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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00657-00

Fecha
13 de marzo de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00657-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por la señora Adela Scarpetta de Alarcón, de conformidad con lo razonado en la parte motiva. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00657-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

13 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00657-00
Accionante: ADELA SCARPETTA DE ALARCÓN
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C, Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Improcedente porque
no se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de inmediatez, relevancia
constitucional y subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción de tutela instaurada por la señora Adela Scarpetta de
Alarcón, de conformidad con lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución
Política y 29 del Decreto 2591 de 19911.

ANTECEDENTES

La demanda

1. El 30 de enero de 2026, la señora Adela Scarpetta de Alarcón, a través de
apoderado, presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y de igualdad, los cuales considera
vulnerados por las autoridades accionadas, con ocasión de los fallos de primera y
segunda instancia proferidos el 8 de abril y el 16 de octubre de 2024, por el Juzgado
24 Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda Subsección C, respectivamente, mediante los cuales se negó la
reliquidación de su pensión de invalidez con la totalidad de las partidas señaladas en
el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990.

2. Asimismo, estima que sus derechos fundamentales fueron vulnerados por el
Ministerio de Defensa Nacional, Secretaría General y Comando de la Fuerza Aérea
Colombiana (sic)2, con la expedición de las Resoluciones 941 de 20 de abril y 178
de 7 de marzo de 2007, mediante las cuales se le reconoció la pensión de invalidez
y las cesantías definitivas, respectivamente.

Hechos relevantes

3. La señora Adela Scarpetta de Alarcón se vinculó al servicio de la Fuerza Aérea
Colombiana desde el 20 de diciembre de 1989; posteriormente fue incorporada al

1
Que ingresó al despacho para fallo el 16 de febrero de 2026.
2 Ahora Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00657-00
Accionante: Adela Scarpetta de Alarcón
Accionado: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
y otros
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

Instituto de Salud de las Fuerzas Militares en el mismo Comando Aéreo de
Mantenimiento -CAMAN-. Luego de la extinción del Instituto, la accionante pasó a la
planta de personal de la Dirección General de Sanidad Militar de las Fuerzas
Militares.

4. Mediante la Resolución 941 de 20 de abril de 2007, la Secretaría General del
Ministerio de Defensa Nacional reconoció la pensión de invalidez a favor de la señora
Scarpetta de Alarcón, efectiva a partir del 1º de diciembre de 2006, en razón a la
pérdida de capacidad laboral determinada en un 83,57%.

5. Con Resolución 0178 del 7 de marzo de 2007, la entidad le reconoció las
cesantías por retiro definitivo del servicio y ordenó el pago correspondiente.

6. A su juicio, tanto la pensión como las cesantías fueron mal liquidadas, dado que
no se incluyeron las siete partidas consagradas en el artículo 102 del Decreto 1214
de 1990, pues solo se computaron el sueldo básico, la prima de alimentación, el
auxilio de transporte y la prima de navidad, dejando de reconocer la prima de
servicios, la prima de actividad, y el subsidio familiar.

7. Con fundamento en esa inconformidad, ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, al que correspondió el radicado 11001-33-35-024-
2020-00010-00/01.

8. Con sentencia del 8 de abril de 2024, el Juzgado Veinticuatro Administrativo de
Bogotá negó las pretensiones de reliquidación, bajo el entendido de que, según el
régimen salarial y prestacional aplicable a la actora, la prima de actividad y el subsidio
familiar fueron incorporados en la asignación básica, la cual se incluyó para liquidar
las prestaciones. Frente a la prima de servicio, señaló que no se probó que se
hubiera devengado en servicio activo.

9. Inconforme con la decisión, la apeló, y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C la confirmó con sentencia del 16
de octubre de 2024, concretamente porque la «señora Adela Scarpetta de Alarcón,
no probó que, la prima de servicios, la prima de actividad y el subsidio familiar estén
incluidos dentro de los últimos haberes devengados durante su vinculación con la
entidad, no es posible ordenar su inclusión en la liquidación de su pensión, pues
como lo orientó el Consejo de Estado, para que sea posible su inclusión, el
interesado debe demostrar que los devengó (…)».

Pretensiones

10. De la lectura del libelo inicial, se colige que la accionante pretende que se
dejen sin efectos las sentencias proferidas el 8 de abril y el 16 de octubre de 2024,
por el Juzgado 24 Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda Subsección C, respectivamente, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-024-
2020-00010-00/01, en tanto le negaron la reliquidación de su pensión de invalidez
2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00657-00
Accionante: Adela Scarpetta de Alarcón
Accionado: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
y otros
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

con la totalidad de las partidas señaladas en el artículo 102 del Decreto 1214 de
1990.

11. Igualmente, la parte actora expresó que ejerce la acción de tutela de la
referencia contra las Resoluciones 941 de 20 de abril y 178 de 7 de marzo de 2007,
expedidas por el Ministerio de Defensa Nacional, Secretaría General, mediante las
cuales se le reconoció la pensión de invalidez y las cesantías definitivas.

12. En efecto, al iniciar la solicitud de amparo se lee (transcripción literal):

Fundamentos de la demanda de tutela

13. La parte actora considera que las autoridades administrativas y judiciales
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales porque le negaron la
reliquidación y pago de la pensión de invalidez y de las cesantías definitivas con la
inclusión de la totalidad de los factores establecidos en el artículo 102 del Decreto
1214 de 1990.

14. Reprochó que por una demora atribuible a la entidad empleadora, no obtuvo
a tiempo los certificados que hacen constar que devengó las partidas reclamadas y
que, en todo caso, es una carga que no puede imponerse al trabajador. A la solicitud
de amparo adjuntó algunas documentales, con las que pretende acreditar que
percibió los factores objeto de discusión.

15. A su juicio, la negativa de la reliquidación vulnera sus derechos a la igualdad
y al debido proceso, desconoce la prevalencia del derecho sustancial y cercena los
derechos adquiridos.

16. Cuestionó que el Juzgado Veinticuatro Administrativo de Bogotá hubiera
consignado en el fallo que el Decreto 1301 de 1994 no es aplicable al personal civil

3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00657-00
Accionante: Adela Scarpetta de Alarcón
Accionado: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
y otros
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

de las Fuerzas Militares y que, algunas de las partidas reclamadas fueron
incorporadas en la asignación básica, por cuanto, considera que ello no es cierto.

17. Agregó que la sentencia de segunda instancia, proferida por el Tribunal
accionado incurrió en una grave contradicción, al señalar que la demandante es
beneficiaria del régimen prestacional contenido en el título VI del Decreto 1214 de
1990, por el hecho de haber ingresado a la Fuerza Aérea antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993; pero que, los factores señalados en el artículo 102
de ese estatuto, hacen parte del régimen salarial y no prestacional, y por ende no se
le aplican.

Trámite en primera instancia

18. A través de auto de 5 de febrero de 2026, el despacho sustanciador admitió
la tutela de la referencia, ordenó notificar la decisión a la Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al Juzgado Veinticuatro
Administrativo de Bogotá, al Ministerio de Defensa Nacional y a la Fuerza
Aeroespacial Colombiana, como parte accionada. También se ordenó la notificación
de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

19. Adicionalmente, se tuvieron como pruebas los documentos aportados con la
demanda y se requirió el envío de copia digitalizada del proceso en el que se
profirieron las providencias cuestionadas.

Intervenciones

20. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, a través del magistrado ponente de la decisión censurada, se refirió
al caso concreto analizado en esa oportunidad, y señaló que se negaron las
pretensiones porque la interesada no probó que devengó los haberes reclamados,
carga que le correspondía según la línea jurisprudencial vigente en la materia, que
permite el cómputo de las partidas reclamadas, siempre que el servidor demuestre
que las percibió en servicio activo.

21. Al margen de lo anterior, adujo que la tutela es improcedente porque no
cumple el requisito de inmediatez, dado que no se interpuso en un plazo razonable,
sino pasados 6 meses desde que se profirió la sentencia objeto de reproche.

22. El director de nómina y prestaciones sociales de la Fuerza Aeroespacial
Colombiana solicitó que se declare la improcedencia de la acción, dado que no
cumple la exigencia de relevancia constitucional, toda vez que del escrito de amparo
se devela que pretende convertir la tutela en una tercera instancia del proceso
ordinario.

23. Aunado a ello, reprochó que la parte actora no haya señalado con precisión
las causales específicas de procedibilidad, lo que, en su sentir, refleja la falta de
carga argumentativa requerida en estos casos.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00657-00
Accionante: Adela Scarpetta de Alarcón
Accionado: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
y otros
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

24. El Juzgado Veinticuatro Administrativo de Bogotá remitió copia
digitalizada del expediente correspondiente al contencioso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-024-2020-00010-00/01.

CONSIDERACIONES

Competencia

25. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 29 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019.

Legitimación en la causa

26. El artículo 86 de la Constitución Política prevé que «toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces (…) la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública».

27. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, por su parte, establece que la acción
de tutela «podrá ser ejercida en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales».

28. En el caso concreto, la demanda fue interpuesta por la señora la señora Adela
Scarpetta de Alarcón, quien se encuentra legitimada en la causa por activa toda vez
que es la titular de los derechos fundamentales que estima vulnerados, en su
condición de accionante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 11001-33-35-024-2020-00010-00/01, en el que se adoptaron las decisiones
cuestionadas. Asimismo, es la destinataria de las decisiones acogidas por el
Ministerio de Defensa Nacional, Secretaría General en las Resoluciones 941 de 20
de abril y 178 de 7 de marzo de 2007.

29. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y el
Juzgado Veinticuatro Administrativo de Bogotá son las autoridades judiciales que
profirieron las sentencias a las que se les atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales de la accionante. Igualmente, el Ministerio de Defensa Nacional,
Secretaría General es la autoridad que expidió los actos administrativos objeto de
reproche.

Problema Jurídico y metodología de la decisión

30. La Subsección debe establecer si la acción de tutela satisface los requisitos
de procedibilidad formal. En caso de que estos se encuentren reunidos, se analizará

5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00657-00
Accionante: Adela Scarpetta de Alarcón
Accionado: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
y otros
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

si la providencia cuestionada vulneró los derechos fundamentales de la accionante,
como se afirmó en la demanda.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

31. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20053, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.

32. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar4: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela5, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
Consejo de Estado; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que
la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara,
detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos
fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados
en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es
que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su
alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 6 o
que los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para
evitarlo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo
que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente
legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta
tenga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error
no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

Análisis de la Sala

Inmediatez

33. La Corte Constitucional ha establecido que uno de los requisitos generales
para la procedencia de la acción de tutela es que ésta se haya presentado en un

3
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
4
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
5
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
6
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00657-00
Accionante: Adela Scarpetta de Alarcón
Accionado: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
y otros
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

plazo razonable, esto es, justo y moderado. Esta exigencia encuentra su razón de
ser en la naturaleza de esta acción constitucional, creada para proteger eficazmente
los derechos fundamentales sin dilaciones injustificadas; además, como garantía de
los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, y para evitar que se emplee como
una instancia adicional con el propósito de reabrir debates que podrían ventilarse a
través de otros mecanismos procesales7.

34. En sentencias SU-499 de 2016 y T-038 de 2017, ese tribunal supremo resaltó
que, aunque la acción de tutela no tiene un término de caducidad legalmente
establecido8, debe interponerse en un plazo oportuno, so pena de que se
desnaturalice su carácter de medio urgente y excepcional de protección
constitucional.

35. La jurisprudencia, tanto de la Corte Constitucional9 como del Consejo de
Estado10, ha considerado que, en algunos casos, un plazo de seis meses desde la
ocurrencia de los hechos puede catalogarse como razonable; mientras que, en otros,
es menester estudiar las circunstancias concretas del asunto para determinar si se
cumplió o no el requisito. En esa medida, la razonabilidad dependerá de las
particularidades del caso concreto, correspondiéndole al juez valorar si existen
motivos válidos que justifiquen la demora en el ejercicio de la acción.

36. Para determinar si el término es razonable, se han identificado ciertos
criterios11: (i) la pertenencia del actor a un grupo vulnerable; (ii) las circunstancias
personales o coyunturales que hayan impedido acudir de forma inmediata al juez de
tutela; (iii) el aislamiento geográfico; (iv) la vulnerabilidad económica; (v) la eventual
afectación de derechos de terceros; (vi) la diligencia o negligencia del accionante, y
(vii) la posibilidad de que se genere una seria afectación a la seguridad jurídica.

37. Adicionalmente, se ha estimado que para valorar la admisibilidad de una
acción de tutela presentada después de un largo período desde la ocurrencia de la
violación o la amenaza de derechos, debe considerarse la vulneración permanente
en el tiempo, que continúa y es actual, y la situación especial del afectado que
convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir al juez, por
ejemplo, por encontrarse en estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría
de edad, incapacidad física, entre otros12.

7
Sentencias SU-961 de 1999, T-043 de 2016, T-016 de 2006, T-594 de 2008, T-1028 de 2010 y SU-
499 de 2016, entre otras.
8
En sentencia C-543 de 1992 la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los artículos
11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991. La razón principal de esa decisión fue «la oposición entre el
establecimiento de un término de caducidad para ejercer la acción y lo estatuido en el artículo 86 de
la Constitución cuando señala que ella puede intentarse en todo momento».
9
SU-090 de 2018 y T-367 de 2024, entre otras.
10
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 11 de abril de 2019, rad. 11001-
03-15-000-2018-03905-01, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, entre muchas otras. En esa decisión
se consideró que el término debía contarse desde la notificación de la decisión cuestionada o, desde
la ejecutoria, cuando se hubieren realizado trámites adicionales que incidieron en su firmeza.
11
Sentencia T-069 de 2015.
12
Sentencias T-158 de 2006, T-590 de 2014, T-069 de 2015, T-025 de 2015, entre otras.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00657-00
Accionante: Adela Scarpetta de Alarcón
Accionado: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
y otros
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

38. En el caso concreto se cuestiona las sentencias del 8 de abril y el 16 de
octubre de 2024, proferidas por el Juzgado 24 Administrativo de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección C, respectivamente;
siendo esta última notificada el 21 de octubre de 2024, según la constancia que obra
en el expediente digitalizado remitido por las autoridades judiciales accionadas y la
anotación que se registró en SAMAI.

39. Así las cosas, para la Sala la tutela no se interpuso en un plazo razonable,
teniendo en cuenta que la solicitud de amparo se radicó el 30 de enero de 2026, es
decir más de un año y tres meses después de notificada la sentencia de segunda
instancia. Dicho intervalo resulta excesivo, máxime cuando en el trámite no se
acreditó circunstancia de carácter excepcional que justifique la demora en la
interposición del amparo.

40. Frente a los criterios valorativos de la inmediatez, debe advertirse que no
está acreditado en el expediente: (i) que la accionante pertenezca a un grupo
vulnerable y, que en razón de esa situación le hubiese sido imposible acudir con
antelación al juez de tutela, (ii) que haya atravesado por una circunstancia especial
que impidiera acudir al juez de tutela, (iii) que haya estado aislada geográficamente,
(iv) que se encontrara en estado de vulnerabilidad económica, (v) que se presente
la afectación de derechos de terceros y, por último, (vi) no se advierte diligencia en
la presentación de la solicitud de amparo por parte de la accionante, ni que (vii) la
presente acción de tutela represente una seria afectación a la seguridad jurídica.

41. En cuanto a los criterios justificantes de la conducta de la accionante, la
carga de acudir oportunamente al juez constitucional no resulta desproporcionada,
ya que en el proceso no está acreditado que la parte accionante se encontrara en
una situación especial que le impidiera ejercer la acción de tutela dentro de un
término razonable, teniendo en cuenta que desde el 21 de octubre de 2024, se le
notificó la providencia censurada. Con mayor razón, si se considera que esta no
requiere de formalidades para su presentación y que la accionante estuvo
representada por un apoderado judicial en el proceso ordinario y lo está ahora en
esta instancia constitucional.

42. La Sala no desconoce que la señora Scarpetta de Alarcón tiene dictaminada
pérdida de la capacidad laboral del 83,57%, y precisamente por ese motivo percibe
la pensión de invalidez desde el mes de diciembre de 2006, pero ello no es
suficiente para justificar la demora advertida, pues, como se dijo, en la demanda no
alegó una circunstancia distinta a esa, que permita considerar el cumplimiento de
la exigencia de inmediatez, máximo si, como se indicó en precedencia, ha estado
representada por un abogado todo el tiempo.

43. Por las razones expuestas, se concluye que la acción de tutela, en lo que
atañe a la censura de las providencias judiciales cuestionadas, no reúne el requisito

8

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00657-00
Accionante: Adela Scarpetta de Alarcón
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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

de inmediatez, lo que es suficiente para declararla improcedente. Con todo, la acción
tampoco reúne el requisito de relevancia constitucional, como se verá más adelante.

Relevancia constitucional

44. Este requisito exige que la cuestión debatida tenga una clara y marcada
importancia constitucional, a fin de evitar que el juez constitucional se adentre en
asuntos confiados a otras jurisdicciones.

45. Esta Subsección ha sido consistente en estimar que el cumplimiento del
requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar los derechos
fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia.
Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima
y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional
a las establecidas por el legislador.

46. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 13 reiterado de la
Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la
acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional no es el idóneo si lo pretendido es que el juez de tutela
se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.

47. En el presente asunto, la solicitud de amparo carece de relevancia
constitucional, por cuanto no ofrece una carga argumentativa mínima y pretende
convertirse en una instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que se adelantó con miras de obtener la reliquidación de la pensión de
invalidez de la señora Scarpetta de Alarcón con la inclusión de todos los factores
enlistados en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990.

48. En la demanda, la parte actora se limitó a señalar que no está de acuerdo con
la decisión acogida en las providencias judiciales cuestionadas, de una parte, por el
régimen aplicable y de otra, porque considera que no se le podía imponer la carga
probatoria a efecto de demostrar los factores devengados en servicio activo, sin
embargo, no expone de forma clara y razonada cuál es la relevancia constitucional
del asunto planteado.

49. Más allá de manifestar que la decisión desfavorable a sus pretensiones de
reliquidación, resulta violatoria de sus derechos fundamentales a la igualdad y al
debido proceso, y que las sentencias censuradas desconocieron sus derechos
adquiridos y el principio constitucional de la prevalencia del derecho sustancial, la

13 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103

de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.

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Accionado: Tribunal Administrativo de
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y otros
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

parte actora no esgrime algún defecto o causal específica de procedibilidad que
justifique el cuestionamiento de las providencias por esta vía constitucional, que
como bien es sabido, es de carácter excepcionalísimo.

50. Como se observa, la controversia se encuentra desprovista de razonamiento
alguno acerca de una omisión o extralimitación, o cualquier otro vicio en la decisión
cuestionada, que permita al menos inferir la posible existencia de un yerro capaz de
vulnerar los derechos fundamentales de la accionante. En realidad, lo que se
pretende es extender una discusión que ya fue zanjada por el juez natural.

51. En definitiva, la accionante más allá de mostrar su desacuerdo con la decisión
del Tribunal accionado, no plantea una discusión que tenga relevancia desde el
punto de vista constitucional, ni explica con argumentos jurídicos, las razones por las
que considera equivocadas o arbitrarias las decisiones censuradas.

52. Lo que observa la Sala es que en las dos providencias, tanto en la de primera
como en la de segunda instancia, las autoridades judiciales accionadas coincidieron
en señalar que la actora se vinculó al servicio antes de la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, y por lo tanto, es beneficiaria del régimen prestacional previsto en
el titulo VI del Decreto 1214 de 1990.

53. Ahora bien, aunque el a quo concluyó que las pretensiones de reliquidación
no estaban llamadas a prosperar porque los haberes contenidos en el artículo 102
del Decreto 1214 de 1990, no hacen parte del régimen prestacional establecido en
el título VI del Decreto 1214 de 1990, sino del régimen salarial consagrado en el título
III del mismo estatuto, lo cierto es que, el Tribunal accionado en el fallo de segunda
instancia, bajo el amparo de la tesis acogida por el la Sección Segunda, Subsección
A del Consejo de Estado en la sentencia del 11 de noviembre de 2021, determinó
que atendiendo a las reglas de unificación sentadas en la SUJ-019-CE-S2 del 12 de
diciembre de 2019, «(…) a la señora Adela Scarpetta de Alarcón, le asiste el derecho
a que su mesada pensional sea calculada con los haberes señalados en el artículo
102 del decreto 1214 de 1990, siempre y cuando los hubiere devengado».

54. No obstante, tras revisar el material probatorio allegado al expediente, el
Tribunal demandado concluyó que «(…) la señora Adela Scarpetta de Alarcón, no
probó que, la prima de servicios, la prima de actividad y el subsidio familiar estén
incluidos dentro de los últimos haberes devengados durante su vinculación con la
entidad», por lo tanto, determinó que no era posible ordenar su inclusión como
partidas computables, conforme a las pretensiones de la demandante.

55. Lejos de realizar una interpretación arbitraria y caprichosa, lo que se evidencia
es que el juez natural, al resolver la alzada, efectuó un análisis integral y razonado
de la normativa aplicable, la jurisprudencia en la materia y los medios de prueba
obrantes en el expediente, a partir del cual concluyó que legalmente y conforme a la
línea jurisprudencial aplicable en la materia, las pretensiones de reliquidación de la
pensión de invalidez de la accionante tendrían prosperidad, porque en efecto, el

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00657-00
Accionante: Adela Scarpetta de Alarcón
Accionado: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
y otros
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

artículo 102 del Decreto 1214 de 1990 le es aplicable y, dicha norma enlista las
primas de servicios y actividad y el subsidio familiar como factores computables para
efectos de liquidar las prestaciones sociales.

56. No obstante, negó las pretensiones porque de los medios de prueba allegados
al expediente, solo se estableció que la servidora devengó los emolumentos que se
incluyeron para la liquidación de su pensión de invalidez, esto es, el sueldo básico,
el auxilio de transporte, la prima de navidad y la prima de alimentación. Así lo explicó
el Tribunal accionado:

Se tiene entonces que, las primas de servicio y de actividad y el subsidio
familiar se encuentra contenidos dentro del listado previsto en el artículo 102
del decreto 1214 de 1990, como partidas de liquidación de la mesada
pensional, lo cierto es que, la parte actora no probó haberlos devengado
durante su vinculación con la entidad.

Al expediente fueron aportados los medios documentales de prueba
relacionados en el acápite de “hechos demostrados en el caso concreto”,
particularmente sobre los emolumentos devengados por la demandante, solo
se conoce aquellos que fueron incluidos para liquidar su mesada pensional.

Así las cosas y teniendo en cuenta que la señora Adela Scarpetta de Alarcón,
no probó que, la prima de servicios, la prima de actividad y el subsidio familiar
estén incluidos dentro de los últimos haberes devengados durante su
vinculación con la entidad, no es posible ordenar su inclusión en la liquidación
de su pensión, pues como lo orientó el Consejo de Estado, para que sea
posible su inclusión, el interesado debe demostrar que los devengó. Y en ese
sentido, tampoco hay lugar a reliquidar la Duodécima (1/12) parte de la Prima
de Navidad.

57. Ahora bien, con la solicitud de amparo el apoderado de la señora Scarpetta
de Alarcón dice aportar medios de prueba que dan cuenta de que su poderdante
devengó los factores reclamados en servicio activo, sin embargo, esta no es la
instancia adecuada para ello. Ese proceder, evidencia aún más el interés de la parte
actora de reabrir el debate ya surtido ante el juez natural de la causa, y convertir este
escenario constitucional en una tercera instancia del proceso ordinario.

58. Por consiguiente, se concluye que el asunto también carece de relevancia
constitucional, en lo que atañe al cuestionamiento de las providencias judiciales
proferidas en el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
11001-33-35-024-2020-00010-00/01. Como consecuencia, se declarará
improcedente la acción de tutela.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00657-00
Accionante: Adela Scarpetta de Alarcón
Accionado: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
y otros
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

Subsidiariedad

59. De conformidad con el tercer inciso del artículo 86 de la Constitución14 y con
el numeral 1 del artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 199115, la acción de tutela tiene
un carácter subsidiario, motivo por el cual resulta improcedente ante la existencia de
otros mecanismos de defensa judicial, salvo que estos no sean eficaces o idóneos,
o que sea necesario evitar la concreción de un perjuicio irremediable.

60. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un
campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de
protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer
que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales
igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

61. La jurisprudencia de la Corte Constitucional16 ha sido reiterada y pacífica en
lo que atañe al requisito de subsidiariedad, y ha precisado que «la acción de tutela
es una vía a la que solamente puede acudirse cuando (i) el afectado no cuenta con
otro medio de defensa judicial; (ii) cuando, pese a que ese mecanismo existe, no es
idóneo o eficaz en las circunstancias del caso concreto; o (iii) cuando se utiliza como
recurso transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Por lo tanto, no es un medio
alternativo, adicional, complementario o facultativo respecto de las demás acciones
judiciales ordinarias, sino un procedimiento urgente e inmediato para la protección
de los derechos fundamentales (…)».

62. En lo que atañe al perjuicio irremediable, la Corte Constitucional en la
sentencia T-1190 de 2024, explicó que, para concluir su configuración, es necesario
verificar lo siguiente: «(i) que sea inminente, es decir, que se trate de una amenaza
que está por suceder prontamente; (ii) que sea grave, esto es, que el daño o
menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran
intensidad; (iii) que las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio
irremediable sean urgentes; y (iv) que la acción de tutela sea impostergable a fin
de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su
integridad (énfasis añadido)».

63. En el presente asunto, la señora Adela Scarpetta de Alarcón, además de
cuestionar las providencias judiciales varias veces mencionadas, controvierte las
Resoluciones 941 de 20 de abril y 178 de 7 de marzo de 2007, expedidas por el
Ministerio de Defensa Nacional, Secretaría General, mediante las cuales se le

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De conformidad con dicho inciso, la acción de tutela «solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable».
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Según dicho numeral, la acción de tutela no procederá «[c]uando existan otros recursos o medios
de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable».
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Ver sentencia T-108 de 2024.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00657-00
Accionante: Adela Scarpetta de Alarcón
Accionado: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
y otros
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

reconoció la pensión de invalidez y las cesantías definitivas, dado que pretende que
por esta vía constitucional se ordene la reliquidación de dichas prestaciones, con la
inclusión de los factores reclamados.

64. Así las cosas, la Sala encuentra que la parte actora tenía a su alcance un
mecanismo ordinario para la protección de sus derechos, cual es el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 de la ley 1437
de 2011, el que ejerció en su debido momento, puesto que en ese proceso se
expidieron las providencias judiciales que ahora censura.

65. En todo caso, nótese que de lo dicho por la parte actora no se establece que
haya iniciado una nueva actuación administrativa en aras de obtener la reliquidación
de su pensión de invalidez, caso en el cual, ante la expedición de nuevos actos
abriría el camino para ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, a fin de controvertir ante el juez natural de la causa la reliquidación de su
prestación.

66. Conforme a todo lo razonado, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo presentada por la señora Adela Scarpetta de Alarcón, por incumplimiento de
los requisitos generales de inmediatez, relevancia constitucional y subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
la señora Adela Scarpetta de Alarcón, de conformidad con lo razonado en la parte
motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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Accionante: Adela Scarpetta de Alarcón
Accionado: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
y otros
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.

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