Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00673-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00673-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00673-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00673-01
Accionante: CLAUDIA XIMENA TASCON SOTO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Tutela contra sentencia proferida por Tribunal Administrativo.
Improcedente por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional,
subsidiariedad e inmediatez.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Antecedentes
1. A través de apoderado, Claudia Ximena Tascón Soto promovió acción de tutela,
contra las providencias que pusieron fin al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 76111-33-33-001-2016-00223-00/01, proferidas,
respectivamente, por el Juzgado Primero (1º) Administrativo de Buga, el 27 de
agosto de 2024 y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 9 de julio de
2025.
Antecedentes del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 76111-33-33-001-2016-00223-00/01
2. La resolución 01906 de 22 de noviembre de 1995, reconoció pensión
convencional a Jairo Rengifo Becerra. En resolución 14014 de 2001, el Instituto de
Seguros Sociales, hoy Colpensiones reconoció pensión de vejez en favor del mismo
ciudadano, la cual se pagaba juntamente con el Departamento del Valle del Cauca.
Este último falleció el 20 de diciembre de 2014.
3. Alba Milena Rengifo solicitó al Departamento del Valle del Cauca y a
Colpensiones, el reconocimiento de la sustitución pensional de Jairo Rengifo
Becerra, esto en calidad de compañera permanente.
4. Paralelamente, la tutelante, Claudia Ximena Tascón Soto, el 27 de marzo de
2015, actuando en nombre propio y representación de su hija, Franchescha Rengifo
Tascón solicitó el reconocimiento y pago de la sustitución pensional, también como
compañera permanente. En resolución de 28 de diciembre de 2015, el
Departamento del Valle del Cauca negó la sustitución pensional reclamada por Alba
Milena Rengifo Sanabria y Claudia Ximena Tascón Soto, pero reconoció el 50% de
la mesada pensional en favor de la hija menor del causante, Franchescka Rengifo
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00673-01
Accionante: Claudia Ximena Tascón Soto
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
Tascón. Dejó en suspenso el 50% restante para que fuera resuelto en sede judicial.
La decisión fue confirmada.
5. Alba Milena Rengifo y Claudia Ximena Tascón Soto promovieron sendas
demandas de nulidad y restablecimiento del derecho que resolvieron las peticiones
de reconocimiento de pensión de sobreviviente. Solicitaron, cada una, la nulidad de
las resoluciones que les negaron el derecho. Pidieron, individualmente, se
reconociera y pagara como beneficiarias el 50% de la mesada pensional de Jairo
Rengifo Becerra.
6. En el caso de la demanda suscrita por el apoderado de Alba Milena Rengifo
Becerra, fue repartida al Juzgado Primero (1) Administrativo de Buga, con radicado
concluido en 2016-00223-00. En el caso de la demanda de Claudia Ximena Tascón
Soto fue repartida al Juzgado Tercero Administrativo de la misma ciudad, con
radicado terminado en 2017-00279-00. Posteriormente, las dos demandas fueron
acumuladas dentro del radicado 2016-00223-00.
7. En sentencia de 27 de agosto de 2024, el Juzgado Primero (1º) Administrativo de
Buga declaró la nulidad parcial de los actos administrativos demandados, y a título
de restablecimiento del derecho declaró beneficiaria del 50 % de la sustitución de la
pensión de jubilación concedida a Alba Milena Rengifo Sanabria. Las entidades
públicas y Claudia Ximena Tascón presentaron recursos de apelación.
8. En sentencia de 9 de julio de 2025, notificada el día 15 de julio de 2025, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca confirmó la sentencia de primera instancia.
Fundamentos del escrito de tutela
9. El escrito de amparo sostiene que la decisión cuestionada incurrió en defecto
fáctico por inadecuada valoración probatoria toda vez que, se dio credibilidad a
testigos que incurrieron en inconsistencias y que hicieron incurrir en error al juzgado
administrativo y al tribunal. La tutelante indicó que sí convivió con Jairo Rengifo
Becerra durante sus últimos años de vida, lo cual fue respaldado por declaraciones
y testimonios de terceros, pero los mismos no fueron tenidos en cuenta por las
autoridades judiciales accionadas.
10. Igualmente indicó que, el 23 de enero de 2026, obtuvo nuevas pruebas que, en
su criterio permiten evidenciar las inconsistencias probatorias del fallo cuestionado
y que muestran que la tutelante y Jairo Rengifo Becerra si fueron compañeros
permanentes. Mencionó el certificado de tradición con matrícula inmobiliaria NO.
373-35683, en el que consta que, en el año 2006, Alba Milena Rengifo Sanabria y
Jesús López Palomino afectaron como vivienda familiar, un inmueble, y que en
criterio de la parte tutelante se verifica que, el bien inmueble en el que,
supuestamente convivió la pareja de Alba Milena Rengifo y Jairo Rengifo Becerra,
es propiedad de la sociedad conyugal de la primera con otra persona. Lo cual
evidencia que Alba Milena Rengifo no era la compañera permanente, sino Claudia
Ximena Tascón.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00673-01
Accionante: Claudia Ximena Tascón Soto
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
11. Solicitó dejar sin efectos la sentencia atacada y que, en su lugar, el juez de tutela
reconozca el derecho de sustitución pensional de la tutelante.
Trámite de amparo
12. La acción de tutela fue presentada el 2 de febrero de 2026 y repartida a
subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. A su vez, el 6 de
febrero de 2026 se admitió la solicitud de amparo y ordenó vincular al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y al Juzgado Primero (1º) Administrativo de Buga
como accionados, así como a Alba Milena Rengifo Sanabria, a Colpensiones y al
Departamento del Valle del Cauca como terceros con interés. Entre otras
decisiones.
13. El tribunal accionado solicitó negar el amparo pues, no se produjo vulneración
al derecho al debido proceso dado que, dentro del expediente obran pruebas que
acrediten la convivencia entre Alba Milena Rengifo y Jairo Rengifo Becerra, pero no
ocurre así en relación con Claudia Ximena Tascón. Se indicó que la providencia
explicó las razones referidas a la imposibilidad de reconocer el derecho de
sustitución de la tutelante por carecer de medio de prueba.
14. Alba Milena Rengifo, el Departamento del Valle del Cauca y Colpensiones
intervinieron para solicitar que el amparo se declarara improcedente por carecer de
relevancia constitucional, pues la actora busca reabrir debates procesales
concluidos en dos instancias. En particular, el Departamento del Valle, solicitó
declarar el amparo improcedente, en relación con esa entidad, por no asistirle
legitimación en la causa por pasiva.
15. El Juzgado Primero (1) Administrativo de Buga remitió el contenido integral
del expediente ordinario.
Sentencia de primera instancia
16. En fallo de dos de marzo de 2026, la Subsección B de la Sección Segunda negó
la petición de desvinculación solicitada por el departamento administrativo del Valle,
y declaró improcedente la acción de tutela por no satisfacer el requisito de
inmediatez. Toda vez que la sentencia atacada fue proferida el 9 de julio de 2025,
notificada el 15 y cobró ejecutoria el 22 de julio. El escrito de amparo se radicó el 2
de febrero de 2026, es decir, más allá del plazo razonable reconocido por la
jurisprudencia constitucional. La parte tutelante no evidencia haber enfrentado
obstáculos que justifiquen examinar otro plazo razonable.
17. Agregó que, para el juez constitucional de primera instancia, no es de recibo el
argumento de la actora relativo a que se flexibilice el requisito de inmediatez, bajo
el supuesto de que solo hasta el 23 de enero de 2026 obtuvo la prueba documental
con la cual podía demostrar las inconsistencias de los medios probatorios que
fueron valorados por los jueces en el proceso ordinario para definir el derecho
pensional.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00673-01
Accionante: Claudia Ximena Tascón Soto
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
Recurso de impugnación1
18. Indicó que, el asunto es de índole constitucional pues lo que busca es evitar que
Alba Milena Rengifo, con el apoyo de Jairo Albeiro López Palomino, con quien
actualmente tiene sociedad conyugal, y otros testigos, vulnere el derecho al mínimo
vital de Claudia Ximena Tascón, al despojarla de su derecho a la sustitución
pensional.
19. Insistió en que, la tutelante solo tuvo la oportunidad de impetrar su defensa a su
derecho constitucional al mínimo vital, únicamente, a partir del día 23 de enero de
2026, cuando, salió a la luz, documento que la parte considera como sobreviniente,
representado en la escritura pública No. 1.481 del 07 de septiembre de 2014, de la
Notaría Primera del Círculo de Buga Valle del Cauca, que prueba el presunto fraude
procesal en el cual fueron inducidos a error los funcionarios. Instrumento por medio
del cual la pareja de esposos, entiéndase, ALBA MILENA RENGIFO SANABRIA, y
JESÚS ALBEIRO LÓPEZ PALOMINO, actuando como una pareja normal y activa
afectan su patrimonio a vivienda familiar, de conformidad a la ley 258 de 1996.
20. Posteriormente indicó que, la acción de tutela satisface las causales generales
de procedencia de la tutela contra providencia, especialmente la relevancia
constitucional, pues se trata del acceso al mínimo vital de una persona que está
siendo despojada de su derecho a la sustitución pensional.
CONSIDERACIONES
Competencia
21. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.
Cuestión previa: resolución de impedimento
22. La consejera de Estado Zoranny Castillo Otálora manifestó2 encontrarse
inmersa en la causal de impedimento prevista en el numeral 6 del artículo 56 del
Código de Procedimiento Penal, pues en su condición de magistrada del Tribunal
Administrativo del Valle suscribió la providencia censurada.
23. El artículo 39 del Decreto 2591 de 1991 precisa que, en el trámite de tutela será
procedente declarar impedimentos cuando concurran las causales del
procedimiento penal. El artículo 56 de la Ley 906 de 2004 indica que es motivo de
impedimento: “Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se
trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero o
1 Índice samai 24.
2 Índice Samai No. 5 de Segunda instancia.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00673-01
Accionante: Claudia Ximena Tascón Soto
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o
civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar”.
24. La Subsección concluye que la consejera de Estado, integrante de la Sala, Dra.
Zoranny Castillo Otalora, suscribió la decisión que es objeto de ataque
constitucional, es decir, la sentencia de 9 de julio de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca. Dicha situación se adecua al presupuesto
previsto en la norma procesal penal citada, razón por la cual, se aceptará la
manifestación de impedimento presentada.
Determinación del problema jurídico
25. A juicio de esta Sala, de manera preliminar, deberá establecerse si la acción de
tutela satisface las causales generales de procedencia de tutela concretamente, los
de relevancia constitucional, inmediatez y el de subsidiariedad, dado que se está
cuestionando una sentencia proferida en segunda instancia por un tribunal
administrativo, dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
teniendo en cuenta que, supuestamente, apareció una prueba nueva que dilucida
la verdad de los fundamentos del proceso ordinario. En caso de que se encuentre
que la acción satisface los requisitos de procedencia formal, se fijará un problema
jurídico de fondo.
26. Para resolver el primer problema, se reiterará el precedente sobre procedencia
de la acción de tutela contra sentencias.
Causales genéricas de procedencia de tutela contra providencia.
27. Conforme con el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20053, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren siete causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
28. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar4: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela5, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional6 o el Consejo de Estado7, ni
una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
3 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
4 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
5 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
6 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
7 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00673-01
Accionante: Claudia Ximena Tascón Soto
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP8; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable9 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
Caso concreto
29. En el caso sub lite, la Sala considera que la acción no supera las causales
genéricas de inmediatez, subsidiariedad y relevancia constitucional, como se
explicará a continuación.
30. Sobre el requisito de inmediatez: la Corte Constitucional ha precisado que10,
aunque la tutela no tiene término de caducidad, debe interponerse dentro de un
plazo razonable desde el hecho o providencia que causa la vulneración, exigencia
que es más estricta cuando se controvierte una sentencia ejecutoriada, por razones
de seguridad jurídica, cosa juzgada y autonomía judicial.
31. En el presente asunto, la Sala advierte que no se cumple el requisito de
inmediatez. La providencia judicial cuestionada fue proferida el 9 de julio de 202511,
notificada el 15 de julio siguiente12 y quedó ejecutoriada el 22 de julio de 2025. Sin
embargo, la acción de tutela fue presentada el 2 de febrero de 2026, esto es, luego
de transcurrido un término que no se considera razonable desde la ejecutoria de la
sentencia atacada. La actora pretende justificar la tardanza en que solo hasta el 23
de enero de 2026 habría conocido una prueba documental que, en su criterio,
desvirtuaría las conclusiones probatorias del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca. No obstante, ese argumento no resulta suficiente para desplazar el punto
inicial del análisis de inmediatez, pues la tutela se dirige contra la sentencia del 9 de
julio de 2025 y no contra una actuación nueva de la administración o de la autoridad
judicial. Además, la parte actora no acreditó una imposibilidad material, jurídica o
fáctica para acudir antes al juez constitucional ni explicó por qué no pudo solicitar
oportunamente la escritura pública o el certificado correspondiente, máxime cuando
se trata de documentos de naturaleza pública.
8 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
9 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
10 Corte Constitucional, Sentencia SU-495 de 2024.
11 Índice 27, expediente 76111-33-33-001-2016-00223-01
12 Ibid, Índice 29 de SAMAI.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00673-01
Accionante: Claudia Ximena Tascón Soto
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
32. Así, la obtención posterior de un documento no convierte automáticamente en
oportuna una tutela presentada de manera tardía contra una sentencia ejecutoriada.
Admitir lo contrario implicaría permitir que el término razonable de la acción de tutela
pudiera reabrirse indefinidamente con la sola afirmación de haber encontrado
nuevas pruebas, lo cual afectaría gravemente la estabilidad de las decisiones
judiciales. Si la tesis de la accionante consiste en que, después de dictada la
sentencia, encontró o recobró documentos decisivos que habrían podido conducir
a una decisión diferente, el ordenamiento prevé un mecanismo judicial específico
para ello: el recurso extraordinario de revisión. Por tanto, la acción de tutela no
satisface el requisito de inmediatez.
33. Sobre el requisito de subsidiariedad: la jurisprudencia ha sostenido que el
amparo no procede si el ordenamiento ofrece un medio idóneo y eficaz para ventilar
el reproche; por ello, cuando la inconformidad se funda en documentos decisivos
conocidos o recobrados después del fallo, el mecanismo ordinariamente adecuado
no es la tutela los dispuestos para ello. Una muestra de ello es el recurso
extraordinario de revisión, previsto precisamente para remover excepcionalmente
la cosa juzgada en supuestos tasados13.
34. En efecto, si la parte actora sostiene que, se está en presencia de un medio de
prueba novedoso que no se conocía al momento de que profirió la sentencia, esa
hipótesis es la causal primera del recurso extraordinario de revisión, en los términos
del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, conforme al cual es procedente revisar una
sentencia cuando se hubiese encontrado o recobrado, después de dictada la
sentencia, documentos decisivos con los cuales se hubiese proferido una sentencia
diferente.
35. La demanda de tutela se estructura bajo la premisa que se descubrió un
documento que derrumba las conclusiones del fallo del tribunal. Esta tesis se
adecua, en punto a la idoneidad de otros medios judiciales, al recurso extraordinario
de revisión, motivo por el cual, en el caso concreto, la tutelante estaba en la
obligación de acudir a ese medio judicial de defensa, incumpliendo, además, el
requisito de subsidiariedad pues, en el caso concreto, conforme la tesis de la
petición de amparo, si existe un recurso judicial pendiente de agotar, esto en los
términos del artículo 6 del decreto 2591 de 1991.
36. Sobre el requisito de relevancia constitucional: La Corte ha insistido en que la
relevancia constitucional exige que el caso plantee un problema ius-fundamental
real, grave y específico, y no una simple inconformidad con la valoración probatoria
o la interpretación normativa realizada por el juez natural14. Cuando el reproche se
dirige a que el juez ordinario debió valorar de forma distinta las pruebas sobre
convivencia, beneficiarios pensionales o titularidad del derecho, la tutela no puede
utilizarse para reabrir el debate probatorio ni para obtener una tercera valoración
judicial del litigio.
13 Corte Constitucional, Sentencias T-279 de 2025 y SU-060 de 2024.
14 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00673-01
Accionante: Claudia Ximena Tascón Soto
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
37. En el caso concreto, el escrito tampoco satisface el requisito de relevancia
constitucional, pues busca que se obtenga una nueva instancia judicial adicional a
las dos instancias del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en los que,
podía hacer valer las interpretaciones probatorias que fundamenta en el escrito de
protección constitucional. A juicio de esta Sala, la petición de amparo busca reabrir
la discusión procesal surtida en dos instancias, y presenta discrepancias de criterio
con las conclusiones a las que llegó el tribunal accionado. En el escrito de amparo
se presentan razones que muestran diferencias de posturas interpretativas respecto
al material probatorio, pero no un yerro de validez que afecte la providencia atacada.
38. En conclusión, la sala confirmará la sentencia de primera instancia, por: (i)
incumplir el requisito de plazo razonable, pues la acción de tutela se promovió por
fuera del lapso reconocido como constitucional. Además no se avizoran motivos que
hayan impedido a la parte actora acudir al juez constitucional; (ii) no satisfacer el
requisito de subsidiariedad, pues, la tesis central del escrito de amparo es la
aparición de una supuesta prueba nueva, lo cual se adecua a la causal primera del
recurso extraordinario de revisión, motivo por el cual, en el caso concreto, la
tutelante está obligada a agotar ese medio judicial; y (iii) puesto que el escrito de
amparo no reviste relevancia constitucional al usar la acción de tutela como
instancia adicional y buscar reabrir un debate que se resolvió en dos instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por la consejera de Estado
Zoranny Castillo Otálora, con fundamento en la causal prevista en el numeral 6.º del
artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, SEPARAR a dicha
magistrada del conocimiento del presente asunto.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 2 de marzo de 2026, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, pero por las razones
contenidas en esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
CUARTO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00673-01
Accionante: Claudia Ximena Tascón Soto
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
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puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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