Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00763-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00763-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00763-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
2 de julio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00763-01
Demandante: Julio Cesar Carvajal Román
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D.C., 2 de julio de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00763-01
Demandante: JULIO CÉSAR CARVAJAL ROMÁN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Incremento salarial docente. Defecto
sustantivo, fáctico y por desconocimiento del precedente.
Improcedencia de la acción de tutela. Requisito de relevancia
constitucional. Reiteración de argumentos.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 15
de abril de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que
declaró improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 3 de febrero de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderada,
el señor Julio Cesar Carvajal Román pidió la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la tutela
judicial efectiva, así como la aplicación del principio de favorabilidad.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 14
de agosto de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que confirmó la
decisión de primera instancia de denegar las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 66001333300220240023000.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA en la sentencia proferida el día
14 DE AGOSTO DE 2025, en el expediente radicado bajo número 66001333300220240023000,
transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE
FAVORABILIDAD del (la) señor (a) JULIO CESAR CARVAJAL ROMAN, por considerar que las
razones de la decisión no se ajustan a la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco
normativo aplicable al caso y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario.
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2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
RISARALDA dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva
con una debida interpretación de la norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera
concreta la situación particular del (la) docente JULIO CESAR CARVAJAL ROMAN a la luz de los
argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate
jurídico.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1. Actuación administrativa
Manifestó el accionante que es docente oficial, perteneciente a la categoría 3CM. Que en
el año 2008 no se realizó un incremento igualitario de la base salarial para los grados
3DM y 3CM, puesto que el primer escalafón recibió un incremento acumulado de 44,89%
y al segundo un 32,71%. Lo que afectó los salarios futuros, debido a que cada año se
aplicaba el incremento sobre la base del anterior.
Que se había decretado un salario inferior a la categoría que pertenece sin justificación
legal, situación que no favoreció sus ingresos desde el año 2010, cuando se
incrementaron los salarios en igualdad de condiciones para los docentes de las
mencionadas categorías.
Que pidió al Ministerio de Educación Nacional y a la Secretaría de Educación de
Dosquebradas que se le reconocieran y pagaran las diferencias salariales de los últimos
tres años anteriores a esa petición, debido a la configuración de la prescripción trienal, y
las que se llegaran a causar en el futuro. Que, a su vez, se le reconociera y pagara la
reliquidación de la prima de navidad, de servicios, de vacaciones, la bonificación
pedagógica, las horas extras y los demás emolumentos percibidos, así como los ajustes
de valor a que hubiere lugar por la disminución del poder adquisitivo de su salario y que
se ordenara el reconocimiento y pago al FOMAG de las diferencias salariales por
concepto de cesantías anualizadas.
A través de los oficios sin número de fecha 27 de febrero de 2024 y 5 de marzo de 2024,
el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación de Dosquebradas,
respectivamente, denegaron la solicitud relacionada en el párrafo anterior.
3.2. Actuación judicial
El señor Julio Cesar Carvajal Román promovió demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el Ministerio de Educación Nacional y el Municipio de Dosquebradas
para que: i) se inaplicara por ilegal el Decreto 284 de 2024 y los decretos que lo
modifiquen, adicionen, aclaren o revoquen, en relación con la asignación salarial que
correspondía a la categoría 3CM y que se inaplicaran los demás decretos nacionales que
fueran expedidos con posterioridad a la presentación de esa demanda que modificaran
la remuneración de los docentes y directivos docentes del Estado; ii) se declarara la
nulidad de los oficios sin número de fecha 27 de febrero de 2024 y 5 de marzo de 2024
expedidos por la Secretaría de Educación del Municipio de Dosquebradas y el Ministerio
de Educación, respectivamente y iii) se declarara que pertenecía a la categoría 3CM del
escalafón nacional docente.
A título de restablecimiento del derecho pidió condenar a las entidades demandadas al:
i) reconocimiento y pago de las diferencias salariales de los últimos tres años anteriores
a la petición que elevó ante el Ministerio de Educación Nacional y el departamento de
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Risaralda y las que se causaran en el futuro, con ocasión de las diferencias en el
incremento salarial decretado en el año 2008 para los docentes de las categorías 3DM y
3CM, que tuvo incidencia en los salarios decretados en los años posteriores; ii)
reconocimiento y pago de la reliquidación de la prima de navidad, de servicios, de
vacaciones, la bonificación pedagógica, horas extras y demás emolumentos; iii)
reconocimiento y pago de los ajustes de la disminución del poder adquisitivo de su salario;
iv) reconocimiento y pago de los intereses moratorios y de costas procesales.
La demanda se adelantó bajo el radicado 66001-3333-002-2024-00230-00 y le
correspondió al Juzgado Segundo Administrativo de Pereira que, por sentencia del 19 de
diciembre de 2024, negó las pretensiones. Explicó que no se afectaron los ingresos de
los docentes del escalafón 3CM, debido a que el aumento de los salarios que se realizó
a los docentes 3DM se justificaba en los niveles de estudio y experiencia.
Dijo que no se demostró que, al aumentar los salarios de los docentes 3DM en mayor
proporción, transgredía el derecho a la igualdad de los docentes de la categoría 3CM,
porque no se encontraban en el mismo escalafón y esa diferencia obedecía a niveles
académicos, de preparación y al mérito.
Inconforme, la parte demandante apeló y reiteró los argumentos de la demanda,
relacionados con una presunta desigualdad injustificada en el incremento de los salarios
del año 2008 para los docentes de las categorías 3DM y 3CM.
Por sentencia del 14 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo de Risaralda, confirmó
la decisión apelada, básicamente, por las mismas consideraciones del a quo.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia cuestionada incurrió en
los siguientes vicios de fondo:
Defecto sustantivo por:
i) Interpretación irracional y desproporcionada del artículo 13 de la Constitución Política,
de la Ley 4 de 1992 y del Decreto Ley 1278 de 2002.
Señaló que la controversia propuesta no giraba en torno a la diferencia entre grados del
escalafón, sino al trato desigual en los incrementos porcentuales aplicados en el año
2008, en el que se concedió al escalafón 3DM un incremento acumulado de 44,89%, en
tanto que, para el escalafón 3CM, un 32,71%. Que esa diferencia generó efectos
permanentes sobre la base salarial y que no fue compensada en los años posteriores.
Que la autoridad judicial demandada desconoció el alcance del principio de igualdad y de
progresividad, al reducir el debate a una comparación abstracta entre grados del
escalafón, sin verificar si existían razones objetivas y constitucionales para justificar la
disparidad en los incrementos salariales.
Que el tribunal demandado, al asumir que cualquier trato desigual quedaba justificado
por el diseño del escalafón docente, desnaturalizó el test de igualdad, al omitir estudiar
la proporcionalidad de la medida y no tener en cuenta retrocesos o discriminaciones
respecto de la remuneración de los docentes.
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Que no se les exigió a las entidades demandadas del proceso ordinario acreditar las
razones de políticas públicas y los estudios que sustentaban el incremento diferencial.
Que la decisión acusada se fundamentó en una interpretación arbitraria que desconoce
principios constitucionales, perpetúa la desigualdad salarial injustificada y afecta los
derechos fundamentales reclamados.
Que toda diferencia salarial debe fundarse en criterios objetivos y razonables, tales como
proporcionalidad, la cantidad y calidad del trabajo desarrollado.
Inaplicación de la interpretación normativa realizada en la sentencia C-1064 de 2001,
proferida por la Corte Constitucional, que, según la parte actora, afirmaba que los
incrementos salariales asignados a los docentes ubicados en grados superiores no
podían ser iguales ni superiores a los asignados a los grados inmediatamente inferiores.
Defecto fáctico por indebida valoración probatoria <<respecto del debate jurídico
planteado>>, debido a que la parte demandada en el proceso ordinario no acreditó que la
desigualdad en el incremento de los salarios de los docentes de las categorías 3DM y
3CM obedeció a razones objetivas, verificables y debidamente fundamentadas. Dijo que
la sentencia acusada tampoco precisó las justificaciones en la disparidad en el
incremento de los salarios.
Formuló los siguientes interrogantes, que, a su juicio, debió resolver el tribunal
demandado: << ¿Cuál fue la justificación para que la Administración estableciera incrementos
salariales más favorables para las categorías inferiores del escalafón durante los períodos 2008
y 2009? ¿en el proceso, obró algún medio de convicción idóneo que acreditara la existencia de
razones objetivas y válidas para justificar los incrementos salariales desiguales dispuestos en los
años referidos?; ¿por qué no se examinó con mayor detenimiento si los decretos en cuestión se
ajustaban plenamente al ordenamiento jurídico? y, finalmente, ¿los actos que establecieron
incrementos diferenciados para el personal docente debían estar respaldados por una carga
argumentativa suficiente que respaldara la medida adoptada, o resultaba admisible que dicha
decisión se fundara exclusivamente en la discrecionalidad del Poder Ejecutivo?>>.
Finalmente, la Sala observa que, si bien la parte actora no alegó un defecto por
desconocimiento del precedente, lo cierto es que señaló que la autoridad judicial
demandada no atendió el precedente fijado en una sentencia del 7 de diciembre de 2022,
dictada por la Corte Suprema de Justicia, que no se identificó y que, según la tutelante,
estableció criterios fundamentales sobre la igualdad respecto del salario y las
prestaciones, al señalar que cualquier trato diferente debía estar justificado en razones
jurídicas y objetivas.
5. Intervenciones
El Tribunal Administrativo de Risaralda allegó copia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho bajo radicado 6001-33-33-002-2024-00243-02 el cual fue
acumulado con el proceso bajo radicado 66001-33-33-002-2024-00230-00.
El Ministerio de Educación Nacional solicitó que se declarara improcedente la acción
de tutela. Precisó que carecía de legitimación en la causa por pasiva para realizar un
pronunciamiento de fondo, toda vez que la controversia expuesta en la acción de tutela
versa sobre una providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda. Adujo
que la solicitud de amparo no tenía relevancia constitucional porque las pretensiones se
dirigían contra una decisión adoptada por el referido tribunal y tampoco acreditó un
perjuicio irremediable ni la violación de derechos fundamentales. Asimismo, señaló que
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no se acreditó la configuración de alguno de los defectos específicos que permiten que
excepcionalmente proceda la tutela contra providencias judiciales.
La Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela. Adujo que la accionante pretende cuestionar la
interpretación jurídica realizada por el Tribunal Administrativo de Risaralda sobre los
decretos salariales aplicables al régimen docente, pero que la inconformidad con la
interpretación realizada por el juez no configura por sí sola defecto sustantivo ni fáctico
que habilite al juez constitucional a intervenir. Precisó que la presente acción de tutela
está dirigida en contra de una decisión judicial proferida por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, por lo que la entidad no tiene competencia para revisar, modificar o dejar sin
efectos decisiones judiciales, y solicitó la desvinculación del trámite constitucional.
El Municipio de Pereira solicitó que se declare la improcedencia de la tutela frente al
ente territorial. Argumentó que carece de legitimación en la causa tanto por activa como
por pasiva dentro de la acción de tutela, lo que impide que se le pueda atribuir algún tipo
de responsabilidad relacionada con los hechos y las pretensiones planteadas por el
accionante, pues en la misma exposición de los hechos se evidencia que tanto en la
reclamación administrativa como en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, fueron contra el Municipio de Dosquebradas y el Ministerio de Educación
Nacional.
Asimismo, señaló que la tutela no puede prosperar frente a una autoridad que no ha
intervenido en la relación jurídica sustancial; por ende, no tiene la capacidad legal para
satisfacer las pretensiones del accionante, pues de ser así se desconocerían principios
como el de responsabilidad administrativa, competencia funcional y el debido proceso.
El Juzgado Segundo Administrativo de Pereira remitió el enlace de consulta del
expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho bajo radicado 66001-
33-33-002-2024-00230-00
En cuanto al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y a
la Fiduprevisora S.A., no se pronunciaron, pese a que, como se vio, fueron debidamente
notificadas.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por sentencia del 15 de abril de
2026, declaró improcedente la acción de tutela, al estimar que no cumplía con el requisito
de relevancia constitucional, debido a que el debate propuesto ya había sido resuelto por
la autoridad judicial demandada y no se observaba que la decisión acusada fuera
arbitraria o que transgrediera garantías fundamentales.
7. Impugnación
La parte actora impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, conceder el amparo solicitado.
Argumentó que la controversia sí tenía relevancia constitucional porque comprometía los
derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso. Que no pretendía utilizar la
acción de tutela como una instancia adicional del proceso ordinario, porque, por el
contrario, buscaba la protección de los derechos fundamentales de los docentes oficiales
que han recibido un trato salarial diferente sin justa causa.
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Por último, reiteró los argumentos de los defectos fáctico y sustantivo.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la acción de tutela.
La Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada, por cuanto la acción de tutela no
satisface el requisito de relevancia constitucional. En efecto, la parte actora la utiliza para
insistir en que se debió declarar la nulidad de los actos demandados en el proceso
ordinario, debido a que se presentaron diferencias en los incrementos salariales de varias
categorías docentes, lo que transgrediría el derecho a la igualdad.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) la relevancia constitucional y (iii) el análisis del caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales1 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos2 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-003, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
El primer criterio (vulneración o amenaza real de derechos fundamentales) está previsto
para que la acción de tutela no se utilice para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la
acción de tutela.
1 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
2 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
3 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Frente al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia
adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que, por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
4. Análisis del caso concreto
De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que coinciden con los propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. Básicamente, en ese proceso y en la acción de tutela, la parte actora señala
que se debió declarar la nulidad de los actos demandados en el proceso ordinario, debido
a que las diferencias en el incremento salarial decretado para los docentes de las
categorías 3DM y 3CM transgreden el derecho a la igualdad.
En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por el señor Julio Cesar Carvajal Román
contra la sentencia del 19 de diciembre de 2024 dictada por el Juzgado Segundo
Administrativo de Pereira, se lee lo siguiente:
(...)
Lo que se cuestiona es que, en el caso concreto, la facultad para determinar los aumentos porcentuales
no estuvo debidamente sustentada al momento de fijarse los incrementos desiguales para los años
2008, 2009 y 2011, fundamentación que debería haber sido más rigurosa, especialmente considerando
que en los años anteriores se había aplicado un aumento homogéneo a la base salarial del personal
escalafonado; luego entonces, la modificación de esta política requería, en criterio la jurisprudencia
citada, un respaldo técnico o jurídico que garantizara su legitimidad, lo cual no ocurrió en este caso. Por
ello, se justifica la demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa, dado que los decretos
cuestionados incurrieron en una causal de nulidad del acto administrativo: la falta de motivación,
entendida “como la exposición de motivos o razones en que se funda la voluntad de la administración,
[siendo] el soporte fáctico y jurídico del sentido y alcance de la decisión de la autoridad y debe ser
suficiente para que le permita a los administrados ejercer efectivamente los derechos de defensa y
contradicción.”
(…)
Así las cosas, el principio de proporcionalidad, consagrado implícitamente en el marco constitucional y
desarrollado ampliamente en la jurisprudencia colombiana, exige que las decisiones administrativas y
legislativas guarden un equilibrio razonable entre los fines perseguidos y los medios empleados,
respetando los derechos fundamentales y los principios constitucionales. En el caso en cuestión, los
incrementos salariales diferenciados aplicados en los años 2008, 2009 y 2011 a los docentes oficiales
vulnerando este principio y afectando el derecho a la igualdad y al trabajo digno, protegidos por los
artículos 13 y 53 de la Constitución Política.
(…)
Aunado a lo anterior, el análisis de necesidad exige que la medida adoptada sea la única forma de
alcanzar el fin propuesto. En este caso, los años anteriores de 2005 a 2007 y los años posteriores 2012
a 2024 demostraron que los incrementos salariales iguales para todas las categorías del escalafón eran
viables y no generaban conflictos con la política salarial del Estado. La decisión de diferenciar los
porcentajes de aumento en 2008, 2009 y 2011 no se sustentó en la necesidad de lograr objetivos
concretos y, por tanto, hay ausencia de necesidad.
(…) La diferencia en los incrementos salariales decretados en 2008 y 2009 aunque para este último año
fue un poco superior no compensa con el error flagrante cometido en 2008, por lo cual dicha situación
no responde a una justificación razonable ni objetiva. Esta situación rompe con la proporcionalidad
esperada, dado que: i) Igualdad de condiciones laborales: Los docentes de ambos grados realizan
funciones similares en términos de su contribución al sistema educativo y enfrentan exigencias
comparables en su labor diaria, por lo que el trato diferenciado carece de fundamento, ii) Efectos
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acumulativos desproporcionados: Al aplicar incrementos diferenciados en un año específico, se afecta
negativamente la base salarial de los grados menos favorecidos, generando una desigualdad que se
perpetúa y amplifica en los años siguientes, como se observa en la evolución de los salarios desde 2012
hasta 2024 y iii) Falta de equidad intergeneracional: Esta disparidad implica que docentes con
trayectorias similares y niveles de responsabilidad equiparables perciban remuneraciones que no
reflejan el principio de justicia salarial.
(…)
El artículo 13 de la Constitución Política de Colombia consagra el derecho a la igualdad ante la ley,
estableciendo que todas las personas recibirán el mismo trato y no podrán ser objeto de discriminación
arbitraria por razones de etnia, género, religión, opiniones políticas, entre otras. Este precepto se
extiende al ámbito laboral, donde el principio de igualdad debe traducirse en una distribución equitativa
y no discriminatoria de los salarios y prestaciones sociales.
(…)
En este caso, se observa un tratamiento desigual que resulta particularmente problemático, dado que
las circunstancias fácticas no han variado. Los incrementos porcentuales salariales aplicados en los
años 2005, 2006, 2007, 2010 y desde 2012 hasta la fecha se han implementado de manera uniforme
para todo el escalafón docente. Sin embargo, los aumentos para los años 2008, 2009 y 2011
presentaron diferencias significativas entre los distintos grados y niveles, a pesar que todos están
sujetos al mismo marco normativo, específicamente el Decreto Ley 1278 de 2002. Esta disparidad en
el tratamiento salarial no encuentra justificación, ya que el principio de igualdad y no discriminación
exige un trato equitativo en situaciones equivalentes, por lo que, la falta de variación en las condiciones
fácticas y normativas refuerza la necesidad de aplicar criterios idénticos en la determinación de los
incrementos porcentuales para esas anualidades, máxime cuando la parte demandada al interior del
proceso no logró justificar adecuadamente esta inconsistencia, lo que socava la legalidad de la
actuación administrativa acusada.
(…)
Por su parte, en la acción de tutela (y ahora en la impugnación), la parte actora argumenta
lo siguiente:
En concordancia con lo anterior, la presente controversia sí tiene relevancia constitucional porque
compromete de manera directa los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso. La
sentencia impugnada parte de una premisa que no resulta acertada al afirmar que el debate es
“meramente económico”; esa comprensión desconoce que el núcleo del conflicto radica en un trato
salarial diferenciado dentro del escalafón docente, ocurrido en el año 2008, sin que exista una
justificación objetiva capaz de superar el escrutinio constitucional exigido por la Sentencia C-1064 de
2001. Dicha providencia estableció que, cuando la administración adopta tratos diferenciados en materia
salarial respecto de servidores sometidos a un mismo régimen jurídico, debe demostrar razones
sustanciales, suficientes y objetivas que permitan validar la diferenciación. Este estándar deriva
directamente del artículo 13 de la Constitución, que ordena garantizar la igualdad material y exige
motivaciones constitucionalmente válidas para cualquier tipo de trato desigual dentro de un régimen
legal unitario.
(…)
En el caso concreto, la evidencia salarial demuestra que, durante los años 2008 y 2009, la categoría
3DM del escalafón docente recibió un incremento del 52,56 %, mientras que la categoría 3AM obtuvo
apenas un 35,81 %. La diferencia en perjuicio de esta última asciende a 16,75 puntos porcentuales. La
providencia judicial impugnada, al negar el reconocimiento de esta inequidad y omitir el precedente
constitucional aplicable, perpetúa una desigualdad incompatible con los artículos 13 y 53 de la Carta.
Esa circunstancia reafirma el carácter estrictamente constitucional del asunto y demuestra que
no se trata de una discusión aritmética, sino de la afectación del núcleo esencial de la igualdad
salarial en la función pública docente.
(…)
La evidencia normativa demuestra que durante los años 2006 y 2007 los incrementos salariales fueron
iguales para todas las categorías del escalafón docente, conforme a los decretos expedidos por el
Gobierno Nacional. En contraste, en el año 2008 se introdujeron incrementos diferenciados sin
explicación alguna en los actos administrativos y sin que se aportara estudio técnico que justificara la
medida. A partir de 2010, los incrementos volvieron a ser iguales para todas las categorías. Esta
secuencia evidencia que la diferencia introducida en 2008 fue excepcional, irregular y carente de una
razón objetiva verificable.
(…)
Esta ausencia probatoria resulta determinante, porque la igualdad salarial exige que cualquier trato
diferenciado esté sustentado en criterios verificables y objetivos. Así lo reiteró la Corte Suprema de
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00763-01
Demandante: Julio Cesar Carvajal Román
Justicia en sentencia del 7 de diciembre de 2022, al señalar que todo trato salarial distinto debe estar
justificado en razones jurídicas y objetivas, y que resulta arbitrario cualquier tratamiento basado en
apreciaciones subjetivas. Este estándar coincide con el artículo 13 de la Constitución y con el Convenio
111 de la OIT, que ordena evitar discriminaciones injustificadas en materia de empleo y ocupación.
A pesar de lo anterior, el Tribunal no examinó si los decretos del año 2008 contaban con respaldo
técnico ni verificó si la diferencia salarial guardaba relación con criterios de mérito o profesionalización.
Tampoco indagó por la afectación permanente generada por esos incrementos en la base salarial de la
categoría 3CM. Esta omisión probatoria resulta determinante, porque priva de legitimidad la actuación
administrativa y convierte la decisión judicial en un acto carente de fundamento objetivo.
(…)
No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el tribunal demandado en la sentencia del
14 de agosto de 2025, en la que consideró:
(…)
Los fundamentos jurídicos que se acogen en esta providencia, en forma resumida, son aquellos
plasmados en la sentencia del 24 de julio de 2025, emanada de la Sala Tercera de Decisión de este
Tribunal, con ponencia del magistrado Andrés Medina Pineda, radicado: 6001-33-33-002-2024-00213-
02 (A-0568-2025), demandante: Deiby Geovanny Ramírez García, demandados: Fomag y Municipio
de Dosquebradas.
(…)
Como ya se ha indicado en acápite 6.1.1. obra precedente horizontal proferido por este Tribunal, que
recoge la posición no solo mayoritaria sino unánime de las diferentes Salas de Decisión, lo que hace
del caso solo resumir y parafrasear el juicioso análisis efectuado en esa sentencia hito. El caso que
sirve de fuente a la solución del sub lite, los hechos, los supuestos jurídicos son plenamente
extrapolables; es así como, en resumen, la Sala Tercera de Decisión de este Tribunal contestó cada
uno de los argumentos de la apelación allí surtida, y que se puede resumir así:
(i) Excepción de inconstitucionalidad, Luego de hacer un recuento jurisprudencial de la Corte
Constitucional acerca del control de constitucionalidad difuso por parte del juez ordinario señaló al final:
«En ese orden, son dos los requisitos necesarios para la aplicación de esta excepción: (i) que la norma
de inferior jerarquía sea ostensiblemente contradictoria con los mandatos constitucionales, de manera
que afecte o vulnere los derechos fundamentales de alguna de las partes en el caso concreto. Y, (ii)
que no exista pronunciamiento judicial de exequibilidad por parte de la Corte Constitucional o de
legalidad por el Consejo de Estado, según el caso, sobre la norma respecto de la cual se solicita aplicar
la misma.»
(ii) Del escalafón docente, después de reseñar el contenido de la Ley 115 de 1994 y del Decreto 1278
de 2022 concluyó que «al ingresar al servicio docente un educador, previa superación del período de
prueba, es inscrito en el escalafón en el primer nivel salarial (A), ingresa al grado que corresponda según
la formación académica exigida. Y, para poder reubicarse en los niveles B, C y D, el docente deberá
acreditar los años de experiencia requeridos, así como la superación de la evaluación de
competencias».
(iii) Régimen salarial y prestacional de los docentes: Se efectúa un análisis de las normas
constitucionales y legales, en especial el contenido de la Ley 4a de 1992, los Decretos Ley 1278 de
2002, 634 de 2007, 624 de 2088 y 714 de 2008, últimos expedidos en los periodos de discusión. Se
toman como base dos grados del escalafón 2BE y 2AE así:
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00763-01
Demandante: Julio Cesar Carvajal Román
(iv) Frente a lo cual se arriba a la siguiente conclusión: «en ambos períodos el incremento salarial se
hizo por encima del IPC del correspondiente año y, además, para el año 2009, al menos en lo que
respecta a los grados utilizados para el ejercicio, sí se presentó una diferenciación en el porcentaje de
los salarios. Con todo, será el análisis jurídico probatorio que se haga del caso particular que
determinará si tal diferenciación configura los vicios de nulidad de los actos acusados que alega la parte
demandante.»
(iv) Incremento Salarial de los Empleados Públicos. Se explica el poder adquisitivo que tiene derecho
el trabajador, haciendo alusión a la sentencia C-1433 de 2000 de la Corte Constitucional y la expedida
por el Consejo de Estado de fecha 28 de junio de 2012 bajo el radicado 05001-23-31-000-2001-02260
01(0584-10), y el 15 de septiembre de 2016 con radicado 76001-23-31-000 2005-04234-01(1204-12).
Finalmente, se concluye: «se establece que todos los empleados públicos tienen un derecho general a
que su salario sea incrementado anualmente, con el fin de preservar su poder adquisitivo ante la
inflación. Este derecho se fundamenta en el artículo 53 de la constitución, que garantiza un salario
mínimo vital y móvil. Sin embargo, la Corte Constitucional ha sostenido de manera reiterada que ningún
derecho es absoluto y que, en determinadas circunstancias y cumpliendo con criterios específicos,
puede haber limitaciones. Así ocurre con esta prerrogativa, esto es, el derecho de mantener el poder
adquisitivo, puesto que, como no podría hablarse de iguales ante los efectos del fenómeno inflacionario,
es aceptable que algunos puedan recibir un incremento salarial mayor que otros; y para determinar el
criterio de diferenciación, la Corte Constitucional señaló que un ingreso medio o justo medio constituye
un criterio aceptable para diferenciar qué empleados gozan de esa protección reforzada del derecho en
mención. Se recuerda, este justo medio ha sido establecido y aceptado en dos (2) salarios mínimos, de
modo que quienes devenguen una suma superior a ello, podrán ser objeto de limitación del derecho,
siempre que se cumplan con otros parámetros de justificación y razonabilidad; mientras que, si el
empleado devenga una suma inferior se convierte en sujeto de protección reforzada, y por ende el
incremento de su salario no podrá ser inferior al IPC del año inmediatamente anterior, con el objeto de
mantener su poder adquisitivo de forma real.»
(v) De la Carga de la Prueba. Se sostiene que toda decisión judicial debe estar soportada en las
pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, por lo cual, no basta entonces con señalar los
hechos e indicar las normas, se requiere probar aquellos supuestos, y desvirtuar incluso las pruebas
allegadas por la contraparte, actividad que se surte también con los medios legales de prueba.
(vi) Principio de igualdad. De manera posterior a exponer sobre el derecho a la igualdad consagrado
en el artículo 13 Superior, así como su definición por parte de la Corte Constitucional, se precisa «...de
acuerdo con este constructo epistémico-metodológico en los dos niveles señalados, resulta posible
determinar si existe realmente una diferencia de trato entre personas o situaciones perfectamente
análogas y, en caso afirmativo, si dicho trato desigual se encuentra justificado, en cuyo caso la norma
―junto con la medida que ella establece― se justifica por ser compatible tal criterio de diferenciación
con los postulados constitucionales; o en caso contrario, debe ser reprochada tal diferenciación y, por
ende, la medida descartada y la norma que la contiene retirada del ordenamiento jurídico (en un examen
de constitucionalidad abstracto y concentrado) o inaplicada (en un control concreto y difuso de
constitucionalidad); aspecto que será abordado más adelante, en el acápite correspondiente al análisis
del caso que convoca.»
(vii) Conclusión: Bajo tal panorama, la Sala encuentra que la parte demandante no probó las causales
de nulidad sustancial alegadas en relación con los aumentos salariales de los docentes ubicados en
diferente grado de escalafón y nivel salarial, para los años 2008, 2009 y 2011, de conformidad con las
razones expuestas en las presentes consideraciones; ya que, como se explicó no se trata de sujetos
ubicados en plano de igualdad y, por lo tanto, no existe un imperativo normativo o jurisprudencial para
predicar que existía la obligación de aumentos iguales.
(…)
Como se ve, la discusión que propone la parte actora ya fue resuelta por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, que explicó que no era dable acceder a las pretensiones del
actor, debido a que, si bien, sí se había presentado una diferencia en el incremento
salarial entre categorías, lo cierto era que ello no suponía la transgresión del derecho a
la igualdad, debido a que los docentes pertenecientes a esos escalafones no se
encuentran en las mismas condiciones fácticas y jurídicas.
En el escenario que propone la demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades judiciales demandadas en
el proceso ordinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.
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Demandante: Julio Cesar Carvajal Román
Justamente por lo anterior, la Sala, como juez de tutela, no puede volver a examinar si
era procedente acceder a las pretensiones de la demanda ordinaria presentada por el
señor Carvajal Román.
La acción de tutela es un valioso instrumento para proteger derechos fundamentales, que
no puede utilizarse como una instancia adicional para obtener una opinión jurídica diversa
o tratar de imponer una decisión distinta a la adoptada por las autoridades jurisdiccionales
de instancia.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que la parte actora señaló que el tribunal
demandado desconoció el precedente fijado en una sentencia dictada por la Corte
Suprema de Justicia que no se identificó, por lo que para la Sala resulta imposible verificar
la configuración de ese defecto.
Las anteriores razones son suficientes para que la Sala confirme la decisión de primera
instancia que declaró improcedente la solicitud de amparo.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
II. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica 4:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente, a través de su
grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un sistema de apoyo de inteligencia
artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único propósito de efectuar una revisión ortográfica,
gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado en el
que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente
errores verificables de ortografía (tildes, mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico
(uso impropio de palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la
Real Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó restricciones
expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones alternativas, reescribiera
párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo jurídico, probatorio o argumentativo de
la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente en una tabla que individualizara cada hallazgo (página,
párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta
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Demandante: Julio Cesar Carvajal Román
fueron objeto de revisión, verificación y validación por parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia
o improcedencia de cada ajuste, sin que se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se
hayan incorporado al texto reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el
sistema se utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el funcionario judicial.
Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales, información sensible ni elementos de
carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de
debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las
finalidades autorizadas en los literales (a) del numeral 4.1.; y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16
de diciembre de 2024, "por el cual se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético
de la inteligencia artificial en la Rama Judicial".
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