Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00761-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00761-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00761-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00761 01
Accionante: Sandra Milena Enriquez Tejada
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Revoca la decisión de primera instancia y, en su lugar,
declara improcedente la acción de tutela al no
acreditarse el requisito general de relevancia
constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la accionante en contra del fallo de tutela
proferido el 9 de marzo de 2026 por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado, que negó el amparo solicitado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Sandra Milena Enriquez Tejada, actuando por conducto de apoderada,
promovió acción de tutela en contra de la sentencia proferida el 14 de agosto de 2025
por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado núm. 66001 33 33 002 2024 00227 00/01, y para
ello formuló las siguientes pretensiones1:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA en la
sentencia proferida el día 14 DE AGOSTO DE 2025, en el expediente radicado
bajo número 66001333300220240022700, transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO
DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) SANDRA MILENA ENRIQUEZ TEJADA,
por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la jurisprudencia
emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el material
probatorio obrante en el proceso ordinario.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE RISARALDA dejar sin efectos la providencia referida en
el numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la
norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación
particular del (la) docente SANDRA MILENA ENRIQUEZ TEJADA a la luz de los
argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente
probados en el debate jurídico. [Mayúsculas y negrillas originales del escrito de
tutela].
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00761 00.
1
Radicación: 11001 03 15 000 2026 00761 01
Accionante: Sandra Milena Enriquez Tejada
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La accionante informó que es docente oficial en la categoría 3CM del escalafón regulado
por el Decreto Ley 1278 de 2002.
Relató que, en ejercicio de su competencia para fijar el régimen salarial y prestacional
de los empleados públicos, el Gobierno Nacional dispuso incrementos iguales para el
personal docente vinculado al escalafón establecido por el precitado decreto durante los
años 2005, 2006 y 2007. Sin embargo, expuso que para el año 2008, se decretaron
aumentos porcentuales «inequitativos» en la asignación básica salarial sin que mediara
una exposición de motivos previa, razonada y suficiente, con respaldo jurídico, técnico y
fáctico, que justificara la legalidad de tal diferenciación.
Manifestó que, en virtud de lo anterior, se vio afectada al evidenciar que para la categoría
3DM del escalafón docente recibió un incremento en su salario para el año 2008 del
44,89% mientras que la categoría 3CM obtuvo solo un 32,71%; lo que evidencia una
diferencia negativa de 12,18 puntos porcentuales.
Señaló que presentó reclamación administrativa ante la Nación – Ministerio de
Educación Nacional y la Secretaría de Educación del municipio de Dosquebradas,
solicitando el reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de los
incrementos “desiguales e injustificados” decretados para los años 2008 y 2009, en el
cual se favoreció a los docentes de la categoría 3DM en detrimento de quienes, como el,
se encontraban en el escalafón 3CM.
Indicó que, el Ministerio de Educación mediante oficio sin número del 5 de marzo de
2024 negó su solicitud y que la entidad territorial mediante oficio sin número del 27 de
febrero de 2024 también negó su solicitud.
Expuso que, ante la negativa de su solicitud, presentó demanda de nulidad y
restablecimiento en contra del Ministerio de Educación Nacional y el municipio de
Dosquebradas con el fin que se declarara la nulidad de los actos administrativos
expedidos por las autoridades demandadas.
La demanda correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito de Pereira que, mediante sentencia del 19 de diciembre de 2024, negó las
pretensiones.
Inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación y el Tribunal
Administrativo de Risaralda, en sentencia del 14 de agosto de 2025 la confirmó al
considerar lo siguiente:
[…] Conclusión: Bajo tal panorama, la Sala encuentra que la parte demandante no
probó las causales de nulidad sustancial alegadas en relación con los aumentos
salariales de los docentes ubicados en diferente grado de escalafón y nivel salarial,
para los años 2008, 2009 y 2011, de conformidad con las razones expuestas en las
presentes consideraciones; ya que, como se explicó no se trata de sujetos ubicados
en plano de igualdad y, por lo tanto, no existe un imperativo normativo o
jurisprudencial para predicar que existía la obligación de aumentos iguales. […]
Frente a la procedencia de la acción de tutela, sostuvo que su solicitud de amparo cumple
con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial.
2
Radicación: 11001 03 15 000 2026 00761 01
Accionante: Sandra Milena Enriquez Tejada
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Al respecto, aseveró lo siguiente2:
El presente asunto reviste especial relevancia constitucional, toda vez que la
providencia judicial negó el reconocimiento del derecho y en consecuencia, vulneró
los principios de igualdad material y progresividad salarial, consagrados en los
artículos 13 y 53 de la Constitución Política, para tal efecto, téngase en cuenta que,
se trata de un conflicto que no se agota en la mera interpretación de normas
legales, sino que compromete la vigencia efectiva de derechos fundamentales, toda
vez que la decisión judicial convalidó un trato discriminatorio entre categorías del
escalafón docente, pese a existir un precedente constitucional claro y vinculante
que exigía garantizar la igualdad sustancial en la asignación de incrementos
salariales.
En cuanto a los requisitos generales de procedencia, alegó que la providencia acusada
incurrió en defecto sustantivo y defecto fáctico.
Sobre el defecto sustantivo argumentó lo siguiente3:
[…] La sentencia emitida por el Tribunal incurre en un defecto sustantivo, en la
medida en que realiza una interpretación abiertamente irrazonable y
desproporcionada de las normas constitucionales y legales aplicables al caso,
particularmente del artículo 13 de la Constitución Política, de la Ley 4 de 1992 y
del Decreto Ley 1278 de 2002. El Tribunal confirmó la decisión de primera
instancia bajo el argumento de que los incrementos salariales diferenciados entre
los grados 3CM y 3DM obedecen a criterios objetivos como la formación y la
experiencia, propios del escalafón docente, y que por tanto no se configuraba
vulneración al principio de igualdad. Sin embargo, esta conclusión desconoce que
la controversia no giraba en torno a la diferencia estructural y permanente entre
grados del escalafón, sino a un trato desigual en los incrementos porcentuales
aplicados en el año 2008, en donde se concedió un 44,89% de aumento a la
categoría 3DM frente a un 32,71% para la 3CM, diferencia que proyectó efectos
permanentes sobre la base salarial y que no fue compensada en los años
posteriores […].
Por último, respecto al defecto fáctico explicó lo siguiente4:
En el sub examine, el Tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria
respecto del debate jurídico planteado, por cuanto no se allegó prueba alguna que
demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran dicha decisión
administrativa, resulta imperativo cuestionar qué aspectos válidos y concretos
incidieron para otorgar un trato tan inequitativo, toda vez que ni el expediente ni la
sentencia ofrecen explicación alguna al respecto, lo que genera una profunda
incertidumbre sobre la legitimidad y justificación de la decisión administrativa que
avaló este incremento salarial desigual, por lo que la ausencia de sustento en tales
parámetros no solo vulnera el principio de igualdad material consagrado en el
artículo 13 de la Constitución, sino que también desnaturaliza los fines del servicio
educativo y compromete la legalidad del acto administrativo cuestionado.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
3
Radicación: 11001 03 15 000 2026 00761 01
Accionante: Sandra Milena Enriquez Tejada
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
3.1. La tutela fue radicada el 3 de febrero de 20265 y correspondió por reparto a la
Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado que, por auto del 12 de febrero
de 20266 la admitió y dispuso notificar7 al Tribunal Administrativo de Risaralda, como
parte accionada; y vincular8 al Juzgado Segundo Administrativo de Pereira, a la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, al departamento de Risaralda y a los municipios de Dosquebradas y Pereira,
como terceros con interés directo en el proceso constitucional.
De igual forma, se requirió al Juzgado Segundo Administrativo de Pereira, para que
allegara copia digital del expediente correspondiente al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificado con radicado núm. 66001 33 33 002 2024
00227 00/01/02.
3.2. El municipio de Pereira allegó escrito9 en el que sostuvo que la acción de tutela
resulta improcedente, por cuanto no se acreditó la vulneración de derechos
fundamentales ni la concurrencia de causales específicas de procedibilidad. A su juicio,
la accionante pretende utilizar este mecanismo para reabrir un debate jurídico ya definido
en dos instancias.
Asimismo, indicó que la sentencia cuestionada analizó de manera motivada los cargos
formulados y concluyó que la fijación de la escala salarial docente corresponde de forma
exclusiva al Gobierno nacional, y que los incrementos diferenciados aplicados en 2008 y
2009 respondieron a criterios objetivos propios de la estructura del escalafón docente.
3.3. La profesional especializada de la Oficina Asesora jurídica del Ministerio de
Educación Nacional allegó escrito10 en el que manifestó que carece de legitimación en
la causa por pasiva frente a las pretensiones de la tutelante, dado que la inconformidad
se dirige contra una providencia judicial en cuya expedición no tuvo participación.
3.4. El municipio de Dosquebradas allegó escrito11 en el que solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela o, subsidiariamente, que se nieguen las
pretensiones en lo que respecta a ese ente territorial. Argumentó que no se configura
causal de nulidad que justifique reabrir el proceso judicial, ni se evidencia vulneración del
derecho fundamental al debido proceso.
3.5. La Secretaría de Educación del departamento de Risaralda allegó escrito12 en el que
solicitó su desvinculación del trámite constitucional, al considerar que la acción se dirige
contra una providencia emitida por el Tribunal Administrativo de Risaralda. De manera
adicional, pidió declarar la improcedencia del amparo o negar las pretensiones, en tanto
la controversia planteada ya fue resuelta por la jurisdicción contencioso-administrativa.
5 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00761 00.
6 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00761 00.
7 Esta orden se cumplió el 16 de febrero de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00761 00.
8
Ibidem
9 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00761 00.
10 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 00761 00.
11 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 00761 00.
12
Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 00761 00.
4
Radicación: 11001 03 15 000 2026 00761 01
Accionante: Sandra Milena Enriquez Tejada
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, mediante sentencia del 9 de
marzo de 2026, resolvió lo siguiente13:
Primero: Desvincular del presente trámite de tutela, a la Secretaría de Educación
del departamento de Risaralda, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia.
Segundo: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por el Ministerio de
Educación Nacional y, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia.
Tercero: Negar el amparo de tutela solicitado por la señora Sandra Milena
Enríquez Tejada contra la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de
Risaralda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Para ello, inicialmente señaló que el asunto satisface los requisitos generales de
procedencia fijados por la jurisprudencia, en la medida en que se alegó la posible
afectación de derechos fundamentales.
Posteriormente, al analizar de fondo la controversia, concluyó que la providencia
cuestionada no presenta un razonamiento arbitrario o caprichoso, ni se aparta de los
mandatos constitucionales y legales. En particular, indicó que no se configuran los
defectos sustantivo ni fáctico invocados, ni se advierte la existencia de una vía de hecho
que justifique la intervención del juez de tutela.
Al efecto, la providencia impugnada dispuso lo siguiente:
60. En ese contexto, se observa que la sentencia del Tribunal Administrativo de
Risaralda de ninguna manera realizó una interpretación sesgada a la normativa
aplicable y de los criterios jurisprudenciales que rigen el caso sometido a estudio;
por el contrario, lo que se advierte es que los argumentos desarrollados en la
providencia objeto de tutela atienden las pautas establecidas por el legislador
sobre la forma de definir los incrementos salariales de los docentes.
[…]
[…] la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de los principios de
autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una interpretación
coherente y razonable de las normas y los criterios jurisprudenciales aplicables al
caso concreto. Por estas razones, si bien la providencia objeto de tutela no resultó
favorable al tutelante, esto no significa que se hayan desconocido sus garantías
constitucionales.
64. De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda
hacer uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con
el fin de reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho, con el único propósito de obtener un
pronunciamiento que se acomode a sus intereses y pretensiones.
13 Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 00761 00
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Accionante: Sandra Milena Enriquez Tejada
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, la accionante lo impugnó14 señalando
lo siguiente:
Sostuvo que la conclusión de la decisión impugnada no es acertada, por fundarse en una
lectura fragmentaria del marco normativo y probatorio y omitir un análisis riguroso de
hechos acreditados.
Señaló que la demandante, docente en categoría 3CM del escalafón del Decreto Ley 1278
de 2002, fue objeto de un trato salarial desigual e injustificado frente a docentes 3DM,
quienes recibieron incrementos superiores pese a menores exigencias de formación,
experiencia y evaluación, sin motivación técnica, jurídica ni objetiva.
Afirmó que ello desconoce los principios de mérito, progresividad e igualdad retributiva y el
diseño del escalafón, que asocia mayor calificación con mayor remuneración,
configurándose así un defecto sustantivo y fáctico contrario a la Ley 4ª de 1992, al Decreto
Ley 1278 de 2002 y a la jurisprudencia sobre igualdad salarial.
Asimismo, indicó que la providencia incurre en defecto sustantivo al aplicar las normas
salariales de 2008 y 2009 de manera contraria a la Constitución, al validar incrementos que
favorecieron injustificadamente a la categoría 3DM frente a la 3CM. Añadió que también se
configura defecto fáctico, pues el Tribunal omitió valorar la ausencia de justificación objetiva
del trato desigual y dio por probada una supuesta corrección de brecha salarial no
acreditada. Concluyó que estas falencias afectan los derechos al debido proceso, a la
igualdad material y a la tutela judicial efectiva, lo que habilita la intervención del juez
constitucional.
5.2. Por auto proferido el 17 de abril de 2026 se concedió la impugnación15 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto del 24 de abril de 202616.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 17, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201518, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202119, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo
14 Visto en el índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 00761 00.
15 Visto en el índice 29 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 00761 00.
16 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00761 01.
17 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
18 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
19 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
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Radicación: 11001 03 15 000 2026 00761 01
Accionante: Sandra Milena Enriquez Tejada
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
de 201920, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
6.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente21:
6.2.1. La señora Sandra Milena Enriquez Tejada, actuando por conducto de apoderada,
interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación -
Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Dosquebradas, pretendiendo la
nulidad del
[…] acto administrativo OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 27 DE FEBRERO DE
2024 (…) en cuanto le negó a mi poderdante el derecho a la diferencia en el
incremento salarial que fue decretado de manera indiscriminada y desigual en el
año 2008 para el grado en el escalafón 3DM, con ocasión que fue realizado un
incremento del 44,89%, (…), mientras que el incremento efectuado a la
categoría del escalafón 3CM, fue del 32,71% en su salario para el mismo año
[…] [Negrilla y subrayado del texto original]
En igual sentido, solicitó la nulidad:
[…] total del acto administrativo OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 05 DE
MARZO DE 2024 (…) en cuanto le negó a mi poderdante el derecho a la
diferencia en el incremento salarial que fue decretado de manera indiscriminada
y desigual en el año 2008 para el grado en el escalafón 3DM, con ocasión que
fue realizado un incremento del 44,89%, (…), mientras que el incremento
efectuado a la categoría del escalafón 3CM, fue del 32,71% en su salario para
el mismo año […] [Negrilla y subrayado del texto original]
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a las entidades
demandadas reconozcan:
[…] el pago de las diferencias salariales causadas en los últimos tres (3) años
anteriores a la petición realizada (…), con ocasión de la diferencia en el
incremento salarial que fue decretado de manera indiscriminada y desigual en el
año 2008 para el grado en el escalafón 3DM, con ocasión que fue realizado un
incremento del 44,89%, (…), mientras que el incremento efectuado a la
categoría del escalafón 3CM, fue del 32,71% en su salario para el mismo año
[…]. [Negrilla y subrayado del texto original]
6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Segundo Oral Administrativo del
Circuito de Pereira que, en sentencia del 19 de diciembre de 2024 negó las pretensiones.
6.2.3. Inconforme con la decisión, la parte actora presentó recurso de apelación y el
Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del 14 de agosto de 2025 la
confirmó.
20 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1
de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
21 Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado
núm. 66001 33 33 002 2024 00227 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2026 00761 01
Accionante: Sandra Milena Enriquez Tejada
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Teniendo en cuenta lo expuesto en la impugnación, y comoquiera que el a quo descendió
al estudio de los defectos alegados por los accionantes y negó la solicitud de amparo, la
Sala estima necesario determinar, en primer lugar, si en este evento se cumple el
requisito general de relevancia constitucional, y para ello, se detendrá en (i) los criterios
que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que
se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii)
caso concreto.
6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que22:
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes […].
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades23:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de naturaleza económica.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia. De manera que,
si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.
22 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
23 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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Radicación: 11001 03 15 000 2026 00761 01
Accionante: Sandra Milena Enriquez Tejada
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
6.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que24:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal […].
(Se destaca).
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, «circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial».
En igual sentido anotó que «como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial» (…).
[Se destaca].
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo
constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario
y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e
independencia del juez natural.
La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la compone, esto es, impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces, no está superado.
Ello, debido a que, a través de la solicitud de amparo, la parte actora pretende reabrir el
debate que se surtió en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que
sus inconformidades están encaminadas a cuestionar la interpretación normativa
efectuada en el caso en cuestión.
Lo anterior, con el fin de insistir en que existió una desigualdad salarial injustificada entre
el escalafón 3DM y 3CM, lo cual ya fue objeto de debate.
Al respecto, el tribunal accionado, en la sentencia de segunda instancia acusada, expuso
lo siguiente25:
24 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
25 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
66001 33 33 002 2024 00227 02.
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Accionante: Sandra Milena Enriquez Tejada
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
[…] (i) Excepción de inconstitucionalidad, Luego de hacer un recuento
jurisprudencial de la Corte Constitucional acerca del control de
constitucionalidad difuso por parte del juez ordinario señaló al final: «En ese
orden, son dos los requisitos necesarios para la aplicación de esta excepción:
(i) que la norma de inferior jerarquía sea ostensiblemente contradictoria con los
mandatos constitucionales, de manera que afecte o vulnere los derechos
fundamentales de alguna de las partes en el caso concreto. Y, (ii) que no exista
pronunciamiento judicial de exequibilidad por parte de la Corte Constitucional o
de legalidad por el Consejo de Estado, según el caso, sobre la norma respecto
de la cual se solicita aplicar la misma.»
(ii) Del escalafón docente, después de reseñar el contenido de la Ley 115 de
1994 y del Decreto 1278 de 2002 concluyó que «al ingresar al servicio docente
un educador, previa superación del período de prueba, es inscrito en el
escalafón en el primer nivel salarial (A), ingresa al grado que corresponda según
la formación académica exigida. Y, para poder reubicarse en los niveles B, C y
D, el docente deberá acreditar los años de experiencia requeridos, así como la
superación de la evaluación de competencias».
(iii) Régimen salarial y prestacional de los docentes: Se efectúa un análisis
de las normas constitucionales y legales, en especial el contenido de la Ley 4a
de 1992, los Decretos Ley 1278 de 2002, 634 de 2007, 0de 2088 y 714 de 2008,
últimos expedidos en los periodos de discusión. […]
[…] Frente a lo cual se arriba a la siguiente conclusión: «en ambos períodos el
incremento salarial se hizo por encima del IPC del correspondiente año y,
además, para el año 2009, al menos en lo que respecta a los grados utilizados
para el ejercicio, sí se presentó una diferenciación en el porcentaje de los
salarios. Con todo, será el análisis jurídico probatorio que se haga del caso
particular que determinará si tal diferenciación configura los vicios de nulidad de
los actos acusados que alega la parte demandante.»
(iv) Incremento Salarial de los Empleados Públicos. Se explica el poder
adquisitivo que tiene derecho el trabajador, haciendo alusión a la sentencia
C1433 de 2000 de la Corte Constitucional y la expedida por el Consejo de
Estado de fecha 28 de junio de 2012 bajo el radicado 05001-23-31-000-2001-
02260 01(0584-10), y el 15 de septiembre de 2016 con radicado 76001-23-31-
000 2005- 04234-01(1204-12). Finalmente, se concluye: «se establece que
todos los empleados públicos tienen un derecho general a que su salario sea
incrementado anualmente, con el fin de preservar su poder adquisitivo ante la
inflación. Este derecho se fundamenta en el artículo 53 de la constitución, que
garantiza un salario mínimo vital y móvil. Sin embargo, la Corte Constitucional
ha sostenido de manera reiterada que ningún derecho es absoluto y que, en
determinadas circunstancias y cumpliendo con criterios específicos, puede
haber limitaciones. Así ocurre con esta prerrogativa, esto es, el derecho de
mantener el poder adquisitivo, puesto que, como no podría hablarse de iguales
ante los efectos del fenómeno inflacionario, es aceptable que algunos puedan
recibir un incremento salarial mayor que otros; y para determinar el criterio de
diferenciación, la Corte Constitucional señaló que un ingreso medio o justo
medio constituye un criterio aceptable para diferenciar qué empleados gozan de
esa protección reforzada del derecho en mención. Se recuerda, este justo medio
ha sido establecido y aceptado en dos (2) salarios mínimos, de modo que
quienes devenguen una suma superior a ello, podrán ser objeto de limitación del
derecho, siempre que se cumplan con otros parámetros de justificación y
razonabilidad; mientras que, si el empleado devenga una suma inferior se
convierte en sujeto de protección reforzada, y por ende el incremento de su
salario no podrá ser inferior al IPC del año inmediatamente anterior, con el objeto
de mantener su poder adquisitivo de forma real.»
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(v) De la Carga de la Prueba. Se sostiene que toda decisión judicial debe estar
soportada en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, por lo
cual, no basta entonces con señalar los hechos e indicar las normas, se requiere
probar aquellos supuestos, y desvirtuar incluso las pruebas allegadas por la
contraparte, actividad que se surte también con los medios legales de prueba.
(vi) Principio de igualdad. De manera posterior a exponer sobre el derecho a
la igualdad consagrado en el artículo 13 Superior, así como su definición por
parte de la Corte Constitucional, se precisa «...de acuerdo con este constructo
epistémico metodológico en los dos niveles señalados, resulta posible
determinar si existe realmente una diferencia de trato entre personas o
situaciones perfectamente análogas y, en caso afirmativo, si dicho trato desigual
se encuentra justificado, en cuyo caso la norma ―junto con la medida que ella
establece― se justifica por ser compatible tal criterio de diferenciación con los
postulados constitucionales; o en caso contrario, debe ser reprochada tal
diferenciación y, por ende, la medida descartada y la norma que la contiene
retirada del ordenamiento jurídico (en un examen de constitucionalidad
abstracto y concentrado) o inaplicada (en un control concreto y difuso de
constitucionalidad); aspecto que será abordado más adelante, en el acápite
correspondiente al análisis del caso que convoca.»
(vii) Conclusión: Bajo tal panorama, la Sala encuentra que la parte demandante
no probó las causales de nulidad sustancial alegadas en relación con los
aumentos salariales de los docentes ubicados en diferente grado de escalafón
y nivel salarial, para los años 2008, 2009 y 2011, de conformidad con las razones
expuestas en las presentes consideraciones; ya que, como se explicó no se trata
de sujetos ubicados en plano de igualdad y, por lo tanto, no existe un imperativo
normativo o jurisprudencial para predicar que existía la obligación de aumentos
iguales […] [Negrillas y subraya del texto original].
Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la acción de tutela está siendo utilizada como
una instancia o recurso adicional al proceso ordinario para controvertir lo resuelto por el
juez natural de la causa, por lo que se concluye que, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, la petición de amparo no cumple con el tercer criterio de la relevancia
constitucional.
En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las pretensiones, las
excepciones y los hechos que proponen demandante y demandado, y que la decisión
del juez se fundamenta precisamente en las razones de la demanda y de la contestación,
las pruebas y el derecho que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales
que la ley prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene.
Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes,
simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución
y la ley, en el ámbito de sus competencias; y cualquier desconocimiento que a tales
atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por
fuera de las competencias que le corresponden.
En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional el que
vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin competencia, entraría
en la valoración legal y fáctica del proceso, para modificar una decisión del juez
competente para conocer del caso, en el escaso término legal que le da la ley para
pronunciarse, y siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el
evidente riesgo de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
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Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse sobre las
cuestiones fácticas y de derecho que fueron el objeto del debate, porque así le fueron
planteadas por el demandante y el demandado en sus pretensiones, excepciones y
hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad el llamado a
decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre
las partes que precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha atendido el
debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que se toma, cuando ella está
por fuera de los planteamientos que en los hechos y en derecho han formulado
demandante y demandado, pues, en este caso, la decisión puede comprometer el
núcleo fundamental del debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la
medida en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero ese no es el supuesto
en el caso que aquí se examina.
En consecuencia, la Sala revocará la sentencia del 9 de marzo de 2026 proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar, declarará
improcedente la acción de tutela, por cuanto no se acredita el requisito general de
relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido el 9 de marzo de 2026 por la
Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado que negó la solicitud de amparo
para, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la
señora Sandra Milena Enriquez Tejada, por las razones señaladas en la parte motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 28 de
mayo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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