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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00717-00

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00717-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el señor Rafael Guillermo Pardo Téllez, de conformidad con los motivos expuestos en procedencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada, REMITIR el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00717-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00717-00
Accionante: Rafael Guillermo Pardo Téllez
Accionados: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y otros

Tema: Acción de tutela contra acto administrativo

Decisión: Declarar improcedente por no demostrarse el perjuicio irremediable
como requisito para la procedibilidad de la acción de tutela contra
actos administrativos

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción de
tutela presentada por el señor Rafael Guillermo Pardo Téllez, a través de apoderado
judicial contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, vida digna y seguridad
social, con ocasión de la expedición de los actos administrativos que negaron la
reliquidación de su asignación de retiro.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El señor Rafael Guillermo Pardo Téllez, en condición de oficial en el grado de coronel
de la Policía Nacional en uso de buen retiro, afirmó que su régimen salarial y
prestacional «está atado jurídicamente al principio de paridad con los altos dignatarios
del Estado», a saber: ministros del despacho y miembros del Congreso de la
República, de conformidad con el artículo 3° de la Ley 42 de 1980 y la Ley 4° de 1992.

3. Teniendo en cuenta lo anterior, consideró que la expedición del Decreto 615 de 2025
desconoció lo dispuesto en la Ley 42 de 1980, en la medida en que no garantizó que
su asignación de retiro se incrementara en el mismo porcentaje que el de los ministros
del despacho y los miembros del Congreso de la República, configurándose así una
afectación sustancial, e incluso una degradación estructural de su estatus pensional.

4. Por consiguiente, el accionante radicó petición ante la Caja de Sueldos de Retiro de
la Policía Nacional, con el fin de que se le reliquidara su asignación de retiro, de
conformidad con el régimen especial previsto en la Ley 42 de 1980, el Decreto Ley

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Accionante: Rafael Guillermo Pardo Téllez

201 y 203 de 1987 y el Decreto Legislativo 335 de 1992». Sin embargo, la entidad
mediante los Oficios 5076/OAJ de 22 de julio de 2009 y 202421000132871 de 28 de
noviembre de 2024 negó y confirmó su decisión, respectivamente.

5. En consecuencia, el señor Rafael Guillermo Pardo Telléz, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuso demanda contra la Nación
– Ministerio de Defensa Nacional, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional,
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento de la Función Pública,
con la finalidad de que se declare la nulidad de los actos administrativos, mediante los
cuales se le negó la reliquidación de la asignación de retiro.

6. Con posterioridad, manifestó que presentó una solicitud ante el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, a través de la cual requirió
información sobre la vigencia del artículo 3° de la Ley 42 de 1980. Al respecto, la
entidad respondió que dicha disposición se mantiene vigente en cada uno de los
decretos salariales expedidos anualmente, siendo el más reciente el Decreto 0610 del
3 de junio de 2025.

2.2. Fundamento jurídico

7. El señor Rafael Guillermo Pardo Téllez, alegando condición de sujeto de especial
protección constitucional en razón de su edad, actualmente de 80 años, indicó que,
aunque la controversia planteada en la acción de tutela de referencia debería
resolverse en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho correspondiente,
no se encuentra en condiciones de esperar durante años, pues ello implicaría un
riesgo inminente de que fallezca antes de ver restablecido su derecho.

8. En consecuencia, estima que la acción de tutela procede en el caso concreto, pues
se cuestionan actos administrativos abiertamente ilegales, en la medida en que
afectan directamente su mesada por inaplicación caprichosa de la Ley 42 de 1980, lo
cual afecta sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, la
igualdad, vida digna, seguridad social, mínimo vital, al principio de confianza legítima
y genera un daño moral continuado.

9. Asimismo, rechaza la improcedencia basada en su capacidad económica,
argumentando que exigir prueba de indigencia a una persona de su edad sería
inconstitucional.

10. En relación con el fondo del asunto, reiteró que su régimen salarial y prestacional
«está atado jurídicamente al principio de paridad con los altos dignatarios del Estado»,
a saber: ministros del despacho y miembros del Congreso de la República, de
conformidad con el artículo 3° de la Ley 42 de 1980 y la Ley 4° de 1992.

11. Por lo anterior, consideró que la expedición del Decreto 615 de 2025 desconoció lo
dispuesto en la Ley 42 de 1980, en la medida en que no garantizó que su asignación
de retiro se incrementara en el mismo porcentaje que el de los ministros de despachos
y los miembros del Congreso de la República, configurándose así una afectación
sustancial, e incluso una degradación estructural de su estatus pensional.

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2.3. Pretensiones

12. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«PRIMERA: TUTELAR como MECANISMO TRANSITORIO los derechos
fundamentales a la IGUALDAD, VIDA DIGNA, SEGURIDAD SOCIAL y
CONFIANZA LEGÍTIMA del CORONEL (r) RAFAEL GUILLERMO PARDO
TELLEZ.

SEGUNDA: ORDENAR a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
“CASUR”, que en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación del fallo, proceda a RELIQUIDAR PROVISIONALMENTE la
asignación de retiro del accionante.

• La reliquidación deberá efectuarse aplicando la misma fórmula jurídica que el
Gobierno Nacional utiliza para el Presidente de la República (Decreto 610 de
2025), esto es, reconociendo la Asignación Básica y los gastos de
representación igual a la de los Miembros del Congreso, en virtud del derecho
a la igualdad y la vigencia material de la Ley 42 de 1980, certificada por el DAPRE.

TERCERA: ORDENAR al Ministerio de Hacienda y Crédito Público disponer los
recursos necesarios para el cumplimiento inmediato de esta orden, advirtiendo que
la “sostenibilidad fiscal” no es excusa para vulnerar derechos fundamentales de
sujetos de especial protección ante una discriminación probada.

CUARTA (VIGENCIA): Que esta medida se mantenga vigente hasta que la
Jurisdicción Contencioso Administrativa profiera sentencia definitiva en el proceso
de nulidad radicado». (Sic en toda la cita)

2.4. Intervenciones

13. La acción de tutela fue admitida mediante auto del 10 de febrero de 2026, a través
del cual se ordenó notificar a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -
CASUR, el Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
el Departamento Administrativo de la Función Pública como accionados y a la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado como tercero interesado
en el resultado del proceso.

14. La consejera Elizabeth Becerra Cornejo informó que le correspondió la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho referida por el actor. Sin embargo, mediante
auto del 6 de febrero de 2026 remitió por competencia las actuaciones a los juzgados
administrativos de Bogotá.

15. El Ministerio de Hacienda solicitó su desvinculación del proceso de referencia por
falta de legitimación en la causa por pasiva.

16. El Departamento Administrativo de la Función Pública advirtió que el Juzgado
Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá tramitó acciones de tutela
idénticas1, en cuanto al fundamento fáctico y jurídico, y las pretensiones. Por ende,
solicitó que se remitan las actuaciones adelantadas a dicho despacho.

1Radicados: 11001-33-42-055-2026-00043-00, 11001-03-15-000-2026-00709-00, 11001-33-35-007-2026-00055-

00, 11001-33-41-068-2026-00047-00, 11001-33-43-063-2026-00046-00, 11001-33-36-036-2026-00044-00,
11001-33-35-019-2026-00049-00, 11001-03-15-000-2026-00686-00, 11001-33-35-015-2026-00056-00, 11001-
33-37-039-2026-00055-00 y 11001-33-42-049-2026-00057-00.

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17. De otra parte, señaló que la acción de tutela se torna improcedente, pues no es
posible acudir al mecanismo constitucional con el objetivo de cuestionar la legalidad
de actos administrativos sin acudir previamente ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.

18. En gracia de discusión, argumentó que i) los incrementos salariales y las fórmulas
de liquidación corresponden a meras expectativas y no a derechos incorporados al
patrimonio jurídico del actor y que ii) no existe identidad de supuestos fácticos y
jurídicos entre los miembros de la Fuerza Pública y los congresistas o el presidente de
la República, por lo que resulta constitucionalmente admisible un trato salarial
diferenciado fundado en criterios objetivos y razonables.

19. En conclusión, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, o en su
defecto, se niegue el amparo, pues no incurrió en la vulneración de derechos
fundamentales deprecada ni encontró demostrado un perjuicio irremediable.

20. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional indicó que el Juzgado
Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá se encuentra tramitando una
acción de tutela2 con identidad fáctica y jurídica.

21. Además, sostuvo que la acción de tutela no cumple el requisito de subsidiariedad,
pues se encuentra en curso el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 11001-03-25-000-2026-00039-00, a través del cual se pretende abordar el
mismo debate consignado en el escrito de referencia.

22. Por último, señaló que el actor percibe una sustitución de asignación de retiro en el
grado coronel, circunstancia que demuestra la inexistencia de la afectación real a su
mínimo vital y con ello, la ausencia del perjuicio irremediable. En consecuencia, solicitó
que se declare improcedente la acción de tutela o se remita por acumulación a la
autoridad judicial correspondiente.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

23. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20193 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa
24. Si bien el Ministerio de Hacienda solicitó su desvinculación por falta de legitimación
en la causa por pasiva, lo cierto es que su vinculación obedeció a que, en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho relacionado con el objeto de la acción de
tutela de referencia, actúa como demandado, circunstancia que evidencia su interés
en el resultado del presente trámite. En consecuencia, se negará su solicitud.

2 Radicado: 11001-33-42-055-2026-00043-00.
3 Reglamento interno del Consejo de Estado.

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25. Por otro lado, aunque el Departamento Administrativo de la Función Pública y la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional advirtieron la existencia de acciones
de tutela supuestamente idénticas, lo cierto es que esta Sala no considera pertinente
remitir el expediente al Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito de
Bogotá, en cuanto no fue posible verificar la similitud de las acciones constitucionales
y, además, en atención a los principios de economía procesal y celeridad por estar
frente a una persona de la tercera edad protegida constitucionalmente. Por ende, se
negarán sus peticiones.

3.3. Problema jurídico

26. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en determinar
si la acción de tutela satisface los requisitos para cuestionar actos administrativos. En
el evento en que así sea, deberá establecerse si la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento
Administrativo de la Función Pública y el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República vulneraron los derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia, la igualdad, vida digna, seguridad social, mínimo vital y al
principio de confianza legítima del señor Rafael Guillermo Pardo Téllez.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

27. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades
o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto
anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para
hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de
residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

28. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible
acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos
fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones
judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama
del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores,
principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva,
cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de
ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites
que la Carta le impone.

29. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de
sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.

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3.4.1. De la acción de tutela contra actos administrativos

30. La Corte Constitucional4 ha indicado que, por regla general, la acción de tutela no
procede contra actos administrativos de carácter particular, pues al encontrarse
revestidos de presunción de legalidad, deben cuestionarse directamente ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

31. En ese sentido, se ha precisado que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho es el mecanismo judicial idóneo para garantizar la
protección de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados, e incluso si
se pretende evitar un perjuicio irremediable puede solicitarse la adopción de una
medida cautelar al interior de este.

32. Sin embargo, se admite su presentación ante la jurisdicción constitucional,
siempre que la persona que solicita el amparo demuestre de forma suficiente la
necesidad de la suspensión del acto administrativo cuestionado para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable, el cual se estructura si se cumplen los
siguientes requisitos5:

33. i) Que se esté ante un perjuicio inminente o próximo a suceder, lo que exige un
grado suficiente de certeza respecto de los hechos y la causa del daño; ii) que
el perjuicio debe ser grave, esto es, que conlleve la afectación de un bien susceptible
de determinación jurídica, altamente significativo para la persona; iii) que se
requieran medidas urgentes para superar el daño, las cuales deben ser adecuadas
frente a la inminencia del perjuicio y, a su vez, atender las circunstancias particulares
del caso; y iv) que las medidas de protección sean impostergables, lo que significa
que deben responder a condiciones de oportunidad y eficacia, que eviten la
consumación del daño irreparable.

3.4.1.1. Análisis del caso concreto

34. Teniendo en cuenta lo anterior, esta Subsección estima necesario verificar si se
encuentra acreditado el perjuicio irremediable invocado por el señor Pardo Téllez,
pues solo a partir de esa constatación, será posible determinar si la acción de tutela
resulta procedente como mecanismo para controvertir actos administrativos.

35. Al respecto, el señor Pardo Téllez sostiene que la acción de tutela resulta
procedente para controvertir los actos administrativos que negaron la reliquidación de
su asignación de retiro. En sustento de esta afirmación, aduce la configuración de un
riesgo inminente asociado a su avanzada edad, en virtud del cual podría fallecer antes
de que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo resuelva de manera definitiva
el litigio promovido mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

36. En particular, estima vulnerados sus derechos fundamentales de acceso a la

4 Corte Constitucional, sentencias T-423 de 2024, T-381 de 2022, SU-067 de 2022, T-253 de 2020, T-146 de

2019, SU-077 de 2018, T-505 de 2017, T-178 de 2017, T-041 de 2013, T-270 de 2012, T-271 de 2012, T-1256
de 2008, T-467 de 2006 y T-1059 de 2005, entre otras.
5 Corte Constitucional, Sentencia T-035 de 2025. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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administración de justicia, igualdad, vida digna, seguridad social y mínimo vital en su
dimensión cualitativa, en la medida en que no se garantizó que su asignación de retiro
se incrementara en el mismo porcentaje que la de los ministros del despacho y los
miembros del Congreso de la República, configurándose así una afectación sustancial,
e incluso una degradación estructural de su estatus pensional.

37. En ese sentido, se advierte que el accionante sustenta la procedibilidad de la acción
de tutela de referencia, de manera principal, en la presunta configuración de un
perjuicio irremediable derivado de su avanzada edad y, por consiguiente, en la
posibilidad de no alcanzar a obtener la reliquidación de su asignación de retiro antes
de su fallecimiento.

38. En torno a este asunto, la Corte Constitucional ha indicado lo siguiente:

«Ahora bien, en cuanto tiene que ver con pensiones de jubilación, es muy común
que quienes interpongan la solicitud de amparo sean personas de la tercera edad,
hecho éste que los convierte en sujetos de especial protección. Pero esa sola
circunstancia no hace procedente la tutela, pues es necesario demostrar que en
el caso concreto el perjuicio sufrido afecte la dignidad humana, la subsistencia en
condiciones dignas, la salud, el mínimo vital, que existan lazos de conexidad con
derechos fundamentales, o que se acredite que someter a la persona a los
trámites de un proceso judicial ordinario sería excesivamente gravoso. Solamente
en estos eventos la tutela puede desplazar al mecanismo ordinario de defensa,
en la medida que aquel pierde su eficacia material frente a las particulares
circunstancias de la persona y evidencia un daño irremediable»6.

39. De conformidad con lo anterior, la acción de tutela objeto de análisis no resulta
procedente por la sola circunstancia de que el señor Pardo Téllez cuente con más de
80 años, sino que resulta imprescindible encontrar acreditado que el perjuicio alegado
comprometa de manera efectiva sus derechos fundamentales o que someterlo a la
espera de la decisión dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho le
impondría una carga desproporcionada o particularmente gravosa.

40. No obstante, del escrito de tutela y de la contestación allegada por la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se desprende que el accionante percibe una
asignación de retiro en el grado de coronel, respecto de la cual no alegó mora en el
pago ni suspensión alguna.

41. Aunado a lo anterior, el señor Pardo Téllez no acreditó la existencia de
circunstancias excepcionales como graves afectaciones de salud o la imposibilidad de
solventar sus necesidades básicas que le permitan al juez constitucional inferir una
amenaza real, actual o inminente a su mínimo vital o vida digna.

42. En ese contexto, se advierte que la inconformidad del accionante obedece a la
interpretación que realiza del régimen jurídico aplicable y a la expectativa de obtener
una reliquidación en determinado sentido, mas no a la vulneración actual de sus
derechos fundamentales ni a la configuración de un perjuicio irremediable.

6 Corte Constitucional, Sentencia T-634 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Reiterada por la Sentencia

T-414 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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43. De ahí que esta Subsección considere que la acción de tutela de referencia no
resulta procedente para controvertir los actos administrativos cuestionados y que, por
consiguiente, el escenario idóneo para dirimir la controversia es la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, en donde podrán solicitarse las medidas cautelares que
se estimen necesarias.

44. En todo caso, el señor Pardo Téllez indicó que interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho con el mismo objetivo. En consecuencia, se procederá a
declarar improcedente la acción de tutela por no acreditarse el perjuicio irremediable.

45. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

I. FALLA

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Rafael Guillermo Pardo Téllez, de conformidad con los motivos expuestos en
procedencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada, REMITIR el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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