Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00732-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00732-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00732-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
19 de marzo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00732-00
Demandante: Sebastián Jaramillo García
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00732-00
Demandante: Sebastián Jaramillo García
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Temas: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Condena
en costas. Falta de relevancia constitucional. Requisito general de
subsidiariedad.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta, por medio de apoderado, por Sebastián
Jaramillo García contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de conformidad
con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 3 de febrero de 2026, la parte actora interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por estimar vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de
justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«3.1.PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso,
acceso a la administración de justicia y acceso a un recurso judicial efectivo, así como
cualquier otro derecho fundamental que se considere vulnerado –extrapetita- por el
Tribunal Administrativo de Valle de Cauca, con ocasión al contenido de la decisión
proferida en el auto que resolvió el Recurso de apelación contra el auto que aprueba la
liquidación de costas y/o agencias en derecho notificado el cuatro (04) de agosto de dos
mil veinticinco (2025), dentro del medio de control de reparación directa con radicado N°
76111-33-33-002-2020-00018-02, promovido por el señor Álvaro Hernán Jaramillo García
y otros.
3.2. SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto el Auto
Interlocutorio No. 108 de fecha treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025),
notificado el cuatro (04) de agosto del mismo año, dentro del medio de control de
reparación directa con radicado N° 76111-33-33-002-2020-00018-02, promovido por el
señor Álvaro Hernán Jaramillo García y otros.
3.3. TERCERO: Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle, para que dentro de los treinta
(30) días siguientes a la ejecutoria del fallo de tutela, profiera una nueva decisión en la
cual se revoque el auto que liquida costas y en su lugar profiera una decisión ajustada a
derecho.»
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
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Demandante: Sebastián Jaramillo García
El señor Álvaro Hernán Jaramillo García se desempeña desde el año 2012 como
comisionista en la venta de bienes inmuebles. En febrero de 2016 fue contactado por
el señor César Marín, quien lo puso en comunicación con dos personas que se
identificaron como Juan David y Neysa Andrea Prada Millán, con el fin de contratar
sus servicios para la venta de un inmueble.
El 12 de mayo de 2016, el Notario Primero de Buga informó al CTI que en su despacho
se estaba tramitando una compraventa con documentos presuntamente falsos. Dichos
documentos habían sido presentados por dos personas, entre ellas el señor Álvaro
Hernán Jaramillo García, razón por la cual fue capturado y posteriormente acusado
por los delitos de fraude procesal en concurso con uso de documento público falso,
estafa y estafa en grado de tentativa.
El 14 de mayo de 2016, el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control
de Garantías de Buga le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad. El
señor Jaramillo permaneció privado de su libertad entre el 13 de mayo de 2016 y el
13 de octubre de 2017, hasta que el Juzgado Segundo Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento, lo absolvió al no encontrar prueba suficiente para
condenarlo.
En consecuencia, el señor Álvaro Hernán Jaramillo García y su núcleo familiar (entre
ellos el accionante Sebastían Jaramillo García) promovieron el medio de control de
reparación directa contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se declare
su responsabilidad administrativa por los perjuicios derivados a causa de la privación
injusta de la libertad sufrida por el demandante.
El 30 de marzo de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo de Guadalajara de
Buga profirió sentencia de primera instancia en la que negó las pretensiones de la
demanda, condenó en costas a la parte vencida y fijó como agencias en derecho el
4% del valor de todas las pretensiones denegadas en la sentencia.
El Juzgado sostuvo que la medida de aseguramiento consistente en la detención
domiciliaria fue legalmente solicitada y debidamente sustentada por la Fiscalía dentro
del proceso penal adelantado contra el señor Álvaro Hernán Jaramillo García, con
fundamento en los elementos materiales probatorios recaudados hasta ese momento
procesal.
Señaló que dichos elementos de prueba sirvieron de soporte para la formulación de
imputación y para la imposición de la medida de aseguramiento, en tanto permitían
establecer, con probabilidad de verdad, una inferencia razonable de autoría o
participación del investigado.
Finalmente, precisó que la posterior absolución del procesado y la terminación de la
acción penal no desvirtúan la legalidad de la decisión adoptada en su momento, pues
la causal que condujo al fallo absolutorio no era previsible ni podía inferirse al instante
de la captura ni al momento de decretar la medida de aseguramiento.
Los demandantes apelaron la decisión al considerar que no se valoraron
adecuadamente los elementos materiales probatorios allegados oportunamente al
proceso. En su criterio, dicha omisión condujo a una conclusión errada respecto de la
legalidad y justificación de la medida de aseguramiento impuesta.
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Demandante: Sebastián Jaramillo García
Sostuvieron que la privación de la libertad del señor Álvaro Hernán Jaramillo fue
injusta, a la luz de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad, pues
no existían fundamentos suficientes para inferir su participación en los delitos
acusados.
Consideraron que el caso debía resolverse bajo el régimen objetivo de
responsabilidad, mediante el título de imputación de daño especial, al estimar
configurado un daño antijurídico grave derivado de la privación de la libertad.
Respecto de la condena en costas, no se efectuó pronunciamiento alguno.
El 18 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó
la decisión de primera instancia y se abstuvo de pronunciarse sobre la condena en
costas, por no haber sido objeto de apelación.
El Tribunal abordó el estudio del caso a partir de los elementos del título de imputación,
comenzando por el daño, el cual encontró acreditado, en tanto se probó que el señor
Álvaro Hernán Jaramillo García estuvo privado de la libertad desde el 12 de mayo de
2016 hasta el 13 de octubre de 2017, con ocasión de la medida de aseguramiento
impuesta dentro del proceso penal adelantado en su contra.
No obstante, al analizar la falla del servicio y el nexo de causalidad, precisó que la
absolución o terminación del proceso penal no implica automáticamente que la
privación de la libertad haya sido injusta. Señaló que, en el caso concreto, la decisión
absolutoria se fundamentó en la aplicación del principio de in dubio pro reo, ante la
ausencia de prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, mas no en
la inexistencia del hecho o en la atipicidad de la conducta.
Concluyó que, al momento de solicitar e imponer la medida de aseguramiento, la
Fiscalía y el juez de control de garantías contaban con elementos materiales
probatorios suficientes, que permitían estructurar una inferencia razonable de autoría
y justificar la medida bajo criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.
Mediante auto del 20 de mayo de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo de
Guadalajara de Buga aprobó la liquidación de costas realizada por la Secretaría del
despacho en un total de $167.532.959.
El 23 de mayo de 2025, los demandantes presentaron recurso de reposición y en
subsidio de apelación contra el auto que aprobó la liquidación de las costas al
considerar que la condena en costas no debía imponerse, dado que no se acreditó
que la parte vencedora hubiera incurrido en gastos durante el proceso. Asimismo,
destacó que el demandante, quien estuvo privado de la libertad, atraviesa dificultades
económicas.
En consecuencia, solicitaron que se reponga el auto recurrido y se revoque la condena
en costas, negando su reconocimiento.
Mediante auto del 9 de junio de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo de
Guadalajara de Buga se abstuvo de reponer el auto que aprobó la liquidación de las
costas.
El Juzgado señaló que la condena en costas y la fijación de agencias en derecho se
rigen por el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, el cual establece que en procesos
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Demandante: Sebastián Jaramillo García
declarativos de primera instancia con pretensiones de contenido pecuniario las
agencias deben fijarse entre el 4% y el 10% de lo pedido. En este caso, el 4% fue
fijado expresamente en la sentencia de primera instancia sobre todas las pretensiones
denegadas.
Precisó que el auto recurrido únicamente aprobó la liquidación conforme a lo ya
decidido en la sentencia, la cual se encontraba ejecutoriada, por lo que no era viable
modificarla mediante recurso contra el auto aprobatorio. Además, concluyó que el
monto no era desproporcionado y que la condena en costas responde a un criterio
objetivo previsto por la ley y avalado por la jurisprudencia constitucional.
Por su parte, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante auto del 31
de julio de 2025, confirmó el auto del 20 de mayo de 2025 por el cual se aprobó la
liquidación de la condena en costas.
Precisó que el porcentaje del 4% por concepto de agencias en derecho fue fijado
expresamente en la sentencia de primera instancia y no fue cuestionado
oportunamente mediante recurso contra esa decisión, por lo que quedó en firme. En
consecuencia, no era procedente controvertir ese aspecto a través de la apelación
contra el auto que aprobó la liquidación de costas.
Con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, indicó que el recurso
contra el auto aprobatorio solo puede discutir la operación matemática de la
liquidación y no la imposición misma de la condena. Como los argumentos del
apelante pretendían reabrir un debate ya definido en una sentencia ejecutoriada, la
apelación resultaba improcedente.
3. Argumentos de la acción de tutela
La parte accionante consideró que las decisiones que aprobaron y confirmaron la
liquidación de costas incurrieron en defecto material o sustantivo, pues el Tribunal
interpretó de forma restrictiva el artículo 188 del CPACA y el artículo 366 del CGP, al
afirmar que la discusión sobre la condena no podía debatirse en esa etapa, pese a
que la ley permite controvertir la liquidación mediante reposición y apelación.
Igualmente, alegó un defecto por decisión sin motivación, ya que tanto el Juzgado
como el Tribunal omitieron pronunciarse de fondo sobre los argumentos planteados
en el recurso. Señaló que no se analizó la inexistencia de pruebas sobre gastos
procesales ni se explicó qué expensas concretas fueron acreditadas en el expediente.
En su criterio, se limitaron a reiterar consideraciones normativas generales, sin realizar
un examen fáctico del caso.
También invocó un desconocimiento del precedente, pues afirmó que existen
decisiones del Consejo de Estado y del mismo Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca en las que se ha sostenido que la condena en costas requiere que estas
aparezcan causadas y comprobadas, e incluso se ha moderado su cuantía por
razones de proporcionalidad y justicia material.
Señaló que se configuró una violación directa de la Constitución, al afectar sus
derechos a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y
al recurso judicial efectivo.
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Demandante: Sebastián Jaramillo García
Finalmente, indicó que la condena en costas impuesta al señor Álvaro Hernán
Jaramillo García luego de haber estado privado de la libertad y haber sido absuelto
resulta desproporcionada y constituye un obstáculo para el acceso a la justicia,
agravando su ya precaria situación económica
4. Trámite previo
El 9 de febrero de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela, ordenó
notificar al demandante y a la autoridad judicial demandada. Además, a la Nación –
Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; a la Fiscalía General
de la Nación; al Juzgado Segundo Administrativo de Guadalajara de Buga y a los
señores Álvaro Hernán Jaramillo García; María Elena García Vera; Diego Hernán
Jaramillo Cárdenas; Maritza Gutiérrez Ocampo y Diego Felipe Jaramillo García.
5. Oposiciones
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca guardó silencio.
6. Terceros con interés
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ señaló que la acción de
tutela pretende dejar sin efectos una providencia judicial proferida en ejercicio de la
función jurisdiccional, la cual se encuentra amparada por los principios de autonomía
e independencia judicial. Precisó que no es la autoridad competente para responder
por la presunta vulneración de derechos fundamentales, ya que no tiene facultad para
modificar decisiones judiciales ni participó en el proceso de origen.
Adicionalmente, señaló que la tutela pretende reabrir un debate ya definido y
amparado por la cosa juzgada, utilizando este mecanismo como una instancia
adicional. Por ello, solicitó su desvinculación del trámite y que se nieguen las
pretensiones, al no evidenciarse vulneración alguna de los derechos fundamentales.
La Fiscalía General de la Nación sostuvo que carece de legitimación en la causa por
pasiva, ya que la providencia cuestionada fue proferida por una autoridad judicial en
ejercicio de su función jurisdiccional y no por ese ente investigador. En consecuencia,
no existe acción u omisión atribuible a la Fiscalía que tenga relación causal con la
presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados por el accionante.
Asimismo, señaló que la tutela contra providencias judiciales exige el cumplimiento de
estrictos requisitos de procedencia, los cuales deben analizarse respecto de la
autoridad que profirió la decisión cuestionada. Por ello, afirmó que no es la entidad
llamada a responder en este trámite, ni tiene competencia para adoptar las medidas
pretendidas, solicitando en consecuencia su desvinculación del proceso.
El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buga solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, al considerar que el actor pretende reabrir el debate
sobre la condena en costas fijada en la sentencia del proceso de reparación directa,
aspecto que debió controvertirse mediante el recurso de apelación contra esa
providencia y no en la etapa de aprobación de la liquidación.
Sostuvo que no se cumple el requisito de subsidiariedad, pues el accionante omitió
utilizar el medio ordinario de defensa, y que el asunto carece de relevancia
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Demandante: Sebastián Jaramillo García
constitucional al tratarse de una discusión propia del proceso ordinario ya resuelta por
el Juzgado y el Tribunal.
Finalmente, indicó que este tipo de tutelas se ha vuelto reiterativo en procesos
adelantados por la misma firma de abogados, generando congestión judicial, y solicitó
aplicar el precedente del Consejo de Estado para declarar la improcedencia.
La Nación – Rama Judicial y los señores Álvaro Hernán Jaramillo García; María
Elena García Vera; Diego Hernán Jaramillo Cárdenas; Maritza Gutiérrez Ocampo
y Diego Felipe Jaramillo García guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Cuestión preliminar. Legitimación en la causa por pasiva
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1° del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).
La Corte Constitucional ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en
sede de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige
la acción de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza
del derecho fundamental, cuando esta resulte demostrada.
En la contestación de la acción de tutela de la referencia, la Fiscalía General de la
Nación y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ solicitaron su
desvinculación porque el demandante cuestionaba la providencia que confirmó el auto
por el cual se aprobó la liquidación de la condena en costas impuesta en el fallo de
primera instancia, y ello concernía a autoridades judiciales, condición que no tenían.
Para la Sala la anterior aseveración no es de recibo, dado que a la Fiscalía General
de la Nación y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ (i) les asiste
interés en este trámite constitucional por haber sido demandadas en el proceso y
poderse beneficiar de la mencionada condena, puesto que las costas comprenden la
devolución de los gastos en que pudieron incurrir durante ese proceso contencioso-
administrativo, lo que le resultaría favorable, y (ii) fueron vinculadas a este asunto
constitucional como terceros con interés y no como demandados, motivos por los
cuales se denegará su solicitud de desvinculación.
Problema jurídico
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Demandante: Sebastián Jaramillo García
Corresponde a esta Sala determinar si resulta procedente la acción de tutela
interpuesta por la parte accionante, con el fin de dejar sin efectos el auto del 31 de
julio de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que confirmó
el auto que aprobó la liquidación de las costas.
En síntesis, la parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, al confirmar y aprobar una condena en costas que considera
desproporcionada, pese a la situación económica del demandante y a la naturaleza
del proceso de reparación directa promovido por la privación injusta de la libertad.
La Sala anticipa que declarará improcedente la presente acción de tutela por falta de
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, al constatar que el amparo no
cumple con el requisito de subsidiariedad y los argumentos planteados por el
accionante constituyen un debate meramente legal y económico.
Para resolver este asunto, la Sala se referirá a los siguientes aspectos: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) sobre la
relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, y; (iii) el análisis del caso concreto.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.
Del requisito general de subsidiariedad
La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución
y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos
para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados.
De manera que la acción de tutela solo puede utilizarse cuando se han agotado los
mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la
protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte
Constitucional manifestó4:
«La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o
amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene
previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la
protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por
cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del
interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la
concurrencia entre este y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción
dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni
menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede
afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la
Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin de llenar los vacíos que
pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus
derechos esenciales (…)».
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en estos se
cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.
Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, y (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20145, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:
4
Sentencia C-543 de 1992. Magistrado ponente: José Gregorio Hernández Galindo.
5
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012
02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Demandante: Sebastián Jaramillo García
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 6.
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(se destaca)
Caso concreto
En la presente acción de tutela el accionante cuestiona el auto de 31 de julio de 2025,
proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, providencia que confirmó
el auto del 20 de mayo de 2025 dictado por el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Guadalajara de Buga, mediante el cual se aprobó la liquidación de costas
procesales por la suma de $ 167.532.959 dentro del medio de control de reparación
directa (radicado 2020-00018-00).
La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito de subsidiariedad, en
la medida en que el demandante no hizo uso del medio de defensa judicial idóneo
para controvertir la condena en costas impuestas en la sentencia de primera instancia,
proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga
de 30 de marzo de 2022, en la cual se resolvió:
«SEGUNDO.- Condenar en costas de esta instancia a la parte vencida en el proceso, en
el evento de haberse causado y en la medida de su comprobación, las cuales serán
liquidadas por la Secretaría de este Despacho siguiendo lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA en concordancia con el artículo 366 del Código General del Proceso.
TERCERO.- Fijar como agencias en derecho el 4% del valor de todas las pretensiones
denegadas en la sentencia, de conformidad con lo establecido en el numeral 4º del artículo
366 del C.G.P. en concordancia con el Acuerdo 10554 del 2016.»
6
Ibidem.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00732-00
Demandante: Sebastián Jaramillo García
En efecto, si la parte actora consideraba improcedente dicha decisión, podía discutirla
mediante el recurso de apelación contra la referida sentencia, toda vez que fue en esa
providencia donde se dispuso y definió tal aspecto. Sin embargo, se constata que, en
el recurso de apelación propuesto contra el fallo de primer grado, el accionante guardó
silencio frente a este punto.
Por lo tanto, el accionante pretende acudir a la acción de tutela como un mecanismo
sustitutivo de los medios ordinarios de defensa que dejó de ejercer.
Además, la Sala encuentra que se emplea el presente mecanismo para plantear un
debate meramente legal y de naturaleza económica, pues la solicitud de amparo
cuestiona la decisión de 31 de julio de 2025, proferida por la autoridad judicial
demandada, al confirmar el auto del 20 de mayo de 2025 que aprobó la liquidación de
costas realizada por la Secretaría del despacho en el medio de control de reparación
directa con radicado 2020-0018-00/01.
Así las cosas, la Sala advierte que la finalidad de la acción de tutela en el presente
caso es obtener una orden judicial que exonere al actor del pago de la condena en
costas impuesta, lo cual corresponde a una materia eminentemente legal y
económica, ajena al núcleo esencial de derechos fundamentales.
Cabe resaltar que en asuntos con similares supuestos fácticos y jurídicos, la Sala
mayoritaria ya ha realizado estas precisiones7 y ha indicado que las costas procesales
corresponden a las erogaciones económicas que debe efectuar la parte que resulte
vencida en un proceso judicial y que se corresponden con las expensas erogadas por
la contraparte (pagos por honorarios de peritos, traslado de testigos, publicaciones,
emplazamientos, etcétera) y con las agencias en derecho (honorarios de abogados).
Esta aclaración es necesaria para efecto de dar claridad sobre el contenido y alcance
del concepto de costas procesales el cual es eminentemente económico.
Lo anterior es suficiente para concluir que la solicitud de amparo es improcedente al
no superar el requisito de subsidiariedad, toda vez que el actor contaba con el recurso
de apelación contra la sentencia para controvertir la imposición de las costas y no hizo
uso de este. Adicional a este incumplimiento insubsanable, se reitera que el actor
acude a la tutela para discutir una condena en costas, lo cual constituye un debate
estrictamente patrimonial que desborda la competencia del juez constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la parte accionante.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
7
Ver entre otras las sentencias proferidas en las acciones de tutela con radicado: 11001-03-15-000-2019-04794-01 sentencia
del 22 de abril de 2020 C.P Julio Roberto Piza, radicado: 1001-03-15-000-2020-03116-01 sentencia del 22 de octubre de 2020
C.P Julio Roberto Piza, radicado: 11001-03-15-000-2020-03033-01 sentencia del 3 de diciembre de 2020 C.P Julio Roberto Piza,
radicado: 11001-03-15-000-2021-06539-00 sentencia del 28 de octubre de 2021 C.P Julio Roberto Piza.
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Demandante: Sebastián Jaramillo García
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salva el voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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