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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00739-00

Fecha
18 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00739-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Negar la solicitud de pérdida de investidura presentada por la ciudadana Nidia Esperanza Márquez Monroy en contra de la representante a la Cámara Adriana Carolina Arbeláez Giraldo, elegida para el periodo constitucional 2022- 2026, de conformidad con las razones aquí expuestas. Segundo.- Comunicar lo dispuesto en esta sentencia a la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio del Interior, para lo de su cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 1881 de 2018. Tercero.- Contra la presente decisión procede el recurso de apelación, con fundamento en el artículo 14 de la Ley 1881 de 2018, el cual deberá interponerse y sustentarse ante la Sala Once Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00739-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

18 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ONCE ESPECIAL DE DECISIÓN DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Pérdida de investidura
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00739-00
Solicitante: Nidia Esperanza Márquez Monroy
Convocada: Adriana Carolina Arbeláez Giraldo

Sentencia de primera instancia

La Sala Once Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado
procede a resolver la solicitud de pérdida de investidura presentada por la
ciudadana Nidia Esperanza Márquez Monroy contra la representante a la Cámara
por la circunscripción territorial de Bogotá D.C., Adriana Carolina Arbeláez Giraldo,
elegida para el periodo constitucional 2022-2026.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de pérdida de investidura1

La señora Nidia Esperanza Márquez Monroy afirmó que la representante a la
Cámara por la circunscripción territorial de Bogotá D.C., Adriana Carolina Arbeláez
Giraldo, incurrió en la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 1° del
artículo 183 de la Constitución Política2, por violación del régimen de inhabilidades,
en tanto de conformidad con lo previsto en el artículo 179 numeral 83 Superior, existe
una coincidencia parcial de tiempo entre la elección como concejala de Bogotá y la
de representante a la Cámara por la circunscripción territorial de Bogotá D.C.

Señaló que la señora Adriana Carolina Arbeláez Giraldo fue elegida representante
a la Cámara por la circunscripción especial de Bogotá D.C. para el período
constitucional 2022-20264, en representación del partido Cambio Radical, en las
elecciones desarrolladas el 13 de marzo de 2022.

Sostuvo que la convocada antes de ser elegida congresista participó en las
elecciones de autoridades territoriales realizadas el 27 de octubre de 2019, comicios
en los que resultó electa concejala de Bogotá, para el periodo constitucional 2020-
20235, en la lista abierta del partido Cambio Radical.

Aseveró que para poder postularse y ser elegida como representante a la Cámara,
la señora Adriana Carolina “tuvo que renunciar a su curul en el Concejo de Bogotá”,
1 Índice SAMAI 0002.
2 Artículo 183. Los congresistas perderán su investidura: 1. Por violación del régimen de inhabilidades e
incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses.
3 Artículo 179. No podrán ser congresistas. (…) 8. “Nadie podrá ser elegido para más de una Corporación o

cargo público, ni para una Corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así fuere
parcialmente”.
4 Indicó que obtuvo 35668 votos.
5 Afirmó que obtuvo 29596 votos.

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Solicitante: Nidia Esperanza Márquez Monroy

cuando aún le faltaba la mitad del periodo constitucional para el cual había sido
elegida como concejala.

Por lo anterior, refirió que se configuran los elementos de la causal de inhabilidad
prevista en el numeral 8 del artículo 179 de la Constitución Política, en tanto existe
coincidencia parcial de tiempo entre la elección de la convocada cuando ejercía el
cargo de concejala de Bogotá con el de representante a la Cámara por la
circunscripción territorial de Bogotá D.C. Agregó que en la precitada disposición el
verbo rector es “elegir”, por lo que, a su juicio, en el momento en el que fue elegida
como concejala de Bogotá “adquirió una inhabilidad para ser elegida a otro cargo
público y/o corporación, de elección popular, por un periodo de cuatro (4) años,
mismos que corresponden al periodo constitucional para el cual había sido elegida
como concejal”, por lo que la existencia o no de la inhabilidad no está ligada a una
eventual renuncia al cargo al que haya sido elegida, en un primer momento.

Para sustentar su argumento indicó que el numeral 8 del artículo 179 de la
Constitución Política establece tres escenarios de una inhabilidad concreta, a saber:

“a) (…) para más de una Corporación: es decir, durante una elección de Congreso,
Asambleas departamentales o Concejos municipales, nadie podrá ser elegido, al
mismo tiempo, senador y representante a la Cámara o diputado y concejal.

b) (…) O cargo público: es decir, durante una elección de presidente, alcaldes o
gobernadores, nadie podrá ser elegido, al mismo tiempo, presidente y
vicepresidente, gobernador y alcalde”.

c) (…) Ni para una corporación y un cargo: es decir, durante las elecciones de
autoridades territoriales, nadie podrá ser elegido, al mismo tiempo, concejal y
alcalde o gobernador y diputado”.

Luego hizo una línea de tiempo del periodo constitucional de cuatro años como
concejala de Bogotá entre el 2020 y 2023 y el de representante a la Cámara por
Bogotá D.C., entre el 2022 y 2026, para concluir, en su criterio, que existe
coincidencia parcial “de uno y medio (1.5) años de los periodos (…), tiempo
suficiente para quedar incursa en la inhabilidad del numeral 8 del artículo 179 de la
CPN (en el escenario del ordinal (sic) a), esto es: ‘nadie podrá ser elegido para más
de una Corporación (…), si los respectivos periodos coinciden en el tiempo, así sea
parcialmente”.

2. Admisión

Por auto de 4 de febrero de 20266, el magistrado ponente admitió la solicitud de
pérdida de investidura por cumplir los requisitos previstos en la Ley 1881 de 2018 y
ordenó su notificación personal a la representante a la Cámara convocada y al
agente del Ministerio Público.

3. Oposición

3.1. Escrito de la representante a la Cámara7

Mediante escrito de 16 de febrero de 2026, la representante a la Cámara Adriana
Carolina Arbeláez Giraldo, por conducto de apoderado judicial, pidió que se nieguen

6 Índice SAMAI 0006.
7 Índice SAMAI 0015.

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las pretensiones de la solicitud de pérdida de investidura porque no se encuentra
acreditada la configuración de la causal invocada por la solicitante.

Sostuvo que en la demanda se afirma que la congresista incurrió en violación del
régimen de inhabilidades (art. 183.1 de la Constitución), por encontrarse incursa en
la causal prevista en el numeral 8 del artículo 179 Superior, al existir coincidencia
parcial entre los períodos como concejala de Bogotá y representante a la Cámara.

Al respecto, indicó que la solicitante desconoce lo dispuesto en el numeral 8 del
artículo 280 de la Ley Orgánica 5ª de 19928 y la jurisprudencia constante y pacífica
de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en la que se ha precisado que
la inhabilidad no se configura si, de manera previa a la elección, se ha presentado
renuncia al cargo que venía ejerciendo.

Destacó que aun cuando dicha disposición guarda silencio respecto a qué
situaciones eliminan la inhabilidad contenida en el numeral 8 del artículo 179 de la
Constitución Política, el legislador estableció que no se configura “si previamente a
las elecciones, el ciudadano presenta renuncia al cargo que desempeñaba,
disposición legal que fue declara exequible por la Corte Constitucional”.

Anotó que en la sentencia C-093 de 1994 se precisó que el término “periodo”
previsto en el numeral 8 del artículo 280 de la Ley 5 de 1992, debe entenderse en
relación con una persona determinada que actúe simultáneamente en dos
corporaciones, en dos cargos, o en una corporación y un cargo, por lo que “la
dimisión, la no posesión o la separación del cargo por cualquier causa impiden la
configuración de la inhabilidad prevista en el numeral 8 del artículo 179 de la
Constitución”. Agregó que esa decisión hace tránsito a cosa juzgada absoluta,
produce efectos erga omnes, tiene efectos generales y vincula a todos los poderes
públicos.

Expresó que el Consejo de Estado ha tenido una posición pacífica y reiterada sobre
el alcance de la causal de inhabilidad invocada, al indicar que no se configura si el
concejal elegido como congresista renunció formalmente a su curul y le fue
aceptada antes de inscribir su candidatura al Congreso.

Refirió que la Sección Quinta de esta Corporación ha precisado los presupuestos
que deben ser concurrentes para la configuración de la causal de pérdida de
investidura asociada a la coincidencia de periodos, en los siguientes términos: i)
Que el congresista, con anterioridad a su elección o simultáneamente con ésta,
haya sido elegido o nombrado para otra corporación o para un cargo público, ii) Que
su período de congresista coincida en el tiempo, así sea parcialmente, con el de la
otra corporación o cargo público, y iii) Que no haya renunciado antes de su elección
como congresista a la investidura o cargo que por efectos de la anterior elección o
designación venía ostentando o desempeñando, por lo que, en consecuencia, debe
tener simultáneamente ambas investiduras o dignidades”9.

8 Señaló que, en consideración al carácter de ley orgánica, “debe preferirse una interpretación sistemática y

armónica entre la Constitución y esta ley, y no una lectura meramente literal o exegética del artículo 179
Superior. Este argumento adquiera mayor solidez si se considera que las leyes orgánicas integran el bloque de
constitucionalidad en sentido lato y, por ende, operan como parámetro de interpretación constitucional. En esa
medida, la inhabilidad prevista en el texto constitucional debe entenderse en concordancia con la salvedad
prevista por el legislador orgánico en la Ley 5 de 1992”.
9 Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 4009 de 7 de marzo de 2023, rad.

11001-03-15-000-2022-04009-01.

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Solicitante: Nidia Esperanza Márquez Monroy

Asimismo, adujo que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que no
se configura esa causal de pérdida de investidura cuando existe renuncia previa,
presentada y aceptada antes de la inscripción de la candidatura, de allí, sostuvo,
que no sea de recibo desconocer la salvedad prevista en el numeral 8 del artículo
280 de la Ley 5ª de 1992 que fue objeto de control de constitucionalidad en la
sentencia C-093 de 1994, bajo el pretexto de la taxatividad de las inhabilidades.

Manifestó que la inhabilidad alegada se estructura a partir de la coincidencia de
períodos y su finalidad es impedir la acumulación subjetiva de dignidades y el uso
de factores de poder con fines electorales, lo que se satisface cuando media
renuncia debidamente aceptada porque con ella desaparece la simultaneidad en el
ejercicio de las funciones y, por ende, se neutraliza la conducta reprochable.

Anotó que, con fundamento en la Constitución, la ley y la jurisprudencia reiterada
del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, la inhabilidad por coincidencia
de períodos no se configura si quien ha sido elegido como representante a la
Cámara renunció formalmente a su curul en el respectivo Concejo y dicha renuncia
fue aceptada antes de la inscripción de la candidatura al Congreso.

En relación con el caso concreto, refirió que (i) la señora Adriana Carolina Arbeláez
Giraldo fue elegida concejala de Bogotá con anterioridad a su elección como
congresista para el periodo constitucional 2020-2023; (ii) los períodos del cargo de
concejala y representante a la Cámara, por disposición constitucional, coinciden
parcialmente en el tiempo; (iii) la señora Adriana Carolina Arbeláez Giraldo presentó
el 9 de diciembre de 2021 renuncia al cargo de concejala bajo radicado nro.
2021IE15553, acto que “ha sido concebido por la ley y la jurisprudencia como la
expresión de la voluntad de quien la suscribe, de cesar en el ejercicio del empleo
que se viene desempeñando”; (iv) la dimisión fue aceptada por la plenaria del
Concejo de Bogotá el 11 de diciembre de 2021 y (v) la inscripción como candidata
a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial de Bogotá para el
período constitucional 2022-2026, fue el 12 de diciembre de 2021.

Con sustento en lo anterior, indicó que la aceptación de la renuncia presentada por
Adriana Carolina Arbeláez Giraldo constituye un acto administrativo que goza de
presunción de legalidad y está llamado a producir plenos efectos jurídicos mientras
no sea anulado, razón por la cual concluyó que se encuentra amparada por la
excepción prevista en el numeral 8° del artículo 280 de la Ley Orgánica 5ª de 1992,
es decir, no se configuró la inhabilidad de coincidencia de periodos invocada por la
solicitante.

3.2. El agente del Ministerio Público aun cuando fue debidamente notificado del auto
admisorio de la solicitud de pérdida de investidura, guardó silencio.

4. Etapa probatoria

Por auto de 20 de febrero de 202610, el despacho del magistrado sustanciador
incorporó al expediente como pruebas por ser conducentes, pertinentes y útiles, con
el valor legal que les corresponde, las pruebas documentales aportadas por la
solicitante y la convocada, así:

10 Índice SAMAI 0019.

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Solicitante: Nidia Esperanza Márquez Monroy

• Copia de las páginas correspondientes de las actas de escrutinios y
certificación de elección del Consejo Nacional Electoral, correspondiente a los
resultados electorales para la circunscripción territorial de Bogotá del 13 de
marzo de 2022, en las que consta que la señora Adriana Carolina Arbeláez
Giraldo fue elegida representante a la Cámara por Bogotá.
Solicitante
• Copia de las páginas correspondientes de las Actas de Escrutinio y
Certificación de Elección de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el
Consejo Nacional Electoral, correspondiente a los resultados electorales para
la elección de autoridades territoriales celebradas el 27 de octubre de 2019, en
donde consta que la señora Adriana Carolina Arbeláez Giraldo fue elegida
concejala de Bogotá.
• Escrito que contiene la renuncia presentada como concejala de Bogotá de la
señora Adriana Carolina Arbeláez Giraldo a partir del 11 de diciembre de 2021,
cuyo radicado es el 2021IE15553 de 9 de diciembre de 2021, “para que la
misma sea tramitada y aprobada por los concejales en sesión correspondiente”.

• Formato de votación de la sesión plenaria de 9 de diciembre de 2021 del
Concejo de Bogotá, en el que se acepta la “renuncia de la concejal Adriana
Carolina Arbeláez Giraldo, con CORDIS 2021 IE 15553 del 9/12/2021”.

• Resolución nro. 003 del 13 de diciembre 2021 expedida por el Concejo de
Bogotá, “Por la cual se hace un llamado a ocupar una curul en el Concejo de
Bogotá, D.C.”, mediante la cual dispuso declarar la vacancia absoluta de la curul
del partido Cambio Radical ocupada por la señora Adriana Carolina Arbeláez
Giraldo, a quien la plenaria de esa corporación pública le aceptó la renuncia a
partir del 11 de diciembre de 2021.

• Certificación de 10 de febrero de 2026, expedida por la “secretaria general de
Organismo de Control del Concejo de Bogotá”, en la que consta que (i) la
Convocada concejala Adriana Carolina Arbeláez Giraldo, perteneciente al partido Cambio
Radical, (i) fue elegida para el periodo constitucional 2020 a 2023; (ii) presentó
renuncia a partir del 11 de diciembre de 2021 y (ii) en sesión plenaria del
Concejo de Bogotá realizada el 9 de diciembre de 2021, “sometió a
consideración de la Plenaria la renuncia presentada (…) la cual fue aceptada
con 35 votos”.

• Aval definitivo para el Congreso de la República del partido Cambio Radical
con data 12 de diciembre de 2021, cuyo asunto es “AVAL para los candidatos a
la Cámara de Representantes de la ciudad de Bogotá por el Partido Cambio
Radical para las elecciones de Congreso de la República a celebrarse el trece
(13) de marzo de 2022 para el periodo constitucional 2022-2026”-, en el que se
enlista con el número 101 a la señora Adriana Carolina Arbeláez Giraldo.

• Formulario E-6 CT, “Solicitud para la inscripción de candidatos y constancia
de aceptación de candidaturas, Cámara de Representantes, circunscripción
territorial”, por el partido Cambio Radical, en el que se menciona a la candidata
Adriana Carolina Arbeláez Giraldo en el renglón 101.

5. Audiencia pública

El 11 de marzo de 2026 se llevó a cabo la audiencia pública prevista en el artículo
12 de la Ley 1881 de 2018, diligencia que se realizó de manera virtual, con la
presencia de los magistrados que integran la Sala Once Especial de Decisión de
Pérdida de Investidura, salvo el consejero Fernando Alexei Pardo Flórez a quien se
le aceptó la manifestación de impedimento en la misma diligencia, el agente del
Ministerio Público, la solicitante, la congresista convocada y su apoderado. La
síntesis de las intervenciones es la siguiente:

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Solicitante: Nidia Esperanza Márquez Monroy

5.1. Solicitante11

La señora Nidia Esperanza Márquez Monroy reiteró los argumentos en los que
sustentó la solicitud de desinvestidura, en concreto, que la representante a la
Cámara está incursa en la causal de inhabilidad contenida en el numeral 8 del
artículo 179 de la Constitución Política, en tanto “el último año y medio (1.5) del
periodo de cuatro (04) años del cargo de concejal de Bogotá, coincidió con los dos
(02) primeros años de su periodo como representante a la Cámara por Bogotá, se
evidencia que existió una coincidencia de tiempo (parcial) entre el periodo de
concejal de Bogotá y el periodo de representante a la Cámara por Bogotá, cargos
para los cuales la doctora Arbeláez Giraldo fue elegida por voto popular”.

Enfatizó en que el único respaldo normativo de su alegato son los artículos 179, 183
y 184 de la Constitución Política, a lo que agregó que su propósito es que la pérdida
de investidura como medio de control avance “hacia la nueva categoría de medio
de control social”.

Para terminar, indicó que una vez se adopte la decisión en el marco de la solicitud
de pérdida de investidura establecerá su “hoja de ruta”, en caso de que el fallo sea
favorable o desfavorable.

5.2. Agente del Ministerio Público12

Mediante concepto no. 029 / 2026, el procurador cuarto delegado ante el Consejo
de Estado solicitó negar las pretensiones de la solicitud de desinvestidura, al
considerar que no concurren los elementos constitutivos de la causal de violación
del régimen de inhabilidades consagrada en el numeral 1 del artículo 183 de la
Constitución Política, en concordancia con el numeral 8 del artículo 179 Superior.

Sostuvo que el problema jurídico que emerge de la controversia propuesta por la
solicitante es determinar si la representante a la Cámara Adriana Carolina Arbeláez
Giraldo incurrió en la prohibición de coincidencia parcial de periodos establecida en
el numeral 8 del artículo 179 de la Constitución Política, o si se encuentra amparada
por la excepción legal del numeral 8 del artículo 280 de la Ley 5ª de 1992, al haber
presentado la renuncia y obtenido su aceptación como concejala de Bogotá, con
anterioridad a la fecha de su inscripción como candidata al Congreso de la
República.

Hizo referencia a la naturaleza de la acción pública de pérdida de investidura y al
alcance de la causal de inhabilidad invocada en la solicitud bajo estudio, la cual,
afirma, debe ser armonizada con el numeral 8 del artículo 280 de la Ley Orgánica
5ª de 1992, en el que se introduce un elemento exceptivo fundamental al indicar que
esa prohibición no opera en los casos en que “se haya presentado la renuncia al
cargo o dignidad antes de la elección correspondiente”. Asimismo, se refirió a la
sentencia C-093 de 1994, en la que la Corte Constitucional precisó que el vocablo
“periodo”, no debe entenderse como una entidad jurídica abstracta o institucional
autónoma, sino que está íntimamente ligado al ejercicio real de las funciones por
parte del individuo.

11 índice SAMAI 0034.
12 Índice SAMAI 0033.

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Solicitante: Nidia Esperanza Márquez Monroy

Destacó que la solicitud de pérdida de investidura interpuesta se analiza bajo una
óptica de responsabilidad objetiva, sin embargo, conforme lo ha precisado la
jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado, ese medio de control ha
avanzado hacia un modelo de responsabilidad subjetiva. De allí que, para que la
sanción sea procedente, no es suficiente la adecuación formal de la conducta a la
causal tipificada, sino que es imperativo acreditar el componente de culpabilidad en
el actuar del congresista.

Sostuvo que en el caso concreto se acredita que la señora Adriana Carolina
Arbeláez Giraldo fue elegida como concejala de Bogotá para el periodo
constitucional 2020-2023 y como representante a la Cámara por Bogotá para el
periodo constitucional 2022-2026. Agregó que aun cuando existe una superposición
cronológica que comprende el lapso entre el 20 de julio de 2022 y el 31 de diciembre
de 2023, es decir, los periodos coinciden parcialmente por un término aproximado
de 17 meses, lo cierto es que esa circunstancia debe analizarse a partir de la
jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en la que se
determinó que el vocablo “’periodo’ debe analizarse en sede de su ejercicio subjetivo
y funcional (…)”.

Sin embargo, señaló que de conformidad con las pruebas documentales allegadas
al proceso de pérdida de investidura, es posible concluir que para el momento de la
inscripción de la candidatura a la Cámara de Representantes de la demandada
Adriana Carolina Arbeláez Giraldo el 12 de diciembre de 2021, ya no era concejala
de Bogotá por cuanto había presentado la renuncia a ese cargo, la cual fue aceptada
por la plenaria de esa corporación pública distrital, lo que encuentra respaldo
normativo en la excepción del numeral 8 del artículo 280 de la Ley Orgánica 5ª de
1992.

Así las cosas, consideró que, al no estar probada la causal invocada en su
dimensión objetiva, es innecesario efectuar el estudio del elemento subjetivo -dolo
o culpa grave-, “pues no existe conducta ilícita que calificar”, análisis que, agregó,
omitió realizar la solicitante sobre quien recaía la carga de la prueba por lo que la
“demanda carece de la robustez necesaria para socavar el principio pro electoratem
(…)”.

5.3. Representante a la Cámara convocada13

Por conducto de su apoderado judicial, la señora Adriana Carolina Arbeláez Giraldo
indicó que no se configura el elemento objetivo de la causal de desinvestidura
alegada por la solicitante, al considerar que “en el proceso no se probó que mi
poderdante estuviera incursa en la inhabilidad denominada ‘coincidencia de
periodos’, toda vez que (…) renunció formalmente a su curul el 9 de diciembre de
2021 y le fue aceptada el 11 de diciembre de 2021 (…)”. Agregó que la inscripción
como candidata al Congreso de la República fue el 12 de diciembre de 2021, lo que
permite demostrar que no subsistió la simultaneidad de investiduras o dignidades
que exige la norma para que se configure la causal de inhabilidad, lo que está
amparado por la excepción del numeral 8 del artículo 280 de la Ley 5ª de 1992.

Reiteró lo dicho en el escrito de contestación de la solicitud de pérdida de
investidura, y enfatizó en el sentido de que la solicitante propuso la controversia a
partir de una lectura aislada y meramente cronológica de la coincidencia abstracta

13 Índice SAMAI 0035.

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entre periodos constitucionales, sin hacer el análisis a partir de los elementos
estructurantes de la causal invocada, es decir, edificó la acusación sobre una
premisa incompleta.

Luego de hacer el juicio de contraste del asunto bajo examen con los elementos
estructurantes de la causal de desinvestidura, indicó que se cumplen los dos
primeros (elección previa para otra corporación pública y coincidencia parcial entre
periodos), sin embargo, encontró desatendido el tercero (inexistencia de renuncia
previa y eficaz), porque de conformidad con lo acreditado en el proceso la
convocada presentó renuncia al cargo de concejala de Bogotá, la cual fue aceptada
por la plenaria de esa corporación pública, y la inscripción como candidata a la
Cámara de Representantes tuvo lugar con posterioridad.

Con sustento en lo anterior, expresó que aun si se aceptara que los periodos de
ambas corporaciones coinciden en abstracto, lo cierto es que la convocada no los
ejerció de manera simultánea ni conservó dos dignidades concurrentes al momento
de inscribir su candidatura, lo que está en consonancia con la excepción del numeral
8 del artículo 280 de la Ley Orgánica 5ª de 1992, y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y el Consejo de estado que “convergen en una misma regla: la
renuncia formal y oportuna enerva la inhabilidad, porque elimina la simultaneidad
en el ejercicio de dignidades públicas y, por ende, neutraliza el fundamento mismo
del reproche”.

Por lo expuesto, solicitó que se desestimen las pretensiones de la solicitud de
pérdida de investidura porque la convocada no incurrió en la causal de pérdida de
investidura invocada por violación al régimen de inhabilidades.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

La Sala Once Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado
es competente para conocer, en primera instancia, la solicitud de pérdida de
investidura presentada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 184 y 237-
5 de la Constitución Política, 2 de la Ley 1881 de 2018, el numeral 6 del artículo 111
y 107 de la Ley 1437 de 2011, el artículo 37 numeral 7 de la Ley Estatutaria 270 de
1996 y el artículo 33 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 -reglamento interno-
de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Oportunidad en la interposición de la solicitud

Conforme a lo previsto en el artículo 6 de la Ley 1881 de 2018, la solicitud de pérdida
de investidura deberá presentarse dentro del término de cinco (5) años contados a
partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho generador de la causal de pérdida
de investidura, so pena de que opere la caducidad.

En el asunto bajo examen, para la solicitante el hecho generador que permite a la
Sala verificar la oportunidad en la presentación de la solicitud de desinvestidura es
la elección como representante a la Cámara por la circunscripción territorial de
Bogotá de la señora Adriana Carolina Arbeláez Giraldo el 13 de marzo de 2022,
para el periodo constitucional 2022-2026, por lo que es dable concluir que la
solicitud se presentó dentro del término de cinco años previsto por el legislador para
ejercer, en tiempo, el derecho de acción.

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3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si la representante a la Cámara Adriana
Carolina Arbeláez Giraldo incurrió en la causal de pérdida de investidura del numeral
8 del artículo 179 de la Constitución Política por haber desconocido el régimen de
inhabilidades previsto en el numeral 1 del artículo 183 superior.

4. Características constitucionales y legales de la acción de pérdida de
investidura

El antecedente que se puede asimilar a la actual acción de pérdida de investidura
se encuentra, en vigencia de la Constitución Nacional de 188614, en la posibilidad
que existía de pedir ante el Consejo de Estado la declaratoria de vacancia del cargo
por desconocimiento de las disposiciones normativas sobre inhabilidades o
incompatibilidades para ser congresista, de conformidad a lo previsto en el artículo
3 del Decreto Legislativo 3485 de 195015.

Posteriormente, en el artículo 13 del Acto Legislativo 01 de 197916 se incluyeron las
causales de pérdida de investidura y se le asignó esa competencia al Consejo de
Estado, sin embargo, la corporación no conoció ningún proceso de esa naturaleza
porque la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia declaró la inexequibilidad de
esa reforma constitucional por vicios de forma mediante sentencia no. 57 de 3 de
noviembre de 198117.

La Constitución Política de 1991 reintrodujo al ordenamiento jurídico colombiano la
acción de pérdida de investidura de los congresistas, cuya naturaleza de
conformidad con lo previsto en el artículo 40 superior es ser una acción pública y un
derecho fundamental, y “un instrumento que permite materializar el principio
democrático, cuya finalidad última es garantizar la transparencia absoluta de los
miembros de las corporaciones públicas en relación con sus actuaciones, en la
medida que permite: desterrar prácticas indebidas, depurar conductas indecorosas,
evitar abusos del poder con fines personales, garantizar el interés público y
recuperar el prestigio del órgano legislativo”18.

El artículo 1° de la Ley 1881 de 201819 establece que en el proceso de pérdida de
investidura se realiza un juicio de responsabilidad subjetiva en contra de los
congresistas, que con su conducta dolosa o gravemente culposa hubieren incurrido
en una de las causales de pérdida de investidura establecidas en la Constitución
Política.

En reciente sentencia de 26 de febrero de 2026, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado sostuvo que la acción pública de pérdida de

14 Pérdida de investidura de congresistas 1991-2017. Análisis cuantitativo, cualitativo y fichas de análisis
jurisprudencial, Bogotá, 2017, grupo editorial Ibañez, volumen I, p. 24. Coordinación general a cargo de Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.
15 Esa disposición señalaba: “Artículo 3. La contravención a lo dispuesto en los artículos anteriores producirá la

vacante del cargo. A solicitud de cualquier ciudadano, el Consejo de Estado, en Sala Plena, hará la declaración
de vacancia cuando se trate de senadores o de representantes, y el respectivo Tribunal Administrativo, dando
aplicación a lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 2046 de 1950, hará la declaración cuando se trate de
Diputados o de Concejales”.
16 Por el cual se reforma la Constitución Nacional.
17 Pérdida de investidura, Op. Cit., p. 25.
18 Pérdida de investidura, Op. Cit., p. 26. En el texto se refiere al alcance que se le ha dado a la acción de

pérdida de investidura en la jurisprudencia del Consejo de Estado.
19 Modificado por el artículo 4 de la Ley 2003 de 2019.

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investidura de congresistas “es una institución jurídica de orden constitucional y
carácter judicial”20, cuyo propósito es preservar la integridad del mandato
representativo21. Agregó que “por las consecuencias que produce sobre los
derechos políticos del congresista, su decisión exige estricta observancia del debido
proceso y un examen riguroso de los elementos de la causal y del juicio de
culpabilidad”.

Esta Corporación de manera reiterada ha indicado que las características de la
acción de pérdida de investidura son22:

(i) El objeto del proceso es de carácter ético, dado que las causales consagradas en la
Constitución Política “reflejan un código positivizado de conducta, que tiene por objeto
reprochar y sancionar comportamientos contrarios a la dignidad del cargo que ejercen
los representantes del pueblo. De acuerdo con ello, el juez de la pérdida de investidura
debe determinar si el demandado, con su conducta, lesionó la dignidad del cargo que
ostenta y el principio de representación, a partir del análisis de las específicas causales
que fijó el constituyente”23.

(ii) Es un proceso de naturaleza jurisdiccional, que finaliza con una sentencia y puede
tener un impacto determinante en los derechos políticos del congresista que se despoja
de esa investidura, en tanto genera una inhabilidad permanente para ocupar cargos de
elección popular24, “de modo que el derecho a ser elegido tiene que ceder, frente al
respeto de la democracia, impidiendo que quien ha defraudado ese principio vuelva a
ser depositario de la confianza del elector”25.

(iii) Es de naturaleza sancionatoria, en tanto hace parte del ius puniendi del Estado, y a
diferencia de los procesos sancionatorios administrativos, la competencia para tramitarlo
y decidirlo es de la jurisdicción contencioso administrativo, conforme al procedimiento
previsto por el legislador y con apego estricto a las garantías del debido proceso (art. 29
de la Constitución)26.

(iv) Tiene una legitimación por activa amplia, porque cualquier ciudadano puede
promoverla (Ley 1881 de 2018, art. 5), así como la mesa directiva de la Cámara a la que
pertenezca el congresista (Ley 1881 de 2018, art. 4)27.

(v) Se trata de un juicio de responsabilidad subjetiva, lo que se desprende del artículo
1 de la Ley 1881 de 2018 y la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte
Constitucional. Puntualmente, en la sentencia SU-424 de 2016, se indicó que el juicio
de pérdida de investidura está sujeto “de manera general a los principios que gobiernan
el debido proceso en materia penal, con las modulaciones especiales que son
necesarias para la realización de sus fines constitucionales”. De allí que debe
adelantarse con observancia plena del debido proceso, de manera particular, de los
principios pro homine, in dubio pro reo, de legalidad (causales taxativas y no hay lugar
a aplicar la analogía, objetividad, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y
culpabilidad.

Sobre este último particular, la Corte Constitucional ha precisado que este trámite
judicial “se cobija con los principios del derecho punitivo en la medida que comporta
una restricción seria de derechos fundamentales, comportando de paso
consecuencias aflictivas reductoras de los márgenes de acción que el encartado
tiene como ciudadano colombiano. En tal medida, garantías fuertes como los

20 Cfr. Sentencia SU-1159 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
21 M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves, exp. 1001-03-15-000-2025-03956-01.
22 La Sala reitera la reciente sentencia de 26 de febrero de 2026, exp. 1001-03-15-000-2025-03956-01. M.P.

Luis Eduardo Mesa Nieves.
23 Sentencia de 26 de febrero de 2026, exp. 1001-03-15-000-2025-03956-01.
24 Sentencia de 21 de julio de 2015, exp. 2012-00059-00, M.P. María Claudia Rojas Lasso.
25 Sentencia de 26 de febrero de 2026, exp. 1001-03-15-000-2025-03956-01.
26 Sentencia de 8 de marzo de 2018, exp. 2017-00474-01, M.P. María Elizabeth García González.
27 Sentencia de 23 de febrero de 2016, exp. 2015-00102-00.

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principios de dignidad humana, legalidad, debido proceso, favorabilidad,
proporcionalidad y culpabilidad son de la esencia de esta especie de derecho
sancionador”28.

Además, la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado ha precisado
que el juicio de pérdida de investidura debe determinar si la conducta del elegido
popularmente se adecúa objetivamente o no a las causales taxativas que fijó el
constituyente y, adicionalmente, se debe efectuar el juicio de responsabilidad
subjetiva, es decir, si el congresista actuó con dolo o culpa grave29.

En definitiva, la acción pública de pérdida de investidura puede ser ejercida por
cualquier ciudadano o la mesa directiva de la respectiva cámara, para lo cual se
debe invocar y demostrar alguna de las causales de desinvestidura previstas en la
Constitución Política, cuyo juicio no se limita al análisis objetivo de la causal, sino
que se requiere en caso de superarse, que adicionalmente se examine la conducta
subjetiva del congresista, es decir, si su conducta ha sido dolosa o gravemente
culposa.

5. La causal de desinvestidura del numeral 8 del artículo 179 de la Constitución
Política y su alcance jurisprudencial

El artículo 179 de la Constitución Política señala el régimen de inhabilidades
aplicable para los congresistas, es decir, aquellos actos o situaciones que invalidan
la elección o que impide serlo30. A su turno, el numeral 1 del artículo 183 superior
establece que los congresistas perderán su investidura “por violación del régimen
de inhabilidades (…)”, decisión judicial que le corresponde adoptar al Consejo de
Estado como juez constitucional de la pérdida de investidura, conforme lo dispone
el artículo 184 de la Carta.

En la sentencia C-564 de 199731, la Corte Constitucional expresó que “(…) con las
inhabilidades se persigue que quienes aspiran a acceder a la función pública, para
realizar actividades vinculadas a los intereses públicos o sociales de la comunidad,
posean ciertas cualidades o condiciones que aseguren la gestión de dichos
intereses con arreglo a los criterios de igualdad, eficiencia, moralidad e
imparcialidad que informan el buen servicio y antepongan los intereses personales
a los generales de la comunidad”.

En similar sentido, en sentencia de 14 de octubre de 202032, la Sala Contencioso
Administrativa del Consejo de Estado destacó que con el régimen de inhabilidades
“se establecen los casos en los cuales una persona que pretende ostentar dicha
calidad, no puede ser elegida cuando ocurra alguna de las circunstancias
dispuestas en el artículo 179 ibidem (…) los que generan la pérdida de la investidura
en caso de configurarse”.

Las inhabilidades o causales de inelegibilidad tienen como propósito garantizar que
quienes resulten elegidos como congresistas cumplan a cabalidad con los requisitos
para acceder a esa dignidad constitucional, en el marco de un modelo constitucional
participativo, y que se asegure un desempeño idóneo de la función legislativa, en

28 Corte Constitucional, M.P. José Fernando Reyes Cuartas, sentencia SU 474 de 6 de noviembre de 2020.
29 Sentencia de 7 de marzo de 2023, exp. 2022-04009-01, M.P. Rocío Araujo Oñate.
30 Así lo establece el artículo 279 de la Ley Orgánica 5 de 1992.
31 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
32 M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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tanto de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Constitución Política
“los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y
deberán actuar consultando la justicia y el bien común (…), a lo que agrega que “el
elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del
cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura”.

Esta Corporación ha precisado que las inhabilidades son determinantes “para
asegurar ciertas cualidades y condiciones en los aspirantes a ejercer un cargo o
función públicos en forma acorde con los intereses que se pretenden alcanzar con
ese desempeño”, y tienen como propósito i) garantizar la transparencia,
imparcialidad, igualdad y moralidad en el acceso y la permanencia en el servicio
público y ii) asegurar la primacía del interés general sobre el interés particular del
aspirante33.

En este contexto, y en lo que respecta a los congresistas, el artículo 179 de la
Constitución Política establece el marco inicial del régimen de inhabilidades en el
ordenamiento jurídico colombiano. Esta disposición consagra diversos supuestos
normativos que restringen el ejercicio del derecho al sufragio pasivo, entendido
como la facultad de postularse en los procesos electorales para acceder a un
escaño en el Congreso de la República.

Ahora bien, el numeral 8 del artículo 179 de la Constitución Política establece como
inhabilidad para ser congresista, la siguiente:

“(…) Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una
corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea
parcialmente”.

Esta disposición constitucional que consagra la inhabilidad por coincidencia de
períodos fue objeto de modificaciones ulteriores por medio de los Actos Legislativos
01 de 200334 y 01 de 200935, las cuales fueron declaradas contrarias a la
Constitución Política. En relación con el primero, la Corte Constitucional en la
sentencia C-332 de 200536 declaró su inexequibilidad porque encontró vicios de
procedimiento en su formación. En esa oportunidad sostuvo:

“(…) es claro que el artículo 10 del Acto Legislativo de 2003 en ningún momento derogó
el numeral 8º del artículo 179 de la CP, tan sólo reiteró el texto constitucional por razones
de claridad en el trámite legislativo. La norma del Acto Legislativo no alteró la vigencia
del numeral 8º, únicamente adicionó una frase final y un parágrafo.

En conclusión, el numeral 8º del artículo 179 de la Constitución Política se encuentra
vigente desde el momento en que fue expedido por la Asamblea Nacional Constituyente
hasta el día de hoy, sin solución de continuidad.

33 Sentencia de 7 de marzo de 2023, exp. 2022-04009-01, M.P. Rocío Araujo Oñate.
34 Texto modificado por el Acto Legislativo 1 de 2009. Inexequible: 8. Nadie podrá ser elegido para más de una

Corporación o cargo público, ni para una Corporación y un cargo si los respectivos períodos coinciden en el
tiempo, así fuere parcialmente. La renuncia un (1) año antes de la elección al cargo al que se aspire elimina la
inhabilidad. Parágrafo transitorio. La inhabilidad establecida en el numeral anterior no aplicará para quienes
hayan renunciado al menos seis (6) meses antes del último día de inscripciones para la realización de las
elecciones al Congreso de la República en el año 2010.
35 Texto modificado por el Acto Legislativo 1 de 2003. Inexequible: 8. Nadie podrá ser elegido para más de una

corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el
tiempo, así fuere parcialmente. La renuncia a alguno de ellos no elimina la inhabilidad. Parágrafo transitorio. Lo
dispuesto en el numeral 8 del presente artículo no se aplicará a quienes hubiesen renunciado con anterioridad
a la vigencia del presente Acto Legislativo.
36 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

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Finalmente, como la presente sentencia se limitó analizar los cargos formulados por la
demanda presentada contra el artículo 10 del Acto Legislativo de 2003, en razón a las
violaciones por vicios de procedimiento, no implica un pronunciamiento sobre si la
renuncia elimina la inhabilidad. La jurisprudencia que ha interpretado los alcances del
numeral 8º, se ha encargado de abordar la cuestión”.

Respecto de la segunda reforma constitucional, es decir, el Acto Legislativo 01 de
2009, que en el artículo 13 señaló que “la renuncia un año antes de la elección al
cargo al que se aspire elimina la inhabilidad”, a lo que agregó que esa inhabilidad
“no aplicará para quienes hayan renunciado al menos 6 meses antes del último día
de inscripciones para la realización de las elecciones al Congreso de la República
en el año 2010”, también fue expulsada del ordenamiento jurídico mediante
sentencia C-040 de 2010, en la que se indicó:

“(….) En consecuencia, deberá declararse la inconstitucionalidad de la totalidad del
artículo 13. Así, en virtud de la declaratoria de inexequibilidad de aquella disposición y
de manera análoga a como lo decidió esta Corporación en la sentencia C-332/05, la
Corte advierte que el numeral octavo del artículo 179 de la Constitución Política se
encuentra vigente desde la fecha de promulgación de la Carta y hasta el día de hoy, sin
solución de continuidad”.

El desconocimiento del régimen de inhabilidades de los congresistas por incurrir en
la causal señalada en el numeral 8 del artículo 179 de la Constitución Política, debe
ser armonizada con la excepción prevista en el numeral 8 del artículo 280 de la Ley
Orgánica 5 de 1992, la cual ha sido entendida por la Sección Quinta de esta
Corporación como “una norma que debe ser integrada al texto superior”37, cuyo
texto es el siguiente:

“Artículo 280. CASOS DE INHABILIDAD. No podrán ser elegidos Congresistas.

(…)

8. Quienes sean elegidos para más de una corporación o cargo público, o para una
corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden con el tiempo, así sea
parcialmente. Salvo en los casos en que se haya presentado la renuncia al cargo o
dignidad antes de la elección correspondiente”.

Esa disposición fue objeto de control abstracto de constitucionalidad mediante
sentencia C-093 de 199438, en la que la Corte Constitucional declaró su
exequibilidad y precisó los alcances de la renuncia al cargo cuando tiene como
finalidad aspirar a ser congresista, así:

“(…) En efecto, la coincidencia de períodos, señalada en el canon constitucional como
factor decisivo en la configuración de la inhabilidad, no puede entenderse sino con
referencia a una persona en concreto que actúe simultáneamente en dos
corporaciones, en dos cargos o en una corporación y un cargo.

Un período puede concebirse, en términos abstractos, como el lapso que la Constitución
o la ley contemplan para el desempeño de cierta función pública. Pero tal concepto no
puede ser tenido en cuenta para efectos de inhabilidades sino cuando en realidad un
individuo específicamente desarrolla, dentro del tiempo respectivo, las actividades
propias de la función. Vale decir al respecto, que los períodos no tienen entidad jurídica

37 Sentencia de 30 de octubre de 2014, exp. 11001-03-28-000-2014-00054-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro y

sentencia de 6 de septiembre de 2018, exp. 11001-03-28-000-2018-00014-00, M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio.
38 M.P. José Gregorio Hernández Galindo y Hernando Herrera Vergara, radicados No. D-448 y D-468

acumulados.

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propia y autónoma, sino que dependen del acto condición en cuya virtud alguien entra
en ejercicio de funciones. Se convierten entonces en límites temporales de éstas.

(…)

Lo anterior implica, no solamente la imposibilidad de ejercer simultáneamente dos
cargos, para más de una corporación o empleo público, sino también, la prohibición
previa de la elección como congresista en las circunstancias anotadas, lo que equivale
a entender que quien aspire a esta dignidad, no podrá encontrarse como Concejal
o Diputado, ni tampoco tener la calidad de servidor público, en el momento de la
inscripción como candidato al Congreso, salvo la de Senador o Representante a esa
corporación.

En dicho caso, se requiere haberse formalizado la renuncia correspondiente en
ese momento, a fin de evitar que el Concejal o Diputado o Servidor Público
candidato a Congresista pudiese estar dentro de la prohibición de que trata el
numeral 8° del artículo 179 de la Constitución Política.

Ya esta Corporación ha admitido que la renuncia aceptada constituye vacancia absoluta
y por consiguiente, es aplicable lo dispuesto en el artículo 261 de la Carta Política según
el cual ‘ningún cargo de elección popular tendrá suplente. Las vacancias absolutas serán
ocupadas por los candidatos no elegidos en la misma lista, en orden de inscripción’,
sucesivo y descendente. (Sentencia D-236. M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara).

Lo anterior indica que, si se configuró una falta absoluta en presencia de la renuncia
formalmente aceptada a un concejal o diputado, antes de la inscripción como candidato
al Congreso, no rige para ellos la prohibición consagrada en el artículo 179, numeral 8°,
toda vez que su período para esas corporaciones se extinguió en virtud de su dimisión
formal (…)”.

Así las cosas, se debe entender que la inhabilidad consagrada en el numeral 8 del
artículo 179 de la Constitución Política para ser congresista se configura cuando un
ciudadano resulta electo para más de una corporación o cargo público cuyos
períodos coinciden en el tiempo, así sea de manera parcial, y no media renuncia
previa aceptada. Por el contrario, conforme a la sentencia C-093 de 1994 que hace
tránsito a cosa juzgada constitucional (art. 243 de la Constitución), cuando se ha
formalizado renuncia de manera previa a la inscripción de la candidatura para el
Congreso de la República, la causal de inhabilidad no se configura porque se ha
presentado vacancia absoluta debido a la dimisión al cargo.

Por último, la jurisprudencia consolidada y pacífica del Consejo de Estado ha
precisado los elementos que estructuran la referida causal de inhabilidad, a saber:

“i) Que el congresista, con anterioridad a su elección o simultáneamente con ésta, haya
sido elegido o nombrado para otra corporación o para un cargo público.

(ii) Que su período de congresista coincida en el tiempo, así sea parcialmente, con el
de la otra corporación o cargo público.

(iii) Que no haya renunciado antes de su elección como congresista a la investidura o
cargo que por efectos de la anterior elección o designación venía ostentando o
desempeñando, por lo que, en consecuencia, debe tener simultáneamente ambas
investiduras o dignidades”.

En definitiva, el numeral 8 del artículo 179 de la Constitución Política que establece
la causal de inhabilidad por coincidencia de periodos debe ser examinada
conjuntamente con la interpretación del numeral 8 del artículo 280 de la Ley
Orgánica 5 de 1992 y el alcance precisado por la sentencia C-093 de 1994, y a partir
de los elementos estructurantes que ha precisado la jurisprudencia de esta

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Corporación, lo cual se debe contrastar con las pruebas allegadas al proceso de
pérdida de investidura.

6. Solución del caso concreto

La ciudadana Nidia Esperanza Márquez Monroy, quien actúa en nombre propio,
presentó solicitud de pérdida de investidura contra la representante a la Cámara
Adriana Carolina Arbeláez Giraldo, elegida por la circunscripción territorial de
Bogotá D.C. para el periodo constitucional 2022-2026, al considerar que incurrió en
la causal de inhabilidad prevista en el numeral 8 del artículo 179 de la Constitución
Política, al existir una coincidencia parcial de tiempo entre la elección como
concejala de Bogotá para el periodo constitucional 2020-2023, por lo que, a su juicio,
se debe decretar la pérdida de investidura por desconocimiento del numeral 1 del
artículo 183 superior, en el que se establece que los congresistas perderán su
investidura “por violación del régimen de inhabilidades (…)”.

Para la solicitante se configuran los elementos de la causal de inhabilidad invocada,
en tanto no había finalizado el periodo constitucional para el que había sido elegida
como concejala de Bogotá, lo que llevó a desconocer que no podía ser elegida a
otro cargo público de elección popular. Agregó que esa inhabilidad no era superable
con una eventual renuncia al cargo para que el que había sido elegida.

La representante a la Cámara Adriana Carolina Arbeláez Giraldo, por conducto de
apoderado judicial, solicitó que se niegue la solicitud de desinvestidura porque no
se configuran los elementos objetivos estructurantes de la causal invocada. Destacó
que el análisis de la solicitud de pérdida de investidura debe incluir el contenido
normativo del numeral 8 del artículo 280 de la Ley Orgánica 5 de 1992, en el que se
indica que no se configura si de manera previa a las elecciones, el ciudadano
presenta renuncia al cargo, disposición que fue declarada exequible por la Corte
Constitucional en la sentencia C-093 de 1994, entendimiento que también ha sido
pacífico en la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Sostuvo que, en su caso, presentó renuncia al cargo de concejala de Bogotá el 9
de diciembre de 2021, cuya aceptación por la plenaria del Concejo de Bogotá fue a
partir del 11 del mismo mes y año, y que la inscripción como candidata a la Cámara
de Representantes por la circunscripción territorial de Bogotá tuvo lugar el 12 de
diciembre de 2021, es decir, se encuentra dentro de la precitada excepción y, por
contera, no se configura la causal de inhabilidad por coincidencia de periodos
alegada por la solicitante.

De conformidad con las pruebas documentales incorporadas al proceso de pérdida
de investidura, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

Por medio de formulario E-26 CON de 27 de octubre de 2019, expedido por el
Consejo Nacional Electoral (páginas 20 y 21), se declaró la elección de la señora
Adriana Carolina Arbeláez Giraldo como concejala de Bogotá para el periodo
constitucional 2020-2023, por el partido Cambio Radical.

Mediante oficio con radicado no. 2021IE15553 de 9 de diciembre de 2021, dirigido
a la presidenta del Concejo de Bogotá, la señora Adriana Carolina Arbeláez Giraldo
“solicitó llevar a consideración de la Plenaria mi renuncia como concejal de Bogotá
a partir del 11 de diciembre de 2021, para que la misma sea tramitada y aprobada
por los concejales en sesión correspondiente”.

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En sesión plenaria del Concejo de Bogotá del 9 de diciembre de 2021 se aceptó la
renuncia presentada por la señora Adriana Carolina Arbeláez Giraldo como
concejala de Bogotá, lo que consta en el formulario con código GNV-CTP-ESP-FO-
F013, en el que se indica:

“Observaciones: se sometió a votación nominal la renuncia de la concejal Adriana
Carolina Arbeláez Giraldo, dando como resultado la siguiente votación: Por el sistema
se registraron treinta y tres (33) votos y por voz se registraron cuatro (4) votos para un
total de treinta y siete (37) votos, por el SI se registraron los treinta y cinco (35) y por el
NO se registró dos (2) votos. En consecuencia le fue aceptada la renuncia presentada
por la concejal”.

Por medio de la Resolución no. 003 del 13 de diciembre de 2021, expedida por la
Presidencia de la misma corporación pública, se declaró la vacancia absoluta de la
curul del partido Cambio Radical ocupada por Adriana Carolina Arbeláez Giraldo,
como consecuencia de la renuncia aceptada por la plenaria de esa corporación
pública a partir del 11 de diciembre de 2021. Y mediante certificación suscrita por la
secretaria general “de organismo de control” del Concejo de Bogotá, se indicó:

“Que la Doctora ADRIANA CAROLINA ARBELAEZ GIRALDO identificada con cédula de
ciudadanía No.29.675.462 de Bogotá, fue elegida Concejal de Bogotá, D.C., para el
Período Constitucional 2020 a 2023 según Acuerdo No. 002 de 2019 página 15 del
Consejo Nacional Electoral, tomando posesión el día 1° de enero de 2020.

Que la concejala ADRIANA CAROLINA ARBELÁEZ GIRALDO, identificada con cédula
de ciudadanía No. 29.675.462, perteneciente al partido político Cambio Radical,
mediante oficio con número de radicado 2021IE15553 del 9 de diciembre de 2021,
presentó ante la Presidenta de la Corporación renuncia como Concejala de Bogotá, a
partir del 11 de diciembre de 2021.

Que en cumplimiento del numeral 6 del artículo 22 del Acuerdo 741 de 2019, la
Presidenta de la Corporación en la sesión del Concejo de Bogotá realizada el 9 de
diciembre de 2021 sometió a consideración de la Plenaria la renuncia presentada por la
concejala ADRIANA CAROLINA ARBELÁEZ GIRALDO, la cual fue aceptada con 35
votos Y con la resolución 003 del 2021 le fue notificada la aceptación de la renuncia
presentada”.

En el formulario E-6 CT con “fecha y hora de creación: 2021-12-12 09:53:54 PM”,
consta que la señora Adriana Carolina Arbeláez Giraldo presentó solicitud de
inscripción como candidata a la Cámara de Representantes por la circunscripción
territorial de Bogotá, al que se acompaña el aval definitivo suscrito por el secretario
general del partido Cambio Radical que da cuenta de la autorización para participar
en las elecciones del 13 de marzo de 2022 para el periodo constitucional 2022-2026.

Así las cosas, la Sala de conformidad con las consideraciones expuestas sobre el
alcance constitucional de la causal de pérdida de investidura contenida en el
numeral 8 del artículo 179 de la Constitución Política, encuentra que, en este caso
concreto, no se encuentra objetivamente demostrada por cuanto la premisa
normativa de la que partió la solicitante es incompleta, en tanto no incluyó en su
valoración el numeral 8 del artículo 280 de la Ley Orgánica 5 de 1992, en el que se
establece una excepción a la coincidencia de periodos, y la sentencia C-093 de
1994 que declaró su exequibilidad, la cual se materializa cuando el concejal
presenta renuncia previa y es aceptada, antes de la inscripción de la candidatura al
Congreso de la República.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00739-00
Solicitante: Nidia Esperanza Márquez Monroy

De conformidad con los elementos estructurantes de la causal de desinvestidura
invocada por la solicitante, se tiene que (i) la señora Adriana Carolina Arbeláez
Giraldo fue elegida como concejala de Bogotá para el periodo constitucional 2020-
2023, cargo del que tomó posesión el 1 de enero de 2020, y como representante a
la Cámara por la circunscripción territorial de Bogotá para el periodo constitucional
2022-2026, cuya posesión fue el 20 de julio de 2022 y (ii) el periodo de congresista
coincide parcialmente con el de concejala de Bogotá.

Sin embargo, esa superposición cronológica no puede ser examinada en términos
abstractos, sino que se debe tener en consideración o integrarse en el análisis el
contenido del numeral 8 del artículo 280 de la Ley Orgánica 5 de 1992, con el
alcance precisado por la Corte Constitucional en la sentencia C-093 de 1994, a fin
de determinar si se configura o no la causal de pérdida de investidura del numeral
8 del artículo 179 superior.

Como se indicó en precedencia, está probado en el expediente que la señora
Adriana Carolina Arbeláez Giraldo presentó ante la presidencia del Concejo de
Bogotá renuncia al cargo de concejala el 9 de diciembre de 2021, a partir del 11 del
mismo mes y año, la cual fue aceptada por la plenaria de esa corporación pública,
lo que fue certificado por la “Secretaria General de Organismo de Control del
Concejo de Bogotá D.C”, el 26 de febrero de 202639. De igual manera, que la
inscripción de la candidatura para la Cámara de Representantes por la
circunscripción territorial de Bogotá D.C., tuvo como fecha y hora de creación “2021-
12-12 09:53:54”, lo cual no fue objeto de controversia por la parte solicitante, en
tanto, se reitera, limitó su argumento a contrastar los periodos constitucionales para
los que fue elegida, sin ninguna otra consideración.

De allí que no sea de recibo el entendimiento planteado por la solicitante, en virtud
del cual una vez tiene lugar la elección para el Concejo, se activa automáticamente
una causal de inhabilidad para ser elegida para otro cargo público o corporación de
elección popular, por el periodo de cuatro años, pues ello desconoce que se trata
de cargos plurinominales que no están mediados por el voto programático como los
uninominales, “que les genere una obligación de cumplimiento de un programa y en
un tiempo determinado”40.

Entonces, al estar demostrado que la señora Adriana Carolina Arbeláez Giraldo
presentó renuncia al cargo de concejala de Bogotá, la cual fue aceptada por la
plenaria de esa corporación pública antes de su inscripción como candidata a la
Cámara de Representantes por la circunscripción territorial de Bogotá D.C., es dable
concluir que objetivamente no se configura la causal de desinvestidura del numeral
8 del artículo 179 de la Constitución Política invocada, lo que hace innecesario
efectuar el juicio de responsabilidad subjetiva al que alude el artículo 1 de la Ley
1881 de 2018, para determinar si la congresista actuó con dolo o culpa grave.

Por las razones expuestas, la Sala negará la solicitud de pérdida de investidura
presentada por la señora Nidia Esperanza Márquez Monroy.

39 De conformidad con el artículo 257 del Código General de Proceso, aplicable por remisión del artículo 211

del CPACA, “los documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en
ellos haga el funcionario que autoriza. (…)”.
40 Sentencia de 15 de noviembre de 2018, rad. 11001-03-28-000-2018-00075-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00739-00
Solicitante: Nidia Esperanza Márquez Monroy

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Once Especial de Decisión de Pérdida de
Investidura del Consejo de Estado, administrando justicia, en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- Negar la solicitud de pérdida de investidura presentada por la ciudadana
Nidia Esperanza Márquez Monroy en contra de la representante a la Cámara
Adriana Carolina Arbeláez Giraldo, elegida para el periodo constitucional 2022-
2026, de conformidad con las razones aquí expuestas.

Segundo.- Comunicar lo dispuesto en esta sentencia a la Mesa Directiva de la
Cámara de Representantes, al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio del Interior,
para lo de su cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 1881
de 2018.

Tercero.- Contra la presente decisión procede el recurso de apelación, con
fundamento en el artículo 14 de la Ley 1881 de 2018, el cual deberá interponerse y
sustentarse ante la Sala Once Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del
Consejo de Estado, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA LUIS EDUARDO MESA NIEVES

La validez e integridad de este documento pueden comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx

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