Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00714-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-00714-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00714-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00714-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00714-00
Accionantes: Oswaldo Rivero Sánchez y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
Tema: Tutela contra providencia judicial. Reparación de perjuicios causados a un
grupo. Falta de conformación del grupo. NIEGA AMPARO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección decide la acción de tutela instaurada por los señores Oswaldo
Manuel Rivero Sánchez, Luis Carlos Contreras Getar, Wilbia Bustamante Osuna,
Francisco Manuel Pomares Rivero, Julio Alejandro Rivero Mendoza, Zully Marina
Castillo Barboza, Ena Luz Blanco Blanco, Mirta Luz Gutiérrez Chamorro, Olga Rosa
Cuello Santos, Guillermo Luis García Rivero, Julio Cesar Luna Muñoz, José Rafael
Mendoza Blanco, Álvaro León Gutiérrez Chamorro, Betzabe Beatriz Sierra
Bohórquez, Alvis De Jesús Montes Benítez, María Eugenia Mendoza Tovar,
Carmen Judith Vásquez Barrios, León Julio García Barrios, Graciela Novoa Ortiz,
Elizabeth Candelaria Tapia Cárdenas, Bladimir De Jesús Ricardo Vanegas, Irene
Antonio Núñez Robles, Gladys Margoth Contreras Chamorro, Viviana Pérez
Mendoza, Antonio José García Rivera, Kelys Johana Rivero Benítez, Hortencia
Margarita Mendoza Gutiérrez, Erika María Márquez Rivera, Manuel Anastacio
Torres Alfaro, Ledis Patricia Pérez Paredes, Ezequiel Manuel Luna Rivero, Carmen
Irinis Salcedo Olivera, William José Mercado Pérez, Climaco Rafael Contreras
Rodríguez, William Enrique Núñez Bertel, Yovanny Antonio Jiménez Flórez, Arléis
Esthela Vital Pérez, Diana Isabel Yepes García, Farides Dolores López Sánchez,
Lenis Del Carmen Rebollo Gutiérrez, Olga Mariela Moreno Arrieta, Noelia
Candelaria Jaraba Domínguez, Blanca Rosa Cárdenas Castellanos, Liney
Candelaria Martínez Reyes en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, con ocasión de la sentencia del 18 de julio de 2025 proferida en el
medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, al que le fue
asignado el número de radicado 70001-23-33-000-2015-00272-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
R a d ic a d o: 1 1 00 1- 03 - 1 5- 0 00- 2 0 26- 0 07 1 4- 0 0
ANTECEDENTES
La parte actora pretende que se protejan sus derechos fundamentales a la vida
digna, a la reparación integral, al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Los accionantes narraron que entre los años 1996 y 2007 la región de Montes de
María, especialmente los municipios de Ovejas, Chalán y Coloso, del departamento
de Sucre, estuvo inmersa en un contexto de violencia extrema y generalizada por
parte de grupos armados al margen de la ley que operaban en la zona lo que generó
que fueran desplazados forzosamente.
Que la omisión de la Armada Nacional y la Policía Nacional en la adopción de
medidas de vigilancia y protección eficaces y oportunas para prevenir o
contrarrestar la ofensiva de los grupos señalados fue determinante en el
desplazamiento.
Que algunas familias no han retornado a sus lugares de origen, mientras otras,
después de permanecer por más de 5 años en sus sitios de asentamiento, se vieron
obligadas a volver, sin ninguna clase de acompañamiento estatal, encontrando sus
viviendas destruidas, sus parcelas desmontadas, cultivos destruidos, además de
animales hurtados, lo que generó cuantiosas pérdidas materiales, así como otros
efectos negativos de tipo moral y de modificación de sus condiciones de existencia.
Que por lo anterior instauraron medio de control de reparación de perjuicios
causados a un grupo en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Armada
Nacional y la Policía Nacional, pero el 11 de mayo de 2022, el Tribunal
Administrativo de Sucre profirió sentencia, mediante la cual declaró probada de
oficio la caducidad, por lo cual interpusieron recurso de apelación con fundamento
en la Sentencia SU-254/13 de la Corte Constitucional.
Que el 18 de julio de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
revocó la decisión recurrida y, en su lugar, declaró improcedente la acción por la
falta de conformación del grupo, pues los desplazamientos alegados ocurrieron en
varios municipios, en un período amplio y tenían distinta atribución, por lo que sus
causas podían ser múltiples y no era posible agruparlas bajo un contexto de conflicto
armado.
Consideran que la autoridad judicial incurrió en i) defecto procedimental porque
aplicó de manera rígida los artículos 3 y 46 de la Ley 472 de 1998 y la jurisprudencia
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
R a d ic a d o: 1 1 00 1- 03 - 1 5- 0 00- 2 0 26- 0 07 1 4- 0 0
interna1 y efectuó su aplicación contrariando la normativa convencional e
internacional de derechos humanos sobre la materia, especialmente, en relación
con el derecho a un recurso efectivo y la reparación integral2 y la jurisprudencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos; ii) defecto sustantivo, ya que
analizó el debate con fundamento en una norma y jurisprudencia interna
«inconvencional», a pesar de tratarse de un caso de graves violaciones de derechos
humanos, que exigía la aplicación de las normas ius cogens y la Convención
señalada (artículos 1.1, 2, 8.1, 25 y 63), al hacer parte del bloque de
constitucionalidad; y iii) desconocimiento del precedente de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos3, la Corte Constitucional4, y el Consejo de Estado5 sobre
graves violaciones de derechos humanos y la causa común que genera el
desplazamiento forzado; y iv) violación directa de la Constitución, debido a que la
decisión adoptada vulnera sus derechos fundamentales.
Que las vulneraciones que padecieron tienen origen en una causa única, debido a
que el hecho dañoso se produjo dentro de la misma práctica por parte de grupos
armados al margen de la ley dentro de un plan de ataque dirigido contra la población
civil, y frente al cual la conducta omisiva de las entidades demandadas fue
determinante.
Que el desplazamiento forzado conlleva el deber de los Estados de garantizar los
derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, por lo cual los
procedimientos deben adecuarse a las necesidades de estas; debe garantizarse la
existencia de un recurso efectivo, acorde con los distintos instrumentos
internacionales; el Estado debe remover los obstáculos o prácticas normativas
internas para que las víctimas puedan disfrutar de sus derechos; y los jueces deben
abstenerse de aplicar en casos de graves violaciones de derechos humanos
cualquier normativa o práctica contraria a la Convención, que imposibilite los
derechos de las víctimas, y, en cambio, deben aplicar los principio pro actione, pro
homine o pro damnato y adoptar todas las medidas tendientes a desaparecer los
efectos de las violaciones cometidas.
Que las autoridades judiciales tienen el deber de efectuar el control de
convencionalidad cuando se demanda la responsabilidad del Estado por casos de
1 «Sentencia de unificación del 10 de junio de 2021 de la Corte Constitucional».
2
Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 8.1 y 25.1), la Declaración sobre los Principios
Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder de la Asamblea General de las
Naciones Unidas (principios 4, 5 y 6), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 2.3 y 14),
los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas
Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario
(principios 3 y 11), la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 8).
3 Sentencia del 27 de julio de 2022 proferida en el Caso de Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs.
Colombia; Caso Masacres de Ituango contra Colombia; sentencia del 15 de septiembre de 2005 en el Caso de
la Masacre de Mapiripán vs. Colombia y la sentencia del 12 de agosto de 2008 (sin número de identificación).
4 Sentencias T-327/01, SU-1150/00, C-286/14 y T-352/16.
5 Sentencias del 30 de marzo de 2014, rad. 25000-23-41-000-2014-01449-01; del 31 de agosto de 2017, rad.
13001-23-31-000-2001-01492-01 (41187); del 7 de septiembre de 2015, rad. 85001-23-31-000-2010-00178-01;
y del 27 de septiembre de 2013, rad. 19.939; del 27 de agosto de 2019, rad. 15001-23-31-000-2003-03453-01;
del 21 de noviembre de 2013, rad. 05001-23-31-000-1998-02368-01; y los salvamentos de voto de la sentencia
de unificación del 29 de enero de 2020 de los magistrados Alberto Montaña Plata y Ramiro Pazo Guerrero.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
R a d ic a d o: 1 1 00 1- 03 - 1 5- 0 00- 2 0 26- 0 07 1 4- 0 0
graves violaciones de los derechos humanos e infracción del derecho internacional
humanitario.
PRETENSIONES
Solicitan que se ordene a la autoridad judicial accionada que se pronuncie de fondo
sobre el medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo.
ACTUACIÓN PROCESAL
El 6 de febrero de 2026 se admitió la demanda; se vinculó a la Nación-Ministerio de
Defensa-Armada Nacional y Policía Nacional, como terceros con interés; y se corrió
el traslado respectivo.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, afirmó que la providencia
discutida y el respectivo expediente contienen los argumentos y elementos
necesarios para que se adopte la decisión que en derecho corresponda.
POSICIÓN DEL VINCULADO
Los terceros con interés guardaron silencio.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
R a d ic a d o: 1 1 00 1- 03 - 1 5- 0 00- 2 0 26- 0 07 1 4- 0 0
Procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales6, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/057.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
(...).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
6
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
7
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
R a d ic a d o: 1 1 00 1- 03 - 1 5- 0 00- 2 0 26- 0 07 1 4- 0 0
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»8
En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada9.
(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”10.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a
los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela11»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
8
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9
Sentencia SU-074 de 2022.
10
Sentencia SU-074 de 2022.
11
Sentencia SU-072 de 2018.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
R a d ic a d o: 1 1 00 1- 03 - 1 5- 0 00- 2 0 26- 0 07 1 4- 0 0
Análisis del caso concreto
A esta Subsección corresponde analizar si se superan los requisitos generales de
procedencia que habilitan el estudio de los autos controvertidos, pues solo en el
evento de encontrarse satisfechos habría lugar a examinar los disensos esgrimidos.
Al respecto, se observa que i) el asunto a resolver tiene relevancia constitucional,
en la medida en que se centra en establecer si en la decisión judicial controvertida
se vulneraron los derechos fundamentales reclamados en protección por la
incursión en los defectos sustantivo, procedimental, violación directa de la
Constitución y desconocimiento del precedente judicial; ii) la acción se presentó con
inmediatez, pues la sentencia discutida fue notificada mediante mensaje de datos
enviado el 30 de julio de 2025, por lo que adquirió ejecutoria el 6 de agosto de ese
año, y esta acción fue instaurada el 2 de febrero de 2026; iii) se agotaron los
mecanismos de defensa judicial con los que se contaba; iv) se identificaron
claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos estimados
como transgredidos; v) se alegó una irregularidad procesal que podría tener
incidencia en la decisión; y vi) no se trata de una sentencia de tutela.
En consecuencia, se procederá al estudio de los defectos invocados por los
accionantes, previo análisis de los razonamientos que llevaron a la autoridad judicial
a revocar la sentencia de primera instancia del medio de control de reparación de
los perjuicios causados a un grupo y, en su lugar, declarar improcedente la acción
por falta de conformación del grupo.
En la sentencia del 18 de julio de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, analizó si los demandantes reunían condiciones uniformes respecto
de una misma causa que les hubiera originado perjuicios individuales, en los
términos de los artículos 3 y 46 de la Ley 472 de 1998.
Para el efecto, la autoridad judicial aludió a la sentencia del 10 de junio de 2021
proferida por la Sala 1 Especial de Decisión del Consejo de Estado, rad. 76001-23-
31-000-2002-04584-02, en la que se unificó la jurisprudencia respecto a los criterios
para determinar al grupo afectado y la individualización de sus miembros, entre
otros aspectos. A partir de esa decisión consideró que para la procedencia de la
acción de grupo era indispensable que existiera un hecho o hechos generadores de
los perjuicios, comunes a todo el grupo.
En esa medida, advirtió que en el asunto bajo examen i) los hechos ocurrieron en
una amplia zona geográfica, puntualmente en los municipios de Ovejas, Chalán,
San Onofre y Morroa; ii) los hechos tuvieron diferentes puntos de partida en el
tiempo, esto es, entre los años 1996 a 2008; iii) respecto de cada municipio la
imputación de responsabilidad era distinta, pues se mencionó la participación de
grupos paramilitares, grupos guerrilleros y personas con prendas de uso privativo
de las fuerzas militares; y iv) los desplazamientos se atribuyeron a «asesinatos
selectivos, desapariciones forzadas, torturas, amenazas, secuestros, extorsiones y
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
R a d ic a d o: 1 1 00 1- 03 - 1 5- 0 00- 2 0 26- 0 07 1 4- 0 0
constreñimiento en contra de la población civil».
El anterior análisis llevó a la Subsección a concluir que en la demanda se
mencionaron multiplicidad de hechos generadores, dispersos geográfica, factual y
temporalmente, por lo que no eran uniformes para todo el grupo ni tenían un mismo
nexo causal respecto al daño alegado.
Efectuado el recuento de los razonamientos de la autoridad judicial accionada, se
procederá al estudio de los desacuerdos planteados y defectos invocados por los
accionantes, los cuales serán abordados de forma conjunta, teniendo en cuenta que
todos convergen en el desconocimiento de las condiciones uniformes del grupo, por
la aplicación rígida de los artículos 3 y 46 de la Ley 472 de 1998 y la inobservancia
de la jurisprudencia tanto interna como de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y de las normas convencionales e instrumentos internacionales.
Al respecto, se observa que el estudio realizado por la Subsección accionada en
esta sede se fundamentó en el examen de las particularidades del caso y en la
normativa que regula el medio de control de reparación de los perjuicios causados
a un grupo, la cual exige la existencia de condiciones uniformes respecto de una
misma causa del conjunto de personas que conforman el grupo.
Precisamente la verificación precedente permitió evidenciar que existían distintos
hechos generadores que impedían concluir que se presentaban las condiciones
uniformes requeridas para la procedencia de dicho medio de control.
A través de esta tutela, los accionantes hicieron especial énfasis en su condición de
víctimas y en el deber convencional del Estado de garantizar un recurso efectivo a
través del cual puedan lograr una reparación integral; sin embargo, se advierte que
en el ordenamiento jurídico se prevén distintos mecanismos idóneos y eficaces para
lograr la reparación de daños causados por la acción u omisión del Estado, entre
ellos, la reparación directa, distinto es que los solicitantes del amparo hayan
decidido demandar mediante un medio de control respecto al cual no cumplían los
requisitos para su procedencia, como lo era la existencia de una causa común,
aspecto que no podía ser omitido por la autoridad judicial.
Si bien los actores alegan una aplicación rigurosa de los artículos 3 y 46 de la Ley
472 de 1998, lo cierto es que el análisis se realizó acorde con los supuestos fácticos
del desplazamiento forzado alegado por los miembros del grupo, pero este se
presentó en diversos puntos geográficos, en un período considerable y la atribución
jurídica del daño se efectuó respecto a distintos actores armados, lo que
evidenciaba la ausencia de la causa común necesaria para que pudiera adoptarse
una decisión de fondo a través del medio de control incoado.
Ahora bien, los peticionarios del amparo aludieron a varias sentencias tanto de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado como de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos sobre la causa común generada por los desplazamientos
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
R a d ic a d o: 1 1 00 1- 03 - 1 5- 0 00- 2 0 26- 0 07 1 4- 0 0
forzados; no obstante, debe tenerse en cuenta que el análisis de la Subsección no
podía efectuarse de forma generalizada, sino que debía atender a los supuestos de
hecho expuestos en la demanda y respecto de los cuales se pretendía lograr una
reparación a favor del grupo demandante, los que permitieron evidenciar que en el
caso se presentaba la ausencia de una única causa necesaria para la procedencia
del medio de control elegido por los actores.
En ese orden de ideas, se colige que la decisión cuestionada en esta sede no fue
irracional ni caprichosa ni mucho menos constituyó una vulneración de los derechos
fundamentales de los demandantes ni de las garantías convencionales y
constitucionales, en su condición de víctimas, sino que obedeció al análisis de los
pormenores del asunto y los requisitos para la procedencia del medio de control
instaurado por los actores, por lo cual no puede ser calificada como constitutiva de
algún defecto que haga procedente el amparo constitucional.
En consecuencia, se negará el amparo solicitado por los accionantes.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. NEGAR el amparo solicitado, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.