Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00754-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00754-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00754-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-00754-00
Demandante NORELVIS ROSA CARBONELL IGUARÁN
Demandada CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Temas Acción de tutela. Carencia actual de objeto. Hecho superado.
Expedición tarjeta profesional de abogado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por la señora Norelvis Rosa Carbonell
Iguarán, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 2 de febrero de 20261, la señora Norelvis Rosa Carbonell Iguarán interpuso
acción de tutela, en nombre propio, contra el Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Registro Nacional de Abogados por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo, libre ejercicio profesional y
mínimo vital.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(sic para toda la cita)
«1. AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo, libre
ejercicio profesional, y confianza legítima.
2. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura - URNA la inmediata expedición de mi
tarjeta profesional de abogado, dentro del término que el juez considere prudente, sin
exigir prueba de aprobación del examen de idoneidad de la ley 1905 de 2018.
3. ORDENAR reporte positivo en sistemas registrales para que pueda ejercer
inmediatamente la profesión.
4. Prevenir a la entidad accionada para que en adelante respete el régimen de transición
aplicable a casos similares».
2. Hechos
Del expediente, los hechos relevantes son los siguientes:
2.1. La señora Norelvis Rosa Carbonell Iguarán comenzó a estudiar la carrera de
derecho en la Universidad de la Costa en el primer semestre del 2018. Y en el
periodo 2019-1 se trasladó a la Corporación Universitaria Americana, en la
cual terminó sus estudios.
2.2. La señora Norelvis Rosa Carbonell Iguarán se graduó como abogada el 25 de
septiembre de 2025.
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Información obtenida de Samai, bajo el radicado 08001-23-33-000-2026-00032-00, correspondiente al trámite surtido ante
el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00754-00
Demandante: Norelvis Rosa Carbonell Iguarán
2.3. El 13 de enero de 2026, la tutelante le solicitó a la Unidad de Registro Nacional
de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura la expedición de su tarjeta
profesional.
Aseguró que días después apareció, en la plataforma virtual en la cual efectuó
la solicitud, una anotación según la cual faltaba el examen de Estado
contemplado en la Ley 1905 de 2018. Por lo tanto, aseguró que adjuntó
certificado de estudios de la Universidad de la Costa, en el que consta que
inició sus estudios de derecho allí en el periodo 2018-1 y un documento
explicando que la mencionada ley fue promulgada el 28 de junio de 2018, es
decir con posterioridad al inicio de sus estudios universitarios.
2.4. El 26 de enero de 2026, la señora Norelvis Rosa Carbonell Iguarán le solicitó
a la Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la
Judicatura realizar seguimiento a su solicitud relacionada con el trámite de
expedición de su tarjeta profesional de abogada y se le informara sobre su
estado.
2.5. En correo electrónico de 29 de enero de 2026, la Unidad de Registro Nacional
de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura informó lo siguiente: «en el
Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados –SIRNA se encuentra reflejado
que usted fue requerido por el gestor de tu trámite así: Requerimiento: "FALTA EXAMEN DE
ESTADO LEY 1905 DEL 2018". El cargue de esta información es indispensable para dar
continuidad a su solicitud».
3. Fundamentos de la acción
La tutelante manifestó que comenzó su pregrado de derecho en el primer semestre
del año 2018 en la Universidad de la Costa. Mientras que la Ley 1905 de 2018 «por
la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado» fue
promulgada el 28 de junio de 2018, es decir con posterioridad al inicio de sus
estudios universitarios. Por ese motivo, sostuvo que está cobijada por el régimen de
transición de la norma mencionada, establecido en su artículo 2, que dispuso lo
siguiente: «Lo dispuesto en el artículo 1º de la presente ley se aplicará a quienes inicien la carrera
de derecho después de su promulgación». De manera que el hecho jurídico determinante
sobre la aplicación o no de la Ley 1905 de 2018 es el momento en que se inició la
carrera universitaria.
Sostuvo que quienes iniciaron estudios antes de la vigencia de la Ley 1905 de 2018
no pueden ser obligados a cumplir requisitos inexistentes al momento de comenzar
su formación profesional, pues de lo contrario se vulnera el artículo 29
constitucional. En su caso, condicionar la expedición de la tarjeta profesional a la
presentación del examen de Estado implica el desconocimiento del régimen de
transición consagrado en la Ley 1905 de 2018, la aplicación de una ley de forma
retroactiva y la afectación de derechos adquiridos y expectativas legítimas
consolidadas. Además, negar injustificadamente la expedición de su tarjeta
profesional le impide ejercer su profesión y le genera una afectación grave a su
proyecto de vida y sustento económico.
4. Trámite e intervenciones
4.1. En providencia de 30 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral C remitió el asunto al Consejo de Estado, en
virtud de las reglas de reparto contenidas en el numeral 8º del artículo 1º del
Decreto 333 de 2021. Allí se dispuso que las acciones de tutela dirigidas contra
el Consejo Superior de la Judicatura serán repartidas para su conocimiento en
primera instancia a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado.
4.2. En auto de 9 de febrero de 2026, se admitió la acción de tutela interpuesta por
la señora Norelvis Rosa Carbonell Iguarán contra el Consejo Superior de la
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Demandante: Norelvis Rosa Carbonell Iguarán
Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados; y se ordenó efectuar
las notificaciones correspondientes.
4.3. El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados
indicó que inicialmente requirió a la Corporación Universitaria Americana y le
solicitó la aclaración de la fecha de inicio del programa y, en caso de
homologación o transferencia, el día, mes y año en que comenzó en la
institución de origen. Esta última reportó como fecha de inicio de estudios el
primer semestre de 2019. Esa fue la razón por la cual se le exigió a la
accionante la presentación del examen de Estado de que trata la Ley 1905 de
2018 y, consecuentemente, se suspendió el trámite de la tarjeta profesional.
Sin embargo, informó que posteriormente dicha información fue corregida. Por
lo tanto, «esta Unidad procedió a expedir la tarjeta profesional de abogado N. (…) del seis
de febrero de 2026, tal como consta en el certificado que se anexa a la presente respuesta».
Por lo expuesto, solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes expuestos, la Sala establecerá si se configura la
carencia actual de objeto por hecho superado, en razón a que en el curso de la
tutela el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de
Abogados expidió la tarjeta profesional de la señora Norelvis Rosa Carbonell
Iguarán.
3. Carencia actual de objeto
La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata
de derechos fundamentales ante situaciones de amenaza o vulneración, por la
acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en casos
concretos y excepcionales. Su finalidad, entonces, es evitar que una amenaza a un
derecho fundamental se materialice, o una vez la vulneración ya se ha producido
hacer que cese. Por ende, cuando los hechos que motivaron la acción desaparecen
o cuando no hay forma de resarcir el daño ya producido, la tutela pierde su razón
de ser.
La jurisprudencia constitucional ha denominado tal fenómeno como carencia actual
de objeto y ha señalado que, generalmente, este se presenta por: (i) hecho
superado, (ii) daño consumado y (iii) situación sobreviniente. Sobre esta
clasificación, la Corte Constitucional en sentencia T-280 de 2020 precisó:
«(…) la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto”
para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se
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Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
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Demandante: Norelvis Rosa Carbonell Iguarán
encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses
jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye
en el género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a
través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella
que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de
una “situación sobreviniente”.
La primera de estas figuras, regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende
el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo
y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la
vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada
(ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua
cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos
derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer.
La segunda de las figuras referenciadas, consiste en que a partir de la vulneración
iusfundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la
acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela imparta
una orden al respecto.
Para finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera modalidad de
eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela termina por carecer por completo
de objeto y es en aquellos casos en que, como producto del acaecimiento de una “situación
sobreviniente” que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada, la vulneración
predicada ya no tiene lugar, sea porque el actor mismo asumió una carga que no le
correspondía, o porque, a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis».
Así pues, la carencia actual de objeto por hecho superado se configura en los casos
en que, en el lapso transcurrido entre la radicación de la acción de tutela y la
expedición de la sentencia, la autoridad accionada adelantó las acciones tendientes
a superar las acciones u omisiones que dieron lugar a la interposición de la acción
de tutela. Por sustracción de materia, se hace inocuo cualquier pronunciamiento u
orden del juez de tutela para lograr el amparo de los derechos.
Como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU-274 de 2019 «ante la
alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su eficacia y sustento, así como su
razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial». De allí que, una
vez desaparece el supuesto de hecho que motivó la presentación de la solicitud de
amparo, sería inocua cualquier determinación del juez constitucional, ya que «la
materia o amenaza cesa porque ha tenido lugar un evento que conlleva a la conjuración del daño, la
satisfacción del derecho o la inocuidad de las pretensiones».
4. Análisis del caso
La tutelante alegó la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, trabajo, libre ejercicio profesional y mínimo vital, puesto que para el
momento de interposición de la acción de tutela la autoridad accionada no había
expedido su tarjeta profesional de abogada, por la falta de presentación del examen
de Estado consagrado en la Ley 1905 de 2018.
Al respecto, la Sala considera que la acción de tutela carece de objeto porque el
hecho que originó su interposición dejó de existir en el curso del presente trámite.
Esto se debe a que con posterioridad a la interposición de la tutela la Unidad de
Registro Nacional de Abogados expidió la tarjeta profesional de la señora Norelvis
Rosa Carbonell Iguarán.
Así se desprende del siguiente certificado en el que consta que aquella está inscrita
en el Registro Nacional de Abogados desde el 7 de febrero de 2026 y que cuenta
con la calidad de abogada con tarjeta profesional expedida el 6 de febrero de 2026.
Veamos:
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00754-00
Demandante: Norelvis Rosa Carbonell Iguarán
De manera que, al haberse desplegado en el curso de la tutela la conducta
esperada por la parte accionante, que no era otra que la expedición de su tarjeta
profesional, la situación objeto de estudio se enmarca en la figura de la carencia
actual de objeto. Por lo tanto, resulta inocuo un pronunciamiento adicional por parte
del juez de tutela.
Así las cosas, la Sala declarará la carencia de objeto por hecho superado de la
acción de tutela interpuesta.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. DECLARAR la carencia de objeto por hecho superado de la acción de tutela
interpuesta por la señora Norelvis Rosa Carbonell Iguarán, dadas las razones
expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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