Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00753-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00753-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00753-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C, cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00753-00
Accionante: AGUSTÍN GARCES ORTIZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA Y JUZGADO
SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MONTERÍA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa en la que se declaró probada la caducidad del término para
interponer la demanda. Defectos sustantivo y por desconocimiento
del precedente judicial. Requisito de la relevancia constitucional
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Agustín Garces Ortiz, quien actúa mediante apoderado
judicial, contra el Tribunal Administrativo de Córdoba y el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Montería.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 3 de febrero de 2026, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia, así como los principios de seguridad jurídica, confianza
legítima y prevalencia del derecho sustancial, supuestamente vulnerados por las
autoridades judiciales accionadas.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“Primero: AMPARAR los derechos fundamentales de la parte accionante tales como,
Derecho fundamental al debido proceso (art. 29 C.P.), Derecho de acceso efectivo a la
administración de justicia (art. 229 C.P.), Derecho a la igualdad (art. 13 C.P.), Principio
de seguridad jurídica y confianza legítima, Principio de prevalencia del derecho
sustancial (art. 228 C.P.).
Segundo: Como consecuencia de la anterior decisión DEJAR SIN EFECTOS, El auto del
05/08/2025 proferido por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Montería, y el
auto del 19/12/2025 proferido por el Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Cuarta
de Decisión.
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Tercero: ORDENAR al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Montería, admitir la
demanda de reparación directa y continuar con su trámite normal, realizando un análisis
de fondo conforme al precedente constitucional y contencioso administrativo”.
2. Hechos
El accionante relató que estuvo vinculado como docente en el departamento de
Córdoba mediante contrato de prestación de servicios en el año 2003 y que,
durante el proceso de reestructuración de pasivos (Ley 550 de 1999) que se
adelantó en la mencionada entidad territorial se le reconoció el contrato realidad,
así como el pago de primas, vacaciones, cesantías, intereses de cesantías,
dotación y la sanción moratoria.
Señaló que el 23 de noviembre de 2009 se suscribió el acuerdo de pasivos en el
departamento de Córdoba1, modificado el 23 de julio de 2015, en el que se plasmó
en las cláusulas 11 y 12 el pago de acreencias pensionales y laborales, con un
plazo de 3 meses, sin embargo, estas fueron canceladas “20 años después”.
Afirmó que el 7 de mayo de 2025, en ejercicio del medio de control de reparación
directa presentó demanda contra el departamento de Córdoba, con la pretensión
de que se declarara la responsabilidad de la entidad territorial por la dilación en el
pago de las obligaciones reconocidas en el acuerdo de reestructuración y, en
consecuencia, solicitó que se condenara al pago del perjuicio moral por la suma de
100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Indicó que el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Montería en auto de 5
de agosto de 2025 rechazó la demanda, al considerar que la demanda de
reparación directa no se ejerció oportunamente, pues el plazo para el pago de
acreencias laborales establecido en el anexo del acuerdo de reestructuración de
pasivos era hasta el 31 de diciembre de 2015, por lo que los 2 años establecidos
en el literal i) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 culminaba el 31 de diciembre
de 2017, mientras que la solicitud de conciliación tan solo se radicó en el 2025
cuando ya no podía interrumpir el mencionado término.
Finalmente, manifestó que contra la anterior decisión interpuso recurso de
apelación. El Tribunal Administrativo de Córdoba en proveído de 19 de diciembre
de 2025 la confirmó íntegramente, bajo el argumento de que el plazo para el pago
de las acreencias se estableció para la vigencia del año 2015, es decir, que
culminaba el 31 de diciembre de 2015, en consecuencia, el término de los 2 años
para radicar la demanda iniciaba el 1 de enero de 2016 hasta el 1 de enero de 2018,
sin embargo, esta se presentó el 7 de mayo de 2025.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora aseguró que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
defecto sustantivo, pues aplicaron de manera irracional el artículo 164 de la Ley
1437 de 2011, al considerar que “el término de caducidad del medio de control de
reparación directa debía contarse desde el año 2015, fecha en la que se produjo
una modificación formal del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos,
1
Se advierte que varías clausulas fueron invalidadas por la Superintendencia de Sociedades. En consecuencia, se debieron
ajustar de tal modo que las acreencias laborales serían canceladas dentro de la vigencia fiscal de 2015.
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desconociendo la naturaleza del daño alegado, el régimen jurídico especial de la
Ley 550 de 1999 y el momento real de consolidación del daño antijurídico”.
Agregó que se incurrió en un error al determinar el momento de consolidación del
daño, pues antes del acto administrativo de pago parcial expedido a junio de 2023
no contaba con un daño cierto y evaluable, sino con una expectativa legítima y que
este se concretó cuando el acuerdo de reestructuración de pasivos se encontraba
vigente, es decir, desde el 2008 hasta el 2026.
Afirmó que las autoridades judiciales accionadas desconocieron el régimen
especial desarrollado en la Ley 550 de 1999, pues en los artículos 14 y 58 de dicha
normativa se estableció que durante la negociación se suspendía la prescripción y
no operaba la caducidad de las acciones respecto de los créditos a cargo de la
entidad territorial.
Precisó que “no cuestiona la validez del acuerdo ni de los actos administrativos que
lo desarrollan, sino los efectos dañosos derivados de una omisión administrativa
prolongada en el tiempo, que solo se hicieron objetivamente verificables con el pago
parcial efectuado en junio de 2023. Por tanto, cualquier cómputo de caducidad
anterior a dicha fecha resulta jurídicamente irrazonable”.
Aseguró que la interpretación que se hizo frente a la caducidad desconoce los
artículos 29, 228 y 229 de la Constitución Política, así como el principio de
prevalencia del derecho sustancial.
Por otro lado, señaló que en las providencias objetadas incurrieron en defecto por
desconocimiento del precedente judicial, toda vez que se desconoció la
sentencia de 27 de abril de 2006 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en
la que se indicó que el elemento determinante para el cómputo de la caducidad no
es la expedición del acto administrativo ni el incumplimiento formal de una
obligación, sino la consolidación real y objetiva del daño antijurídico.
Indicó que la sentencia SU-556 de 2019, la Corte Constitucional se refirió a las
omisiones prolongadas o de tracto sucesivo e indicó que la caducidad no se puede
interpretar de manera rígida.
Sostuvo que el daño se conoció desde el momento en que se expidió el acto
administrativo de pago parcial expedido “con corte a junio de 2023”.
Resaltó que las autoridades judiciales accionadas no ofrecieron ninguna motivación
tendiente a explicar las razones por las cuales se apartaban del procedente
jurisprudencial.
Por último, manifestó que en el presente caso se configuró el defecto fáctico,
porque se omitió valorar adecuadamente que el actor no podía demostrar el daño
antes del pago parcial, que durante la vigencia del acuerdo operaba la suspensión
de términos, que el “daño solo se materializó y cuantificó con el acto de pago tardío”
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y que “la administración ha ocultado pruebas y no ha certificado las acreencias y
pagos algo que se solicita dentro de la demanda al momento de la admisión como
petición de pruebas, por ellos la decisión es un claro prejuzgamiento”.
4. Trámite procesal
Por auto de 6 de febrero de 2026, el magistrado sustanciador admitió la demanda y
ordenó notificar al accionante y a las autoridades judiciales accionadas. Igualmente,
se notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios nos. 20847 a 20850 de
10 de febrero de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.
5. Oposición
5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Córdoba
La magistrada ponente de la decisión de segunda instancia solicitó que se declare
la improcedencia de la acción de tutela, pues lo que pretende la parte actora es
revivir el debate sobre el cómputo del término de caducidad del medio de control
de reparación directa. Por lo demás, se refirió a los argumentos desarrollados en la
providencia objetada en la que se explicó la manera en que se abordó el
mencionado presupuesto procesal.
5.2. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Montería, a pesar de que
se le notificó en debida forma el auto admisorio y allegó copia digital del expediente
ordinario, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si el Tribunal Administrativo de Córdoba y el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Montería vulneraron los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como
los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y prevalencia del derecho
sustancial del accionante al rechazar el medio de control de reparación directa por
configurarse la caducidad.
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3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones2.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que
se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente
a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia
de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala5, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad,
pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional
por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no
basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado
exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza
o vulnera los derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las
razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi.
De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la
propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
2
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
4
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
5
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron
de plantearse o proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario
en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque
sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación
de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una
sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si
fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
4. Estudio y solución del caso concreto
El accionante sostiene que el Tribunal Administrativo de Córdoba y el Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito de Montería vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia, así como los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y
prevalencia del derecho sustancial, al supuestamente incurrir en los defectos
sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y fáctico, por rechazar la
demanda de reparación directa que adelantó contra el departamento de Córdoba,
por configurarse la caducidad de la acción, a pesar de que el daño tan solo se
conoció desde el momento en que se realizó el pago parcial del acuerdo.
Previo a cualquier pronunciamiento, la Sala procede a verificar el cumplimiento de
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, especialmente el de
la relevancia constitucional, así:
El 7 de mayo de 2025, el señor Agustín Garces Ortiz presentó demanda de
reparación directa contra el departamento de Córdoba, con el fin de que se
declarara la responsabilidad de la entidad territorial por la demora en el pago del
acuerdo establecido en el proceso de reestructuración de pasivos y, en
consecuencia, solicitó que se condenara al pago del perjuicio moral por la suma de
100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Con respecto a la caducidad, el accionante manifestó que el medio de control se
encuentra dentro de los dos años siguientes a la expedición del acto administrativo
que declaró el pago del derecho de una acreencia laboral.
El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Montería en auto de 5 de agosto
de 2025 rechazó la demanda, por considerar que había operado la caducidad del
medio de control.
Explicó que la demanda no se ejerció oportunamente, pues el plazo establecido en
el anexo del acuerdo de reestructuración de pasivos para el pago fenecía el 31 de
diciembre de 2015. Por consiguiente, los 2 años establecidos en el literal i) del
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 culminaban el 31 de diciembre de 2017 y la
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solicitud de conciliación tan solo se radicó en el 2025 cuando ya no interrumpió el
mencionado término.
El demandante interpuso recurso de apelación, en el que manifestó que fue errada
la interpretación del a quo, pues “la acción de reparación directa deberá ejercerse
dentro de los dos (2) años siguientes al acaecimiento del hecho, OMISIÓN,
operación administrativa u ocupación temporal o permanente del inmueble por
causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa”.
Resaltó que el medio de control de reparación resulta procedente contra actos
administrativos, siempre y cuando no se ataque la legalidad de este. Por
consiguiente, “en el presente caso existe un acuerdo de pago de pasivos de un ente
territorial con sus acreedores, aunque el acto se haya expedido en una fecha
determinada, el término de caducidad empieza a contar desde que el afectado tuvo
conocimiento del daño, daño que se prueba con el acto administrativo en mención,
es igual que las demandas de reparación directas contra la rama judicial por
sentencias que omiten un precedente, el proceso puede demorar 5 años pero
desde la fecha de la sentencia es que se prueba el daño de la omisión”.
Agregó que “el incumplimiento en el pago de la acreencia laboral contenida en el
acuerdo año 2008 clausula 9 grupo 1 parágrafo 3 y modificación acuerdo año 2015
cláusula 10 parágrafo 1, 3 Y 6, omisión administrativa en el cumplimiento de los
plazos, los perjuicios causados a la parte accionante, en cuanto a la omisión del
deber objetivo de cuidado por la indebida operación administrativa, en demorar el
cumplimiento a una orden administrativa dentro de un acuerdo de restructuración
de pasivos, se demuestra en cuanto las acreencias laborales del primer grupo solo
fueron pagas 20 años después a la firma del acuerdo, demorando el pago de la
acreencia que debía ser paga dentro de los 3 meses siguientes a la firma del
acuerdo, por lo anteriormente expuesto, se incumple el plazo pactado en el acuerdo
de Ley 550 de 1999 del departamento de Córdoba con sus acreedores
CONTENIDA EN EL acuerdo año 2008 CLAUSULA 9 grupo 1 parágrafo 3 y
modificación acuerdo año 2015 CALUSULA 10 PARÁGRAFO 1, 3, 5 Y 6,
violándose la ley 550 artículo 35 numerales 1, 3, 5, y 6, dando lugar a perjuicios
que se contabilizan desde el pago de la obligación que prueba el termino desde
que se realiza el acuerdo y el termino por medio del cual se cumple el mismo, inicio
y fin, en cualquier etapa del plazo no se podía probar el incumplimiento pues no
había una ejecución de la voluntad administrativa que es el acto administrativo en
mención no se ataca su validez sino que prueba el daño causado a través de la
omisión en el no cumplimiento de términos pactados de una entidad territorial con
su acreedor”.
Por último, mencionó las sentencias C-644 de 2011 de la Corte Constitucional y de
27 de abril de 2006 de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
El Tribunal Administrativo de Córdoba en proveído de 19 de diciembre de 2025,
confirmó la decisión de primera instancia que rechazó la demanda por haberse
configurado la caducidad.
Explicó que del acuerdo de reestructuración de 23 de noviembre de 2009 evidenció
que el departamento de Córdoba y sus acreedores definieron las condiciones para
el pago de las acreencias en las cláusulas novena a decimocuarta, además que,
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de las pruebas que obraban en el expediente se evidenció que el mencionado
acuerdo fue modificado como consecuencia de la declaratoria de invalidez de las
cláusulas 11 y 12 por parte de la Superintendencia de Sociedades, lo cual condujo
a su ajuste. Por consiguiente, en dicha modificación se estableció, en la cláusula
décima, que las acreencias laborales serían canceladas dentro de la vigencia fiscal
de 2015 (31 de diciembre de 2015).
Agregó que el daño alegado se fundamenta en el incumplimiento del pago oportuno
de las acreencias laborales por parte del ente territorial demandado, y que el propio
actor afirmó que el perjuicio y el nexo causal se acreditaron con la demora en el
cumplimiento de una obligación administrativa, por lo que la caducidad debía
computarse a partir del 31 de diciembre de 2015, pues era la fecha límite fijada para
el pago de las acreencias.
Resaltó que, el término de caducidad comenzó a correr el 1 de enero de 2016, por
lo que la parte actora contaba hasta el 1 de enero de 2018 para ejercer su derecho
de acción oportunamente. Sin embargo, esta se presentó sólo hasta el 7 de mayo
de 2025, razón por la cual resultaba extemporánea la demanda.
Finalmente, precisó que “aunque la conducta generadora del daño alegado se
extendió en el tiempo, ello no implica que el daño pueda calificarse como
continuado. En efecto, lo que se prolonga son los efectos económicos del
incumplimiento, es decir, los perjuicios, mas no el hecho dañino en sí mismo. Sobre
este punto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido reiterada en señalar
que la prolongación indefinida de los efectos perjudiciales no tiene la virtualidad de
impedir el inicio del cómputo del término de caducidad, el cual opera de pleno
derecho, pues no puede supeditarse su inicio a la cesación de los perjuicios
reclamados”.
Descendiendo al asunto bajo examen, se observa que la solicitud de amparo no
cumple con el requisito de la relevancia constitucional, pues se da continuidad al
debate superado en el curso del trámite de reparación directa relacionado con la
caducidad de la acción.
Al estudiar los argumentos planteados por el accionante, se observa que invoca los
defectos sustantivo, por desconocimiento del precedente judicial y fáctico, toda vez
que las autoridades judiciales accionadas aplicaron de forma errada el artículo 164
de la Ley 1437 de 2011, desconoció el precedente judicial de la Sección Tercera del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional relacionados con el elemento
determinante del daño y la valoración de este cuando no se conoció sino después
del acto administrativo del pago parcial de las acreencias.
Al respecto, la Sala observa que esos argumentos ya fueron objeto de análisis por
el Tribunal Administrativo de Córdoba y el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
de Montería, quienes a partir del marco normativo y jurisprudencial aplicable al
presente asunto, consideraron que el daño lo constituía la omisión del pago de las
acreencias a partir del plazo establecido en el acuerdo, el que culminaba el 31 de
diciembre de 2015, razón por la cual a partir del día siguiente se verificaban los 2
años del medio de control de reparación directa, es decir, desde el 1 de enero de
2016 hasta el 1 de enero de 2018, sin embargo, el demandante solo radicó la
demanda el 7 de mayo de 2025.
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Aunado a lo anterior, se evidencia que existen similitudes en los reproches que se
desarrollaron en la demanda y en el recurso de apelación, con los argumentos que
se plantean en el escrito de tutela, por parte del accionante. Por consiguiente, es
evidente que lo pretendido por el demandante es utilizar el mecanismo
constitucional para insistir en el mismo debate desarrollado en las providencias
objetadas.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU-573 de 20196, estableció que
la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber: “(i) preservar la
competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y,
finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”7 (Negrilla y
resalta de la Sala)
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En la sentencia SU-215 de 2022 , recordó que el cumplimiento del requisito de la
relevancia constitucional requiere “involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico”, a lo que agregó que
“la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica”. De allí que
“la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección de los derechos
efectiva de los derechos fundamentales y no a problemas de carácter legal”.
Lo expuesto es suficiente para concluir que la parte actora acudió a la acción de
tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como
los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y prevalencia del derecho
sustancial, en este caso, a la manera de una tercera instancia, toda vez que insiste
en el mismo debate relacionado con la caducidad del medio de control de reparación
directa que presentó contra el departamento de Córdoba por los perjuicios causados
por la omisión en el pago de las acreencias en atención del plazo establecido en el
acuerdo de reestructuración de pasivos.
Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela, habida
cuenta de que no cumple con el requisito de relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
6
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
7
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
8
M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Accionante: Agustín Garces Ortiz
FALLA
Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Agustín Garces Ortiz, quien actúa mediante apoderado judicial, contra el Tribunal
Administrativo de Córdoba y el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de
Montería, por las razones aquí expuestas.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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