Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00764-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00764-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00764-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
8 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., ocho (08) de mayo de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00764-01
Accionante: LUCERO CARDONA TORRES
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN B1
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Derechos fundamentales al debido proceso, a la primacía
de la realidad sobre las formas, al salario mínimo vital y móvil y al trabajo digno y justo /
MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO –
Reconocimiento de relación laboral / REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL –
Se acudió a la acción de tutela con el propósito de reabrir la discusión definida en el proceso
ordinario.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la parte accionante,
por conducto de apoderado, contra la sentencia del 5 de marzo de 2026, proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad con lo consagrado
en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto 2591 de
19912.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 3 de febrero de 2026, la señora Lucero Cardona Torres, a través de
apoderado, promovió acción de tutela contra la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la primacía de la realidad sobre las formas, al
salario mínimo vital y móvil, así como al trabajo digno y justo.
Hechos relevantes
2. La parte accionante presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional, con el fin de obtener la nulidad de los siguientes actos
administrativos:
1
Si bien en la carátula del expediente visible en el aplicativo Samai aparece como parte accionada
el Tribunal Administrativo de Caldas, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente y
con los fundamentos y las pretensiones planteadas en el escrito de tutela, se tiene que la demanda
se dirige contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
2
Que ingresó a despacho para fallo el 15 de abril de 2026.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00764-01
Accionante: Lucero Cardona Torres
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
“[…] 1.1. Acto administrativo No. S-2018-047981 / COMAN ASJUR-1.10,
emitido el 25 de septiembre de 2018 por el comandante del Departamento
de Policía Caldas, por medio del cual se dio respuesta a un derecho de
petición.
1.2. Acto administrativo No. S-2018- /COMAN - ASJUR 1.10 del 24 de
octubre de 2018, emitido el 24 de octubre de 2018 por el comandante del
Departamento de Policía Caldas, "Por medio del cual se resuelve recurso de
reposición y en subsidio recurso de apelación contra el acto administrativo
comunicado oficial S-2018-047981 del 25 de septiembre de 2018.
1.3. Acto administrativo negativo ficto o presunto, por la no resolución del
recurso de apelación interpuesto. […]”3.
3. A título de restablecimiento del derecho, la actora solicitó la declaratoria de la
existencia de una relación laboral entre las partes, el pago de las prestaciones
sociales que de ello se derivaran, tales como salarios, cesantías y sus intereses,
primas, dotación de calzado y vestido de labor, vacaciones y auxilio de transporte;
el reconocimiento y pago a su favor de los aportes a pensión, así como de las
indemnizaciones, sanciones e intereses a los que hubiera lugar; la indexación de
las sumas que resultaren de lo que llegare a resolverse, el cumplimiento de la
sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA y la condena en costas.
4. El proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Caldas que, por medio de
sentencia del 28 de julio de 2023, negó las pretensiones de la demanda.
5. Como fundamento de su decisión, el a quo consideró que los elementos
probatorios obrantes en el expediente, particularmente las actividades de aseo
realizadas por la demandante en la Estación de Policía del municipio de Neira
(Caldas), no daban cuenta de su vinculación legal con la Policía Nacional. De igual
modo, tampoco encontró acreditado un pago mensual por parte de la entidad como
retribución a la labor desarrollada, debido a que no se allegaron documentos que
así lo demostraran.
6. Señaló que las pruebas testimoniales revelaron que la actora llevaba a cabo
labores de aseo en la Estación de Policía del municipio de Neira (Caldas) y que era
ella quien recogía ciertas sumas de dinero aportadas voluntariamente por los
policías. No obstante, la autoridad judicial adujo que de tales circunstancias no
podía inferirse que dichas actividades, realizadas sin nombramiento, sin posesión
y sin la suscripción de un contrato laboral o de prestación de servicios, constituyeran
funciones formales ni el ejercicio irregular de un cargo, pues para ello se requería
que estuvieran debidamente previstas en un manual de funciones o en un acto
expedido por la entidad demandada, lo cual no ocurrió.
7. La demandante presentó apelación contra la decisión precitada, toda vez que, a
su juicio, se encontraba probado la prestación del servicio como aseadora de la
Estación de Policía del municipio de Neira (Caldas), entre el 1.° de agosto de 1997
y el 18 de mayo de 2017, la subordinación y dependencia respecto de la entidad,
el cumplimiento de un horario de trabajo y un pago como contraprestación por las
labores desarrolladas.
3
Folio 153. Archivo “005_DemandaWeb_Anexos_03Pruebas”.
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00764-01
Accionante: Lucero Cardona Torres
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
8. El recurso de apelación fue estudiado por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado que, por medio de sentencia del 10 de julio de
2025, (i) revocó el ordinal relativo a la condena en costas impuesta a la parte actora;
y (ii) confirmó en lo restante la providencia recurrida, frente a la negativa al
reconocimiento de la relación laboral.
9. El ad quem expuso que, “una vez valoradas en conjunto las pruebas, la Sala
encuentra que estas no ofrecen certeza de la existencia de la relación laboral de
hecho alegada por la actora, pues no demuestran fehacientemente que i) hubiese
estado vinculada y prestado un servicio personal a la Policía Nacional con la
aquiescencia de la autoridad competente; ii) que por su labor recibiera una
remuneración o pago; y iii) que en la relación con el empleador existiera
subordinación o dependencia”4.
10. La señora Lucero Cardona Torres presentó solicitud de adición de la sentencia
del 10 de julio de 2025, por considerar que la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado no se pronunció sobre los argumentos relacionados con la
falta de aplicación del principio de enriquecimiento sin causa y de la perspectiva de
género.
11. Por medio de auto del 23 de octubre de 2025, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado negó la adición pretendida, al señalar que la
decisión objeto de solicitud había sido clara, completa y suficientemente motivada,
y su eventual adición implicaría desconocer el principio de cosa juzgada, lo cual
afectaría la seguridad jurídica y la inmutabilidad de las decisiones judiciales.
Pretensiones
12. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):
“1. Declare que la autoridad judicial accionada vulneró los siguientes
derechos constitucionales fundamentales de la accionante: debido proceso;
primacía de la realidad sobre las formas; salario mínimo, vital y móvil; y
trabajo digno y justo.
2. Como consecuencia de lo anterior, deje sin efectos las siguientes
providencias judiciales:
2.1. Sentencia de segunda instancia emitida el 10 de julio de 2025
por la Subsección B, de la Sección Segunda, de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, C.P. JUAN
ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación 17001-23-33-000-
2019-00448-01 (0148-2024). Dicha sentencia fue notificada por
correo electrónico el 17 de septiembre de 2025.
2.2. Auto calendado el 23 de octubre de 2025, por medio del cual
la Subsección B, de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
resolvió negar la solicitud de adición de la sentencia de segunda
instancia proferida en el proceso identificado con antelación. Dicho
4
Folio 202 ibid.
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00764-01
Accionante: Lucero Cardona Torres
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
auto fue notificado por estado electrónico el 6 de noviembre de
2025.
3. Además, ordene que la entidad accionada, dentro del término que 48
horas siguientes a la notificación de la sentencia que acceda a las
pretensiones de esta solicitud de tutela, emita una nueva sentencia que, en
aras de proteger los derechos fundamentales conculcados a la
demandante, le permita acceder al reconocimiento de sus derechos
laborales”5.
Fundamentos de la demanda de tutela
13. La parte demandante sostiene que la providencia cuestionada incurrió en una
violación directa de la Constitución, al otorgar un alcance restrictivo a los
principios de primacía de la realidad e in dubio pro operario, pues, según indica, se
concedió mayor importancia a la ausencia de un acto de nombramiento o de un
contrato que a la realidad material de la relación laboral.
14. En ese sentido, aduce que “la administración pública no podría beneficiarse del
trabajo personal y subordinado de un ciudadano, para luego evadir el pago de
prestaciones sociales o el reconocimiento de otros derechos laborales, bajo el
argumento de que no existió un nombramiento formal o un contrato administrativo,
o que el comandante de la estación de policía no era el funcionario competente
para proveer el cargo”6.
15. Asimismo, la actora afirma que logró acreditar que efectivamente desempeñó
labores de aseo en la estación de policía y, en ese sentido, señaló que “es posible
aseverar que La Policía Nacional siempre tuvo la posibilidad de contratar empresas
o personas naturales para la realización de los servicios de aseo de sus
instalaciones, y a pesar de ello, nunca contrató a alguna para realizar las labores
de aseo que SI fueron desempeñadas por la demandante Lucero Cardona Torres,
en la estación de Policía de Neira, bajo la subordinación de los respectivos
comandantes de la estación, durante cerca de 20 años, siendo esta última una
REALIDAD que fue soslayada en el fallo enjuiciado”7.
Trámite procesal
16. Por medio de auto del 10 de febrero de 20268, la Sección Primera del Consejo
de Estado admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado como accionado y al
Tribunal Administrativo de Caldas y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional, como terceros con interés en las resultas del proceso, para que
ejercieran su derecho de defensa.
5
Folios 10 y 11 del escrito de tutela.
6
Folio 9 del escrito de tutela.
7
Folio 10 ibid.
8
Obra en certificado 5796FD65E758A1EA 1535D4C090C08BDA D84B4DA13E8D4D58
FC34E0B47F152B7F. índice 5 de Samai. Expediente 11001-03-15-000-2026-00764-00.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00764-01
Accionante: Lucero Cardona Torres
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Intervenciones
17. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado solicitó que
se declarara improcedente la acción de tutela de la referencia por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional. Ello, por cuanto consideró que los
argumentos de la accionante están dirigidos a reabrir el debate jurídico ya resuelto
por el juez natural de la causa.
18. Precisó que la decisión enjuiciada se fundamentó en el marco normativo y
jurisprudencial vigente, según el cual “se concluyó que no se había acreditado la
existencia de una relación laboral de hecho entre Lucero Cardona Torres y la
Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, que tuviera como consecuencia el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales por el período alegado”9.
19. El Tribunal Administrativo de Caldas indicó que las inconformidades
expuestas por la accionante en el escrito de tutela se dirigen expresamente contra
las consideraciones adoptadas por el Consejo de Estado en la sentencia proferida
en segunda instancia. Por ello, adujo que no puede predicarse que dicha autoridad
judicial ha vulnerado los derechos fundamentales invocados en la acción bajo
estudio.
20. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional solicitó que
se declarara improcedente la acción de tutela de la referencia, al estimar que no se
configura una vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la
providencia cuestionada, en la medida en que no se evidencia la existencia de un
perjuicio irremediable causado a la parte actora, derivado de la decisión adoptada
y que no estuviera en la obligación jurídica de soportar.
La sentencia de primera instancia
21. Por medio de la sentencia del 5 de marzo de 2026, la Sección Primera del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
22. Advirtió que la argumentación que esgrimió la parte actora para acreditar la
supuesta vulneración de los derechos fundamentales en que incurrió la autoridad
accionada no develaba que el presente asunto girara en torno al alcance de algún
derecho fundamental, sino, únicamente, frente a la mera inconformidad con la
decisión adoptada en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicación núm. 17001-23-33-000-2019-00448-01.
23. Así, indicó que “los argumentos de la parte actora más que develar la existencia
de una cuestión que sea de ‘verdadera relevancia constitucional’ que conlleve la
presunta trasgresión de derechos fundamentales, demuestra una inconformidad
con la decisión adoptada por la autoridad accionada como si este mecanismo se
tratase de un recurso o instancia adicional, por lo cual el juez de tutela no puede
inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela un carácter
9
Folio 4. Archivo “020Sentencia_20260076400LuceroCar”.
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00764-01
Accionante: Lucero Cardona Torres
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la competencia y la
independencia del juez natural”10.
La impugnación
24. Contra la decisión precitada, la parte accionante, por conducto de apoderado,
presentó impugnación mediante escrito en el cual reiteró los argumentos expuestos
en la demanda de tutela.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
25. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de
1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
26. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la acción de tutela cumple los
requisitos generales de procedibilidad contra providencias judiciales, en particular
el de relevancia constitucional, frente a la sentencia del 10 de julio de 2025 y el auto
del 23 de octubre de 2025 proferidos por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado?
27. De resultar afirmativo la respuesta al anterior interrogante, se resolverá ¿si la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con la expedición de
la providencia del 10 de julio de 2025, incurrió en una violación directa de la
Constitución y, por consiguiente, en la vulneración de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la primacía de la realidad sobre las formas, al salario mínimo
vital y móvil y al trabajo digno y justo?
28. Para dar respuesta a los anteriores cuestionamientos, se procederá a analizar:
(i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) el
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional y (iii) el caso concreto.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
29. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 200511,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren
siete causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.
10
Folio 8 ibid.
11
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
6
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00764-01
Accionante: Lucero Cardona Torres
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
30. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar12: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela13, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional14 o el Consejo de Estado15,
ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP16; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable17 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
Del requisito de relevancia constitucional
31. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.
32. La Corte Constitucional indicó18 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de
los derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.
12
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
13
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
14
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
15
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
16
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
17
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
18
Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
7
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00764-01
Accionante: Lucero Cardona Torres
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
33. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción
de amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en los
eventos en que se pretende reabrir el debate19: (i) la discusión debe recaer sobre
un asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre en el contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.
34. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
transgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia20.
Caso concreto
35. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito general de procedibilidad
de relevancia constitucional.
36. Revisada la demanda, se evidencia que la parte accionante acudió a la acción
de tutela con el propósito de que se estudie si, como se discutió en el trámite del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, existió una relación laboral entre
la señora Lucero Cardona Torres y la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional, con ocasión de los servicios prestados en la Estación de Policía
del municipio de Neira (Caldas) entre el 1° de agosto de 1997 y el 18 de mayo de
2017.
37. Tan evidente resulta que la parte actora busca un nuevo análisis de los
aspectos definidos por el juez natural, que los argumentos que se plantean en la
presente acción ya fueron analizados y resueltos de manera razonada por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que concluyó que el
marco normativo aplicable a la Policía Nacional de Colombia establece de manera
precisa que las facultades de nombramiento y contratación se encuentran sujetas
a reglas específicas, radicadas en cabeza de autoridades determinadas y
sometidas a procedimientos reglados, orientados por criterios de mérito y
cumplimiento de requisitos previamente definidos.
38. Al respecto, la autoridad judicial accionada advirtió que, de conformidad con
dicho régimen, tales competencias corresponden al director general de la institución
o a los funcionarios expresamente delegados, mas no a los comandantes de
estación, quienes ejercen funciones de dirección operativa, coordinación y control
dentro de su jurisdicción, sin que ello implique la potestad de vincular personal
19
Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
20
Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.
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externo a la entidad. En ese sentido, con base en la norma que regula la materia,
precisó que, si bien los comandantes pueden distribuir internamente funciones
entre el personal adscrito, dicha atribución no se extiende a la designación o
contratación de particulares para el ejercicio de actividades ajenas a la estructura
formal de la institución, lo que excluye cualquier posibilidad de reconocer efectos
jurídicos a actuaciones que desborden ese marco competencial.
39. Bajo esa perspectiva, en la decisión enjuiciada del 10 de julio de 2025 se expuso
que el comandante de la Estación de Policía de Neira (Caldas) carecía de
competencia para vincular o contratar personal destinado a labores de aseo,
circunstancia que se hacía aún más evidente respecto de sus subalternos. Así,
señaló que las actividades desarrolladas por la demandante no se inscribían dentro
de los fines ni de las funciones propias de la institución policial. De allí que no
pudiera sostenerse que la labor realizada hubiese estado sometida a supervisión,
reglamentación o control por parte de la entidad, lo cual impedía estructurar un
vínculo de subordinación entre la actora y la administración en la ejecución de las
tareas desarrolladas.
40. Aunado a lo anterior, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado concluyó que no existía certeza sobre la prestación de servicios en favor de
la entidad ni sobre la configuración de una relación laboral de hecho, en tanto no
se acreditó que la demandante hubiese actuado con la aquiescencia de la autoridad
competente ni que estuviese sujeta a órdenes, instrucciones o controles propios de
una relación de dependencia.
41. En particular, precisó que los documentos allegados únicamente daban cuenta
de actuaciones administrativas relacionadas con la reclamación elevada, mientras
que los testimonios recaudados no permitían establecer con claridad las
condiciones en que se habrían desarrollado las actividades, ni evidenciaban
conocimiento directo sobre la existencia de un vínculo jurídico entre las partes.
Sobre ello, la autoridad judicial expuso:
“47. Ciertamente, los documentos allegados ponen de presente la actuación
administrativa que se adelantó para el reconocimiento de lo aquí pretendido.
A su vez, los testimonios recibidos en el proceso no dan buena cuenta de la
vinculación y de las condiciones bajo las cuales prestó sus servicios en la
Policía Nacional en la Estación del municipio de Neira (Caldas) y mucho
menos si en ejercicio de sus compromisos seguía órdenes e instrucciones,
pues los testigos no tenían certeza acerca de las condiciones de la relación
entre las partes al no haberla presenciado.
48. Ahora, comoquiera que los testimonios extrajudiciales allegados por la
parte demandante al proceso se practicaron de conformidad con los
parámetros previstos en los artículos 188, 221 y 222 del CGP, es posible su
valoración en la presente instancia, contrario a lo dispuesto por el a quo.
49. Así entonces, una vez valorados los 8 «TESTIMONIO(S)
ANTICIPADO(S) PARA FINES JUDICIALES» no se deduce el vínculo de la
actora con la entidad demandada o que ejerció sus labores por
nombramiento o contratación de quien tenía la facultad para ello ni siquiera
de forma irregular. Por el contrario, dan cuenta de un contrato verbal que
tenía aquella con el comandante de la Estación de Policía de Neira e incluso
9
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00764-01
Accionante: Lucero Cardona Torres
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
con sus policiales, quienes al interior de la institución no estaban facultados
para ejercer el poder de nominación y contratación.
50. Debe destacarse que, aunque el citado material probatorio en este
aspecto se refiere a las actividades de aseo que Lucero Cardona Torres
ejecutó en la entidad y los testigos aseguran que recibía instrucciones del
personal de la Estación de Policía, lo cierto es que no acreditan la existencia
de una labor subordinada y dependiente de la institución policial”21.
42. En esa línea, la decisión acusada consideró que aun cuando algunos
testimonios referían la ejecución de labores de aseo y la recepción de instrucciones
informales, ello no resultaba suficiente para demostrar la existencia de una relación
subordinada y dependiente respecto de la entidad policial. De igual forma, adujo
que no obraba en el expediente prueba documental que evidenciara la emisión de
órdenes, la imposición de reglamentos, el ejercicio de poder disciplinario o cualquier
otra manifestación propia de la subordinación laboral, ni tampoco elementos que
permitieran establecer dirección o control efectivo sobre la actividad desplegada
por la actora.
43. Así las cosas, la tutela ejercida por la parte accionante busca prolongar el
debate ante el juez natural, como si se tratara de un recurso ordinario, situación que
claramente escapa de la competencia del juez de tutela, ya que no hay argumento
que identifique la cuestión debatida como un asunto de genuina relevancia
constitucional. Además, la presente tutela cuestiona la interpretación normativa y
probatoria realizada por la autoridad accionada en ejercicio de su actividad judicial,
por lo que no se evidencia que la demanda entrañe un tema que recaiga sobre el
goce de los derechos fundamentales.
44. Aunque la controversia se relaciona con derechos laborales y con el principio
constitucional de primacía de la realidad sobre las formas, la parte accionante no
explicó por qué la sentencia cuestionada configuró una actuación arbitraria,
irrazonable o abiertamente contraria a la Constitución. Su argumentación se dirige
a controvertir la valoración de las pruebas y la conclusión del juez ordinario sobre
la falta de acreditación de la remuneración y la subordinación, aspectos que
corresponden al ámbito propio del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
45. Conjuntamente, se tiene que la peticionaria dispuso de un acceso real, efectivo
y sin restricciones a la jurisdicción competente, así como a los recursos previstos
en el ordenamiento jurídico para controvertir las decisiones adoptadas dentro del
proceso. Además, no obra prueba que permita inferir que se le negó la posibilidad
de acudir al aparato judicial, que se hubiere obstaculizado el normal desarrollo del
trámite, o que se le hubieran restringido sus facultades procesales para ejercer su
derecho de defensa y contradicción. Por el contrario, el expediente refleja que las
garantías propias del debido proceso fueron respetadas, lo cual descarta cualquier
afectación a la tutela judicial efectiva.
46. En este punto, la Sala considera que no se configura una violación directa de la
Constitución porque la acción de tutela presentada busca, en realidad, volver a
21
Folio 201. Archivo “005_DemandaWeb_Anexos_03Pruebas”.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00764-01
Accionante: Lucero Cardona Torres
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
discutir lo ya resuelto el proceso ordinario. Además, la autoridad judicial accionada
sí examinó el principio de primacía de la realidad y la figura del trabajador de hecho.
Por tanto, la tutela no demuestra un desconocimiento del material probatorio, sino
una inconformidad con la interpretación jurídica adoptada por el juez natural, lo cual
corresponde a un debate legal y no a un problema de relevancia constitucional. En
consecuencia, no se evidencia una vulneración del debido proceso, ya que la tutela
pretende sustituir el análisis propio del juez ordinario por el del juez constitucional.
47. En conclusión, esta Sala de Subsección considera que la intención de la parte
demandante es someter a un nuevo análisis lo que ya ha sido definido de manera
válida y razonable por el juez natural de la causa, lo que lleva a la improcedencia
de la acción de tutela debido al incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional. Por ello, se confirmará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la acción de amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. R E S U E L V E
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 5 de marzo de 2026, a través de la cual
la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela
presentada por la señora Lucero Cardona Torres, mediante apoderado, contra la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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