Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-00661-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-00661-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-00661-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
27 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-00661-001
Accionante : Ricardo Oswaldo Romo Insuasty
Accionado : Consejo de Estado – Sección Quinta
Vinculados : Mauricio Fernando Bastidas Bedoya y CORPONARIÑO
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial – medio de control de nulidad
electoral
Decisión : Sentencia de primera instancia
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela incoada
por el señor Ricardro Romo Insuasti contra la Sección Quita del Consejo de Estado, por
la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por
el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo relativo a
la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda
en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
2. El señor Ricardo Oswaldo Romo Insuasti, quien actúa en nombre propio, interpone el
presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección del derecho fundamental
al debido proceso.
3. Por consiguiente, solicita dejar sin efectos la sentencia del 22 de enero de 2026,
mediante la cual, la Sección Quinta de esta Corporación negó la nulidad de la elección
del director de la Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO para el
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Expediente electrónico disponible en SAMAI.
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periodo 2024-2027.
1.3 Hechos.
4. Del confuso escrito de tutela y las demás piezas procesales que reposan en el
expediente, la Sala logra extraer que el accionante interpuso medio de control de nulidad
electoral en el que solicitó la nulidad del Acuerdo 10 del 12 de agosto de 2025 mediante
el cual, el Consejo Directivo de CORPONARIÑO designó al señor Mauricio Fernando
Bedoya como director general de la entidad para el periodo 2024 – 2025.
5. En la demanda mencionada, manifestó que, el procedimiento de selección y elección
del director(a) general para el período institucional del 1.° de enero de 2024 al 31 de
diciembre de 2027 fue reglamentado por el Consejo Directivo de CORPONARIÑO
mediante el Acuerdo 11 del 26 de septiembre de 2023, modificado por el Acuerdo 14 del
9 de noviembre del mismo año. A través del Acuerdo 15 del 29 de noviembre de 2023
se eligió al señor José Andrés Díaz Rodríguez como director general de la corporación,
acto que fue declarado nulo por la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante
sentencia del 14 de noviembre de 2024, al encontrar que, la citación del 20 de noviembre
de 2023 a la reunión para realizar la elección no se surtió con la antelación de 10 días
para la realización de las sesiones ordinarias.
6. Después de tramitarse las recusaciones presentadas contra los integrantes de la
Sección Quinta del Consejo de Estado, esta profirió el auto del 27 de marzo de 2025 por
el cual, se negó la solicitud de aclaración de la sentencia formulada por el demandado,
razón por la que, el fallo cobró ejecutoria el 2 de abril de 2025.
7. Con el fin de dar cumplimiento a la decisión referida, el 9 de abril de 2025, Consejo
Directivo de CORPONARIÑO hizo citación a sesionar el 22 de abril de 2025 para fijar el
cronograma y estableció el 20 de mayo de 2025 como fecha para la sesión ordinaria en
la que los aspirantes a la dirección presentarían sus propuestas y se surtiría la elección.
8. El 20 de mayo de 2025, los aspirantes hicieron su respectiva exposición. No obstante,
comoquiera que el día anterior el aspirante Fredy Hernán Rodríguez Aux había radicado
recusación contra 11 integrantes del órgano de dirección, el presidente del cuerpo
colegiado suspensión la sesión y remitió el escrito a la Procuraduría General de la Nación
para lo de su cargo.
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9. El 4 de junio de 2025, el procurador general de la Nación rechazó los cuestionamientos
por carencia de objeto y de fundamento, por lo que, el 24 de junio de 2025, los consejeros
se reunieron con el fin de subsanar lo ocurrido en la reunión del 20 de mayo, por lo que,
escucharon nuevamente a los candidatos a director y para aprobar la modificación al
cronograma, en el cual, se fijó el 7 de julio como fecha para la elección.
10. El 7 de julio de 2025, el candidato Fernando Burbano Valdez recusó a 4 miembros
del Consejo Directivo y el aspirante Mauricio Fernando Bastidas Bedoya presentó
recusación contra 5 integrantes. En atención a ello, el presidente admitió los escritos y
los remitió nuevamente a la Procuraduría General de la Nación, por haberse afectado el
cuórum. El 24 de julio de 2025, el procurador general de la Nación rechazó las
recusaciones por carecer de objeto y no tener fundamento.
11. Mediante Acuerdo 7 del 29 de julio de 2025, se programó la sesión de elección del
director general para el 12 de agosto de 2025. En esta fecha, el señor Fredy Hernán
Rodríguez Aux presentó recusación contra 7 consejeros (4 alcaldes, el representante de
las comunidades afrocolombianas, el gobernador de Nariño y el delegado del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible), la cual, fue admitida y puesta en conocimiento de
los miembros recusados. De manera unánime, los 7 integrantes rechazaron los
cuestionamientos y la sesión continuó, de manera que se eligió por unanimidad, con 13
votos, al señor Mauricio Fernando Bastidas como director general.
12. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 22 de enero de
2026, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el Consejo Directivo de
CORPONARIÑO le dio el trámite legal a la recusación presentada el 12 de agosto de
2025, toda vez que, el cuórum no se afectó y los integrantes no recusados eran los
competentes para resolverla, como en efecto ocurrió, en los términos del artículo 12 de
la Ley 1437 de 2011.
13. El accionante manifiesta, de manera confusa, que la providencia proferida por la
Sección Quinta de esta Corporación adolece de los defectos fáctico y sustantivo, por lo
siguiente:
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«Esta orden judicial imperativa y procedimental, es clara en que conminó para que la
demandada: Consejo Directivo de Corponariño y el elegido señor Mauricio Bastidas
suministren los: videos, audios y acta de la sesión eleccionaria, Hecho que tal como se
demostró y se demuestra NO SE HIZO, en el término imperativo ordenado en autos
ejecutoriados ya citados; sino, sospechosamente, el último día de vencimiento del término
de los alegatos de conclusión.- (cinco meses después de la elección), se arrimó unos
audios sin el video “cortados y sospechosos, junto con un acta que obtuvieron como se
infiere muchos meses después de realizada la sesión, en contra flagrante de la ley y de los
estatutos
64. En la sentencia impugnada, a pesar de haberse reiterado su necesidad, como consta
en los hechos y órdenes judiciales, no se aportó de acuerdo a la ley y oportunidad, sin
embargo: se adoptó y se valoró, como cariátide principal de la sentencia a pesar de ser
ilegal su aportación.
Con este exabrupto ilegal de la demandada y en contra del procedimiento; en la sentencia
confutada se evidencia que tergiversando y tomando selectivamente apartes del “audio”; y
sin confrontar con los documentos y hechos aportados por el suscrito demandante, se
avaló como prueba y en ella sostiene la decisión la Sala Quinta del Consejo de Estado.
Esto constituye y se sostiene como otro defecto fáctico factico y sustantivo palmario
65. La providencia yerra al no valorar que en conjunto la estructura de la demanda en su
fundamento y pruebas aportadas indican, que la conducta desplegada fue la descrita como
la de una organización que manipuló y maquinó la elección, en precedencia y en el
procedimiento eleccionario en cabeza determinada persona – Mauricio Bastidas; de allí los
yerros exuberantes y rayanos en lo penal que reitero he denunciado».
1.4. Trámite procesal
14. El Despacho sustanciador del proceso, a través de providencia del 5 de febrero de
2026, inadmitió la acción de tutela y requirió al demandante para que expusiera de
manera clara y concisa los hechos y razones concretas en los que sustenta su solicitud,
narrados en orden cronológico, las conductas u omisiones atribuidas a la Sección Quinta
del consejo de Estado, y señalara en forma precisa las pretensiones perseguidas a través
de la acción constitucional.
15. El señor Ricardo Andrés Mora Goyes aportó memorial en el que manifestó coadyuvar
la presente acción de tutela, por haber participado como candidato en la elección de
director de CORPONARIÑO.
16. Dentro del término concedido, el accionante presentó memorial en el que pretendió
subsanar los yerros advertidos, por lo que, a través de auto del 27 de marzo de 2025 se
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admitió la acción de tutela y se ordenó notificar a la Sección Quinta de esta Corporación
como accionado, al señor Mauricio Fernando Bastidas Bedoya, por integrar el extremo
pasivo en el proceso de nulidad electoral, a CORPONARIÑO y al señor Ricardo Andrés
Mora Goyes, por haber aportado memorial de coadyuvancia de la acción.
17. El señor Mauricio Fernando Bastidas Bedoya se opuso a la prosperidad de la
acción de tutela por carecer de fundamentos de hecho y de derecho y por cuanto, la
autoridad judicial demandada encontró demostrado que el consejo Directivo de
CORPONARIÑO le dio el trámite legal correspondiente a la recusación presentada el 12
de agosto de 2025 previsto en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.
18. La Sección Quinta de esta Corporación, por conducto de la magistrada ponente
de la decisión objeto de cuestionamiento, señaló que en esta providencia se resolvió de
manera expresa el cargo formulado por el tutelante contra la elección del señor Mauricio
Fernando Bastidas Bedoya como director de CORPONARIÑO para el periodo restante
2024-2027, con una adecuada valoración probatoria de los elementos aportados legal y
oportunamente al proceso.
19. Explicó que, el cargo de nulidad se circunscribía exclusivamente al análisis del trámite
dado a las recusaciones presentadas el 12 de agosto de 2025 contra los integrantes del
Consejo Directivo de CORPONARIÑO, las cuales, a juicio del accionante, afectaban el
cuórum del órgano colegiado y, en consecuencia, imponían la suspensión de la actuación
administrativa.
20. Al respecto, en relación con la valoración probatoria del acta y el audio de la reunión
extraordinaria del 12 de agosto de 2025, describió que, mediante auto del 25 de
noviembre de 2025 se dispuso lo siguiente: «58. En razón a que las actas de las sesiones
ordinarias del Consejo Directivo de CORPONARIÑO del 29 de julio y 12 de agosto de 2025 se
aportaron en formato Word y se titulan como borradores en los antecedentes administrativos, se
hace necesario efectuar el siguiente requerimiento: • REQUERIR al Consejo Directivo de
CORPONARIÑO para que, en el término de tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la
comunicación, allegue las actas de las sesiones del 29 de julio y 12 de agosto de 2025
debidamente aprobadas, así como los audios o videos de las mismas. Por la Secretaría de la
sección, se librará la comunicación respectiva.»
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21. En cumplimiento de lo anterior, el 3 de diciembre de 2025, el secretario del referido
cuerpo colegiado dio respuesta al requerimiento y allegó los audios y las actas
correspondientes a las sesiones indicadas. De dicha prueba se dio traslado a las partes
entre el 5 y el 10 de diciembre de 2025, y el término para presentar alegatos de
conclusión transcurrió desde el 11 de diciembre de 2025 hasta el 16 de enero de 2026.
22. En consecuencia, señaló que, tales medios de convicción no pueden considerarse
extemporáneos, toda vez que, se incorporaron válidamente al proceso, permanecieron
disponibles para su consulta en la plataforma SAMAI por parte de los sujetos procesales
y no fueron objeto de tacha alguna, pese a la oportunidad procesal concedida para tal
efecto tras su incorporación al expediente.
23. En ese contexto, las referidas pruebas fueron debidamente valoradas y permitieron
a la Sala electoral establecer el trámite impartido a las recusaciones que, a juicio del
demandante, tenían la virtualidad de suspender el procedimiento eleccionario, conforme
a lo previsto en los artículos 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011.
24. Sobre el presunto desconocimiento del criterio jurisprudencial, explicó que, de
acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, la recusación que se formula contra el miembro
principal de un consejo directivo se extiende al delegado autorizado por la ley para
integrar dicho órgano de dirección, en la medida que, actúa en nombre y bajo las
directrices del delegante. No obstante, en este caso, el representante del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible que asistió a la sesión eleccionaria, no actuó por
delegación del señor Juan Carlos Cuaical (recusado) sino que fue sustituido por John
Alejandro Aristizábal Bedoya, quien tiene una investidura distinta y autónoma, por lo que,
el cuestionamiento contra el primero no se proyecta respecto del segundo, si se tiene en
cuenta que, no se trata de un delegatario sometido a las instrucciones del delegante sino
de un servidor público diferente que ejerce la representación por virtud de un nuevo acto
de designación.
25. En suma, la Sala, luego de efectuar una valoración integral y conjunta del material
probatorio regularmente allegado al proceso, concluyó que el Consejo Directivo de
CORPONARIÑO impartió el trámite legal correspondiente a las recusaciones formuladas
el 12 de agosto de 2025, toda vez que, el cuórum decisorio no se vio afectado y que los
integrantes no recusados eran los competentes para pronunciarse sobre dicha solicitud,
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como efectivamente ocurrió, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley
1437 de 2011.
26. Por lo expuesto, sostuvo que, la providencia objeto de cuestionamiento no adolece
de los defectos atribuidos, por lo que pidió negar el amparo constitucional deprecado.
II. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia
27. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud
de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333
de 2021.
3.2 La acción
28. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.
3.3 Cuestión previa. De la coadyuvancia presentada por el señor Ricardo Andrés
Mora Goyes
29. La Corte Constitucional ha precisado que los sujetos procesales en el trámite de la
acción de tutela son los siguientes2: (i) el actor o los actores, que son titulares de los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados por las conductas
que se debaten dentro del proceso3; (ii) los sujetos legitimados para fungir como agentes
oficiosos de los derechos de personas que no están en condiciones de hacerlo por sí
2
Sentencia T-269 de 2012
3
Inciso primero art. 10 Decreto 2591/91
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mismas4; (iii) las personas o autoridades públicas contra quienes se dirige la acción de
tutela5; y (iv) los terceros que tengan un interés legítimo debidamente acreditado en el
resultado del proceso6. En esta última categoría se encuentran los coadyuvantes.7
30. El inciso 2 del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, que establece la figura de la
coadyuvancia, dispone «quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso
podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública
contra quien se hubiere hecho la solicitud»8. De esa manera, el coadyuvante es un
tercero que tiene una relación sustancial con las partes que, indirectamente, puede verse
afectada si la parte a la que coadyuva obtiene un fallo desfavorable9.
31. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, el coadyuvante interviene dentro del
proceso a partir de las facultades que son permitidas, en cuanto apoya con su actuación
a una de las partes. En efecto, «aquellos no reclaman un derecho propio para que sobre
él haya decisión en el proceso, sino un interés personal en la suerte de la pretensión de
una de las partes»10. Se trata de intervenir para afianzar y «sostener las razones de un
derecho ajeno»11.
32. La Corte Constitucional también ha precisado que la aplicación de esa figura procesal
se encuentra restringida a determinados momentos procesales, «pues la esencia de la
coadyuvancia es la intervención antes de la sentencia de única instancia o de segunda
instancia, para prestar ayuda, mas no para hacer valer pretensiones propias»12.
33. En ese sentido, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, la coadyuvancia
tiene las siguientes reglas13:
• La participación del coadyuvante debe estar acorde con las posiciones y
pretensiones presentadas por el accionante o el accionado en el trámite de tutela,
4
Inciso segundo art. 10 Decreto 2591/91
5
Inciso primero art. 13 Decreto 2591/91
6
Inciso segundo art. 13 Decreto 2591/91.
7
Auto 401 de 2020
8
Decreto 2591 de 1991. Artículo 13, inc. 2.
9
Sentencia T-304 de 1996.
10
Devis Echandía, Hernando. Compendio de derecho procesal. Tomo I. Teoría General del Proceso. Bogotá: Editorial ABC, 1981
pp. 359.
11
Ibídem pp. 362
12
Sentencia T-304 de 1996 y T-1062 de 2010.
13
Sobre las reglas de la coadyuvancia en el trámite de tutela puede verse las sentencias T-304 de 1996, T- 1062 de 2010, T-269 de
2012 y T-070 de 2018
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es decir, no puede formular pretensiones propias de amparo a sus derechos
fundamentales;
• La coadyuvancia puede ser llevada a cabo hasta antes de que se expida la
sentencia que finalice el proceso de tutela, es decir, hasta antes de la sentencia
de única, de segunda instancia o de revisión ante la Corte Constitucional, según
sea el caso.
34. En el presente asunto, el señor Ricardo Andrés Mora Goyes aportó memorial en el
que manifestó coadyuvar la presente acción de tutela, por haber participado como
candidato en la elección de director de CORPONARIÑO.
35. Al respecto, la Sala observa que, aunque el señor Moya Goyes sostiene que participó
dentro del proceso de elección del director de CORPONARIÑO, este no intervino dentro
del proceso de nulidad electoral con radicado núm. 11001-03-28-000-2025-00161-00
dentro del cual, se profirió la sentencia que ahora se cuestiona, tal como se puede
verificar en el aplicativo SAMAI.
36. Por tanto, el señor Moya Goyes no tiene legitimación para actuar en este proceso en
calidad de coadyuvante, en tanto, no hizo parte del proceso judicial que originó la
providencia que se pide infirmar. Por tanto, se negará su vinculación como coadyuvante
en este asunto.
3.4. Problema jurídico
37. Se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela, examinar si el
fallo del 22 de enero de 2026 mediante el cual, la Sección Quinta del Consejo de Estado
negó la nulidad de la elección del director general de CORPONARIÑO para lo restante
del periodo 2024-2027, adolece de los defectos fáctico y desconocimiento del
precedente, y, por consiguiente, es violatorio del derecho fundamental al debido proceso
del accionante.
3.5. La acción de tutela contra providencias judiciales
38. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional3 y de la Sala Plena
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de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado 4, es posible acudir a la acción
de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este contexto, se han
estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, generales y específicos, los cuales, deben satisfacerse plenamente para
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos
de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del
marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
39. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en
el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; (vi) que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.
40. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen del
procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión
que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
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fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la
Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión
judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no
se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
3.5.1. Cumplimiento de los requisitos generales en el asunto bajo examen
41. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta
relevancia constitucional, por cuanto recae sobre la presunta vulneración del derecho
fundamental al debido proceso del actor; (iii) la Sala logra extraer que el reproche del
demandante se dirige a atribuirle a la providencia cuestionada una indebida valoración
probatoria y un desconocimiento del precedente; (iv) el requisito de inmediatez se
satisface, en la medida en que, no han transcurrido más de 6 meses ni siquiera desde la
expedición de la providencia atacada (22 de enero de 2026) y la radicación de la presente
acción de tutela (2 de febrero de 2026); y (v) la determinación acusada no es de tutela.
42. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo del
asunto bajo la causal específica denominada defecto fáctico invocada por el
demandante.
3.5.2. Defecto fáctico
43. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por defecto
fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con
supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión» 14.
44. La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos aspectos o
dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo, que se presenta cuando el funcionario
judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para ello. Por su parte,
la segunda dimensión, se trata de un aspecto negativo que alude a aquella valoración
probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos en que da por no probado
14
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
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un hecho caprichosamente, pese a obrar suficiente material probatorio que lo
demuestra15.
3.5.3. Desconocimiento del precedente
45. Valga la pena recordar que el desconocimiento del precedente tiene dos
modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela contra providencia
judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por
el desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen en el artículo 241
superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte
Constitucional en su jurisprudencia25, y la segunda hace referencia a cuando la autoridad
jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo
que lleva a concluir que la providencia adolece de un defecto sustantivo 26 en virtud de
los principios del debido proceso, igualdad y buena fe27.
46. Sobre el particular, es preciso señalar que aplica la primera modalidad de
desconocimiento del precedente judicial, en razón a que la discusión planteada gira en
torno a si el Tribunal, en su sentencia del 2 de julio de 2025, se apartó injustificadamente
del precedente sentado por la Corte Constitucional en sentencias SU-167 de 2023, T-
450 de 2024 y T-202 de 2025 sobre la flexibilización de la caducidad en casos de
ejecución extrajudicial y graves violaciones de derechos humanos.
3.6. Caso concreto
47. En el presente asunto, la Sala analizará de manera conjunta los reproches señalados
por el accionante respecto de la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, los cuales, según se logra entender del escrito de demanda y su subsanación,
se refieren a un defecto fáctico por la presunta indebida valoración del acta y el audio de
la reunión extraordinaria del 12 de agosto de 2025; y a un desconocimiento del
precedente de la misma Sala de Sección Quinta contenido en la sentencia del 17 de junio
de 2021, radicación: 11001-03-28-000-2019-00061-00, según el cual, las recusaciones
tienen un carácter institucional, de manera que, el reemplazo de un delegado no elimina
el señalamiento de afectación a la imparcialidad que pesa sobre quien representa a la
entidad respectiva.
15
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
12
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00661-00
Accionante: Ricardo Oswaldo Romo Insuasty
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta
48. Así las cosas, a fin de resolver los cuestionamientos planteados, la Sala se referirá,
inicialmente, al contenido de la sentencia objeto de la presente tutela:
[…]
52. El objeto de la controversia se delimita al trámite de la recusación radicada el 12 de agosto de
2025 ante el Consejo Directivo de CORPONARIÑO, toda vez que, a juicio del demandante, afectaba
a 7 integrantes del órgano de dirección, lo que comprometía el cuórum del cuerpo colegiado
conformado por 13 miembros, por lo tanto, estimó que la actuación debió suspenderse y trasladarse
el escrito a la Procuraduría General de la Nación en los términos de los artículos 11 y 12 de la Ley
1437 de 2011 y la Circular 17 de 2023 del Ministerio Público.
53. El demandado y el presidente del órgano de dirección, al contestar la demanda, indicaron que,
aunque se recusaron 7 personas el día de la sesión eleccionaria, una de ellas no era miembro del
cuerpo colegiado, esto es, el exrepresentante del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
José Eduardo Cuaical, por lo que solo 6 integrantes eran los válidamente cuestionados en su
imparcialidad y, por ello, no se afectaba el cuórum decisorio, permitiendo que el propio consejo
directivo se pronunciara, como ocurrió al considerar infundados los señalamientos. 54. En efecto, al
revisar las pruebas que militan en el expediente, la sala advierte que la recusación radicada por el
señor Fredy Hernán Rodríguez Aux se dirigió contra 7 integrantes del Consejo Directivo de
CORPONARIÑO, con fundamento en la causal establecida en el numeral 1° del artículo 11 de la
Ley 1437 de 2011, por «tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión
del asunto […]».
55. El recusante expuso como sustento que el 20 de mayo de 2025 ya había presentado una
recusación que dio lugar a la suspensión de la sesión programada por el Consejo Directivo de
CORPONARIÑO, la cual fue declarada infundada por la Procuraduría General de la Nación el 4 de
junio siguiente.
56. Posteriormente, el proceso electoral se reanudó y se fijó el 7 de julio de 2025 como fecha para
la elección. Sin embargo, en esa reunión se presentaron dos nuevas recusaciones por parte de otros
candidatos, Fernando Burbano Valdez (cuestionó a 4 integrantes del cuerpo colegiado) y Mauricio
Bastidas Bedoya (afectó a 5 miembros), este último replicando el escrito que dio lugar a la primera
suspensión y que ya se había resuelto por el Ministerio Público; sin embargo, el gobernador de
Nariño, como presidente del consejo directivo, recomendó a los demás consejeros tramitarla, lo que
dio lugar a que no se pudiera continuar con la sesión por presunta afectación del cuórum.
57. El procurador General de la Nación las resolvió el 24 de julio de 2025, declarándolas infundadas
y advirtiendo sobre prácticas dilatorias que afectaban la transparencia del proceso.
58. Luego señaló que la suspensión de la sesión del 7 de julio de 2025 fue promovida por el
gobernador de Nariño con el objeto de dilatar el proceso, toda vez que el escrito del señor Bastidas
Bedoya debió ser rechazado en razón a que ya había sido resuelto de manera definitiva por la
Procuraduría General de la Nación, situación respaldada por los consejeros recusados, lo que
constituye, a su juicio, un conflicto de interés.
59. Agregó que además existían vínculos contractuales recientes entre el gobernador de Nariño y
los alcaldes de Ancuya y Belén, mediante convenios suscritos en junio y julio de 2025, justo antes
de la elección. Expuso que estos contratos, aunque legítimos en su objeto, podrían haber generado
dependencia y afectado la autonomía de voto de los mandatarios municipales.
60. Ahora bien, a efectos de determinar el trámite que se dio al anterior escrito, resulta necesario
acudir al acta y grabación de la sesión eleccionaria, que da cuenta del procedimiento impartido:
(…)
61. Conforme a lo expuesto y a lo alegado por el demandado y el Consejo Directivo de
CORPORARIÑO, es preciso determinar si, en efecto, de todos los asistentes o participantes fueron
recusados 7 de ellos, conforme al siguiente cuadro:
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00661-00
Accionante: Ricardo Oswaldo Romo Insuasty
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta
62. Del anterior cuadro comparativo se advierte claramente que el señor José Eduardo Cuaical,
también recusado, no asistió a la sesión eleccionaria, por lo que solo 6 de los consejeros presentes
fueron cuestionados en su imparcialidad y, en ese orden de ideas, dado el número de miembros
afectados, no era necesario remitirlo a la Procuraduría General de la Nación en los términos del
artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.
63. En esa medida, los otros 7 integrantes del cuerpo colegiado conformaban el cuórum decisorio
previsto en el artículo 3925 de los estatutos de CORPONARIÑO, teniendo en cuenta que son la
mitad más uno de los miembros del consejo directivo, que se reitera, está compuesto por 13
consejeros.
64. Ahora bien, para la sala el cuestionamiento de imparcialidad al señor José Eduardo Cuaical no
se puede extender al señor Jhon Alejandro Aristizábal Bedoya, quien al momento de la elección se
encontraba representando al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible según el artículo 14 de
la Resolución 1056 del 28 de julio de 2025.
65. Lo anterior en razón a que el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 busca evitar que el interés
general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor
público, es decir, las causales de impedimento y recusación obedecen a condiciones particulares o
personales del funcionario que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar
investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas.
66. Frente al punto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado27 ha señalado como
características de los impedimentos, las siguientes:
• Son un reconocimiento de la naturaleza humana y de la experiencia que implican que bajo ciertas
circunstancias personales se puede perder la imparcialidad.
• Son una excepción a la obligatoriedad de ejercer la función pública.
• Buscan la idoneidad subjetiva del funcionario.
• Son taxativos.
• Deben ser motivados. [Resaltado de la sala]
67. En este caso, ocurrió una sustitución o transición entre funcionarios del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible para representar a la entidad ante el órgano de dirección de
CORPONARIÑO, y el hecho constitutivo del cuestionamiento deviene de haber coadyuvado la
decisión del gobernador de Nariño de remitir escritos de recusación a la Procuraduría General de la
Nación, aspecto que, a juicio del recusante, estructura el conflicto de interés por cuanto con ello
dilataron la elección del director general de la entidad.
68. Con lo expuesto se sustenta una presunta afectación de la imparcialidad del señor Juan Carlos
Cuaical por un hecho objetivo que deviene de la ley, y es que una vez se afecte el cuórum se remita
la actuación al competente para que la decida, aspecto que no es constitutivo de una posición
institucional sino de un imperativo de carácter legal, por lo que no se advierte que esa actuación
pueda afectar al posterior delegado John Alejandro Aristizábal Bedoya.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00661-00
Accionante: Ricardo Oswaldo Romo Insuasty
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta
69. Lo anterior no se traduce en que el integrante del cuerpo colegiado pueda eludir la recusación
delegando su participación, esto es, cambiando a la persona que representa los intereses de la
entidad, por cuanto la jurisprudencia de la Sección ha indicado que el cuestionamiento contra el
miembro principal de un consejo directivo recae sobre su delegado autorizado por la ley para integrar
el órgano de dirección.
70. En este caso, se reitera, el representante del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
cambió o fue sustituido, no se trató de una delegación del señor Juan Carlos Cuaical en el señor
John Alejandro Aristizábal Bedoya, por lo que la censura frente al primero no se proyecta frente al
segundo, pues no se trata de un delegatario sometido a instrucciones del delegante, sino de un
servidor distinto.
71. En ese orden de ideas, considera la sala que el Consejo Directivo de CORPONARIÑO le dio el
trámite legal a la recusación presentada el 12 de agosto de 2025, toda vez que el cuórum no se
afectó y los integrantes no recusados eran los competentes para resolverla, como en efecto ocurrió,
en los términos del artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, por lo que no prospera el cargo de nulidad y
las pretensiones deben negarse.
[…]
49. Con base en lo expuesto, se observa que, después de efectuar el correspondiente
estudio probatorio, particularmente, del acta y la grabación de la sesión eleccionaria, la
Sección Quinta estableció que, las recusaciones podían ser resueltas por el mismo
consejo directivo, en tanto, el señor José Eduardo Cualcal, frente a quien también se
presentó recusación, no asistió a la sesión de elección, y, en ese sentido, el
cuestionamiento pesaba, realmente, sobre 6 de sus miembros.
50. De esa manera, estableció que no había lugar a remitir la recusación a la
Procuraduría General de la Nación en los términos del artículo 12 de la Ley 1437 de
2011, puesto que, los restantes 7 integrantes del Consejo Directivo conformaban el
cuórum decisorio previsto en el artículo 3925 de los estatutos de CORPONARIÑO para
resolverla.
51. De igual forma, precisó que, la recusación formulada contra José Eduardo Cuaical
no podía extenderse al señor Jhon Alejandro Aristizábal Bedoya, puesto que, al
momento de la elección, este representaba al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de conformidad con el artículo 14 de la Resolución 1056 del 28 de julio de
2025; es decir, ocurrió una sustitución o transición entre funcionarios de dicha cartera
ministerial para representarla ante el órgano de dirección de CORPONARIÑO. Además,
el hecho constitutivo del cuestionamiento tenía origen en haber coadyuvado la decisión
del gobernador de Nariño de remitir escritos de recusación a la Procuraduría General de
la Nación, aspecto que, a juicio del recusante, estructuraba el conflicto de interés por
cuanto con ello dilataron la elección del director general de la entidad. En otras palabras,
al recusado se le atribuyó el hecho de haber incurrido en maniobras dilatorias de la
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00661-00
Accionante: Ricardo Oswaldo Romo Insuasty
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta
elección al coadyuvar la decisión del gobernador de Nariño de remitir las recusaciones
a la Procuraduría General de la Nación, por lo que, al tratarse del cumplimiento de un
imperativo normativo (la norma que indica que las recusaciones deben remitirse a la
PGN) y no de una posición institucional, la Sección Quinta estableció que, el
cuestionamiento sobre la imparcialidad no podía extenderse al nuevo representante del
Ministerio.
52. Sin embargo, la Sala Electoral hizo la salvedad relacionada con que esa
consideración no implicaba que el integrante del cuerpo colegiado pueda eludir la
recusación delegando su participación, esto es, cambiando a la persona que representa
los intereses de la entidad, por cuanto, según la jurisprudencia de la misma Sala, el
cuestionamiento contra el miembro principal de un consejo directivo recae sobre su
delegado autorizado por la ley. Lo que ocurrió en el asunto bajo examen fue que, se
acreditó que el representante del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible cambió
o fue sustituido, pero no se trató de una delegación del señor Juan Carlos Cuaical en el
señor John Alejandro Aristizábal Bedoya, por lo que, la censura frente al primero no se
proyectaba frente al segundo, en tanto, se insiste, no se trataba de un delegatario
sometido a instrucciones del delegante, sino de un servidor distinto.
53. De esta manera, contrario a lo que afirma el accionante, la Sala colige que, en la
providencia atacada, la Sección Quinta de esta Corporación sí realizó un análisis
probatorio de todos los elementos válida y legalmente aportados al proceso, de los
cuales, estableció que el consejo directivo de CORPONARIÑO le dio el trámite pertinente
a la recusación formulada en la sesión del 12 de agosto de 2025, de conformidad con
las normas y la jurisprudencia vigentes.
54. En este contexto, resulta oportuno indicar que, el hecho que la autoridad judicial
accionada no haya valorado las pruebas en el sentido que pretendía el actor, no involucra
la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
denominada defecto fáctico, por cuanto en acatamiento de sus competencias
jurisdiccionales tiene la potestad de examinar la pertinencia, utilidad y conducencia de
los elementos de convicción obrantes en el expediente, así como la de otorgarles
diferentes grados de certeza, siempre que lo haga de manera integral y bajo los criterios
de la sana crítica, conforme aconteció en el asunto materia de controversia.
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Accionante: Ricardo Oswaldo Romo Insuasty
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta
55. Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural) están precedidas de una
valoración objetiva, integral y razonable de las pruebas recaudadas, lo que, imposibilita
al juez de tutela cuestionarlas, salvo que, sean evidentemente contrarias a las garantías
superiores, supuesto que no se da en el sub lite. Acerca de este aspecto, la Corte
Constitucional16 sostuvo:
Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden
considerarse ni calificarse como errores fácticos.
Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme
a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor
se ajusta al caso concreto.
El juez, en su labor, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones se presumen de buena fe. En
consecuencia, el juez de tutela debe considerar que, en principio, la valoración de las pruebas
realizadas por el juez natural es razonable.
[…]
Por último, para que la tutela resulte procedente ante un error fáctico, “El error en el juicio valorativo
de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe
tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una
instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de
un asunto.
56. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que efectúa
el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía e
independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no observa
vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su intervención.
III. DECISIÓN
57. Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto no se
acreditó que la providencia del 22 de enero de 2026 proferida por el Consejo de Estado,
Sección Quinta hubiere incurrido en defecto fáctico o en desconocimiento del
precedente, por lo que, se negarán las pretensiones de la presente acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,
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Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00661-00
Accionante: Ricardo Oswaldo Romo Insuasty
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta
FALLA:
PRIMERO. NEGAR la solicitud de coadyuvancia presentada por el señor Ricardo Andrés
Goya Moyes, por las razones señaladas en precedencia.
SEGUNDO. NEGAR la solicitud de tutela formulada por el señor Ricardo Romo Insuasti
contra la Sección Quinta de esta Corporación, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y términos previstos en el Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
18
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