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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00674-01

Fecha
8 de mayo de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00674-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 26 de febrero de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que declaró la improcedencia de la acción de tutela, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00674-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

8 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., ocho (08) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00674-01
Accionante: Carlos Andrés Méndez Lozada
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración
de Carrera Judicial
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada en contra de la sentencia proferida el 26
de febrero de 2026 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 2 de febrero de 20261 Carlos Andrés Méndez Lozada, a nombre propio, interpuso
acción de tutela2 en procura de la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la familia y a los derechos de los niños que considera vulnerados
por el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera
Judicial, con ocasión del concepto desfavorable de traslado contenido en el Oficio
CJO25-6193 del 10 de noviembre de 2025 y del no trámite del recurso de reposición
interpuesto contra aquella resolución.

2. Hechos

2.1. El accionante manifiesta que ocupa el cargo de citador grado 03 en el Juzgado
Penal Municipal de Madrid, Cundinamarca, desde el 1 de febrero de 2023.

2.2. Afirma que el 2 de septiembre de 2025 solicitó a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial emitir concepto favorable de traslado al Juzgado 01
Promiscuo Municipal de Rovira, Tolima, para el cargo de citador, grado 03, con
fundamento en que “[su] pareja actual se encuentra en estado de gravidez de 22
semanas, lo cual [lo] avoca a no mantener más la distancia respecto a [su] núcleo
familiar.”

1
Índice 3 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 4960677CA0957D32 AB9DB7B67138EBFE
AB5885BA682ACE1D EC782907C807025F.
2
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado F3FC34224CF03C88 5CAA104CC104E6F3
E2271E0B5C5FD7F4 BA1D4FBFEF20D3D8.

2

Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Carlos Andrés Méndez Lozada
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial

2.3. Como consecuencia de ello, dicha entidad emitió concepto desfavorable
CJO25-6193 del 10 de noviembre de 2025 y le informó que podía interponer recurso
de reposición contra dicho acto, del cual hizo uso; sin embargo, manifiesta el actor
que, a la fecha de presentación de la acción de tutela, aquel no ha sido resuelto.

2.4. El señor Méndez Lozada señala que el 3 de diciembre de 2025 tuvo consultoría
psicológica con la ARL Positiva “atendiendo [su] afectación emocional en la cual [se]
sumergía con ocasión a la negativa de traslado” por parte de la entidad accionada
y “la falta de humanismo de ésta al imponer cargas meramente formales”.

2.5. Finalmente, el actor indica que el 22 de diciembre de 2025 nació su primera y
única hija.

3. Fundamentos de la acción de tutela

La parte accionante sostuvo:

3.1. El concepto desfavorable emitido por la entidad accionada genera el
rompimiento de la unidad familiar, pues su compañera permanente, quien está en
licencia de maternidad, tiene su domicilio en la ciudad de Ibagué, Tolima.

3.2. Ante los cuatro presupuestos de viabilidad del traslado horizontal expuestos por
el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Carrera Judicial, el único pendiente
es acreditar que el servidor judicial haya prestado servicios por lo menos por tres
(3) años en el cargo actual en carrera; no obstante, ese requisito ya lo acreditó el 1
de febrero de 2026. En consecuencia, se trata de una decisión arbitraria que le
genera un perjuicio irremediable al imponerle cargas desproporcionadas e
irrazonables a su familia y a su hija recién nacida.

4. Pretensiones de la acción de tutela

La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:

“PRIMERO: Se TUTELEN mis DERECHOS FUNDAMENTALES A LA FAMILIA,
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO y DE LOS NIÑOS con ocasión a tener una
familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor y a los demás Derechos
Fundamentales que, por conexidad en su razón y consideración, están manifiestamente
siendo vulnerados, o amenazados dado el caso, se procure eludir una eventual y precisa

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vulneración, que genere perjuicios de carácter irremediable y en contra de CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA
JUDICIAL, en cabeza de la directora la doctora Claudia M. Granados R.;

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración se ORDENE a la CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA
JUDICIAL, se sirva REPONER DE MANERA URGENTE, PRIORITARIA,
PREFERENCIAL E INMEDIATA el concepto desfavorable emitido mediante acto
administrativo CJO25-6193 del 10 de noviembre de 2025, reformando, modificando o
revocando dicho concepto, otorgando viabilidad o concepto favorable al traslado
Horizontal al suscrito empleado según norma vigente y para tal fin seguir con el trámite
administrativo de posesión ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Rovira
(Tolima) y garantizando así la protección integral familiar.

TERCERO: Conminar al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL, en cabeza de la directora la doctora
Claudia M. Granados R. para que en lo sucesivo realicen estudios conscientes y en
debida forma las solicitudes de traslados horizontales por temas de unidad familiar, dado
que convergen varias circunstancias y factores particulares (empatía y Humanismo).

Petición Especial: Se sirva su señoría bajo el principio de la inmediación, la sana crítica
y experiencia evalúe el acervo probatorio que reposa en el expediente y se sirva usted
definir una decisión justa y sabia a fin de que se pueda resolver este flagelo de una vez
por todas.”3 (Resaltado original del texto).

5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición

5.1. Mediante auto del 5 de febrero de 20264, se admitió la acción de tutela y se
vinculó al Juzgado Penal Municipal de Madrid, Cundinamarca, y al Juzgado Primero
Promiscuo Municipal de Rovira, Tolima. También se dispuso la notificación a las
partes y a los vinculados.

5.2. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Rovira, Tolima5 señaló que se
configura la falta de legitimación en la causa por pasiva de ese despacho.

Finalmente, informó que se encuentra a la espera de la emisión de los conceptos
de traslado elevados por los servidores Óscar Javier Sánchez Escobar y Carlos
Andrés Mendéz Lozada, con el propósito de realizar el nombramiento que
corresponda, teniendo en cuenta tanto los conceptos de traslado como la lista de
elegibles remitida por el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima. Con el
propósito de proveer el cargo y por necesidad del servicio, se nombró en
provisionalidad a la señora Alejandra Hurtado Lozano mediante Resolución 002 del
26 de enero de 2026.

3
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado F3FC34224CF03C88 5CAA104CC104E6F3
E2271E0B5C5FD7F4 BA1D4FBFEF20D3D8, folio 8.
4
Índice 5 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 885C9CA9F4641DC7 6D82C0DFF2C6ABE1
31BB346300F5EE59 CDA6E2D696089BA9.
5
Índice 9 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 4BD5F2DFEEE94B06 340AD1BE3D43618F
249CDFBD05633DC4 71FB97227BE173A4.

4

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5.3. El Juzgado Penal Municipal de Madrid, Cundinamarca6 sostuvo que se
configura la falta de legitimación en la causa por pasiva de ese despacho y, en
consecuencia, solicitó su desvinculación.

5.4. La Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura7 informó que, mediante la Resolución CJR26-0080 del 10 de febrero de
2026, confirmó el concepto desfavorable de traslado, la cual fue notificada al
accionante ese mismo día. Dicho acto, junto con el Oficio CJO25-6193 del 10 de
noviembre de 2025, fue expedido en aplicación de la Ley Estatutaria de
Administración de la Justicia y del Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017, modificado
por el Acuerdo PCSJA22-11956 de 2022, de manera que no se han transgredido
principios o normas de orden constitucional o legal.

Expuso que el servidor judicial no cumple con el requisito previsto en el parágrafo 2
del artículo 134, numeral 4, de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 70 de
la Ley 2430 de 2024. Asimismo, adujo que la acción de tutela no satisface el
requisito de subsidiariedad, pues el actor cuenta con el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, en el cual puede controvertir el concepto
desfavorable de traslado, razón por la cual la acción constitucional resulta
improcedente.

6. Fallo de tutela de primera instancia

El 26 de febrero de 20268, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
declaró improcedente la acción de tutela.

En relación con el derecho de petición, el a quo constitucional señaló que, aunque
el actor no invocó de manera expresa su vulneración, resultaba procedente
pronunciarse sobre este, en la medida en que, para la fecha de presentación de la
acción, la Unidad no había resuelto el recurso de reposición interpuesto. No
obstante, advirtió que, en el curso del trámite de la tutela, la entidad accionada
expidió la resolución mediante la cual decidió de fondo dicho recurso y notificó

6
Índice 10 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 54FB0D4B59723CDB 7DB0AABF41A62871
A4E778D5FFED8A67 EE6811C6DFBF2CF5.
7
Índice 11 de SAMAI, certificado 73E7E34FBCF352D6 C45224F77D11048D D79F8666B4A03D5A 313A044BBB6FCCDF,
ibid.
8
Índice 15 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia, certificado 07DE036298A41A6F 19C08F5A0E41719B
4B25F2606149C441 D338090D6913F253.

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oportunamente al interesado, circunstancia que condujo a declarar la carencia
actual de objeto por hecho superado.

Por otro lado, frente a la pretensión orientada a que se ordenara a la Unidad
modificar el Concepto Desfavorable CJO25-6193 del 10 de noviembre de 2025, con
el fin de otorgar viabilidad al traslado, concluyó que la acción de tutela resultaba
improcedente por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, pues el señor Méndez
cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, como lo es el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual puede controvertir dicha decisión.

Finalmente, manifestó que el actor no argumentó ni allegó prueba siquiera sumaria
que demuestre la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio
para evitar la configuración de un perjuicio irremediable.

7. Razones de la impugnación

Inconforme con la decisión, la parte accionante presentó escrito de impugnación9,
en el que expuso, en síntesis, los siguientes argumentos:

7.1. En primer lugar, señaló que la Resolución CJR26-0080 del 10 de febrero de
2026 no repone el Oficio CJO25-6193 del 10 de noviembre de 2025, bajo el
argumento de que “[l]a exigencia del cumplimiento del requisito de especialidad se
encuentra señalado en el artículo 134 de la Ley 270 de 1996, modificado por el
artículo 70 de la Ley 2430 de 2024, y en el caso particular no se cumple dado que
el cargo al que aspira el traslado, (juzgado promiscuo municipal) es de diferente
especialidad que el cargo en propiedad (juzgado penal municipal) y no se trata de
una subespecialidad”.

Sobre este punto, el actor afirma que los Juzgados Promiscuos Municipales, de
conformidad con el artículo 7 del Decreto 2272 de 1989, fueron creados con esa
competencia y que, en la actualidad, en cabeza de un funcionario judicial,
administran justicia en asuntos de mínima cuantía, procesos de familia en única
instancia (donde no existe juez especializado), conflictos de propiedad horizontal,
asuntos civiles (artículos 17 y 18 del CGP), comerciales y acciones constitucionales.
Asimismo, ejercen funciones de control de garantías y de conocimiento en categoría

9
Índice 19 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia, certificado 08762DED6424AB1F A02EFC147EA141AF
B61E8069558CC44E 05F73C5D3ADAF354.

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Accionante: Carlos Andrés Méndez Lozada
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial

municipal. De este modo, actúan de manera integral en municipios sin
especialización judicial.

7.2. En segundo lugar, señaló que la entidad accionada considera que no cumple el
requisito de permanencia de 3 años en el cargo y reconoce, a su vez, que tomó
posesión del cargo de citador grado 03 en el Juzgado Penal Municipal de Madrid el
1 de febrero de 2023. Así, “desconoce las razones de unidad familiar que motivaron
la solicitud de traslado efectivo de servidor judicial (empleado), al imponer cargas
meramente formales ´legales´”.

7.3. En tercer lugar, solicitó conceder el amparo como mecanismo transitorio “[para
que] no se consume el perjuicio irremediable del rompimiento de la unidad familiar
habida cuenta que [su] esposa no tiene red de familia extensa en quien pueda
apoyarse en la ciudad de Ibagué y cuenta solo con [él] para la crianza y de [su]
bebé”.

7.4. Por lo tanto, pretende lo siguiente:

“PRIMERO: Se TUTELEN mis DERECHOS FUNDAMENTALES A LA FAMILIA,
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO y DE LOS NIÑOS con ocasión a tener una
familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, lo anterior, DANDO APLICACIÓN
VÍA EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD entretanto que el artículo 70 de la Ley
2430 de 2024 va en contra del Derecho Constitucional Prevalente de mi hija la NNA
L.M.D. a tener una familia y no ser separada de ella, así como el derecho de protección
integral a la familia del suscrito ciudadano.

SEGUNDO: Así mismo, se sirva comedidamente REVOCAR la decisión de PRIMERA
INSTANCIA en contra de CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL, en cabeza de la directora Claudia M.
Granados R.;

TERCERO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se sirva ORDENAR la
suspensión de la aplicación del resuelve de la RESOLUCIÓN CJR26-0080 del 10 de
febrero de 2026 emitida por la directora de la unidad de administración de la carrera
judicial del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, hasta que se resuelva de
fondo la presente litis ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

CUARTO: ORDENAR al Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima la NO
publicación de la vacante definitiva del cargo de Citador Municipal Grado III del Juzgado
Primero Promiscuo de Rovira - Tolima, como medida de conservación de conformidad
con las circunstancias del presente caso hasta que se resuelva de fondo la presente litis
ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

QUINTO: Así mismo, se CONCEDA la presente tutela como mecanismo transitorio
ORDENANDO el traslado del suscrito empleado hasta que se resuelva de fondo la

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presente litis ante la jurisdicción contenciosa administrativa, en aras de evitar un perjuicio
irremediable respecto del vínculo paterno - filial.”10 (Resaltado fuera del texto)

8. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia

Mediante auto del 16 de marzo de 202611, el a quo concedió la impugnación.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
080 de 2019, esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada
en contra del fallo proferido el 26 de febrero de 2026 por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A.

2. Problema jurídico

La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad. Para ello, se analizará la eventual carencia actual de objeto respecto
del recurso de reposición contra el Oficio CJO25-6193 del 10 de noviembre de 2025.

3. Carencia actual de objeto

Resulta necesario reiterar que el Alto Tribunal Constitucional, en repetidas
ocasiones12, ha indicado que la carencia actual de objeto se configura cuando,
frente a las pretensiones esbozadas en la acción de tutela, cualquier orden emitida

10
Índice 19 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia, certificado 08762DED6424AB1F A02EFC147EA141AF
B61E8069558CC44E 05F73C5D3ADAF354.
11
Índice 21 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 8106331191B93C4B A8EB1989984B32B3
70A45A7C6CC949C7 953B773D2BA7443A.
12
Se toma de la sentencia T-038 de 2019.

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por el juez sería inane. Específicamente, esta figura tiene lugar cuando se presenta
un daño consumado13, un hecho superado14 o una situación sobreviniente15.

4. De la situación sobreviniente en el caso concreto

4.1. La carencia actual de objeto por la situación sobreviniente, en términos de la
Corte Constitucional, se configura cuando “las circunstancias fácticas que originaron
la acción varían porque el actor asume una carga que no le correspondía, un tercero
satisface la pretensión principal, el accionante ha perdido interés en el resultado del
proceso o resulta imposible llevar a cabo las pretensiones”16.

4.2. En el sub examine, el actor considera que sus derechos fundamentales fueron
transgredidos por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Carrera Judicial,
en razón de que el concepto desfavorable de traslado emitido por dicha entidad
afectaría su derecho a la unidad familiar, dado que su compañera permanente,
quien se encuentra en licencia de maternidad, reside en la ciudad de Ibagué, Tolima.

Asimismo, indicó que contra el Concepto CJO25-6193 del 10 de noviembre de 2025
interpuso recurso de reposición; sin embargo, para la fecha de presentación de la
acción de tutela, este no había sido resuelto. En ese contexto, solicitó como
pretensión que se ordenara al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de Carrera Judicial resolver de manera inmediata dicho recurso, en
el sentido de revocar el concepto desfavorable y emitir uno favorable que viabilizara
su traslado horizontal, con el propósito de continuar el trámite administrativo de
posesión en el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Rovira (Tolima) y, con ello,
garantizar la protección de su unidad familiar.

13
Se da cuando se materializa la afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal manera que el juez no
puede emitir una orden al respecto, con el fin de hacer que cese la vulneración o impedir que se consume el peligro. Sobre el
asunto, consultar la sentencia SU-225 de 2013, dictada por la Corte Constitucional.
M.P. Alexei Julio Estrada.
14
Tiene cabida entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo. Se percibe cuando, como consecuencia del
obrar de la accionada, cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante. Se configura si se realizó
la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación, por lo que resulta inocua cualquier intervención
del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado. Sobre los
casos en que cesó la vulneración de derechos fundamentales ver las sentencias de la Corte Constitucional T-970 de 2014
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-597 de 2015 (M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-669 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio), T-021 de 2017 (M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-382 de 2018 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), entre otras.
En lo relacionado con la terminación de la afectación, el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 establece “[s]i,estando en curso
la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se
declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
15
El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las distintas Salas de Revisión. Es una categoría
que ha demostrado ser de gran utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud cobija casos que
no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a
cualquier “otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda
de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío”.
16
Corte Constitucional, sentencia T-322 de 2025. Véase, también en la sentencia T-053 de 2025.

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4.3. A partir de lo anterior, se advierte que el actor fundamentó la solicitud de amparo
por razones de unidad familiar, tanto en la negativa del traslado como en la presunta
omisión de la entidad de resolver el recurso de reposición interpuesto contra el acto
que contenía dicha decisión, con el fin de que esta corporación ordenara a la entidad
accionada resolverlo en sentido favorable y otorgara viabilidad al traslado, para así
continuar con el trámite administrativo de posesión ante el Juzgado Primero
Promiscuo Municipal de Rovira.

No obstante, durante el trámite constitucional, la directora de la entidad accionada
expidió la Resolución CJR26-0080 del 10 de febrero de 202617, mediante la cual
resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el concepto desfavorable
de traslado contenido en el Oficio CJO25-6193 del 10 de noviembre de 2025. Dicho
acto fue notificado electrónicamente al accionante el 11 de febrero de 202618.

4.4. En este contexto, se configura una situación sobreviniente que priva de objeto
la intervención del juez constitucional, en tanto la presunta inactividad administrativa
alegada por el actor fue superada con la expedición del acto que resolvió el recurso
interpuesto. Adicionalmente, la decisión adoptada fue desfavorable a sus intereses,
de modo que la pretensión orientada a que, por esta vía, se ordenara a la entidad
accionada resolver el recurso en sentido favorable no puede ser atendida.

En estos términos, como lo ha señalado la Corte Constitucional, se está ante un
evento en el que resulta imposible llevar a cabo las pretensiones del accionante, en
la medida en que la situación fáctica que sustentaba la solicitud de amparo se
transformó durante el trámite constitucional, lo que torna inocua cualquier orden que
pudiera impartirse.

Así, con independencia del sentido desfavorable de la decisión frente a los intereses
del señor Méndez Lozada, lo cierto es que la entidad accionada emitió un
pronunciamiento de fondo, con lo cual se satisfizo la pretensión relacionada con el
trámite del recurso de reposición. En ese orden, al haber sido resuelto el recurso,
aunque en sentido adverso, se extingue la necesidad de intervención del juez
constitucional, dado que la alegada inactividad administrativa desapareció durante
el trámite de la acción.

17
Índice 11 de SAMAI, certificado 9D1DAC388B69A5EC 2AD06A815C90CE8D 48BCA3F6A9715DA3
A569FADEAD4E19D1.
18
Índice 11 de SAMAI, certificado 53B456664415DFF7 6FB383EF178F1317 465D6D36B37937BB 0EEFCDD64C64D667.

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Accionante: Carlos Andrés Méndez Lozada
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial

En consecuencia, esta Subsección declarará la improcedencia del amparo por
carencia actual de objeto derivada de la referida situación sobreviniente, pues no
corresponde al juez de tutela impartir órdenes frente a actuaciones ya definidas por
la administración. En efecto, cualquier decisión que se adopte en esta sede
carecería de eficacia, al recaer sobre una situación jurídica consolidada con la
expedición de la Resolución CJR26-0080 del 10 de febrero de 2026.

En otros términos, la controversia planteada dejó de versar sobre la presunta
omisión de la autoridad accionada y se trasladó a la inconformidad con el contenido
del acto que resolvió el recurso, aspecto que desborda el ámbito propio de la acción
de tutela. Por ello, la intervención del juez constitucional deviene innecesaria, al no
existir ya un objeto susceptible de protección en los términos inicialmente
propuestos.

4.5. Ahora bien, tan consciente fue el actor de la mutación de la situación de hecho
que, por ello, reformuló sus pretensiones en sede de impugnación, una vez
expedida la Resolución CJR26-0080 del 10 de febrero de 2026. En efecto, además
de insistir en la protección de sus derechos fundamentales a la familia, al debido
proceso y a los derechos de los niños, solicitó la inaplicación del artículo 70 de la
Ley 2430 de 2024 por vía de excepción de inconstitucionalidad, la revocatoria de la
decisión de primera instancia y la adopción de medidas provisionales orientadas a
suspender los efectos del acto administrativo que negó el traslado y a impedir la
provisión de la vacante correspondiente. Asimismo, pidió que, como mecanismo
transitorio, se ordenara su traslado, con el fin de evitar un perjuicio irremediable en
su núcleo familiar, mientras se define de fondo la controversia ante la jurisdicción
contencioso administrativa.

Al respecto, esta Subsección se abstendrá de emitir pronunciamiento sobre tales
pedimentos, en la medida en que el accionante, al reformular sus pretensiones en
sede de impugnación, pretende alterar la litis inicialmente planteada. Ello
comportaría la modificación del sustento fáctico del amparo y el desconocimiento
del derecho fundamental al debido proceso de las demás partes, en particular de
sus garantías de contradicción y defensa, dado que no tuvieron la oportunidad de
pronunciarse sobre dichos planteamientos en la primera instancia.

Aunado a lo anterior, es preciso recordar que la impugnación en el trámite de la
acción de tutela tiene como finalidad controvertir la decisión adoptada por el juez de

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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00674-01
Accionante: Carlos Andrés Méndez Lozada
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial

primera instancia, dentro de los límites fijados por los hechos y las pretensiones
originalmente formulados, sin que constituya una nueva oportunidad procesal para
introducir solicitudes sorpresivas o reformular las ya propuestas.

5. Por las razones expuestas, la acción tuitiva resulta improcedente, como lo
concluyó el a quo; en consecuencia, se confirmará el proveído impugnado, pero por
las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 26 de febrero de 2026, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que declaró la
improcedencia de la acción de tutela, pero por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado

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