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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-00774-01

Fecha
29 de mayo de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-00774-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 12 de marzo de 2026 por la Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad con las razones expuestas ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-00774-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

29 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00774-01
Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN–
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales de
procedibilidad – relevancia constitucional. Decisión: Se confirma el fallo de primera instancia.

Corresponde a la Sala resolver la impugnación1 interpuesta por la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales – DIAN, en calidad de convocante, contra el fallo de tutela
proferido el 12 de marzo de 20262 por la Sección Primera del Consejo de Estado.

I.- ANTECEDENTES

1.1.- La solicitud de amparo constitucional

La accionante radicó tutela 3 en procura de la protección de sus derechos al debido
proceso y a la igualdad, así como de los principios de seguridad jurídica y de confianza
legítima, los que considera vulnerados con las providencias proferidas el 30 de noviembre
de 2023 y el 18 de septiembre de 2025 por el Juzgado 44 Administrativo de Bogotá y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respectivamente, dentro del proceso No.
11001333704420220030000/01, mediante las cuales se declaró la nulidad de unos actos
administrativos y se estableció que la sociedad Mya Group SAS no debía a la DIAN la
sanción determinada en dichas resoluciones.

1 Obra impugnación en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 17, con certificado 964933B437A9DC2B
698F08F5AF12FD6C 7FAF89AF907B20CF 9B43E01759CBFA51.
2 Obra sentencia en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 13, con certificado BC9880870582B032

B300C0B0D4D0181A 54854CEB3F133003 29436546359AD8FB.
3 Obra escrito de tutela en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 9AB2AFF3C8371864

B0D034D4283915B6 20DC76DD512C82B8 0688E43C083AE487.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00774-01
Accionante: DIAN
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro

1.2.- Hechos

1.2.1.- En noviembre de 2019, la División de Gestión de Fiscalización para Personas
Jurídicas y Asimiladas de la DIAN inició una investigación en contra de Mya Group SAS
respecto al impuesto sobre la renta del año gravable 2016. Posteriormente, la empresa
presentó información exógena de dicho año. El 24 de febrero de 2020 radicó un oficio
para informar el cumplimiento de la citada obligación y adjuntó un recibo oficial, por medio
del cual canceló la suma de $15.939.000 por concepto de sanción por extemporaneidad.
Luego de ello, la referida División de Gestión notificó el 30 de octubre de 2020 el pliego
de cargos del 22 de octubre de 2020, en el cual propuso una sanción por envío de
información extemporánea por valor de $313.810.000, castigo que se hizo efectivo
mediante la resolución No. 322412021000019 del 10 de mayo de 2021, bajo el argumento
de que el pago previo efectuado no fue el correcto para subsanar la infracción
voluntariamente. Mya Group SAS interpuso recurso de reconsideración, el cual fue
inadmitido por auto del 30 de agosto de 2021. La afectada recurrió la inadmisión y
subsanó los defectos advertidos, lo que derivó en que se admitiera el recurso aludido. La
Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la DIAN resolvió la alzada mediante
la resolución No. 003876 del 19 de mayo de 2022, en el sentido de confirmar el acto
administrativo recurrido4.

1.2.2.- Por esos hechos, Mya Group SAS, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, radicó demanda contra la DIAN con el fin de que se dejaran
sin efectos las resoluciones sancionatorias. Este trámite le correspondió al Juzgado 44
Administrativo de Bogotá, bajo el radicado No. 11001333704420220030000.

1.2.3.- El a quo ordinario, por sentencia del 30 de noviembre de 20235, declaró la nulidad
de los actos demandados y precisó que la empresa no le adeudaba a la entidad el valor
señalado en dichas resoluciones. Indicó que, según los artículos 638 y 651 del ET y la
sentencia de unificación CE-SUJ-4-010 de 2019, la facultad sancionatoria en resolución
independiente caduca a los 2 años de la presentación de la declaración de renta del
periodo en que ocurrió o cesó la irregularidad, contados desde el año en que venció el
plazo para entregar los datos. En tal virtud, determinó que, como la obligación de reportar

4 A folios 2-3 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 5D50A0B7EA472189
2AE7330E79652515 D80FD75896D12C38 A7C625D8EF25C056.
5 A folios 4-5 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 096BAC0F1A2B8D76

0BBED395B75F4A4F 9FD8F18A97BE2EFE 84C66022A2F42E52.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00774-01
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la información exógena del año gravable 2016 vencía el 24 de mayo de 2017 y la
declaración de renta de dicho período se presentó el 7 de mayo de 2018, el término bienal
para notificar el pliego de cargos expiraba el 7 de mayo de 2020, el cual se extendió hasta
el 25 de junio de 2020 por la suspensión decretada ante la emergencia sanitaria.
Entonces, al constatar que el pliego de cargos se profirió el 22 de octubre de 2020, el
juzgado concluyó que se excedió el plazo legal y operó la caducidad de la facultad
sancionadora, lo que hizo innecesario el estudio de los demás cargos de nulidad.

1.2.4.- Inconforme con esa decisión, la DIAN interpuso recurso de apelación. Por
sentencia del 18 de septiembre de 20256, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
confirmó el fallo atacado. Para ello adujo que la interpretación correcta de la regla
establecida en la sentencia de unificación CE-22185-2019 consiste en que, tratándose
de infracciones al deber de informar, el término de caducidad de 2 años previsto en el
artículo 638 del ET para formular y notificar el pliego de cargos se debe contabilizar desde
la fecha en que se presentó o debió presentarse la declaración del impuesto sobre la
renta correspondiente al período gravable en el que venció el plazo fijado para aportar la
información. En ese sentido, desestimó el argumento de la apelante, según el cual el
plazo debía computarse desde la declaración de renta del año en que se entregó
efectivamente la información de manera extemporánea, y respaldó la postura de la
primera instancia, al precisar que el año en que ocurrió la irregularidad fue el 2017, por
ser el momento en que expiró el término para suministrar los datos. De esta forma, dado
que la sociedad tenía como plazo máximo el 24 de mayo de 2017 para entregar la
información exógena del año gravable 2016 y presentó la declaración de renta de dicho
período el 7 de mayo de 2018, el término de caducidad bienal vencía inicialmente el 7 de
mayo de 2020, no obstante, por la pandemia, el conteo expiró definitivamente el 21 de
julio de 2020. Así, como el pliego de cargos se profirió el 22 de octubre de 2020 y se
notificó el 30 de octubre de 2020, concluyó que la actuación se realizó fuera de
oportunidad y que operó de forma evidente la caducidad.

1.3.- Fundamentos de la acción de tutela

La DIAN sostiene que las sentencias de primera y segunda instancia incurrieron en
defectos sustantivo, fáctico y por desconocimiento del precedente judicial obligatorio por

6 Obrasentencia en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 096BAC0F1A2B8D76
0BBED395B75F4A4F 9FD8F18A97BE2EFE 84C66022A2F42E52.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00774-01
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la errónea interpretación e inaplicación de la regla de unificación establecida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado en la sentencia CE-SUJ-4-010 del 14 de
noviembre de 2019. Argumenta que esta regla dispone que, cuando una sanción se
impone mediante una resolución independiente, el término de 2 años consagrado en el
artículo 638 del ET para formular y notificar el pliego de cargos comienza a correr desde
el día en que se presentó o debió presentarse la declaración del impuesto sobre la renta
correspondiente al año gravable en el que se cometió la infracción. Al respecto, resalta
que el precedente del órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa indica con claridad
que la infracción se entiende cometida el día en que venció el plazo para suministrar la
información sin que así ocurriera, o en el que esta se entregó de manera incompleta, con
errores técnicos o de contenido.

La accionante sostiene que los jueces de instancia incurrieron en un error de
interpretación normativa y en una aplicación indebida del artículo 638 del Estatuto
Tributario, al confundir y equiparar jurídicamente las conductas de omisión y
extemporaneidad. Explica que la omisión implica que el contribuyente nunca presenta la
información exógena requerida ni dentro del plazo legal ni posteriormente, lo cual
constituye una infracción autónoma del literal a) del numeral 1 del artículo 651 del
compendio impositivo. Por el contrario, la presentación extemporánea, aplicable al caso
concreto y regulada en el literal c) del numeral 1 del mismo artículo, se materializa cuando
el obligado sí entrega los formatos, pero lo hace fuera del plazo legal fijado. Bajo esta
premisa, alega la existencia de un error fáctico por una valoración equivocada e
irrazonable de los hechos y las pruebas que resulta contraria a los principios de la sana
crítica, dado que en el plenario está plenamente acreditado que la sociedad Mya Group
SAS presentó de manera extemporánea los formatos correspondientes al año gravable
2016 entre enero y febrero de 2020, por lo que la conducta sancionable no ocurrió en el
2017 sino en el 2020.

Consecuentemente, la DIAN aduce que, al haberse configurado la infracción en el 2020,
este era el año base para determinar el cómputo de la caducidad, cuya declaración
privada de renta fue presentada por el contribuyente el 13 de abril de 2021. Conforme a
la regla de unificación, el plazo bienal para ejercer válidamente la facultad sancionatoria
de la administración vencía el 13 de abril de 2023. De este modo, la entidad defiende que
el pliego de cargos proferido el 22 de octubre de 2020 y notificado electrónicamente el 30
de octubre de 2020 fue surtido de forma oportuna y plenamente dentro del término legal

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antes de que operara la caducidad. Asevera que la confusión de las corporaciones
judiciales las llevó a calcular erradamente el término desde el año 2017, basándose en
la fecha de vencimiento inicial de la obligación, es decir, en mayo de 2017, y en la
presentación de la declaración de renta de 2017 efectuada el 7 de mayo de 2018, por lo
que la caducidad declarada es inexistente.

La actora enfatiza que este yerro impide el ejercicio legítimo de la potestad sancionadora
del Estado, orientada a exigir el cumplimiento del deber constitucional de financiar los
gastos públicos consagrado en el artículo 95 de la Constitución Política. Advierte que la
decisión judicial menoscaba la labor de fiscalización y control sobre los tributos
recaudados que le otorgan los artículos 631 y 651 del ET. Asimismo, resalta que la propia
Subsección A del tribunal criticado, que emitió el fallo de segunda instancia, ha resuelto
de forma uniforme múltiples casos análogos, en los que ha aplicado de manera correcta
la regla de unificación y avalado la postura de la administración7. Por ello, denuncia que
la colegiatura accionada no cumplió las cargas de transparencia ni de suficiencia exigidas
para apartarse de su propio precedente, así como del vertical del órgano de cierre. Afirma
la entidad que el desconocimiento del precedente judicial obligatorio lesiona de forma
directa e inmediata sus derechos y vulnera simultáneamente principios superiores.

1.4.- Pretensiones de la acción de tutela

En el escrito introductorio se solicitó (i) amparar los derechos fundamentales cuya
trasgresión se alega; (ii) dejar sin efectos la providencia judicial del 18 de septiembre de
2025 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; (iii) ordenar a esa autoridad
que emita una nueva decisión; y (iv) disponer las demás medidas que se estimen
necesarias.

2.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia

2.1.- Mediante auto del 9 de febrero de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y vinculó a la sociedad Mya Group SAS.

7 Citó como ejemplos los expedientes radicados 11001333704320210014301, 11001333703920220026701 y
25000233700020210067200.

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2.2.- El Juzgado 44 Administrativo de Bogotá defendió la legalidad de su actuación y
solicitó que se rechazara la solicitud de amparo por no haberse vulnerado ninguna
garantía fundamental. Refutó la existencia de los defectos endilgados por la parte actora,
pues consideró que no ignoró los efectos vinculantes de la sentencia de unificación del
Consejo de Estado, sino que, al contrario, realizó una adecuada interpretación del marco
normativo aplicable y efectuó una valoración de las pruebas aportadas con estricto apego
a los principios de imparcialidad y seguridad jurídica.

2.3.- La sociedad Mya Group SAS alegó que las sentencias dictadas en el curso del
proceso ordinario se encuentran plenamente ajustadas a la legalidad y a la jurisprudencia
administrativa aplicable, e hizo especial énfasis en que no se desconocieron los
parámetros de la regla de unificación CE-SUJ-4-010 de 2019 de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, por lo que concluyó que la verdadera intención de la administración
es instrumentalizar la acción de tutela para convertirla en una instancia adicional a las
vías ordinarias.

2.4.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca afirmó que su decisión no conculcó
derechos fundamentales. Argumentó que la tutela es improcedente, debido a que la
accionante pretende utilizar este mecanismo excepcional como una tercera instancia
procesal orientada a reabrir una controversia legal que ya fue debidamente zanjada por
su juez natural, por lo que carece así de la relevancia constitucional.

3.- Fallo de tutela de primera instancia

La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 12 de marzo de 2026,
declaró improcedente el amparo, pues consideró que se pretende usar como una
instancia o recurso adicional para reabrir un debate zanjado por el juez natural de la
causa. Contrario a lo afirmado por la DIAN, el tribunal accionado no ignoró la sentencia
de unificación CE-SUJ-4-010 de 2019, sino que la aplicó al caso concreto para concluir
que la infracción se configuró en 2017, cuando venció el plazo para presentar la
información exógena del año gravable 2016, y que, por ende, el término bienal de
caducidad debió computarse a partir de la declaración de renta de ese período, por lo
que la inconformidad de la DIAN respecto a si la conducta debió calificarse como una
entrega extemporánea en el año 2020, en lugar de una omisión, constituye un asunto de
mera legalidad que ya fue discutido y resuelto dentro del proceso de nulidad y

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restablecimiento del derecho. En consecuencia, estimó que la petición fundamental no
fue diseñada para que el juez constitucional realice un juicio de corrección, modifique las
valoraciones fácticas o legales de la jurisdicción ordinaria, ni rompa el equilibrio procesal.
Una actuación excepcional mediante este amparo solo procedería si la providencia
controvertida hubiese sorprendido a los litigantes con una decisión ajena al debate que
afectara flagrantemente el derecho a la defensa, supuesto que no se configuró en este
asunto, dado que el fallo atendió estrictamente los planteamientos formulados en el litigio
ordinario.

4.- Razones de la impugnación

En contra de la providencia referida, la parte actora presentó impugnación, bajo el
argumento de que la providencia recurrida cometió un yerro sustancial al desconocer la
relevancia constitucional del asunto. Sostuvo que el debate trasciende la mera legalidad
y posee una dimensión constitucional evidente, al comprometer directamente el recaudo
tributario y la protección del patrimonio público. Al respecto, citó las providencias SU-017
de 2024 y T-106 de 2024 de la Corte Constitucional, así como un pronunciamiento del 11
de noviembre de 2025 del Consejo de Estado, para fundamentar que las actuaciones
fiscales impactan de forma autónoma el interés general y la capacidad del Estado para
garantizar derechos fundamentales. Asimismo, alegó que se encuentra acreditada una
vulneración al debido proceso, derivada de la desatención de las reglas de unificación
vinculantes del Consejo de Estado. Precisó que la solicitud no pretende erigirse como
una tercera instancia, ni reabrir la discusión ordinaria sobre la valoración de los hechos y
la interpretación de la ley, sino activar un control constitucional excepcional por medio de
un juicio de validez respecto a los límites normativos desbordados por el juez natural.

II.- CONSIDERACIONES

1.- Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la DIAN en
contra del fallo de tutela proferido el 12 de marzo de 2026 por la Sección Primera del
Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la
Constitución, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala
Plena del Consejo de Estado.

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2.- Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos alegados.

Esta Sala advierte que limitará su estudio a la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en tanto fue esta la que resolvió las quejas formuladas
por la DIAN en el recurso de apelación y la que puso fin al trámite ordinario.

3.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de tutela
en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos requisitos
de procedibilidad8 y de procedencia9 con el fin de determinar si se vulneraron o no los
derechos de orden superior.

4.- El requisito de relevancia constitucional en el caso concreto

4.1.- Sobre el requisito de relevancia constitucional la Corte Constitucional ha señalado
que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”10.

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario examinar
dos elementos, a saber 11 : (i) que el actor cumpla su carga argumentativa, justifique

8 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de

los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
9 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto

fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por
desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
10 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
11 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.

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suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales,
ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que la acción de tutela
no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la
providencia acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional está constituido
para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor
tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202212, al pronunciarse sobre el
requisito sub judice, advirtió que era necesario verificar:

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.

4.2.- En el caso concreto, la tutelante cuestiona, en esencia, que el tribunal accionado (i)
aplicó erróneamente la regla de unificación de la sentencia CE-SUJ-4-010 de 2019 sobre
el cómputo bienal de caducidad; (ii) equiparó equivocadamente las conductas autónomas
de omisión y extemporaneidad reguladas en el artículo 651 del citado estatuto; (iii) valoró
de forma irrazonable las pruebas del plenario al omitir que la infracción de la sociedad
Mya Group SAS ocurrió en el año 2020 con la entrega tardía de la información y no en el
2017; (iv) declaró una caducidad inexistente al calcular el término desde el vencimiento
original de mayo de 2017, lo que desconoció que la notificación del pliego de cargos en
octubre de 2020 fue oportuna, porque el plazo vencía el 13 de abril de 2023; (v)
menoscabó la potestad sancionadora del Estado y los deberes de fiscalización de los
artículos 95 constitucional, y 631 y 651 del ET; y (vi) omitió el precedente horizontal y
vertical sin cumplir con las cargas de transparencia y suficiencia para ello.

4.3.- Para la Sala, ab initio, se torna evidente que los cargos elevados por la parte actora
no satisfacen el requisito de relevancia constitucional, por cuanto, además de no haberse
explicado en debida forma, se advierten como un medio dirigido a revivir el análisis
jurídico efectuado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso No.
11001333704420220030000/01, como si la acción de tutela fuera una instancia adicional
a ese trámite, según se explicará.

12 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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4.4.- Al verificar los argumentos de la providencia proferida el 18 de septiembre de 2025
se dilucida el siguiente análisis textual:

“3.3 Tesis la sala: Sobre el particular, la Sala indica que la sentencia recurrida debe ser
confirmada, como consecuencia del siguiente análisis:

3.3.1 Si la decisión adoptada por el a quo desconoció las reglas de unificación de la sentencia
CE-22185-2019 del 14 de noviembre de 2019 del Consejo de Estado. En ese sentido, determinar
si operó la caducidad de la facultad sancionatoria de la Administración.

El apelante argumenta que la interpretación correcta de la regla de unificación del Consejo de
Estado consiste en que el término de caducidad debe contarse desde la fecha en que se presentó
o debió presentarse la declaración de renta del año en que se entregó la información exógena de
forma extemporánea. De manera que, como en el presente caso la información fue presentada
los días 29 de enero y 3 de febrero de 2020, la conducta sancionable se concretó en el año 2020,
por tal razón, atendiendo que la declaración de renta correspondiente a ese año fue presentada
el 13 de abril de 2021, el plazo para notificar el pliego de cargos vencía el 13 de abril de 2023.

Ahora bien, la juez de primera instancia al momento de estudiar la caducidad de la facultad
sancionatoria de la Administración considera que de acuerdo con la Sentencia CE-SUJ-4-010 del
14 de noviembre de 2019, el término de caducidad para notificar el pliego de cargos comienza a
correr desde la fecha en que se presentó o debió presentarse la declaración de renta
correspondiente al año en que venció el plazo para entregar la información. En este caso, la
infracción se cometió el 24 de mayo de 2017 (fecha en la cual, la sociedad accionante debía
presentar la información exógena correspondiente al año gravable 2016), y la declaración de
renta del año 2017 fue presentada el 7 de mayo de 2018. Por tanto, el plazo que tenía la
Administración para notificar el pliego de cargos vencía el 7 de mayo de 2020, extendido hasta el
25 de junio de 2020 por la suspensión de términos causada por la pandemia.

Para resolver el problema jurídico, se observa que el artículo 638 del E.T establece el término
que tiene la Administración para formular y notificar el pliego de cargos cuando la sanción se
imponga en resolución independiente, el cual indica que es de dos años siguientes a la fecha en
que se presentó la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, del periodo
durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad, para el caso de las
infracciones continuadas.

Ahora bien, el H. Consejo de Estado, en Sentencia CE-22185-2019 del 14 de noviembre de 2019,
Rad. No. 52001-33-31-004-2011-00617-01, respecto a la contabilización del término de
caducidad, indica: (…)

Es decir, tratándose de infracciones al deber de informar, para notificar el pliego de cargos se
deberá contabilizar el término desde la fecha en la que se presentó o debió presentarse la
declaración de impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio correspondiente al período
gravable en el que venció el plazo fijado para aportar la información.

En ese sentido, la Alta Corporación Administrativa, en Sentencia de 22 de junio de 2023, MP
Milton Chavez García (Exp. 26903), acogiendo la interpretación de la sentencia de unificación,
consideró: (…)

Nótese que, en este caso, tratándose de una sanción por no informar, se declara que la actuación
administrativa se realizó de manera oportuna, contabilizando el término de caducidad desde la
fecha de presentación de la declaración de renta del 2017, año gravable en que se cometió la
infracción concerniente a presentar la información exógena del año 2016. Es decir, no hay duda

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de que la interpretación correcta de la regla de unificación del Consejo de Estado es la sostenida
por la juez de primera instancia.

Para el caso concreto se tiene que la demandante estaba obligada a presentar la información
tributaria del año gravable 2016 conforme lo dispone el literal b) del artículo 4 de la Resolución
No. 000112 de 29 de octubre de 2015. Que conforme la Resolución No.000016 de 2017 tenía
como plazo máximo para presentar la información solicitada el 24 de mayo de 2017 y que de
acuerdo con los antecedentes de los actos administrativos la sociedad presentó de manera
extemporánea los días 29 de enero y 3 de febrero de 2020.

De acuerdo con lo anterior, el año en que ocurrió la irregularidad sancionable fue en el 2017
cuando venció el plazo para suministrar la información sin que ello ocurriera y el término de los
dos (2) años de la caducidad de la facultad sancionatoria, conforme a la regla establecida por el
órgano de cierre jurisdiccional, comienza a correr desde el día en que se presentó o debió
presentar la declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio correspondiente
al año gravable en el que se cometió la infracción, lo que quiere decir que inicia a partir del
vencimiento del término para la presentación de la declaración de renta del año 2017.

Así, teniendo en cuenta que la declaración de renta del año 2017 (año en que se cometió la
conducta) fue presentada el 7 de mayo de 2018, el término para notificar el pliego de cargos
vencía el 7 de mayo de 2020. No obstante, con ocasión de la pandemia, la Administración
suspendió los términos de las actuaciones administrativas, mediante las Resoluciones No. 022
del 18 de marzo de 2020, No 0030 de 29 de marzo de 2020 y No. 00055 de 29 de mayo de 2020,
durante el 19 de marzo de 2020 y hasta el 01 de junio de 2020, inclusive, por lo que para la fecha
del inicio de la suspensión habían transcurridos 1 año, 10 meses y 11 días faltando por transcurrir
19 días y 1 mes cuyo conteo se reanudó el 02 de junio de 2020 y venció el 21 de julio de 2020
siendo proferido el pliego de cargos No. 322402020000190 el 22 de octubre de 2020 y notificado
el 30 de octubre de 2020, por lo que se entiende fuera de oportunidad y en esa medida se
configura la caducidad de la facultad sancionatoria de la Administración. Conforme lo anterior, no
tiene vocación de prosperidad el argumento de apelación de la entidad demandada”13.

4.5.- En atención a lo anterior, se observa que el tribunal convocado analizó la caducidad
de la facultad sancionatoria de la administración de conformidad con la regla de
unificación jurisprudencial, según la cual el término de 2 años para notificar el pliego de
cargos por infracciones al deber de informar se cuenta desde el vencimiento del plazo
para presentar la declaración de renta del año gravable en que se cometió la
irregularidad. En ese orden, determinó que, como la infracción ocurrió en el año 2017 por
la omisión en la entrega oportuna de la información exógena del año 2016, el plazo
comenzó a correr con la presentación de la declaración de renta de dicho período,
ocurrida el 7 de mayo de 2018, de modo que el término inicial vencía el 7 de mayo de
2020. No obstante, con ocasión de la suspensión de términos administrativos por la
pandemia, el cómputo se extendió hasta el 21 de julio de 2020, razón por la cual el pliego
de cargos proferido el 22 de octubre de 2020 y notificado el 30 de octubre del mismo año
resultó extemporáneo, configurándose la caducidad de la facultad sancionatoria.

13A folios 7-10 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 096BAC0F1A2B8D76
0BBED395B75F4A4F 9FD8F18A97BE2EFE 84C66022A2F42E52.

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4.6.- Resulta claro, entonces, que la entidad peticionaria pretende utilizar este mecanismo
constitucional como si la tutela se tratara de una instancia adicional. Como se advirtió, la
autoridad criticada revisó de conformidad con la regla de unificación jurisprudencial el
término de caducidad y determinó que el pliego de cargos fue notificado por fuera de la
oportunidad legal. En consecuencia, el debate planteado por la DIAN evidentemente
busca reabrir una discusión meramente legal sobre la contabilización del plazo de la
facultad sancionatoria de la administración.

4.7.- Ahora bien, de conformidad con los parámetros decantados por la Sección Cuarta
de esta corporación en la sentencia de unificación del 14 de noviembre de 2019, dictada
dentro del expediente con radicado 52001333100420110061701, la potestad
sancionatoria de la DIAN por infracciones al deber de informar cometidas de forma previa
a la vigencia de la Ley 1819 de 2016 se sujeta a rigurosas reglas axiológicas en materia
de caducidad, materialización de la conducta y dosificación punitiva.

En primer lugar, la decisión precisó que el término perentorio consagrado en el artículo
638 del ET constituye un fenómeno de caducidad de la competencia sancionadora y no
de prescripción. Así, tratándose de sanciones impuestas mediante resolución
independiente, el plazo de 2 años para formular y notificar el pliego de cargos comienza
a correr a partir del día en que se presentó o debió presentarse la declaración del
impuesto sobre la renta y complementarios, o de ingresos y patrimonio, correspondiente
al período gravable en el cual se cometió la infracción. En consonancia con lo anterior, la
Sección Cuarta determinó que la irregularidad sancionable se entiende materializada de
forma precisa el día en que venció el plazo fijado por la norma para suministrar la
información requerida sin que el obligado atendiera adecuadamente tal deber, o en la
fecha en que esta se entregó de manera incompleta, extemporánea o con errores de
contenido o técnicos. En aras de claridad, esta Sala advierte que la orden de unificación
acotó lo siguiente:

“i) Cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente, el término para notificar el
pliego de cargos comienza a correr desde el día en que se presentó o debió presentar la
declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio correspondiente al año
gravable en el que se cometió la infracción; para lo cual se entiende que esta se cometió el día
en que venció el plazo para suministrar la información sin que así ocurriera, o en el que se entregó
la información de manera incompleta o con errores técnicos o de contenido”.

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Sobre el particular, resulta imperativo mencionar que, según lo expuesto, la alta
corporación indicó que la infracción formal se entiende cometida o consumada de manera
exacta el día en que precluyó el plazo legalmente establecido para suministrar la
información requerida sin que el obligado hubiese cumplido con tal deber, o bien, en la
fecha en que esta fue entregada de forma incompleta o con la presencia de errores
técnicos o de contenido, siempre que esto ocurra antes del plazo primigenio, es decir,
que la oportunidad estará demarcada por lo que ocurra primero.

Bajo el marco conceptual reseñado, se advierte que en el presente caso no se establece
prima facie que la decisión del tribunal se hubiese apartado de la regla unificada de este
órgano de cierre, por lo que no es posible colegir una determinación arbitraria o
caprichosa en la contabilización de la oportunidad procesal. En efecto, el juez natural
estructuró el cómputo de la caducidad en atención a que la infracción se consumó en el
año 2017 al vencer el plazo para la entrega de la información exógena. Asimismo, al
aplicar de forma pormenorizada la suspensión de términos derivada de la emergencia
sanitaria, la providencia cuestionada concluyó acertadamente que el plazo bienal se
extendió definitivamente hasta el 21 de julio de 2020. En ese orden de ideas, comoquiera
que el pliego de cargos fue proferido el 22 de octubre de 2020, resulta evidente que la
actuación de la DIAN se ejerció de forma extemporánea cuando ya había operado el
decaimiento de su competencia. En consecuencia, al encontrarse que el análisis
probatorio y normativo del fallo criticado se subsume en los lineamientos
jurisprudenciales vigentes y obligatorios o, al menos, no los controvierte, se reitera que
los cargos formulados por la convocante no superan el presupuesto general de
relevancia.

En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la
configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la
discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano
constitucional.

4.8.- Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de
decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la
autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica,

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en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de
corrección” de la decisión cuestionada14, lo que se opone a que se use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatorio o de
interpretación del derecho que se resolvieron previamente por el juez de la causa15.

5.- En consecuencia, se observa que ninguno de los cargos formulados en la solicitud de
amparo satisface el requisito general de relevancia constitucional, razón por la cual el
deprecado resulta improcedente. En ese orden, se confirmará la sentencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III.- RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 12 de marzo de 2026 por la Sección Primera
del Consejo de Estado, de conformidad con las razones expuestas ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados
por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado

ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado

14 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
15 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.

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