Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00706-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-00706-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00706-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00706-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
26 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-00706-00
Demandante JOSÉ FRANCISCO DURÁN CHACÓN
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SALA SÉPTIMA ESPECIAL DE
DECISIÓN
Temas Acción de tutela contra providencia judicial de una alta Corporación.
Recurso extraordinario de revisión. Causales generales y
especiales de procedibilidad. Privación injusta de la libertad. Defecto
fáctico.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por el señor José Francisco Durán Chacón,
de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 14 de enero de 20261, el señor Francisco Durán Chacón interpuso acción de
tutela contra la Sala Séptima Especial de Decisión del Consejo de Estado, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a
la administración de justicia y el principio de prevalencia del derecho sustancial.
Lo anterior, con ocasión de la providencia del 16 de julio de 2025, proferida en el
proceso 11001-03-15-000-2024-04447-00, mediante la cual se declaró infundado el
recurso extraordinario de revisión instaurado por el accionante contra la sentencia
de segunda instancia proferida el 22 de agosto de 2023, por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del expediente de reparación directa
54001-23-31-000-2008-00388-01 (58.339).
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones2:
«PRIMERA. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de prevalencia del derecho
sustancial, vulnerados por la providencia proferida el 16 de julio de 2025, notificada el 29 de
julio de 2025, por la SALA SÉPTIMA ESPECIAL DE DECISIÓN DE LA SALA PLENA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO, con ponencia del
magistrado Fredy Ibarra Martínez, dentro del proceso radicado 11001031500020240444700.
SEGUNDA. En consecuencia, dejar sin efectos jurídicos el auto del 16 de julio de 2025
mediante el cual se rechazó el recurso extraordinario de revisión interpuesto.
TERCERA. Ordenar a la SALA SÉPTIMA ESPECIAL DE DECISIÓN DE LA SALA PLENA DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO que, dentro del término
que fije el juez constitucional, profiera una nueva decisión respecto del recurso extraordinario
de revisión, en el cual se analice de fondo y de manera sustancial el recurso extraordinario de
revisión interpuesto, TENIDENDO ESPECIAL RELVANCIA QUE LOS ENUNCIADOS
INDICIOS QUE USARON PARA JUSTIFICAR LA DETENCIÓN QUE COMPRONÓ QUELAS
MISMAS ERAN ILEGALES Y FALSAS, CONFIGURANDOSE LO QUE REITERO ENTIENDO
YO CONFIGURA UN “FALSO POSITIVO”». (Sic para toda la cita)
1
Samai, índices 1 y 2.
2
Página 3 de la acción de tutela. SAMAI, índice 2.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00706-00
Demandante: José Francisco Durán Chacón
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El 16 de marzo de 2005, la Sección de Investigación Criminal de la Policía
Nacional (SIJIN) capturó al señor José Fernando Durán Chacón y ordenó su
reclusión en centro carcelario. Esto, en el marco de la investigación adelantada
en su contra por la presunta comisión del delito de rebelión, terrorismo
agravado, homicidio con fines terroristas, secuestro extorsivo y concierto para
delinquir.
El 8 de abril de 2005, la Fiscalía Décima Especializada delegada ante los
Jueces Penales del Circuito de San José de Cúcuta le impuso medida de
aseguramiento de detención preventiva por el delito de rebelión, decisión que
fue confirmada en apelación por la Fiscalía Primera delegada ante el Tribunal
Superior del Distrito de Cúcuta, en providencia del 24 de junio de 2005.
Posteriormente, el 12 de octubre de 2007, la Fiscalía Séptima de Cúcuta
declaró la preclusión de la investigación y dispuso la libertad del procesado
porque no se demostró la comisión del delito.
2.2. Por lo anterior, el señor Durán Chacón y sus familiares presentaron demanda
de reparación directa en contra de la Fiscalía General de la Nación y la Rama
Judicial para obtener la indemnización de los perjuicios que les fueron
causados con ocasión a la privación injusta de la libertad del primero de ellos.
En sentencia del 29 de febrero de 2016, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda al
considerar que el caso debía analizarse bajo el régimen objetivo de
responsabilidad. Estableció que al haberse decretado la preclusión de la
investigación correspondía declarar la responsabilidad del Estado e
indemnizar a las víctimas por los perjuicios causados
2.3. La parte demandante y la Fiscalía General de la Nación presentaron recurso
de apelación contra la sentencia de primera instancia. La primera expuso que
debió condenarse solidariamente a la Rama Judicial y la segunda, dijo que la
medida de aseguramiento atendió a los elementos materiales probatorios que
vinculaban al señor Durán Chacón con la comisión del delito de rebelión.
2.4. Mediante sentencia del 22 de agosto de 2023, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado revocó la decisión adoptada por el a quo y, en
su lugar, negó las pretensiones de la demanda. Dijo que la parte demandante
no acreditó que la medida de aseguramiento hubiera sido ilegal, irracional,
desproporcionada o innecesaria.
2.5. El 22 de agosto de 2024, la parte demandante interpuso recurso extraordinario
de revisión en contra de la sentencia de segunda instancia con fundamento en
las causales segunda (documentos falsos o adulterados) y quinta (nulidad
originada en la sentencia) del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Como fundamento
de lo anterior, invocó un defecto fáctico en la sentencia acusada por indebida
valoración del material probatorio y la falta de una defensa técnica.
2.6. En providencia del 16 de julio de 2025, la Sala Séptima Especial de Decisión
del Consejo de Estado declaró infundado el recurso extraordinario de revisión
promovido por José Francisco Durán Chacón y otros contra la sentencia
proferida el 22 de agosto de 2023. Dijo que la discusión sobre la valoración
probatoria y la falta de defensa técnica no son asuntos que puedan debatirse
a través del recurso extraordinario de revisión.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00706-00
Demandante: José Francisco Durán Chacón
La providencia fue notificada mediante mensaje de datos remitido a los sujetos
procesales el 29 de julio de 2025 3 y, posteriormente, recurrida en súplica.
Además, indicó que solicitó a la autoridad judicial accionada que procediera
con el control de legalidad de la actuación. Señaló que estas dos solicitudes
se encuentran en trámite.
3. Fundamentos de la acción
3.1. La parte actora expuso que la petición de amparo cumplía con todos los
presupuestos de procedencia para cuestionar providencias judiciales. En
primer lugar, indicó que la cuestión debatida era de relevancia constitucional
porque da cuenta de un escenario de vulneración de derechos fundamentales
derivados de la «convalidación judicial de una privación de la libertad presuntamente
sustentada en medios probatorios fraudulentos y actuaciones irregulares atribuibles a
agentes estatales».
Además, porque evidencia la negativa del juez del recurso extraordinario a
analizar de fondo las irregularidades de la sentencia cuestionada, en clara
vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva, al impedir el control de
una sentencia con consecuencias graves para los demandantes.
En cuanto al presupuesto de subsidiariedad, indicó que agotó todos los
mecanismos ordinarios y extraordinarios para discutir la sentencia del 22 de
agosto de 2023. Además, recordó que contra el auto que rechazó el recurso
extraordinario de revisión, promovió «control de legalidad y recurso de súplica», los
cuales están en trámite, pero cuya existencia no excluye la posibilidad de
enervar la acción de tutela como medio judicial idóneo para lograr la
satisfacción de los derechos fundamentales invocados.
De otra parte, indicó que no discute un fallo de tutela, y que promovió el
mecanismo constitucional en un plazo razonable, comoquiera que la
providencia cuestionada fue notificada el 29 de julio de 2025 y la vulneración
alegada se mantiene en el tiempo, dado que persiste la negativa judicial a
analizar de fondo las irregularidades evidenciadas por el actor.
3.2. En cuanto al fondo del asunto, la parte actora sostuvo que la autoridad judicial
accionada no habilitó el examen de fondo respecto de los cargos expuestos
en el recurso extraordinario, sino que descartó el examen del caso con
fundamento en requisitos estrictamente formales. Lo anterior impidió el control
judicial sobre el uso de pruebas obtenidas mediante «falsedad, coacción o
manipulación». De manera que la providencia acusada sacrificó la prevalencia
del derecho sustancial para favorecer de manera irrazonable el rigor
procedimental, configurando un exceso ritual manifiesto, pues impidió la
posibilidad de verificar si la privación de la libertad se fundamentó en medios
de prueba ilícitos.
Agregó que, en el caso particular el alegato del recurso extraordinario
trascendió la mera inconformidad probatoria y pretendió evidenciar que los
indicios que se usaron para fundamentar la imposición de la medida de
aseguramiento eran «falsos y producto de la manipulación estatal», por lo que no
debieron siquiera ser objeto de valoración por el juez de la reparación directa.
De esa manera, reprocha que, ante el rechazo del recurso extraordinario, no
se hubiera realizado el análisis sobre el origen de los medios de prueba.
Al respecto, en el escrito de tutela, se lee:
«(…) al clausurar el estudio de fondo con base en una lectura meramente formal del alcance
del recurso extraordinario de revisión, la providencia accionada eludió su deber constitucional
de verificar si la sentencia cuya revisión se solicitaba se ajustaba materialmente a derecho, ya
3
Samai, proceso 11001031500020240444700, índice 49
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00706-00
Demandante: José Francisco Durán Chacón
que en esta última se concluyó que la privación de la libertad estuvo precedida de indicios
razonables que justificaban la actuación del aparato investigativo, conclusión con la que se
oculta una realidad evidente en el expedencial (sic) por lo cual el rechazo del recurso de
revisión sin siquiera entrar a analizar el origen espurio de los documentos y pruebas invocadas
constituye un exceso ritual manifiesto.»
De otro lado, alegó la concreción de un defecto fáctico por omisión en la
providencia judicial accionada. Dijo que la autoridad judicial se abstuvo de
analizar el espectro probatorio determinante en la resolución del asunto, como
lo era el análisis sobre la licitud de los medios de convicción que sirvieron de
fundamento de la privación de la libertad del señor Durán Chacón.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 9 de febrero de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela presentada en nombre propio por el señor José Francisco Durán
Chacón contra la Sala Séptima de Especial de Decisión del Consejo de
Estado.
Además, vinculó, en calidad de terceros con interés, a los sujetos procesales
que intervinieron en el proceso de reparación directa sub examine: a los
señores María de la Cruz Rojas Doris, Dianne Durán Rojas, Josué Durán
Chacón, Ana María Rojas, Josué Durán Rubio, Yadira Durán Chacón, Flor
María Durán Chacón, Sobeida Durán Chacón y Silveria Rojas Rodríguez
(demandantes); a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía
Nacional (entidades demandadas); a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado y al Ministerio Público (entidades vinculadas); y al Tribunal
Administrativo de Norte de Santander y al Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A (jueces ordinarios de conocimiento).
También se ofició a la Secretaría General del Consejo de Estado y al Tribunal
Administrativo de Norte de Santander para que notificaran la existencia de esta
acción de tutela a los sujetos procesales que participaron en el proceso de
reparación directa 54001-23-31-000-2008-00388-00/01 y en el trámite del recurso
extraordinario de revisión 11001-03-15-000-2024-04447-00. Asimismo, se
requirió a esas autoridades para que autorizaran el acceso a los
correspondientes expedientes en Samai.
Finalmente, se ofició a la Secretaría General y a la Oficina de Sistemas del
Consejo de Estado para que publicaran aviso en el que informaran a los
interesados la existencia de esta tutela.
4.2. La Secretaría General del Consejo de Estado publicó aviso el 17 de febrero
de 2026, en el que informó la existencia de esta acción de tutela a las partes
e intervinientes que participaron en el proceso de reparación directa 54001-23-
31-000-2008-00388-00/01 y en el trámite del recurso extraordinario de revisión
11001-03-15-000-2024-04447-00.
4.3. El consejero Diego Enrique Franco Victoria informó que tomó posesión del
cargo el 1° de septiembre de 2025, por lo que no fue ponente de la providencia
cuestionada dentro del recurso extraordinario de revisión. En esa medida,
indicó que no conoce los supuestos fácticos ni jurídicos de la providencia del
16 de julio de 2025, por lo que no le es posible emitir pronunciamiento frente a
la acción de tutela.
4.4. El consejero Fernando Alexei Pardo, como consejero integrante de la Sala
que emitió la sentencia del 22 de agosto de 2023 en el proceso de reparación
directa, indicó que respetaría y acataría lo establecido por el juez de tutela.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00706-00
Demandante: José Francisco Durán Chacón
4.5. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, por
conducto de apoderado judicial, indicó que el actor no identificó de manera
razonable los hechos que generaron la alegada vulneración de sus derechos
fundamentales, sino que se limitó a discrepar de la valoración probatoria y del
alcance de las causales de procedencia del recurso extraordinario de revisión.
Cuestiones de legalidad y valoración probatoria que fueron ya definidas por los
jueces naturales de la causa.
Agregó que en el trámite del proceso extraordinario no se evidencia la
vulneración de los derechos fundamentales de los que es titular el actor que
pueda ser atribuible a la autoridad judicial accionada o a la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Cúcuta. Solicitó que se nieguen las pretensiones
de la acción de tutela.
4.6. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial- Nivel Central, por
conducto de abogada adscrita a la Unidad de Asistencia Legal, solicitó que se
desestimen las pretensiones de la acción de tutela ante la inexistencia de un
escenario real de vulneración de derechos fundamentales y porque se utiliza
el mecanismo constitucional como una tercera instancia para revivir un debate
probatorio y legal que ya se agotó en el curso del proceso.
4.7. La Fiscalía General de la Nación, por conducto de Profesional Especializada
de la Dirección de Asuntos Jurídicos, indicó que no es la autoridad a la que se
le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales ni tiene competencia
para satisfacer las pretensiones de la acción de tutela.
4.8. La Policía Nacional, por conducto de asesora del Sector Defensa de la
Secretaría General, solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de
tutela ante la inexistencia de un escenario de vulneración de derechos
fundamentales.
En todo caso, advirtió que, en la sentencia ordinaria de primera instancia en el
proceso de reparación directa, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander absolvió de responsabilidad a la Policía Nacional al considerar que
no intervino en la concreción del daño, aspecto que no fue objeto de apelación.
4.9. El procurador 9° delegado ante el Consejo de Estado recordó que el
Ministerio Público no emitió concepto ni intervino en el proceso ordinario de
reparación directa ni en el recurso extraordinario de revisión objeto de análisis,
por lo que considera que no le asiste interés en el resultado de la acción de
tutela.
4.10. El 20 de marzo de 2026, el magistrado Wilson Ramos Girón manifestó su
impedimento para conocer de esta acción de tutela debido a que hizo parte de
la Sala de Decisión que adoptó la providencia cuestionada.
Mediante auto del 24 de marzo de 2026, el despacho sustanciador declaró
fundado el impedimento manifestado con fundamento en el numeral 6°del
artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19914, fue concebida como un mecanismo
4
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00706-00
Demandante: José Francisco Durán Chacón
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas Corporaciones
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5
y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional7 ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Es por tal razón que la procedencia de la acción contra providencias
judiciales exige una mejor fundamentación del vicio que se le atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte
Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de
amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las encargadas de
unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que los principios
de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia.
Es así como, la Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional
para admitir la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada
debe contener un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa
con la Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.
Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar
el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales especiales
de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y
sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.
Es importante tener en cuenta que, en la sentencia, SU573 de 2017 8 , la Corte
Constitucional analizó el tercer elemento en el acápite de relevancia constitucional.
5
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
6
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
7
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
8
Con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00706-00
Demandante: José Francisco Durán Chacón
3. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con lo anterior y por tratarse de una acción de tutela contra providencias
judiciales, la Sala deberá determinar, en primer lugar, si la acción de tutela supera
el examen general de procedibilidad.
En caso de superar dicho análisis, el problema jurídico se concentrará en establecer
si la Sala Séptima Especial de Decisión del Consejo de Estado incurrió en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto al proferir la providencia del 16 de julio
de 2025, que declaró infundado el recurso extraordinario de revisión en el proceso
11001-03-15-000-2024-04447-00.
Conviene aclarar que, si bien en el escrito de tutela se alegó la concreción del
defecto fáctico, lo cierto es que su fundamentación expuesta se enmarca, en
realidad, en un eventual defecto procedimental. En efecto, la parte actora sostiene
que la negativa de la autoridad judicial de pronunciarse de fondo sobre el recurso
extraordinario le impidió establecer la validez del juicio probatorio expuesto en el
proceso de reparación directa. Así las cosas, el argumento no se dirige propiamente
contra la valoración probatoria efectuada por el juez natural, sino contra la decisión
de no abordar de fondo los argumentos del recurso.
4. Análisis sobre el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela interpuesta cumple con los requisitos generales de
procedibilidad, dado que: (i) versa sobre la posible vulneración de los derechos
fundamentales de la parte actora al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia, con ocasión de la emisión de la providencia que, en única instancia,
declaró infundado el recurso extraordinario de revisión. Asimismo, al tratarse de una
providencia no susceptible de recursos, se descarta el uso de la tutela para procurar
un nuevo escenario procesal de litigio; (ii) se discute una providencia respecto de la
cual no proceden recursos ordinarios ni extraordinarios; (iii) cumplió con el requisito
de inmediatez, ya que la acción se interpuso dentro de los 6 meses siguientes a la
notificación de la providencia cuestionada9; (iv) se identificaron razonablemente los
hechos que generaron la vulneración y los derechos afectados; y (v) no se trata de
una tutela contra sentencia de tutela.
Respecto del requisito de subsidiariedad, conviene precisar que, si bien el actor
manifestó que presentó recurso de súplica contra la providencia judicial accionada,
este hecho no enerva, por sí sola, el conocimiento de fondo de la acción de tutela.
En efecto, la Sección corroboró que en el índice 51 del histórico de actuaciones de
este proceso en Samai, aparece la anotación «Se recibe memorial con recurso de súplica
suscrito por Andrés Francisco Yáñez García [apoderado del actor]», respecto del cual el
ponente no ha emitido decisión.
Sin perjuicio del pronunciamiento del juez natural de la causa, esta Sala estima que
la interposición del recurso no afecta el presupuesto de subsidiariedad porque se
trata de un mecanismo judicial improcedente, de acuerdo con los artículos 243A.1
y 246 del CPACA. Esto, comoquiera que la providencia recurrida no es un auto de
ponente, sino la sentencia que declaró infundado el recurso extraordinario de
revisión.
En esa medida, es posible que el juez constitucional se pronuncie sobre los cargos
de la tutela sin que ello implique usurpar las competencias del juez natural de la
causa, debido a que el recurso interpuesto no se estima idóneo para propender por
la protección de los derechos fundamentales invocados como vulnerados.
9
La sentencia de segunda que declaró infundado el recurso fue notificada mediante correo electrónico remitido el 29 de
julio de 2025 y la acción de tutela se radicó el 14 de enero de 2026. Óp. Cit. 1 y 3.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00706-00
Demandante: José Francisco Durán Chacón
En este punto se recuerda que si bien, por regla general, cuando existe otro medio
de defensa judicial no es procedente la acción de tutela; se destaca que el medio
de defensa debe ser idóneo y eficaz, aspectos que se definen en función del caso
concreto, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentra el solicitante.
5. Análisis del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto ante la
decisión de declarar infundado el recurso extraordinario de revisión
5.1. La Corte Constitucional ha indicado que el defecto procedimental encuentra
fundamento en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política en los que se
consagran los derechos al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y el principio de prevalencia del derecho sustancial.
Este defecto tiene dos modalidades: procedimental absoluto y procedimental
por exceso ritual manifiesto. La primera de estas se materializa cuando el
proceso se tramita sin respetar las formas propias de cada juicio. La segunda
modalidad, ocurre cuando el juez limita el derecho sustancial al no aplicar
correctamente la norma procesal correspondiente, o cuando sobrepasa las
formalidades procesales, haciendo nugatorio un derecho10. A ese respecto, el
Tribunal Constitucional aclara que, en tales situaciones, la aplicación de los
procedimientos por parte del juez actúa como un obstáculo para la efectividad
del derecho sustancial, lo que conlleva a una denegación de justicia debido a
la exigencia rigurosa e inflexible de requisitos formales o a una excesiva
severidad en la evaluación de las pruebas.
5.2. En el escrito de tutela, el actor manifestó su desacuerdo con que la Sala
Séptima Especial de Decisión del Consejo de Estado no procediera con el
análisis de fondo frente a los cargos propuestos en el recurso extraordinario
de revisión, sino que se quedara en un análisis apenas formal que impidió el
control judicial sobre las pruebas que sustentaron la sentencia de reparación
directa acusada y que fueron obtenidas con falsedad, coacción o
manipulación.
Estimó que la providencia que «rechazó» el recurso extraordinario configuró
exceso ritual manifiesto, porque avaló la privación de su libertad que se
fundamentó en medios de prueba ilícitos.
5.3. Lo primero que se debe precisar es que la providencia judicial cuestionada no
rechazó el recurso extraordinario de revisión. Por el contrario, en el sistema de
gestión de procesos Samai, obra el auto del 4 de septiembre de 2024,
mediante el cual se admitió el recurso al verificar el cumplimiento de los
requisitos del artículo 248 del CPACA, y se concedió amparo de pobreza a
favor de los demandantes.
En realidad, la decisión de declarar infundado el recurso extraordinario de
revisión (adoptada en la providencia enjuiciada) si bien resultó desfavorable a la
parte demandante, corresponde a una decisión de fondo.
Ahora bien, en la providencia del 16 de julio de 2025, se concluyó que no se
acreditó la causal relacionada con la alegada fundamentación de la sentencia
de reparación directa en documentos falsos. Esto porque el demandante no
identificó ningún documento adulterado ni explicó su incidencia en la decisión.
Por el contrario, se advirtió que los cargos se limitaron a cuestionar la
valoración probatoria efectuada por los jueces de la reparación directa, con lo
cual pretendía convertir el recurso extraordinario en una tercera instancia.
10
Corte Constitucional. Sentencias T-268 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-301 de 2010, M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, T-893 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Sentencias T-327 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; T-591 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-213 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00706-00
Demandante: José Francisco Durán Chacón
Respecto de la causal por indebida valoración probatoria y la falta de defensa
técnica, la autoridad judicial accionada indicó que los argumentos en realidad
exponen inconformidades probatorias que exceden el propósito del recurso y
que la alegada falta de defensa técnica no se ajusta a los supuestos legales
de nulidad. Agregó que los demandantes estuvieron representados por un
profesional del derecho y que el desacuerdo con su actuación no concreta una
causal de invalidez de la sentencia.
5.4. Para la Sección la motivación de la sentencia acusada no da cuenta de un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, sino de la aplicación e
interpretación razonable de las normas que consagran las causales de
procedencia del recurso extraordinario de revisión, así como de su naturaleza
taxativa desarrollada en la jurisprudencia contencioso-administrativa.
En el caso particular, la decisión de la autoridad judicial accionada no deriva
de una aplicación rígida e inflexible de las normas procesales, sino de su
análisis ponderado y coherente con la exigencia de fundamentación suficiente
que exige la interposición de este recurso extraordinario.
5.5. Conviene en este punto recordar el alcance y naturaleza del recurso
extraordinario de revisión para que haya claridad respecto de la razonabilidad
y acierto de las consideraciones expuestas por la Sala Séptima Especial de
Decisión en la providencia del 16 de julio de 2025.
Según la jurisprudencia pacífica y reiterada del Consejo de Estado11, el recurso
extraordinario de revisión se erige como una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias que hicieron tránsito a cosa juzgada, a través
de la acreditación de las causales consagradas en el artículo 250 del CPACA
y en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Este escenario extraordinario de
impugnación propende por que se emitan decisiones que privilegien la justicia
material, cuando el fallo recurrido resulte afectado por situaciones externas
que no pudieron analizarse en el curso del proceso correspondiente.
Así pues, la procedencia del recurso extraordinario de revisión atiende a una
lógica de taxatividad por lo que solo podrán ser revisadas las sentencias que
se subsuman en el supuesto de hecho consagrado en cada causal de revisión.
Esto debido a que «el legislador, de manera expresa, consagró ciertas hipótesis que, por
su gravedad, permiten romper el principio de cosa juzgada de las decisiones ejecutoriadas»12.
En consecuencia, se ha advertido de manera reiterada que este recurso
extraordinario no es una oportunidad procesal para reabrir un debate legal o
probatorio propio de las instancias ordinarias13 .
Por lo anterior, la sustentación de este medio de impugnación exige una carga
argumentativa «técnica, rigurosa y fundamentada» por parte del recurrente, que
impida prolongar debates que ya fueron clausurados por los jueces de
instancia. A ese respecto, en la sentencia del 26 de noviembre de 2018, la
Sección Primera del Consejo de Estado14, indicó:
«(…) el recurso se encuentra sujeto al estricto, riguroso y ajustado cumplimiento de las
causales que expresamente ha previsto el legislador, sin que sea dable ampliarlas mediante
interpretación analógica, con lo cual se busca evitar que el mismo se convierta en una tercera
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
sentencia del 24 de octubre de 2025. Proceso 11001-03-26-000-2025-00018-00 (72426); Sala 14 Especial de Decisión,
providencia del 13 de octubre de 2020. Radicado 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV); Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, sentencia del 20 de septiembre de 2018. Radicado 11001-03-25-000-2013-00109-00
(0167-2013)
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 14 Especial de Decisión, providencia del 13 de octubre
de 2020. Radicado 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de abril de
2015, Radicado 25000-23-26-000-1999-00319-01(26239).
14
Rad. 11001-03-24-000-2009-00616-00(REV).
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00706-00
Demandante: José Francisco Durán Chacón
instancia y se utilice para remediar equivocaciones en que hubiera podido incurrir alguna de
las partes, o para controvertir juicios de valor del fallado» (Énfasis de la Sala)
5.6. Establecido lo anterior, esta Sala reitera que el análisis contenido en la
sentencia del 16 de julio de 2025 no corresponde a una decisión meramente
formal del recurso extraordinario de revisión, sino a un pronunciamiento de
fondo, sustentado en una interpretación razonable de las causales de
procedencia invocadas por el recurrente. En la mencionada providencia, se
expusieron de manera motivada las razones por las cuales los cargos
formulados no se ajustaban a las causales alegadas.
En suma, la sustentación del recurso extraordinario de revisión exige una
carga argumentativa rigurosa y técnica, que no fue satisfecha por el actor para
efectos de obtener una decisión favorable. No obstante, dicho análisis no
configura un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, sino que
resulta acorde con la naturaleza y finalidad del mecanismo extraordinario de
impugnación activado por el actor.
6. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela
interpuesta por el señor José Francisco Durán Chacón, al no encontrar configurado
el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto alegado.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. NEGAR las pretensiones de la acción de tutela promovida por José Francisco
Durán Chacón, de acuerdo con lo indicado en la sentencia.
2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente)
CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.