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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-00756-01

Fecha
6 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-00756-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del Veintitrés (23) de abril de Dos Mil Veintiséis (2026) mediante la cual, la Sección Tercera, Subsección A de esta Corporación concedió el amparo del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de la sociedad accionante. SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y términos previstos en el Decreto 2591 de 1991. 21 Radicado: 11001-03-15-000-2026-00756-01 Accionante: Equion Energía Limited Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro TERCERO. ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-00756-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

6 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Seis (6) de Julio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-00756-01
Accionante : Equion Energía Limited
Accionado : Consejo de Estado – Sección Quinta y otro
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial - acción de cumplimiento
Decisión : Sentencia de segunda instancia

Procede la Sala a resolver la impugnación formulada por la Agencia Nacional de
Hidrocarburos contra la providencia del Veintitrés (23) de Abril de Dos Mil Veintiséis
(2026) mediante la cual, la Sección Tercera del Consejo de Estado concedió el amparo
del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de la accionante.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico

1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por
la parte accionante. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela
y, finalmente, se determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este
mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela

2. Actuando por conducto de apoderado, la sociedad Equion Energía Limited presentó
acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia. Como consecuencia de ello, solicitó:

«1. Solicito al señor juez tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
justicia de EQUION ENERGÍA LIMITED, los cuales fueron vulnerados con la sentencia proferida el
30 de septiembre de 2025 por medio del cual se declaró la improcedencia de la acción de

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cumplimiento, fallo que fue proferido por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y la Sentencia de Segunda Instancia proferida el 6 de noviembre
de 2025 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
que confirmó la sentencia de primera instancia.

2. Que se resuelva de fondo la Acción de Cumplimiento atendiendo a los argumentos presentados
en el escrito de impugnación y realizando una valoración de las pruebas que fueron allegadas con
la acción de cumplimiento, atendiendo el fallo de tutela proferido por el Consejo de Estado en el cual
se indicó expresamente:

“No obstante lo anterior, respecto a la institución de la cosa juzgada la jurisprudencia ha recalcado
que “los hechos nuevos permiten un nuevo análisis del fondo del asunto únicamente en relación con
estos”1, es decir que, para el caso concreto, en el evento que la Sección Tercera de esta Corporación
resuelva no declarar nula la Resolución 534 de 2015, la accionante podría presentar una acción de
cumplimiento, tomando esa declaratoria como un hecho nuevo que tendría la virtualidad de romper
la inmutabilidad del fallo acusado. En efecto, lo anterior cobra aun(sic) más relevancia si se tiene en
cuenta que el fallo que se pretende dejar sin efectos ni siquiera estudió de fondo el asunto, sino que
decidió declararlo improcedente teniendo en cuenta que la legalidad de la Resolución 534 de 2015,
que se pretende hacer cumplir, se encuentra en entredicho, por lo que, se reitera, una vez concluido
el proceso de nulidad promovido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y dependiendo de las
resultas de ese proceso, la actora tiene a su disposición las acciones y recursos a su alcance para
intentar satisfacer las pretensiones de su demanda de cumplimiento.” (Resaltado fuera de texto)».

1.3 Hechos

3. EQUION ENERGIA LIMITED tuvo participación en los Contratos de Asociación de
Piedemonte, Tauramena, Santiago de las Atalayas y Río Chitamena, suscritos con
ECOPETROL y otras compañías que, también, contaban con participación en dichos
contratos. En virtud de estos, y las normas vigentes al momento de su celebración,
EQUION ENERGIA LIMITED se obligó a pagar regalías por la explotación del recurso
natural no renovable objeto del contrato, para este caso, de gas.

4. La empresa efectuó el pago de las regalías correspondientes al cuarto trimestre de
2014, así: i) el 19 de diciembre de 2014, realizó el pago de regalías correspondientes a
octubre de 2014; ii) el 20 de enero de 2015, realizó el pago de regalías correspondientes
a noviembre de 2014; iii) el 25 de febrero de 2015, realizó el pago de regalías
correspondientes a diciembre de 2014, todo lo cual, consta en los comprobantes que se
allegan con el presente escrito según se indica en el acápite de anexos.

5. La AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, con fundamento en el artículo 1.°
de la Resolución núm. 174 de 2012, realizó liquidaciones trimestrales definitivas de
regalías. Para efectos de liquidar las regalías definitivas correspondientes a la
explotación de gas del cuarto trimestre de 2014, la AGENCIA NACIONAL DE

1 Consejo de Estado, Sección Segunda -Subsección A-, sentencia del 17 de marzo de 2016, exp. 2016- 00356-00.

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HIDROCARBUROS expidió la Resolución núm. 196 del Veinte (20) de marzo de Dos Mil
Quince (2015), contra el cual, la sociedad interpuso recurso de reposición, que fue
resuelto mediante la Resolución núm. 534 del 23 de julio de 2015, en el que, la entidad
ordenó realizar los ajustes a la liquidación.

6. El Veintiocho (28) de Agosto de Dos Mil Quince (2015), la sociedad solicitó el
cumplimiento de dicha resolución, en sentido que, el saldo a favor derivado de los ajustes
fuera imputado a las regalías de los meses de junio, julio y agosto de 2015.

7. Comoquiera que la entidad no realizó el ajuste de la liquidación, el Quince (15) de
Febrero de Dos Mil Diecinueve (2019) presentó demanda ejecutiva con el propósito que
se ordenara a la entidad ajustar las regalías correspondientes al cuarto trimestre de 2014,
en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución 534 de 2015.

8. El Veintinueve (29) de Mayo de Dos Mil Diecinueve (2019), el magistrado ponente del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca remitió el asunto a los juzgados administrativos
de Bogotá para que, tramitaran el proceso como acción de cumplimiento, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 3.º de la Ley 393 de 1997.

9. Contra esta decisión, Equion Energía Limited presentó recurso de reposición, para que
el Tribunal librara mandamiento de pago, el cual, fue negado a través de providencia del
Veinticuatro (24) de Julio de Dos Mil Diecinueve (2019), por lo que, se ordenó la remisión
del proceso a los juzgados administrativos de Bogotá.

10. El Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo de Bogotá a través de providencia del

Cinco (5) de Noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019) ordenó devolver el proceso a la
Sección Tercera, Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

11. En atención a ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, mediante auto del Ocho (8) de Noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019)
admitió la demanda como acción de cumplimiento, frente a lo cual, el Quince (15) de
Noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019), la sociedad solicitó el retiro de la demanda. No
obstante, el Seis (6) de Diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019) se declaró el
desistimiento tácito, se declaró terminado el proceso y se ordenó su archivo.

12. Esta decisión fue apelada y la Sección Quinta del Consejo de Estado el Diecisiete (17)

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de Febrero de Dos Mil Veinte (2020) declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del
auto del Seis (6) de Diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019).

13. El Tres (3) de Marzo de Dos Mil Veinte (2020), el Tribunal requirió a Equion para que

informara si había iniciado alguna acción por los mismos hechos que dieron origen a esa
demanda, para lo que, el Cinco (5) de Marzo de Dos Mil Veinte (2020) informó no haber
instaurado otro proceso.

14. A través de sentencia del Trece (13) de Marzo de Dos Mil Veinte (2020), el Tribunal le

ordenó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en el término de tres (3) días, dar
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 2.º de la Resolución 534 de 2015.

15. Contra dicha decisión, la entidad presentó recurso de apelación, en el que advirtió que,

la mencionada resolución había sido demandada en nulidad simple por dicha entidad, y
que, el proceso se encontraba en curso. Así las cosas, la Sección Quinta del Consejo de
Estado, a través de providencia del Treinta (30) de Julio de Dos Mil Veinte (2020), revocó
la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró la improcedencia de la acción de
cumplimiento, al considerar que, de manera paralela se estaba debatiendo la legalidad
del acto administrativo cuyo cumplimiento se pretendía (Resolución 534 de 2015).
Mediante auto del Veinte (20) de Agosto de Dos Mil Veinte (2020) la misma Sección negó
la solicitud de adición formulada por la sociedad.

16. Contra la anterior decisión, Equion Energía Limited instauró acción de tutela, que

correspondió, por reparto, a la Sección Primera del Consejo de Estado, que, mediante
sentencia del Veinte (20) de Noviembre de Dos Mil Veinte (2020) negó el amparo
deprecado, pero precisó que, en el evento en que la Sección Tercera del Consejo de
Estado resolviera no declarar nula la Resolución núm. 534 de 2015, la accionante podría
presentar una acción de cumplimiento, teniendo dicha negativa como un hecho nuevo
que tendría la virtualidad de romper la inmutabilidad del fallo acusado.

17. De otra parte, la Sección Tercera del Consejo de Estado adecuó el proceso de nulidad

al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y, consecuentemente, lo
rechazó por haber sido intentando de manera extemporánea, a través de auto del
Dieciséis (16) de Enero de Dos Mil Veintitrés (2023). Contra esa decisión, la ANH
interpuso recurso de súplica, pero, el expediente fue remitido al Tribunal Administrativo

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de Cundinamarca por ser la autoridad competente. De esa manera, dicha Corporación,
a través de auto del Veintiséis (26) de Junio de Dos Mil Veinticuatro (2024), dispuso
obedecer y cumplir lo ordenado por el superior y rechazó la demanda por haber operado
el fenómeno de caducidad.

18. Como consecuencia de dicha decisión, el Veintiuno (21) de Julio de Dos Mil Veinticinco

(2025) la sociedad, teniendo en cuenta lo expresado por la Sección Primera del Consejo
de Estado en el fallo de tutela del Veinte (20) de Noviembre de Dos Mil Veinte (2020),
radicó nuevamente acción de cumplimiento.

19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B mediante

sentencia del Treinta (30) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025) la declaró
improcedente por no cumplir el requisito de subsidiariedad y pretenderse el
reconocimiento de derechos e intereses subjetivos; decisión que, fue confirmada por la
Sección Quinta del Consejo de Estado a través de providencia del Seis (6) de Noviembre
de Dos Mil Veinticinco (2025).

1.4. Fundamentos de la tutela

20. La parte accionante manifestó que las autoridades judiciales demandadas incurrieron

en los defectos procedimental y fáctico al declarar la improcedencia de la acción de
cumplimiento por no haber agotado el recurso de reposición contra el auto del
Veintinueve (29) de Mayo de Dos Mil Diecinueve (2019) que adecuó la demanda
ejecutiva a una acción de cumplimiento, aun cuando dicho recurso sí se aportó en los
anexos de la demanda, en el archivo identificado como «11. Auto del 8 de noviembre de
2019» que recoge las actuaciones procesales adelantadas con ocasión de la adecuación
de la acción ejecutiva inicialmente presentada y en la que, se reconoce expresamente
que, contra la decisión que ordenó adecuar la demanda ejecutiva se presentó recurso de
reposición.

21. Además, dicho argumento fue expuesto de manera específica en el recurso
interpuesto contra la sentencia de primera instancia, y desechado de manera infundada,
lo que, evidencia la violación del derecho fundamental de acceso real y efectivo a la
administración de justicia.

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22. Adicionalmente, desconocieron que, en la sentencia del Treinta (30) de Julio de Dos

Mil Veinte (2020), aunque la Sección Quinta declaró improcedente la acción de
cumplimiento frente a la controversia sobre la legalidad de la Resolución 534 de 2015,
expresó de manera clara y concreta que, el medio de control de cumplimiento era el
adecuado; y, la sentencia del Veinte (20) de Noviembre de Dos Mil Veinte (2020) en la
que, en sede de tutela, la Sección Primera del Consejo de Estado señaló que, una vez
se resolviera la controversia de legalidad de la Resolución 534 de 2015, la sociedad
podría volver a intentar la acción de cumplimiento para ventilar sus pretensiones.

23. De esa manera, expuso que las decisiones cuestionadas desconocen de manera
directa el mandato constitucional de acceso real y efectivo a la administración de justicia,
porque desconocieron que, fue la misma jurisdicción contencioso- administrativa la que,
en ejercicio del artículo 171 del CPACA, decidió adecuar la demanda ejecutiva a una
acción de cumplimiento del artículo 2 de la Resolución núm. 534 de 2015, decisión que,
fue objeto del recurso de reposición de manera oportuna, y que, fue resuelto
desfavorablemente el Veinticuatro (24) de Julio de Dos Mil Diecinueve (2019).

24. En el marco de esa acción de cumplimiento, obtuvo una decisión favorable a las
pretensiones en primera instancia, que, fue revocada por la Sección Quinta del Consejo
de Estado bajo el argumento que, una vez se resolviera la controversia de legalidad de
la Resolución 534 de 2015, podía ejercer nuevamente la acción de cumplimiento, lo que,
a su juicio, creó una expectativa legítima a ejercer como medio de control adecuado el
de cumplimiento, la cual, fue ratificada por la Sección Primera del Consejo de Estado en
la sentencia de tutela.

25. Pese a ello, la propia jurisdicción, 5 años después de proferir las 3 providencias
referidas, cambió radicalmente de postura para manifestar, en el año 2025, que la
pretensión relacionada con que la ANH cumpla su obligación de reliquidar las regalías de
2014 de Equión Energía contenida en el artículo 2 de la Resolución 534 de 2015, se
debió tramitar por medio de una acción ejecutiva, como la sociedad planteó desde el
primer momento.

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2. Contestación de la tutela

26. 2.1. La Sección Quinta del Consejo de Estado explicó que, en la sentencia del 6 de

noviembre de 2025, dicha Sala confirmó el fallo de acción de cumplimiento de primera
instancia, con fundamento en que, en primer lugar, se evidenció que existe una discusión
relacionada con la ejecutoria del acto administrativo, debido a que, de conformidad con
el informe rendido por la ANH, la Resolución núm. 534 de 2015 cobró firmeza el 21 de
agosto de ese mismo año y, en esa medida, dado que no se había ejecutado dicho acto
administrativo después de 5 años, la resolución perdió su fuerza de ejecutoria, de
conformidad con el artículo 91.3 del CPACA.

27. Además, advirtió que, debido a que la ANH allegó pruebas de la existencia de un

proceso ejecutivo promovido por Equión Energía Limited, en el que pidió el cumplimiento
de la Resolución ANH núm. 1183 del Veintiséis (26) de noviembre de dos Mil Catorce
(2014), que dispuso la reliquidación de las regalías del tercer trimestre del 2014, se
acreditó la existencia de otro mecanismo judicial.

28. En ese contexto, solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, en tanto, el

asunto carece de relevancia constitucional, ante la evidente reiteración de los
argumentos que fueron expuestos en la acción de cumplimiento.

29. Además, no es cierto, como lo señaló la accionante, que esa Sección hubiera
desconocido los diversos trámites judiciales adelantados; por el contrario, la sentencia
cuestionada da cuenta de los múltiples procesos que la sociedad actora ha presentado,
en tanto, en ella se explicaron, de forma completa y suficiente, las distintas actuaciones
promovidas ante esta jurisdicción con el propósito de que se ordenara el cumplimiento
del artículo 2 de la Resolución núm. 534 del 23 de julio de 2015. Lo anterior, sumado a
que la sentencia se refirió expresamente a la decisión mediante la cual se adecuó el
trámite ejecutivo inicialmente promovido a la acción de cumplimiento.

30. En esa medida, la providencia objeto de reproche efectuó un recuento de tales
antecedentes procesales y los valoró en su integridad; cosa distinta es que, a partir de
ese análisis, se concluyera que la acción de cumplimiento no satisfacía los presupuestos
de procedencia, en particular los requisitos de vigencia del acto administrativo y de
subsidiariedad. Como es sabido, la acción de cumplimiento exige, entre otras, que el
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mandato cuyo acatamiento se pretende se encuentre vigente y que no exista otro medio
judicial idóneo y eficaz para lograr su acatamiento.

31. Así, la declaratoria de improcedencia no obedeció a la omisión en el examen de los

distintos procesos promovidos por la sociedad accionante, sino a la verificación de que,
en el caso concreto, no se superaban los presupuestos constitucionales y legales que
habilitan el estudio de fondo de la acción.

32. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca señaló, en similares términos, que lo

pretendido a través de la acción de tutela es reabrir la discusión jurídica debidamente
resuelta por el juez natural.

33. La Agencia Nacional de Hidrocarburos manifestó que, las autoridades judiciales

demandadas no vulneraron los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia como se alude en la acción de tutela. Los despachos
accionados impartieron justicia en el asunto con respeto del ordenamiento jurídico y las
garantías fundamentales. Acceder a las peticiones, por el contrario, configura un
escenario de flagrante violación a los derechos al debido proceso y la administración de
justicia de la ANH, máxime cuando en el curso del litigio referido previamente, se
desarrollaron las diferentes etapas procesales y se han proferido decisiones
ejecutoriadas y en firme, en estricto apego a la juridicidad y que son garantía de
seguridad jurídica.

3. Sentencia de primera instancia

34. La Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado 2 mediante sentencia del

Veintitrés (23) de abril de Dos Mil Veintiséis (2026) concedió el amparo del derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia y, en consecuencia, dejó sin
efectos el fallo del Seis (6) de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025) proferido por la
Sección Quinta del Consejo de Estado.

35. Para el efecto, hizo un recuento de lo acontecido en el proceso iniciado con antelación

por la Sociedad Equion Energía y, a partir de este y del contenido de la sentencia

2 M.P. José Roberto Sáchica Méndez.

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cuestionada, estableció que, la declaratoria de improcedencia de la acción de
cumplimiento carecía de razonabilidad, pues, omitió analizar todo el trasegar procesal
previo y, con ello, explicar el impacto que tiene en el estudio de la subsidiariedad, el
hecho que se haya interpuesto inicialmente, hace más de 7 años – cuando no habían
transcurrido más de 5 años desde que cobró ejecutoria la Resolución 534 de 2015, una
demanda ejecutiva contra la ANH que fue adecuada por la propia jurisdicción
contencioso- administrativa como acción de cumplimiento y que esta decisión fue
recurrida y confirmada por los jueces naturales, quienes, incluso, en primera instancia,
accedieron a las pretensiones de la demanda, haciendo énfasis en que, solo se contaba
con dicha vía judicial.

36. Además, aunque la primera decisión en ese sentido fue proferida por otra Sala del

Tribunal accionado, finalmente, la determinación de tramitar el asunto por esa vía fue
avalada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que fue la autoridad que resolvió
en segunda instancia ambas acciones de cumplimiento.

37. Tampoco se analizaron los efectos de lo decidido respecto a ese proceso inicial, en

relación a la posibilidad de poder iniciar una nueva acción de cumplimiento. Nada se dijo
sobre el hecho de que la parte actora interpuso solicitud de adición respecto a aquel fallo
inicial y promovió acción de tutela, medios ordinarios y constitucionales en los que
advirtió y solicitó que se dejara constancia de que, una vez se decidiera lo referente a la
nulidad de la Resolución 534 de 2015, podría volver a incoar el medio de control de
cumplimiento o que, en todo caso, sería procedente la demanda ejecutiva, vía judicial
con la que ya no contaba por el paso del tiempo. Tampoco se evaluó lo dicho en el fallo
de tutela emitido por la Sección Primera del Consejo de Estado, en la que, no solo se
descartó la configuración de la cosa juzgada entre ambos procesos, sino que, también
se le indicó a la sociedad accionante que podría volver a ejercer la acción de
cumplimiento.

38. Por tanto, a juicio de la primera instancia constitucional, pareciera que la autoridad

judicial accionada hubiera circunscrito el análisis de todas las actuaciones procesales
acaecidas con antelación, a determinar si había o no cosa juzgada, pasando por alto
que, lo realmente discutido, era si el actor aún contaba o no con la posibilidad de
demandar judicialmente el cumplimiento del acto administrativo de reajuste de
liquidación de regalías expedido por la ANH, interponiendo acción de cumplimiento.
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Sumado a que, debió determinarse si el paso del tiempo sin que se profiriera decisión de
fondo era atribuible o no al actor y cómo ello podría o no generar la declaratoria de
pérdida de ejecutoriedad de la resolución proferida por la administración.

39. Al respecto, consideró que, la censura que se hizo para declarar improcedente la

demanda corresponde a situaciones que no resultan atribuibles a Equion, sino que, son
el resultado del trámite preliminar, teniendo como causa el actuar de la administración
de justicia, lo que, cobra mayor relevancia se tiene en cuenta que, en el fallo objeto de
tutela, la Sección Quinta del Consejo de Estado admite que, si bien a día de hoy debió
ejercer acción ejecutiva, dicha vía judicial ya no es procedente, y al mismo tiempo
descarta que el medio de control de cumplimiento sea idóneo para pedir el cumplimiento
de lo dispuesto en la Resolución 534 de 2015, por su pérdida de ejecutoriedad.

40. De esa manera, era indispensable, en aras de garantizar el derecho al acceso a la

administración de justicia de la actora, que la autoridad judicial efectuara un estudio
completo de la posible procedencia del medio de control ejercido, teniendo en cuenta lo
decidido sobre el particular, con antelación por los jueces naturales de la causa, en
particular por esa misma Sección del Consejo de Estado, pues, consideró inadmisible,
desde la óptica constitucional, que una persona acuda a la administración de justicia a
través de un medio de control, los jueces naturales ajusten este, lo declaren
improcedente bajo la consideración de que hay en trámite otro asunto que puede
afectarlo, no adoptan ningún remedio judicial para superar esa situación de
prejudicialidad, generan la confianza legítima de que no hay riesgo de afectación a sus
derechos porque se podrá ejercer la acción nuevamente.

41. Y cuando se acude por segunda vez, en cuanto se ha resuelto la discusión que estaba
pendiente (relativa a la legalidad de la resolución), la respuesta institucional sea
nuevamente la improcedencia, esta vez bajo el argumento que, el medio de control no
es el adecuado, siendo que, en el pasado la misma autoridad judicial indicó lo contrario.
Con el agravante que, a la fecha, el paso del tiempo ya determina la imposibilidad de
acudir a los dos mecanismos judiciales que estaban en discusión, pues la acción
ejecutiva caducó y no es viable ejercer la acción de cumplimiento respecto a un acto
administrativo que decayó.

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4. Impugnación

42. La Agencia Nacional de Hidrocarburos impugnó el fallo de primera instancia, para

lo que argumentó que, la Sección Quinta de esta Corporación no le cercenó a la
accionante la posibilidad de obtener una decisión de fondo como componente de su
derecho de acceso a la administración de justicia, puesto que, no rechazó in limine la
acción de cumplimiento.

43. Por una parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con fundamento en la

jurisprudencia del Consejo de Estado, constató en el fallo de primera instancia que,
además de ser la acción de cumplimiento improcedente por subsidiariedad, esta no
procedía porque lo pretendido era el reconocimiento de derechos subjetivos.

44. De otra parte, en la sentencia de segunda instancia, además de reiterarse el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, también se realizó un estudio de fondo
respecto de los demás requisitos mínimos contenidos en la Ley 393 de 1997, con lo que,
encontró configurada la pérdida de ejecutoria de la Resolución 534 de 2015.

45. Por tanto, con la orden constitucional impartida por la primera instancia parece
sugerirse que, la supuesta omisión en analizar de fondo el caso concreto debe dar lugar
a despachar favorablemente las pretensiones de la accionante en el proceso judicial, en
contravía del ordenamiento jurídico vigente.

46. En ese sentido, expuso que, la Sala «está afectando la igualdad de armas al haber
legitimado en la argumentación del defecto específico de procedencia de la acción de tutela que
constituye la ratio decidendi, un acto que debía ser alegado o presentado EQUION en el curso
del proceso de acción de cumplimiento según lo exige la normatividad vigente. // Con esto, se
está desconociendo que dentro del proceso judicial EQUION tenía una carga argumentativa y
adjetiva que no cumplió y que incidía directamente en las decisiones correctamente adoptadas
dentro del proceso judicial en su condición de demandante».

47. De esta manera, a EQUION se le exigía «respecto de la subsidiariedad, que (…) alegara

ante los jueces naturales por ejemplo que el trasegar previo y concomitante de sus gestiones
generaba un perjuicio grave e inminente que ameritara su valoración. Aspecto que en todo caso
no fue acreditado en la demanda presentada a la jurisdicción de lo contencioso administrativo».

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III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia

48. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud

de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333
de 2021.

3.2 La acción

49. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y

reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.

3.3 Problema jurídico

50. De conformidad con los argumentos expuestos por la Agencia Nacional de
Hidrocarburos en la impugnación, le corresponde a la Sala determinar si la presente
acción de tutela cumple el requisito de subsidiariedad, pues, en entender de la
impugnante, la sociedad Equion Energía Limited no habría puesto de presente, al
interponer la acción de cumplimiento, los argumentos expuestos en el presente
mecanismo constitucional y si, como consecuencia de ello, la sentencia debe ser
revocada.

3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales

51. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional3 y de la Sala Plena de

3 Sentencia C-590 de 2005.

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lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado4, es posible acudir a la acción de
tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este contexto, se han
estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, generales y específicos, los cuales, deben satisfacerse plenamente para
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos
de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del
marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

52. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia

constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en
el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.

53. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario

judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen del
procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal

4 sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García

González.
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fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión
que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la
Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión
judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no
se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.

3.5. Subsidiariedad de la acción de tutela

54. El principio de subsidiariedad está consagrado en el inciso 4º del artículo 86 de la

Constitución, que establece que «esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable». En este orden de ideas, al existir otros mecanismos de
defensa judicial que resulten más eficaces para la protección reclamada, se debe recurrir
a ellos antes de pretender el amparo por vía de tutela. Con dicha regla el Constituyente
buscó que esta acción no desplace los mecanismos específicos de defensa previstos en
la correspondiente regulación común5.

55. Por tanto, cuando una persona acude a la administración de justicia en aras de buscar

la protección de sus derechos, no puede desconocer las acciones administrativas o
judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico para el caso específico 6. Esto
porque, la tutela no es un mecanismo alternativo que remplace los mecanismos
ordinarios de defensa o que permita adoptar decisiones paralelas a las del funcionario
que conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia 7.

5 Ver sentencia T-680 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
6 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan

un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio
pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos
en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de
subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las
disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de
cada una de las jurisdicciones».
7 Corte Constitucional, sentencias T-705 de 2012 (M.P. Jorge Pretelt Chaljub) y SU-026 de 2021 (M.P. Cristina Pardo

Schlesinger).
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56. Si no fuera así, […] el juez constitucional, en este ámbito, no circunscribiría su obrar a la

protección de los derechos fundamentales, sino que se convertiría en una instancia de decisión
de conflictos legales. Nótese cómo de desconocerse el carácter subsidiario de la acción de tutela
se distorsionaría la índole que le asignó el constituyente y se deslegitimaría la función del juez
de amparo8.

57. No obstante, aun si existe un mecanismo ordinario de protección de los derechos del

afectado, la tutela procederá si en el caso concreto se acredita (i) que aquel no es idóneo
o (ii) que al ser apto para conseguir la protección, en razón de la inminencia de un
perjuicio irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados
constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia excepcional de la tutela.

58. El primer evento, se presenta cuando el medio judicial previsto para resolver la
respectiva controversia no resulta idóneo ni eficaz, debido a que, por ejemplo, no permite
resolver el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución pronta, por
lo que la normativa admite que la acción de tutela proceda excepcionalmente. El requisito
de la idoneidad ha sido interpretado por la Corte a la luz del principio según el cual el
juez de tutela debe dar prioridad a la realización de los derechos sobre las
consideraciones de índole formal9.

59. La aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada caso concreto,

considerando las características procesales del mecanismo, las circunstancias del
peticionario y el derecho fundamental involucrado. Esto significa que, un medio judicial
excluye la procedencia de la acción de tutela, cuando salvaguarda de manera eficaz el
derecho fundamental invocado10.

60. En relación con el segundo supuesto, la Corte Constitucional ha establecido que,

cuando la tutela se interpone como mecanismo transitorio, debido a que existe un medio
judicial ordinario, es preciso demostrar que, la intervención del juez constitucional es
necesaria para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Tal perjuicio irremediable
se caracteriza:

8 Cfr. Sentencia T-406 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9 Ver sentencias T-106 de 1993, MP. Antonio Barrera Carbonell y T-100 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
10 Ver sentencias T-441 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-594 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas

Hernández.

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(i) Por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder
prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el
haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se
requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de
tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden
social justo en toda su integridad11.

3.6. Caso concreto

61. Con el fin de resolver la inconformidad planteada por la parte recurrente, la Sala
encuentra relevante referirse a los argumentos expuestos en la demanda de acción de
cumplimiento formulada por EQUION ENERGÍA LIMITED. En efecto, del capítulo de
hechos, se destaca:

«11. El día 15 de febrero de 2019 se presentó demanda ejecutiva instaurada por EQUIÓN
ENERGÍA LIMITED contra la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS,
correspondiéndole por reparto a al Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca al que le correspondió el número de radicado 25000-23-
36-000-2019-00104-00.

12. Mediante auto del 29 de mayo de 2019 declaró la falta de competencia y se ordenó
remitir el expediente a los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá, pero en su
parte resolutiva el medio de control se modificó de un proceso EJECUTIVO a una ACCIÓN
DE CUMPLIMIENTO.

13. Frente a la decisión del 29 de mayo de 2019 se presentó recurso de reposición
interpuesto el 5 de junio de 2019 en el cual se reiteró que la demanda interpuesta
correspondía a una demanda EJECUTIVA y no como lo interpretó el Despacho al
adecuarla a una ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO, para lo cual se solicitó expresamente
revocar el auto y proceder a librar el mandamiento de pago en los términos solicitados en
la demanda.

14. Mediante auto del 24 de julio de 2019 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
resolvió no reponer el auto del 29 de mayo de 2019 dejando la decisión en firme y ordenó
dar cumplimiento a lo establecido en los numerales 2 y 3 recurridos.

15. El proceso fue remitido a los Juzgados Administrativos correspondiéndole su
conocimiento al Juzgado 33 Administrativo del Circuito de Bogotá, el cual mediante auto
de fecha 5 de noviembre de 2019 resolvió remitir el expediente a la Subsección C de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que aclarara el auto de
fecha 29 de mayo de 2019, reiterado en auto del 24 de julio de 2019 respecto a la
competencia del Tribunal para conocer de la Acción de Cumplimiento.

11 Cfr. sentencia T-896 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

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16. El proceso fue devuelto a la Sección Tercera, Subsección C del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Doctor José Elver Muñoz Barrera, Magistrado Ponente para que
resolviera sobre la aclaración solicitada en auto del 5 de noviembre de 2019 por el Juzgado
33 Administrativo del Circuito de Bogotá.

17. En consideración a que la demanda inicialmente radicada tenía previsto que se
adelantara un proceso ejecutivo, y como quiera que el Despacho había decidido adecuar
el trámite a una Acción de Cumplimiento, el 15 de noviembre de 2019, se radicó
autorización para que se permitiera el retiro de la demanda, en esta misma fecha la Agencia
Nacional de Hidrocarburos presentó contestación de la demanda.

18. Frente a la solicitud de retiro de la demanda la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió auto el 6 de diciembre de 2019 por medio
del cual se declaró desistimiento tácito de la acción de cumplimiento, declaró terminado el
proceso y ordenó el archivo del expediente.

19. El 18 de diciembre de 2019 se interpuso recurso de apelación en contra el auto del 6
de diciembre de 2019, en atención a que lo que se había solicitado era el retiro de la
demanda, y no como decidió el Despacho, esto es, declarar el desistimiento tácito de la
demanda, la terminación del proceso, y como consecuencia, el archivo del expediente.

20. Mediante auto de fecha 29 de enero de 2020, notificado por estado el 31 de enero de
2020 se concedió recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 6 de
diciembre de 2019 y se ordenó remitir el expediente al Consejo de Estado para su trámite.

21. El recurso de apelación fue tramitado ante la secretaría general del Consejo de Estado,
correspondiéndole por reparto a la Honorable Consejera Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, quien mediante auto de fecha 17 de febrero de 2020 declaró la nulidad de lo
actuado a partir del auto del 6 de diciembre de 2019, por medio de la cual la Subsección C
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró el desistimiento
de la presente acción y la terminación del proceso. El fundamento para declarar la nulidad
fue el siguiente:

(…)

22. El 27 de febrero de 2020 el Consejo de Estado mediante oficio No. JSGA1309 del 26
de febrero de 2020, devolvió el expediente a la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

23. Mediante auto de fecha 3 de marzo de 2020, notificado por estado el 4 de marzo de
2020 la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
requirió a EQUION ENERGÍA LIMITED para que informara al Despacho si se había iniciado
alguna acción por los mismos hechos que dieron origen a la demanda.

24. Mediante escrito radicado el 5 de marzo de 2020 ante la Secretaría de la Subsección
C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, EQUION ENERGÍA
LIMITED informó que no se había radicado ninguna otra demanda por estos mismos
hechos.

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25. Mediante Sentencia del 13 de marzo de 2020 la Subsección C, Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en su parte resolutiva señaló:

(…)

30. En el año 2020 la Agencia Nacional de Hidrocarburos presentó medio de control de
nulidad simple, entre otras, contra la Resolución No. 534 de 2015, al cual le correspondió
el número de radicado 11001032600020200003500.

(…)

32. De otra parte, en el proceso iniciado por EQUION con radicado No.
11001032600020200003500 el 8 de agosto de 2020 se notificó sentencia de fecha 30 de
julio de 2020 por medio de la cual se revocó la sentencia de 13 de marzo de 2020 proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”, en la
cual se había accedido a las pretensiones de la demanda para, en su lugar, DECLARAR
LA IMPROCEDENCIA de la acción de cumplimiento. El fundamento para declarar la
improcedencia de la acción de cumplimiento fue el siguiente:

33. La decisión del Consejo de Estado tuvo en cuenta que la ANH había presentado una
demanda que cuestionaba la legalidad del acto administrativo objeto de la solicitud de
cumplimiento. En virtud de ello, no decidió de fondo las pretensiones de EQUION, sino que
consideró necesario esperar a la definición sobre la legalidad de la resolución base del
proceso para realizar un pronunciamiento de fondo.
(…)

36. El 19 de octubre de 2020 se radicó acción de tutela contra la Sección Quinta del
Consejo de Estado frente a la sentencia de segunda instancia del 30 de julio de 2020
proferida dentro de la Acción de Cumplimiento radicada con el No.
25000233600020190010401 por medio de la cual se declaró la improcedencia de la acción
de cumplimiento frente a la Resolución 534 del 23 de julio de 2015. Esta acción de tutela
se adelantó ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado bajo el radicado No. 11001031500020200442900.

37. Mediante fallo del 20 de noviembre de 2020 la Sección Primera Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado profirió fallo de tutela en el que, si bien negó el
amparo solicitado, frente a la posibilidad de ejercer posteriormente una acción de
cumplimiento frente a la Resolución 534 del 23 de julio de 2015 señaló:

“No obstante lo anterior, respecto a la institución de la cosa juzgada la jurisprudencia ha
recalcado que “los hechos nuevos permiten un nuevo análisis del fondo del asunto
únicamente en relación con estos”12, es decir que, para el caso concreto, en el evento que la
Sección Tercera de esta Corporación resuelva no declarar nula la Resolución 534 de 2015,
la accionante podría presentar una acción de cumplimiento, tomando esa declaratoria como
un hecho nuevo que tendría la virtualidad de romper la inmutabilidad del fallo acusado.

12 Consejo de Estado, Sección Segunda -Subsección A-, sentencia del 17 de marzo de 2016, exp. 2016-00356 00.

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62. Frente a ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del B

del Treinta (30) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025) declaró la improcedencia
de la acción de cumplimiento, por no cumplir el requisito de subsidiariedad, pues,
consideró que, dicho mecanismo «no puede convertirse en el juez natural de las controversias
jurídicas relacionadas con el reconocimiento de los derechos subjetivos y, particularmente,
porque implicaría que asuntos que, por ejemplo, deben tramitarse por el procedimiento ordinario
propio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho o por el proceso ejecutivo,
se tramiten por un procedimiento de carácter sumario que es propio de las acciones de
cumplimiento».

63. EQUION interpuso recurso de apelación contra esta providencia, en el que,
argumentó, entre otras cosas, lo siguiente:

«Así la violación del derecho de acceso a la administración de justicia se materializa en
este caso, pues:
• A pesar de haber interpuesto una acción ejecutiva oportunamente para que se ejecutara
la orden contenida en la Resolución No. 534 de 2015, se adecuó la vía procesal a una
acción de cumplimiento. Esta decisión fue objeto de recurso, y frente a éste, se confirmó la
decisión inicial.

• El Consejo de Estado, inicialmente, declaró improcedente la acción de cumplimiento, que
resultó de la adecuación de la acción ejecutiva, por el hecho de existir una acción de la
ANH de nulidad contra la Resolución No. 534 de 2015.

• El medio de control de nulidad interpuesto por la ANH contra la Resolución No. 534 de
2015, fue rechazado por extemporáneo, ya que se trataba de una nulidad y
restablecimiento del derecho.

• El Consejo de Estado, Sección Primera en el fallo de tutela proferido el 20 de noviembre
de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-04429-00, C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón,
afirmó:

“No obstante lo anterior, respecto a la institución de la cosa juzgada la jurisprudencia
ha recalcado que “los hechos nuevos permiten un nuevo análisis del fondo del asunto
únicamente en relación con estos”3 , es decir que, para el caso concreto, en el evento
que la Sección Tercera de esta Corporación resuelva no declarar nula la Resolución
534 de 2015, la accionante podría presentar una acción de cumplimiento, tomando
esa declaratoria como un hecho nuevo que tendría la virtualidad de romper la
inmutabilidad del fallo acusado.

En efecto, lo anterior cobra aun más relevancia si se tiene en cuenta que el fallo que
se pretende dejar sin efectos ni siquiera estudió de fondo el asunto, sino que decidió
declararlo improcedente teniendo en cuenta que la legalidad de la Resolución 534 de
2015, que se pretende hacer cumplir, se encuentra en entredicho, por lo que, se
reitera, una vez concluido el proceso de nulidad promovido por la Agencia Nacional
de Hidrocarburos, y dependiendo de las resultas de ese proceso, la actora tiene a su
disposición las acciones y recursos a su alcance para intentar satisfacer las
pretensiones de su demanda de cumplimiento”.
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Con base en este fallo, en firme la decisión sobre la acción de nulidad, luego de 6 años de
la presentación de la primera demanda, ahora el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
decide negar las pretensiones de la acción de cumplimiento, aduciendo que, en este caso,
dicho medio no procede, omitiendo analizar el fondo el asunto y sin tener en cuenta la
decisión del Consejo de Estado sobre la procedencia de este medio de control.

En razón a lo anterior, se solicita que el Consejo de Estado tenga en cuenta todos los
antecedentes de la presente Acción de Cumplimiento, dentro de los cuales está su propia
sentencia del 20 de noviembre de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-04429-00, C.P.:
Nubia Margoth Peña Garzón para este mismo caso, y, con base en ellos, tome una decisión
de fondo sobre las pretensiones de la demanda, garantizando el derecho de acceso a la
administración de justicia.»

64. En atención al recurso, la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia

del Seis (6) de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025), confirmó lo resuelto en primera
instancia.

65. Es así como, contrario a lo afirmado en la impugnación, la sociedad Equion Energía

Limited sí expuso, en el curso de la acción de cumplimiento, desde la demanda y en el
recurso de apelación, de manera precisa y detallada, todo el trasegar previo y
concomitante de sus gestiones, por lo que, la Sala no encuentra incumplido el requisito
de procedencia de la acción de tutela relacionado con la subsidiariedad, puesto que, se
insiste, la sociedad sí cumplió la carga de exponer, ante los jueces naturales de la causa
los argumentos que, de acuerdo a lo expuesto en esta sede constitucional, no fueron
debidamente analizados.

66. Por tanto, a juicio de esta Sala, la decisión adoptada en primera instancia no le
impone, de manera alguna, a la Sección Quinta del Consejo de Estado despachar
favorablemente las pretensiones de la accionante en el proceso judicial, como de manera
equivocada lo señala la recurrente, puesto que, si se lee con detenimiento el fallo de
primer grado, lo que echó de menos fue la autoridad judicial demandada no «efectuara un
estudio completo de la posible procedencia del medio de control ejercido, teniendo en cuenta lo
decidido sobre el particular, con antelación por los jueces naturales de la causa, en particular por
esa misma Sección del Consejo de Estado», sin que, ello oriente al juez de la acción de
cumplimiento a proferir la decisión de reemplazo de una manera determinada.

67. Lo que pretende es que, el juez natural de la causa considere todo el trasegar jurídico

al que se ha visto sometida la sociedad accionante en relación con sus pretensiones,
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pues, fue la misma jurisdicción de lo contencioso administrativo la que, inicialmente, no
le dio trámite al proceso ejecutivo y, a la postre, al rechazar la acción de cumplimiento y
al resolver una acción de tutela, le habilitó la posibilidad de acudir nuevamente a la acción
de cumplimiento una vez se resolviera de manera definitiva la demanda de simple
nulidad, como, en efecto lo hizo, por lo que, esta Sala de Subsección comparte el análisis
según el cual, la jurisdicción creó en cabeza de la accionante una confianza legítima y
fundada que le permitiría acudir una vez más a este mecanismo constitucional, que, no
puede ser defraudada, en aras de garantizar el derecho fundamental de acceso real y
efectivo a la administración de justicia.

68. Así las cosas, comoquiera que, el reparo planteado en la impugnación formulada por

la Agencia Nacional de Hidrocarburos consistió únicamente en el presunto
incumplimiento del requisito de subsidiariedad por no haberse, supuestamente, alegado
los argumentos de inconformidad ante el juez natural de la causa, y, al encontrar que
dicho argumento no tiene vocación de prosperidad, esta Sala confirmará el fallo de
primera instancia que concedió el amparo del derecho fundamental de acceso real y
efectivo a la administración de justicia de la sociedad accionante.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del Veintitrés (23) de abril de
Dos Mil Veintiséis (2026) mediante la cual, la Sección Tercera, Subsección A de esta
Corporación concedió el amparo del derecho fundamental de acceso a la administración
de justicia de la sociedad accionante.

SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y términos previstos en el Decreto 2591 de 1991.

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TERCERO. ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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