Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00669-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00669-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00669-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
27 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00669-00
Accionante: GLADYS BEATRIZ MOLINA DE COLL
Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Gladys Beatriz Molina de Coll contra el
Tribunal Administrativo del Atlántico y el Consejo de Estado–Sección Tercera–
Subsección A, que negaron las pretensiones de la demanda de reparación directa1 de la
accionante contra el Departamento del Atlántico, el Municipio de Juan de Acosta y la
Corporación Autónoma Regional del Atlántico.
ANTECEDENTES
1. Acción de tutela
El 2 de febrero de 2026, Gladys Beatriz Molina de Coll, actuando a través de apoderado
judicial, formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad,
al derecho a la propiedad y los principios de confianza legítima y buena fe; que consideró
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Consejo de Estado–Sección
Tercera–Subsección A al haber proferido las sentencias del 8 de noviembre de 2024 y
24 de octubre de 2025, dentro del proceso de reparación directa promovido por la
1 Proceso identificado con número de radicación: 08001-23-3-000-2019-00368-00/01.
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Accionante: Gladys Beatriz Molina de Coll
Acción de tutela–Primera instancia
accionante contra el Departamento del Atlántico, el Municipio de Juan de Acosta y la
Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), mediante las cuales se negaron las
pretensiones de la demanda al considerar configurada la caducidad del medio de control,
dentro del proceso de reparación directa promovido por la accionante con ocasión de los
daños ocasionados al bien inmueble de su propiedad ubicado en el sector denominado
“La Aguadita”, en jurisdicción del Municipio de Juan de Acosta, Departamento del
Atlántico, como consecuencia de la desviación del cauce del arroyo grande de Juan de
Acosta y la presunta omisión de las entidades demandadas de adoptar las medidas
hidráulicas necesarias para evitar la erosión, sedimentación y deterioro del predio.
En virtud del amparo, el accionante solicitó textualmente:
«PRIMERO: Conforme a lo expuesto, desde ya solicitamos al señor Magistrado
del conocimiento, que tutele los derechos fundamentales que le asisten a mi
poderdante AL DEBIDO PROCESO - DERECHO DE DEFENSA - DERECHO DE
IGUALDAD - DERECHO A LA PROPIEDAD - BUENA FE IMPLICITA CON LA
CONFIANZA LEGITIMA - ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, y
demás derechos que se consideren vulnerados, consecuentemente decrete la
NULIDAD Y/O DEJE SIN EFECTO las sentencia del 08 de noviembre de 2024 y
la del 24 de octubre de 2025, proferidas por el Tribunal Administrativo del Atlántico
y el Consejo de Estado, respectivamente, dentro del proceso de REPARACION
DIRECTA radicado Nro. 08-001-23-33-000-2019-00368-00-W.
SEGUNDO: Ordenar al TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL ATLÁNTICO SALA DE DECISIÓN ORAL C, de acuerdo con sus
competencias y obligaciones, a que en un término perentorio se profiera la decisión
debidamente motivada que en derecho corresponda, donde se haga un estudio de
fondo minucioso a lo pretendido por la parte accionante, O EN SU DEFECTO QUE
PROFIERA UNA NUEVA SENTENCIA CONCORDANTE CON LAS PRUEBAS
APORTADAS Y PRACTICADAS EN EL PROCESO.»
2. Hechos relevantes
La señora Gladys Beatriz Molina de Coll señala que es propietaria de un bien inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria No. 045-58808, ubicado en el punto denominado
“La Aguadita”, en jurisdicción del municipio de Juan de Acosta, departamento del
Atlántico.
Manifiesta que, con el paso del tiempo, el predio de su propiedad comenzó a verse
afectado por las fuertes corrientes de agua generadas por el arroyo grande de Juan de
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Accionante: Gladys Beatriz Molina de Coll
Acción de tutela–Primera instancia
Acosta, las cuales se introdujeron dentro del inmueble ocasionando fenómenos de
erosión, sedimentación y deterioro del terreno.
Indica que dicha situación se habría originado por la desviación del cauce del arroyo y
por la ausencia de obras hidráulicas y de mantenimiento necesarias para la estabilidad
de las riberas, pese a que las autoridades competentes tenían conocimiento de la
problemática. Asimismo, se señaló dentro del proceso que sobre el inmueble se
constituyó una servidumbre para la instalación de infraestructura del sistema de
alcantarillado del municipio de Juan de Acosta, formalizada mediante Escritura Pública
No. 119 del 2 de junio de 2017, relacionada con la instalación de una tubería colectora
del sistema de alcantarillado.
Expone que el 20 de septiembre de 2017 elevó solicitudes ante la Oficina de Prevención
y Atención de Desastres del Departamento del Atlántico, la Corporación Autónoma
Regional del Atlántico (CRA) y la Alcaldía del municipio de Juan de Acosta, con el fin de
que se adoptaran las medidas necesarias para atender la situación generada por el
cambio del cauce del arroyo y la afectación de su predio.
Señala que, pese a tales requerimientos, las entidades competentes omitieron adoptar
las acciones necesarias para prevenir o mitigar los efectos de la desviación del arroyo,
situación que continuó generando deterioro y destrucción del bien de su propiedad.
Ante esa situación, la señora Gladys Beatriz Molina de Coll presentó demanda de
reparación directa, con el fin de obtener la declaratoria de responsabilidad administrativa
del Departamento del Atlántico, el Municipio de Juan de Acosta y la Corporación
Autónoma Regional del Atlántico por los daños ocasionados a su inmueble y el
consecuente reconocimiento de los perjuicios derivados de dicha afectación.
El proceso fue conocido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que mediante
sentencia de primera instancia del 8 de noviembre de 2024 negó las pretensiones de la
demanda, al considerar que había operado el fenómeno de la caducidad del medio de
control de reparación directa, toda vez que el término de dos (2) años debía contabilizarse
a partir de la fecha en que se ejecutó en su totalidad la obra de alcantarillado del Municipio
de Juan de Acosta, o en su defecto desde el momento en que la parte actora conoció los
supuestos perjuicios ocasionados con ocasión de la desviación del cauce del arroyo de
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Accionante: Gladys Beatriz Molina de Coll
Acción de tutela–Primera instancia
Juan de Acosta, circunstancia que, según el material probatorio allegado al proceso, se
evidenciaba desde hace más de diez (10) años anteriores a la presentación de la
demanda, por lo que había transcurrido en demasía el término de caducidad dispuesto
en el literal (i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
Posteriormente, la parte demandante interpuso recurso de apelación solicitando que se
revocara la sentencia de fecha 8 de noviembre de 2024 y que en su lugar se accediera a
las pretensiones de la demanda, al manifestar su desacuerdo con la decisión adoptada
por el Tribunal Administrativo del Atlántico al considerar que existió una indebida
valoración del acervo probatorio y que las entidades demandadas incurrieron en omisión
en el cumplimiento de sus deberes de control y protección del medio ambiente, lo cual
habría permitido que continuaran generándose daños y perjuicios al inmueble de
propiedad de la demandante. Asimismo, sostuvo que no era acertado concluir que había
operado la caducidad de la acción, en tanto los daños se continúan produciendo en el
tiempo y, por ende, el término de caducidad no se habría agotado mientras dichos
perjuicios sigan generándose.
La segunda instancia correspondió al Consejo de Estado–Sección Tercera–Subsección
A, que mediante sentencia del 24 de octubre de 2025 confirmó la decisión adoptada en
primera instancia al concluir que, si bien la demanda fue presentada dentro del término
legalmente establecido y, por tanto, no había operado la caducidad de la acción, en el
proceso no se acreditó el daño alegado por los demandantes. La autoridad judicial señaló
que las fotografías aportadas no permitían verificar las circunstancias de tiempo, modo y
lugar de los hechos relevantes para el litigio ni contaban con respaldo en otros medios
de prueba, razón por la cual no podían ser tenidas en cuenta para acreditar los sucesos
afirmados por los actores. De igual forma, advirtió que el informe técnico allegado como
dictamen pericial no satisfacía los estándares mínimos de claridad, precisión y soporte
exigidos por la legislación procesal, pues carecía de la debida explicación de las técnicas
y metodologías empleadas, no adjuntaba los documentos que servían de fundamento a
sus conclusiones y contenía afirmaciones sin sustento técnico suficiente. En ese sentido,
concluyó que dicho dictamen carecía de mérito probatorio para demostrar los hechos
afirmados por la parte actora y, en particular, el daño alegado. En consecuencia, al no
demostrarse este elemento estructural de la responsabilidad, la Subsección concluyó que
no había lugar a acceder a las pretensiones indemnizatorias formuladas en la demanda
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Accionante: Gladys Beatriz Molina de Coll
Acción de tutela–Primera instancia
Las providencias de primera y segunda instancia dieron lugar a la interposición de la
acción de tutela por parte de apoderado judicial de la accionante Molina de Coll.
3. Fundamentos de la acción
La parte accionante sostuvo que las providencias judiciales cuestionadas incurrieron en
defecto fáctico, pues omitieron analizar adecuadamente las pruebas aportadas dentro del
proceso de reparación directa. En particular, sostiene que no se otorgó el debido alcance
probatorio al dictamen pericial rendido por el ingeniero William Rodríguez García, el cual
fue aportado oportunamente al proceso y no fue objeto de tacha ni de contradicción por
las entidades demandadas, pese a constituir la principal prueba técnica para acreditar los
daños ocasionados al inmueble. Asimismo, señala que no se valoraron de manera
integral las declaraciones testimoniales rendidas por Miguel Orlando Molina Molinares y
Eucaris Molina Molinares, quienes relataron las afectaciones sufridas por el predio y la
omisión de las entidades demandadas frente a la problemática generada por el arroyo de
Juan de Acosta.
De igual forma, afirma que se configuró un desconocimiento del precedente
jurisprudencial, en particular de la jurisprudencia constitucional sobre el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto (Sentencia T-237 de 2017) y del precedente
del Consejo de Estado sobre la protección del derecho de acceso a la administración de
justicia y el principio de confianza legítima en el trámite de las acciones de reparación
directa (Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 31 de marzo de 2016, rad.
11001-03-15-000-2016-00402-00). A su juicio, las autoridades judiciales accionadas se
apartaron de dichos criterios al desestimar el material probatorio aportado y negar las
pretensiones sin realizar una valoración integral de las pruebas.
4. Trámite procesal
El 10 de febrero de 2026, se admitió la acción de tutela2 y se ordenó su notificación a la
accionante y a la autoridad judicial accionada, así como a Joaquín Enrique Coll Fontalvo,
a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), al Departamento del Atlántico,
al Municipio de Juan de Acosta y a la Gobernación del Atlántico, en calidad de terceros
interesados. Igualmente, se solicitó al Tribunal Administrativo del Atlántico y al Consejo
2 SAMAI, índice 4.
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Accionante: Gladys Beatriz Molina de Coll
Acción de tutela–Primera instancia
de Estado–Sección Tercera–Subsección A, remitir copia digital del expediente del medio
de control. Finalmente, se reconoció personería al abogado Aquileo de Jesús Molina
Escorcia.
El Tribunal Administrativo del Atlántico contestó la acción de tutela3 y sostuvo que la
decisión proferida por esa Corporación no transgrede ningún precedente judicial ni
incurre en defecto alguno que permita la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, ni por causales genéricas ni específicas, pues la sentencia de
primera instancia expuso las razones por las cuales decidió negar las pretensiones de la
demanda, decisión que posteriormente fue confirmada por el Consejo de Estado en
sentencia de 24 de octubre de 2025. Asimismo, indicó que las censuras formuladas por
la parte accionante resultan inadmisibles, en tanto la acción de tutela no constituye el
escenario natural para reabrir el debate jurídico propio del medio de control de reparación
directa ni puede convertirse en una tercera instancia, más aún cuando el Consejo de
Estado ya emitió un pronunciamiento en segunda instancia confirmando la decisión
adoptada por esa Corporación.
Por su parte, el Departamento del Atlántico, en su escrito de contestación4, señaló que
carece de legitimación en la causa por pasiva dentro del presente asunto, en tanto la
presunta vulneración de los derechos fundamentales alegada por la accionante proviene
de la actuación de las autoridades judiciales accionadas en el proceso de reparación
directa, y no de una acción u omisión atribuible a dicha entidad territorial.
Asimismo, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico contestó la acción de tutela5
y manifestó que se opone a las pretensiones por considerarlas improcedentes, en tanto
el Consejo de Estado en segunda instancia revisó de fondo el asunto y revocó la
excepción de caducidad declarada en primera instancia, procediendo a estudiar el mérito
del proceso y a valorar integralmente las pruebas allegadas. En ese sentido, indicó que
la decisión judicial cuestionada concluyó que no existía prueba suficiente del daño
alegado, razón por la cual no había lugar a acceder a las pretensiones de la demanda.
Asimismo, sostuvo que la acción de tutela resulta improcedente, pues la parte accionante
pretende reabrir el debate probatorio ya surtido dentro del proceso judicial y cuenta
además con el recurso extraordinario de revisión como mecanismo idóneo para
3 SAMAI, índice 11.
4 SAMAI, índice 12.
5 SAMAI, índice 13.
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Accionante: Gladys Beatriz Molina de Coll
Acción de tutela–Primera instancia
cuestionar la sentencia, por lo que no se cumple el requisito de subsidiariedad de la
acción constitucional.
Finalmente, el Tribunal Administrativo del Atlántico envió copia digital del expediente del
proceso ordinario6.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra las sentencias del
del 8 de noviembre de 2024 y 24 de octubre de 2025, proferidas por el Tribunal
Administrativo del Atlántico y el consejo de Estado–Sección Tercera–Subsección A,
mediante las cuales se negaron las pretensiones formuladas en el proceso de reparación
directa 7 , promovido por la accionante contra la Corporación Autónoma Regional del
Atlántico, el Departamento del Atlántico y el Municipio de Juan de Acosta.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un
derecho constitucional fundamental 8 . De conformidad con su jurisprudencia, la tutela
contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que
la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se
configure un perjuicio irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que
6 SAMAI, índice 11.
7 Proceso identificado con número de radicación: 08001-23-3-000-2019-00368-00/01.
8 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Accionante: Gladys Beatriz Molina de Coll
Acción de tutela–Primera instancia
la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de
tutela9.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba;
falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error
inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del «precedente»
constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la
Constitución.
Relevancia constitucional
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha indicado, desde
2014, los siguientes elementos para determinar si una acción de tutela cumple con el
requisito de relevancia constitucional10: i) que el actor cumpla una carga argumentativa
suficiente, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales,
sino que se deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de
desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; ii)
Que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.
Adicionalmente, en sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los
elementos antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de
relevancia constitucional. Sostuvo que «la tutela contra providencias judiciales implica un
juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen
a la controversia judicial». Precisó que el requisito de relevancia constitucional es
consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad de los
jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional. Además de
lo anterior, la Corte indicó que:
9 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. C.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez. Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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Accionante: Gladys Beatriz Molina de Coll
Acción de tutela–Primera instancia
«[…] la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal.»
Caso concreto
La señora Gladys Beatriz Molina de Coll promovió acción de tutela contra las sentencias
del del 8 de noviembre de 2024 y 24 de octubre de 2025, proferidas por el Tribunal
Administrativo del Atlántico y el Consejo de Estado–Sección Tercera–Subsección A, al
considerar que dichas providencias vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al derecho a la propiedad
y los principios de confianza legítima y buena fe.
La Sala advierte que, la tutela promovida por la señora Molina de Coll será declarada
improcedente, toda vez que la solicitud no cumple con el requisito de relevancia
constitucional. Esto, pues la Sala observa que lo que pretende el accionante es reabrir el
debate que quedó zanjado en sede de instancia.
Se observa que, como fundamento principal de la acción de tutela, la accionante sostiene
que existió un defecto fáctico, al no valorarse adecuadamente el material probatorio del
proceso de reparación directa. Señaló que no se otorgó el debido alcance al dictamen
pericial del ingeniero William Rodríguez García ni a los testimonios de Miguel Orlando
Molina Molinares y Eucaris Molina Molinares, los cuales acreditaban los daños al
inmueble. Asimismo, alegó desconocimiento del precedente jurisprudencial, en particular
de la jurisprudencia constitucional sobre exceso ritual manifiesto y del precedente del
Consejo de Estado sobre acceso a la administración de justicia y confianza legítima, al
haberse desestimado las pruebas sin una valoración integral.
Al respecto, la Sala advierte que no se configuran los defectos alegados por la
accionante. En efecto, se observa que, Consejo de Estado–Sección Tercera–Subsección
A realizó un análisis de fondo del caso en concreto. De hecho, a diferencia de lo
considerado por el Tribunal Administrativo del Atlántico, concluyó que no se configuraba
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Accionante: Gladys Beatriz Molina de Coll
Acción de tutela–Primera instancia
el fenómeno de la caducidad, al establecer que la acción de reparación directa fue
interpuesta dentro del término legalmente previsto:
«33. En ese orden de ideas, al no haber evidencia de que el supuesto daño
causado por la presunta conducta omisiva de las demandadas haya ocurrido en
un momento diferente, la Subsección adopta como punto de partida para computar
el plazo de formulación oportuna de la demanda el 20 de septiembre de 2017,
fecha en que la señora Gladys Beatriz Molina de Coll elevó peticiones a la Oficina
de Prevención y Atención de Desastres del Departamento29, a la CRA30, al
alcalde y a la estación de policía municipal31 para que solucionaran la “extracción
ilegal de arena y piedras chinas que se viene presentando hace años en las riberas
del arroyo llamado el Grande en el Municipio […] ya que el arroyo […] ha cambiado
su antiguo curso, ya se ha desbordado en mi finca arrasando con gran parte de mi
terreno y arrancando árboles frutales…”.
34. Tomando la data mencionada, que expresaría la concomitancia entre el
conocimiento del supuesto daño y la conducta omisiva alegada, se concluye que
la demanda fue presentada dentro del término legalmente establecido, dado que
fue radicada el 13 de junio de 2019. Por lo tanto, la Sala no comparte los
razonamientos empleados por el Tribunal para aseverar el acaecimiento de la
caducidad, y está habilitada para proferir un fallo de fondo.»
Ahora bien, frente a lo señalado por la accionante en relación con una supuesta indebida
valoración probatoria, en concreto porque, según señala, no se otorgó el debido alcance
al dictamen pericial del ingeniero William Rodríguez García ni a los testimonios de Miguel
Orlando Molina Molinares y Eucaris Molina Molinares; se observa que, en la sentencia
de segunda instancia, el Consejo de Estado–Sección Tercera–Subsección A, analizó
detalladamente cada prueba y expuso las razones por las cuales no resultaban
suficientes para acreditar el daño alegado por la accionante.
Frente al informe técnico rendido por el ingeniero William Rodríguez García, la autoridad
judicial concluyó lo siguiente:
«Los contornos de la prueba pericial expuestos hasta este punto permiten concluir
que este elemento, al obviar la aplicación debidamente explicada de técnicas y
metodologías correspondientes a la ingeniería civil para arribar a las conclusiones
expuestas, y la adjunción de soportes que sirvan de sustento a los resultados, no
posee el valor probatorio que la parte demandante arguyó en su escrito de
apelación. Aunado a ello, la experticia no satisface los estándares mínimos de
claridad y precisión exigidos por la legislación procesal para este tipo de pruebas,
por lo que no satisface la carga d demostrar los hechos afirmados por los actores
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Accionante: Gladys Beatriz Molina de Coll
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para configurar el deber jurídico indemnizatorio que estos pretenden, más
puntualmente, no demuestran el daño alegado.»
De igual forma, frente a lo señalado por la accionante, sobre los testimonios practicados
en el proceso, la autoridad judicial advirtió que los testigos eran familiares de la
demandante, circunstancia que exigía una valoración más rigurosa y concluyó que las
declaraciones resultaban imprecisas y carentes de datos concretos que pudiesen
demostrar que existió un daño, además de no contar con respaldo probatorio adicional:
«68. Aunque los testimonios rendidos en sede judicial respaldaron las afirmaciones
de la demanda, estos no son concluyentes de cara a la acreditación del daño.
Dicha conclusión se apoya en el análisis que se pasa a desarrollar y explicar.
69. Durante la audiencia de pruebas, Miguel Orlando Molina Molinares86 afirmó
que el arroyo se “llevó” tierra de la finca de los demandantes, en las que había
siembras d mango, guayaba y coco, y que “Gladys” buscó “apoyo” durante “varias
administraciones” de la alcaldía y la gobernación, pese a lo cual tales entidades
nunca “han ido”. Señaló, además, que la referida señora canalizó el arroyo “como
tres veces, pero ya los recursos se le acabaron y el arroyo siguió a su casa”.
Cuando al referido señor se le preguntó por la intervención de la alcaldía o del
departamento en los hechos que dieron lugar a la inundación y destrucción de la
finca en cuestión, respondió, sin más detalle, “ninguna actuación”.
70. Por su parte, Eucaris Molina Molinares87 relató que la afluente se “llevó más
de la mitad del inmueble” incluyendo sus árboles frutales y “los cocos”; que la
señora Molina de Coll había ido a la gobernación y a la alcaldía “pero nada, no le
han puesto atención”. Ante la pregunta de cuál consideraba la causa de los daños
ocurridos en el predio de los demandantes, la declarante contestó “omisión”, y ante
la insistencia del magistrado que dirigió la audiencia para que ampliara tal
respuesta, únicamente agregó que la omisión era de la alcaldía, porque “no han
trabajado sobre el arroyo para que no se llevara la tierra”.
71. El apoderado de la parte demandante se abstuvo de interrogar a ambos
testigos.
72. Es importante señalar que tanto Miguel Orlando Molina Molinares como
Eucaris Molina Molinares afirmaron ser hermanos de Gladys Beatriz Molina de
Coll, y cuñado de Joaquín Enrique Coll Fontalvo. Sus testimonios, al ser parientes
de los demandantes, resultan sospechosos de conformidad con el artículo 211 del
CGP, por lo que, frente a sus manifestaciones, procede una valoración rigurosa,
en concordancia con las demás pruebas.
73. Si bien ambos testigos coincidieron en afirmar que la demandante le solicitó
“apoyo” a la alcaldía y a la gobernación sin obtener respuesta, y que el arroyo se
“llevó” “tierra” de su finca en la que había algunos cultivos, lo cierto es que tales
manifestaciones resultan insuficientes para acreditar el daño alegado. La supuesta
falta de apoyo de las entidades demandadas fue planteada de forma lacónica y
constituye una cuestión irrelevante en el asunto objeto de estudio: la prueba del
daño en el sub lite, que solo sería útil en el estudio de la falla del servicio por
omisión administrativa -en el juicio de imputación-. Por su parte, las afirmaciones
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Accionante: Gladys Beatriz Molina de Coll
Acción de tutela–Primera instancia
sobre la afectación del predio son imprecisas y carecen de datos concretos acerca
del menoscabo material que afirmaron padecer lo actores - los declarantes no
especificaron, ni siquiera, en qué consistieron las afectaciones del inmueble, si
sufrió humedades, daños en su estructura o en sus elementos, o la extensión de
la superficie de terreno-.
74. Asimismo, las declaraciones de los testigos tampoco cuentan con respaldo
probatorio adicional, porque, se itera, (i) las fotografías aportadas no son idóneas
para acreditar con certeza los hechos alegados por la actora; y (ii) la pericia
acompañada a la demanda carece de valor probatorio, al no contener fundamentos
técnicos ni elementos que fundamenten las conclusiones contenidas en ella.»
En ese contexto, diverso a como lo sostiene la accionante, las sentencias proferidas en
el proceso ordinario no incurrieron en un defecto fáctico ni acreditaron hechos que no
estuvieran demostrados en el expediente; las autoridades judiciales explicaron de
manera razonada por qué el material probatorio allegado, particularmente el informe
técnico, las fotografías y los testimonios, no permitían acreditar con certeza la existencia
del daño alegado.
De acuerdo a lo anterior, no se observa que las autoridades judiciales hayan incurrido en
una valoración arbitraria del material probatorio. Por el contrario, se observa que los
jueces analizaron el acervo probatorio y concluyeron de manera fundada que no se logró
acreditar el daño, elemento indispensable para estructurar la responsabilidad el Estado
en el medio de control de reparación directa.
La acción de tutela no procede para controvertir la apreciación probatoria efectuada por
el juez natural, salvo que se trate de una valoración caprichosa, arbitraria o abiertamente
irrazonable, lo cual no ocurre en el presente caso. En realidad, lo que se evidencia es la
inconformidad de la actora con el resultado del análisis efectuado por los jueces de
instancia.
En ese contexto, observa la Sala que lo planteado por la accionante corresponde a un
mero desacuerdo con las sentencias del proceso ordinario, no pone en evidencia una
afectación directa de derechos fundamentales, excluye la configuración de una vía de
hecho y revela una inconformidad de la accionante con el sentido de la decisión adoptada
y con la valoración probatoria realizada, lo cual resulta insuficiente para habilitar la
intervención del juez de tutela como instancia adicional de revisión.
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Radicación:11001-03-15-000-2026-00669-00
Accionante: Gladys Beatriz Molina de Coll
Acción de tutela–Primera instancia
La acción de tutela, en consecuencia, no supera el umbral de procedencia excepcional
frente a providencias judiciales, dado que la sentencia reprochada fue dictada dentro del
marco de la legalidad y no se demostró una vulneración directa y ostensible de los
derechos fundamentales invocados. No está llamada a operar como instancia adicional
ni como mecanismo para sustituir el criterio interpretativo del juez natural, salvo que se
acredite un apartamiento manifiesto, irrazonable o arbitrario del ordenamiento jurídico,
circunstancia que no se acreditó en este caso.
La tutela no constituye una tercera instancia ni un instrumento para desconocer la
autonomía e independencia judicial. Por las razones expuestas, la Sala evidencia que no
se configura vulneración de derecho fundamental alguna y el amparo se declarará
improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de Gladys Beatriz Molina de
Coll contra el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Consejo de Estado–Sección
Tercera–Subsección A, por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
14
Radicación:11001-03-15-000-2026-00669-00
Accionante: Gladys Beatriz Molina de Coll
Acción de tutela–Primera instancia
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
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