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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00654-01

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00654-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1. CONFIRMAR la sentencia impugnada, proferida el 2 de marzo de 2026 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00654-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-00654-01
Demandante LUIS HUMBERTO ALVARADO GUZMÁN
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA
Temas Acción de tutela. Tutela contra providencia judicial. Defectos
sustantivo, por violación de la Constitución Política y fáctico. Pérdida
de investidura de concejal del municipio de Rivera, Huila. Requisitos
de procedencia de tutela contra providencia judicial: la subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Luis Humberto Alvarado Guzmán
contra el fallo del 2 de marzo de 2026, proferido por la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado, que dispuso:
«SEGUNDO: Declarar improcedente el amparo de tutela solicitado por el señor Luis Humberto Alvarado
Guzmán en contra del Consejo de Estado, Sección Primera, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 30 de enero de 20261, el señor Luis Humberto Alvarado Guzmán presentó acción
de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Primera al considerar que se
vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la tutela
judicial efectiva y a los derechos políticos de elegir y ser elegido, con ocasión de la
sentencia del 27 de noviembre de 2025 proferida en la segunda instancia del medio
de control de pérdida de investidura con radicado 41001-23-33-000-2024-00208-00/02.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA: Que se conceda el AMPARO de mis derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso, a la tutela judicial efectiva, así como los derechos políticos a elegir y ser
elegido, vulnerados por la autoridad judicial accionada, a través del fallo del 27 de noviembre
de 2025, referido en precedencia.
SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior, SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia del
27 de noviembre de 2025, dictada en el proceso con radicado 41001-23-33-000-2024-00208-
02 por la Sección Primera del Consejo de Estado y, en consecuencia, se le ORDENE al órgano
acusado emitir una nueva decisión, en la que, bajo un adecuado análisis de las normas
aplicables al trámite judicial recurrido, y a la luz de una correcta valoración de las pruebas
allegadas al expediente, declare la caducidad, o niegue las pretensiones de la demanda de
pérdida de investidura formulada en mi contra, actual Alcalde de Rivera, periodo 2024-2027,
a la manera como fue efectuado por el Tribunal Administrativo del Huila, a través de la
sentencia del 19 de diciembre de 2024.
ÚNICA SUBSIDIARIA: Que bajo el AMPARO de mis derechos fundamentales, los jueces de
tutela adopten las medidas adecuadas que garanticen la efectividad de mis derechos dentro
del proceso de pérdida de investidura que se cuestiona».

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Escrito de tutela radicado a través de la Secretaria On Line del aplicativo SAMAI.

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Demandante: Luis Humberto Alvarado Guzmán

2. Hechos

Del escrito de tutela, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El 27 de octubre de 2019, el señor Luis Humberto Alvarado Guzmán fue
elegido como concejal del municipio de Rivera, Huila para el periodo
constitucional 2020 - 2023.
2.2. La señora Nidia Guzmán Durán, madre del accionante, fue nombrada en el
cargo de rectora de la Universidad Surcolombiana desde el 4 de octubre de
2018 hasta el 19 de febrero de 2019, cuando fue retirada temporalmente de
su cargo.
2.3. El señor Efraín Puentes Fernández en ejercicio del medio de control
contemplado en el artículo 143 de la Ley 1437 de 2011 presentó demanda
contra Luis Humberto Alvarado Guzmán para que se decretara la pérdida de
su investidura, por haber incurrido en la causal de inhabilidad prevista en el
numeral 4° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40
de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000, que le impedía inscribirse como
candidato y ser elegido concejal del municipio de Rivera, Huila ya que su
madre (con quien tiene primer grado de consanguinidad), ejerció autoridad
administrativa como rectora de la Universidad Surcolombiana dentro de los 12
meses anteriores a su elección.
2.4. En primera instancia, la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Huila
(expediente 41001-23-33-000-2024-00208-00) mediante sentencia del 19 de
diciembre de 2024 negó la pretensión de pérdida de investidura en contra del
hoy exconcejal del municipio de Rivera, Huila, señor Luis Humberto Alvarado
Guzmán, por el periodo constitucional 2020 - 2023.
Luego de hacer un análisis de los elementos que deben estar presentes para
que se configure la inhabilidad, encontró que si bien la parte demandante
consideró que el demandado aspiró al concejo del municipio de Rivera y fue
elegido para el periodo 2020 – 2023, además se acreditó la suscripción de un
contrato interadministrativo entre la Universidad Surcolombiana y el
departamento del Huila (que a su vez derivó en otros contratos), lo cierto era que
la señora Nidia Guzmán Durán, madre del entonces concejal, no era la rectora
para ese momento y los demás contratos fueron suscritos por un funcionario
en delegación, lo que impedía hablar de una inhabilidad.
Precisó que para hablar de inhabilidad debía verificarse la fecha de suscripción
del contrato y no su ejecución, además, que con el municipio de Rivera, Huila
no hubo contratación directa que permitiera la inversión de dineros públicos de
la universidad ya que estos salieron fue del departamento del Huila en
ejecución del citado contrato interadministrativo.
Consideró que los contratos fueron suscritos haciendo uso de la figura de la
delegación que no puede llevar a entender que existiera identidad entre el
delegante y el delegatario y precisó que si no existía una norma expresa en
relación con los aspectos frente a los que respondía el delegante no podía
acudirse a la analogía.
En ese sentido, sostuvo el Tribunal que no evidenciaba injerencia alguna por
parte de la señora Nidia Guzmán Durán en su calidad de rectora de la
Universidad Surcolombiana con la comunidad del municipio de Rivera, Huila
por el periodo comprendido entre el 4 de octubre de 2018 al 19 de febrero de
2019 y que, pese a que ejerciera autoridad administrativa no se advertía que
hubiera hecho uso de la misma ni que estuviera comprobada la parte subjetiva

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del comportamiento de su hijo frente a esa situación al haber aspirado al
Concejo del municipio de Rivera, Huila y ser elegido.
Adicionalmente puso de presente que la elección de la señora Nidia Guzmán
Durán como rectora de la mencionada universidad fue objeto de un proceso
de nulidad electoral seguido en su contra por lo que fue separada de su cargo
de manera provisional el 19 de febrero de 2019, se anuló su elección con
sentencia del 10 de octubre de 2019 y posteriormente se ordenó su reintegro
al cargo el 29 de noviembre de 2021 de manera que ser elegido su hijo en las
contiendas electorales realizadas el 27 de octubre de 2019, «ni para la fecha de
su inscripción y menos para la elección del señor Luis Humberto Alvarado Guzmán, su
señora madre ejercía como Rectora de la Universidad Surcolombiana, lo que rompe
cualquier comportamiento doloso y menos culposo de haber aspirado al cargo, pues
amparado en esta situación resultaba de fácil convencimiento que se actuaba amparado
en la no configuración de inhabilidad alguna para dicha aspiración».

2.5. La anterior decisión fue apelada por la parte demandante.

La Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia del 27 de noviembre
de 2025 (notificada por correo electrónico a las partes el 12 de diciembre de 2025)
revocó la decisión del tribunal y, en su lugar, decretó la pérdida de investidura
del señor Luis Humberto Alvarado Guzmán como concejal del municipio de
Rivera, Huila por el periodo constitucional 2020 - 2023.
De acuerdo con el análisis de la instancia de cierre, la madre del accionante
quien fue elegido concejal por el periodo constitucional 2020 - 2023, sí ostentó
como rectora de la Universidad Surcolombiana la calidad de autoridad
administrativa, lo que implicaba que el señor Alvarado Guzmán estaba incurso
en la causal de inhabilidad prevista en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley
136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.
A esta conclusión llegó luego de analizar la actividad contractual que tuvo la
Universidad Surcolombiana, en la que el deber de control y vigilancia estaba
en cabeza de la rectora en su calidad de autoridad administrativa y en ejercicio
de la facultad sancionatoria disciplinaria, poderes con los que contaba
conforme con la ley y el reglamento de la institución educativa.
Por tal razón, a juicio de la Sección Primera de esta Corporación, la señora
Nidia Guzmán Durán siempre conservó la facultad para celebrar contratos y la
potestad sancionatoria frente al señor Fabio Alexander Salazar Piñeros, quien
en calidad de decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y en
representación de la Universidad Surcolombiana, conforme a la delegación
efectuada mediante la resolución 226 de 4 de septiembre de 2018, suscribió
los respectivos contratos, dentro de los que se destaca un contrato de
prestación de servicios profesionales que tuvo incidencia en el mismo
municipio donde resultó elegido el concejal accionado.
Verificadas las fechas en las que la señora Guzmán Durán estuvo ejerciendo
como rectora del ente universitario y el lapso de los 12 meses anteriores a la
elección del señor Alvarado Guzmán, encontró a quem que coincidieron en
unos lapsos y advirtió que hubo una incidencia en el municipio de Rivera, Huila
frente al actuar de la universidad en cabeza de su rectora por lo que concluyó
que el actor estaba inhabilitado para inscribirse como concejal.
Agregó que la actitud del demandado era censurable en la medida que no se
aportaron elementos de prueba útiles, pertinentes y conducentes para
demostrar que hubiese acudido a la asesoría de un profesional para aclarar
puntos dudosos en relación con algún elemento de la causal de pérdida de
investidura en procura de verificar si la situación en la que se encontraba su

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madre generaba alguna prohibición que le impidiera acceder a un cargo de
elección popular, situación que acreditaba que había actuado con culpa grave.
2.6. El 13 de enero de 2026 la parte actora presentó solicitud de aclaración y
adición a la sentencia del 27 de noviembre de 2025.
Estando registrado el proyecto de decisión por el que se resolvía la solicitud
de aclaración y adición de la sentencia, el señor Luis Alberto Alvarado Guzmán
presentó escrito de recusación el 4 de febrero de 2026 contra los magistrados
Germán Eduardo Osorio Cifuentes y Nubia Margoth Peña Garzón integrantes
de la Sala de la Sección Primera del Consejo de Estado quienes emitieron la
decisión de segunda instancia, al considerar que ellos mismos habían
conocido con anterioridad del proceso al resolver en su momento el recurso
de apelación contra el auto que rechazó la demanda.
En ese sentido, aseguró el accionante en su escrito que tal actuación se
enmarcaba en la causal de recusación prevista en el numeral 2 del artículo
141 del Código General del Proceso consistente en «Haber conocido del proceso
o realizado cualquier actuación en instancia anterior (…)».

2.7. En providencia del 26 de febrero de 2026 el magistrado Pablo Andrés Córdoba
Acosta perteneciente a la Sección Primera de esta Corporación y dos
conjueces designados para resolver el asunto, negaron la recusación
propuesta por el actor al encontrar que la actuación de los funcionarios
judiciales se limitó a resolver un recurso de apelación pero no emitieron
decisiones judiciales fungiendo como jueces de primera instancia, razón por la
que no se configuraba la causal.
2.8. El 16 de marzo de 2026 el accionante presentó solicitud de aclaración y adición
de la providencia del 26 de febrero de 2026 por la que se negó la recusación
mencionada.
Por auto del 30 de abril de 2026 (notificado a las partes por correo electrónico el 8
de mayo de 2026 y por estado el 12 de mayo de 2026) la Sección Primera del
Consejo de Estado negó la aludida solicitud de aclaración y adición presentada
contra el auto que resolvió sobre la recusación, ya que los argumentos del
actor no hacían referencia a un concepto o frase que ofreciera motivo de duda
y se encontrara en la parte motiva o resolutiva de la decisión, así como
tampoco que se hubiera dejado de resolver algún punto de derecho respecto
del que estuviera obligada a emitir algún pronunciamiento y que, por el
contrario, se advertía que lo pretendido era reabrir el debate en relación con el
alcance de la causal de recusación.

3. Fundamentos de la acción
El accionante consideró que la sentencia del 27 de noviembre de 2025 proferida por
el Consejo de Estado, Sección Primera en el medio de control de pérdida de
investidura 41001-23-33-000-2024-00208-00/02 incurrió en los defectos sustantivo, por
violación directa de la Constitución Política y fáctico.
3.1. Defecto sustantivo. Para la parte actora se desconoció el artículo 6° de la
Ley 1881 de 2018 al proferirse decisión de fondo en una acción de pérdida de
investidura en la que operó el fenómeno de la caducidad, pues dijo que la
demanda fue presentada por fuera de los 5 años contados a partir de la fecha
en la que tuvo lugar “el hecho generador” de la causal de desinvestidura que
sustentó la demanda, concretamente, la violación del régimen de inhabilidades
de los concejales.

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Advirtió que el fallo del 27 de noviembre materializó la indebida aplicación e
interpretación de la mencionada disposición inicialmente planteada en auto del
26 de septiembre de 2024 por parte de la Sección Primera del Consejo de
Estado en el que se consideró como hecho generador de la pérdida de
investidura su elección como concejal y no las situaciones inhabilitantes que
fueron alegadas por el demandante.
Explicó que el hecho generador de la demanda fue la firma de unos contratos,
de manera que los 5 años para la presentación oportuna de la pérdida de
investidura terminaban, en principio, el 14 de diciembre de 2023, fecha de
celebración del último contrato traído a colación por el demandante, pero que
ese plazo se ampliaba en algunos meses habida cuenta de la suspensión de
términos durante la pandemia del COVID-19, extendiéndose hasta abril de
2024, sin embargo sostuvo que pese lo anterior, había operado el fenómeno
de la caducidad, interpretación que en todo caso no había sido acogida por la
Sección Primera del Consejo de Estado que en el auto del 26 de septiembre
de 2024 sostuvo que el cómputo debía hacerse no desde la fecha de
suscripción de los contratos sino desde su elección como concejal que fue el
27 de octubre de 2019.
También se refirió a la indebida interpretación y aplicación del artículo 40.4 de
la Ley 617 de 2000 modificatorio del artículo 40.4 de la Ley 136 de 1994, pues
consideró que la disposición indicaba que no podía ser concejal el ciudadano
que tuviera vínculos de consanguinidad con funcionarios que dentro de los 12
meses anteriores a la elecciones hubieran ejercido autoridad civil o
administrativa en el municipio y que la Corte Constitucional en la sentencia SU
207 de 2022 prohibía que la inhabilidad por el parentesco se aplicara
basándose únicamente en análisis formales del ejercicio de la autoridad
atribuido al pariente y exigía que su aplicación se fundara en un examen
material.
En ese sentido, manifestó que la sentencia del 27 de noviembre de 2025
desconoció tal entendimiento al sostener que la titularidad de una función que
en el caso concreto era la competencia para celebrar contratos en la
Universidad Surcolombiana era un hecho suficiente para afirmar que su madre
ejerció autoridad administrativa en Rivera, Huila, cuando la materialidad de ese
ejercicio era imputable, en realidad, a un funcionario diferente, habilitado por
medio de la figura de la delegación administrativa, en la que jamás su
progenitora participó, ni influyó.
3.2. Defecto por violación directa de la Constitución Política. Dijo estar
amparado en la confianza legítima de la jurisprudencia del Consejo de Estado
vigente para el momento en que ocurrieron hechos que dieron lugar a la
pérdida de investidura, pues que entre 2018 y 2019 no existía jurisprudencia
pacífica y uniforme respecto al alcance de la delegación en la configuración de
inhabilidades, que algunas sentencias del Consejo de Estado sostenían que
la delegación impedía la configuración de la inhabilidad por celebración de
contratos, mientras que otras sostenían una posición contraria.
Citó algunos precedentes haciendo énfasis en el caso de Antanas Mockus y
la demanda de su elección como Senador de la República, destacando que si
bien las curules y las causales eran distintas, tenían como punto en común el
tema de la delegación.
3.3. Defecto fáctico. Que justificó en el hecho de la existencia de pruebas y
medios de convicción que permitían establecer que su participación en las
elecciones al Concejo de Rivera para el periodo constitucional 2020 - 2023 se
había hecho con la certeza y la convicción de no estar violando el régimen de

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inhabilidades de los concejales y por tanto la inexistencia de dolo o culpa
grave. Textualmente expuso los siguientes argumentos:
«Tanto en el proceso de pérdida de investidura como en esta acción de tutela, mi defensa se
ha centrado en afirmar que la inhabilidad por parentesco no podía configurarse en mi caso,
pues los contratos imputados a mi madre, como ejercicio de autoridad administrativa en
Rivera, no fueron tramitados, gestionados, ni celebrados por ella, sino por el decano de la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, quien era el funcionario delegado para la ejecución
de ese proyecto en la USCO.
La delegación fue, igualmente, un aspecto que me llevó a entender que mi conducta no
incurría en una inhabilidad que, como he explicado, exige para su materialización el “ejercicio
efectivo de autoridad”, y no la simple titularidad de una función. En efecto, con el acto de
delegación firmado por el exrector Pedro León Reyes, mediante Resolución 226 del 4 de
septiembre de 2018, el ejercicio de la facultad contractual en la USCO se trasladó a un
funcionario distinto de mi progenitora, creando en mí la certeza de que cualquier acto
desarrollado por este no le era atribuible a mi madre, en su calidad de rectora de la
Universidad.
A pesar de la trascendencia del acto de delegación como prueba y del deber de la Sección
Primera de valorar integralmente los medios de convicción del expediente para establecer si
se materializaba o no el elemento subjetivo de la pérdida de investidura, la autoridad judicial
demandada no la apreció, al abordar el estudio del dolo o la culpa grave en el fallo del 27 de
noviembre de 2025. Sus consideraciones se limitaron a afirmar que mi defensa técnica no
aportó prueba de mi diligencia, ni conceptos jurídicos emitidos por abogados. Es decir, en
lugar de examinar las pruebas recaudadas en el expediente –como era su obligación–, la
Sección Primera construyó el elemento subjetivo de mi conducta sobre lo que “faltaba”, sin
realizar un análisis riguroso de los medios de convicción del plenario».

4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 6 de febrero de 2026 el despacho ponente: (i) admitió la acción
de tutela interpuesta por el señor Luis Humberto Alvarado Guzmán contra el
Consejo de Estado, Sección Primera (ii) ordenó la notificación de las partes;
(iii) como terceros con interés al señor Efraín Puentes Fernández (quien fue
parte demandante en el medio de control de pérdida de investidura) al Concejo
Municipal de Rivera, Huila y la Registraduría Nacional del Estado Civil y (iii) al
Tribunal Administrativo del Huila (autoridad judicial que conoció en primera
instancia del proceso ordinario).

4.2. El Consejo de Estado, Sección Primera por conducto del magistrado
ponente de la decisión cuestionada, manifestó que la tutela era improcedente
al estar el medio de control en trámite sin que se advirtiera un perjuicio
irremediable que hiciera procedente el presente mecanismo al menos de
manera transitoria. Dijo que el asunto carecía de relevancia constitucional por
no girar sobre el alcance, aplicación o el desarrollo de un derecho fundamental
y que los argumentos presentados en la demanda de tutela fueron resueltos
en el proceso ordinario tanto en el auto del 26 de septiembre de 2024 por el
que se resolvió en su momento el recurso de apelación contra el auto que
rechazó la demanda como la sentencia del 27 de noviembre de 2025 que
resolvió en segunda instancia revocar la decisión del tribunal y en su lugar
declarar la pérdida de investidura del actor.
De otra parte consideró algunos apartes de los fundamentos de la acción de
tutela y advirtió que no fueron planteados en el debate ordinario por lo que no
se cumplía tampoco con el requisito de procedibilidad de la relevancia
constitucional por esta específica causal de nuevos argumentos no
presentados al juez natural.
Finalmente hizo un recuento detallado de los argumentos de la decisión y
desvirtuó cada uno de los defectos presentados y concluyó que los mismos no
se configuraban y que, en caso de no declarar improcedente la tutela, debían
negarse las pretensiones de la demanda.

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4.3. La Registraduría Nacional del Estado Civil representada por el jefe de la
oficina jurídica manifestó no tener legitimación en la causa por pasiva dentro
del presente trámite constitucional al no tener que ver lo pretendido con las
funciones y competencias de la entidad y no haber sido la autoridad judicial
que emitió la sentencia que es objeto de cuestionamiento, razón por la que
pidió ser desvinculada.
4.4. El accionante Luis Humberto Alvarado Guzmán presentó escrito de
oposición frente a los argumentos planteados en el informe rendido por la
Sección Primera del Consejo de Estado y dijo que la pérdida de investidura
era una acción de naturaleza sancionatoria por lo que los jueces estaban
obligados a aplicar tanto lo favorable como lo desfavorable y que, en su caso,
debió atenderse a los principios de confianza legítima y buena fe.
También argumentó que la sentencia del 8 de octubre de 2019 proferida por la
Sala Plena del Consejo de Estado (radicación 11001-03-15-000-2018-02417-01)
podía ser considerada como una sentencia de unificación lo que hacía que
fuera de obligatoria observancia por parte de las autoridades judiciales.
4.5. El Tribunal Administrativo del Huila allegó el link de acceso al expediente
ordinario; no se pronunció en relación con el fondo de la controversia.
4.6. El señor Efraín Puentes Fernández y el Concejo Municipal de Rivera, Huila,
no se pronunciaron en esta oportunidad pese haber sido notificados de la
presente acción de tutela.

5. Providencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia del 2
de marzo de 2026 declaró improcedente la presente acción de tutela.
Inició pronunciándose sobre la medida provisional solicitada desde la demanda de
tutela por parte del actor y la negó con fundamento en que en su momento no se
contaba con los elementos de juicio suficientes para resolver sobre la misma y si
resultaba razonable y proporcional, de manera que lo procedente era emitir la
decisión de fondo y por tanto negar la medida solicitada.
Luego, pasó a ocuparse del estudio del caso y encontró que el actor manifestó que
no se dio aplicación ni se interpretó de manera correcta la norma relacionada con la
figura de la caducidad en el medio de control de pérdida de investidura y que,
conforme las actuaciones llevadas a cabo en el proceso, este punto se había
resuelto en la providencia del 26 de septiembre de 2024 por la Sección Primera de
la Corporación, decisión notificada a las partes el 15 de octubre de 2024 y que, la
tutela se había presentado hasta el 2 de febrero de 2026 por lo que había
transcurrido más de un año y por tanto no se cumplía con el requisito de inmediatez.
En ese sentido, explicó que no era posible cuestionar la sentencia del 27 de
noviembre de 2025 con fundamento en un argumento que había sido debatido y
definido en una providencia proferida en una etapa procesal previa y, respecto de
la cual el actor no acudió oportunamente a la acción de tutela.
Frente a los demás argumentos del escrito de tutela que buscaban cuestionar la
sentencia del 27 de noviembre de 2025 proferida en segunda instancia precisó que
para el momento en que el tutelante presentó la tutela, esto es, el 2 de febrero de
2026, estaban en trámite las solicitudes de aclaración y adición de la sentencia
referida y el escrito de recusación que radicó respecto de dos de los integrantes de
la Sección Primera del Consejo de Estado, de manera que la providencia no estaba
en firme y ejecutoriada, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 302 del

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Demandante: Luis Humberto Alvarado Guzmán

Código General del Proceso cuando se pide aclaración o complementación de una
providencia esta solo queda ejecutoriada una vez resuelta la solicitud.

En ese contexto indicó que de acuerdo con el aplicativo SAMAI el proceso de
pérdida de investidura aún estaba vigente al no haberse resuelto la recusación
interpuesta por la parte demandada y cuyo objeto no era otro que cuestionar la
validez de la providencia del 27 de noviembre de 2025. Además, que tampoco había
un pronunciamiento de fondo sobre la procedencia de las solicitudes de aclaración
y adición presentadas por, el hoy tutelante, razón por la que no era procedente
pronunciarse en relación con la solicitud de amparo pretendida.

6. Impugnación

El accionante impugnó la decisión de primera instancia. Manifestó, de una parte, en
lo relacionado con la caducidad del medio de control que el estudio no quedó en el
auto del 26 de septiembre de 2024 sino que se ratificó en el fallo de segunda
instancia del 27 de noviembre de 2025, por lo que esta era la providencia
cuestionada y, por tanto, pidió se analizara a partir de ese último pronunciamiento.
De otra parte, sostuvo que las solicitudes de aclaración y adición de la sentencia y
la recusación formulada en el proceso de pérdida de investidura no constituían
mecanismos judiciales efectivos para la defensa de sus derechos fundamentales,
que una vez expedida la sentencia no era dable al juez por conducto de aclaraciones
y adiciones modificarla o reformarla ya que el fallo una vez proferida no era alterable.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Acción de tutela contra providencias judiciales de altas Corporaciones

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

2
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.

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Demandante: Luis Humberto Alvarado Guzmán

Ahora bien, cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida
por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la
acción de amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las
encargadas de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que
los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia.
Es así como, la Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional
para admitir la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada
debe contener un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa
con la Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.

Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar
el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales especiales
de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y
sea incompatible con la jurisprudencia constitucional. Es importante tener en cuenta
que, en la sentencia, SU573 de 20175, la Corte Constitucional analizó el tercer
elemento en el acápite de relevancia constitucional.

3. Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes expuestos corresponde a la Sala determinar si
asistió razón al juez de tutela de primera instancia en declarar improcedente la
presente acción de tutela por no cumplir con los requisitos de subsidiariedad e
inmediatez.

De estar acreditados los anteriores requisitos y los demás presupuestos de
procedencia, corresponderá a la Sala determinar si la Sección Primera del Consejo
de Estado en la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2025 en el medio de
control de pérdida de investidura 41001-23-33-000-2024-00208-00/02 incurrió en los
defectos sustantivo, por violación directa de la Constitución Política y fáctico en los
términos propuestos por el actor.

4. Requisito de la subsidiariedad en la acción de tutela

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de subsidiariedad. Esa
norma dispone que la tutela «solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable». Por su parte, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la
acción de tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial,
a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva que los mecanismos
ordinarios de defensa para la protección de los derechos no pueden ser
desplazados o suplantados por la acción de tutela, claro está, siempre que estos
sean idóneos y eficaces. Por tanto, la acción de tutela solo procede cuando no
existen otros medios de defensa idóneos para amparar los derechos fundamentales
invocados; o siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de protección.

Así las cosas, la tesis de la Sección consiste en que, por regla general, cuando
existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es procedente la acción de
tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se definen en

5 Con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo.

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función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentra
el solicitante. En ese estudio también debe analizarse la existencia o no de un
perjuicio irremediable, en los términos del numeral 1º del artículo 6 del Decreto 2591
de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido
para restringir su procedencia, dado que el sistema jurídico permite a las personas
valerse de diversos medios de defensa que pueden ser eficaces para la defensa de
sus derechos. Y si bien la regla de la subsidiariedad debe aplicarse de forma general
para determinar la procedencia de la acción de tutela, el juez constitucional puede
llegar a intervenir en algunos casos en los que se demuestre que no existe otro
medio de defensa; que a pesar de existir no es idóneo, ni eficaz; que se pretende
evitar un perjuicio irremediable o cuando el accionante es un sujeto de especial
protección constitucional. Lo anterior, en consideración a que la finalidad de la
acción de amparo es la protección de derechos fundamentales.

En conclusión, para la procedencia de la acción de tutela cuando exista otro medio
de defensa, el juez constitucional debe tener en cuenta la eficacia e idoneidad del
otro medio o si se encuentra frente a un perjuicio irremediable. Circunstancias que
son determinantes a fin de valorar la procedencia formal del amparo constitucional.

Ahora bien, al estudiar el requisito de subsidiariedad en materia de tutela contra
providencia judicial, pueden suceder dos escenarios: que el proceso haya concluido
o que el proceso judicial se encuentre en curso. En principio, si el proceso se
encuentra en curso, la intervención del juez de tutela está vedada, por virtud del
principio de subsidiariedad, que señala que la tutela no es un mecanismo alternativo
o paralelo a los legalmente establecidos.

Al respecto, la Corte Constitucional, en Sentencia T-113 de 2013, la Corte
Constitucional señaló que «si el proceso se encuentra en curso la intervención del juez
constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no es un mecanismo
alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para evitar un perjuicio irremediable que
comprometa la vulneración de derechos fundamentales». Y en la Sentencia T-126 de 2019,
indicó que «no es dable la intromisión de la jurisdicción constitucional en la órbita propia de la
justicia ordinaria sino cuando se presentan unas especialísimas circunstancias que hacen
procedente el amparo».

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues de lo
contrario la tutela deviene improcedente.

5. Análisis del caso concreto

5.1. En el caso propuesto, advierte la Sala que el juez de tutela de primera instancia
declaró improcedente la acción de tutela al estimar que no se cumplía con la
inmediatez respecto del auto del 26 de septiembre de 2025 y la subsidiariedad
frente a la sentencia del 27 de noviembre de 2025.

De acuerdo con los antecedentes del caso, la demanda de tutela y el escrito
de impugnación es posible establecer que la discusión del accionante estuvo
dirigida a cuestionar la sentencia de cierre emitida por la Sección Primera del
Consejo de Estado el 27 de noviembre de 2025, en ese contexto, contrario a
lo afirmado por el a quo, no se cuestionó la providencia del 26 de septiembre
de 2024 pese a que en ese primer pronunciamiento hecho en segunda
instancia se hubiera analizado la caducidad del medio de control al estudiar el
recurso de apelación presentado por la parte demandante en contra del auto
por el que el Tribunal Administrativo del Huila rechazó la demanda.

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Así bien, los cuestionamientos van dirigidos, como lo anunció el impugnante,
contra la decisión de segunda instancia en el medio de control de pérdida de
investidura emitida el 27 de noviembre de 2025, razón por la que el estudio de
los requisitos de procedencia de la presente acción de tutela debe respecto de
la última decisión.

5.2. En esa línea, la Sala anticipa que deberá confirmarse la decisión de la Sección
Segunda Subsección B de la Corporación que declaró improcedente la
presente acción, pero por no estar acreditado el requisito de la subsidiariedad
al estar actualmente el proceso en curso. Para arribar a esta conclusión se
considera pertinente hacer el siguiente recuento de actuaciones surtidas en el
medio de control en segunda instancia posteriores a la sentencia de cierre del
27 de noviembre de 2025, a saber:

Fecha de la actuación y ubicación
Actuación
en el aplicativo SAMAI
Solicitud de adición y aclaración de la sentencia de segunda
13 de enero de 2026 (índice 39)
instancia del 27 de noviembre de 2025)6
Paso al despacho de la solicitud de adición y aclaración de
14 de enero de 2026 (índice 42)
la sentencia
Solicitud de recusación a magistrados de la Sección Primera
4 de febrero de 2026 (índice 49)
del Consejo de Estado
Auto que resuelve negar la recusación presentada 26 de febrero de 2026 (índice 62)
Solicitud de adición y aclaración del auto que negó la
16 de marzo de 2026 (índice 66)
recusación
Auto que resuelve sobre la solicitud de adición y aclaración
30 de abril de 2026 (índice 71)
del auto que negó la recusación
Solicitud de recusación a magistrados de la Sección Primera
del Consejo de Estado por haber rendido informe en la acción
de tutela de la referencia, pues para el actor, «al defender los 8 de mayo de 2026 (índice 76)
argumentos de su propia sentencia en el proceso de tutela se
encuentran en una posición subjetiva sobre sus actos que podrían
influir en cualquier actuación futura dentro del proceso original».

Paso al despacho de la nueva solicitud de recusación 20 de mayo de 2026 (índice 78)

De acuerdo con el anterior recuento y conforme con lo evidenciado en el
expediente, la solicitud de adición y aclaración de la sentencia de segunda
instancia del 27 de noviembre de 2025, por la que se declaró la pérdida de
investidura del señor Luis Humberto Alvarado Guzmán aún se encuentra
pendiente de resolver, pues si bien existió el registro de proyecto de la
providencia que resolvía sobre dicha solicitud (del 3 de febrero de 2026), lo
cierto es que al día siguiente, esto es, el 4 de febrero de 2026 se presentó
solicitud de recusación por parte del accionante y en adelante, el proceso se
encaminó a resolver sobre este punto, dejando pendiente el estudio y posterior
aprobación del proyecto de decisión frente a la solicitud de adición y aclaración
de la sentencia.
Incluso como se evidencia en el cuadro de actuaciones, que el actor presentó
recientemente (8 de mayo de 2026) una nueva solicitud de recusación de los
magistrados de la Sección Primera de esta Corporación por haber rendido
informe en la presente acción de tutela, ya que, en palabras del tutelante «al
defender los argumentos de su propia sentencia en el proceso de tutela se encuentran
en una posición subjetiva sobre sus actos que podrían influir en cualquier actuación
futura dentro del proceso original»; solicitud que pasó al despacho para resolver
el 20 de mayo de 2026.

6
Solicitud pendiente de resolución por parte de la autoridad judicial.

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Como puede verse, las múltiples solicitudes formuladas por el hoy tutelante en
el marco del proceso de pérdida de investidura en el que funge como
demandado, son las que han llevado a que éste siga en curso y, por tanto,
esté vedada la intervención del juez de tutela en virtud del principio de
subsidiariedad que impide que sea utilizada como mecanismo alternativo o
paralelo a los legalmente establecidos. Todo esto, sumado a la actuación
procesal dilatoria del señor Luis Humberto Alvarado Guzmán en el citado
proceso, pese a que ya cuenta con sentencia de segunda instancia. A juicio
de la Sala, esta conducta resulta contraria a los deberes de las partes y sus
apoderados previstos en el artículo 78 del CGP, que en sus numerales 1 y 2
consagran como tales los de «1. Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos»
y «2. Obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensas y en el ejercicio de sus
derechos procesales».

5.3. En ese orden de ideas al estar en curso el trámite de la solicitud de adición y
aclaración de sentencia de segunda instancia no puede concluirse que ya se
agotaron todos los mecanismos de defensa existentes en el ordenamiento
jurídico, por el contrario, que no haya culminado el proceso y se esté a la
espera de resolver sobre estas peticiones demuestra que existe otro
mecanismo de defensa judicial diferente a la tutela en el que deben resolverse
las inconformidades del actor.
Cuando está en curso un proceso judicial, la tutela se torna en un mecanismo
realmente excepcional, para aquellos casos en los que se evidencie la
configuración de un perjuicio irremediable, lo que no sucede en el presente
asunto. Sobre este punto, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que
cuando el proceso judicial se encuentra en trámite la acción de tutela es
improcedente. En palabras de la Corte Constitucional «la intervención del juez
constitucional está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye un mecanismo
alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser resueltos al interior del
trámite ordinario»6.

Ha sostenido la Corte igualmente que «Las etapas, recursos y procedimientos que
conforman un proceso, son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales de
los asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es
en este sentido que la sentencia C-543 de 1992 puntualiza que: ‘tratándose de instrumentos
dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal
como lo acreditan sus remotos orígenes’. Por tanto, no es admisible que el afectado alegue la
vulneración o amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus
derechos dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas
las herramientas necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades procesales
que puedan afectarle»7.

5.4. Por último, se recuerda que en los eventos en que se pretende cuestionar una
decisión judicial a través de la tutela su procedencia está sujeta a que se
cumplan a cabalidad los requisitos generales.
Tal obligación no es producto del capricho o del deseo de privilegiar las formas
sobre los derechos sustanciales. Los requisitos de procedibilidad obedecen a
que al cuestionar una decisión proferida por un juez mediante la acción de
tutela automáticamente entran en juego los principios de independencia,
autonomía funcional y juez natural. Por consiguiente, a fin de encontrar un
equilibrio entre la posibilidad de dejar una decisión judicial sin efectos y tales
principios es imperativo que se cumplan con rigor cada uno de los requisitos
señalados jurisprudencialmente.
En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales está sujeta al
cumplimiento de una serie de requisitos. Si los generales no se cumplen, no
hay lugar a estudiar el asunto de fondo.

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6. Conclusión

De acuerdo con lo expuesto, la Salar confirmará la decisión de primera instancia
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B que declaró
improcedente el amparo, pero por las razones expuestas en la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia impugnada, proferida el 2 de marzo de 2026 por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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