiales, ineficiencia en la atención y despliegue de actividades.
Finalmente, en 2019, el evaluador nuevamente realizó al menos siete (7) recomendaciones
para que procediera a mejorar en aspectos como falta de compromiso, responsabilidad e
indiferencia a las órdenes, incumplimiento de medidas de protección, falta de
responsabilidad, compromiso y supervisión de personal bajo su cargo, falta de control,
supervisión y ejecución de las actividades asignadas propias del cargo, entre otros.

65. Además, revisado el plenario, la Sala no encuentra acreditado que la decisión de
desvincular al Capitán Steve Alexander Arias Ospina haya obedecido a una represalia
institucional por la presentación de la acción de tutela a la que se alude en la demanda. El
hecho de que la decisión de retiro se haya materializado con posterioridad a la
interposición de la referida acción constitucional, no constituye, por sí solo, indicio
suficiente de una desviación del poder. Por el contrario, la actuación de la administración se
encuentra debidamente documentada en antecedentes objetivos, entre ellos, el historial
disciplinario y funcional del actor, en el que se consignan reiteradas observaciones
negativas desde el año 2017, relacionadas con deficiencias en la supervisión del personal
a su cargo, cumplimiento de órdenes legítimas, eficiencia operativa y respeto por la
jerarquía institucional. Tales elementos fueron valorados por la Junta Asesora del Ministerio
de Defensa, que recomendó su retiro por unanimidad, lo cual fue acogido por el Gobierno
Nacional en ejercicio de la facultad discrecional prevista en el ordenamiento jurídico. [Énfasis
del original].

37. Como se observa de la lectura de las anteriores consideraciones, el tribunal
concluyó que no existían pruebas suficientes que demostraran que el acto del retiro del
tutelante como oficial de la Policía Nacional hubiese sido expedido con falsa motivación,
desviación de poder, violación del derecho de defensa o por represalia por la
interposición de una acción de tutela.

38. De lo expuesto anteriormente, esta Sala evidencia que los reproches formulados
por la parte actora, más allá de pretender demostrar los presuntos defectos sustantivo y
fáctico en los que, a su juicio, incurrió el Tribunal Administrativo de Chocó, reflejan una
mera inconformidad con la conclusión a la que llegó el juez ordinario, la cual se
fundamentó en las normas que estimó eran aplicables al caso y las pruebas obrantes
en el proceso.

39. Ahora bien, con respecto al presunto desconocimiento del precedente de unas
decisiones que relacionó a folios 15 y 16 del escrito de tutela, es preciso resaltar que
esta Sala ha considerado que la parte que lo invoca debe cumplir con la carga mínima,
como es la de identificar: i) la decisión que considera desatendida; ii) la ratio aplicable a
la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis
anterior y iii) la incidencia de esta en la providencia final que adopte el fallador de
instancia.

40. Sin embargo, aunque el tutelante identificó unas providencias de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado que alude como desconocidas en la sentencia
objeto de análisis, no esbozó los argumentos que permitan demostrar por qué esas
providencias resultaban aplicables a su situación particular. Entonces, es claro que el
presunto desconocimiento del precedente no cumple con la carga argumentativa exigida
para adelantar su estudio.

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41. En virtud de lo anterior, las razones presentadas por el accionante no
corresponden a una disputa en la que se advierta a priori una verdadera cuestión de
derechos fundamentales. Esto, porque todos sus reparos dan cuenta de una
controversia en la que pretende que se imponga su criterio sobre el del tribunal
accionado acerca de cómo se debe aplicar la causal de retiro por voluntad del Gobierno
Nacional de un oficial de la Policía Nacional24.

42. En efecto, la intención del tutelante es que el juez de tutela lleve a cabo un juicio
de corrección sobre el proceder valorativo del tribunal, lo cual desnaturaliza la finalidad
para la que fue previsto este mecanismo constitucional. Lo anterior, en la medida en la
que en el escrito inicial la parte actora expuso cómo, en su criterio, debió darse solución
al problema jurídico planteado en el proceso ordinario, lo que evidencia que lo buscado
es simplemente manifestar la forma en la que, desde su perspectiva, debieron aplicarse
las normas que utilizó aquel y las pruebas valoradas, para resolver el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho.

43. Se reitera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está vedado
al juez constitucional inmiscuirse en cuestiones de la órbita de los jueces naturales de
la causa. Por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en los argumentos de
raigambre constitucional esgrimidos por los actores dentro del trámite de tutela, toda
vez que, si se analizaran todos los reparos por decisiones judiciales desfavorables, sin
el contraste de un indebido e irracional estudio por parte de la autoridad judicial, se
atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en últimas, se convertiría el
mecanismo constitucional en una tercera instancia.

44. En consecuencia, la Sala revocará la providencia proferida el 26 de febrero de
2026 por la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio de la
cual negó el amparo deprecado y, en su lugar, se declarará la improcedencia por no
haberse superado el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

III. FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 26 de febrero de 2026 de la Subsección A,
Sección Segunda del Consejo de Estado que negó el amparo y, en su lugar,
DECLARAR la improcedencia por falta de relevancia constitucional, por las razones
indicadas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

24
Respecto de tutelas contra decisiones judiciales contra acto de retiro del servicio activo, resulta pertinente
consultar, entre otras, la siguiente decisión del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, sentencia del 8 de febrero de 2024, expediente 11001-03-15-000-2023-06612-01, MP. Luis
Alberto Álvarez Parra.

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TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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