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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00687-00

Fecha
13 de marzo de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00687-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por la Clínica San José Ltda., de conformidad con lo razonado en la parte motiva. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00687-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

13 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00687-00
Accionante: CLÍNICA SAN JOSÉ LTDA.
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Improcedente por falta de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción de tutela instaurada por la Clínica San José Ltda., de
conformidad con lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política y 29
del Decreto 2591 de 19911.

ANTECEDENTES

La demanda

1. La Clínica San José Ltda., a través de demanda presentada el 2 de febrero de
2026, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia y a la igualdad, los cuales considera vulnerados
por el Tribunal Administrativo de Santander.

Hechos relevantes

2. El señor Felipe Montaño Zumaheta y otros instauraron demanda de reparación
directa contra la Clínica San José Ltda. y otras instituciones del sector salud, con el
fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por los daños derivados
de la muerte del señor Gersain Montaño Carreño, ocurrida el 29 de enero de 2013,
por complicaciones de un cuadro de apendicitis. El proceso se distinguió con el
radicado 68679-33-31-701-2015-00136-00/01/02 (principal), y 68679-33-31-710-
2015-00335-00 (acumulado).

3. El Juzgado Segundo Administrativo de San Gil profirió sentencia de primera
instancia, el 23 de junio de 2022, en la que accedió, parcialmente, a las pretensiones
de la demanda. A la Clínica San José IPS Ltda. la condenó al pago de perjuicios
materiales, en la modalidad de lucro cesante, y perjuicios morales, a favor de ciertos
demandantes.

1
Que ingresó al despacho para fallo el 16 de febrero de 2026. Índice 14 de Samai.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00687-00
Accionante: Clínica San José Ltda.
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

4. La Clínica San José IPS interpuso recurso de apelación, en el que solicitó declarar
la nulidad de lo actuado a partir del auto de 28 de mayo de 2021, que fijó fecha y
hora para audiencia de pruebas, por cuanto esa decisión y las que le siguieron se
notificaron a un correo electrónico de otra entidad. En el recurso, también cuestionó
el fallo de primera instancia.

5. El Juzgado a quo, en proveído de 21 de septiembre de 2022, negó la solicitud de
nulidad y concedió el recurso de apelación. Señaló que, a raíz de la pandemia por el
virus Covid-19, se impuso la virtualidad en el año 2020, por lo que el Gobierno
Nacional en el Decreto 806 de 2020, artículo 3º, impuso el deber a las partes de
suministrar a cada despacho judicial los canales digitales de notificación; sin
embargo, la Clínica San José Ltda. no atendió ese mandato y solo intervino en el
proceso al conocer el fallo de primera instancia. Adicionalmente, puso de presente
que el auto admisorio se notificó de forma personal, pero la accionada no contestó
la demanda.

6. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia de
17 de julio de 2025, revocó parcialmente el fallo apelado, para exonerar de
responsabilidad al municipio de Cimitarra; en lo demás, confirmó la decisión de
primera instancia.

Pretensiones

7. La accionante solicita lo siguiente (transcripción literal):

PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, AL
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, y a la IGUALDAD los
cuales fueron desconocidos al momento de proferir el fallo de segunda
Instancia por el Tribunal Administrativo de Santander, radicado
68679333300220150013602 DEMANDA PRINCIPAL -
68679333171020150033500 ACUMULADA por incurrir en un defecto
procedimental absoluto y una violación directa a la Constitución, al
desconocer de manera grave y sustancial las formas esenciales del proceso,
afectando directamente el núcleo del derecho fundamental al debido proceso,
defensa y contradicción de la parte accionante.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, dejar sin efectos la
sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, radicado 68679333300220150013602 DEMANDA PRINCIPAL -
68679333171020150033500 ACUMULADA, por haberse dictado con
desconocimiento de las formas esenciales del procedimiento.

TERCERO: Ordenar a la autoridad judicial accionada que retrotraiga la
actuación procesal al momento anterior por la vulneración del debido proceso,
al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, garantizando:

• La debida notificación a la audiencia de pruebas a la parte demandada, y la
oportunidad efectiva para presentar alegatos de conclusión.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00687-00
Accionante: Clínica San José Ltda.
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

Fundamentos de la demanda de tutela

8. La accionante manifiesta que, desde el auto de 28 de mayo de 2021, a través
del cual se fijó fecha y hora para la audiencia de pruebas y, en adelante, se
empezaron a notificar las decisiones al canal electrónico:
clinicasanjose@clinicasanjosebarrancabermeja.com, y no a la dirección dispuesta
por la entidad para ese efecto, clinicasanjoseips@gmail.com, lo que le impidió
conocer lo decidido y ejercer su derecho de contradicción y defensa, en especial, en
la etapa probatoria y de alegatos de conclusión. Aclaró que el vicio alegado no le era
atribuible.

9. Señaló que la sentencia de primera instancia, inicialmente, tampoco fue
comunicada a su buzón de correo electrónico; sin embargo, tuvo conocimiento de la
decisión por lo que solicitó que se le notificara, con lo cual pudo ejercer el derecho
de defensa, mediante la interposición del respectivo recurso de apelación.

10. Expuso que las razones del Juzgado Segundo Administrativo de San Gil para
negar la nulidad solicitada son contrarias al ordenamiento jurídico y a la
jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa, toda vez que la falta de
contestación a la demanda no implica la pérdida del derecho de defensa.

11. Por lo anterior, adujo que se configuró «una nulidad por falta de notificación
de actuaciones esenciales y un defecto procedimental absoluto, con violación directa
al derecho fundamental al debido proceso». En cuanto al defecto procedimental
absoluto, indicó que estaba presente en la sentencia del 17 de julio de 2025, en la
que el Tribunal Administrativo de Santander omitió pronunciarse frente a la nulidad
alegada. Además, adujo que ese defecto se constituye en una violación directa de la
Constitución Política, «al haberse proferido una sentencia judicial fundada en una
actuación procesal adelantada sin notificación válida, sin contradicción y sin
posibilidad real de defensa».

Trámite en primera instancia

12. A través de auto de 5 de febrero de 20262, el despacho sustanciador admitió
la demanda, ordenó notificar la decisión a la autoridad judicial accionada, a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y, en calidad de terceros con
interés, a la parte demandante y demás demandados en el proceso de reparación
directa. Además, requirió la remisión del expediente digital del proceso ordinario, tuvo
como prueba los documentos allegados con la demanda, reconoció personería a la
apoderada de la accionante y dispuso suspender los términos hasta que el asunto
reingresara al despacho.

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Índice 4 de Samai.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00687-00
Accionante: Clínica San José Ltda.
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

Intervenciones

13. Coosalud EPS S.A.3 solicitó su desvinculación del proceso, por cuanto no
cuenta con legitimación en la causa por pasiva, debido a que no se le atribuyó, en la
tutela, la vulneración de derechos fundamentales.

14. El Juzgado Segundo Administrativo de San Gil4 entregó despacho comisorio
con la notificación del auto admisorio a los terceros con interés, y envió el enlace
para la consulta del expediente digital del proceso de reparación directa.

15. El Tribunal Administrativo de Santander5 sostuvo que la Clínica San José
Ltda. fue debidamente notificada del auto admisorio de la demanda, y decidió no
ejercer su derecho de defensa; además, el juez resolvió la solicitud de nulidad antes
de conceder el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Agregó
que en el recurso de apelación no se hizo una petición expresa en relación con la
nulidad que se pone de presente en esta acción, por lo que la sentencia no guardó
silencio ni incurrió en defecto procedimental absoluto. Solicitó declarar improcedente
la acción de tutela o negar el amparo, por cuanto, en su criterio, no hubo conculcación
de los derechos fundamentales aludidos en la demanda.

CONSIDERACIONES

Competencia

16. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 29 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019.

Legitimación en la causa

17. El artículo 86 de la Constitución Política prevé que «toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces (…) la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública».

18. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, por su parte, establece que la acción
de tutela «podrá ser ejercida en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales».

19. En el caso concreto, la Clínica San José Ltda. se encuentra legitimada en la
causa por activa toda vez que es titular de los derechos fundamentales que estima
vulnerados, en su condición de accionada en el proceso de reparación directa con

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Índice 11 de Samai.
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Índice 12 de Samai.
5
Índice 13 de Samai.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00687-00
Accionante: Clínica San José Ltda.
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

radicado 68679-33-31-701-2015-00136-00 (principal), y 68679-33-31-710-2015-
00335-00 (acumulado), en el que se adoptó la decisión cuestionada.

20. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
el Tribunal Administrativo de Santander fue la autoridad judicial que profirió la
sentencia a la que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales de la
accionante.

Problema Jurídico y metodología de la decisión

21. La Subsección debe establecer si la acción de tutela satisface los requisitos
de procedibilidad formal. En caso de que estos se encuentren reunidos, se analizará
si la providencia cuestionada vulneró los derechos fundamentales de la accionante,
por las razones que se señalaron en la demanda.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

22. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20056, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.

23. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar7: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela8, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
Consejo de Estado; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que
la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara,
detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos
fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados
en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es
que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su
alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 9 o
que los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para
evitarlo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo
que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente

6
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
7
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
8
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
9
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00687-00
Accionante: Clínica San José Ltda.
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta
tenga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error
no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

Análisis de la Sala

Inmediatez

24. La Corte Constitucional ha establecido que uno de los requisitos generales
para la procedencia de la acción de tutela es que ésta se haya presentado en un
plazo razonable, esto es, justo y moderado. Esta exigencia encuentra su razón de
ser en la naturaleza de esta acción constitucional, creada para proteger eficazmente
los derechos fundamentales sin dilaciones injustificadas; además, como garantía de
los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, y para evitar que se emplee como
una instancia adicional con el propósito de reabrir debates que podrían ventilarse a
través de otros mecanismos procesales10.

25. En sentencias SU-499 de 2016 y T-038 de 2017, ese tribunal supremo resaltó
que, aunque la acción de tutela no tiene un término de caducidad legalmente
establecido11, debe interponerse en un plazo oportuno, so pena de que se
desnaturalice su carácter de medio urgente y excepcional de protección
constitucional.

26. En el caso que se analiza, la sentencia que se cuestiona fue proferida el 17
de julio de 2025 y notificada el 12 de agosto del mismo año12, mientras que la acción
de tutela se radicó el 2 de febrero de 2026. Ese plazo se considera razonable para
el ejercicio de la acción constitucional.

Subsidiariedad y relevancia constitucional

27. El requisito de subsidiariedad exige que se hayan agotado todos los medios
disponibles para garantizar la protección de los derechos que se estiman vulnerados,
de modo que la tutela solo será procedente cuando el interesado no disponga de otro
medio de defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección
debe ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o
amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio
irremediable y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.

10
Sentencias SU-961 de 1999, T-043 de 2016, T-016 de 2006, T-594 de 2008, T-1028 de 2010 y
SU-499 de 2016, entre otras.
11
En sentencia C-543 de 1992 la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los artículos
11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991. La razón principal de esa decisión fue «la oposición entre el
establecimiento de un término de caducidad para ejercer la acción y lo estatuido en el artículo 86 de
la Constitución cuando señala que ella puede intentarse en todo momento».
12
Esto, según el índice 2 de SAMAI. Esta información se corrobora en la plataforma de Consulta de
Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00687-00
Accionante: Clínica San José Ltda.
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

28. La subsidiariedad busca impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución
y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e
idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

29. El presupuesto de relevancia constitucional, por su parte, exige que la
cuestión debatida tenga una clara y marcada importancia constitucional, a fin de
evitar que el juez constitucional se adentre en asuntos confiados a otras
jurisdicciones.

30. Esta Subsección ha sido consistente en estimar que el cumplimiento del
requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar los derechos
fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia.
Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima
y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional
a las establecidas por el legislador.

31. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente13 reiterado de la
Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la
acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional no es el idóneo si lo pretendido es que el juez de tutela
se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.

32. En el caso que se analiza se observa que la supuesta nulidad procesal que
plantea la accionante no se originó en la sentencia cuestionada, sino durante el
trámite de la primera instancia, y fue puesta en conocimiento del a quo en el recurso
de apelación que la interesada interpuso contra el fallo de primera instancia.

33. El Juzgado Segundo Administrativo de San Gil negó la nulidad, en auto de 21
de septiembre de 2022, básicamente, porque la Clínica San José Ltda. no indicó su
canal electrónico para notificaciones y, en todo caso, se le notificó personalmente el
auto admisorio de la demanda; además, los estados electrónicos fueron cargados al
micrositio del Juzgado, en la página de la Rama Judicial, y se actualizaron las
actuaciones del proceso en el Sistema Siglo XXI, como dispone la normativa vigente.

34. Resaltó que la sentencia de primera instancia se notificó correctamente y la
Clínica la recurrió, oportunamente. Finalmente, aclaró que la nulidad alegada se
presentó presuntamente antes de la sentencia de primera instancia; sin embargo, el
inciso primero del artículo 134 del CGP exige que la nulidad alegada con

13 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103

de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00687-00
Accionante: Clínica San José Ltda.
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

posterioridad a la sentencia debe estar presente en esa providencia, lo que no
aconteció en el caso analizado.

35. La Sala observa, así, que la discusión acerca de la configuración de una
nulidad procesal, por los motivos que ahora señala la accionante, fue analizada por
el juez natural, y contra la decisión adoptada no se interpuso recurso de reposición,
el cual era procedente en virtud de lo establecido en el artículo 24214 del CPACA.

36. Además, no es cierto que el Tribunal estaba obligado a pronunciarse sobre la
solicitud de nulidad. Al margen de que la Clínica San José Ltda. hubiera presentado
en un mismo escrito la solicitud de nulidad y los argumentos de inconformidad frente
a la decisión de primera instancia, en realidad, el tema relacionado con la supuesta
nulidad quedó resuelto en el auto de 21 de septiembre de 2022, de modo que al ad-
quem le correspondía, únicamente, resolver los reparos contra la sentencia apelada,
como en efecto lo hizo.

37. En esa medida, además de que se omitió ejercer uno de los recursos
ordinarios dispuestos para resolver la inconformidad con la decisión que negó la
solicitud de nulidad, es claro que la acción de tutela se torna improcedente, porque
cuestiona una sentencia judicial, pero por razones ajenas a su adopción, contenido
o notificación.

38. Con todo, al revisar el trámite de la primera instancia en el proceso ordinario
se aprecia que el auto admisorio de la demanda se notificó de forma personal a la
Clínica San José Ltda., el 1º de julio de 201515, a través del correo electrónico
clinicasanjoseips@gmail.com16, lo que le permitió conocer la existencia del proceso
seguido en su contra. Es así como los autos subsiguientes, entre estos, los que
fijaron fecha y hora para la audiencia de pruebas y el que corrió traslado para alegar
de conclusión no debían notificarse de forma personal, sino por estado17, conforme
a lo dispuesto en el artículo 20118 del CPACA, modificado por el artículo 50 de la Ley
2080 de 2021.

14
Artículo 242. Reposición. «El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma
legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General
del Proceso».
15
Pág. 468 PDF «000Expediente(Acumulado)».
16
Esta es la dirección de correo electrónico que la accionante reconoce como vía oficial para recibir
comunicaciones judiciales.
17
En SAMAI se observa que se registraron las providencias de 28 de mayo de 2021 y 4 de junio de
2021, que fijaron fecha y hora para audiencia de pruebas, el mismo día en que fueron expedidas,
además, se registró la notificación por estado de esas decisiones. La decisión de 3 de agosto de
2021, mediante la cual se cerró el período probatorio y se corrió traslado para alegar de conclusión
se registró el 6 de agosto del mismo año.
18
Artículo 201. Notificaciones por estado. «Los autos no sujetos al requisito de la notificación
personal se notificarán por medio de anotación en estados electrónicos para consulta en línea bajo
la responsabilidad del Secretario. La inserción en el estado se hará el día siguiente al de la fecha del
auto y en ella ha de constar:
(…)
El estado se insertará en los medios informáticos de la Rama Judicial y permanecerá allí en calidad
de medio notificador durante el respectivo día.
Las notificaciones por estado se fijarán virtualmente con inserción de la providencia, y no será
necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la
providencia respectiva, y se enviará un mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales».

8

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00687-00
Accionante: Clínica San José Ltda.
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

39. Si bien el inciso tercero del citado artículo 201 del CPACA, incluso desde su
redacción inicial, contempló el envío de un mensaje de datos a las partes anunciando
la notificación por estado, esa actuación era supletoria y no se asemejaba o equivalía
a una notificación personal19, la que está reservada a ciertas providencias
expresamente señaladas en el CPACA, entre ellas, las que se señalan en el artículo
19820 del CPACA y las sentencias judiciales21.

40. En esa medida, la irregularidad que plantea la accionante no tenía la fuerza
de invalidar el trámite procesal, pues la Sala constata que las providencias de 28 de
mayo y 4 de junio de 2021, mediante las cuales se fijó fecha y hora para audiencia
de pruebas, así como la decisión que corrió traslado para alegar de conclusión se
registraron en la plataforma SAMAI22 y en el sistema de Consulta de Procesos
Nacional Unificada de la Rama Judicial; además, en el micrositio del Juzgado
Segundo Administrativo de San Gil23 se encuentran insertos los respectivos estados
electrónicos del año 2021. Con todo, en el proceso no se alega que no se hubieran
registrado o notificado por estado las providencias en comento.

41. Lo anotado resulta suficiente para colegir la improcedencia de la acción de
tutela, por cuanto la providencia que realmente se cuestiona no es la sentencia de
17 de julio de 2025, sino el auto de 21 de septiembre de 2022, que negó la solicitud
de nulidad elevada por la ahora accionante, contra el cual no se interpuso el recurso
de reposición. Adicionalmente, el asunto no reviste relevancia constitucional, porque,
en todo caso, no se observó una inconsistencia en el trámite procesal que hubiera
vulnerado los derechos fundamentales de la Clínica San José Ltda. y que sólo
hubiera sido conocida al momento en el que se expidió la sentencia discutida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

19
La Sala Plena del Consejo de Estado, en auto de unificación de 29 de noviembre de 2022, rad.
68001-23-33-000-2013-00735-02(68.177), fijó una regla de interpretación para la notificación
personal de las sentencias por vía electrónica y, dentro de sus consideraciones, se refirió a la
notificación por estado para indicar que no es obligatorio el envío del mensaje de datos al canal
digital de los sujetos procesales, lo que quedó claro con la expedición de la Ley 2213 de 2022.
20 Artículo 198. Procedencia de la notificación personal. «Deberán notificarse personalmente las

siguientes providencias:
1. Al demandado, el auto que admita la demanda.
2. A los terceros, la primera providencia que se dicte respecto de ellos.
3. Al Ministerio Público el auto admisorio de la demanda, salvo que intervenga como demandante.
Igualmente, se le notificará el auto admisorio del recurso en segunda instancia o del recurso
extraordinario en cuanto no actúe como demandante o demandado.
4. Las demás para las cuales este Código ordene expresamente la notificación personal».
21
CPACA. Artículo 203. Notificación de las sentencias. «Las sentencias se notificarán, dentro de los
tres (3) días siguientes a su fecha, mediante envío de su texto a través de mensaje al buzón
electrónico para notificaciones judiciales. (…)».
22
Índices 181, 182, 190, 191, 200 y 209 de SAMAI, expediente de primera instancia.
23
Consulta realizada el 26 de febrero de 2025. Las providencias se notificaron en los estados del 31
de mayo y 8 de junio de 2021. Al micrositio se puede acceder a través del siguiente enlace:
https://portalhistorico.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-02-administrativo-de-san-gil/462

9

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00687-00
Accionante: Clínica San José Ltda.
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
la Clínica San José Ltda., de conformidad con lo razonado en la parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.

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