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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-00661-01

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-00661-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 27 de abril de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, que negó el amparo constitucional reclamado, para declarar improcedente la acción de tutela, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-00661-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

24 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00661-01
Accionante: Ricardo Oswaldo Romo Insuasti
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad electoral. Elección de director general de la
Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño) / MODIFICA NEGATIVA
DE AMPARO, PARA DECLARAR IMPROCEDENCIA – No cumple los presupuestos
de relevancia constitucional y subsidiariedad. Reproches tienen como fin emplear la
tutela como una instancia adicional al proceso ordinario y carecen de la suficiente
carga argumentativa y no se ejerció derecho de contradicción en la oportunidad
procesal prevista para ese propósito

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 27 de abril de 2026 por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se negó el amparo constitucional
reclamado.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 2 1 de febrero de 2026, el señor Ricardo Oswaldo Romo Insuasti promovió
acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, con el fin de que
se amparara su derecho fundamental al debido proceso y se dejara sin efectos la
sentencia de 22 de enero del año en curso, emitida, en única instancia, dentro del
proceso de nulidad electoral 2 que instauró contra el señor Mauricio Fernando
Bastidas Bedoya, con el objeto de que se anulara su acto de designación3 como
director general de la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño) para
el resto del período 2024-2027 4 , al haberse tramitado de manera indebida las
recusaciones presentadas en la sesión de elección del 12 de agosto de 2025.

1 Si bien se envió el escrito de amparo al correo electrónico de la secretaría general de la Corporación el 1º de

febrero de 2026, lo cierto es que era un día inhábil (domingo), por lo que se tiene por presentado al siguiente día
hábil.
2 Expediente 11001-03-28-000-2025-00161-00.
3 Acuerdo 10 de 12 de agosto de 2025.
4 A través de Acuerdo 15 de 29 de noviembre de 2023 se eligió al señor José Andrés Díaz Rodríguez como

director general de Corponariño. Dicho acto administrativo fue anulado por la Sección Quinta del Consejo de

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2.
En la providencia acusada se negaron las pretensiones. Se determinó que si bien
las recusaciones formuladas el 12 de agosto de 2025 se dirigieron contra 7 de los 13
integrantes del consejo directivo de Corponariño, lo cierto es que uno de ellos no
asistió a la sesión eleccionaria, por lo que solo 6 de los consejeros presentes fueron
cuestionados en su imparcialidad. Por tanto, dado el número de miembros afectados,
no era necesario remitir la recusación a la Procuraduría General de la Nación en los
términos del artículo 12 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA). Ello por cuanto los otros 7 integrantes del
cuerpo colegiado conformaban el quórum decisorio previsto en el artículo 39 de los
estatutos de Corponariño (la mitad más uno de los miembros del consejo directivo,
que está compuesto por 13 consejeros).

3.
La parte actora sostuvo que5 se configuraron los defectos fáctico y sustantivo.
Se omitió la valoración integral de las pruebas. Se inobservó que uno de los
recusados fue el delegado del Ministerio de Medio Ambiente, quien venía actuando
en el proceso y fue cambiado por su delegante, sin causa justa días antes, cuando
ya se había fijado fecha de la sesión.

4.
Se fundamentó la decisión en unos audios cortados sin el video y actas allegados
de manera ilegal. Se aportaron el 16 de enero de 2026, último día de vencimiento
del término de los alegatos de conclusión, esto es, fenecidas las oportunidades
procesales en las que debían aportarse, pues esos elementos fueron requeridos en
la admisión de la demanda y en el auto en el que se declararon no probadas las
excepciones y se fijó el litigio.

5.
Además, en ese audio no resulta claro si fueron 7 los recusados, incluyendo al
delegado del Ministerio de Medio Ambiente, en qué momento lo habilitaron para
actuar y así integrar el quórum para definir si la recusación era personal o
institucional. Si de entrada estaba recusado aquel delegado, se debía retirar de
participar en esa decisión, pero ello no se hizo y tampoco se registró en los audios
ilegales el debate jurídico y fáctico en torno a esa determinación.

6.
También se incurre en defecto procedimental. No se zanjó el litigio de acuerdo
con la demanda y las pruebas aportadas, que indicaban que la conducta desplegada
tuvo como fin manipular la elección, la cual se enmarcaba en el ámbito penal, por lo
que se presentó la respectiva denuncia6. Es decir, no se abordó lo atinente a las
acciones temerarias y de mala fe destinadas a sabotear la elección por parte del allí
demandado, a pesar de ser planteado ese cuestionamiento en la fijación del litigio.

Estado, mediante sentencia de 14 de noviembre de 2024 proferida en el proceso 2024-00063-00, al concluir que
la citación de 20 de noviembre de 2023 a la reunión en la que tuvo lugar la elección, no se surtió con la antelación
de 10 días para la realización de las sesiones ordinarias.
5 El accionante aportó memorial en el que aclaró lo pretendido en este asunto, en cumplimiento del auto de 5 de

febrero de 2026, que lo había inadmitido para que expusiera de manera clara y concisa los hechos y razones
concretas en los que se basaba su solicitud de amparo.
6 Radicado 52001-60-99-032-2025-25173, asignado a la fiscalía 32 seccional de Pasto.

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7.
De igual modo, se incurrió en desconocimiento del precedente. Se pasó por alto
la jurisprudencia del Consejo de Estado7, según la cual cuando se recusa al miembro
principal de un consejo directivo, dicha recusación se extiende a su delegado.
Asimismo, se desconoció la postura de la Corte Constitucional8, en cuanto a que los
mecanismos de impedimento y recusación son herramientas destinadas a
salvaguardar la independencia e imparcialidad de quienes toman decisiones
públicas, al evitar que una autoridad potencialmente sesgada participe en zanjar el
asunto.

B. Sentencia de primera instancia

8.
Mediante sentencia de 27 de abril de 2026, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado negó el amparo constitucional reclamado. Se
precisó que la autoridad accionada sí realizó un análisis probatorio de todos los
elementos válida y legalmente aportados al proceso, con base en los cuales concluyó
que el consejo directivo de Corponariño le dio el trámite pertinente a la recusación
formulada en la sesión del 12 de agosto de 2025, de conformidad con las normas y
la jurisprudencia vigentes.

C. La impugnación

9.
La parte actora impugnó la decisión adoptada en primera instancia, bajo el
fundamento de que se mantienen los mismos yerros planteados en la solicitud de
amparo, pues fue acogida la valoración probatoria efectuada en la sentencia acusada
sin mayor ampliación.

10.
No se efectuó pronunciamiento sobre el cambio abrupto del delegado del
Ministerio de Ambiente, exclusivo para la sesión, ni sobre que la recusación, así fuera
personal o institucional, debía debatirse durante la sesión, lo cual no se realizó, pues
no hay constancia de ello en el acta ni en los audios que se tacharon de ilegales.
Discusión en la que aquel delegado no podía participar y así habilitar el quórum.

11.
Tampoco se abordó lo relacionado con el hecho de no examinar las
irregularidades a las que se hizo referencia en la fijación del litigio ni que el acta y el
audio fueron aportados extemporáneamente.

D. Impedimento

12.
A través de auto del 24 de agosto de 2026 se negó el impedimento presentado
por el consejero de Estado Fernando Pardo Flórez9, con fundamento en la causal de

7 Auto de 29 de octubre de 2020, expediente 11001-03-28-000-2020-00076-00, sentencias de 17 de junio de

2021, expediente 11001-03-28-000-2019-00061-00, acumulado con el expediente 11001-03-28-000-2020-
00009-00; y 18 de julio de 2024, expediente 11001-03-28-000-2024-00060-00.
8 Sentencia C-037 de 1996 y auto 039 de 2010.
9 Indicó que entre él y uno de los magistrados que suscribió la providencia cuestionada existe desde hace 8 años

una amistad, que califica como intima.
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impedimento contenida en el numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

13.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 199110.

F. Análisis del caso concreto

14.
La Sala difiere de la apreciación del juez de primera instancia, consistente en que
se superan los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencia
judicial, en especial, los de subsidiariedad, respecto del defecto fáctico 11 (por la
valoración de pruebas aportadas de manera presuntamente ilegal); y relevancia
constitucional, en cuanto a los defectos fáctico (por omisión e indebida valoración
probatoria), procedimental y desconocimiento del precedente. Por tanto, se
modificará el fallo objeto de impugnación, para declarar la improcedencia de la acción
de tutela, por las razones que se exponen a continuación.

15.
En cuanto a la exigencia de subsidiariedad, el juez de primera instancia no expuso
los motivos por los cuales consideraba superado el aludido presupuesto. Al respecto,
se precisa que la providencia acusada fue proferida en única instancia, razón por la
cual los reproches dirigidos contra esta no pueden ser planteados a través de otro
mecanismo jurídico. No obstante, la inconformidad atinente a la valoración de
pruebas aportadas de manera ilegal, aunque tiene como fin desvirtuar dicho ejercicio,
la parte actora podía advertir esa presunta ilegalidad en una etapa previa a la
sentencia.

16.
En el proceso de nulidad electoral, mediante auto de 25 de septiembre de 2025,
con el que se admitió ese asunto se dispuso -entre otras determinaciones- que el
Consejo Directivo de Corponariño durante el término para contestar la demanda
debía allegar copia de los antecedentes del acto acusado, en atención al parágrafo
1º del artículo 175 del CPACA, acompañado de un certificado en el que constara que
se trataba de la totalidad de los antecedentes.

17.
Luego, con auto de 25 de noviembre de 2025 se resolvió, entre otras
determinaciones, (i) incorporar al expediente con el valor legal que les corresponda
los documentos aportados por los sujetos procesales y requerir al Consejo Directivo
de Corponariño para que allegara las actas de las sesiones del 29 de julio y 12 de

10 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
11Aunque se invocaron los defectos fáctico y sustantivo, lo cierto es que los reproches enmarcados bajo estas
causales involucran únicamente el defecto fáctico.
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agosto de 2025 debidamente aprobadas, así como los audios o videos de las
mismas, en razón a que fueron aportadas en formato Word y se titulan como
borradores en los antecedentes administrativos; (ii) ordenar a secretaría de la
Sección Quinta del Consejo de Estado “correr traslado a los sujetos procesales y
demás intervinientes por el término de 3 días, de los documentos que se alleguen en
cumplimiento del requerimiento anterior, cuando los mismos se encuentren debida e
integralmente incorporados al expediente”; y, (iii) una vez ejecutoriadas las
decisiones anteriores, correr traslado a las partes para alegar de conclusión por
escrito, de conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 181 del CPACA.

18.
El 3 de diciembre de 2025, Corponariño atendió el anterior requerimiento, en el
sentido de indicar que no era posible enviar las actas, dado que no habían sido objeto
de aprobación y refrendación por parte del Consejo Directivo, para cuyo efecto se
convocaría a aquel en la tercera semana de diciembre. Sin embargo, remitió los
audios correspondientes y las actas en borrador.

19.
De lo anterior, el 5 de diciembre de 2025, se corrió traslado por el término de tres
días hasta el 10 siguiente, sin manifestación alguna. A su vez, el 11 del mismo mes
y año, se corrió traslado por el término de diez días para presentar alegaciones
finales, es decir, hasta el 16 de enero de 2026.

20.
El tutelante en sus alegaciones de conclusión presentadas el 16 de enero de 2026
señaló que a esa fecha Corponariño no había aportado los documentos y sus
soportes como le fueron requeridos. Adujo que, en todo caso, en los fragmentos de
los audios aportados extemporáneamente, cuya originalidad cuestionaba, dado que
no se aportaron los videos con su audio y el acta de la respectiva sesión, se
evidenciaba la irregularidad en el trámite de las recusaciones presentadas el 12 de
agosto de 2025.

21.
Conforme al anterior panorama, se evidencia que de los audios y actas aportadas
al plenario por Corponariño el 3 de diciembre de 2025, en virtud del requerimiento de
25 de noviembre anterior, se le corrió traslado a las partes del 5 al 10 de diciembre
de 2025, sin que la parte actora se pronunciara sobre la ilegalidad o
extemporaneidad a la que se refiere en estas diligencias constitucionales, pues ello
solo lo hizo en los alegatos de conclusión, oportunidad que no era la prevista para
ese propósito.

22.
Es decir, el tutelante no puso en conocimiento de la autoridad judicial accionada
la presunta incorporación extemporánea y/o falta de autenticidad de los elementos
de convicción, lo cual le permitía que aquella se pronunciara. Por ende, al no hacerlo,
se deducía que estuvo conforme con aquella incorporación, por lo que no resulta
procedente que pretenda a través de esta acción revivir esa oportunidad procesal
que dejó fenecer para que el juez de tutela defina sobre el particular.

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23.
La acción de tutela reviste de una naturaleza residual y subsidiaria, esto es, que
procede en los eventos en que el ordenamiento jurídico no disponga de otro
instrumento diferente para obtener la protección constitucional que se invoca, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable (artículo 86 de la Constitución Política). En ese sentido, resulta
indispensable que, previo a acudir al juez constitucional, el interesado haya agotado
todos los recursos que tenía a su alcance con la finalidad de remediar la situación
que amenaza o lesiona sus derechos.

24.
Por lo expuesto, la omisión en que incurrió la parte actora, al no manifestar sus
inconformidades respecto de la incorporación de los aludidos elementos probatorios
cuando se surtió el respectivo traslado para ese propósito, le impide que pueda
acudir a esta acción de tutela para que se analicen sus reproches. Esta acción no
fue instituida como una instancia adicional al proceso ordinario, cuanto más si tuvo
la oportunidad dentro de su trámite procesal de plantear la inconformidad de índole
probatoria que alega en estas diligencias constitucionales.

25.
Por otro lado, en cuanto al presupuesto de relevancia constitucional, el a quo
indicó que el asunto superaba la exigencia de relevancia constitucional, “por cuanto
recae sobre la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso del
actor”. No obstante, la Sala considera que para tener por cumplido ese requisito no
basta con invocar el quebranto de garantías superiores ni citar unas causales
específicas de procedibilidad de la tutela, sino que se debe acreditar la afectación
constitucional que se alega, lo cual no se demuestra en este caso frente a los
defectos fáctico (en cuanto a la indebida valoración probatoria), y procedimental y al
desconocimiento del precedente invocados.

26.
Si bien la parte actora invocó las aludidas causales específicas de procedibilidad
de la tutela contra providencia judicial, lo cierto es que la argumentación esbozada
tiene como fin insistir en el presunto indebido trámite impartido a las recusaciones
formuladas en la sesión de elección que originó el acto de designación censurado,
sin considerar ni desvirtuar desde la óptica constitucional lo que sobre el particular
consideró el juez natural de la causa. Es decir, se pretende emplear esta acción
como una instancia adicional al proceso de nulidad electoral, al no estar de acuerdo
con la manera como se zanjó el litigio en la providencia atacada.

27.
El tutelante adujo que se examinó de manera indebida lo referente a la recusación
al delegado del Ministerio de Medio Ambiente. Frente a tal situación, en la
providencia acusada se indicó que si bien el 12 de agosto de 2025 se habían
presentado recusaciones contra 7 de los 13 integrantes del Consejo Directivo, bajo
la causal del numeral 1 del artículo 11 del CPACA, lo cierto es que uno de ellos no
integró esa sesión eleccionaria, por lo que solo 6 integrantes eran los válidamente
cuestionados en su imparcialidad, por lo que no se afectaba el quórum decisorio
previsto en el artículo 39 de los estatutos de Corponariño, y, en esa medida, podían
pronunciarse sobre los señalamientos, como lo hicieron, al considerarlos infundados
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por ser reiterativos, pues sobre ellos en oportunidad anterior se había pronunciado
la Procuraduría General de la Nación12.

28.
Para arribar a esa conclusión, relacionó lo evidenciado en el acta y grabación de
la sesión eleccionaria, en la que del minuto 35:15 al 35:44 se realizó la siguiente
actuación: “El secretario del consejo directivo indica que la recusación está dirigida
contra 7 integrantes, de los cuales uno, el señor José Eduardo Cuaical, ya no era
partícipe del órgano de dirección, toda vez que el delegado del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible en esa reunión era el señor Jhon Alejandro
Aristizábal Bedoya, por lo que el cuestionamiento de imparcialidad solo cobijaba a 6
consejeros”.

29.
Frente a lo anterior, la Sección Quinta corroboró que, en efecto, la persona
asistente a la sesión de elección como delegado del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible era diferente a la recusada. Además, precisó que el
cuestionamiento de imparcialidad al señor Cuaical no se podía extender al señor
Aristizábal Bedoya, en razón a que, conforme al artículo 11 del CPACA, las causales
de impedimento y recusación obedecen a condiciones particulares o personales del
funcionario que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar
investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas.

30.
Asimismo, anotó la autoridad accionada que en el caso concreto “ocurrió una
sustitución o transición entre funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible para representar a la entidad ante el órgano de dirección de
CORPONARIÑO, y el hecho constitutivo del cuestionamiento deviene de haber
coadyuvado la decisión del gobernador de Nariño de remitir escritos de recusación
a la Procuraduría General de la Nación, aspecto que, a juicio del recusante,
estructura el conflicto de interés por cuanto con ello dilataron la elección del director
general de la entidad”. Circunstancia que no afecta al posterior delegado.

31.
Lo anterior, no implica que se acepte que el integrante del cuerpo colegiado pueda
eludir la recusación delegando su participación. Se ha determinado por la Sección
que el cuestionamiento contra el miembro principal de un consejo directivo recae
sobre su delegado autorizado por la ley para integrar el órgano de dirección. No
obstante, en este caso el representante de la cartera cambió o fue sustituido, no se
trató de una delegación, por lo que la censura frente al primero no se proyecta frente
al segundo, pues no se trata de un delegatario sometido a instrucciones del
delegante, sino de un servidor distinto.

32.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala no evidencia que la Sección Quinta haya
incurrido en una indebida valoración probatoria respecto de la recusación dirigida

12 Frente a la recusación presentada el 20 de mayo de 2025, respecto de la que se declaró infundada el 4 de

junio siguiente. También en la sesión del 7 de julio se presentaron dos nuevas recusaciones, las cuales también
desestimó ese ente el 24 de julio de 2025 y advirtió sobre prácticas dilatorias que afectaban la transparencia del
proceso.
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contra el delegado del Ministerio de Ambiente y de Desarrollo Sostenible. Para tal
efecto, tuvo como fundamento el audio de la sesión eleccionaria, el cual -como se
anotó en precedencia- no fue objeto de tacha en la respectiva oportunidad procesal.
Elemento del que advirtió que el secretario del Consejo Directivo había determinado
que la recusación contra el delegado de la aludida cartera se refería al anterior
representante y no al que asistió a esa sesión, por lo que se descartaba tal
recusación. Adicional a ello, analizó la anterior determinación, frente a la que
concluyó que sí contaba con asidero jurídico y expuso la argumentación suficiente
que daba cuenta de su decisión.

33.
Es decir, la autoridad judicial accionada no solamente aceptó lo demostrado con
el audio de la sesión de 12 de agosto de 2025, sino que efectuó un juicio de valor
sobre lo allí determinado. Por ende, más allá de un defecto fáctico se observa que la
parte actora pretende que se acoja su tesis probatoria acerca de la procedencia de
la recusación contra el delegado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
y con ello que se decida el asunto del modo que considera adecuado. Actuación para
la cual no fue instituida la acción de tutela.

34.
En este punto, se precisa que para acreditar la presunta omisión o indebida
valoración probatoria alegada, no basta con exponer inconformidad con las
conclusiones a las que arribó el juez natural de la causa o que no se consideraron
algunas particularidades que demostraban las pruebas allegadas. Para tal efecto, es
indispensable acreditar en ese escenario la configuración de algún tipo de
arbitrariedad, la inobservancia de los postulados de la sana crítica o que las
situaciones que no se tuvieron en cuenta tenían la potencialidad de influir de manera
directa en el sentido de la decisión a adoptar sobre el litigio, lo cual no se comprobó
en este asunto constitucional. Ello, por cuanto al juez de tutela le está vedado
arrogarse la competencia de efectuar un ejercicio valorativo sobre los elementos de
convicción o imponer un grado de certeza sobre los mismos, como si se tratara de
una instancia adicional al proceso ordinario.

35.
Por consiguiente, para la Sala el hecho de que no se hayan valorado los medios
de convicción como lo pregona la parte actora, en particular, el audio de la sesión de
12 de agosto de 2025, en el sentido de que en este se demostraba la irregularidad
en el trámite de las recusaciones presentadas, denota un simple desacuerdo con lo
concluido al respecto. Por ende, lejos de comportar defecto fáctico, materializa la
autonomía judicial de la que están revestidas las autoridades judiciales para decidir
las controversias puestas en su conocimiento con base en el material probatorio
debidamente recaudado.

36.
Por otra parte, el tutelante sostiene que se incurrió en defecto procedimental, en
razón a que no se zanjó la controversia como se había fijado el litigio, dado que no
se hizo referencia a las acciones temerarias y de mala fe destinadas a sabotear la
elección.

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37.
Al respecto, basta con acudir al ya mencionado auto de 25 de noviembre de 2025,
en el que se fijó el litigio así:

«Determinar si es nulo el acto administrativo contenido en el Acuerdo 10 del 12 de
agosto de 2025, expedido por el Consejo Directivo de CORPONARIÑO, por medio
del cual se designó al señor Mauricio Fernando Bastidas Bedoya, como director
general de la entidad para el resto del periodo 2024-2027, por presuntamente
desconocer los artículos 29 y 83 de la Constitución Política, 11 y 12 de la Ley 1437
de 2011 y la Circular 17 del 3 de noviembre 2023 de la Procuraduría General de la
Nación, en el trámite de las recusaciones presentadas el 12 de agosto de 2025 en
contra de los integrantes del órgano de dirección.

En caso de encontrarse demostrada alguna irregularidad, se definirá si ésta tiene la
entidad suficiente para afectar la legalidad del acto electoral demandado».

38.
En esa medida, no corresponde a la realidad que se haya fijado el litigio del modo
planteado por el actor, en cuanto a las presuntas irregularidades acaecidas con
antelación a la sesión de elección de 12 de agosto de 2025. Este se circunscribió
precisamente a examinar las posibles irregularidades, pero acaecidas en el marco
del trámite impartido a las recusaciones presentadas en esa oportunidad, sobre lo
cual, en efecto, se contrajo el estudio jurídico.

39.
Por tanto, el aludido reproche no comporta un defecto procedimental, sino la
imposición de la parte actora de que se examine una situación que no fue objeto de
controversia, lo que implica su falta de relevancia constitucional.

40.
Por último, el accionante alega que se presentó desconocimiento del precedente
del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional referente al trámite de las
recusaciones. No obstante, la autoridad judicial accionada aludió precisamente al
criterio traído a colación por la parte actora, en cuanto a que cuando se recusa al
miembro principal de un consejo directivo, dicha recusación se extiende a su
delegado. Diferente es que la Sección Quinta haya determinado que en este caso no
se trataba de una delegación, sino de un cambio o sustitución, razón por la cual dicha
premisa no aplicaba al caso concreto.

41.
En cuanto a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la parte actora no
desplegó la suficiente carga argumentativa para abordar este cuestionamiento. No
hizo referencia puntualmente a qué criterio fue desatendido, máxime cuando la
autoridad judicial accionada se refirió a la postura del Consejo de Estado mencionada
por la parte actora, distinto es que no la haya considerado aplicable, lo cual no se
traduce en inobservancia a las figuras de impedimentos y recusaciones como
herramientas que salvaguardan la imparcialidad e independencia en la decisión de
asuntos.

42.
En ese orden de ideas, los argumentos en los que se fundamentaron las causales
específicas de procedibilidad invocadas, comportan la imposición de la valoración
probatoria e interpretación jurisprudencial que defiende y que considera correcta la
parte actora, sin desvirtuar desde la óptica constitucional que la acogida por el juez
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00661-01
Accionante: Ricardo Oswaldo Romo Insuasti
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

natural del asunto constituye la afectación que alega, máxime cuando se pretende
dejar sin efectos una providencia proferida por una Alta Corte, para cuyo propósito
resulta indispensable que se acredite la configuración de una irregularidad de tal
envergadura que atente de manera abierta contra la Carta Política.

43.
Así las cosas, las inconformidades del tutelante no demuestran afectación
constitucional alguna ni contienen la suficiente carga argumentativa que acredite
algún yerro de índole constitucional que implique vulneración de derechos
fundamentales, pues solo evidencian su desacuerdo con la manera en que se zanjó
el litigio por resultarle desfavorable a sus intereses.

44.
Por tanto, aunque se haya zanjado la controversia de manera desfavorable al
tutelante, ello no lo faculta para que acuda a este mecanismo judicial para imponer
el criterio que defiende.

45.
En ese orden de ideas, se modificará la sentencia impugnada, que negó el amparo
constitucional reclamado, para declarar improcedente el trámite constitucional.

46.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 27 de abril de 2026, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, que negó el amparo
constitucional reclamado, para declarar improcedente la acción de tutela, por las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Aclaración de voto Aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE13
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

13 VF

10

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00661-01
Accionante: Ricardo Oswaldo Romo Insuasti
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

11

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