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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00706-01

Fecha
21 de mayo de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00706-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el Consejero de Estado doctor Carlos Fernando Mantilla Navarro, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - DEAJ, la Fiscalía General de la Nación y la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DESVINCULAR a la Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: REVOCAR la sentencia de 26 de marzo de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. QUINTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. SEXTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00706-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

21 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-00706-01
Accionante: JOSÉ FRANCISCO DURÁN CHACÓN
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SALA SÉPTIMA ESPECIAL DE
DECISIÓN
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se revoca el fallo
impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de
26 de marzo de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor José Francisco Durán Chacón solicitó el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia en
conexidad con el principio de prevalencia del derecho sustancial, cuya vulneración
le atribuyó a la providencia de 16 de julio de 2025, proferida por la Sala Séptima
Especial de Decisión del Consejo de Estado, dentro del trámite del recurso
extraordinario de revisión con el número de radicación 11001-03-15-000-2024-
04447-00.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestóque promovió demanda de reparación directa con el número de
radicación 54001-23-31-000-2008-00388-00/01 contra la Fiscalía General de la
Nación, la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y
la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional para que se repararan
los daños ocasionados con la privación injusta de la libertad del señor José Francisco
Durán Chacón desde el 16 de marzo de 2005 hasta el 6 de diciembre de 2005 que le

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00706-01
Accionante: José Francisco Durán Chacón

concedieron libertad provisional. El 12 de octubre de 2007 se precluyó la
investigación.

2.2. Indicó que el conocimiento del proceso le correspondió al Tribunal Administrativo
de Norte de Santander, autoridad judicial que, mediante providencia de 29 de febrero
de 2016, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

2.3. Refirió que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió
los recursos de apelación presentados contra la anterior decisión y, mediante
sentencia de 22 de agosto de 2023, revocó lo resuelto en primera instancia para, en
su lugar, denegar las pretensiones de la demanda.

2.4. Adujo que presentó recurso extraordinario de revisión, con el número de
radicación 11001-03-15-000-2024-04447-00, contra la sentencia de segunda
instancia por considerar la configuración de las causales previstas en los numerales
2 y 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20111 relacionadas con
inconsistencias en la valoración integral del material probatorio y el debido proceso
por falta de defensa técnica de los allí demandantes.

2.5. Agregó que la Sala Séptima Especial de Decisión del Consejo de Estado profirió
providencia de 16 de julio de 2025 mediante la cual aceptó el impedimento
manifestado por el consejero de Estado Oswaldo Giraldo López, declaró infundado
el recurso extraordinario de revisión y se abstuvo de condenar en costas. Refirió
que presentó control de legalidad y recurso de súplica contra dicha providencia.

2.6. Afirmó
que la providencia antes referida vulneró sus derechos fundamentales
previamente mencionados por incurrir, presuntamente, en los defectos fáctico y
procedimental por exceso ritual manifiesto.

2.7. Sostuvo que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se configuró
debido a que el recurso se rechazó sin examinar la naturaleza de los
cuestionamientos planteados, no se habilitó un examen de fondo respecto de la
legitimidad y licitud de los medios de prueba cuestionados sino se cerró el acceso a
dicho análisis con fundamento en que se pretendía abrir una tercera instancia.

2.8. Sobre el defecto fáctico, señaló que la autoridad judicial accionada se abstuvo
de analizar el origen, autenticidad y licitud de los medios de prueba utilizados para
justificar la privación de la libertad, “[…] El despacho accionado dio por sentado que
los denominados ‘indicios razonables’ que sustentaron la actuación estatal eran
válidos y jurídicamente admisibles, pronunciarse sobre las graves irregularidades
alegadas respecto de su obtención, PRECISANDO QUE TAL VEZ YO NO SOY UN
LETRADO EN DERECHO, PERO SEGÚN LO QUE ENTIENDO SE ME RETUVO O
‘SECUESTRO’ POR PARTE DEL ESTADO COLOMBIANO BAJO
APARENTEMENTE LA FIGURA DE LOS ‘FALSOS POSITIVOS’ […]”.

1
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.

3

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Accionante: José Francisco Durán Chacón

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio
de prevalencia del derecho sustancial, vulnerados por la providencia proferida
el 16 de julio de 2025, notificada el 29 de julio de 2025, por la SALA SÉPTIMA
ESPECIAL DE DECISION DE LA SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO, con ponencia del
Magistrado Fredy Ibarra Martínez, dentro del proceso radicado
11001031500020240444700.

SEGUNDA. En consecuencia, dejar sin efectos jurídicos el auto del 16 de
julio de 2025 mediante el cual se rechazó el recurso extraordinario de revisión
interpuesto.

TERCERA. Ordenar a la SALA SÉPTIMA ESPECIAL DE DECISION DE LA
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO
DE ESTADO que, dentro del término que fije el juez constitucional, profiera una
nueva decisión respecto del recurso extraordinario de revisión, en la cual se
analice de fondo y de manera sustancial el recurso extraordinario de revisión
interpuesto, TENIENDO ESPECIAL RELEVANCIA QUE LOS ENUNCIADOS
INDICIOS QUE SE USARON PARA JUSTIFICAR LA DETENCION SE
COMPROBO QUE LAS MISMAS ERAN ILEGALES Y FALSAS,
CONFIGURANDOSE LO QUE REITERO ENTIENDO YO CONFIGURA UN
‘FALSO POSITIVO’ […]”. [Mayúscula y negrilla del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 9 de febrero de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso de la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la presente acción
de tutela. Asimismo, se vincularon en calidad de terceros con interés directo en el
resultado del proceso a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial - Seccional Cúcuta, al Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, a la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al Ministerio Público, a la Fiscalía
General de la Nación, a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, a
quienes actuaron en calidad de demandantes y demandados en el proceso de
reparación directa y en el trámite del recurso extraordinario de revisión 11001-03-
15-000-2024-04447-00 entre estos: María de la Cruz Rojas, Doris Dianne Durán
Rojas, Josué Duran Chacón, Ana María Rojas, Josué Durán Rubio, Yadira Durán
Chacón, Flor María Durán Chacón, Sobeida Durán Chacón, Silveria Rojas
Rodríguez- y a los demás demandantes, demandados y terceros con interés que
participaron en el proceso de reparación directa 54001-23-31-000-2008-00388-
00/01 y en el trámite del recurso extraordinario de revisión 11001-03-15-000-2024-
04447-00.

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Accionante: José Francisco Durán Chacón

5. El Consejero de Estado doctor Wilson Ramos Girón manifestó impedimento en el
proceso de la referencia y, mediante auto de 26 de marzo de 2026, la magistrada
encargada de la sustanciación en primera instancia lo declaró fundado.

V. INTERVENCIONES

6. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:

6.1. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) señaló que esta
acción de tutela se presentó para revivir un debate que ya se agotó ante el juez
natural, razón por la que no sería procedente. Además, alegó que se configura una
falta de legitimación material en la causa por pasiva respecto a esa entidad.

6.2. El Consejero de Estado Fernando Alexei Pardo Flórez manifestó que no
intervino en la aprobación de la sentencia cuestionada.

6.3. La Procuraduría General de la Nación hizo referencia a su falta de legitimación
en la causa por pasiva porque “[…] no intervino ni rindió concepto alguno, ni
tampoco dentro del medio de control de reparación directa No. 54001-23-31-000-
2008-00388-00/01 […]”.

6.4. LaNación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional indicó que no ha
incurrido en vulneración de derechos fundamentales de la parte actora y carece de
legitimación en la causa por pasiva. Además, en el presente caso no se encuentra
demostrado un perjuicio irremediable que amerite la procedencia de la tutela como
mecanismo para acceder a lo pretendido.

6.5. La Fiscalía General de la Nación adujo que carece de legitimación en la causa
por pasiva por no encontrar relación entre alguna acción u omisión de la entidad y
la presunta afectación.

6.6. La Seccional Administrativa de la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Cúcuta solicitó negar la solicitud de amparo, en la medida en que el
actor “[…] se limitó a discrepar de la valoración probatoria y del alcance de las
causales de revisión, materias de legalidad ya debatidas y decididas por el juez
natural. […]” (negrilla fuera de texto), por lo que destacó que la acción de tutela no
es una tercera instancia.

6.7. El
Consejero de Estado Diego Enrique Franco Victoria enfatizó en que
asumió el cargo el 1 de septiembre de 2025, por lo que no intervino en la aprobación
de la sentencia cuestionada, de tal manera que no podía emitir pronunciamiento
alguno.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00706-01
Accionante: José Francisco Durán Chacón

VI. EL FALLO IMPUGNADO

7. Mediante fallo de tutela de 26 de marzo de 2026, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado resolvió negar las pretensiones de la acción de tutela.

8. Respecto al requisito general de subsidiariedad consideró que “[…] si bien el actor
manifestó que presentó recurso de súplica contra la providencia judicial accionada,
este hecho no enerva, por sí sola (sic), el conocimiento de fondo de la acción de
tutela. En efecto, la Sección corroboró que en el índice 51 del histórico de
actuaciones de este proceso en Samai, aparece la anotación «Se recibe memorial
con recurso de súplica suscrito por Andrés Francisco Yáñez García [apoderado del
actor]», respecto del cual el ponente no ha emitido decisión. […] Sin perjuicio del
pronunciamiento del juez natural de la causa, esta Sala estima que la interposición
del recurso no afecta el presupuesto de subsidiariedad porque se trata de un
mecanismo judicial improcedente […]”.

9. Sobre el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto indicó, en primera
medida, que la providencia cuestionada “[…] no rechazó el recurso extraordinario
[…] la decisión de declarar infundado el recurso extraordinario de revisión
(adoptada en la providencia enjuiciada) si bien resultó desfavorable a la parte
demandante, corresponde a una decisión de fondo […]”.

10. Advirtió,en segundo lugar, que “[…] el demandante no identificó ningún
documento adulterado ni explicó su incidencia en la decisión. Por el contrario, se
advirtió que los cargos se limitaron a cuestionar la valoración probatoria efectuada
por los jueces de la reparación directa, con lo cual pretendía convertir el recurso
extraordinario en una tercera instancia […]”. Agregó que la motivación de la
sentencia acusada no da cuenta de un defecto procedimental sino de la aplicación
e interpretación razonable de las normas que consagran las causales de
procedencia.

11. En suma, explicó que la sustentación del recurso extraordinario de revisión exige
una carga argumentativa rigurosa y técnica que no fue satisfecha por el actor.
Igualmente, obtener una decisión desfavorable no configura un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, sino que resulta acorde con la
naturaleza y finalidad del mecanismo extraordinario.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

12. La parte accionante impugnó el fallo proferido en primera instancia, con base en
los siguientes argumentos:

13. Manifestó que la decisión cuestionada debía examinar integral y materialmente
todos los cargos del recurso extraordinario de revisión, valorando integralmente el
expediente, debido a que en primera instancia se interpretó únicamente como un

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Accionante: José Francisco Durán Chacón

defecto procedimental cuando también se avocó un defecto fáctico. No se trataba
de una nueva valoración libre de toda la prueba como si fuera una tercera instancia
sino de que el juez constitucional verificara si aquella era compatible con la
normativa constitucional para sostener como razonables unos indicios que no
contaban con el estándar legal.

14. Indicó que los presupuestos de la sentencia SU-016 de 2024 proferida por la
Corte Constitucional son idénticos a este caso por falta de valoración integral de las
pruebas, allí se concedió la protección respecto a los defectos fáctico y
procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto.

15. Agregó que los indicios sobre los cuales se sustentó la privación de libertad
fueron un montaje, relacionó que “[…] (i) Los allanamientos del 15 de marzo de
2005, solicitados bajo la hipótesis de hallar elementos incriminatorios, no
produjeron evidencia que vinculara materialmente al señor José Francisco Durán
Chacón con la organización investigada […] (ii) La primera declaración de la señora
Elizabeth Roa Suárez, alias «La Mica», no incorporaba al accionante dentro de la
estructura orgánica del grupo subversivo […] (iii) El propio Ministerio Público
cuestionó formalmente la existencia de los dos indicios graves de responsabilidad
exigidos […] para la imposición de la medida […] (iv) La investigación penal
precluyó el 12 de octubre de 2007, al considerar que las pruebas que vinculaban al
señor Durán Chacón quedaron desvirtuadas con la ampliación de declaración de
Geiber Alexis Miranda Morantes, quien afirmó que fue el funcionario Tibaquirá
quien le ofreció dinero para que dijera mentiras contra los sindicados. […] (v) En el
propio proceso de reparación directa, tanto la Policía Nacional como la Rama
Judicial señalaron en sus alegatos que la actuación de la Fiscalía fue
desproporcionada, que los informes de inteligencia resultaron inciertos y falsos, y
que no existían medios probatorios suficientes para sustentar la medida cautelar.
[…]”.

16. Añadió que “[…] la resolución de preclusión del 12 de octubre de 2007 estableció
expresamente que las pruebas que vinculaban al señor Durán Chacón quedaron
desvirtuadas por la retractación del testigo Miranda Morantes, quien declaró que el
funcionario Tibaquirá le ofreció dinero para fabricar declaraciones falsas […]”, lo
cual no se evaluó en la segunda instancia de la reparación directa ni en el recurso
extraordinario y tampoco en la primera instancia de la acción de tutela.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia

17. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
2
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00706-01
Accionante: José Francisco Durán Chacón

1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20214 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20255, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20196, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20247.

VIII.2. Cuestiones previas

VIII.2.1. Manifestación de impedimento

18. ElConsejero de Estado doctor Carlos Fernando Mantilla Navarro manifestó
encontrarse incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 1.° del
artículo 56 de la Ley 906 de 31 de agosto de 20048, por las siguientes razones:

“[…] Lo anterior, teniendo en cuenta que hago parte de la Sala Especial de
Decisión núm. 7, autoridad judicial accionada en la presente acción de tutela,
a la que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales del
accionante con ocasión de la providencia proferida el 16 de julio de 2025 en el
trámite del recurso extraordinario de revisión identificado con el radicado núm.
11001-03-15-000-2024-04447-00.

Es preciso anotar que, si bien no suscribí la decisión acusada, contra dicha
providencia se presentó recurso de súplica el cual se encuentra pendiente de
resolver […]”.

19. El numeral 1. del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, señala lo siguiente:

“[…] CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:

1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera
permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad
o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la actuación procesal.

[…]”. (Negrilla fuera del texto).

20. La Sala considera que lo manifestado por el Consejero de Estado doctor Carlos
Fernando Mantilla Navarro se encuadra dentro de la causal de impedimento
prevista en el numeral 1. del artículo 56 de la Ley 906, razón por la cual se declarará
fundado el impedimento manifestado, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.

3
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
4
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
5
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
6
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
7
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
8
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal […]”.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00706-01
Accionante: José Francisco Durán Chacón

VIII.2.2. Solicitudes de desvinculación

21. La Sala advierte que, previo a la definición del problema jurídico que se resolverá,
resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de desvinculación
procesal presentadas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ),
la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Nación
• Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

22. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20069, señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en
la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].

23. En el caso objeto de estudio, se observa que la Fiscalía General de la Nación, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) y la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Policía Nacional integraron la parte demandada dentro del
trámite del recurso extraordinario de revisión con el número de radicación 11001-
03-15-000-2024-04447-00. Por lo tanto, la Sala considera que les asiste el interés
jurídico para ser vinculadas a esta acción constitucional.

24. Respecto a la Procuraduría General de la Nación, teniendo en cuenta que no fue
parte dentro del proceso ordinario y se entiende que fue vinculada, en primera
instancia, en virtud de lo previsto en el artículo 300 de la Ley 1437 de 2011, la Sala
considera que a esta entidad no le asiste el interés jurídico para ser vinculada a
esta acción constitucional.

25. Por lo anterior, se negarán las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Fiscalía General de la Nación, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
(DEAJ) y la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional; y se
desvinculará a la Procuraduría General de la Nación, como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de la presente providencia.

9
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00706-01
Accionante: José Francisco Durán Chacón

VIII.3. Problemas jurídicos

26. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado10, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente en los
defectos fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto.

27. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

28. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201211, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

29. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
30. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

10
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00706-01
Accionante: José Francisco Durán Chacón

31. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial12, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución13.

32. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”14 que encaje en dichos
parámetros.

33. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

34. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.5. El caso concreto

35. El señor José Francisco Durán Chacón solicitó el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia en
conexidad con el principio de prevalencia del derecho sustancial, cuya vulneración
le atribuyó a la providencia de 16 de julio de 2025 proferida por la Sala Séptima
Especial de Decisión del Consejo de Estado, dentro del trámite del recurso

12
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
13
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
14
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00706-01
Accionante: José Francisco Durán Chacón

extraordinario de revisión con el número de radicación 11001-03-15-000-2024-
04447-00.

36. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.

VIII.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

37. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental15 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones16.

38. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales17, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces18.

39. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación19, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

15
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
16
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
17
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
18
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
19
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00706-01
Accionante: José Francisco Durán Chacón

40. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202220 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.

[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de recurso extraordinario de revisión; (iii) laudos
arbitrales (…) entre otras materias que implican pretensiones económicas, la
Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se
advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección

20
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

13

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00706-01
Accionante: José Francisco Durán Chacón

de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

41. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202321.

42. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales22.

43. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la Sala Séptima Especial de Decisión del
Consejo de Estado vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia en conexidad con el principio de prevalencia del
derecho sustancial por haber incurrido, presuntamente, en los defectos fáctico y
procedimental por exceso ritual manifiesto.

44. Sostuvo que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se configuró
debido a que el recurso se rechazó sin examinar la naturaleza de los
cuestionamientos planteados, no se habilitó un examen de fondo respecto de la
legitimidad y licitud de los medios de prueba cuestionados sino se cerró el acceso a
dicho análisis con fundamento en que se pretendía abrir una tercera instancia.

45. Sobre el defecto fáctico, señaló que la autoridad judicial accionada se abstuvo
de analizar el origen, autenticidad y licitud de los medios de prueba utilizados para
justificar la privación de la libertad, “[…] El despacho accionado dio por sentado que
los denominados ‘indicios razonables’ que sustentaron la actuación estatal eran
válidos y jurídicamente admisibles, pronunciarse sobre las graves irregularidades
alegadas respecto de su obtención, PRECISANDO QUE TAL VEZ YO NO SOY UN
LETRADO EN DERECHO, PERO SEGÚN LO QUE ENTIENDO SE ME RETUVO O

21
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
22
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

14

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00706-01
Accionante: José Francisco Durán Chacón

‘SECUESTRO’ POR PARTE DEL ESTADO COLOMBIANO BAJO
APARENTEMENTE LA FIGURA DE LOS ‘FALSOS POSITIVOS’ […]”.

46. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por la Sala
Séptima Especial de Decisión del Consejo de Estado.

47. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que la parte accionante motive suficientemente las razones
por las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

48. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce
que le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, lo cierto es que el
accionante no está poniendo de presente que la providencia controvertida haya
incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el motivo que fundamenta su
inconformidad es que se declaró infundado el recurso extraordinario de revisión.

49. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por la Sala Séptima Especial de Decisión del Consejo de Estado en la
providencia cuestionada:

“[…] 1) La primera causal aducida en la demanda está dirigida a sostener que
la sentencia se fundamentó en documentos adulterados o falsos, pero, para
sustentarla, el recurrente simplemente discutió la valoración probatoria
realizada por el juez de instancia, del siguiente modo:

“[…] SE VERIFICA UNA VALORACIÓN CAPRICHOSA Y ARBITRARIA DE
LAS PRUEBAS PRESENTADAS, en razón a que acorde al material
probatorito […] no se dieron los dos indicios claros ni muchos menos graves
que justificaran la medida de aseguramiento […] ya que dicha medida se basó
en unas conversaciones telefónicas y en un testimonio evidentemente
alterados y/o manipulados de la señora ELIZABETH ROA SUARES (sic) alias
“LA MICA”, reiterando que dicho testimonio evidentemente llegaba a distar de
credibilidad […] ya varias veces se había contradicho en sus declaraciones,
lo cual conllevaba a que su testimonio dejara de ser fiable y mucho menos se
configurara como un indicio grave, situación que la FISCALÍA GENERAL DE
LA NACIÓN de manera obcecada paso por alto, con el aparente fin de
presentar positivos.

Finalmente, es de ver que NO SE VALORA EN SU INTEGRIDAD EL
MATERIAL PROBATORIO existente en el expediente material probatorio que
fácilmente permite determinar que nos encontramos ante lo que popularmente
se define como un falso positivo, tal como procedo a precisar:

15

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00706-01
Accionante: José Francisco Durán Chacón

• La honorable SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A de la SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del CONSEJO DE ESTADO no tuvo en
cuenta las contradicciones presentadas y la inferencia negativa del
funcionario de la policía CÉSAR YESID TIBAQUIRA GARCÍA quien
prácticamente con lo avizorado en el expediente fue quien monto todo este
entramado judicial […].

• […] no tuvo en cuenta las contradicciones presentadas por alias la mica
incluso antes de la imputación de cargos y la imposición de la medida de
aseguramiento […], situación que ampliamente derrumbaba uno de los
indicios para la imposición de la medida de aseguramiento.

• […] no tuvo en cuenta de manera cierta o de fondo la inoperancia de la
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN quien simplemente se limitó a
convalidar lo entramado por la SIJIN DENOR, aun a sabiendas que tal como
queda demostrado […] que los indicios no eran claros, por lo cual en lugar de
precipitarse y liberar órdenes de captura a diestra y siniestra debió limitar las
mismas a los indicios claramente demostrados e inequívocos, y sobre los que
había duda debió haber adelantado una investigación […].

• […] no tuvo en cuenta […] las indagatorias rendidas por los capturados,
quienes evidentemente daban cuenta desde un inicio que mi prohijado […] no
hacia parte de ninguna estructura criminal […].

• […] no tuvo en cuenta […] el testimonio de GEIBER ALEXIS MIRANDA
MORANTES quien aludió el posible montaje judicial por funcionarios de la
SIJIN DENOR entre estos el funcionario CÉSAR YESID TIBAQUIRA
GARCÍA, funcionarios quienes fueron los que recaudaron las pruebas […].
Argumentando entonces citado testigo que su testimonio y posiblemente el
de la señora ELIZABETH ROA SUARES (sic) alias “LA MICA” fueron guiados
por citado funcionario CÉSAR YESID TIBAQUIRA GARCÍA quien inclusive
les ofreció dinero o prebendas para estos adulteran la realidad y sindicaran a
personas que nada tenían que ver con la subversión ni con ninguno de los
delitos imputados por la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

• […] no tuvo en cuenta […] que inclusive posterior a la medida de
aseguramiento surgieron nuevas pruebas y hechos […] que evidenciaban una
vez más que la medida de aseguramiento […] carecía de fundamento […].

• […] no tuvo en cuenta de manera cierta o de fondo los testimonios rendidos
en el presente proceso administrativo, en los cuales se deja avizorar que no
solo desde el punto de vista jurídico existió una actuación abiertamente
desproporcionada y violatoria de los procedimiento (sic) legales […] teniendo
en cuenta que inclusive los testigos que fueron ajenos a esta investigación
denunciaron era lo que se podría denominar un falso positivo […]”

Como fácilmente se puede observar en la anterior transcripción, es claro que
el demandante no precisó un documento que adoleciera falsedad ni mucho
menos expuso ni explicó la incidencia que pudiera tener en la decisión.

Por el contrario, es evidente que con el recurso se pretende discutir la
valoración probatoria, asunto que no se puede ejecutar en el recurso
extraordinario de revisión; al respecto, la Sala Plena Contenciosa ha indicado

16

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00706-01
Accionante: José Francisco Durán Chacón

que este recurso no es “instituido como una tercera instancia en el proceso
judicial, que permita intentar una nueva valoración de la prueba”23.

[…]

La Sala estima que el defecto alegado no corresponde a los presupuestos
legales y jurisprudenciales que podrían viciar de nulidad la providencia
recurrida, por la simple pero suficiente razón de que los argumentos del recurso
extraordinario interpuesto se encaminan a convertir este proceso,
indebidamente, en una tercera instancia, pues, persigue revivir el análisis
contenido en la sentencia censurada, cuestionamientos que no son propios de
la causal alegada y que escapan al propósito del recurso extraordinario de
revisión, en cuya dirección la jurisprudencia ha precisado lo siguiente:

“No resulta acertado plantear cuestionamientos a la sentencia, motivados en
que se realizó una apreciación errada de las pruebas, en que no se aplicó una
determinada regla de derecho, en que se aplicó en forma indebida o en que
se interpretó equivocadamente una norma jurídica, pues todas estas
observaciones escapan al ámbito de la aludida causal.” 24.

Así, resulta forzoso concluir que el recurso extraordinario de la referencia es
manifiestamente infundado, porque, el recurrente pretende discutir la
valoración probatoria realizada por el juez de instancia, asunto cuya discusión
está vedada en el recurso extraordinario de revisión. […]” [Negrilla del texto].

50. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar
dichos recursos persiste una clara arbitrariedad judicial, solo en ese caso se
encuentra habilitada la tutela contra providencias judiciales […]”25.

51. Con fundamento en lo anterior, esta Sección revocará la sentencia de 26 de
marzo de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que negó
las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declarará la improcedencia de la
solicitud de amparo al no cumplir el requisito general de relevancia constitucional,
como se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, sentencia del 19 de septiembre de 2023, radicado
2020-03585-00 (REV), MP Luis Alberto Álvarez Parra.
24
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de mayo de 2010, exp. 35.221, MP Mauricio Fajardo Gómez.
25
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

17

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00706-01
Accionante: José Francisco Durán Chacón

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el Consejero
de Estado doctor Carlos Fernando Mantilla Navarro, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial - DEAJ, la Fiscalía General de la Nación y la
Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DESVINCULAR a la Procuraduría General de la Nación, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: REVOCAR la sentencia de 26 de marzo de 2026, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado. En su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

QUINTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

SEXTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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