Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00678-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00678-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00678-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
18 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 18 de junio de 2026
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00678-00
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Demandado: Policía Nacional
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD| Carencia actual de
objeto por hecho superado
Síntesis del caso: La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales, de
cara a la falta de reajuste anual de su pensión de invalidez conforme con la variación del
índice de Precios del Consumidor (IPC) correspondiente al 2025.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Juan Carlos Arciniegas
Rojas contra la Policía Nacional.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada. 1.3. Trámite
relevante en primera instancia.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 2 de febrero de 2026, Juan Carlos Arciniegas Rojas, en nombre
propio, presentó una acción de tutela contra la Policía Nacional, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital,
seguridad social, igualdad y debido proceso, con ocasión de la presunta
omisión de la entidad en efectuar el reajuste anual de su pensión de
invalidez conforme con la variación del índice de precios del consumidor
(IPC) correspondiente al 2025, en los términos previstos en el artículo 14 de la
Ley 100 de 1993.
2. A título de amparo constitucional, el demandante solicitó (se
trascribe):
“1. TUTELAR mis derechos fundamentales al MÍNIMO VITAL, SEGURIDAD
SOCIAL E IGUALDAD.
2. ORDENAR a la POLICÍA NACIONAL que, en el término de 48 horas,
realice el reajuste de mi pensión de invalidez aplicando el IPC del 5.1%
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
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Radicación:11001-03-15-000-2026-00678-00
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Demandado: Policía Nacional
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara carencia actual de objeto
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certificado para el año 2025, dando cumplimiento al Artículo 14 de la Ley
100 de 1993.
3. Declarar que dicho ajuste por actualización (IPC) es independiente y
complementario a cualquier otro incremento por oscilación que trate el
Artículo 42 del Decreto 4433 de 2004,
4. Ordenar el pago retroactivo de las sumas dejadas de percibir en la
mesada de enero de 2026 y hasta que se haga efectiva la presente
acción.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) Juan Carlos Arciniegas Rojas ostenta la calidad de pensionado por
invalidez de la Policía Nacional desde 1999.
5. 2) El 9 de enero de 2026, el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE) certificó que la variación del índice de precios al
consumidor (IPC) correspondiente al 2025 fue del 5.1%.
6. Como fundamento de la vulneración de sus derechos, la parte actora
sostuvo que, al comparar las nóminas correspondientes a diciembre de 2025
y enero de 2026, advirtió que el valor de su asignación básica permaneció
inalterado, pese a la certificación del IPC para el 2025. En su criterio, dicha
circunstancia dejaba en evidencia que la entidad accionada omitió
efectuar el reajuste anual a partir del 1 de enero de 2026, de conformidad
con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 100 de 19932.
1.2. Posición de la parte accionada3
7. EL Grupo de Pensiones de la Policía Nacional4 informó que, en
cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto No. 384 de 7 de abril de 2026,
expedido por el Gobierno Nacional, mediante el cual se fijaron las escalas
de asignación básica para el personal del Sector Defensa, se estableció un
incremento del 7% aplicable a las asignaciones salariales y mesadas
pensionales. En ese sentido, señaló que dicho aumento fue reconocido al
accionante y que, a partir de abril de 2026, se efectuó el pago de la mesada
reajustada y, en mayo de la misma anualidad se hizo el pago del retroactivo
causado desde el 1 de enero de ese año. Como sustento de lo anterior,
aportó los desprendibles de pago expedidos por la Tesorería General de la
Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional5. Finalmente, solicitó
2 “ARTÍCULO 14. Reajuste de Pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y
de sustitución o sobrevivientes, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan
su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el 1o. de enero de cada año, según la
variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente
anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán
reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno.”
3 Mediante Auto de 27 de mayo de 2026, el despacho ponente resolvió, (1) avocar el conocimiento del asunto (2)
admitir la acción de tutela y (3) tener como accionada a la Policía Nacional.
4 Índice 32 en el aplicativo SAMAI.
5 Visibles a índice 32 del aplicativo SAMAI.
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Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Demandado: Policía Nacional
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Decisión: Declara carencia actual de objeto
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su desvinculación del presente trámite constitucional al considerar que no
existía acción u omisión atribuible a esa dependencia que permitiera inferir
la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte
actora.
1.3. Trámite relevante en primera instancia
8. El 3 de febrero de 20266, el despacho ponente remitió el expediente a
los juzgados del circuito de Bogotá, por tratarse de una tutela dirigida contra
una autoridad de orden nacional, de conformidad con lo previsto en el
numeral 2 del artículo 1 del Decreto 333 de 20217. Inconforme con dicha
decisión, el actor interpuso recurso de reposición al estimar que las
disposiciones en cita correspondían a reglas de reparto y no de
competencia. No obstante, mediate Auto de 27 de febrero de 2026 8, el
recurso fue rechazado de plano por improcedente.
9. El 9 de febrero de 2026, el Juzgado 45 Civil del Circuito de Bogotá
declaró su falta de competencia para conocer del asunto, bajo el
argumento de que las disposiciones previstas en el Decreto 333 de 2021
constituían reglas de reparto y no de competencia. En consecuencia,
propuso un conflicto negativo de competencia y remitió el expediente a la
Corte Constitucional para que lo dirimiera.
10. Mediante Auto 366 de 2026, la Sala Plena de la Corte Constitucional
concluyó que no se configuraba ninguno de los factores de competencia
reconocidos por la jurisprudencia constitucional. Por consiguiente, dejó sin
efectos el Auto de 3 de febrero de 2026 proferido por el despacho ponente,
al cual remitió nuevamente el expediente, por haber sido la primera
autoridad judicial que asumió el conocimiento del asunto. En cumplimiento
de dicha decisión, el proceso ingresó a despacho el 26 de mayo de 2026.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Solicitud de desvinculación. 2.2. Actualidad de objeto. 2.3. Conclusión.
2.1. Solicitud de desvinculación
11. Frente a la solicitud de desvinculación formulada por el Grupo de
Pensionados de la Policía Nacional, la Sala considera que no hay lugar a
acceder a esta, ya que fue accionado y, además, los hechos que sustentan
6 índice 5 del aplicativo SAMAI.
7 “Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así: Artículo 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos
previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces
con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde
se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: [...] 2. Las acciones de tutela que se interpongan contra
cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en
primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría. […]”
8 índice 14 del aplicativo SAMAI.
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Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Demandado: Policía Nacional
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Decisión: Declara carencia actual de objeto
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la presente acción de tutela se encuentran directamente relacionados con
el reajuste de la mesada pensional del accionante, asunto respecto del cual
dicha dependencia rindió el informe correspondiente y aportó los
documentos que estimó pertinentes. En consecuencia, se encuentra
acreditada su vinculación material con el objeto de la controversia, razón
por la cual resulta procedente su permanencia dentro del trámite
constitucional.
2.2. Actualidad de objeto
12. La Sala declarará la carencia actual de objeto, por las razones que
pasan a exponerse:
13. La Sala advierte que la pretensión principal del accionante consiste
en que se ordene a la Policía Nacional realizar el reajuste anual de su
pensión de invalidez en los términos previstos en el artículo 14 de la Ley 100
de 1993, esto es, con efectos a partir del 1 de enero de 2026 y de acuerdo
con la variación porcentual del índice de precios al consumidor (IPC)
correspondiente al año inmediatamente anterior, que para el año 2025
correspondió al 5.1%. Lo anterior, tras considerar que la mesada pensional
recibida en enero de 2026 permaneció inalterada respecto de la percibida
en diciembre de 2025.
14. Al respecto, cabe precisar que, aunque al juez constitucional no le
corresponde impartir órdenes de tal naturaleza, el Grupo de Pensiones de la
Policía Nacional informó que, mediante el Decreto No. 384 de 7 de abril de
2026, el Gobierno Nacional fijó un incremento del 7% para las asignaciones
salariales y mesadas pensionales del personal del Sector Defensa,
porcentaje superior al 5,1% correspondiente a la variación del IPC
certificada por el DANE para el año 2025.
15. Aunado a lo anterior, indicó que dicho incremento fue aplicado a la
mesada pensional del accionante desde abril de 2026 y que, el 8 de mayo
de la misma anualidad, se efectuó el pago del retroactivo causado desde
el 1 de enero, circunstancia que acreditó mediante los respectivos
desprendibles de pago expedidos por la Tesorería General de la Dirección
Logística y Financiera de la Policía Nacional.
16. En esa medida, la Sala encuentra acreditado que, durante el trámite
de la presente acción constitucional, desapareció la situación fáctica que
motivó la solicitud de amparo, pues la entidad accionada efectuó el
reajuste pensional reclamado y reconoció las sumas retroactivas
correspondientes. En consecuencia, al haberse satisfecho materialmente la
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Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Demandado: Policía Nacional
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara carencia actual de objeto
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pretensión perseguida por el actor, se configura la carencia actual de
objeto por hecho superado9.
2.3. Conclusión
17. Con fundamento en las razones expuestas, esta Sala declarará la
carencia actual de objeto por hecho superado, por haber cesado la
situación que motivo el amparo constitucional durante el trámite de la
acción de tutela.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de
la acción de tutela presentada por Juan Carlos Arciniegas Rojas, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 10.
TERCERO: En caso de no ser impugnada esta decisión, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
9 La Corte Constitucional estableció los siguientes requisitos que se deben examinar en cada caso para determinar
la existencia o no de un hecho superado: “1) Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho
o se carezca de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del accionante
o de aquel en cuyo favor se actúa; 2) Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la
acción que generó la vulneración o amenaza haya cesado y 3) Si lo que se pretende por medio de la acción de
tutela es el suministro de una prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se puede
considerar que existe un hecho superado”. Sentencia T-045 de 2008.
10 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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