Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00669-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00669-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00669-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
31 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00669-01
Accionante: Gladys Beatriz Molina de Coll
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Revocar y, en su lugar, negar el amparo por no demostrarse la
configuración de los defectos alegados
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la sentencia proferida el 27 de
marzo de 2026 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela por incumplir el requisito
de relevancia constitucional.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. La señora Gladys Beatriz Molina de Coll interpuso demanda de reparación directa
contra la Corporación Autónoma Regional del Atlántico y el departamento del Atlántico
• municipio de Juan de Acosta, con la finalidad de que se les declarara administrativa
y patrimonialmente responsables por los perjuicios materiales y morales derivados del
deterioro y la destrucción del inmueble de su propiedad, como consecuencia de la
presunta desviación de un arroyo, ocasionada por la extracción ilegal de piedra china
y por la ausencia de obras de alcantarillado en el sector.
3. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 8 de noviembre de
2024, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la demanda de
reparación directa debió interponerse a partir de la fecha en que se ejecutó en su
totalidad la obra de alcantarillado del municipio de Juan de Acosta o, en su defecto,
desde el momento en que la parte actora conoció los supuestos perjuicios ocasionados
por la desviación del cauce del arroyo, pero se interpuso más de 10 años después,
cuando ya había operado el fenómeno de caducidad.
4. En sede de apelación, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
a través de la sentencia del 24 de octubre de 2025 confirmó la decisión judicial anterior,
en la medida en que no encontró acreditado el daño. Sin embargo, consideró que la
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demanda sí se interpuso dentro del término dispuesto para ello, por lo que no operó el
fenómeno de la caducidad.
2.2. Fundamento jurídico
5. La parte accionante consideró que la autoridad judicial accionada incurrió en los
siguientes defectos:
6. Fáctico: por indebida valoración probatoria del i) dictamen pericial rendido por el
ingeniero William Rodríguez García, el cual, a su juicio, constituía la principal prueba
técnica para acreditar los daños ocasionados al inmueble y ii) de las declaraciones
testimoniales rendidas por Miguel Orlando Molina Molinares y Eucaris Molina
Molinares, quienes relataron las afectaciones sufridas por el predio y la omisión de las
entidades demandadas frente a la problemática generada por el arroyo de Juan de
Acosta.
7. Desconocimiento del precedente judicial, en particular de la sentencia T-237 de
2017 de la Corte Constitucional, respecto al defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto y la sentencia del 31 de marzo de 2016 con radicado 11001-03-15-000-
2016-00402-00, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en lo que
concierne a la protección del derecho al acceso a la administración de justicia y al
principio de confianza legítima, respectivamente, en la medida en que la autoridad
judicial accionada se apartó de dichos criterios al desestimar el material probatorio y
negar las pretensiones.
2.3. Pretensiones
8. La parte accionante solicitó:
«PRIMERO: Conforme a lo expuesto, desde ya solicitamos al señor Magistrado del
conocimiento, que tutele los derechos fundamentales que le asisten a mi poderdante
AL DEBIDO PROCESO - DERECHO DE DEFENSA - DERECHO DE IGUALDAD -
DERECHO A LA PROPIEDAD - BUENA FE IMPLICITA CON LA CONFIANZA
LEGITIMA - ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, y demás derechos que
se consideren vulnerados, consecuentemente decrete la NULIDAD Y/O DEJE SIN
EFECTO las sentencia del 08 de noviembre de 2024 y la del 24 de octubre de 2025,
proferidas por el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Consejo de Estado,
respectivamente, dentro del proceso de REPARACION DIRECTA radicado Nro. 08-
001-23-33-000-2019-00368-00-W.
SEGUNDO: Ordenar al TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ATLÁNTICO SALA DE DECISIÓN ORAL C, de acuerdo con sus competencias y
obligaciones, a que en un término perentorio se profiera la decisión debidamente
motivada que en derecho corresponda, donde se haga un estudio de fondo minucioso
a lo pretendido por la parte accionante, O EN SU DEFECTO QUE PROFIERA UNA
NUEVA SENTENCIA CONCORDANTE CON LAS PRUEBAS APORTADAS Y
PRACTICADAS EN EL PROCESO».
2.4. Intervenciones
9. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante providencia
del 10 de febrero de 2026, admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la Sección C
del Tribunal Administrativo del Atlántico y a la Subsección A de la Sección Tercera del
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Consejo de Estado como accionados y al señor Joaquín Enrique Coll Fontalvo, a la
Corporación Autónoma Regional del Atlántico “CRA”, al Departamento del Atlántico,
Municipio de Juan de Acosta y Gobernación del Atlántico como terceros interesados.
10. El Tribunal Administrativo del Atlántico sostuvo que la decisión adoptada no
incurrió en ningún defecto, pues se expusieron las razones por las que se negaron las
pretensiones de la demanda y en segunda instancia se confirmó. De otra parte, indicó
que la acción de tutela es improcedente, en la medida en que pretende reabrir un
debate jurídico ante simples inconformidades con la decisión desfavorable a sus
intereses.
11. El departamento del Atlántico señaló que carece de legitimación en la causa por
pasiva, pues la vulneración de derechos fundamentales invocada se predica de las
decisiones judiciales proferidas al interior del proceso de reparación directa y no de
una acción u omisión que le sea atribuible.
12. La Corporación Autónoma Regional del Atlántico adujo que la parte accionante
pretende reabrir el debate probatorio, sin haber agotado el recurso extraordinario de
revisión, por lo que es improcedente la acción de tutela.
2.5. Sentencia impugnada
13. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia
del 27 de marzo de 2026, declaró improcedente la acción de tutela por falta de
relevancia constitucional, al considerar que la autoridad judicial accionada no incurrió
en el defecto fáctico, pues valoró de manera razonada el material probatorio y
determinaron que este no acreditaba la existencia del daño, elemento indispensable
para declarar la responsabilidad del Estado. De modo que, el planteamiento del
accionante se limita a discrepar del criterio adoptado por la autoridad judicial
accionada, sin demostrar una apreciación arbitraria, caprichosa o irrazonable. Por
ende, no estimó vulnerados los derechos fundamentales invocados.
2.6. Impugnación
14. La parte accionante interpuso impugnación contra la decisión judicial anterior, para
lo cual argumentó que no pretendía acceder a una tercera instancia dentro del proceso
ordinario, sino la protección del derecho fundamental al debido proceso. Además,
reiteró los planteamientos expuestos en la acción de tutela.
3. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
15. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20191 y demás normas concordantes.
1 Reglamento interno del Consejo de Estado.
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3.2. Cuestión previa
16. Si bien la parte accionante dirige la acción de tutela contra las sentencias proferidas
el 8 de noviembre de 2024 por la Sala de Decisión Oral de la Sección B del Tribunal
Administrativo del Atlántico y el 24 de octubre de 2025 por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, lo cierto es que esta última resolvió finalmente
la controversia, en el sentido de confirmar la decisión judicial de primera instancia. Por
ende, esta Subsección no encuentra mérito para pronunciarse sobre la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico.
3.3. Problema jurídico
17. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en establecer
si la acción de tutela cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela, especialmente el de relevancia constitucional no acreditado en primera
instancia. En caso afirmativo, deberá determinarse si la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del
precedente judicial al proferir la decisión del 24 de octubre de 2025, al interior del medio
de control de reparación directa con radicado 08-001-23-33-000-2019-00368-00/01.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
18. La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 fue
creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas,
cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por
particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado. Lo
anterior procede siempre que no exista otro medio de defensa judicial idóneo para la
protección de tales derechos. En ese sentido, la acción de tutela tiene un carácter
residual o subsidiario, pues solo opera en ausencia de otros mecanismos judiciales,
salvo cuando se interpone como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de
un perjuicio irremediable.
19. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible
acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos
fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones
judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama
del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores,
principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva,
cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de
ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites
que la Carta le impone.
20. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de
sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial,
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los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio
entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces
para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales fundamentales.
21. Los presupuestos generales de la acción de tutela dirigida a controvertir
providencias judiciales, son: i) relevancia constitucional; ii) subsidiariedad, salvo,
claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; iii) inmediatez; iv) que la
irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.4.1.5. Si bien la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
consideró que la acción de tutela carece de relevancia constitucional, lo cierto es que
esta Subsección sí encuentra cumplido dicho requisito, en la medida en que se centra
en establecer una presunta vulneración iusfundamental derivada de la supuesta
configuración de los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial,
causales que se encuentran debidamente fundamentadas. Aunado a ello, no se
pretende habilitar una tercera instancia del proceso ordinario, en tanto, como se dijo,
las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial se
encuentran debidamente argumentadas.
3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.3.2. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
presuntamente vulnerados se encuentran plenamente individualizados.
3.3.3. Por lo anterior, la Subsección advierte que la providencia objeto de tutela
carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional.
3.3.4. Se observa igualmente que la presentación2 del mecanismo constitucional se
dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6
meses desde que adquirió ejecutoria la providencia cuestionada3.
3.3.5. La parte accionante no alegó una irregularidad procesal.
3.3.6. Por último, se advierte que la acción de tutela no se dirige contra una
providencia de la misma naturaleza.
22. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
2 2 de febrero de 2026.
3 12 de noviembre de 2025.
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3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
23. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se configura
cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte Constitucional4 ha
identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa5, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin
razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez.
b. Una dimensión positiva6, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.
24. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez de
tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter
extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al
juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le
corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta
más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos
probatorios»7.
25. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina a
obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.
3.6. El desconocimiento del precedente como causal de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial
26. Respecto de los requisitos específicos de procedibilidad, corresponde determinar
si en el caso concreto se configuró un desconocimiento del precedente vinculante.
27. La Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad respecto del tal
disposición, precisó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los
jueces solo están sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar
en la misma forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y cuando,
«expongan clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su
decisión». Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia
C-590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte
del juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.
4 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de
2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
5 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
6 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
7 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.
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28. Ahora bien, a pesar de la marcada importancia de la regla de vinculación a la ratio
decidendi y el respeto por el precedente, la jurisprudencia constitucional ha reiterado
que tal entendimiento no puede ser absoluto, pues no se trata de petrificar la
interpretación judicial ni de convertir el criterio de autoridad en el único posible para
resolver un asunto concreto. Se trata simplemente de armonizar y salvaguardar los
principios constitucionales que subyacen a la defensa del precedente. Por
consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y razonable el
cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido en casos
sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad y de la
independencia judicial.
29. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad por
parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la Ley.
3.7. Análisis de los presuntos defectos fáctico y desconocimiento del
precedente judicial en el caso concreto
30. Teniendo en cuenta que los defectos fáctico y desconocimiento del precedente
judicial se encuentran estrechamente relacionados, esta Subsección advierte que
realizará su análisis de manera conjunta.
31. La parte accionante alegó un defecto fáctico por indebida valoración probatoria del
i) dictamen pericial rendido por el ingeniero William Rodríguez García, el cual, a su
juicio, constituía la principal prueba técnica para acreditar los daños ocasionados al
inmueble y ii) de las declaraciones testimoniales rendidas por Miguel Orlando Molina
Molinares y Eucaris Molina Molinares, quienes relataron las afectaciones sufridas por
el predio y la omisión de las entidades demandadas frente a la problemática generada
por el arroyo de Juan de Acosta.
32. La autoridad judicial accionada sostuvo lo siguiente:
33. i) En relación con el dictamen pericial rendido por el ingeniero William Rodríguez
García:
«52. Los contornos de la prueba pericial expuestos hasta este punto permiten
concluir que este elemento, al obviar la aplicación debidamente explicada de
técnicas y metodologías correspondientes a la ingeniería civil para arribar a las
conclusiones expuestas, y la adjunción de soportes que sirvan de sustento a los
resultados, no posee el valor probatorio que la parte demandante arguyó en su
escrito de apelación. Aunado a ello, la experticia no satisface los estándares
mínimos de claridad y precisión exigidos por la legislación procesal para este tipo
de pruebas, por lo que no satisface la carga de demostrar los hechos afirmados
por los actores para configurar el deber jurídico indemnizatorio que estos
pretenden, más puntualmente, no demuestran el daño alegado.
53. En efecto, las afirmaciones del experto dejan de lado cualquier sustentación técnica que
refleje su robustez, limitándose a consignar afirmaciones sin fundamento alguno que,
basadas en las imágenes desordenadamente plasmadas en su informe, cuya autenticidad,
fecha y lugar de captura son desconocidas, evidenciarían “la erosión” y el desbordamiento
del arroyo, como causas eficientes de los menoscabos alegados por los demandantes.
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Tampoco refleja la situación anterior y posterior del bien a los sucesos descritos. Así mismo,
el informe no desarrolla un marco conceptual ni de aplicación práctica que permita
comprender adecuadamente dichos fenómenos ni sus efectos sobre la vegetación, la
estabilidad del terreno o su composición física.
54. En ese orden de ideas, aunque en su intervención oral el perito sugirió lo contrario, no
hay motivos que permitan encontrar, en este peritaje, un análisis con razonamientos
científicos sólidos acerca de las razones del deterioro predial. Por el contrario,
desatendiendo su formación profesional, plasmó reflexiones a partir de fuentes de derecho
que colegían la omisión de funciones del Municipio y de la CRA, cuando ello no era de su
resorte, ni resulta admisible conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 226 del
CGP.
55. El dictamen carece igualmente de la relación y anexión de los documentos que, según
lo manifestado por el perito, fueron considerados como fundamento de las conclusiones
manifestadas. En particular, no se incorporó el denominado “EOT”, la escritura pública del
inmueble que dijo haber conocido íntegramente para realizar el peritaje, ni se allegaron
planos que permitieran identificar con exactitud —y no de manera aproximada— la
configuración física del bien, su localización conforme a los puntos cardinales, ni los sectores
que se vieron afectados por los fenómenos que, según afirmó, ocurrieron en el predio.
56. Tampoco exhibe con claridad las razones que ocasionaron los supuestos daños en el
inmueble y, lejos de ofrecer una explicación diáfana, confunde dos situaciones disímiles. Por
un lado, la experticia dedica un segmento considerable a la construcción de obras de
alcantarillado en la franja de la servidumbre supuestamente constituida sobre el predio,
circunstancia que no tiene relación alguna con el objeto de este litigio. De otra parte,
menciona la supuesta erosión ocasionada por el desbordamiento del arroyo “San Juan de
Acosta”. Al margen de haber expuesto que ambas circunstancias eran diferentes, en el
reporte no es posible discernir qué extensión de terreno se vio afectada por cada una de
esas situaciones, si comparativamente ambas son semejantes o difieren en sus
características, y si cada una de las anomalías expuestas provocó alteraciones paralelas o
concurrentes en el inmueble.
57. Por estas razones, la Subsección descarta que el dictamen pericial adjuntado con el
escrito de demanda tenga mérito probatorio para acreditar cualquiera de los presupuestos
fácticos que los demandantes exteriorizaron con el ánimo de acceder a las pretensiones
resarcitorias perseguidas en el presente proceso».
34. ii) Frente a las declaraciones testimoniales rendidas por Miguel Orlando Molina
Molinares y Eucaris Molina Molinares:
«72. Es importante señalar que tanto Miguel Orlando Molina Molinares como Eucaris Molina
Molinares afirmaron ser hermanos de Gladys Beatriz Molina de Coll, y cuñados de Joaquín
Enrique Coll Fontalvo. Sus testimonios, al ser parientes de los demandantes, resultan
sospechosos de conformidad con el artículo 211 del CGP88, por lo que, frente a sus
manifestaciones, procede una valoración rigurosa, en concordancia con las demás pruebas.
73. Si bien ambos testigos coincidieron en afirmar que la demandante le solicitó “apoyo” a la
alcaldía y a la gobernación sin obtener respuesta, y que el arroyo se “llevó” “tierra” de su
finca en la que había algunos cultivos, lo cierto es que tales manifestaciones resultan
insuficientes para acreditar el daño alegado. La supuesta falta de apoyo de las entidades
demandadas fue planteada de forma lacónica y constituye una cuestión irrelevante en el
asunto objeto de estudio: la prueba del daño en el sub lite, que solo sería útil en el estudio
de la falla del servicio por omisión administrativa -en el juicio de imputación-. Por su parte,
las afirmaciones sobre la afectación del predio son imprecisas y carecen de datos concretos
acerca del menoscabo material que afirmaron padecer los actores los declarantes no
especificaron, ni siquiera, en qué consistieron las afectaciones del inmueble, si sufrió
humedades, daños en su estructura o en sus elementos, o la extensión de la superficie de
terreno-.
74. Asimismo, las declaraciones de los testigos tampoco cuentan con respaldo probatorio
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adicional, porque, se itera, (i) las fotografías aportadas no son idóneas para acreditar con
certeza los hechos alegados por la actora; y (ii) la pericia acompañada a la demanda carece
de valor probatorio, al no contener fundamentos técnicos ni elementos que fundamenten las
conclusiones contenidas en ella.
75. Aunado a lo anterior, si estuvieran probadas las órdenes judiciales proferidas en el marco
de la acción popular, en el sentido afirmado por la demandante Gladys Beatriz Molina de
Coll en la solicitud radicada el 11 de diciembre de 2017, admitido por la CRA en el oficio del
27 de febrero de 2018, cabría indicar que no se demostró que el predio se halle en el sector
de “El Vaivén”, o en cercanías al puente “ubicado en el mismo tramo”, conforme al numeral
segundo de lo que habría sido esa decisión, no aportada en su totalidad al plenario.
76. Así las cosas, en respuesta a los problemas jurídicos planteados anteriormente90, la
Sala concluye que, en vista de que los documentos fotográficos aportados y la experticia
traída al juicio por los demandantes carecen de mérito suasorio, y que los medios de
convicción restantes no reflejan la existencia de un daño, deberán denegarse las
pretensiones de la demanda.
77. Esto, además, releva a la Subsección de la tarea de verificar si está demostrada la
imputación a título de falla del servicio por omisión administrativa de las entidades
demandadas91, ya que la falta de prueba del ingrediente fundamental del juicio de
responsabilidad patrimonial conlleva, inexorablemente, al fracaso de las pretensiones
indemnizatorias».
35. De lo anterior se desprende que la autoridad judicial accionada sí efectuó un
análisis expreso, detallado y razonado de los medios de prueba cuestionados. No
obstante, concluyó que estos carecían de la fuerza necesaria para demostrar el daño
alegado por los demandantes, debido a las deficiencias técnicas advertidas en el
dictamen pericial y a la insuficiencia probatoria de las declaraciones testimoniales.
36. En ese contexto, no se advierte la configuración del defecto fáctico invocado, pues
la valoración probatoria realizada por el Tribunal no puede calificarse como arbitraria,
irrazonable o caprichosa. Por el contrario, la providencia cuestionada evidencia un
examen individual y conjunto de los elementos de convicción allegados al proceso,
a partir del cual la autoridad judicial explicó las razones por las cuales consideró que
estos no permitían demostrar el daño cuya reparación se pretendía.
37. Al respecto, conviene recordar que la acción de tutela contra providencias
judiciales constituye un juicio de validez constitucional y no un juicio de corrección.
En consecuencia, la valoración probatoria efectuada por el juez natural, en ejercicio
de su autonomía e independencia judicial, no puede ser sustituida por el juez
constitucional, salvo que resulte manifiestamente arbitraria o vulnere derechos
fundamentales, circunstancia que no se configura en el presente asunto.
38. De otra parte, se alegó el desconocimiento del precedente judicial, en particular
de la sentencia T-237 de 2017 de la Corte Constitucional, respecto al defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto y la sentencia del 31 de marzo de 2016
con radicado 11001-03-15-000-2016-00402-00, proferida por la Sección Segunda
del Consejo de Estado, en lo que concierne a la protección del derecho al acceso a
la administración de justicia y al principio de confianza legítima, respectivamente, en
la medida en que la autoridad judicial accionada se apartó de dichos criterios al
desestimar el material probatorio y negar las pretensiones.
39. Sin embargo, como se expuso previamente, dicho reproche tampoco está llamado
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Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00669-01
Accionante: Gladys Beatriz Molina de Coll
a prosperar, en la medida en que la decisión cuestionada se sustentó en una
valoración razonada del acervo probatorio, a partir del cual la autoridad judicial
concluyó que el dictamen pericial y las declaraciones testimoniales carecían de la
entidad necesaria para acreditar el daño alegado. Se trata, por tanto, se una
determinación adoptada dentro del ámbito de autonomía judicial y sustentada en
argumentos propios del caso concreto, sin que se advierta un apartamiento
injustificado de las reglas jurisprudenciales invocadas por la accionante. En
consecuencia, tampoco se configura el defecto por desconocimiento del precedente
judicial.
40. Así las cosas, esta Subsección revocará la sentencia proferida el 27 de marzo de
2026 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la
cual se declaró improcedente la acción de tutela por incumplir el requisito de
relevancia constitucional, para en su lugar, negar las pretensiones de la acción de
tutela, debido a que no se demostró la configuración de los defectos fáctico ni
desconocimiento del precedente judicial.
41. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
I. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 27 de marzo de 2026 por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se
declaró improcedente la acción de tutela por incumplir el requisito de relevancia
constitucional y, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la acción de tutela
presentada por el señor Fernando Augusto Estrada Pareja, de conformidad con los
motivos expuestos en precedencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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