Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00670-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00670-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00670-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
9 de abril de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00670-00
Demandante: Marco Antonio Velásquez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00670-00
Demandante: Marco Antonio Velásquez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Tema: Tutela contra providencia judicial – acción popular. Requisitos
generales de procedibilidad. Relevancia constitucional.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Marco Antonio Velásquez
contra el Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con lo establecido en
el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 2 de febrero de 2026, la parte actora interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Santander por estimar vulnerados los derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la defensa y a la igualdad
ante la ley. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
1) Proteger los derechos fundamentales al debido proceso, vía de hecho al acceso a la
administración de justicia, a la defensa y a la igualdad ante la ley, garantizar los principios
de independencia e imparcialidad de la administración de Justicia (Artículo 5 de la Ley
270 de 1996).
2) Ordenar se revoque el No Cuarto Sin condena en costas de la sentencia de segunda
instancia rad RADICADO: 68001333301320180002500.
3) Ordenar el pago de costas procesales y agencias en derecho de conformidad con la
jurisprudencia mencionada en la demanda en donde se unifica y deja claro que se deben
pagar las mismas al actor popular.
2. Hechos
De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:
El señor Marco Antonio Velásquez promovió acción popular contra el municipio de
Bucaramanga para la protección de los derechos colectivos a la moralidad
administrativa, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de
uso público, entre otros. Alegó la vulneración de los citados derechos por invasión de
la zona peatonal frente al inmueble ubicado en la calle 56 No. 32-80 con la instalación
de contadores de servicios públicos; el estacionamiento de vehículos automotores y
la presencia de vendedores ambulantes sobre el espacio público, lo que afecta la
movilidad de los transeúntes.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00670-00
Demandante: Marco Antonio Velásquez
Al proceso se le asignó el radicado 68001-33-33-013-2018-00025-00 y correspondió
conocerlo en primera instancia al Juzgado Trece Administrativo de Bucaramanga que,
en sentencia de 31 de marzo de 20231, accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda, en resumen, decidió lo siguiente:
(i) Declarar la vulneración de los derechos e intereses colectivos al goce del
espacio público y a la realización de construcciones edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera
ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes, por parte del municipio de Bucaramanga.
(ii) Ordenar al municipio de Bucaramanga, que realice las actuaciones
administrativas necesarias con el objetivo de restablecer los derechos
colectivos desconocidos por la ubicación de los contadores de gas y luz
instalados en la calle 56 # 32-80.
(iii) Conformar el comité de verificación conformado por el demandante, el
municipio demandado y el personero municipal para que informe las
acciones tendientes al efectivo cumplimiento de la sentencia.
(iv) Negar las demás pretensiones de la demanda.
(v) Condenar en costas al municipio de Bucaramanga a favor del demandante.
Las agencias en derecho se fijarán en auto separado, conforme el artículo
366 del CGP. Liquidar las costas por secretaría.
La anterior decisión se sustentó en el material probatorio con el que se acreditó la
ubicación de los contadores de gas y luz instalados en el antejardín del inmueble
identificado con nomenclatura calle 56 # 32-80, lo que desconocía los límites
establecidos en el artículo 257 del POT (Acuerdo 011 de 21 de mayo de 2014), norma
urbanística territorial del municipio de Bucaramanga y, por ende, quedó advertida la
vulneración de los derechos e intereses colectivos.
El municipio de Bucaramanga interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión al considerar, entre otros argumentos, que incurrió en un error al referirse a
la existencia de contadores de gas y luz, pues la realidad fáctica daba cuenta de la
existencia de medidores de gas. Advirtió además que la sentencia no analizó el
informe técnico obrante en el expediente en el que se determinó la imposibilidad
material de reubicar los contadores de gas en un lugar distinto porque las edificaciones
se construyeron conforme a la normativa urbanística vigente al momento de su
ejecución y que no existía espacio físico disponible en la fachada del inmueble para
ello.
Aunado a lo anterior, el municipio apelante sostuvo que los contadores no afectaban
la movilidad peatonal porque se encontraban en el área del antejardín, por lo que no
podía imponerse una obligación imposible ni al propietario del inmueble ni al ente
territorial.
En relación con el numeral tercero de la sentencia apelada, el municipio de
Bucaramanga consideró que la orden de conformación de un comité de verificación
era innecesaria ante la existencia de un comité institucional para el seguimiento y
recuperación del espacio público, creado mediante el Decreto 0073 de 2013, que
modificó parcialmente el Decreto 0179 del 3 de septiembre de 2012.
Teniendo en cuenta que no vulneró derechos colectivos, pidió revocar la decisión de
primer grado y no condenarlo en costas.
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Por auto 16 de mayo de 2024, entre otras cuestiones, el Tribunal Administrativo de Santander corrigió el número de radicado
contenido en la primera página de la sentencia, así «RADICADO: 6800133330132018-00025-00».
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Demandante: Marco Antonio Velásquez
En segunda instancia conoció del proceso el Tribunal Administrativo de Santander
que, en sentencia de 28 de enero de 2026, resolvió así:
Primero. Niégase la nulidad formulada por la apoderada del Municipio de
Bucaramanga de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
Segundo. Modifícanse los numerales segundo y tercero de la sentencia de
fecha 31 de marzo de 2023 proferida por el Juzgado Trece Administrativo del
Circuito de Bucaramanga los cuales quedarán así:
«SEGUNDO: ORDÉNASE al Representante Legal del MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, que en un término que no supere los tres (03) meses
siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, realice las actuaciones
administrativas necesarias con el objetivo de restablecer los derechos colectivos
al goce del espacio público y la realización de construcciones edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera
ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes, desconocidos con ocasión a la ubicación de los contadores de gas
instalados en la Calle 56 # 32-80, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta sentencia.
TERCERO: ORDÉNESE la conformación de un comité para la verificación del
fallo, integrado por el juez de primera instancia, el representante legal del
municipio de Bucaramanga, por intermedio de las dependencias que tenga
injerencia en el cumplimiento de la orden impuesta, el personero Municipal, y el
actor popular, el cual deberá rendir al Juzgado un informe del cumplimiento de
la orden aquí proferida, dentro de un plazo máximo e improrrogable de tres (3)
meses siguientes a la ejecutoria
de la presente providencia.»
Tercero. Confírmase en los demás aspectos la sentencia recurrida, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
Cuarto. Sin condena en costas en esta instancia.
La anterior providencia se fundamentó en la evidencia fáctica contenida en los
informes de visita que demostraron la afectación del espacio público. En efecto, en el
informe técnico se determinó que el antejardín hace parte del espacio público
urbanístico, por lo que estaba sometido a un régimen restrictivo de usos, entre ellos,
la prohibición de estructuras fijas y permanentes, con independencia de que estas no
generaran una obstrucción total del tránsito peatonal. En ese punto no prosperó el
cargo de apelación, pero sí frente a la mención de contadores de luz, dado que de las
pruebas se acreditó la existencia de medidores de gas.
El Tribunal agregó que no se configuraba un desconocimiento del material probatorio
por parte del juez de primera instancia. Explicó que los argumentos del municipio de
Bucaramanga referidos a la imposibilidad material de reubicar los contadores de gas
y la legalidad urbanística de las edificaciones al momento de su construcción no
desvirtúan la conclusión adoptada en la sentencia apelada.
Frente a la conformación de un comité de verificación, consideró que no resulta
desproporcionada ni carente de sustento, aunque existan instancias administrativas
previas para el seguimiento del espacio público.
Finalmente, no condenó en costas porque se accedió parcialmente a la modificación
de la sentencia.
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3. Argumentos de la acción de tutela
La parte actora sustentó la solicitud de tutela con los siguientes argumentos:
Advirtió que en el trámite de segunda instancia en el proceso de acción popular 68001-
33-33-013-2018-00025-02, el Tribunal Administrativo de Santander corrió traslado
para alegar de conclusión y, a pesar de que el demandante presentó memorial de
alegatos el 23 de septiembre de 2025, este no quedó registrado en Samai y no fue
tenido en cuenta por esa autoridad judicial.
Estimó vulnerados los derechos a la igualdad y debido proceso frente al municipio de
Bucaramanga, a quien si se le tuvieron en cuenta los alegatos de conclusión de
segunda instancia.
Aunado a lo anterior, sostuvo que la sentencia de segunda instancia realizó una errada
interpretación al negar la condena en costas, lo que resulta contrario a lo considerado
en la sentencia de unificación de 6 de agosto de 2019 [sin radicado]. Señaló que en
ese pronunciamiento no se dijo que «el hecho de no pronunciarse respe[c]to a una
decisión es causal de pérdida del derecho a costas y agencia en derecho» ni es cierto
que cuando se modifica parcialmente la sentencia recurrida pueden negarse las
costas y agencias en derecho de segunda instancia.
Alegó que con el actuar del tribunal se incurrió en una «vía de hecho». Y expuso
consideraciones generales sobre la garantía del debido proceso en todas las
actuaciones administrativas y judiciales, así como del derecho de acceso a la
administración de justicia.
4. Trámite procesal de la acción de tutela
En auto del 9 de febrero de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela,
ordenó notificar a la parte demandante y al Tribunal Administrativo de Santander, en
calidad de demandado, y al Juzgado Trece Administrativo de Bucaramanga; al
municipio de Bucaramanga; a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y a los
señores Paula Juliana Villarreal Acevedo, Jaime Villarreal Acevedo y Luz Esperanza
Villarreal Acevedo, todos en condición de terceros con interés
5. Oposición
El Tribunal Administrativo de Santander no se pronunció en esta oportunidad
procesal.
6. Intervención de los terceros con interés
El Juzgado Trece Administrativo de Bucaramanga se refirió a las actuaciones
adelantadas en primera instancia en el proceso de acción popular 68001-33-33-013-
2018-00025-00.
Indicó que la acción de tutela es improcedente porque, aunque el actor invoca la
vulneración del derecho al debido proceso con la decisión de segunda instancia del
Tribunal Administrativo de Santander de no imponer condena en costas a su favor, lo
pretendido recae sobre un aspecto propio de la litis que no puede ser amparado por
esta vía.
El municipio de Bucaramanga, a través del director del Departamento Administrativo
de la Defensoría del Espacio Público, se opuso a las pretensiones de tutela y pidió
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que se declare improcedente y, en subsidio, que se niegue porque no se cumplen los
requisitos de relevancia constitucional, inmediatez y subsidiariedad ni se identifica
claramente el defecto específico en que incurrió la autoridad judicial. En concreto
explicó lo siguiente:
Sostuvo que la valoración o no de los alegatos de conclusión de segunda instancia
corresponde exclusivamente al juez natural en ejercicio de su autonomía e
independencia judicial, por lo que no es atribuible a ese ente territorial. De todas
formas, el trámite de segunda instancia se surtió según las reglas de la Ley 472 de
1998 y el CPACA, en garantía del derecho de defensa y contradicción de las partes.
En relación con la interpretación judicial sobre costas y decidir no condenar en
segunda instancia, sostuvo que corresponde al ámbito de discrecionalidad judicial e
interpretación razonable en el marco normativo aplicable y no es posible que el juez
constitucional revalúe la jurisprudencia unificada y la reemplace para imponer una
condena económica; tal pretensión desborda el objeto de la acción de tutela y su
naturaleza excepcional, subsidiaria y residual.
Frente a la pretensión de amparar los derechos invocados, indicó que la simple
inconformidad con el sentido de la decisión no configura vulneración alguna. En ese
sentido, aseguró que la sentencia atacada por esta vía la profirió la autoridad
competente, quien la motivó debidamente dentro del marco de la autonomía judicial,
por lo que no se evidencia vulneración de los derechos invocados por el actor.
Entonces, advirtió que el actor busca reabrir el debate probatorio y jurídico propio de
la acción popular, especialmente en lo relacionado con la valoración de alegatos y la
decisión sobre costas procesales, como si la tutela fuera una instancia adicional.
Agregó que la jurisprudencia sobre condena en costas en acciones populares no
impone de manera automática su reconocimiento en segunda instancia, sino que
exige análisis particular de las circunstancias del caso.
Aclaró que el precedente de unificación de 6 de agosto de 2019 no estableció
obligatoriedad absoluta de condena en costas en todos los eventos, sino reglas de
interpretación condicionadas a las circunstancias del caso.
Resaltó que el actor se limitó a afirmar una supuesta vulneración de derechos
fundamentales sin demostrar una arbitrariedad manifiesta ni estructurar
adecuadamente una causal específica de procedencia de la acción de tutela (defecto
orgánico, sustantivo, fáctico, procedimental absoluto, desconocimiento del
precedente, etc.). De todas formas, afirmó que no se configuró ninguno de los
defectos.
Por último, informó que está adelantando las actuaciones administrativas para dar
cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 28 de enero de 2026, como oficiar
formalmente a Vanti S.A. E.S.P. para la reubicación del medidor de gas.
La Dirección de Tránsito de Bucaramanga señaló que no tiene legitimación en la
causa por pasiva para actuar en la presente acción de tutela, puesto que no ha
incurrido en omisión ni en actuación alguna que pueda interpretarse como una
vulneración de los derechos fundamentales invocados.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Cuestión preliminar. Legitimación en la causa por pasiva
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1° del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).
La Corte Constitucional ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en
sede de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige
la acción de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza
del derecho fundamental, cuando esta resulte demostrada.
En la contestación de la acción de tutela de la referencia, la Dirección de Tránsito de
Bucaramanga solicitó la desvinculación del presente trámite porque de su conducta
no puede predicarse vulneración alguna de los derechos aquí invocados.
Para la Sala la anterior aseveración no es de recibo, dado que a la citada dirección
les asiste interés en este trámite constitucional por haber sido vinculada en el proceso
de acción popular. Precisamente por la calidad en la que actuó en el referido juicio, es
que el juez de tutela en el auto admisorio de la demanda ordenó la notificación como
tercero con interés y no como demandado. Por esos motivos se negará la solicitud de
desvinculación.
Problema jurídico
La Sala analizará si el Tribunal Administrativo de Santander vulneró los derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la
defensa y a la igualdad ante la ley del actor, al proferir la sentencia de 28 de enero de
2026, que en el numeral cuarto no condenó en costas en segunda instancia, en el
proceso de acción popular promovido por el mismo tutelante contra el municipio de
Bucaramanga.
La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la presente acción de tutela al no
cumplirse el requisito general de relevancia constitucional porque: (i) la condena en
costas corresponde a un debate meramente legal y económico y (ii) los argumentos
planteados por el actor resultan insuficientes para advertir una posible vulneración de
los derechos fundamentales invocados.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes aspectos: (i) acción
de tutela contra providencias judiciales; (ii) relevancia constitucional como requisito
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general para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, y;
(iii) análisis del caso concreto.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
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providencia judicial y acogió el criterio de la «procedencia excepcional» , para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales3 y específicas4 de procedencia de la
acción de tutela.
Relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales
El requisito general de relevancia constitucional, como lo ha reiterado esta Sección,
tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez
de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, y (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20145, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
2
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
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Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
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La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
5 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
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(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 6.
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(se destaca)
Análisis del caso concreto
Se observa que el señor Marco Antonio Velásquez dirige la acción de tutela contra el
numeral cuarto de la sentencia de 28 de enero de 2026 del Tribunal Administrativo de
Santander dictada en segunda instancia en el proceso de acción popular promovida
por él (rad. 68001-33-33-013-2018-00025-00), en el que no condenó en costas en esa
instancia.
Frente a la anterior providencia, en primer lugar, el actor alega la presunta vulneración
de sus derechos fundamentales al no tenerse en cuenta el memorial de alegatos de
conclusión de segunda instancia presentado el 23 de septiembre de 2025, que
tampoco se incluyó en el registro de Samai, a diferencia de los radicados por el
municipio de Bucaramanga.
En segundo lugar, la vulneración la sustenta en que en el fallo atacado se hizo una
interpretación equivocada sobre la condena en costas, lo que, a juicio del actor,
desconoció la sentencia de unificación de 6 de agosto de 2019 [sin radicado] y, por
ello considera que se incurrió en una vía de hecho.
Para retomar el contexto, el señor Marco Antonio Velásquez presentó acción popular
contra el municipio de Bucaramanga para la protección de varios derechos colectivos,
principalmente el del goce del espacio público, que advirtió vulnerados por la
presencia de unos contadores de gas, vendedores ambulantes y el estacionamiento
de vehículos automotores en una zona peatonal, tal como se describió en los
antecedentes de esta providencia.
El Juzgado Trece Administrativo de Bucaramanga conoció en primera instancia del
proceso bajo el radicado 68001-33-33-013-2018-00025-00 y dictó sentencia de 31 de
marzo de 2023 en la que declaró la vulneración de los derechos e intereses colectivos
6 Ibidem.
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al goce del espacio público y a la realización de construcciones edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y
dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, por parte del
municipio de Bucaramanga e impartió las órdenes necesarias para garantizar la
protección de los referidos derechos colectivos.
En relación con la condena en costas, sostuvo lo siguiente:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, es menester aplicar las
normas del Código General del Proceso relativas a las costas. Así las cosas, de conformidad
con el artículo 365 del CGP, se condenará en costas al Municipio de Bucaramanga, a favor
del actor popular, pues a ellas tiene derecho según la Ley 472 de 1998 y la jurisprudencia
del Consejo de Estado, en aquellos casos en los que el hecho se ha superado con ocasión
de la actividad diligente del actor popular. Las agencias en derecho se fijarán en auto
separado conforme el artículo 366 del CGP; liquídense las costas por Secretaría.
La decisión de primer grado fue objeto de recurso de apelación, presentado por el
municipio de Bucaramanga con el fin de desvirtuar la vulneración de los derechos
colectivos protegidos y, en consecuencia, que se levantara la condena en costas.
El Tribunal Administrativo de Santander resolvió el asunto en segunda instancia
mediante sentencia de 28 de enero de 2026, en la que modificó los numerales
segundo y tercero de la providencia recurrida, para dejar en la orden solo los
medidores de gas y la inclusión del juez de primera instancia en la conformación del
comité de verificación. El ad quem confirmó en lo demás y en el numeral cuarto no
condenó en costas en esa instancia.
Respecto al punto que interesa en esta oportunidad, el ad quem incluyó un capítulo
titulado «6. Condena en costas segunda instancia» en el que indicó lo siguiente:
No se condenará en costas en esta instancia, teniendo en cuenta que se accede
parcialmente a la modificación de la sentencia de primera instancia. (Art. 365.3 y 5 del
CGP, en concordancia con el Art. 38 de la Ley 472 de 1998).
De las consideraciones transcritas se observa que el fallador de segunda instancia
acudió a las normas que rigen las costas procesales y decidió no condenar.
Descrito el contenido de las decisiones de instancia, es relevante indicar que en otras
acciones de tutela en las que la inconformidad radica en la decisión de condenar o no
en costas, la Sala mayoritaria7 ha precisado que las costas procesales corresponden
a las erogaciones económicas que debe efectuar la parte que resulte vencida en un
proceso judicial y que corresponden a las expensas erogadas por la parte contraria
(pagos por honorarios de peritos, traslado de testigos, publicaciones, emplazamientos,
etcétera) y a las agencias en derecho (honorarios de abogados). Esta aclaración es
necesaria para confirmar que el contenido y alcance del concepto de costas
procesales es eminentemente económico.
Entonces, para dar solución al asunto que ocupa la atención de la Sala, la primera
conclusión en atención a lo precisado en el párrafo precedente es que la acción de
tutela instaurada por el señor Marco Antonio Velásquez es improcedente por falta de
relevancia constitucional porque lo pretendido es que el juez constitucional deje sin
efecto el numeral cuarto de la sentencia de 28 de enero de 2026 y, en su lugar, se
ordene al Tribunal Administrativo de Santander que acceda a la condena en costas
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Ver, entre otras, las sentencias: del 22 de abril de 2020, rad. 11001-03-15-000-2019-04794-01; del 22 de octubre de 2020, rad.
1001-03-15-000-2020-03116-01; del 3 de diciembre de 2020, rad. 11001-03-15-000-2020-03033-01 y del 28 de octubre de 2021,
rad. 11001-03-15-000-2021-06539-00, todas con ponencia de Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00670-00
Demandante: Marco Antonio Velásquez
en segunda instancia a favor del actor popular, aspecto que, como se indicó, tiene
naturaleza netamente económica.
Además, los argumentos que sustentan la solicitud de tutela no resultan suficientes
para advertir la presunta amenaza o vulneración de derechos fundamentales, pues no
basta con alegar que la decisión que no condenó en costas en segunda instancia
desconoció los derechos de acceso a la administración de justicia, al debido proceso,
a la defensa y a la igualdad ante la ley del actor sin mayor sustentación.
En efecto, del escrito de tutela se advierte que el actor expuso consideraciones
generales sobre la garantía del debido proceso en todas las actuaciones
administrativas y judiciales, así como el derecho de acceso a la administración de
justicia, pero no cómo resultan vulnerados realmente esos derechos para su caso
concreto con el fallo que ataca parcialmente. Sobre todo, si en primera instancia el
juzgador si condenó en costas a su favor, dada su calidad de actor popular, y esa
decisión quedó confirmada en segunda instancia.
En ese entendido, la segunda conclusión es que en la solicitud de tutela no se indicó
una afectación grave, real y actual de derechos fundamentales que justifique la
intervención excepcional del juez constitucional.
Valga señalar que la acción de tutela no es el escenario para exponer inconformidades
frente a cuestiones estrictamente económicas o patrimoniales, como lo es la condena
en costas, salvo que el tutelante logre demostrar una afectación grave de derechos
fundamentales que haga posible de manera excepcional un estudio de fondo por parte
del juez de tutela.
Así, queda demostrado que la acción de tutela de la referencia no cumple el requisito
de relevancia constitucional por tratarse de un debate eminentemente económico.
Por último, en relación con la vulneración del derecho a la igualdad sustentada en que
el Tribunal demandado no tuvo en cuenta los alegatos de conclusión presentados por
el actor popular en segunda instancia porque no quedaron registrados en Samai, la
Sala constató que esa afirmación no es cierta. Se consultó la plataforma Samai del
proceso rad. 68001-33-33-013-2018-00025-02 y se encontró registrada con fecha de
23 de septiembre de 2025 la actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE» y en la
anotación se lee que fue presentado por el señor Marco Antonio Velásquez. Esa
actuación aparece en el índice 26 y corresponde a los alegatos de conclusión en los
que insistió en la vulneración de los derechos colectivos sin que hiciera mención
alguna a la condena en costas en segunda instancia.
Así mismo, al leer la sentencia de 28 de enero de 2026 se observa que el Tribunal
Administrativo de Santander en el capítulo «5. Trámite de segunda instancia» incluyó
un resumen de la intervención del actor popular y como nota al pie incluyó el número
del índice de Samai [26], en el que puede consultarse el memorial de alegatos de
conclusión.
Lo anterior, es suficiente para declarar improcedente el amparo invocado por el señor
Marco Antonio Velásquez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00670-00
Demandante: Marco Antonio Velásquez
FALLA
1. Negar la solicitud formulada por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Marco Antonio
Velásquez contra el Tribunal Administrativo de Santander, conforme con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Fimado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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