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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00654-00

Fecha
2 de marzo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00654-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

2 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., dos (2) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00654-00 (1030)
Accionantes: Luis Humberto Alvarado Guzmán
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: acción de pérdida de
investidura. Subtema 2: defectos sustantivo, fáctico y violación directa de la
Constitución. Subtema 3: inmediatez y subsidiariedad.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por Luis Humberto Alvarado Guzmán contra el
Consejo de Estado, Sección Primera.

1. Síntesis del caso

El señor Luis Humberto Alvarado Guzmán presentó acción de tutela con la
pretensión de amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a elegir y ser elegido, que
consideró vulnerados con ocasión de la sentencia del 27 de noviembre de 2025,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, dentro del expediente de
pérdida de investidura identificado con el radicado núm. 41001-23-33-000-2024-
00208-02.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1.
A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

1

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00654-00 (1030)
Accionantes: Luis Humberto Alvarado Guzmán
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

2.
El señor Luis Humberto Alvarado Guzmán, el 27 de octubre de 2019, resultó
electo como concejal del municipio de Rivera (Huila), para el periodo constitucional
2020 – 2023.

3.
El señor Alvarado Guzmán tiene vínculo de consanguinidad con la señora Nidia
Guzmán Durán (madre), quien fue nombrada en el cargo de rectora de la
Universidad Surcolombiana mediante Resolución 020 del 4 de octubre de 2018 y se
posesionó en esa misma fecha.

4.
La Universidad Surcolombiana, a través de delegación atribuida a la decanatura
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas suscribió los siguientes
documentos: i) contrato de suministros OC-116 de 2018; ii) contrato de suministros
OC-136 de 2018; iii) contrato de servicios OC-084 de 2018, y iv) contrato de
prestación de servicios profesionales FCSH-050-B2018 de 2018.

5.
El señor Efraín Puentes Fernández presentó demanda de pérdida de investidura
en contra del señor Luis Humberto Alvarado Guzmán, con fundamento en la causal
de inhabilidad prevista en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994,
modificada por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, por tener vínculo en primer
grado de consanguinidad con funcionario dentro de los doce meses anteriores a la
elección.

6.
El Tribunal Administrativo del Huila, mediante auto del 11 de julio de 2024,
rechazó la demanda, al considerar que se presentó por fuera del término de
caducidad previsto en el artículo 6 de la Ley 1881 de 2018. Contra dicha decisión,
la parte demandante presentó recurso de apelación.

7.
El Consejo de Estado, Sección Primera, a través de auto del 26 de septiembre
de 2024, revocó la providencia del Tribunal y le ordenó al a quo pronunciarse
nuevamente sobre la admisión de la demanda, al considerar que la caducidad debía
computarse a partir de la declaratoria de la elección del concejal.

8.
Posteriormente, el Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 19
de diciembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda. El demandante,
inconforme con la decisión, presentó recurso de apelación contra esta.

9.
El Consejo de Estado, Sección Primera, a través de providencia del 17 de
noviembre de 2025, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, decretó
la pérdida de investidura del señor Luis Humberto Alvarado Guzmán, como concejal
del municipio de Rivera (Huila), para el periodo constitucional 2020 – 2023, al
considerar que las pruebas aportadas al expediente demostraban que el
demandado incurrió en la causal prevista en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley
136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 615 de 2000.

2

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Accionantes: Luis Humberto Alvarado Guzmán
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

10.
La parte actora solicitó en el escrito de tutela1 lo siguiente:

PRIMERA: Que se conceda el AMPARO de mis derechos fundamentales a la igualdad,
al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, así como los derechos políticos a elegir
y ser elegido, vulnerados por la autoridad judicial accionada, a través del fallo del 27
de noviembre de 2025, referido en precedencia.

SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior, SE DEJE SIN EFECTOS la
sentencia del 27 de noviembre de 2025, dictada en el proceso con radicado 41001-23-
33-000-2024-00802-02 por la Sección Primera del Consejo de Estado y, en
consecuencia, se le ORDENE al órgano acusado emitir una nueva decisión, en la que,
bajo una adecuado análisis de las normas aplicables al trámite judicial recurrido, y a la
luz de una correcta valoración de las pruebas allegadas al expediente, declare la
caducidad, o niegue las pretensiones de la demanda de pérdida de investidura
formulada en mi contra, actual Alcalde de Rivera, periodo 2024-2027, a la manera como
fue efectuado por el Tribunal Administrativo del Huila, a través de la sentencia del 19
de diciembre de 2024.

ÚNICA SUBSIDIARIA: Que, bajo el AMPARO de mis derechos fundamentales, los
jueces de tutela adopten las medidas adecuadas que garanticen la efectividad de mis
derechos dentro del proceso de pérdida de investidura que se cuestiona 2.

11.
Como fundamento de sus pretensiones, el tutelante expuso que la providencia
cuestionada incurrió en defecto sustantivo porque no efectuó una debida
interpretación y aplicación del artículo 6 de la Ley 1881 de 2018, para determinar la
aplicación de la figura de la caducidad.

12.
En este sentido, explicó que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta
que la demanda fue presentada por fuera de los 5 años contados a partir de la fecha
en la que ocurrió «el hecho generador» de la causal de desinvestidura en la que se
sustentó la demanda, esto es, la circunstancia o el supuesto de hecho que
configuraba la violación del régimen de inhabilidades de los concejales.

13.
Al respecto, afirmó que no era procedente contabilizar la caducidad de la acción
de pérdida de investidura desde el acto que declaró su elección como concejal del
municipio de Rivera, sino desde el momento en que la señora Nidia Guzmán Durán
(madre) suscribió los contratos de noviembre y diciembre de 2018 en su condición
de rectora de la Universidad Surcolombiana.

14.
Adicionalmente, indicó que la providencia cuestionada incurrió en defecto
sustantivo porque se hizo una indebida interpretación y aplicación del numeral 4 del
artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el numeral 4 del artículo 40 de la
Ley 617 de 2000, toda vez que no analizó en contexto la expresión «hayan ejercido»
contenida en la norma referida, para determinar con claridad si se configuraba o no
la condición alegada en la demanda de pérdida de investidura.

1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00654-00, índice 2, certificado núm. 472AB443C80A8954 D76AF3BA776145DF
A1914D2F03233B91 E8E75DB1C3A9E5BF.
2
Se transcribe incluso con errores
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Accionantes: Luis Humberto Alvarado Guzmán
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

15.
Manifestó que no era posible endilgarle la inhabilidad por parentesco de que
trata la norma referida, porque la señora Nidia Guzmán Durán no intervino ni
participó en la celebración del contrato FCSH-050-B-2018 del 15 de noviembre de
2018 suscrito por el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la
Universidad Surcolombiana con la señora Edna Rocío Palomares, en la medida en
que aquel fue delegado por el señor Pedro León Reyes Gaspar, quien fungía como
rector de la institución educativa, para realizar el mencionado acto jurídico.

16.
Agregó que la decisión acusada efectuó una interpretación sesgada del numeral
4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificada por el numeral 4 del artículo 40
de la Ley 617 de 2000, pues concluyó que la señora Guzmán Durán, por su
condición de rectora y autoridad administrativa, tenía la titularidad de la actividad
contractual de la institución y, en consecuencia se configuraba automáticamente la
inhabilidad en el accionante para tener una aspiración electoral, lo cual, en su
criterio, resulta contrario a los postulados establecidos por la Corte Constitucional
en la sentencia SU-207 de 2022, dado que se requiere de prueba sobre el ejercicio
de esta función.

17.
Destacó que la providencia expedida por la Sección Primera del Consejo de
Estado omitió explicar las razones por las cuales la titularidad de la función
contractual asignada a la señora Nidia Guzmán Durán influyó o incidió en el señor
Fabio Alexander Salazar Piñeros, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas, en el proceso de suscripción del contrato de prestación de servicios
FCSH-050-B-2018 del 15 de noviembre de 2018 con Edna Rocío Palomares.

18.
Por otra parte, afirmó que la sentencia objeto de tutela incurrió en una violación
directa de la Constitución porque desconoció los principios de buena fe y confianza
legítima, toda vez que no tuvo en cuenta que para el momento de los hechos en los
que se sustentó la demanda de pérdida de investidura la jurisprudencia del Consejo
de Estado no era uniforme respecto al alcance de la «delegación» como una
situación administrativa que derivara en una causal de violación del régimen de
inhabilidades.

19.
Finalmente, refirió que en la decisión cuestionada se configuró un defecto
fáctico, por cuanto no desarrolló un adecuado análisis de los elementos probatorios
aportados al proceso, con los cuales se demostraba la ausencia de dolo o culpa
grave, como requisito para la imposición de la sanción de pérdida de investidura.

20.
Explicó que en el expediente no existían elementos probatorios suficientes para
inferir que la conducta del demandado era lesiva o contraria al régimen de
inhabilidades.

21.
A su juicio, la autoridad accionada no valoró en debida forma el contrato FCSH-
050-B-2018 del 15 de noviembre de 2018 y la Resolución 226 del 4 de septiembre
de 2018, con los cuales hubiese podido constatar que la señora Nidia Guzmán
Durán no fugió como autoridad administrativa en el desarrollo de ese trámite

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contractual y, por consiguiente, no se configuraba la inhabilidad endilga. De modo
que no era evidente una actuación con dolo o culpa grave en su aspiración electoral.

22.
Agregó que la Sección Primera del Consejo de Estado no tuvo en cuenta que el
14 de febrero de 2019, el acto de elección de Nidia Guzmán Durán, como rectora
de la Universidad Surcolombiana fue suspendido provisionalmente por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, en el proceso de nulidad electoral con radicado
11001-03-28-000-2018-00621-00, por lo que no era posible que la referida señora
hubiese desequilibrado las condiciones democráticas de las elecciones territoriales
del 27 de octubre de 2019, pues su estatus de rectora había sido dejado sin efectos
9 meses antes de las elecciones.

23.
Añadió que tampoco se valoró que la ausencia de sedes de la universidad en el
municipio de Rivera (Huila) impedía que se ejerciera la función de autoridad
administrativa en dicho territorio. Dicha circunstancia fue reconocida, en un asunto
similar, por la Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia del 26 de junio
de 2025, radicado núm. 41001-23-33-000-2023-00426-01.

2.3. Trámite procesal

24.
El despacho ponente, mediante auto del 6 de febrero de 20263, admitió la
demanda, ordenó la notificación a la autoridad accionada, es decir, al Consejo de
Estado, Sección Primera, y puso en conocimiento el escrito de tutela al Tribunal
Administrativo del Huila y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, en su
condición de tercero con interés.

2.4. Intervenciones

25.
El Consejo de Estado, Sección Primera4 solicitó que se declare improcedente
la tutela porque no cumple con los requisitos de subsidiariedad y de relevancia
constitucional. Asimismo, pidió que se nieguen las pretensiones de la tutela, debido
a que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por el actor.

26.
Explicó que: i) la Sección Primera de esta corporación el 27 de noviembre de
2025 profirió fallo de segunda instancia, el cual fue notificado a las partes de forma
electrónica el 12 de diciembre de 2025 y por estado el 16 del mismo mes y año; ii)
el 13 de enero de 2026 la parte accionada presentó solicitud de aclaración y de
adición de la sentencia de 27 de noviembre de 2025; y iii) el 4 de febrero de 2026,
presentó escrito de recusación, el cual se encuentra pendiente de resolver. Así
pues, refirió que el proceso de pérdida de investidura aún se encuentra en trámite,
sin que por el momento exista decisión en firme. En consecuencia, no se atiende el
elemento de subsidiariedad.

3
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00654-00, índice 5, certificado DBB6909121162BFA 07C5ED15A59D9753
F74370BDC4544649 2469E8CCFA7E1D64.
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00654-00 Incide 14, certificado C891256FE412BC41 2B0AE46C04E72F94
1A48EDAA226B7C36 F0AA218C8D6A34F9.
5

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27.
Expresó que la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, por
cuanto el asunto debatido no comprende el alcance, la aplicación y/o el desarrollo
de un derecho fundamental, sino la inconformidad con la decisión adoptada por el
juez natural, quien a través del auto del 26 de septiembre de 2024 y del fallo del 27
de noviembre de 2025 resolvió el debate jurídico procesal planteado por las partes.
De modo, que lo pretendido por el actor es utilizar la acción de tutela como una
tercera instancia.

28.
Por otro lado, indicó que el accionante en la acción de pérdida de investidura no
expuso algunos argumentos que pretende hacer valer en la acción constitucional, y
ante esta circunstancia, la tutela no es procedente porque no se satisface el
requisito de subsidiariedad.

29.
Afirmó que el tutelante no puede suplir su inactividad con la interposición de
esta acción constitucional, toda vez que en el trámite del proceso de pérdida de
investidura contó con las oportunidades y garantías procesales, tanto en la primera
como en la segunda instancia, para exponer sus razones y aportar las pruebas
dirigidas a demostrar la no configuración del elemento subjetivo.

30.
Asimismo, refirió que el actor planteó un defecto sustantivo por indebida
valoración de la caducidad, a partir de una inconformidad contra el fallo de segunda
instancia que puso fin a la controversia, sin tener en cuenta que el asunto fue
decidido en el auto de 26 de septiembre de 2024, por lo que la vulneración alegada
proviene de una providencia que no fue objeto de cuestionamiento en esta tutela.

31.
Resaltó que la Sección Primera de esta corporación, en el auto del 26 de
septiembre de 2024, se pronunció sobre la caducidad del mecanismo judicial de
pérdida de investidura y, en este se expusieron las razones por las cuales se
revocaba la decisión del Tribunal que había ordenado el rechazo de la demanda.
Dicha providencia se ajustó a la normativa y la jurisprudencia aplicable al caso
concreto.

32.
Agregó que la sentencia de 26 de julio de 2018 no constituye un precedente
aplicable, por cuanto en la demanda de pérdida de investidura que dio origen a dicha
sentencia se invocó una causal autónoma y diferente a la del proceso de pérdida de
investidura del actor que se tramitó con el radicado núm. 41001-23-33-000-2024-
00208-02.

33.
De igual manera, expuso que la providencia cuestionada no extendió
indebidamente la causal de inhabilidad por parentesco a situaciones no establecidas
en la norma, puesto que, efectuó una valoración de la causal de inhabilidad prevista
en el artículo 40.4 de la Ley 617 de 2000, a partir del estudio de los elementos
definitorios de la conducta. Además, la interpretación contenida en la sentencia es
razonable, se soportó en la normativa y jurisprudencia aplicable, sin que exista un
razonamiento arbitrario que amerite la intervención del juez constitucional.

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34.
Añadió que la sentencia de 27 de noviembre de 2025 tampoco transgredió la
interpretación de la Corte Constitucional en la sentencia SU 207 de 2022, toda vez
que se aplicó la regla jurídica incorporada en ese fallo, a partir de una valoración
integral de los medios de prueba aportados en el expediente, por lo que no se
configuró un defecto fáctico.

35.
El Tribunal Administrativo del Huila5 remitió, a esta corporación, el expediente
del medio de pérdida de investidura, sin pronunciarse sobre los hechos y
pretensiones del escrito de tutela.

36.
La Registraduría Nacional del Estado Civil6 manifestó que no tiene competencia
para atender las pretensiones del accionante, por cuanto la providencia que motiva
la presente acción de amparo constitucional fue proferida por un despacho judicial
el cual resolvió el asunto, en el marco de su autonomía e independencia judicial,
más allá de que su posición sea compartida o no. En consecuencia, solicitó su
desvinculación, dado que carece de legitimación en la causa por pasiva.

37.
El señor Luis Humberto Alvarado Guzmán7 a través de escrito radicado en esta
corporación el 27 de febrero de 2026 argumentó que la sentencia del 8 de octubre
de 2019, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, con el radicado núm.
11001-03-15-000-2018-02417-01, puede considerarse como una sentencia de
unificación conforme el artículo 270 del CPACA. De modo que era de obligatoria
aplicación.

38.
Mencionó que la sentencia cuestionada debió aplicar en su favor los principios
de confianza legítima y buena fe, bajo el entendido que, para el momento de los
hechos no existía en la jurisprudencia del Consejo de Estado uniformidad respecto
al alcance de la delegación en el marco de estudio de la causal de pérdida de
investidura consistente en la violación del régimen de inhabilidades. Afirmó que las
divergencias entre la Sección Quinta y la Sala Plena en el caso «Mockus dan cuenta
de ello».

3. Consideraciones

3.1. Competencia

39.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por Luis Humberto Alvarado Guzmán en
contra del Consejo de Estado, Sección Primera.

5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00654-00 Incide 11, certificado B5CE1C22CAAC8246 47849F668C8564B6
0407C4AE98D1213B D27C6F7DC222FA86.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00654-00 Incide 13, certificado 7A822DC228AF8223 C8D4177ECF0ECD94
9065284A97C47F48 0CC4CE8E899A7CEE
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00654-00 Incide 20, certificado A87A12F2325D6583 0CE94406F4816BAA
2E092FB33066E1A3 8DA2EA2289165618.
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3.2. Legitimación en la causa

40.
La legitimación en la causa por activa del señor Luis Humberto Alvarado
Guzmán está acreditada porque fue el sujeto demandado en el proceso de pérdida
de investidura en el que fue expedida la providencia que, a su juicio, desconoció sus
derechos fundamentales.

41.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo de
Estado, Sección Primera, debido a que fue la autoridad que profirió la providencia,
objeto de tutela.

42.
Por otro lado, se advierte que la Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó
su desvinculación, al considerar que no estaba llamada a responder por la
vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.

43.
Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de tercero, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, dada su
participación en el proceso electoral en el que resultó electo el accionante. Por los
motivos expuestos, se negará su solicitud.

3.3. Cuestión preliminar

44.
La parte accionante, en el escrito de tutela, solicitó que se suspendan los
efectos de la sentencia del 27 de noviembre de 2025, hasta tanto se resuelva la
presente acción de tutela, con el fin de evitar las consecuencias a sus derechos
políticos, lo cual se traduce en la separación de su cargo actual (alcalde), y una
afectación al desarrollo administrativo de la entidad territorial, que actualmente
lidera.

45.
Para justificar su solicitud, expuso lo siguiente:

[…] La acción de tutela incoada dispone de una importante vocación de prosperidad,
pues se demuestra consecuentemente la vulneración de los derechos fundamentales
de este tutelante producto de acciones arbitrarias, materializadas en (I) la indebida
interpretación de la caducidad de la pérdida de investidura; (II) la interpretación
extensiva del artículo 40.4 de la Ley 617 de 2000, y en contravía de los parámetros de
hermenéutica de esa inhabilidad establecidos en la sentencia SU-207 de 2022; (III) la
vulneración de la confianza legítima al haber impuesto, con la sentencia del 27 de
noviembre de 2025 una interpretación sobre la delegación en el marco de las
inhabilidades que, para el momento de los hechos, no estaba vigente; y, finalmente,
(IV) la indebida interpretación de medios probatorios como el acto de delegación
contenido en la Resolución 226 del 4 de octubre de 2024, que hacía desaparecer
cualquier tipo de dolo o culpa grave en mi conducta.

En ese sentido, la demanda de tutela cumple con la apariencia de buen derecho al
plantear cargos que demuestran, bajo la objetividad del estudio, que la Sección Primera
a la hora de imponer la sanción de pérdida de investidura incurrió en crasos errores
que deben motivar la adopción de una decisión transitoria –mientras se adelante el
proceso–; con el agravante de que, de no llegar a dictarse la medida provisional de
suspensión que se solicita, se podría llegar a afectar un mandato popular vigente, pues
la decisión de pérdida de investidura perjudica a un elegido popular, el Alcalde de
Rivera, electo para el periodo constitucional 2024-2027, en desmedro, no solo de sus
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derechos individuales, sino también de los derechos a elegir que recaen en cada uno
de sus electores.

46.
El tutelante a través de escritos del 10 y 18 de febrero de 2026 insistió en la
medida provisional, con el argumento de que el autor admisorio de la tutela no se
emitió pronunciamiento al respecto.

47.
Con el fin de atender el requerimiento del accionante, se advierte que los
argumentos expuestos por la parte actora en el acápite de la medida provisional
están directamente relacionados con las razones en las que sustenta los defectos
alegados y sus inconformidades en contra de la sentencia del 27 de noviembre de
2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.

48.
Si bien, el actor indicó que la referida decisión judicial efectuó una indebida
interpretación de las normas que regulan la caducidad de la acción de pérdida de
investidura, del régimen de inhabilidades (artículo 40 numeral 4 de la Ley 617 de
2000), del principio de confianza legítima y de algunos elementos probatorios para
justificar la existencia de un perjuicio irremediable derivado de la posible pérdida de
sus derechos políticos, lo cierto es que dichos argumentos conciernen a la discusión
central de la tutela.

49.
Además, en la etapa inicial de este trámite constitucional, no se contaba con
elementos de juicio para verificar la magnitud y los efectos concretos de la decisión,
que permitieran identificar con claridad si la actuación desplegada por la autoridad
judicial accionada se apartó de parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, que
hubiese podido vulnerar de manera arbitraria los derechos del tutelante, lo cual
resulta relevante, si se tiene en cuenta que la decisión cuestionada no había
adquirido ejecutoria para ese momento. Razón por la cual no era dable concluir que
el planeamiento del actor tenía la condición suficiente que permitieran acceder a su
requerimiento.

50.
Así las cosas, no era posible inferir con total claridad la necesidad de una
actuación inmediata del juez constitucional, sin garantizar previamente los derechos
de defensa y contradicción de la parte contraria y conocer el informe que presenten
respecto de los hechos y argumentos de la tutela.

51.
Es pertinente recordar que la acción de tutela es un mecanismo preferente y
sumario que se desarrolla con arreglo de los principios de economía, celeridad y
eficacia, por lo que le corresponde a la Sala emitir fallo, en el asunto bajo estudio,
con el fin de resolver de manera definitiva la solicitud de amparo y determinar la
procedencia de los argumentos expuestos por el accionante en el escrito inicial.

9

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3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

52.
La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado8 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional9.

53.
En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

54.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales10 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

55.
De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución11.

3.5. Problema jurídico

56.
Corresponde a la Sala decidir si ¿el Consejo de Estado, Sección Primera
vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a elegir y ser elegido del accionante, al proferir la
sentencia del 27 de noviembre de 2025, dentro del proceso de pérdida de

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
9
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
10
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
11
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
10

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investidura con radicado núm. 41001-23-33-000-2024-00208-02? En concreto,
deberá determinar si la solicitud de amparo superó los requisitos generales de
inmediatez y de subsidiariedad.

57.
En caso afirmativo, se continuará con el estudio de los demás requisitos de
procedibilidad y, si a ello hay lugar, se emitirá una decisión de fondo.

3.6. Caso concreto

3.6.1 El requisito de la inmediatez

58.
La Sala considera pertinente precisar que, si bien, el artículo 86 de la carta
política establece que la acción de tutela se puede presentar en cualquier momento
y lugar, pues su finalidad es la protección inmediata de los derechos fundamentales,
también es cierto que se debe ejercer dentro de un plazo razonable, según las
condiciones de tiempo, modo y lugar del caso concreto, para asegurar la protección
oportuna del derecho vulnerado. De lo contrario, la urgencia y la necesidad de
intervención del juez de tutela quedarían desvirtuadas.

59.
Así pues, cuando la solicitud de amparo se presenta en contra de una
providencia judicial, el requisito de inmediatez también se traduce en una garantía
de seguridad jurídica y de los intereses de terceros, pues la sentencia que se
cuestione previamente ha definido un litigio y una situación jurídica en particular.

60.
En el caso bajo estudio el señor Luis Humberto Alvarado Guzmán pretende que
se deje sin efectos la sentencia del 27 de noviembre de 2025, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Primera, dentro del proceso de pérdida de investidura
con radicado 41001-23-33-000-2024-00208-02 porque, en su criterio, no efectuó
una interpretación y aplicación del artículo 6 de la Ley 1881 de 2018, para
determinar la aplicación de la figura de la caducidad.

61.
Pues bien, al examinar el referido expediente en el Sistema de Gestión Judicial,
Samai, se observa que la providencia que resolvió de manera definitiva la
procedencia de la caducidad en el proceso de pérdida de investidura fue el auto del
26 de septiembre de 2024, proferido por la Sección Primera de esta corporación en
el asunto con radicado núm. 41001-23-33-000-2024-00208-01.

62.
Dicha decisión se notificó a las partes, el 15 de octubre de 202412. No obstante,
el escrito de tutela fue presentado por la accionante hasta el 2 de febrero de 202613,
es decir, transcurrido más de 1 año, de manera que superó el plazo razonable para
acudir ante el juez constitucional.

63.
Es pertinente advertir que, en lo que respecta a la acción de tutela en contra de
providencias judiciales, el análisis del requisito de la inmediatez debe ser estricto,
con el fin de no desconocer los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, pues

12
Samai, exp. 41001 23 33 000 2024 00208 01, índice 7
13
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00654-00, índice 1.
11

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las decisiones judiciales no pueden mantenerse en la incertidumbre
indefinidamente, por lo que resulta necesario establecer un plazo razonable para su
interposición. En este sentido, la jurisprudencia es diáfana al determinar que la
eventual afectación que surge de una providencia ocurre cuando la parte tiene
conocimiento de esta, lo que resulta identificable desde el trámite en que se
perfecciona su notificación y ejecutoria.

64.
Aunado a lo expuesto, la Sala pone de presente que la parte actora, en el escrito
de tutela, no manifestó ningún motivo que permitiera inferir la existencia de algún
hecho concreto que le haya impedido ejercer oportunamente este medio de defensa
judicial en contra del auto del 26 de septiembre de 2024, y que se convierta en
desproporcionada la exigencia del agotamiento de este requisito de procedencia de
la acción constitucional. En tal sentido, no se encuentra justificada la interposición
tardía de la solicitud de amparo constitucional.

65.
Así las cosas, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda
cuestionar la sentencia del 27 de noviembre de 2025 con un fundamento en un
argumento que fue debatido y definido en una providencia proferida en una etapa
procesal previa y, respecto de la cual el actor no acudió oportunamente a la acción
de tutela.

3.6.2 El requisito de subsidiariedad

66.
Por otra parte, el señor Luis Humberto Alvarado Guzmán adujó que la sentencia
del 27 de noviembre de 2025 incurrió en defecto sustantivo porque no efectuó una
adecuada interpretación y aplicación del numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de
1994, modificada por el numeral 4 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, toda vez
que no analizó el alcance la expresión «hayan ejercido» contenida en la norma
referida, para determinar con claridad si se configuraba o no la inhabilidad atribuida
en la demanda de pérdida de investidura.

67.
Asimismo, afirmó que la providencia cuestionada vulneró de forma directa la
Constitución, por cuanto desconoció los principios de buena fe y confianza legítima,
en la medida en que no tuvo en cuenta que para el momento de los hechos en los
que se presentó la demanda de pérdida de investidura la jurisprudencia del Consejo
de Estado no era uniforme respecto a la figura de la delegación, en la configuración
de la causal de violación del régimen de inhabilidades.

68.
Adicionalmente, indicó que la sentencia objeto de tutela incurrió en defecto
fáctico porque realizó una debida valoración de los elementos probatorios aportados
al proceso, con los cuales se demostraba la ausencia de dolo o culpa grave, como
requisito para la imposición de la sanción de pérdida de investidura.

69.
Destacó que la autoridad accionada no examinó adecuadamente el contrato
FCSH-050-B-2018 del 15 de noviembre de 2018 y la Resolución 226 del 4 de
septiembre de 2018, así como, la decisión judicial que suspendió los efectos de acto

12

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de elección de la señora Nidia Guzmán Durán, como rectora de la Universidad
Surcolombiana.

70.
En ese contexto, es preciso tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad
presupone, en los términos del artículo 86 constitucional y 6 del Decreto 2591 de
199114, que el juez constitucional, por un lado, verifique que el accionante no cuente
con otros mecanismos judiciales de protección de sus derechos fundamentales; y,
por otro lado, que valore si estos resultan idóneos y eficaces para garantizar de
forma oportuna el amparo solicitado, de acuerdo con las particularidades de cada
caso15.

71.
Así pues, en el evento de que existan otros medios de defensa judicial, pero
que estos no sean idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo transitorio
de protección de derechos fundamentales, así como, en los eventos en que se
configura un perjuicio irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y sus
medidas de protección impostergables16.

72.
Cuando se trata de una tutela interpuesta en contra de providencia judicial, la
Corte Constitucional ha indicado que los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios constituyen vías legítimas de defensa y reconocimiento de los
derechos fundamentales17. De manera específica, el alto tribunal expresó lo
siguiente:

La acción de tutela no fue diseñada para desplazar a los jueces del ejercicio de sus
competencias naturales, motivo por el cual, en principio, no es procedente acudir ante
un juez para impugnar las decisiones judiciales si previamente no se han empleado los
medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. El agotamiento de estas
herramientas constituye, entonces, un requisito indispensable para que el juez de tutela
pueda entrar a estudiar la vulneración invocada por el accionante.

73.
En el presente asunto, al examinar las actuaciones surtidas en el trámite del
proceso de pérdida de investidura, se observa lo siguiente:

74.
El señor Luis Humberto Alvarado Guzmán, el 13 de enero de 202618, radicó
solicitudes de aclaración y adición de la sentencia del 27 de noviembre de 2025, en
cuyo contenido puso de presente algunas inquietudes relacionadas con: i) la
interpretación y aplicación del artículo del numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de
1994, modificada por el numeral 4 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, ii) el alcance
y significación de la figura de la delegación administrativa, y iii) la valoración
probatoria del contrato FCSH-050-B-2018 del 15 de noviembre de 2018 y la
Resolución 226 del 4 de septiembre de 2018.

14
ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA
«La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
[…]».
15
Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.
16
Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
17
Corte Constitucional, sentencia T-373 de 2021.
18
Samai, exp. 41001 23 33 000 2024 00208 02, índice 39.
13

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75.
También se destaca, que el abogado del señor Alvarado Guzmán, mediante
escrito del 4 de febrero de 202619, presentó recusación en contra de dos de los
magistrados de la Sala de decisión de la Sección Primera del Consejo de Estado
que participaron en la discusión y expedición de la sentencia del 27 de noviembre
de 2025.

76.
Ante tal situación, el despacho ponente de la Sección Primera del Consejo de
Estado, por auto del 13 de febrero de 202620 le ordenó a la Secretaría de la sección
adelantar el procedimiento para el sorteo de conjueces, que permitiera dirimir la
recusación promovida por el demandado. Dicha diligencia se realizó el 16 de febrero
de 202621.

77.
Bajo este contexto se advierte que, para el momento en el que el señor Luis
Humberto Alvarado Guzmán radicó la solicitud de amparo, el 2 de febrero de 2026,
se encontraban en trámite las solicitudes de aclaración y adición de la sentencia del
27 de noviembre de 2025 y el escrito de recusación que radicó respecto de dos de
los integrantes de la Sección Primera del Consejo de Estado, los cuales actualmente
pendientes de resolución.

78.
En este sentido, es posible inferir que la providencia objeto de tutela no se
encuentra en firme y ejecutoriada, pues de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 302 del Código General del Proceso22, «[…] cuando se pida aclaración o
complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta
la solicitud».

79.
Así pues, según el aplicativo Samai, el proceso de pérdida de investidura aún
se encuentra vigente, puesto que no se ha resuelto la recusación interpuesta por la
parte demanda, cuyo objeto no es otro que cuestionar la validez de la providencia
del 27 de noviembre de 2025 y, en consecuencia, la autoridad judicial accionada
tampoco se ha pronunciado de fondo sobre la procedencia de las solicitudes de
aclaración y adición presentadas por, el hoy tutelante.

80.
Tales circunstancias impiden al juez de tutela pronunciarse sobre las razones
planteadas en la solicitud de amparo, pues resulta evidente que en la actualidad el
proceso de pérdida de investidura se encuentra en trámite, dado que existen
requerimientos sin definirse y, por el momento, no es posible identificar una decisión
judicial en firme y ejecutoriada, con la cual se pueda advertir una eventual
vulneración de los derechos fundamentales invocados por el accionante.

19 Samai, exp. 41001 23 33 000 2024 00208 02, índice 49.
20 Samai, exp. 41001 23 33 000 2024 00208 02, índice 57.
21
Samai, exp. 41001 23 33 000 2024 00208 02, índice 59.
22
Artículo 302. Ejecutoria. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas,
cuando no sean impugnadas o no admitan recursos.
No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una
vez resuelta la solicitud.
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas,
cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren
procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos.
14

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Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

81.
La Sala debe recordar que la acción de tutela no es un instrumento alternativo
o paralelo en la resolución de conflictos, por lo que no le es dable al juez de tutela
intervenir en asuntos que le corresponde dirimir a los jueces naturales, máxime
cuando los procesos se encuentran activos, debido a que el litigio no ha terminado
formalmente.

82.
Al respecto, la jurisprudencia constitucional23 ha referido lo siguiente:

«Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer
espacio de protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente
en lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en este sentido la
sentencia C-543/92 puntualiza que: ‘tratándose de instrumentos dirigidos a la
preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como
lo acreditan sus remotos orígenes’. Por tanto, no es admisible que el afectado alegue
la vulneración o amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el
amparo de sus derechos dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento
jurídico le ha dotado de todas las herramientas necesarias para corregir durante su
trámite las irregularidades procesales que puedan afectarle».

83.
Adicionalmente, esta corporación ha sostenido que el requisito de
subsidiariedad no se cumple cuando se encuentra en trámite el proceso en el que
se profirió la decisión objeto de tutela. Sobre el particular expuso lo siguiente

[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando el proceso se encuentra en
curso, la acción de tutela no es procedente para cuestionar cualquier decisión adversa
a las partes, aún luego de agotados los recursos que contra ellas proceden dentro del
proceso, si el desarrollo del medio de control no ha finalizado y, por tanto, no se puede
tener certeza de la trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en la decisión
que pone fin al proceso. Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la
acción de tutela como una tercera instancia ante decisiones que no convienen a las
partes en el trámite de los procesos, cuyos efectos en la decisión definitiva son
inciertos, y que, además, no generan ningún perjuicio ius fundamental irremediable.
[…]24.

84.
En efecto, el proceso de pérdida de investidura, en la actualidad se constituye
en escenario para gestionar el debate de los argumentos que, hoy se plantean a
través de este mecanismo constitucional, pues las distintas etapas procesales que
conforman el medio judicial son espacios adecuados para resolver lo solicitado por
el actor vía tutela, en la medida en que lo pretendido se dirige a cuestionar la validez
y eficacia de la decisión judicial cuestionada.

85.
De esta manera, la Sala considera que no resulta procedente analizar las
razones planteadas por la parte actora en su escrito de tutela, toda vez que estas
deben ser estudiadas por el juez natural en el escenario judicial previsto por el
legislador y no dentro de esta acción constitucional.

86.
Ahora bien, el tutelante, en el escrito de tutela, manifestó que la acción es
procedente para evitar un perjuicio irremediable porque la ejecución de la sentencia

23
Corte Constitucional, sentencia T- 211 de 2009, cuyo criterio fue reiterado en las sentencias T-396 de 2014 y T-401 de
2019.
24
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2017, radicación núm. 11001-03-15-000-2017-
03006-00. Al respecto también se puede ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de enero
de 2025-, radicado núm. 11001-03-15-000-2024-04863-01.
15

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del 27 de noviembre de 2025 tiene consecuencias graves en sus derechos políticos,
toda vez que implica su retiro del cargo de elección popular para el cual fue elegido
en el mes de octubre de 2023 (alcalde del municipio de Rivera, Huila) y termina
afectando el desarrollo y funcionamiento de la entidad territorial.

87.
Al respecto, se debe resaltar que la ley procesal exige una serie de condiciones
que contribuyen a dotar de certeza las decisiones de los jueces para que puedan
ser eficaces, vinculantes y obligatorias. De manera que cuando tales presupuestos
no se han cumplido a cabalidad, no es posible advertir que una providencia judicial
resolvió de manera definitiva un litigio y, por consiguiente, tiene la condición
imperativa para las partes.

88.
Conforme lo anterior, la Sala se aparta del argumento planteado por la parte
actora, pues como se dijo en líneas anteriores, la providencia judicial cuestionada
en esta acción constitucional aún se encuentra surtiendo unos trámites procesales
que no permiten tener certeza de la decisión cuestionada, por lo que no se puede
inferir que la decisión objeto de tutela tenga la condición para afectar flagrantemente
los derechos del actor. En consecuencia, no se observa una circunstancia concreta
que permita superar el requisito de subsidiariedad y le exija al juez de tutela efectuar
un estudio de fondo del asunto, como lo pretende el accionante.

89.
Así las cosas, la Sala concluye que la acción objeto de estudio es improcedente,
en el entendido que el agotamiento efectivo de los mecanismos procesales de
defensa judicial no sólo es un acto de diligencia exigible a los ciudadanos frente a
sus propios asuntos procesales, sino un requisito necesario para la procedencia de
la acción de tutela como mecanismo de defensa.

4. Conclusión

90.
La Sala concluye que la solicitud de tutela no cumple con los requisitos de
inmediatez y subsidiariedad. En consecuencia, se declarará improcedente el
amparo solicitado por el señor Luis Humberto Alvarado Guzmán, por los motivos
expuestos en esta providencia.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla

Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia.

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Accionantes: Luis Humberto Alvarado Guzmán
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

Segundo: Declarar improcedente el amparo de tutela solicitado por el señor Luis
Humberto Alvarado Guzmán en contra del Consejo de Estado, Sección Primera, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

17

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