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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00717-01

Fecha
18 de junio de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00717-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia de primera instancia proferida el 5 de marzo de 2026 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la demanda de tutela para confirmar la decisión y añadir el siguiente ordinal: Por Secretaría, REMÍTENSE copias de la actuación a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, para que en el marco de sus competencias analice la actuación del abogado Juan Carlos Arciniegas Rojas. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00717-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

18 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00717-01
Accionante: Rafael Guillermo Pardo Téllez
Accionados: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, Departamento Administrativo de la
Función Pública y Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República

Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala decide la impugnación interpuesta por el accionante contra la sentencia proferida
el 5 de marzo de 2026 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
por medio de la cual se declaró la improcedencia de la demanda por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad.

SÍNTESIS1

El accionante solicita la protección transitoria de sus derechos fundamentales a la
igualdad, vida digna, seguridad social, mínimo vital y acceso a la administración de
justicia, que considera vulnerados por las entidades accionadas al negar la reliquidación
de su asignación de retiro. La Sala modificará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad,
toda vez que el actor cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho para controvertir los actos administrativos cuestionados y no acreditó la
existencia de un perjuicio irremediable que justifique el desplazamiento de los
mecanismos ordinarios de defensa judicial en el sentido de confirmar la decisión y añadir
una orden de remisión de copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 2 de febrero de 2026, el señor Rafael Guillermo Pardo Téllez presentó, mediante
apoderado judicial, una demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la
protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, vida digna, mínimo vital,
seguridad social y acceso a la administración de justicia. En criterio del accionante,
dichas garantías constitucionales fueron vulneradas por la Caja de Sueldos de Retiro

1
Temas: Acción de tutela contra autoridad judicial / Tutela contra actos administrativos / Reliquidación
pensional / Improcedencia / Subsidiariedad / Modifica

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00717-01
Accionante: Rafael Guillermo Pardo Téllez
Se declara improcedente la demanda

de la Policía Nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento
Administrativo de la Función Pública y el Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República, por no reconocer el aumento que pretende en la reliquidación de su
asignación de retiro.

2. El accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:

PRIMERA: TUTELAR como MECANISMO TRANSITORIO los derechos fundamentales
a la IGUALDAD, VIDA DIGNA, SEGURIDAD SOCIAL y CONFIANZA LEGÍTIMA del
CORONEL (r) RAFAEL GUILLERMO PARDO TELLEZ.

SEGUNDA: ORDENAR a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional “CASUR”,
que en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del
fallo, proceda a RELIQUIDAR PROVISIONALMENTE la asignación de retiro del
accionante.

• La reliquidación deberá efectuarse aplicando la misma fórmula jurídica que el
Gobierno Nacional utiliza para el Presidente de la República (Decreto 610 de
2025), esto es, reconociendo la Asignación Básica y los gastos de representación
igual a la de los Miembros del Congreso, en virtud del derecho a la igualdad y la
vigencia material de la Ley 42 de 1980, certificada por el DAPRE.

TERCERA: ORDENAR al Ministerio de Hacienda y Crédito Público disponer los recursos
necesarios para el cumplimiento inmediato de esta orden, advirtiendo que la
“sostenibilidad fiscal” no es excusa para vulnerar derechos fundamentales de sujetos de
especial protección ante una discriminación probada.

CUARTA (VIGENCIA): Que esta medida se mantenga vigente hasta que la Jurisdicción
Contencioso Administrativa profiera sentencia definitiva en el proceso de nulidad
radicado.

B. Hechos

3. El señor Rafael Guillermo Pardo Téllez es coronel retirado de la Policía Nacional y
titular de una asignación de retiro reconocida por la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional (CASUR).

4. Solicitó a CASUR la reliquidación de su asignación de retiro. Sin embargo, la entidad
negó la petición mediante los oficios núms. 5076/OAJ del 22 de julio de 2009 y
202421000132871 del 28 de noviembre de 2024.

5. El 13 de enero de 2026, el señor Rafael Guillermo Pardo Téllez promovió demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional, CASUR, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de controvertir
los actos administrativos que negaron la reliquidación de su asignación de retiro.

6. También presentó una petición ante el Departamento Administrativo de la

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Se declara improcedente la demanda

Presidencia de la República (DAPRE) para consultar la vigencia del artículo 32 de la Ley
42 de 19803.

7. Mediante respuesta emitida el 27 de enero de 2026, el DAPRE le informó que esa
disposición se mantiene vigente y que ha sido incorporada en los decretos salariales
expedidos anualmente, incluido el Decreto 610 de 20254.

C. Fundamentos de la vulneración

8. El accionante sostiene que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
(CASUR), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Administrativo
de la Función Pública y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, vida digna, mínimo
vital, seguridad social y acceso a la administración de justicia al desconocer la aplicación
de la Ley 42 de 1980 para efectos de la liquidación y reajuste de su asignación de retiro.
Afirma que, mientras el Gobierno nacional reconoce la vigencia de dicha ley para fijar la
remuneración del Presidente de la República, no aplica el mismo criterio respecto de los
coroneles retirados de la Policía Nacional, pese a que, en su criterio, existe una relación
de paridad salarial.

9. Aduce que la negativa de reliquidar su asignación de retiro desconoce su derecho
a la igualdad y ha generado una disminución progresiva de su ingreso pensional frente
a los altos dignatarios del Estado. Señala que el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República certificó la vigencia de la Ley 42 de 1980 y que dicha
circunstancia evidencia una aplicación desigual e injustificada de esa normativa por
parte de las entidades accionadas.

10. Manifiesta que tiene 80 años de edad y que, debido a su condición de adulto mayor,
de la “cuarta edad”, requiere una protección constitucional inmediata. Sostiene que el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió para
controvertir los actos que negaron la reliquidación de su asignación de retiro no resulta
eficaz para la protección de sus derechos, dado el tiempo que puede tardar su
resolución.

D. Trámite procesal

11. Mediante auto del 4 de febrero de 20265, el Consejero de Estado Luis Eduardo Mesa
Nieves dispuso remitir por competencia la demanda de tutela a los jueces del circuito
de Bogotá. Consideró que las entidades accionadas son autoridades del orden nacional
y que, de conformidad con las reglas de reparto previstas en el Decreto 333 de 20216,

2
“A partir del 1º. de marzo de 1981, la remuneración de los Ministros del Despacho y de los Jefes de Departamentos
Administrativos, por concepto de sueldos y gastos de representación será igual y se aumentará en la misma forma que
la de los miembros del Congreso de la República.”
3
Por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para modificar las escalas de
remuneración y el régimen de comisiones, viáticos y gastos de representación de los empleados del sector público, y
se dictan otras disposiciones
4
Por el cual se fijan las escalas de asignación básica de los empleos del Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República y se dictan otras disposiciones en materia salarial.
5
Índice 5 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
6
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.

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Se declara improcedente la demanda

el conocimiento de la solicitud de amparo correspondía a los jueces del circuito.

12. El 6 de febrero de 2026, el accionante interpuso recurso de reposición7 contra dicha
decisión. Solicitó que se revocara el auto de remisión y que el Consejo de Estado
asumiera el conocimiento de la demanda de tutela, al considerar que existía conexidad
con el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el núm. 11001-
0325-000-2026-00039-00, que ya cursaba ante esa Corporación, y que su condición de
adulto mayor exigía una protección judicial inmediata.

13. Mediante auto del 10 de febrero de 20268, el Consejero de Estado Luis Eduardo
Mesa Nieves repuso la decisión adoptada el 4 de febrero de 2026 y admitió la demanda
de tutela. Consideró que el accionante es una persona de 80 años de edad y que, en
atención a los principios de economía procesal y celeridad, resultaba procedente asumir
el conocimiento del asunto. En consecuencia, ordenó notificar a las entidades
accionadas y vinculó a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
como tercero interesado en el resultado del proceso.

E. Oposiciones e intervenciones

14. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado9 (tercero con
interés) se limitó a informar que en ese despacho cursa el medio de control promovido
por el accionante contra los actos que negaron la reliquidación de su asignación de
retiro. Explicó las decisiones adoptadas dentro de ese proceso, particularmente la
adecuación de la demanda al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
y la remisión del expediente a los juzgados administrativos de Bogotá por falta de
competencia. Finalmente, señaló que no ha emitido pronunciamiento de fondo sobre las
pretensiones sustanciales del actor y que sus actuaciones se han ajustado al
ordenamiento jurídico.

15. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR10 solicitó denegar el
amparo y remitir el expediente al despacho judicial que avocó conocimiento en primer
lugar de las acciones de tutela masivas promovidas por el mismo apoderado contra esa
entidad. Sostuvo que el asunto hace parte de una serie de tutelas con identidad de
hechos, pretensiones y causa jurídica, por lo que resulta aplicable la regla de reparto
prevista para las denominadas tutelas masivas. Asimismo, alegó la improcedencia de la
demanda por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, debido a que el accionante
ya promovió un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para
controvertir los actos administrativos cuestionados.

16. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público11 solicitó que se declarara “la
improcedencia de la demanda de tutela respecto de esa cartera ministerial por falta de
legitimación en la causa por pasiva” y, en consecuencia, se accediera a su
desvinculación del trámite. Sostuvo que no es la entidad competente para reconocer,
liquidar o reliquidar asignaciones de retiro, función que corresponde a CASUR, y que no

7
Índice 9 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
8
Índice 11 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
9
Índice 18 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
10
Índice 20 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
11
Índices 21, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.

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Se declara improcedente la demanda

ha desplegado actuación alguna que pueda considerarse vulneradora de los derechos
fundamentales invocados por el accionante.

17. La Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público12 señaló que la administración, liquidación y pago de las asignaciones
de retiro corresponde a CASUR en ejercicio de su autonomía presupuestal y financiera.
En ese sentido, solicitó la desvinculación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
del trámite constitucional, al considerar que carece de competencia para reconocer o
reliquidar derechos prestacionales individuales y que la entidad cuenta con
apropiaciones presupuestales para atender sus obligaciones misionales.

18. El Departamento Administrativo de la Función Pública13 solicitó remitir la demanda
de tutela al Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá, por
considerar que se trata de una acción de tutela masiva que comparte identidad de
sujetos, causa y objeto con otras promovidas por el mismo apoderado judicial.
Adicionalmente, sostuvo que la demanda es improcedente porque no se cumplen los
requisitos exigidos para la procedencia excepcional de la tutela contra actos
administrativos, no se acredita la existencia de un perjuicio irremediable y no se
evidencia vulneración alguna atribuible a esa entidad.

F. Sentencia impugnada

19. Mediante sentencia del 5 de marzo de 202614, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró improcedente la demanda de tutela presentada
por el señor Rafael Guillermo Pardo Téllez, al considerar que no se acreditó el perjuicio
irremediable requerido para la procedencia excepcional de la tutela contra actos
administrativos.

19.1. Señaló que, por regla general, los actos administrativos de carácter particular deben
controvertirse ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo mediante el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual constituye el mecanismo
judicial idóneo para la protección de los derechos que el accionante considera
vulnerados. Además, indicó que, de ser necesario, en ese escenario pueden solicitarse
medidas cautelares para evitar la ocurrencia de un perjuicio.

19.2. Explicó que el accionante fundamentó la procedencia de la demanda de tutela en
su condición de adulto mayor y en el riesgo de fallecer antes de que se resolviera el
proceso ordinario. Sin embargo, precisó que la sola circunstancia de tener más de 80
años no torna procedente el amparo constitucional, pues es necesario demostrar que la
espera del proceso judicial ordinario compromete efectivamente derechos
fundamentales o impone una carga desproporcionada.

19.3. Encontró que el señor Pardo Téllez percibe una asignación de retiro en el grado de
coronel y que no alegó mora en su pago ni acreditó circunstancias excepcionales, tales
como graves afectaciones de salud o la imposibilidad de atender sus necesidades
básicas. En ese sentido, concluyó que la controversia planteada se relaciona con la

12
Índices 21, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
13
Índice 22 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
14
Índice 31 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.

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expectativa de obtener una reliquidación de su asignación de retiro y no con una
afectación actual de sus derechos fundamentales o la configuración de un perjuicio
irremediable.

19.4. En ese sentido, resolvió:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el señor Rafael
Guillermo Pardo Téllez, de conformidad con los motivos expuestos en procedencia.

G. Impugnación

20. En escrito radicado el 16 de marzo de 202615, el accionante impugnó la sentencia
del 5 de marzo de 2026 e insistió en las pretensiones de la demanda de tutela.

20.1. Sostuvo que la decisión impugnada incurrió en una contradicción, pues
inicialmente el despacho asumió el conocimiento de la demanda de tutela al considerar
que existía conexidad con el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por el actor, pero posteriormente declaró improcedente el amparo con
fundamento en la existencia de ese mismo medio de control.

20.2.Reiteró que se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad por su
avanzada edad y que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no
constituye un mecanismo eficaz para la protección de sus derechos, dado que aún no
ha sido admitido y su resolución podría tardar varios años. En ese sentido, afirmó que
la espera del proceso ordinario hace inminente la configuración de un perjuicio
irremediable.

20.3. Finalmente, señaló que la negativa del amparo perpetúa una vulneración que, en
su criterio, se ha extendido por más de treinta años debido a la inaplicación de la Ley
42 de 1980, y sostuvo que el asunto plantea un problema de relevancia constitucional
relacionado con la protección reforzada de las personas adultas mayores.

II. CONSIDERACIONES

H. Competencia

21. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la impugnación de la decisión que resolvió la demanda interpuesta por el señor
Rafael Guillermo Pardo Téllez contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional,
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Administrativo de la Función
Pública y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de
2019).

15
Índice 35 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.

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Se declara improcedente la demanda

I. Sentido de la decisión

22. La Sala modificará la decisión de primera instancia que declaró improcedente la demanda
de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad para (i) confirmar la decisión,
toda vez que el accionante cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho para controvertir los actos administrativos que, en su criterio, desconocen su
derecho a la igualdad en la reliquidación de su asignación de retiro, y (ii) ordenar la
remisión de copias del expediente a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Bogotá. En ese sentido, y por razones metodológicas, en esta providencia no se hará la
verificación de los demás requisitos generales de procedencia de la demanda de tutela16.

J. El caso concreto

23. Conforme a los artículos 86 de la Constitución Política17 y 6.118 del Decreto 2591 de
1991, el requisito de subsidiariedad implica que la acción de tutela es un mecanismo
excepcional y residual, al que solo puede acudirse en ausencia de medios judiciales
ordinarios idóneos y eficaces para la protección de los derechos fundamentales. En
consecuencia, la demanda de acción de tutela solo procede en dos supuestos
excepcionales: (i) cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial
adecuado, caso en el cual la tutela procede como mecanismo de protección definitivo;
y (ii) cuando el afectado utiliza la tutela con el propósito de evitar un perjuicio
irremediable, evento en el que opera como mecanismo transitorio.

23.1. En este sentido, tanto la Constitución como la jurisprudencia de la Corte
Constitucional19 han precisado que, si el ordenamiento jurídico ofrece mecanismos de
defensa judicial idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos
fundamentales que se consideran vulnerados o amenazados, se debe recurrir a ellos, y
no a la acción de tutela, de tal forma que se impida el uso indebido de este mecanismo
constitucional.

16
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia
constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al alcance
de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de 2005).
17
Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o
la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se
solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante
el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre
la solicitud de tutela y su resolución. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra
particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés
colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.
18
ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto
a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
19
Corte Constitucional, sentencia T-247 de 2024. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.

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24. La Corte Constitucional ha precisado que, en materia de controversias
relacionadas con prestaciones periódicas y derechos pensionales, la procedencia
excepcional de la tutela exige verificar, entre otros aspectos, la idoneidad y eficacia de
los mecanismos ordinarios de defensa judicial y la eventual configuración de un perjuicio
irremediable, especialmente cuando se trata de sujetos de especial protección
constitucional. En ese sentido, en las sentencias T-391 de 2013 y T-337 de 2018 sostuvo
lo siguiente:

[…] la condición de sujeto de la tercera edad no constituye per se razón suficiente para
admitir la procedencia de la acción de tutela. En efecto, reiterando lo expuesto por la Corte
en distintos pronunciamientos sobre la materia, para que el mecanismo de amparo
constitucional pueda desplazar la labor del juez ordinario o contencioso, según se trate,
es también necesario acreditar, por una parte, la ocurrencia de un perjuicio irremediable
derivado de la amenaza, vulneración o afectación de derechos fundamentales como la
vida digna, el mínimo vital y la salud; y, por otra, que someterla a la rigurosidad de un
proceso judicial común puede resultar aún más gravoso o lesivo de sus derechos
fundamentales.20

[…] aquellos casos en los que se ha estudiado el tema de la pensión, han permitido que
la Corte avance en los derechos de las personas de la tercera edad, que se encuentran
en una situación de debilidad e indefensión, por lo que tiene claro que requieren de una
protección constitucional reforzada. Sin embargo, esta Corporación ha expresado que esa
sola y única circunstancia no es suficiente para acreditar la procedencia de la acción de
tutela para resolver asuntos sobre acreencias pensionales, por lo que se requiere la
demostración probatoria del daño causado, materializado en la vulneración de sus
derechos fundamentales […]21

25. En el sub examine, el accionante pretende que se ordene a las entidades
accionadas reliquidar su asignación de retiro, con fundamento en la interpretación que
propone sobre la vigencia y alcance de la Ley 42 de 198022 y su incidencia en el régimen
salarial y prestacional aplicable a los coroneles retirados de la Policía Nacional. En
consecuencia, la Sala advierte que la presente controversia recae sobre la legalidad de
los actos administrativos mediante los cuales la CASUR negó la reliquidación de la
asignación de retiro del señor Pardo Téllez.

26. La Sala precisa que para controvertir los actos administrativos que negaron la
reliquidación de la asignación de retiro solicitada por el accionante, el ordenamiento
jurídico prevé el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mecanismo que permite examinar la
validez de las decisiones cuestionadas y, de ser procedente, ordenar el reconocimiento
de las consecuencias económicas derivadas de su eventual nulidad, incluida la
reliquidación de la asignación de retiro reclamada por el accionante.

27. En ese sentido, se advierte que el señor Rafael Guillermo Pardo Téllez ya
promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra los actos administrativos a los que le imputa la transgresión de sus

20
Corte Constitucional, Sentencia T-391 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
21
Corte Constitucional, Sentencia T-337 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
22
Por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para modificar las
escalas de remuneración y el régimen de comisiones, viáticos y gastos de representación de los empleados
del sector público, y se dictan otras disposiciones

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derechos fundamentales. Por lo tanto, la controversia ya fue puesta en conocimiento del
juez natural llamado a resolverla, circunstancia que refuerza la improcedencia de la
intervención del juez de tutela.

28. Por otra parte, el actor no acreditó circunstancias que permitan concluir que se
encuentra ante una afectación grave, urgente e impostergable de sus derechos
fundamentales. En particular, no demostró ni alegó que carezca de ingresos para
atender sus necesidades básicas, que se encuentre privado de una prestación
económica indispensable para su subsistencia o que afronte una situación de
vulnerabilidad económica extrema. Si bien el accionante es una persona de la tercera
edad, lo cierto es que recibe una asignación de retiro que le garantiza su subsistencia
en condiciones dignas, de modo que la pretensión de reliquidación que formula no
compromete su mínimo vital, su salud ni su dignidad humana. En consecuencia, no se
advierte perjuicio irremediable alguno que habilite el desplazamiento de los mecanismos
judiciales ordinarios, resultando procedente acudir ante la jurisdicción contencioso-
administrativa para ventilar dicha controversia.

29. Tampoco resulta suficiente el argumento según el cual el proceso ordinario podría
prolongarse durante varios años. Como acertadamente lo señaló el juez constitucional
de primera instancia, el ordenamiento jurídico prevé mecanismos destinados a
garantizar la protección oportuna de los derechos que se estimen comprometidos
durante el trámite del proceso ordinario. En particular, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los artículos 229 y siguientes,
autoriza la solicitud de medidas cautelares, incluso de urgencia, desde la presentación
de la demanda, instrumentos que permiten obtener una protección provisional cuando
las circunstancias del caso así lo justifiquen.

30. En consecuencia, la Sala concluye que el accionante cuenta con un medio judicial
idóneo y eficaz para controvertir los actos administrativos que negaron la reliquidación
de su asignación de retiro y para solicitar las medidas de protección que considere
necesarias mientras se adopta una decisión de fondo.

31. Así las cosas, la demanda de tutela no puede desplazar al juez natural de la
controversia ni convertirse en una vía alternativa para obtener anticipadamente el
reconocimiento económico pretendido.

32. Finalmente, la Sala estima necesario advertir al accionante y a su apoderado sobre
el deber de actuar con diligencia y rigor técnico en la elaboración de los memoriales
dirigidos a las autoridades judiciales. Lo anterior, por cuanto la demanda de tutela y el
escrito de impugnación contienen referencias atribuidas a la Corte Constitucional que
no corresponden a providencias identificables de esa Corporación, o que incluyen
apartes cuya procedencia no pudo ser verificada por esta Sala. Tal circunstancia no
tiene incidencia en la decisión adoptada en esta oportunidad; sin embargo, resulta
indispensable recordar que las citas jurisprudenciales empleadas en las actuaciones
judiciales deben corresponder fielmente a providencias existentes y verificables, en
garantía de la lealtad procesal y del adecuado desarrollo del debate jurídico.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00717-01
Accionante: Rafael Guillermo Pardo Téllez
Se declara improcedente la demanda

33. Según lo previsto en el numeral décimo del artículo 3323 de la Ley 1123 de 2007,
por la cual se establece el Código Disciplinario del abogado, constituye una falta contra
la recta y leal realización de la justicia “efectuar afirmaciones o negaciones maliciosas,
citas inexactas, inexistentes o descontextualizadas que puedan desviar el recto criterio
de los funcionarios (…) encargados de definir una cuestión judicial (…)”, razón por la
cual se dispondrá la remisión de copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
de Bogotá, a efectos de que evalúe la actuación del apoderado del accionante y adopte
las decisiones que estime procedentes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia de primera instancia proferida el 5 de marzo de
2026 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que declaró la
improcedencia de la demanda de tutela para confirmar la decisión y añadir el siguiente
ordinal:

Por Secretaría, REMÍTENSE copias de la actuación a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bogotá, para que en el marco de sus competencias analice la actuación del
abogado Juan Carlos Arciniegas Rojas.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

23
Artículo 33. Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:
[…].
10. Efectuar afirmaciones o negaciones maliciosas, citas inexactas, inexistentes o descontextualizadas que
puedan desviar el recto criterio de los funcionarios, empleados o auxiliares de la justicia encargados de
definir una cuestión judicial o administrativa. […].

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